Hay que bajar el gasto, no subir los impuestos

Por Iván Carrino. Publicado el 19/7/18 en: http://www.ivancarrino.com/hay-que-bajar-el-gasto-no-subir-los-impuestos/

 

Los ajustes que se basan en la caída del gasto público son más sostenibles y reactivan la economía.

Argentina nuevamente está entre la espada y la pared por sus problemas fiscales.

Con un gran desequilibrio de las cuentas públicas, el gobierno de Macri necesita de cientos de miles de dólares de endeudamiento para poder seguir funcionando, pero a diferencia de lo que pasaba meses atrás, esos dólares hoy ya no están disponibles.

Las condiciones financieras internacionales cambiaron, y hoy el dólar se convirtió en un bien más escaso, lo que hizo que su precio subiera violentamente. Las consecuencias de este “shock” todavía están por verse, pero seguramente implicarán recesión, mayor inflación y, lamentablemente, un mayor nivel de pobreza.

Ahora bien, a la hora de darle una solución al agujero fiscal, algunos proponen bajar el gasto público, otros proponen subir más los impuestos, y hay otros que opinan que deben combinarse ambas fórmulas.

De acuerdo con los “impuestadores”, el esfuerzo debe ser compartido por todos, y algunos sectores deberían aceptar de buena manera que les suban los impuestos (o que no se los bajen, como estaba previsto).

Este grupo olvida que la carga tributaria que tolera el sector privado en Argentina está entre las más altas del mundo y que ese esfuerzo del que hablan lo vienen haciendo hace años, financiando un estado que cada vez se come una mayor porción de la riqueza nacional.

Por último, también ignoran una lección de la historia: que para ajustar las cuentas públicas, es mucho más eficiente reducir el gasto público que subir los impuestos.

Estímulo vs. Ajuste

En el año 2009, un momento en que el gobierno de los Estados Unidos lanzaba el más masivo estímulo fiscal de la historia reciente, los profesores de Harvard Alberto F. Alesina y Silvia Ardagna se propusieron investigar qué impacto tenía la política fiscal en la economía.

Más precisamente, querían entender el efecto de los “estímulos fiscales” y los “ajustes fiscales” (definidos éstos como un año en donde el resultado primario ajustado por el ciclo económico empeora/mejora en un 1,5% del PBI o más) sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas y el crecimiento económico.

Lo que estos académicos deseaban encontrar era la respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué es mejor para promover el crecimiento, un estímulo fiscal basado en el aumento del gasto o uno basado en el recorte de impuestos? ¿Qué es mejor  para reducir el déficit y la deuda, una baja del gasto público o un aumento de los impuestos? Y, por último: ¿resienten la actividad económica los ajustes fiscales basados en una baja del gasto?

Para responder dichas preguntas, indagaron en los datos de 21 países de la OCDE (entre ellos, Estados Unidos, Holanda, Nueva Zelanda, Alemania, Francia y Finlandia) para un período de 37 años, desde 1970 al año 2007.

Sus conclusiones son más que interesantes y de importancia crucial para nuestra coyuntura local.

Según Alesina y Ardagna:

Nuestros resultados sugieren que los recortes tributarios son más expansivos que los aumentos del gasto en los casos de estímulo fiscal. Para los ajustes fiscales, mostramos que los recortes de gastos son mucho más efectivos que los aumentos de impuestos para estabilizar la deuda y evitar las recesiones económicas. De hecho, descubrimos varios episodios en los que la reducción del gasto público adoptada para bajar el déficit se vio asociada a períodos de crecimiento económico, no recesiones.

En números concretos, el trabajo encontró que en los “estímulos fiscales expansivos” –es decir, aquellos que resultaron en un mayor crecimiento de la actividad económica- el gasto total subió aproximadamente 1 punto del PBI, mientras que la recaudación cayó más de 2,5% del PBI.

Por el contrario, cuando el gasto subía cerca de 3% del PBI pero la recaudación permanecía constante, no había un efecto expansivo.

