La democracia se esfuma y la economía se debilita cuando los funcionarios incumplen mandatos

Por Enrique Blasco Garma. Publicado el 14/01/23 en: https://www.infobae.com/opinion/2023/01/14/la-democracia-se-esfuma-y-la-economia-se-debilita-cuando-los-funcionarios-incumplen-mandatos/

Multitudes gritaban contra la Convertibilidad, en 2000 – 2001. En verdad, reclamaban para recomponer las pérdidas de especular contra el dólar

Durante una década, en la Argentina rigió una paridad fija de 1 a 1 entre el peso y el dólar (Reuters)

El PBI en dólares de la Argentina venía cayendo desde 1998 por la crisis del sudeste de Asia, la devaluación del real en Brasil y el default ruso.

Pero la contracción económica de 2002, superior al 60% del PBI, no tiene antecedentes. Fue el resultado de la redistribución forzada de riquezas lograda a través de la decisión de disponer una brusca devaluación y la pesificación asimétrica entre depósitos y préstamos en dólares en el sistema bancario.

Fue el triunfo de los amigos del poder.

Las constituciones y derechos se van modificando con las leyes, decretos, resoluciones, continuamente. Intentos que los argentinos sufrimos intensamente, con la consecuencia de que el país se ha vuelto cada vez más corrupto.

Un durísimo informe de Human Rights Watch (HRW) sobre la Argentina, que toma Infobae, destaca: “Se ha socavado de forma progresiva el Estado de derecho”.

La organización no gubernamental resaltó la retórica hostil que emplean el presidente Alberto Fernández y su vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner contra el Poder Judicial y la prensa independiente. Los detalles de un crudo análisis de la actualidad del país en materia política, económica y social.

“En Argentina existen problemas de derechos humanos”. Así comienza el informe anual de HRW sobre la actualidad del país, que resume los sucesos de 2022.

La organización se refirió a la relación del Gobierno y la Justicia e hizo foco en el pedido del presidente Alberto Fernández de avanzar con un Juicio Político a la Corte Suprema. Y en un apartado que resume el relevamiento, cuenta: “En Argentina, la retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el poder judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de derecho”.

Sobre la avanzada contra el máximo tribunal, desde HRW recuerdan el proyecto de ley para avanzar con la ampliación de cinco a quince el número de integrantes de la Corte Suprema. En ese sentido, considera que “el gobierno de Fernández y sus aliados introdujeron varias reformas al sistema de justicia que podrían socavar la independencia de los tribunales y de los fiscales.

La organización no gubernamental resaltó la retórica hostil que emplean el presidente Alberto Fernández y su vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner contra el Poder Judicial y la prensa independiente (NA)

“En septiembre, legisladores oficialistas y de otros partidos aprobaron un proyecto de ley en el Senado que amplía la Corte Suprema de 5 a 15 magistrados, una medida que gobiernos anteriores han utilizado para cooptar la Corte. El proyecto no había sido tratado en la Cámara de Diputados al momento de la redacción de este informe”, consigna HRW.

En ese contexto, el informe de marras menciona las causas que involucran a Cristina Fernández de Kirchner: “Investigan la presunta participación de la vicepresidenta en hechos de corrupción”.

Asimismo, HRW destaca los inconvenientes por lo que atraviesa la Argentina y que “la crisis política, potenciada por las dificultades económicas y la polarización, ha creado un contexto desafiante para que existan mejoras en derechos humanos”.

Impacto socioeconómico

Acerca de la economía argentina, el informe de Human Rights Watch resalta las dificultades que atraviesan las personas de bajos recursos y los niños en el país: “Una larga crisis económica, que se profundizó durante la pandemia de Covid-19, afecta de manera desproporcionada a las personas de bajos ingresos y limita severamente la capacidad de las personas de ejercer sus derechos económicos”.

Y agrega: “Los niños y las niñas se vieron particularmente afectados: más de la mitad de los niños menores de 14 años vivían en la pobreza y más de uno de cada diez en la indigencia”, se apunta en el reporte de la ONG.

El nivel de inflación fue uno de los puntos que tampoco dejó pasar la investigación: “El Banco Central proyectó que la inflación podía superar el 100% en 2022, lo que dificultaría aún más las posibilidades de que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas”.

Sobre los derechos humanos

“En Argentina existen problemas de derechos humanos que incluyen el abuso policial, condiciones carcelarias deficientes y violencia endémica contra las mujeres. La prolongada crisis económica en el país afecta especialmente a las personas que viven en situación de pobreza”, afirma HRW en su publicación.

La organización alertó además en su último informe anual que la ofensiva del Gobierno sobre la Justicia, las demoras en la designación de jueces y de otros cargos, como el Procurador General, y la corrupción, incluida en el poder judicial, han socavado el estado de derecho en la Argentina. Y brindó también un lúgubre panorama sobre el estado de los derechos fundamentales en América latina.

“En la Argentina, la retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el poder judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de derecho”, advirtió el informe de HRW.

Periódicamente, publico en esta columna la compilación de datos del PBI por habitante por parte del informe de Perspectivas de la Economía Mundial del FMI (WEO), en que el se aprecia con claridad como actualmente hay países con un ingreso medio anual por habitante de USD 300, como es el caso de Sudan del Sur, y otros con más de USD 90.000 en Suiza y Noruega, y superior a USD 100.000 en Irlanda.

Semejante, brecha se explica en gran parte por la ausencia (en el primer caso) y predominio (en los segundos” de las actividades competitivas con reglas estables. Sin reglas justas no existirían las democracias maduras y pujantes.

Enrique Blasco Garma es Ph.D (cand) y MA in Economics University of Chicago. Licenciado en Economia, Universidad de Buenos Aires. Fue Economista del Centro de Investigaciones Institucionales y de Mercado de Argentina CIIMA/ESEADE. Profesor visitante a cargo del curso Sist. y Org. Financieros Internacionales, en la Maestria de Economia y C. Politicas, ESEADE. Sigue a @blascogar

La mala praxis política debería ser punible

Por Ricardo Rojas. Publicado el 21 de Octubre de 2021 en: https://www.infobae.com/opinion/2021/10/21/la-mala-praxis-politica-deberia-ser-punible/?fbclid=IwAR1w5yCaJc8v2cAQg–YVVE0BzioefFP-GBAke5ZjnEv0uYE0iv6XUgNZ_4

Quienes disponen medidas violatorias de derechos, conociendo de antemano que no sirven, tendrían que responder por tales acciones, ya que en definitiva constituyen formas de robo, estafa y falsificación

Martín Guzmán y Alberto Fernández

Cuando un gobierno incrementa innecesariamente el gasto y luego cubre el déficit con endeudamiento, suba de impuestos o emisión monetaria, lisa y llanamente está robando a los habitantes. Cada peso quitado por la fuerza o por obra de la inflación, para emplear en aquello que exceda las funciones del gobierno establecidas taxativamente en la Constitución, debería ser considerado un delito contra la propiedad.

Cuando un gobierno emite dinero de manera indiscriminada, para cubrir el déficit, en definitiva degrada la moneda a través de su falsificación masiva. Su acción supone quitar riqueza de los bolsillos de las personas sin siquiera tener que tocarlas. Cuando la presión tributaria se vuelve asfixiante, se recurre a esta maniobra de seguir quitándole el dinero a las personas sin que se den cuenta de ello, y encima echándole la culpa a los comerciantes a quienes se pretende responsabilizar por la suba de los precios. Esa acción del gobierno debería estar contemplada en el Código Penal entre los delitos de falsificación, y ser imputada a los funcionarios del Poder Ejecutivo y el Banco Central que promueven la emisión irregular para cubrir el déficit.

