Soberanía, pueblo e impuestos

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2020/10/soberania-pueblo-e-impuestos.html

Difícilmente exista un ser humano que domine todos (absolutamente todos) los aspectos de una misma materia (por lo menos nosotros no conocemos ninguno), ya que cualquier materia es objeto de diferentes enfoques, según quien la estudie y la divulgue. Somos partidarios de la convicción de que el conocimiento nunca está acabado, sino que es un proceso continuamente evolutivo, sin fin, caso contrario seguiríamos creyendo que la Tierra es plana como antigua y popularmente se creía, y desconoceríamos la ley y gravedad como sucedía antes de que Newton la descubriera. Pero decimos notar cierta arrogancia del autor citado[1] cuando dice que las definiciones diferentes a la suyas “pecan …porque son parciales, así como lo es su propio enfoque de la materia”, porque daría la impresión que el sí posee el enfoque totalizador de la materia y no simplemente uno parcial.

“4. Diferencias entre impuestos y tasas. Se suele caer en confusionismo al analizar las raíces de ambas instituciones. Probablemente más de una errónea calificación del impuesto se origina en la confusión que se introduce, si no en la doctrina, en la práctica, al intentar la caracterización del impuesto y de la tasa. Ruzzo nos da la línea separatoria de la que es tan fácil desviarse. “Las diferencias entre impuesto y tasa nacen de este concepto fundamental: en el caso del impuesto, el Estado lo aplica en virtud de soberanía política, y en el caso de la tasa procede como empresario de ciertas actividades que, a menudo, tienen carácter industrial.”[2]

Para analizar esta cita primero debemos enmarcar el concepto de soberanía. Procedamos a hacerlo:

“Soberanía.

Para la Academia, calidad de soberano. | Autoridad suprema del poder público.

En el terreno jurídico, el problema de vieja y tradicional discusión es el de determinar en quién recae la soberanía, solución que depende del punto de vista que se adopte.

Sánchez Viamonte, escribiendo sobre el constitucionalismo, ha explicado con acierto y claridad que, en las repúblicas democráticas, no puede haber más soberanía interna o externa que la popular, por lo que, desde un punto de vista político, la soberanía es la voluntad de la mayoría, si bien la validez de la expresión de la voluntad mayoritaria ha de estar sujeta a su conformidad con el ordenamiento jurídico, precisamente porque la democracia es el Estado de Derecho, sometido a éste en la totalidad de su existencia y manifestación, de modo que la soberanía política quede subordinada a la soberanía jurídica, problema vinculado con los de la vigencia constitucional y de la supremacía de la Constitución. El mismo autor llega a definir la soberanía diciendo que es “la plenitud lograda por la voluntad política del pueblo para determinarse y para manifestarse, de suerte que está comprendida en ella la autolimitación o la sujeción de determinadas normas, establecidas como condición para su validez, y así, las formas jurídicas adquieren la importancia y jerarquía de condiciones impuestas a la soberanía… y de cuyo cumplimiento depende la legitimidad y validez de la voluntad política”.[3].

Siendo esto así, la soberanía política recae en el pueblo y no en el “estado” con lo que la definición de Ruzzo es equivocada. Pero hay más para decir a este respecto. El “pueblo” -como tal- tampoco existe como no existe el “estado”. Se trata de otra entelequia.

“Pueblo.

 En una acepción equivalente a población, ciudad, villa o lugar. | También conjunto de personas que componen un pueblo, provincia o nación. | Gente común y humilde de una población.

Este último sentido va perdiendo su importancia conforme van nivelándose las clases sociales.”[4]

La clave que nos da la definición anterior está en las palabras personas y gente. De donde la soberanía política que se dice reside en el pueblo significa -en último grado- que la unidad mínima de esa soberanía se localiza en cada individuo (persona, gente) que conforma esa etiqueta (pueblo) que es tal simplemente para designar a un conjunto de personas que viven en un determinado lugar, de igual manera que la palabra sociedad (de alcance más amplio) es otra etiqueta para designar a un grupo de personas en el sentido anterior (lugar) o temporal (por ejemplo cuando se habla de la sociedad antigua, contemporánea, etc.).