Crecer con Ajuste

Al analizar procesos de ajuste del déficit, los autores se centraron en dos puntos. Por un lado, si dicho ajuste fue exitoso en términos de reducir de manera sustentable el desequilibrio de las cuentas públicas y el nivel de deuda. Por el otro, si dicho ajuste se vio asociado a episodios de recesión.

En este último tema, los resultados son nuevamente sorprendentes. Los episodios de ajuste considerados expansivos en términos de actividad económica fueron aquellos caracterizados por el recorte del gasto público. Concretamente, en dichos episodios el gasto primario cayó en 2% del PBI, mientras que la recaudación solo subió 0,34%. Por el otro lado, en los ajustes fiscales considerados no expansivos el gasto cayó solo 0,7% del PBI, pero la recaudación subió 1,2%.

A la luz de estos datos, Alesina y Ardagna sostienen:

De aquí que los ajustes que se hacen por el lado del gasto tengan efectos mejores sobre el crecimiento que los que se hacen con base en el aumento de la recaudación

Los autores continúan indagando en qué tipo de ajuste fiscal es más exitoso en términos de reducir el déficit y la deuda. Aquí, nuevamente, concluyen que el recorte del gasto es la forma más segura de resolver un desequilibrio presupuestario.

Tras décadas de crisis fiscales, en Argentina todavía debatimos si tenemos que tener déficit o no. Peor aún, también debatimos si el déficit no debería cerrarse cobrando más impuestos.

Esperemos que los datos de estos 21 países analizados por los profesores de Harvard nos ayuden a pensar mejor las cosas.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano. Es Sub Director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE

Argentina: Lo que realmente emerge es una crisis importante

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 23/6/18 en: https://www.eldiarioexterior.com/argentina-lo-que-realmente-emerge-49760.htm

 

La economía va mal, es la realidad -están las cifras incontestables- esa realidad de la que los argentinos siempre queremos escapar. Y preocupa el mal diagnóstico de muchos porque garantiza que nunca encontraremos la solución.

La opinión pública no tiene claro que el país cae porque el gobierno encaró, desde sus comienzos, una política “gradualista” hacia un mayor peso del Estado -impuestos, endeudamiento y tasas, inflación- sobre el sector privado, el que produce.

Y acudir al FMI lo ratifica, dado que el mercado natural no admite bancos estatales con lo cual, si el FMI fuera realmente “pro sector privado”, debería empezar por privatizarse. Para remate, buena parte de aquellos que la gente conoce como “liberales” y que supuestamente proponen una economía de mercado, han apoyado medidas contrarias al sector privado, como las elevadas tasas con el fin de “controlar” la inflación y el famoso slogan “hay que bajar el gasto”.

Bajar el gasto en estas circunstancias -sin un recorte proporcional en los impuestos, inflación y tasas- significa bajar ingresos de empleados públicos, jubilados y demás, bajar consumo, menos dinero volcado al mercado. De hecho, podemos olvidarnos del gasto siempre que seamos intransigentes en evitar que el Estado se financie con impuestos, inflación o endeudamiento/tasas altas porque estos métodos succionan fondos del sector productivo.

El gobierno debería desregular para que crezca la economía y pueda financiarse con un aumento de la recaudación sin que crezca la presión fiscal y debería vender las infinitas propiedades estatales -solo por mencionar algo, todo el subsuelo del país- para solventarse.

El dólar en el primer semestre ya escala 50%, básicamente debido a la inflación, y “obligó” al gobierno a convalidar tasas irracionales, del 47% para las Lebac a 27 días y aun así el BCRA solo pudo renovar el 60% -lejos del 80% de antes- del volumen del total que vencían. Era previsible ya que el mercado está saturadísimo de bonos y solo el lunes pasado Hacienda “secó” la plaza colocando dos por un total de $110.000 M.

Así, mientras el riesgo país sube los bonos argentinos están de remate y algunos lo consideran una oportunidad. Por caso, el emitido el 11 de enero con vencimiento en 2048, se negociaba a US$ 78,1, brindando un retorno total negativo este año de 18,8%, según Bloomberg.