Por su parte, cuando un gobierno dispone controles de precios, sea de bienes y servicios, de alquileres, de cambios, etc., está produciendo una exacción contra las personas, que se trata de justificar como una protección que en realidad no existe. En definitiva, esos controles son formas de defraudación, engaños que producen serios perjuicios económicos a sus víctimas, y que deberían ser penados como delitos.

Todas esas acciones suponen violar derechos reconocidos y amparados por la Constitución. Fundamentalmente el derecho de propiedad, que no puede ser alterado por las leyes que reglamentan su ejercicio, de acuerdo con el artículo 28 de nuestra Carta Magna.

Desde hace décadas los gobiernos argentinos repiten una y otra vez estas acciones que, en definitiva, sólo tienen por objeto distraer a la gente de las verdaderas causas de los problemas, e inventar a quién echarle la culpa en el futuro.

Se está por cumplir un siglo desde aquella ley de alquileres sancionada en tiempos de Irigoyen, que no obstante la denodada disidencia del Juez Bermejo acabó siendo convalidada por la Corte Suprema. Por supuesto que esa ley provocó más problemas que soluciones, y al poco tiempo fue dejada sin efecto. Desde entonces, cada vez que el gobierno cae en una crisis –provocada por el mal manejo de las cuentas-, recurre a algún artilugio de ese tipo, a pesar de que aquellos que disponen las medidas saben que fracasarán. Lo hacen, en realidad, para ganar tiempo, para aparentar que se ocupan del problema, y para ir armando el personaje de a quién le van a echar la culpa cuando todo explote. Ludwig von Mises explicó a mediados del siglo pasado este fenómeno con su habitual claridad:

“Para evitar ser acusado de las nefastas consecuencias de la inflación, el gobierno y sus secuaces recurren a un truco semántico. Tratan de cambiar el significado de los términos. Llaman ‘inflación’ a la consecuencia inevitable de la inflación, es decir, al aumento en los precios. Ansían relegar al olvido el hecho de que este aumento se produce por un incremento en la cantidad de dinero y sustitutivos del dinero. Nunca mencionan este incremento. Atribuyen la responsabilidad del aumento del coste de la vida a los negocios. Es un caso clásico de ladrón gritando: ‘¡Al ladrón!’. El gobierno que produjo la inflación, multiplicando la oferta de dinero, incrimina a los fabricantes y comerciantes y disfruta del papel de ser un defensor de los precios bajos”.

El motivo principal de estas acciones, es la necesidad de cubrir de alguna manera el endémico déficit fiscal que todos los gobiernos ostentan. En lugar de llevar a cabo una política de austeridad y de limitación en los gastos a aquello que sea necesario –que más que una política es una exigencia constitucional-, prefieren mantener la orgía de gasto y corrupción, y finalmente buscar el medio de seguir esquilmando a los contribuyentes. Cuando esa práctica lleva al país al borde del estallido, sacan a relucir los inventados personajes que representan a los “culpables” por la crisis: los empresarios, los comerciantes, los productores agropecuarios, la “patria financiera”, etc.

El punto de partida de esta serie de delitos se produce todos los años en el Congreso cuando se discute el presupuesto –la ley de leyes, al decir de Alberdi-. Como en cualquier presupuesto doméstico, el cálculo de los gastos del gobierno debería hacerse teniendo en cuenta los ingresos previstos por las vías normales, y decidiendo de qué manera se distribuirán esos ingresos para cubrir los gastos. Para ello, normalmente habrá que ajustar los gastos para que las funciones esenciales del gobierno puedan ser satisfechas.

Sin embargo, nada de eso ocurre. La discusión del presupuesto se transforma habitualmente en la discusión de cómo repartir privilegios, donde todos van a exigir su parte. Una situación que es mucho peor que la de criminales repartiendo un botín. Los criminales están limitados por la magnitud del botín. El gobierno no tiene límites, decide sus gastos según su voluntad, y luego busca cómo hará para quitarle a la gente, directa o indirectamente, lo necesario para cubrir la diferencia.

Las consecuencias de ese déficit son trágicas, si se piensa en que uno de los países potencialmente más ricos del mundo, tiene a la mitad de su población en las puertas de la pobreza. Diariamente, estas medidas del gobierno crean nuevos pobres.

Los políticos que llevan a cabo maniobras de este tipo saben que están estafando y robando a las personas. A esta altura de la historia es inadmisible pretender que lo hacen de buena fe, pensando que su “política económica” podría tener éxito y resolver el problema. Ninguno de ellos puede desconocer además que está violando derechos fundamentales garantizados por la Constitución –y de esta circunstancia terminan siendo cómplices aquellos jueces que no han sabido estar a la altura de los requerimientos constitucionales, a la hora de establecer los límites expresos a los que se refiere el artículo 28-.

Si se repasan tan sólo las últimas décadas, Alfonsín fracasó al mantener un gasto público incontrolable al que trató de cubrir con una emisión de tal nivel que explotó en una hiperinflación. Menem mantuvo el déficit fiscal, y al no poder cubrirlo con emisión lo hizo con endeudamiento e impuestos, poniendo en peligro mortal, al fin de su mandato, la convertibilidad que él mismo había establecido. De la Rúa mantuvo la convertibilidad pero también el nivel de gasto, se endeudó aun más, e inevitablemente ello llevó al colapso.

Desde hace unos quince años se viene anunciando una nueva crisis. Los gastos del Estado nacional y de las provincias llegan a niveles obscenos, y las tres formas de cubrir el déficit han sido explotadas casi al límite de la extenuación. A ello contribuye al sistema de coparticipación de impuestos –que desde 1994 es norma constitucional-, que le permite a las provincias recibir enormes cantidades de dinero quitado por la fuerza a los trabajadores, para gastar de manera discrecional y muy poco clara. Esa gran ventaja hace que jamás los legisladores que representan a las provincias estén dispuestos a eliminar o disminuir la alícuota de impuestos coparticipables. Por su parte, el kirchnerismo revirtió en parte aquel proceso de privatización o eliminación de reparticiones estatales o las llamadas “empresas públicas”, que habían sido una sangría, y nuevamente obliga, a través de cajas separadas, a financiar las pérdidas de “empresas” como YPF o Aerolíneas Argentinas.

Cuando la anunciada nueva crisis se produzca, los políticos responsables de ella dirán que falló una “política económica” y nuevamente buscará culpables. Jamás admitirán que la culpa es del gasto excesivo e injustificado, que se podría haber resuelto con austeridad, y no con este tipo de medidas que, lejos de resolver la crisis, la agravan aun más.

La mala praxis de los gobernantes debería ser punible. No existe motivo para que quienes disponen medidas violatorias de derechos, conociendo de antemano que no sirven para obtener los resultados que invocan y que son simplemente un distractivo para no admitir sus fallas en la contención del gasto, no respondan por tales acciones que en definitiva constituyen formas de robo, estafa y falsificación.

Los ministros de Economía y funcionarios del área, así como legisladores, gobernadores o presidentes, conocen o deberían conocer las reglas básicas de la teoría económica. La economía, como ciencia social, depende de la acción humana, que por ser voluntaria es voluble e impredecible. Sin embargo, ello no impide que puedan deducirse un puñado de leyes económicas respecto de las consecuencias de las acciones. Ninguna persona que toma decisiones que imponen conductas de manera compulsiva y producen consecuencias económicas, debería ampararse en el desconocimiento de esas leyes. Y cuando deliberadamente imponen medidas que producirán perjuicios a los derechos amparados por la Constitución, deberían responder política, administrativa, civil y penalmente por ello.