Entonces, y derivado de todo lo anterior, la soberanía política no es más que la suma de las soberanías individuales, y no puede ser al revés, ni puede ser independiente una de la otra sin caer en contradicción.

La unidad soberana es el individuo. Con lo que nuevamente Ruzzo está doblemente equivocado.

Ahora bien, si la soberanía política no es otra cosa que la suma de las soberanías individuales (personas, gente) no puede ser -al mismo tiempo- solamente la soberanía de la mayoría, con lo que Sánchez Viamonte también está equivocado, aun cuando pretenda subordinar esa soberanía mayoritaria a otra soberanía de orden jurídico.

Olvida el ilustre jurista que el ordenamiento jurídico no es un dato, no es algo “dado”, sino que su origen reside precisamente en la soberanía política, que es la que crea y -eventualmente- modifica ese mismo orden jurídico.

La historia de los numerosísimos derrocamientos, golpes de estado, revoluciones, tiranías y demás dictaduras desconociendo el orden jurídico preexistente a su establecimiento deberían ser prueba suficiente para convencerse que el “orden jurídico” no es un absoluto inamovible, y que no todos, ni en todos los tiempos se ha coincidido en el mismo. Es que hablar del “orden jurídico” en abstracto es irrealista. Lo que importa es estudiar el contenido de eso que se llama “orden jurídico” porque a este rótulo recurrieron todos los dictadores del mundo de todas las épocas para calificar al conjunto de las “leyes” dadas por sus regímenes despóticos. Si es por caso, ni la Alemania nazi, ni la Italia fascista, ni la Rusia comunista carecieron de un régimen legal, y a este régimen legal sus dictadores les llamaron del mismo modo “orden jurídico”.

Pero volviendo al tema, y para no extendernos sobre lo que pareciera una digresión, pero no lo es, porque es fundamental definir términos y aclarar conceptos, por todas estas razones Ruzzo se equivoca y su definición es inaceptable. Menos aun cuando -en función de la misma- autoriza a su entelequia (“estado”) a actuar como empresario.


[1] Mateo Goldstein. Voz “IMPUESTOS” en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15 letra I Grupo 05.

[2] Goldstein M. Ibidem.

[3] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial HELIASTA-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553

[4] Ossorio, ibidem.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

¿Nuevamente perderemos el tren?

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 19/9/20 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/09/19/nuevamente-perderemos-el-tren/

Para modificar este rumbo nefasto es necesario trabajar en las ideas de fondo, lo cual no ocurrirá si la oposición se debilita, se fracciona y se dispersa

Fernando Iglesias y Alfredo Cornejo

Fernando Iglesias y Alfredo Cornejo

Los argentinos ya hemos perdido muchos trenes pues han sido tantísimas oportunidades desperdiciadas para rectificar el rumbo del estatismo enfermizo que nos aplasta desde hace décadas. La última oportunidad fue con la fallida gestión anterior que, como he consignado antes, comenzó con el cuasi pornográfico y nada republicano bailecito en la Casa Rosada con la banda presidencial, con el intento de designar dos miembros de la Corte Suprema por decreto y la expansión de ministerios. Todos los demás fracasos están muy frescos como para detallarlos en el contexto de deudas alarmantes, inflaciones galopantes, impuestos insoportables, gastos elefantiásicos y entrega de obras sociales a piqueteros. Lo demás se convierte en anécdotas frente a tamaño resultado neto. Las intenciones no son relevantes, solo los resultados lo son. Se acepta asumir la enorme responsabilidad de gobernar para resolver problemas, las herencias se resuelven pero no son excusa para el desbarranque.