Y sobre este endeudamiento, ahora el Directorio del FMI aprobó el desembolso de los US$ 50.000 M, cuyo primer envío de US$ 15.000 M podría llegar esta misma semana. Entre otras perlitas, el Directorio destacó que “el plan incluye medidas… manteniendo el gasto social y… abriendo margen para incrementar el gasto”. O sea, está anticipando que aumentará el peso del Estado.

Al Gobierno no le importa reconocer, al negociar este préstamo, que la economía crecerá 0,4% en 2018 o, cuando mucho, 1,4%. Descontado el crecimiento poblacional -1,5%- el PIB per cápita caerá y hay que agregar que, con la devaluación, el PIB medido en dólares sufrirá una corrección importante.

Y ahora llegó la recategorización a “emergente” que será más un impulso sicológico que real. Hace un año el MSCI decidió extender el período de consulta y entre junio 2017 y marzo 2018, el índice MSCI Argentina tuvo un rally alcista subiendo 28% en dólares. Pero, la mala realidad de la economía, solo disimulada con un “crecimiento” en 2017 a puro préstamo, se impuso y los papeles cayeron significativamente lo que probablemente, después de unos días de euforia, vuelva a ocurrir.

De acuerdo con Morgan Stanley, históricamente, las acciones de mercados de frontera en los 12 primeros meses del período de consulta -que para Argentina acaban de terminar-, los FM (Frontier Markets) obtienen en promedio un retorno relativo de +15% sobre los EM (Emerging Markets), rendimiento que sube a 38% en los 12 siguientes meses que van desde este anuncio a la implementación lo que para Argentina ocurrirá en 2019. Y en los seis meses siguientes, la performance de los mercados nuevos emergentes “cae” 18% con respecto a sus pares. Argentina hasta ahora demostró un desempeño peor.

En principio, las acciones más beneficiadas serán las que formen parte del MSCI Argentina Index. Hasta hoy, son 10: Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, YPF, Pampa Energía, Telecom Argentina, Grupo Supervielle, BBVA Banco Francés, Transportadora de Gas del Sur además de Globant y Adecoagro que no están listadas en la bolsa porteña. Morgan Stanley estima que el MSCI Argentina Index, con nueva categorización, pasaría a tener 12 integrantes ya que se sumarían Central Puerto, Loma Negra y Edenor y saldría Adecoagro.

Sea como sea, aun suponiendo que no se imponga la realidad de la mala perfomance de la economía, en principio, entrarían inversiones para comprar estos papeles por un máximo de US$ 10.000 M en el caso extremadamente optimista, muy poco para una economía a la que el FMI le presta cinco veces más y muchos creen que es poco.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Gasto, inflación y Keynes

Por Gabriel Boragina Publicado  el 28/5/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/05/gasto-inflacion-y-keynes.html

 

Cada uno de nosotros, cuando se ve enfrentado a la necesidad de incurrir en gastos, debemos observar -como primera medida- cuál es la cuantía de los recursos que disponemos. Es decir, es en función de nuestros ingresos previos que estaremos en condiciones de determinar qué cantidad de dinero podemos destinar al gasto. Sin embargo, los gobiernos no operan en este sentido, sino en el inverso: fijan primero su meta de gastos, y -en función de esta- deciden cuántos recursos deben recaudar de los mal llamados “contribuyentes” para poder cubrir los gastos decretados. La razón por la cual los gobiernos pueden actuar de este modo (y ninguno de nosotros puede hacer lo mismo) radica en que, mientras los particulares hemos de obtener nuestras entradas ofreciendo antes algo a cambio a otra persona que valorice lo que ofertamos, y sólo después, si la contraparte acepta el trato, podremos lograr el tan ansiado ingreso, los gobiernos se ven eximidos de seguir este proceso, por la sencilla razón de que todos ellos (al establecer el imperium de la ley) están facultados -mediante su concurso- a extraer las sumas que necesiten por medio de la fuerza a los inermes e indefensos ciudadanos.