Todos los gobiernos de los últimos tiempos son partícipes de tales delitos. Algunos en mayor medida que otros, pero ninguno de ellos tuvo la decencia de proponer rebajas en los gastos para no producir un déficit que necesariamente terminaría cubriendo de manera criminal.

En momentos en que la gente trata de predecir el momento en que se produzca una nueva crisis que casi todos consideran inevitable, creo que es hora de incluir en el Código Penal formas de responsabilidad para quienes las producen.

Ricardo Rojas es Abogado, Doctor en Historia Económica (ESEADE).
Ex Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(1986-1993). Ex Juez de Cámara en lo Criminal y Correccional (1993-2020). Profesor de Análisis económico del derecho penal en la Maestría en Derecho y Economía de la UBA. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín. Miembro del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho, autor de varios libros y ensayos sobre temas jurídicos, económicos y filosóficos.

Que la gente diga si los “K” son inocentes

Por Jose Benegas. Publicado el 16/2/21 en: https://www.infobae.com/opinion/2021/02/16/que-la-gente-diga-si-los-k-son-inocentes/

Cristina Kirchner presidiendo una sesión en el Senado (Foto: Maximiliano Luna)

Las crónicas periodísticas dan cuenta del enojo del presidente Alberto Fernández con la Corte Suprema por el fallo en el que ratifica la condena contra la señora Milagro Sala por amenazas contra una comisaría en Jujuy. También ha hablado de la existencia de una persecución contra los kirchneristas procesados o condenados que tanto él como sus aliados dentro y fuera del país, incluido al papa Francisco, han denominado lawfare; algo así como un sistema para acomodar la interpretación de las leyes o los hechos para condenar a liderazgos de izquierda latinoamericana, como castigo por haber hecho tanto bien.

Es así también que se han propuesto reformas del sistema judicial entero, indultos y amnistías para poner remedio a esa situación denunciada. En paralelo los procesos judiciales siguen su curso, con todas las instancias de revisión y la posibilidad de oponer defensas por parte de los imputados que no siempre han utilizado. La señora vicepresidente, involucrada en varias causas, se ha negado a dar explicaciones cada vez que lo podría haber hecho para hacer su descargo, negándose la posibilidad de demostrar qué cosa tan seria está tan en su contra.

En lugar de eso ha elegido la vía política. Así obtuvo palabras de aliento por parte del Papa, como ya he dicho, y ahora se empeña en hacer que su influencia en los otros poderes del Estado condicione el resultado del trabajo judicial.

Sería una catástrofe que el Poder Judicial sea virtualmente intervenido como un método de defensa en causas judiciales concretas, pero también habría que reconocer que si una facción tan grande hace semejantes acusaciones a un sistema político institucional del que participa y parece dispuesta a destruirlo, no estaría mal darles a los involucrados una chance extraordinaria de defensa, como medida previa a cualquier iniciativa de amnistía o indulto.Carlos Menem y Raúl Alfonsín durante la negociación por el Pacto de Olivos (Foto: NA)

Sería como copiar la estrategia que adoptó Raúl Alfonsín en el año 1994 cuando veía que el entonces presidente Carlos Menem preparaba una presentación en la Corte Suprema para pasar por alto la prohibición de reelección, como hicieron muchos gobiernos provinciales y de otros países en los que tal posibilidad estaba vedada. Dados los pasos que el kirchnerismo parece estar dispuesto a dar para asegurar impunidad a sus miembros, esa instancia de revisión no formal de lo actuado en esos juicios serviría para que la opinión pública se entere de lo que pasa.

El Congreso podría dar lugar a que los que afirman ser perseguidos por lawfare expongan sus razones y sean interrogados por los diputados y senadores junto con los fiscales de las causas acerca de los delitos que se les imputan o por los que fueron condenados, sin límite de tiempo, con las cámaras de televisión mostrando cómo demuestran su punto. Las personas como la Vicepresidente tendrán la oportunidad de declarar en público a salvo del lawfare.

El cierre de ese debate podría ser seguido de un plebiscito en el que el pueblo, habiendo sido testigo de las sesiones, determine si cada uno de ellos es culpable o inocente en cada caso. Aquellos que resultaron absueltos podrían ser indultados por el presidente con toda tranquilidad.

Pasado esto, ya no podrán quedar dudas acerca de que haya existido persecución alguna o se comprobará que fue cierto, para que se adopten las reformas que sean necesarias. Pero nada de esto se puede hacer como un arreglo a puertas cerradas del club de la política, porque entonces se haría mejor en derogar directamente la legislación penal que involucra la criminalidad de la función pública. Si la idea es que se puede robar libremente hay que dejar de inventar conspiraciones y hacer esa regla igual para todos.

José Benegas es abogado, periodista, consultor político, obtuvo el segundo premio del Concurso Caminos de la Libertad de TV Azteca México y diversas menciones honoríficas. Autor de Seamos Libres, apuntes para volver a vivir en Libertad (Unión Editorial 2013). Conduce Esta Lengua es Mía por FM Identidad, es columnista de Infobae.com. Es graduado del programa Master en economía y ciencias políticas de ESEADE. Publica en @josebenegas

En Pakistán perdonan a una joven cristiana condenada a muerte

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 15/11/18 en: https://www.lanacion.com.ar/2191935-en-pakistan-perdonan-joven-cristiana-condenada-muerte

 

La Corte Suprema de Pakistán acaba -como cabía esperar- de absolver a Asia Bibi, una joven cristiana nacida en 1971, que
ha estado nada menos que ocho años en prisión, siempre en confinamiento solitario, mientras era lentamente juzgada por
sus presuntas blasfemias contra el Islam. Con lo sucedido hasta ahora a esa pobre mujer, su vida ha sido profundamente
lastimada. Para siempre.
Pakistán es ciertamente uno de los países más intolerantes del mundo en materia religiosa, pero lo cierto es que su más
alto tribunal judicial es reconocido por su independencia y calidad.
Asia Bibi esperaba morir en la horca, pero ello no sucederá desde que el tribunal que acaba de absolverla categóricamente,
sostuvo que las acusaciones vertidas contra ella no habían sido debidamente probadas, como correspondía.
Había sido acusada por un tan heterogéneo como extraño grupo de mujeres -que previamente le dieron una paliza y eran
sus vecinas- de haber hecho, en Punjab, algunos comentarios públicos despectivos acerca del profeta de los musulmanes.
Ellos habrían sido consecuencia de la insólita negativa de esas mujeres de tomar agua de un pozo de agua natural
comunitario, luego de que Asia Bibi bebiera del mismo con un jarro propio, a fin de la década de los 70. La joven que fuera
por ello inmediatamente detenida, tiene cuatro hijos.