Ahora se vislumbra un nuevo estropicio que es de esperar se corrija el rumbo antes de descarrilar lo cual naturalmente no permitirá llegar a destino. Por una parte, la oposición parece empecinada en mostrar los mismos rostros del fracaso sin contemplar la posibilidad de la irrupción en escena de otras personas dentro de la misma coalición que no han estado en el primera plano en la administración anterior. En esta línea argumental la mayor parte de los responsables directos del PRO debieran dar un paso al costado y comprender que en estas lides las pruebas que terminan en un fiasco deben abrir paso a otros participantes, por ejemplo a miembros del Partido Radical más cercanos a Leandro Alem que a la Declaración de Avellaneda de 1945 y a la Coalición Cívica en general preferentemente quienes se mantengan en la muy meritoria defensa de las instituciones pero se abstengan de dar consejos sobre economía pues sus comentarios en esta materia han sido en no pocos casos desafortunados, más bien deberían repasar con atención cantos a la libertad como un todo en obras como la de Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo.

Por otra parte, en la medida que lo anterior no ocurra mayores serán los incentivos para fabricar espacios políticos nuevos lo cual naturalmente debilita y fracciona una oposición unida y reforzada en sus argumentos que no resultan suficientes cuando se limitan a la indispensable referencia a la independencia de la Justicia, pero a esta altura se hace necesario precisar y subrayar que al aludir a su definición clásica de “dar a cada uno lo suyo”, lo suyo remite a la institución básica de la propiedad y ésta a su vez se traduce en mercados libres, es decir, en el respeto recíproco.

Es sin duda muy importante refutar con fuerza los manotazos a la Justicia, la pretendida colonización del Legislativo y el uso y abuso de decretos del Ejecutivo junto con el apañamiento de corrupciones alarmantes y las amenazas a la libertad de prensa, pero como queda dicho es el momento de profundizar conceptos en vista del enorme peligro que corremos.

En todo caso, si se mantiene el mencionado empecinamiento en mostrar figuras responsables de la pérdida del tren más reciente y se consolidaran espacios políticos nuevos, esto será el clima ideal para que los espíritus autoritarios ganen terreno y se fortalezcan para desgracia de todas las muchas personas de bien que reclaman principios republicanos. Esto último fue la razón principal de los votos para la actual oposición. En esta instancia es menester alimentarla y fortalecerla pero no dividirla. Nos va la vida en esta experiencia.

Comprendo perfectamente bien el enojo por la llamativa tibieza de la gestión anterior, pero no es momento de revanchas sino de distinguir claramente el plano político del académico, lo cual precisamente permitirá el tiempo necesario para continuar con la batalla cultural, de lo contrario las batallas se convertirán en campales y nos sumergiremos en una noche de muy difícil retorno. Hace tiempo que la monotonía de lo mediocre nos invade por lo que venimos durando pero no progresando. Para modificar este rumbo nefasto es necesario trabajar en las ideas de fondo, lo cual no ocurrirá si la oposición se debilita, se fracciona y se dispersa. Por más que algunos bienintencionados sostengan que en última instancia un nuevo espacio se coaligará con la actual oposición, en la práctica naturalmente criticarán la oposición existente de lo contrario no tiene razón de ser un nuevo espacio. En este contexto la división resulta suicida. Como todo en la vida, se trata de un tema de prioridades y de balancear peligros. Se necesita cintura y buenos reflejos, lo contrario es lo mismo que detenerse a elaborar sobre los principios de la metafísica en el medio de un tsunami. Todo tiene un momento, recuerdo un relato de Ortega y Gasset que he utilizado antes cuando escribía que a cada cosa que decía un sacerdote que celebraba misa el monaguillo repetía “alabado sea Dios” hasta que el cura perdió la paciencia y le dijo a su circunstancial ayudante “mira, lo que dices es muy interesante pero no es el momento”. Y eso es aplicable a los que apuntan a abrir nuevos espacios políticos, por un lado y los que se aferran a comandos, por otro: puede ser interesante pero no es el momento. Estemos bien alertas pues es fácil caer en el peor de los mundos: encajar nuevos espacios políticos en un ángulo del ring con un discurso vibrante pero inocuo y, en el otro, las mismas caras de la oposición acompañado de un discurso antiguo y deshilachado con lo que la derrota será segura pues el atropello no tendrá límites por parte del chavismo vernáculo.