“Pareciera que la economía política de los gobiernos es tal que el gasto público siempre aumenta cuando aumenta la recaudación impositiva y cuando se puede emitir más. Nunca se reduce el déficit fiscal aumentando la recaudación, pues esto supone que los gastos son constantes y la experiencia indica que esto no es así. Por ejemplo en estudios que el autor de este libro hizo para un país cuya recaudación fiscal dependía en 80% del precio del petróleo, se tomaron todos los años en que el precio del petróleo aumentaba y, por otro lado, todos los años en que esos precios bajaban. Observamos que la correlación entre gasto y recaudación impositiva era muy alta en los años de alza en la recaudación. También observamos que la correlación era muy baja (los gastos no bajaban) en los años de baja en la recaudación. Esa asimetría, no se evita con la existencia de la Caja pero se reduce substancialmente pues de otra manera esta conducta fiscal lleva a la larga a la devaluación (como sucedió en el país de referencia). La caja pone más disciplina pues en los años en que la recaudación baja no se puede emitir y no queda más remedio que aumentar el endeudamiento o bajar los gastos.”[1]

El autor citado, partidario de la caja de conversión (a ella alude cuando se refiere simplemente a “la caja”) explica con meridiana claridad cómo operan los gobiernos en materia de gasto público, el que no lo hacen depender -ni exclusiva ni enteramente- de la recaudación fiscal (como en sana política económica debería de ser) sino que lo manejan como una variable autónoma, y cuya “lógica” parecería ser la “necesidad” de ir siempre en aumento, sin importar el medio por el cual se financie ese gasto público. En otras palabras, nos explica que, cuanto mayor era la recaudación también así lo era el gasto, pero el alto nivel de este no se veía en absoluto afectado en los casos donde la recaudación disminuía. En este último supuesto, los gobiernos lo que hacen no es bajar el gasto (como deberían hacerlo) sino buscar otros medios para financiarlo. Y ya hemos visto que los mecanismos a los que echa mano para esto último son la emisión monetaria, más impuestos, o directamente inflación. Pero, sabemos de sobra que estas tres últimas medidas (en realidad podrían resumirse en dos, ya que la inflación no es más un impuesto solapado) no solucionan sino que agravan los efectos del alto gasto público, produciendo fuertes distorsiones en la economía toda.

“Los análisis empíricos se concentraron en poner a prueba la estabilidad de la demanda de dinero aun en situaciones de gran inestabilidad como las grandes inflaciones pues, recordemos que el gran desafío de Keynes era su hipótesis de que la demanda por dinero era inestable. Él proponía como una función más estable la función consumo, diciendo que existía una relación estable entre el consumo nominal y el ingreso nominal. También decía que la propensión marginal a consumir era, en circunstancias como las de Estados Unidos en los años treinta, muy pequeña y por lo tanto el estado tenía que gastar para aumentar la propensión al gasto de la economía en total. Luego de muchas controversias se ha llegado a una mezcla donde las teorías modernas toman en cuenta el dinero y su demanda, pero no ignoran la política fiscal ni la importancia del gasto público. Cuando hay inflación los países se acuerdan de Friedman y cuando hay recesión se acuerdan de Keynes y, cuando la situación es más o menos normal, los economistas juegan en el medio campo.”[2]

Como ya hubiéramos examinado en otra ocasión, Keynes suponía que las recesiones (como la de los años 30 que fue -en gran parte- la que inspiró su teoría) se “solucionaban” recién cuando el gobierno irrumpiera en la economía incrementando el gasto público, para lo cual cualquier medio que este utilizara era “válido”. Su negación de la “Ley de Salidas” de Jean B. Say, y la de los valiosos aportes de los demás economistas clásicos le impido ver su craso error. El aumento del gasto público importa tanto como un alza de la demanda y -a su turno- una consiguiente elevación de los precios, entre otros efectos. Para lograr eso, se combinaban perjudiciales medidas, como altos impuestos, emisión monetaria, endeudamiento, etc. generando una espiral inflacionaria que eclosionaría el sistema económico (como finalmente sucedió) al no encontrarse las manipulaciones artificiales del gobierno respaldadas por un genuino ahorro previo que permitiera un proceso de capitalización con bases en una economía real. Obviamente, que la demanda de dinero cae en picada en épocas inflacionarias, pero son pocos los que advierten la relación entre este último fenómeno y la demanda de moneda. No hay pues fórmulas “mágicas” para escapar a este dilema, excepto la austeridad fiscal y presupuestaria.