En su momento, la condena contra Bibi había indignado vivamente a la pequeña pero importante comunidad cristiana
local. Ahora, su absolución ha enfurecido a algunos radicalizados musulmanes, que ante ella reaccionaron
descontroladamente.
Bibi negó, siempre, haber cometido blasfemia alguna.
Docenas de acusados de blasfemia han sido asesinados en los últimos años en las calles de las ciudades de Pakistán,
cuando sus respectivos procesos aún no habían concluido. Los asesinados incluyeron hasta a un gobernador provincial y
un ministro del gobierno nacional que, pese a los riesgos ciertos que conocían, se animaron a salir en defensa pública y
apoyo de la perseguida Bibi. Queda a la vista toda una serie de tragedias realmente tremendas, producto de la intolerancia
religiosa. Ellas no pueden silenciarse, desde que son testimonio de conductas propias de la barbarie.
Los cristianos -cabe recordar- son apenas un 1,6 % del total de la población paquistaní, de unos 208 millones de
habitantes. El propio Papa Francisco, preocupado por Asia Bibi, ha salido en su defensa. Con poco éxito, hasta ahora.
Las leyes paquistanas contra la blasfemia religiosa se sancionaron en 1860, cuando el país estaba aún bajo la colonización
británica. El Islam es la religión nacional de Pakistán. Pero no todos quienes profesan esa religión son necesariamente
fanáticos, por cierto. Los pocos que lo son ensombrecen la imagen de todos ellos.
Pese a lo ocurrido, o quizás como consecuencia de ello, Asia Bibi podría tener que abandonar a Pakistán y trasladarse a
residir en otro país, para poder vivir con un mínimo de tranquilidad, esto es sin el riesgo de ser asesinada o golpeada por fanáticos que de pronto la agredan. Una pena, por cierto. Pero la realidad puede imponerle a Bibi ese notorio sacrificio
adicional. Sus propios abogados ya han tenido que hacerlo, abandonando a Pakistán, por su seguridad personal.
Lo de Paquistán debiera poder corregirse. Siempre y cuando sus líderes políticos y religiosos lo crean necesario. Y lo es,
ciertamente.
Más allá de Pakistán, unos 150 millones de cristianos son hoy perseguidos por su fe en distintas partes del mundo. Esa
cifra, vergonzosa, es por lo demás un máximo histórico. En el marco de esas persecuciones religiosas, unos 3.000
cristianos fueron asesinados todo a lo largo del 2017. Es cierto, en el mundo de hoy los cristianos ya no se refugian
necesariamente en catacumbas, pese a lo cual, como consecuencia de las persecuciones actuales, muchos de ellos ofrendan
sus vidas sin renegar de sus convicciones. Son, entonces, mártires contemporáneos.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y fue Vice Presidente de ESEADE.

Federalistas y Anti-Federalistas: los límites al poder y el crecimiento (¿inevitable?) del Estado

Por Martín Krause. Publicada el 26/2/16 en: http://www.libertadyprogresonline.org/2016/02/26/federalistas-y-anti-federalistas-los-limites-al-poder-y-el-crecimiento-inevitable-del-estado/

 

Inicialmente las colonias (norteamericanas) se habían organizado como una confederación. Sus principales críticos fueron los autores de los Papeles Federalistas, Alexander Hamilton, James Madison y John Jay quienes publicaron setenta y siete artículos desde Octubre de 1787 hasta Mayo de 1788 en tres periódicos de la ciudad de Nueva York. Los problemas que aquejaban a la Confederación tendrían su origen en el colapso del sistema judicial real (Dietze, 1960, p. 130) y la debilidad del ejecutivo. El vacío había sido ocupado por las legislaturas creadas por las nuevas constituciones las que, influenciadas por los deudores, comenzaron a suspender acciones judiciales, modificar o anular sentencias y determinar los méritos de las disputas. Esta negación de los que Dietze llama “gobierno libre” (definido como el gobierno popular donde la mayoría es limitada por la constitución para proteger los derechos de las minorías y donde la participación popular en el gobierno es sólo un medio para protección de la vida, la libertad y la propiedad, nota p. 69) no podía, según los Federalistas, ser frenada por la confederación ya que la Unión era un mero tratado entre las partes y no hubiera podido impedir la tiranía de la mayoría en los estados[1].

El objetivo de los Papeles Federalistas fue el de proponer una “más perfecta UNION” (en mayúscula en los originales). No obstante, Dietze (p. 160) señala diferencias entre estos autores, ya que en el caso de Hamilton, si bien reconoce las bondades de la división territorial e institucional del poder, no deja dudas de que prefiere una concentración a una dispersión del poder. Esto implica la superioridad de la legislación federal sobre la estadual y la posibilidad de ejecutar esa ley federal dentro de los estados. Esa superioridad, a su vez necesita de la existencia de una autoridad federal que sea capaz de imponerla y alguna autoridad federal que resuelva las diferencias entre uno y los otros. Este sería el rol de Corte Suprema. Esta supremacía del poder central sería controlada de su abuso por la revisión judicial, para lo cual se requiere la absoluta independencia de la justicia.

Madison, por el contrario destaca las bondades de un gobierno federal principalmente porque crea balances de poder, es decir, enfatiza el valor de los estados miembros. Para él, el federalismo es una institución diseñada para proteger a los estados y aunque reconoce que la soberanía reside en última instancia en el gobierno central, el federalismo no sería compatible con la concentración de poder en manos de éste. Sostiene que una confederación tendería a reducir el poder del gobierno central. Señalando los casos de la liga aquea y la confederación lisia señala que ninguna de las dos mostró una tendencia a degenerar en un solo gobierno consolidado.

Esta era, precisamente, la preocupación de los Anti-Federalistas y se mantiene hoy como uno de los principales puntos de debate respecto al federalismo y la descentralización. Ya que si bien de Tocqueville ([1835] 1957, p. 86) pudo afirmar,

“Lo que más llama la atención al europeo que recorre los Estados Unidos es la ausencia de lo que se llama entre nosotros el gobierno o la administración. En Norteamérica, se ven leyes escritas, se palpa su ejecución cotidiana, todo se mueve en torno nuestro, y no se descubre en ninguna parte su motor. La mano que dirige la máquina social se oculta a cada instante”

Lo cierto es que a los anti-federalistas les preocupaba precisamente que la existencia de un poder central fuerte tendiera a eliminar o limitar el poder de los estados y los derechos de los individuos. Según Gordon (1998, p. 8) la Bill of Rights fue incorporada en la constitución no como la entrega masiva de poder al gobierno central para controlar supuestas violaciones de derechos individuales por parte de los estados sino para proteger a las comunidades de éstos de la inevitable tendencia del gobierno central a acumular poder, siendo el elemento esencial de la misma la 10ª. Enmienda que afirma la soberanía de los estados y define los poderes del gobierno central como “enumerados” y “delegados”. Opinión similar mantienen Wilson (1995) y Pilon (1995).

Este último afirma que la doctrina de los “poderes enumerados y delegados” ha sido abandonada por intermedio de dos cláusulas constitucionales: la comercial y la del bienestar general. La primera otorga al Congreso el poder de regular el comercio entre los estados, y tuvo su origen en la preocupación por la existencia de barreras comerciales entre ellos. Pero los constitucionalistas no habrían imaginado que ésta iba a ser utilizada (desde 1937: NLRB v. Jones & Laughlin Steel Corp., 301 U.S. 1) no ya como un escudo contra el abuso de los estados sino como un mecanismo que permitiría luego al Congreso pretender el logro de innumerables fines sociales y económicos. Ya que el Congreso ahora se atribuye el poder de regular cualquier cosa que afecte el comercio interestatal, es decir prácticamente todo. La segunda tenía el objetivo de prevenir que el Congreso actuara en defensa de algún beneficio particular pero en 1937 (Helvering v. Davis, 301 U.S. 619, 640) la Corte mantuvo que si bien había que mantener la diferencia entre interés particular e interés general no iba a controlar esa distinción, dejando al Congreso que se controle por sí mismo.