Entre muchos otros temas álgidos hoy se debate la coparticipación federal sobre lo que he escrito hace poco, pero en esta ocasión es pertinente repasar parte de lo dicho con algún agregado pues esta trifulca ilustra la indispensable clarificación de temas actuales que bien mirados remiten a la sustancia y no envueltos en lo meramente coyuntural.

El desmadre de la coparticipación fiscal comenzó con el golpe militar del 30 y se fue agudizando con el tiempo. Hoy el debate no contempla la fuente del federalismo y prefiere discutir en la banquina de la avenida central. El chusmerío en algunos medios prefiere la parla sobre quién manda y los secretos de palacio en lugar de advertir sobre lo mandado. En el caso que nos ocupa, es de esperar que el trámite ante la Corte prospere puesto que esa jurisdicción tiene rango provincial y consecuentemente le cabe las de la ley. Pero el asunto va mucho más profundo que la faena del leguleyo al efecto de precisar el significado original del espíritu federal. Recordemos que, entre muchos otros, Juan Bautista Alberdi resumió el fiasco del positivismo al sentenciar que “saber leyes pues, no es saber derecho.”

Originalmente en el plano político el desarrollo de la filosofía federalista se ubica en el siglo XVIII en el tratamiento constitucional en tierras estadounidenses de donde han bebido muchas naciones del mundo libre. Allí tuvo lugar uno de los debates más fértiles en la materia entre los federalistas y los antifederalistas (paradójicamente más federalistas que los federalistas).

La tesis central, luego desvirtuada en distintos países (incluso de un tiempo a esta parte en Estados Unidos a contracorriente de lo consignado en aquél debate fundacional), consiste en apuntar a los incentivos en dirección a mantener en brete al poder político para que se dedique a su misión específica de proteger derechos, apartándolo de otros menesteres que no le competen.

¿Cuál era la intención de la arquitectura presente en esta edificación? Estaba basada en la noción fundamental que son las provincias (en el caso norteamericano los estados) las que constituyen la nación y no el gobierno central, por tanto para establecer las debidas jerarquías en la copartipación fiscal son las provincias las que deben coparticipar al gobierno central y no a la inversa. En Estados Unidos al sugerir este procedimiento se referían “al poder de la billetera” de los estados miembros, incluso en el extremo hubieron quienes en aquel momento sostenían que no debía existir un gobierno central lo cual fue refutado con razón con el argumento de las relaciones exteriores y la defensa del conjunto.

En este contexto, los estados o provincias que componen la nación son las encargadas de recaudar todos los gravámenes, excepto los vinculados a la Justicia federal, las relaciones exteriores y la defensa. En todo caso la idea que subyace en el genuino federalismo es que independientemente de las ideas políticas de los gobernadores de las distintas jurisdicciones, todos estarán principalmente interesados, por una parte, que los habitantes no se muden a otra jurisdicción debido a cargas impositivas excesivas y, por otra, no ahuyentar inversiones para lo cual tienden a la implementación de tributos razonables situación que los obligan a mantener un nivel de gasto público ajustado.

Por supuesto que si a esto se agregan las reflexiones de Thomas Jefferson como embajador en París al recibir la flamante Constitución, otros grifos se hubieran cerrado. Expresó Jefferson en esa ocasión que si hubiera estado presente en la respectiva Convención hubiera introducido la prohibición de contraer deuda pública externa porque la consideraba incompatible con la democracia ya que compromete patrimonios de futuras generaciones que ni siquiera han participado en la elección del gobierno que contrajo la deuda.

