A diez años de la tragedia que aún hoy enluta a muchísimas familias, y ante las manifestaciones públicas de algunos de los responsables políticos alcanzados, creemos que se mantiene vigente nuestra propuesta de medidas conducentes a terminar con este tipo de desastres. Y con las cobardes especulaciones políticas de muchos:
Por Guillermo Luis Covernton: Publicado el 11/3/2005 en la web de Fundación Atlas:
Una respuesta desde el ámbito del derecho privado, basada en la racionalidad económica.
La muerte de más de 190 personas atrapadas por el fuego, en un lugar repleto de materiales inflamables, sin suficientes salidas de emergencia, y donde se realizaba la presentación de un grupo musical, ha provocado un intenso debate en la sociedad.
El profundo dolor que tal circunstancia nos e infunde, así como la íntima solidaridad hacia los familiares y amigos de quienes fallecieron nos impulsa a manifestar aquí algunas opiniones e ideas, con la plena conciencia de que no podemos hacer demasiado por quienes sufren por este desgraciado hecho, pero sí que podemos hacer muchísimo para que este luctuoso suceso no se repita jamás.
La opinión pública, movilizada por opositores y familiares pidió, con fundamento, la renuncia del Jefe de Gobierno de la Ciudad, por la responsabilidad que sin duda le cabe, al no haber velado por el estricto cumplimiento de las normas de seguridad.
Hay ordenanzas que obligan a que el ejecutivo verifique el cumplimiento de estas normas, se recaudan tasas por ingentes sumas que debieran destinarse a financiar estos controles, y encima de todo esto, todos los días aparecen acusaciones de corrupción en este caso en particular.
Pero aún si todo esto provocara el cambio de quienes están a cargo del poder ejecutivo; si además de ello, el titular actual fuera sucedido por alguien profundamente responsable y enemigo de la corrupción; esto no bastaría para asegurarnos demasiado para el futuro.
Desde nuestro personal punto de vista estas tragedias ocurren por una cadena de negligencias, y esta sucesión de errores debería combatirse actuando sobre sus principales causas.
Y creemos que una de las principales causas es delegar las tareas de control y prevención en el aparato político del estado, incorporándole cada vez más funciones y responsabilidades, que concomitantemente harán preciso asignarles más recursos, que siguiendo la constante histórica serán ineficientemente aprovechados, parcialmente dilapidados y corruptamente utilizados.
Analicemos el problema desde otra óptica: Si estaciono mi auto en la puerta de mi vecino y el frente de su casa se desploma, cayendo sobre mi techo y provocando la muerte de mi familia, deberé iniciar una acción civil de daños y perjuicios, para obtener resarcimiento. La justicia, rápidamente trabará embargo sobre el inmueble de mi vecino y yo recibiré una adecuada compensación. ¿Es esto suficiente para mitigar mi dolor y compensar mi pérdida? No, por supuesto, no habrán bienes materiales suficientes que puedan compensar la pérdida de los años dedicados a establecer el vínculo que tenía con mi esposa ni las horas dedicadas a convertir a mis hijos en personas de bien, sensibles y útiles a la sociedad.
Pero la magnitud del resarcimiento que deberá enfrentar mi vecino, más que perseguir una compensación, busca establecer una sanción ejemplar: Que todo el mundo sepa que es preferible gastar el 3 % del valor de un inmueble en evitar que ninguna de sus partes se derrumbe a caer en la ruina por tener que pagar los daños ocasionados.
En la esfera del derecho privado, las sanciones de responsabilidad civil bastan.
Pero: ¿Que ocurrirá si, en cambio, lo que se desploma sobre mi auto es el árbol de la vereda? Como la vereda es un área pública y el árbol pertenece al estado, para que mi demanda prospere, uno de los poderes del estado, el judicial, deberá fallar contra otro de sus poderes, el ejecutivo, condenándolo a pagar el daño. Para ello deberá quedar probado que el estado no se movió con la suficiente prudencia en la elección de las variedades que integran el arbolado, o que las podas realizadas no cumplieron con las reglas del arte, o que no se realizaron los controles sanitarios que evitaran que el ejemplar enfermara, o que hubo tiempo suficiente desde el fallecimiento del árbol hasta su caída, como para que los responsables lo talaran, o que algún vecino había denunciado el riesgo sin haber sido diligentemente atendido, o todos estos extremos o varios de ellos a la vez.
A su vez, en caso de sentencia condenatoria, el ejecutivo deberá extremar todas las instancias procesales o apelaciones posibles antes de pagar, so pena de incumplimiento de su deber de defensa del patrimonio común.
Finalmente un tribunal jurídico-político, ( corte suprema), evaluará no solo el daño y el derecho, sino las razones de oportunidad, mérito o conveniencia para condenar al estado, sentando un precedente que lo obligaría a extremar una serie de controles para los cuales quizás ni esté preparado, ni tenga asignados recursos suficientes.
También evaluará si las necesidades insatisfechas de los contribuyentes y los recursos del estado permiten poner a su cargo estas cuestiones.