[1] Madison lo señala de esta forma en El Federalista XLV (Hamilton, et al, 1943, p. 196): “Hemos visto en todos los ejemplos de las confederaciones antiguas y modernas, que la tendencia más potente que continuamente se manifiesta en los miembros, es la de privar al gobierno general de sus facultades, en tanto que éste revela muy poca capacidad para defenderse contra estas extralimitaciones…

Los gobiernos de los estados tendrán siempre la ventaja sobre el gobierno federal, ya sea que los comparemos desde el punto de vista de la dependencia inmediata del uno respecto del otro, del peso de la influencia personal que cada lado poseerá, de los poderes respectivamente otorgados a ellos, de la predilección y el probable apoyo del pueblo, de la inclinación y facultad para resistir y frustrar las medidas del otro”.

[2] También en el “El Federalista” XLV afirma: “Hemos visto en todos los ejemplos de las confederaciones antiguas y modernas, que la tendencia más potente que continuamente se manifiesta en los miembros, es la de privar al gobierno general de sus facultades, en tanto que éste revela muy poca capacidad para defenderse contra estas extralimitaciones”.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

¿Postransición de cornisa?

Por Mario Serrafero. Publicado el 16/12/15 en http://elestadista.com.ar/?p=9445

 

El Presidente ha dado motivos para que el kirchnerismo, paradójicamente, levante las banderas de la República.

El Gobierno asumió sin transición. Sean cuales fueren las razones, la ex Presidenta decidió vaciar el acto de traspaso del mando ordenando a sus filas en el Congreso a no integrar la Asamblea Legislativa. Ya es pasado. Pero la actitud de Cristina será histórica. Quita de colaboración en un momento inaugural. Apenas hace falta señalar que tampoco lo realizado por la ex Mandataria, desde la primera vuelta, poco tiene que ver con el comportamiento esperable de un presidente que se retira. Nombramientos, designaciones, gastos que serán un gran peso para el nuevo Gobierno, etcétera. Aquí se mencionó que la Argentina necesita una ley de transición presidencial. Ya no cabe ninguna duda.

El nuevo Presidente comenzó su mandato con una gran cantidad de gestos. Como también se dijo aquí, el electorado más que cambio de políticas tuvo en mente renovación de la dirigencia, esto es, personas, estilos y comportamientos. Y entre esos gestos cabe mencionar su discurso que puso fuerte acento en el diálogo y la integración de los argentinos, la Justicia independiente, la lucha contra el narcotráfico y la intolerancia frente a la corrupción. En pocos días hubo predisposición abierta hacia la prensa, reunión con los candidatos derrotados, encuentro con todos los gobernadores y posterior conferencia con los medios. Habrá regulares reuniones de gabinete y un trabajo en equipo. Gestos y actitudes que intentan delinear un nuevo estilo.

Hasta ahora fueron gestos y actitudes que, además de delinear un nuevo estilo, intentan articulaciones políticas e institucionales para construir un tejido de gobernabilidad. Pero no sólo se trata de gestos de diferenciación con el anterior Gobierno. También parece que será el modo de construcción política. Néstor Kirchner construyó poder para contrarrestar su exiguo 22% electoral con la confrontación y el conflicto como costumbre y método. Mauricio Macri se presenta como un componedor que enhebrará los consensos que sean necesarios. Los Kirchner construyeron con el discurso de la inclusión del mayor número de gente en sus políticas. Macri intentará incluir la mayor cantidad de dirigencia, al menos en este primer momento de gestión. La reunión con gobernadores y distintos sectores tiene también este objetivo. El tiempo presente y próximo que viene se utilizará para hacer la transición que no fue, conocer a fondo los números del Estado, realizar y presentar el balance de lo recibido, calcular los tiempos para lanzar políticas y ver cómo va reaccionando una ciudadanía expectante.

¿Cabe esperar medidas de shock? ¿O el nuevo Presidente transitará el gradualismo? Probablemente utilizará ambos ritmos, según los temas y los tiempos. ¿Seguirá el método de publicidad de propuestas, ensayo y error y, en su caso, pronta rectificación? El método Cristina era el previo secreto, la decisión consumada y la ausencia de rectificaciones. La neutralización de los organismos de control y su mayoría en el Congreso lo permitían. Solo podían existir ecos en los medios de aquellos errores que nunca se corregían. El principal objetivo del Gobierno es crear confianza, lo cual significa evitar bolsones de incertidumbre y cambios drásticos de políticas, pero en equilibrio con la necesidad de comenzar a cumplir promesas electorales. Algunas son de fácil inicio como la reorganización del Indec, la desactivación del Memorándum con Irán o la quita de retenciones a las exportaciones industriales y a la mayor parte de la producción agropecuaria con una baja gradual (5%) de la soja. Otros más complejos como la resolución del cepo cambiario, una inflación que se ha disparado, la resolución de la crisis energética, el aumento de las tarifas o los problemas de inseguridad.

Por ahora no se convocarán sesiones extraordinarias. El Presidente deberá recurrir al acercamiento entre dirigentes y sectores para compensar la vía de la acción unilateral. Sin Congreso reunido, hasta comienzos de marzo –como ya se ha adelantado en otra columna anterior– cabe esperar la recurrencia a decretos de necesidad y urgencia para los casos y situaciones que se consideren necesarios. Aquí también hay una dinámica de gobierno que es el reverso de la era Cristina. La ex Presidenta no acordaba sus políticas con nadie y obtenía sus leyes de un Congreso oficialista, sordo y mudo. Macri deberá consensuar sus políticas con distintos sectores, pero la norma será la acción unilateral plasmada en decretos.

Macri deberá ser prudente para que la oposición le permita que en la postransición pueda generar recursos institucionales y políticos de poder. Deberá evitar errores cruciales. ¿Cómo explicar la designación de dos magistrados de la Corte por decreto? El artículo 99 inciso 4 establece que el Presidente “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”. Aquí el texto de 1994 fue más riguroso que el artículo 86, inciso 5, de 1853/60 al exigir mayoría calificada y sesión pública, que no las requería el anterior. Pero el Presidente –al no contar con ese número en el Senado- recurre al inciso 19 que dice que “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. La medida así es legal –siempre que consideremos a un juez de la Corte “un empleado”–, pero no parece coherente con el discurso presidencial. Ni con la Historia. Ni con las prácticas institucionales. Se atrevió a hacer algo que Cristina no hizo, quizá por la ignorancia y el amateurismo de sus funcionarios del área de la Justicia. Que no se recurriera a este expediente fue una práctica paraconstitucional que quedó establecida. Salvo Bartolomé Mitre –y por razones obvias–, ningún presidente llenó una vacante de estos “empleos” en la Corte Suprema por decreto. De nada sirve decir que se trata de dos respetados juristas –que lo son–, y que uno se encuentra cercano al radicalismo y otro al peronismo. El problema es otro. Aquí el Presidente no es el reverso de Cristina. Macri parece tan kirchnerista como Cristina. La acción de Macri, ¿llega como prevención contra una Corte que dictó un fallo –el de la coparticipación– que le puede alterar la ecuación de recursos financieros al Gobierno? ¿Será para respaldar futuras medidas unilaterales de la Presidencia? Sea lo que fuere, el precedente puede ser nefasto para el futuro. Además, ¿era necesario ahora hacer estos dos nombramientos en comisión? Seguramente surgirá una polémica que no será beneficiosa para Macri. Probablemente el Presidente ha dado motivos para que el kirchnerismo, paradójicamente, levante las banderas de la República. Y también podría provocar división en el propio frente. En la tarea de engrosamiento de la legitimidad y la construcción de gobernabilidad rifar capital político no es una virtud, ni menos aún una demostración de prudencia política. ¿Tendrá Macri un período de “luna de miel” en su Gobierno o comenzó a transitar una postransición de cornisa?