En otros términos, si agudizamos las neuronas y repasamos el significado último del federalismo en sus fases iniciales, podríamos revisar en nuestro país la legislación para que apunte a lo que dejamos consignado con lo cual se cortarían de cuajo las escaramuzas que vienen ocurriendo en nuestro medio sin solución de continuidad desde hace décadas y podríamos reemplazar el sistema del chantaje y la extorsión del unitarismo disfrazado de un federalismo en verdad inexistente.

El sistema federal argentino no es una confederación, por ende el maltrato del gobierno central a las provincias bajo ningún concepto autoriza la secesión, pero de allí no se sigue que las distintas jurisdicciones deban someterse en silencio a los abusos del gobierno central. También es cierto que hay caudillejos que prefieren gastar en aventuras antirrepublicanas para que el gobierno central alegremente les transfiera recursos en un juego macabro a dos puntas. La solución consiste en abrirse paso y despojarse del statu quo y debatir propuestas que minimicen problemas recurrentes.

Este tema del federalismo es uno de tantos que es urgente explorar pero no habrá posibilidad si las defensas disminuyen debido a la parcelación de quienes se oponen al autoritarismo galopante que nos viene consumiendo. Perder otra vez el tren sería imperdonable. El ataque a la sociedad libre es demasiado intenso y persistente como para permanecer distraídos. Estamos jugando sobre el fleje. El tiempo apremia.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Argentina 2020 y los “estados fallidos”

Por Constanza Mazzina. Publicado el 15/9/20 en: https://www.clarin.com/opinion/argentina-2020-fallidos-_0_kRzUbLjHa.html

Protesta de la Policía Bonaerense en Puente 12, La Matanza, el 10/9. Por un instante, el fantasma de la anomia y la ingobernabilidad, nuevamente. Foto: Guillermo Rodríguez Adami –

La pandemia y la cuarentena más extensa del mundo han dejado expuestos los problemas estructurales del estado argentino: un estado grande pero débil. La anomia creciente y la falta de respuesta de un estado costoso pero altamente ineficaz, sumado a la baja calidad de sus capacidades estatales, completan un cuadro poco alentador.

Hace algunos años se hizo popular el concepto de “estado fallido”, el mismo hacía referencia a aquellos Estados que han perdido la capacidad de controlar el monopolio de la fuerza y la eficacia en proveer a su población los bienes públicos esenciales (principalmente la seguridad y la protección de la propiedad privada).

Varios autores señalan que el concepto de Estado fallido, identifica un “un vacío de poder en un país aquejado por el conflicto interno y con sociedades fracturadas y una legitimidad muy cuestionada, sin capacidad real de independencia territorial ni poder negociador a nivel económico” (Ruiz, 2011) y, también, como factores necesarios se destacan la “ineficiencia en atender las demandas ciudadanas básicas” (Zapata, 2014) y la “ingobernabilidad, entendida como la capacidad del Estado de contar simultáneamente con legitimidad y eficacia para garantizar su existencia” (Bartolomé, 2004).

Podemos identificar, entonces, las características clave para reconocer un estado fallido:

1. La ruptura del orden legal-constitucional, al perder el Estado el monopolio legítimo de las armas y su degeneración en la incapacidad de brindar seguridad a sus ciudadanos, pudiendo derivar en la propia represión hacia estos.

2. La incapacidad de dar respuesta a las necesidades básicas de su población, al no proveer bienes públicos y condiciones de bienestar, bajo un manejo deficiente de la actividad económica.

3. La ausencia de una institucionalidad consistente y reconocible, capaz de representar al Estadoante su población yconsecuentemente hacia el exterior.

Los recientes hechos que están ocurriendo en la Argentina, auguran un pronóstico sombrío sobre nuestra economía y sobre nuestra democracia. Si a eso sumamos la incapacidad del estado para proveer seguridad y protección a la propiedad privada, ¿estamos frente a una Argentina en proceso de convertirse en estado fallido?