En el ínterin, es posible que el ejecutivo, si observa que puede beneficiarse electoralmente con el hecho, alimente los argumentos del reclamante, ya que los fondos que se utilizarán para resarcir, lejos de venir de sus arcas particulares, provienen de la hacienda común, alimentada por impuestos que, en todo caso, convendrá elevar.
De cualquier manera que el caso se resuelva, o no se hará lugar a un resarcimiento suficiente, o aún en el caso de que lo sea, este no servirá de apercibimiento para evitar males mayores en el futuro, ya que el político de turno pagará con fondos provenientes de los impuestos al sector privado, y contará además con un nuevo argumento para incrementarlos, imponer más controles, colocar a más amigos políticos en puestos oficiales para controlar, y hacer crecer así su área de influencia.
En conclusión, y volviendo a “República Cromagnon”, consideramos que el drama mayor, luego de las muertes, es que no se tome suficiente conciencia que si los controles de seguridad son materia del estado, estos caen en la tragedia de los bienes comunes: Nadie se ocupa ni cuida de ellos.
Si los fundados reclamos por atención médica, gastos de todo tipo, y aún resarcimiento civil son asumidos por el fisco, ningún empresario pondrá demasiado énfasis en cuidar que estos hechos no se repitan para así preservar su patrimonio.
Si los artistas, músicos o como queramos llamar a quienes daban el espectáculo no se ven alcanzados patrimonialmente, difícilmente pongan demasiada atención en cuidar en que tipo de ámbitos se presentan.
Si las compañías grabadoras, representantes, managers, etc no deben responder con su patrimonio personal, no afectarán , la próxima vez, recursos suficientes, en la forma de abogados, peritos en temas de seguridad, controles sobre los elementos que ingresa el público, etc., para evitar accidentes.
Nuestra propuesta concreta es: Evitemos que esto se repita. Deroguemos todos los controles del estado. Ahorremos recursos al fisco, que serán mejor aprovechados en equipar hospitales, bibliotecas, pagar policías, maestros, jueces y médicos.
Legislemos adecuadamente de modo tal que quede claro que en caso de una tragedia de este tipo, no solo el propietario del inmueble deberá responder totalmente por los daños, sino también los artistas participantes, sus representantes, auspiciantes, compañías discográficas, titulares de derechos de autor y demás empresarios privados que lucran legítimamente con el show.
Del mismo modo que cuando muere una persona realizando un trabajo, la legislación laboral no se preocupa por averiguar si existía contrato de trabajo, si habían recibos de sueldos firmados, si el contratante era el titular del establecimiento o si habían en el medio una cadena de subcontratistas, y si se había suscripto o no un seguro de accidentes personales o uno de riegos del trabajo, sino que todos pasan a ser solidaria e ilimitadamente responsables; de igual modo, se deberá asignar el mismo tipo de responsabilidad a quienes organizan y lucran con estos espectáculos.
El único control que debería realizarse sería el de asegurarse que se han contratado seguros de responsabilidad civil, en compañías solventes, que puedan cubrir un eventual siniestro, en caso en que el patrimonio personal de los organizadores no alcance para hacerlo.
Entonces, toda la eficiente maquinaria del sector privado se pondrá en marcha: una legión de abogados estará a disposición para estudiar las pólizas de seguros, un ejército de analistas de riesgos y seguridad estarán disponibles para opinar sobre las condiciones de habilitación de los locales. Expertos de todo tipo podrán desnudar falencias en la ventilación, los materiales usados, las salidas de emergencia, elementos de lucha contra incendios, etc.
Quienes pagan la entrada asumirán el costo de su seguridad, y no tendremos subsidios ocultos en la habilitación de trampas mortales para satisfacer las ambiciones de pseudo-empresarios, que no llegarán a ser nunca empresarios porque no operan en ámbitos competitivos, con reglas de juego iguales que las de sus competidores.
Lo que no puede aceptarse es que una joven deba dar a luz a su hijo en un decadente hospital público, con todo tipo de falencias, o que un niño deba perder días de clase porque sus maestros no cobran, mientras se dilapidan fondos públicos en tratar de paliar muy parcialmente los efectos de catástrofes evitables, causadas por gente que pretende lucrar evadiendo sus responsabilidades, mientras los funcionarios de turno intentan llevar agua para su molino y aprovechan para ampliar su poder político, aumentar impuestos y agrandar las funciones del estado para hacerlas más ineficientes.
La ciudad parece poder controlar la seguridad de quienes acuden a las funciones de gala del teatro Colón. Pero no parece poder manejar la seguridad de los más necesitados, a quienes el discurso político progresista dice proteger.
Guillermo Luis Covernton es Dr. En Economía, (ESEADE). Magíster en Economía y Administración, (ESEADE). Es profesor de Macroeconomía, Microeconomía, Economía Política y de Finanzas Públicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, (UCA). Es director académico de la Fundación Bases. Es presidente de la asociación de Ex Alumnos de ESEADE.
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