 

Mario D. Serrafero es Doctor en Ciencia Política y en Sociología, por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Es investigador del Conicet. Escribió el libro Reelección y sucesión presidencial . Es profesor de Análisis Institucional en ESEADE.

No hay independencia en el sistema judicial argentino, según dos ONG

Por Belén Marty: Publicado el 11/12/15 en: http://es.panampost.com/belen-marty/2015/12/11/no-hay-independencia-en-el-sistema-judicial-argentino-segun-dos-ong/

 

Señalan Poder Ciudadano y Asociación por los Derechos Civiles que hay presiones indebidas desde el Ejecutivo y moras y omisiones en el propio poder judicial

En los últimos 12 años, las tensiones entre el gobierno y el poder judicial fueron sonstantes. (Fm89.9)

El sistema judicial argentino tiene falencias y no fue independiente del poder político durante el período de Gobierno kirchnerista. Eso concluye un informe difundido el viernes 11 de diciembre por la ONG Poder Ciudadano en conjunto con la Asociación por los Derechos Civiles(ADC).

Los autores del documento, Álvaro Herrero y Celeste Leonardi, narran en las 48 páginas del informe la situación de la independencia judicial en la Argentina. Explican en su introducción que el deterioro de la independencia judicial es un síntoma de la fragilidad de las instituciones políticas en este país.

Según el informe, los factores más comunes que boicotean la independencia judicial —principio contenido en el artículo 114 de la Constitución— son las presiones por parte del poder Ejecutivo, reformas polémicas, bajísima eficiencia para llenar los cargos vacantes, escasa actividad en materia de control disciplinario, la manipulación de las vacantes judiciales y los intentos por destituir de manera irregular a integrantes de la Corte Suprema.

Poder Ciudadano es una organización cuyo objetivo es “promover la participación ciudadana y concienciar a la población sobre los problemas de interés público que requieren del compromiso y de la participación de todos”. Mientras, ADC busca “contribuir a afianzar una cultura jurídica e institucional que garantice los derechos fundamentales de las personas”.

“Los abusos contra la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes deben ser reparados por la justicia. De allí la importancia de que los/as jueces/zas se desempeñen sin recibir injerencias indebidas de ningún poder o autoridad, es decir, que sean independientes”, sostiene el informe.

Además, por la parálisis del Consejo de la Magistratura se generó un aumento de vacantes, y eso provocó un incremento en el número de magistrados subrogantes. Un subrogante es un juez suplente “que cubre el lugar de un juez titular cuando este renuncia, toma licencia, se excusa o no puede ejercer por otra causa”.

“En la actualidad, el 18,5% de los jueces son subrogantes. Sin embargo, la problemática situación de los subrogantes no es inédita, ya que desde 2007 se observa un porcentaje casi equilibrado en 20%”, añade el informe.

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires integra el Poder Judicial porteño como órgano permanente de selección de magistrados y de administración. Su función consiste en asegurar la independencia del Poder Judicial, garantizar la eficaz prestación del servicio de administración de justicia, promover el óptimo nivel de sus integrantes, y lograr la satisfacción de las demandas sociales sobre la función jurisdiccional del Estado.

Otro punto destacado del documento son las presiones por parte del Ejecutivo para que renuncie el juez Carlos Fayt. “El intento de controlar las designaciones de jueces provisorios en la Corte denota las injerencias del Poder Ejecutivo sobre la justicia, profundizando así el conflicto entre ambos poderes”, se explica.

Informan, asimismo, que el Consejo de la Magistratura también adolece de una sobrerrepresentación oficialista. Es decir, pueden aprobar decisiones fundamentales como la designación de jueces provisorios o subrogantes por mayoría simple.

“Por lo tanto, si bien la normativa y la jurisprudencia constitucional disponen que el Consejo de la Magistratura es un órgano compuesto equilibradamente por diversos estamentos, en la práctica la integración del partido mayoritario permite adoptar muchas decisiones por su solo acuerdo”, manifiestan los autores del mencionado escrito.

De esta manera, explican, los procesos de selección de jueces han pasado de ser mixtos (basados en méritos y en razones políticas) a ser casi exclusivamente políticos.

Indicaron: “Consideramos que la marcada influencia política en estos procesos no respeta los estándares interamericanos sobre independencia judicial. En esa línea, los adecuados procesos de designación y remoción de magistrados son fundamentales para asegurar la independencia de los jueces”.

Desde 2011, el Consejo de la Magistratura se halla en un estado de virtual paralización que le impide cumplir con sus funciones centrales: designación y remoción de jueces, indica el informe.

Por la parálisis en el sistema de designación de jueces se provocó la demora excesiva de la mayoría de los concursos.

El informe añade que en el año 2003, el entonces presidente Kirchner dispuso por medio del decreto 588/03 una serie de medidas de publicidad y transparencia para las designaciones. Sin embargo, el expresidente no estableció un plazo dentro del cual debiera enviar el pliego del candidato al Senado.

Otra falencia que destacan los expertos es que se el número de sanciones disminuyó en un 90% con respecto al período 2006-2010. Ello puede significar que “últimamente los magistrados cometen menos faltas en el desempeño de sus cargos o que el Consejo no ha actuado diligentemente en el proceso de investigación”.

Por último, el documento resalta una “injerencia indebida en el desempeño” del juez Claudio Bondadio por parte de la Cámara Criminal y Correccional que lo quiso apartar de la causa Hotesur que involucra a Cristina Kirchner, en su momento Presidenta de la Nación.

Finalmente, el informe sugiere que para volver al camino de la independencia y real equilibrio de poderes “se requiere una estrategia precisa y bien articulada para sacar al Consejo de la Magistratura de su parálisis”.

La necesidad más urgente es “el diseño de un plan de trabajo mediante el cual en un plazo de entre dos y cuatro años se reduzca de manera drástica el número de juzgados vacantes, al tiempo que se asegure la celeridad adecuada en la realización de los concursos para cubrir las nuevas vacantes”, concluyeron.

 

Belén Marty es Lic. en Comunicación por la Universidad Austral. Actualmente cursa el Master en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Conduce el programa radial “Los Violinistas del Titanic”, por Radio Palermo, 94,7 FM.

EL MIEDO DE LOS CORRUPTOS ANTE LOS ELEFANTES

Por Sergio Sinay: Publicado el 14/5/15 en: http://www.sergiosinay.blogspot.com.ar/2015/05/el-miedo-de-los-corruptos-ante-los.html

 

La despiadada cacería de un viejo juez desnuda la inmoralidad de los chacales y revive, a través de un poema, el valor de la metáfora

El salvaje, obsceno, impiadoso e inmoral ataque que una banda de corruptos en busca de impunidad ha desatado sobre el juez Fayt trajo a mi memoria un bellísimo poema del escritor inglés David Herbert Lawrence (1885-1930), autor de obras clásicas e imprescindibles, como “El amante de Lady Chaterley”, “Mujeres enamoradas” o “hijos y amantes”, entre otras. El poema es de una sutileza y una profundidad que ninguno de estos oportunistas, bocones y brutos a cargo de funciones gubernamentales o parlamentarias podría entender aunque viviera cien vidas. Se titula “El elefante se aparea lentamente” y aquí lo comparto, dedicándolo a las personas sensibles y a todos los viejos que siguen enseñando e iluminando caminos de honestidad, compromiso, decencia, responsabilidad y sentido para quienes vienen detrás:

El elefante, enorme y antiguo animal,

se aparea lentamente;

encuentra una hembra, no muestran premura

esperan

a que en sus vastos corazones cautelosos

poco a poco se encienda la emoción

rezagándose en los lechos de los ríos

mientras toman agua y comen hierbas

y corren en pánico por la maleza de la selva

con la manada,

y duermen en sólido silencio y despiertan

juntos, sin decir nada.