[1] Valeriano F. García. Para entender la economía política (y la política económica). Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos México, D. F. 2000. pág. 169

[2] Valeriano F. García. Para entender la economía política…ob. cit. pág. 185/186

 

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

¿El camino ‘capitalista’ al socialismo?

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado  el 22/5/17 en: http://www.elterritorio.com.ar/nota4.aspx?c=0574253964826931

 

Mientras el escándalo en Brasil pega fuerte mostrando la fragilidad de la economía argentina, y lo inflada que está a partir de discursos y acciones del estado, Macri ya ha realizado una cantidad de viajes, todos con promesas de inversiones que no llegaron mostrando que estos periplos tienen poco sentido. Sobre todo hoy, cuando los operadores globales rastrean inversiones en los lares más recónditos, hasta con satélites, en tiempo real, es trivial que un funcionario viaje a explicar nada, basta con crear la oportunidad de negocios -bajos impuestos y mercado natural, desregulado- para que las inversiones se descuelguen solas.
A menos que quieran en aumentar el peso del Estado, profundizando el socialismo vigente en Argentina en términos de peso estatal e intervención en la vida de las personas.
Para lo que sí sirven estos traslados es para que una enorme burocracia viaje a costa de los contribuyentes, a comprar trajes de cien dólares al punto que, dicen las crónicas, el vocero presidencial recomendó vía WhatsApp “Vayan a Tony and Tony… y pregunten… de parte mía para conseguir descuentos.
Casi todo el viaje por Asia estuvo dedicado a obra estatal, aparentemente iniciada en la era K, como los 16 acuerdos por U$S 17 mil millones firmados en China. Lo “bueno” de la obra pública -que bien podría surgir del mercado natural- es que aumenta el PIB ya que conlleva consumo de materiales sin necesidad de ahorro previo sino financiado, en este caso, por el Estado chino.
Aun suponiendo que estos índices son reales, lo cierto es que el PIB no considera todas las transacciones sino sólo el consumo, como señalan Krause, Ravier y Cachanosky. Así, resulta falso el crecimiento basado en el PIB que solo muestra cómo se decide gastar el ingreso luego de haberlo producido, el destino de la producción, no su origen. Por esto, el Bureau of Economic Analysis ahora publica el Gross Output que considera las etapas del proceso y no sólo el consumo. Más acertado es el valor bruto de la producción (VBP) en el que el consumo privado y público representa el 50% contra el 86% de peso que le otorga el PIB.
Para remate la obra pública es ineficiente. Dice Steve Hanke que mediante la VA, el gobierno estadounidense opera el mayor sistema de servicios de salud… el costo de construcción por cama de la VA es 290% más que para hospicios privados… la administración
de construcción de la VA tiene 16 veces más empleados… y los proyectos de la VA requieren 3,5 veces más tiempo de construcción… el costo promedio de los hospitales de la VA es 70% superior para tratamiento agudo… 48% para cirugía, y 140% para tratamiento crónico. Así, creído capitalista por su pasado “empresario”, su discurso prooccidental y pro comercio libre, el gobierno está logrando agrandar el ineficiente y degradante sector estatal a costa de impuestos, inflación y endeudamiento que paga el privado cada vez más raquítico.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Venezuela es el ejemplo de una economía maniatada por los controles

Por Martín Krause. Publicada el 10/4/17 en: http://www.libertadyprogresonline.org/2017/04/10/martin-krause-venezuela-es-el-ejemplo-de-una-economia-maniatada-por-los-controles/

 

El azar, pero también la intensificación de la crisis política y económica de la Venezuela actual, hizo que Martín Krause, profesor de economía de la Universidad de Buenos Aires, Consejero Académico de Libertad y Progreso y académico asociado del Cato Institute, conversara en un foro acerca de los abusos del gasto público y la economía en el derecho en la sede de la Asamblea Nacional, un día después de que la máxima instancia judicial del país, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dictara una sentencia que anulaba al Parlamento.