Tan lentamente sus grandes corazones

calientes se llenan de deseo,

y al fin se aman las grandiosas bestias en secreto,

ocultando su fuego.

Son los más viejos y sabios animales

por eso al fin saben

esperar la fiesta más solitaria

el banquete completo.

No arrancan, violentos, los bocados;

su sangre maciza se acerca

como las mareas a la luna, cada vez más

 

hasta tocarse en el torrente.

 

Sergio Sinay es periodista y escritor, columnista de los diarios La Nación y Perfil. Se ha enfocado en temas relacionados con los vínculos humanos y con la ética y la moral. Entre sus libros se cuentan “La falta de respeto”, “¿Para qué trabajamos?”, “El apagón moral”, “La sociedad de los hijos huérfanos”, “En busca de la libertad” y “La masculinidad tóxica”. Es docente de cursos de extensión en ESEADE. 

No hay justicia sin derecho a la propiedad:

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 2/3/15 en: http://www.lanacion.com.ar/1772576-no-hay-justicia-sin-derecho-a-la-propiedad

 

Durante la marcha de los paraguas la gente se manifestó por el fin de la impunidad; sin embargo, para la recuperación del país hace falta dotar al anhelo de volver a la ley de todo su alcance y sentido.

A un mes de la muerte de quien denunció lo que estimaba fue el encubrimiento del actual gobierno en la masacre de la AMIA, se realizó la multitudinaria marcha de los paraguas en Buenos Aires, manifestación que se replicó en otros puntos del interior del país y en distintas ciudades del extranjero, en una superlativa muestra de reflejos frente a lo ocurrido. Fueron expresiones de congoja y respeto por el fiscal muerto en condiciones extrañas y aun no esclarecidas por hacer su trabajo, de condolencia hacia su familia y de simpatía hacia sus colegas.

Ésta fue la cara visible de la manifestación. Había otra cara, menos visible, que trasuntaba el hartazgo por la inseguridad y la impunidad que reinan en el país. Con mi mujer agregamos dos paraguas a esta conmovedora y emocionante marcha del silencio, que esperamos sirva como una referencia moral para que las cosas salgan del fárrago en que estamos sumergidos desde hace años. Sin embargo, para evitar caer de nuevo en el desánimo, resulta indispensable hurgar en el fondo del problema que nos aqueja.

En estos días han consignado diversos puntos de vista sobre algunos de los aspectos de esa manifestación, pero quisiera subrayar un ángulo no expresado aún que estimo relevante para nuestro futuro inmediato.

El reclamo unánime de esa gigantesca marcha bajo una lluvia torrencial se resume en una palabra: justicia. Ahora bien, considero que en general muy pocos -de lo contrario no hubiera sido necesario llegar a la instancia de la marcha- se han puesto a pensar en todas las implicancias que tiene el término justicia, que según la definición clásica quiere decir, ni más ni menos, «dar a cada uno lo suyo». «Lo suyo» remite a la propiedad, primero del propio cuerpo y de pensamiento, y luego del fruto del trabajo de cada cual.

Si ponemos esto en el contexto argentino, no puede obviarse el pensamiento del artífice de la Constitución, Juan Bautista Alberdi, quien en Sistema económico y rentístico de la confederación argentina según su Constitución de 1853 escribió algunas reflexiones de gran calado que deberían tenerse presente en toda su extensión respecto a la relevancia de la propiedad: «Comprometed, arrebatad la propiedad, es decir, el derecho exclusivo que cada hombre tiene de usar y disponer ampliamente de su trabajo, de su capital y de sus tierras para producir lo conveniente a sus necesidades o goces, y con ello no hacéis más que arrebatar a la producción sus instrumentos, es decir, paralizarla en sus funciones fecundas, hacer imposible la riqueza [?] Pero no basta reconocer la propiedad como derecho [?] El ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado, en nombre de la utilidad pública».

Muy sesudas reflexiones por cierto, ya que la propiedad constituye el eje central de la sociedad abierta. Esa institución permite que los siempre escasos recursos estén administrados por las manos más eficientes vía el cuadro de resultados: sin privilegios de ninguna naturaleza, el que ofrece lo que la gente demanda gana, y el que se equivoca incurre en quebrantos. No sólo eso, sino que la propiedad da lugar a la coordinación de la producción a través del sistema de precios. No hay precios sin propiedad y viceversa. El llamado «control de precios» impuesto por el capricho burocrático no es tal; se trata de simples números que no expresan las valorizaciones cruzadas de los participantes en las transacciones. En este sentido, los precios hacen posible la evaluación de proyectos y la contabilidad; la ausencia de precios desfigura e imposibilita esos cálculos.

Sin propiedad privada la asignación de los siempre escasos recursos se encuentra a la deriva. Estrictamente, no se sabe si conviene construir carreteras con oro o con asfalto. El asalto a los derechos de la gente, que incluye el atropello a la propiedad, es lo que también explica el derrumbe del Muro de la Vergüenza en Berlín.

Los enemigos de la propiedad son los comunistas, los nacionalsocialistas y los fascistas. Los primeros proponen con Marx la abolición de esa institución; los segundos permiten que se registre a nombre de particulares, pero usan y disponen de los gobiernos para la destrucción de la propiedad de un modo más enmascarado pero más efectivo. Esto es lo que lamentablemente ocurre con frecuencia en el llamado mundo libre en muchos sectores clave, donde no se permite que queden librados a arreglos voluntarios aquellos que no lesionan derechos de terceros.

La propiedad remite al derecho a la vida y a la expresión del pensamiento, dos elementos fundamentales que son desconocidos en regímenes autoritarios. No se trata necesariamente de la exterminación de la vida física, pero sí de la liquidación de los sueños de vida que hacen a los proyectos de cada uno en cuanto al manejo de los asuntos personales. Y respecto de la expresión del pensamiento, los autoritarios le temen a la libertad de prensa y sus equivalentes, por eso la cercenan y asfixian; en el caso argentino, a través de medios estatales que no caben en una sociedad libre, amenazas y aprietes al periodismo independiente (una redundancia, aunque, dada la situación, vale el adjetivo). Por esto, no puede haber justicia sin propiedad, ya que en ese caso no hay «lo suyo» (y consecuentemente, en la medida en que se ataque la propiedad, se debilita la justicia).

Para que no hayan nuevas frustraciones como las que se reflejaron en la marcha de los paraguas es indispensable tener en cuenta las implicancias de la tan reclamada justicia. Éste no es un problema exclusivo de la gente en general, sino que, de modo muy especial, debe tenerse en cuenta en los debates intelectuales y en ámbitos dirigenciales de los más variados espacios. En el caso argentino, se ha llegado al extremo de que una integrante de la Corte Suprema escribió que la propiedad en nuestro medio «está intacta», como si no vinculara sus temerarias conclusiones con el cepo cambiario, la imposición de precios, la fenomenal carga tributaria y la estafa inflacionaria, entre otros muchos desquicios. Por su parte, intelectuales oficialistas se dirigieron al Tribunal Supremo para solicitarles prohibieran la marcha a la que nos hemos referido, al mejor estilo del totalitarismo más extremo.