“Es un momento negativamente histórico para este país y espero poder volver en un día positivo”, dijo Krause antes de iniciar su exposición en uno de los salones de la sede administrativa de la Asamblea Nacional, en la que se podía percibía cierto desconcierto por la medida que ejecutó la noche previa el TSJ.

Krause, que vino al país invitado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice), tanteó el panorama económico nacional no desde un abordaje simplemente teórico, sino que quiso comprobar en la dimensión real, desde la calle, conversando con taxistas, con la gente y mediante la observación, por qué Venezuela tiene el peor desempeño económico en la región.

Por eso ante la pregunta referida en torno a cuál sería la distorsión más llamativa de la economía nacional, Krause no dudó en responder que anomalía económica más preponderante es el control de cambio existente en el país.

“Tres tipos de cambio es algo que no tiene ningún sentido. Es una mentira, además, que se hable de un dólar cuyo valor es de diez bolívares, cuando todo el mundo sabe que el dólar verdadero es el que cuesta tres mil bolívares porque es el que se usa para todo. ¿Quién puede tener un dólar a diez bolívares?, ¿quién puede vender un dólar a 700 bolívares cuando sabe que el valor real es el de 3 mil bolívares?. Esa es la mayor distorsión que pude ver, entre otras”, cuestionó.

El impacto económico de la política

Krause es el creador del Índice de calidad , un estudio que, entre otras cosas, se enfoca en la evaluación de las instituciones que promueven el crecimiento económico.

“La sociedad no puede soportar niveles del gasto público por encima de determinados límites. Hay incentivos que no contribuyen limitar el gasto público y eso genera una tendencia al endeudamiento de los países”, explicó.

Tal y como sucedido en Venezuela en al menos los últimos 15 años, el académico destacó que en la economía se generan ciclos políticos presupuestarios, como en los periodos electorales en los que se incrementan los niveles de gasto público, seguidos de ajustes poselectorales en los inicio de los mandatos gubernamentales.

De acuerdo con Krause, limitar el gasto público en los países de la región pasa por limitar el déficit fiscal, que debería ser 3% del PIB como norma. Limitar el crecimiento del sector público, pues el gasto público no puede crecer más de lo que crecerá la economía.

Cuatro elementos son fundamentales para lograr frenar el crecimiento desmedido del gasto púbico, cuatro aspectos ausentes en el caso venezolano: limitar la capacidad de endeudamiento del Estado; limitar la emisión de moneda y el financiamiento del sector público por parte del BCV; descentralizar los niveles del gasto y mantener una disciplina fiscal descentralizada.

El sistema de gobierno centralizado, como sucede en Venezuela de forma exacerbada, condena a las inversiones, de acuerdo con Krause.

El caso venezolano

El académico argentino comparó la crisis economía de Venezuela con la caída de una bomba neutrónica: “Las máquinas están, las estructuras están, las edificaciones se mantienen, pero lo que hace falta es que todo eso arranque de una vez por todas y comience la producción, pero para eso es necesario liberar las fuerzas productivas, desmontar los controles y generar confianza”.

De acuerdo con Krause, es inminente aplicar una política de shock rápido, el desmantelamiento de los controles de cambio y un proceso de financiamiento mediante ayuda internacional.

“Venezuela es un ejemplo típico de economía maniatada por los controles, que necesita con un urgencia liberarse de las ataduras para poder iniciar un proceso de ajustes que le permitan mejorar las condiciones de todos en el país”.

Los ingredientes que requiere la receta de la recuperación en el caso venezolano, aseguró, son los mismos que aplicaron los países con economías en recesión con gobiernos que acumulaban empresas con altos niveles de improductividad y que se transformaron en un peso excesivo.

La autonomía del Banco Central de Venezuela es clave, puntualizó Krause, así como la importancia de la estabilidad del signo monetario para generar confianza en las inversiones.

“Está clara la necesidad de que se pueda iniciar una política de shock, que permita desmantelar los controles de cambio. En el pasado, los países que padecieron situaciones parecidas y que lograron aplicar los ajustes de forma rápida, pudieron salir de la crisis y del rezago mucho más rápido, no así aquellos países que postergaron y retrasaron los cambios”.

Según Krause, en una eventual transición política, el gobierno deberá llevar a cabo un proceso de evaluación de las empresas en manos del Estado, que fueron expropiadas y que representan una carga.

Dolarización

Ante una situación económica en donde la depreciación de la moneda nacional es una constante, sobre todo en los últimos años, un reciente estudio de la firma Datin Corp señala que 62% de la población venezolana apoyaría una decisión del Ejecutivo que convirtiera el dólar en la moneda.

Krause advirtió que, de entrada, en un proceso de dolarización el Ejecutivo debe estar mucho más atento a los niveles de gasto público. “Tenés que cuidarte de que el gasto público no se eleve demasiado”.

De acuerdo con Krause, en una dolarización de la economía las tasas de interés impactan los precios internos y éstos tienden a subir en dólares.
“Eso hace que la economía se vuelva poco competitiva, adicionalmente llega un punto en que es inminente la devaluación de la moneda, entre otras cosas el default, y todo lo malo. Esos sistemas cierran la canilla de la emisión monetaria, pero no del gasto público”.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Cómo desactivar la bomba fiscal que nos hereda el populismo

Por Pablo Guido. Publicado el 29/12/15 en: http://www.rionegro.com.ar/diario/como-desactivar-la-bomba-fiscal-que-nos-hereda-el-populismo-8034593-9539-nota.aspx

 

El nuevo gobierno asume en una situación delicada en materia económica: 1) nueve años consecutivos con alta inflación (25%); 2) retraso enorme de las tarifas de servicios públicos; 3) colapso del comercio exterior; 4) pobreza que ronda el 30% de la población, y 5) un ingreso por habitante en retroceso desde el 2012.

Sin embargo, hay un problema que se ha minimizado: la “bomba” fiscal que ha construido el gobierno saliente. El gasto público tuvo un nivel histórico del 30% del PBI en las últimas cuatro décadas. Dado que la carga tributaria históricamente se ubicó por debajo de aquel nivel, los gobiernos tuvieron que recurrir a fuentes de financiamiento complementarias: la emisión y el endeudamiento. Así es que terminamos en 1989 con la hiperinflación y en el 2001 con el default. En los últimos doce años el gasto ha llegado al récord del 48% del PBI. Este proceso ha llevado a su vez a otro récord: la presión tributaria es una de las más elevadas del planeta: 40% del PBI. ¿Es sostenible un nivel de carga tributaria como el actual?

Según datos de la OCDE y el FMI, los países desarrollados que enfrentan un nivel de presión tributaria similar al nuestro tienen un ingreso per cápita bastante mayor. Países como España, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda o Israel tienen un ingreso promedio un 50% mayor que el de la Argentina (u$s 33.000 vs. u$s 22.500, en términos de PPA).

¿Y cuál es el problema?, preguntarán algunos. Básicamente es que la presión tributaria que hay que pagar en nuestro país no es compatible con nuestro nivel de ingresos. Entonces, o suben nuestros ingresos un 50% o baja la presión tributaria unos 10 puntos porcentuales del PBI. Para subir los ingresos de la población tiene que generarse un “tsunami” de inversiones para poder incrementar la productividad y los salarios. Este proceso lleva tiempo. Pero la paradoja es que uno de los factores que retrasaría aquella “ola” de inversiones es el altísimo nivel de carga tributaria que enfrentan las empresas residentes en el país. Las que operan en el sector formal soportan una carga tributaria efectiva mayor al 60% de sus ingresos. No habría que esperar un “tsunami” de inversiones con este escenario. Vendrán, pero no las necesarias para crecer anualmente al 6% durante dos décadas y, así, alcanzar un ingreso como el de España o Nueva Zelanda. La otra estrategia para hacer sostenible el nivel de ingresos con una carga tributaria pagable es reducir esta última. ¿Cuál es el problema de disminuir la presión tributaria? Que el gasto se ubica casi en el 50% del PBI y tiene que ser financiado por tributos para no terminar emitiendo o endeudándose exageradamente como lo hicimos durante las décadas del 80 y 90.