Esta manifestación multitudinaria se llevó a cabo en el contexto de un default mayúsculo, un desbarajuste descomunal en la energía, subsidios a planes Trabajar que más bien deberían denominarse «descansar», fondos jubilatorios saqueados, gastos públicos siderales, deuda pública creciente, empresas estatales deficitarias en grado inaudito, incremento alarmante en la cantidad empleados públicos incorporados, funcionarios procesados que se burlan de todo y un fenomenal deterioro en los marcos institucionales, con una procuradora general de la Nación que se declara militante del partido gobernante, tal como un bombero que se declara partidario de los incendios.

Reencauzar el proceso populista argentino no es faena para timoratos ni para quienes marchan sin identificar las consecuencias de pedir justicia. Debemos meditar el asunto con cuidado para no pedir, en futuras elecciones, más de lo mismo con otro nombre, como ha venido sucediendo sistemáticamente en el país desde hace siete décadas. Tanto con un partido u otro o con militares, todos han contribuido a montar y fortalecer al Leviatán. Es tiempo de cambiar de paradigma y adoptar la tradición alberdiana, que nos colocó a la vanguardia de las naciones civilizadas antes de trocarla por un estatismo rampante.

Constituye una operación pinza de nefastas consecuencias el hecho de contar con un sistema educativo muy deficiente en el que, en lugar de transmitir los valores y principios de la sociedad abierta, avanza la visión gramsciana-autoritaria. Por otra parte, la degradación de los marcos institucionales no permite a las personas defender sus derechos.

Se ha dicho que esta marcha se diferencia de los sucesos de 1810, cuando el pueblo quería saber de qué se trataba, porque el 18 de febrero el pueblo sabía de qué se trataba. Pero para que esto sea cierto es imperioso detenerse a considerar qué significa la justicia y no quedarse en la superficie de un slogan vacío de contenido que no conduce a ninguna parte.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.

Sobre los mitológicos buitres

Por Aldo Abram. Publicado el 20/6/14 en: http://opinion.infobae.com/aldo-abram/2014/06/20/sobre-los-mitologicos-buitres/

 

Lamentablemente, en la Argentina, se ha impuesto un relato sobre lo que está sucediendo con el juicio de los holdouts en EEUU que tiene más de mítico que de realidad. Empecemos con la desmitificación:

a)     No hay que pagarles, son Fondos Buitres: Sería bueno preguntarle a quien acuñó y a quienes difundieron el apelativo “buitre”, un ave que se alimenta de la carroña, en qué lugar nos pone tal apelativo a los argentinos. Pasando a temas más serios, un bonista que tiene un título en cesación de pagos posee un derecho contra el Estado argentino que está determinado por las condiciones de su emisión original. Esto es independiente de que tenga el 1% o el 90% de lo que fue colocado. Actualmente, los títulos son emitidos con cláusulas por las que, si una determinada mayoría acepta cambiar las condiciones de emisión, la totalidad de los tenedores quedan incluidos. Sin embargo, la deuda que cayó de cesación de pagos no contenía dicha cláusula. Por otro lado, cuando un tenedor original vende sus títulos, quien los adquiere también lo hace con los derechos plenos que éste tenía contra el emisor, no importa cuánto haya pagado por esos papeles ni cuándo los haya comprado. En una palabra, desde un punto de vista legal, ser un tenedor original de un bono es lo mismo que poseerlo porque lo compró barato luego de la cesación de pagos.

 

b)     El fallo de Griesa afectará negativamente al mercado de capitales de EEUU: Esto es un absurdo. ¿Dónde preferiría un ahorrista o inversor colocar o prestar su dinero? ¿En una jurisdicción donde los jueces van a hacer respetar lo libremente pactado entre las partes o en donde las posiciones políticas determinarán si se tiene derechos o no? Sin duda que este tipo de fallos son los que hacen más confiables e incrementan el flujo de inversiones a los mercados financieros de EEUU, que son el corazón del mundo por el grado de respeto a los derechos y de los contratos.

c)      El apoyo a los holdouts de la Justicia de EEUU complicará el endeudamiento de los países pobres y/o emergentes:El Poder Ejecutivo local presentó la “gesta” contra los holdouts como una causa global contra el anarco-capitalismo y a favor de los países emergentes. En realidad, debieron acotarla a aquellos que, por la mala gestión de sus gobiernos, entran en default. Por lo que vimos en el punto anterior, el fallo de la Justicia de EE.UU. beneficia al conjunto de los emergentes; ya que hará más fácil y barato colocar deuda en dicha plaza. Para evitar que le suceda lo que a la Argentina, basta con poner la cláusula por la cuál con un porcentaje mínimo de aceptación de los tenedores, se generalizan los cambios de condiciones.

d)     La estrategia judicial del gobierno argentino: Si bien difícilmente hubiéramos tenido un fallo favorable, sí hubiera sido posible evitar que incluyera la decisión de que, si el gobierno lo incumple, se le embarguen los fondos que se envíen para pagar a la deuda estructurada. Imagínese que Ud. le debe dinero a alguien y, como no le paga, éste le hace un juicio. Entonces, el juez los llama a ambos al tribunal y, cuando usted entra a la sala, patea la puerta y grita que no piensa abonar lo adeudado aún si el magistrado falla en ese sentido. Eso es lo que ha hecho el gobierno argentino durante todo el trámite judicial. Ahora, entenderá el porqué de la decisión del Juez Griesa y de que tanto la Cámara de Apelaciones como la Corte Suprema se hayan negado a revisarla. En la Argentina, ante cualquier deuda fiscal que estime la AFIP, inmediatamente embargan las cuentas para exigir el pago. ¿Acá está bien y allá no?

e)     La Ley Cerrojo impedía que se le pague a los holdouts: Suponga usted que luego, durante el juicio que le hizo su acreedor, va a verlo al juez con toda su familia y le explica que, en una reunión, decidieron por unanimidad que no van a reconocer la deuda que tienen. ¿Qué pensará el magistrado? El gobierno argentino hizo sancionar en el Congreso una Ley por la que se desconocía el pasivo con los holdouts o sea el absurdo de que el deudor determine qué debe y qué no. Para colmo, el “cerrojo” se abría cuando al gobierno le convenía y, si no, era inviolable. De hecho, se suspendió para el canje de 2010 y ahora también lo está. Poco serio, ¿no?

Queda claro que la Justicia de EEUU falló de acuerdo a derecho, es decir, según las condiciones que libremente pactó el Estado argentino cuando emitió los bonos cuyo pago se reclama. No hay tal fantasía como una conspiración internacional anarco capitalista que abarque al Juez Griesa, a los de la Cámara de Apelación y a la Corte Suprema de dicho país. Entonces, debemos pensar qué es lo mejor para el país y, sin duda, es negociar una forma de pago con los litigantes que nos permita cumplir con el fallo. Si lo logramos, se cumplirá el deseo del gobierno de tener mayor acceso al crédito a tasas de un dígito. Si no, entraremos en una crisis con todo lo que eso significa en términos cambiarios, inflacionarios, de recesión y desempleo. Demandemos responsabilidad a nuestros políticos.

 

Aldo Abram es Lic. en Economía y director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) .