No queda otra que bajar el gasto en términos del PBI. ¿Por dónde empezar? La respuesta sería motivo de otro artículo. Lo importante es comprender que un mayor gasto público implica siempre un nivel de presión tributaria más grande. “No hay magia”. Porque toda suba del gasto estatal confluye en más impuestos, siempre. Sea que emitamos dinero o que nos endeudemos. El nivel de gasto actual es incompatible con el nivel de ingresos de nuestros habitantes, porque el gasto se financia siempre con impuestos y este nivel de presión tributaria no puede ser pagado con los ingresos que hoy tienen los contribuyentes.

En otras palabras, para alcanzar los niveles de ingresos de los países desarrollados no se puede tener una carga tributaria como la actual. Por lo tanto, la salida eficiente es realizar una reforma del sector público seleccionando cuáles son las funciones que debe realizar el Estado y cuánto dinero asignar a las mismas con una presión tributaria pagable. No se pueden buscar “atajos” sustituyendo una rebaja tributaria mediante una política crónica de endeudamiento o emisión monetaria. La historia nos muestra que estos sustitutos de las reformas terminan en crisis fiscales que se “llevan puesta” la economía.

 

Pablo Guido se graduó en la Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Es Doctor en Economía (Universidad Rey Juan Carlos-Madrid), profesor de Economía Superior (ESEADE) y profesor visitante de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Investigador Fundación Nuevas Generaciones (Argentina).Director académico de la Fundación Progreso y Libertad.

Austeridad y autoridad.

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 13/9/14 en: http://www.carlosrodriguezbraun.com/articulos/la-razon/austeridad-y-autoridad/

 

A expensas del dato definitivo del porcentaje de deuda sobre el PIB, que conoceremos a fin de mes a través del INE, el monto de la deuda de las Administraciones Públicas en el segundo trimestre fue el mayor de toda la serie histórica, es decir, de prácticamente los últimos veinte años. Nada menos que 1,012 billones de euros. Su ritmo de crecimiento, sin embargo, ha disminuido.

Lo que nos han contado sobre la austeridad es básicamente ficción: las AA PP no han recortado mucho su gasto, y por eso pasan trimestre a trimestre a unas cifras mayores de endeudamiento, que, en el caso de las autonomías, llega a 228,2 miles de millones de euros: Cataluña lidera el pelotón dispendioso con casi 61,8 mm, muy por encima de las siguientes, que son Comunidad Valenciana (35 mm), Andalucía (26,5 mm) y la Comunidad de Madrid (25 mm).

Es habitual la indisciplina fiscal de las autonomías, y también la relativa contención de los ayuntamientos, aunque no es pequeña la deuda municipal de Madrid (6,9 mm), seis veces mayor que la ciudad siguiente, que es Barcelona con un endeudamiento de 1,0 mm.

Aunque el problema de la deuda de nuestro país es tanto privado como público, el desapalancamiento de los últimos tiempos lo ha protagonizado el sector privado. Y ¿por qué no lo ha acompañado el público?

La respuesta rápida es: porque el sector público puede, y la indisciplina fiscal es tanto mayor cuando más pueda: de ahí que haya más facilidades para las autonomías, facilidades que no dejan de aprovechar.

El mundo académico ha debatido mucho sobre qué limites tiene la expansión de la deuda soberana, teniendo en consideración variables como el crecimiento potencial o la moneda de denominación de sus títulos. El año pasado hubo un sonado escándalo por los errores cometidos por Reinhart y Rogoff a la hora de probar su tesis de que cuando la deuda pública supera el 90 % del PIB se registraba una apreciable caída en la tasa de crecimiento.

Independientemente del porcentaje exacto, parece claro que en las condiciones de España, con bajo crecimiento y una deuda denominado en una moneda que nuestras autoridades no controlan, no es que no sea aconsejable no hacer explotar la deuda pública: es que a las propias autoridades no les conviene, porque pasado cierto umbral el coste político en términos de mayores impuestos o reducción de algunos gastos para poder sufragar los de su servicio, supera la rentabilidad política del gasto efectuado, aumentado o mantenido gracias a dicho endeudamiento.

¿Autoridad = austeridad? Ojalá.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.