Ciertamente no, pero no por ello debemos dejar de estar atentos. Aunque la caracterización es muy extrema, si repasamos los hechos de las últimas semanas -la crisis de seguridad en la provincia de Buenos Aires y la toma de tierras en todo el territorio nacional (desde el lago Mascardi a San Fernando)- una luz de alerta se enciende.

Así planteado, el estado argentino más que un “estado presente” o un “el estado te cuida”, enfrenta dos características que recién señalamos: la incapacidad de brindar seguridad a sus ciudadanos, pudiendo derivar en la propia represión hacia estos (como ya está ocurriendo en muchas provincias) y la incapacidad de respuesta a las necesidades básicas de su población, al no proveer bienes públicos y condiciones de bienestar, bajo un manejo deficiente de la actividad económica.

El país atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente, todos los indicadores de actividad económica se han desplomado, la credibilidad y la confianza se han roto. La cuarentena destruyó los lazos sociales y dejó al desnudo una sociedad fragmentada y en busca de “sálvese quién pueda”.

En este contexto, de desafíos inconmensurables, notamos un vacío de poder (que se traduce en ¿quién tiene el poder?) en un país aquejado por el conflicto interno (reviviendo la dicotomía Buenos Aires vs. Interior) y con sociedades fracturadas (una grieta que se abre cada vez más) y una legitimidad muy cuestionada (no de origen sino de ejercicio).

La ausencia de normas de convivencia como sociedad es la herencia más profunda que deja esta cuarentena, y de la que todavía no hemos tomado nota. El riesgo final de la anomia puede presentarse en distintas formas, una de ellas es la del estado fallido que aquí hemos descrito, otra, un conflicto violento de diversa intensidad. Lo dicho, nos deja, como ciudadanos, a la deriva: sometidos al arbitrio de un Estado que es parte y no juez imparcial, que tiene un trato distinto para amigos y enemigos y aplica la ley según su conveniencia. Hoy, en la Argentina, homo hominis lupus.

Constanza Mazzina es doctora en Ciencias Políticas (UCA), master en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE). Fue investigadora de ESEADE, Fundación F. A. von Hayek y UADE. Fue docente de la Universidad del Salvador en grado y postgrado y en el postgrado en desarme y no proliferación de NPSGlobal. Es profesora de ciencia política en la Fundación UADE.

¿Qué economías se recuperarán más rápido?

Por Adrián Ravier.  Publicado el 15/9/20 en: https://www.elcato.org/que-economias-se-recuperaran-mas-rapido

Adrián Ravier señala que el milagro económico de la recuperación de EE.UU. posterior a la Segunda Guerra Mundial se dio con una política fiscal fuertemente contractiva: el gasto público como porcentaje del PIB pasó de 44% del PIB a 9% en tan solo dos años.

Ante el COVID-19, surgido en un pueblo de China y extendido en pocos meses a cada rincón del mundo, los gobiernos decidieron aplicar una política de “cuarentena universal”. Con escasas excepciones, los gobiernos no distinguieron rangos de edad, ni tampoco aquellas ciudades o pueblos con menos densidad poblacional y menos exposición a los contagios. Fue la decisión política de aplicar una cuarentena universal, y no la existencia del COVID-19, lo que estranguló a la economía, destruyendo empresas y empleo.

Al mismo tiempo, los gobiernos enfrentaron esta situación con medidas fiscales y monetarias fuertemente expansivas, tratando de sostener la actividad y el empleo, pero, al mismo tiempo, agravando los desequilibrios fiscales y tomando preocupantes niveles de deuda. Si las medidas de cuarentena se suspenden hacia el cierre de este 2020, observaremos un 2021 con rebote de actividad económica y generación de empleo. Entonces tendremos que distinguir entre economías que rebotan lo suficiente para recuperar el potencial de producción y el pleno empleo y otras economías que quedarán más rezagadas, teniendo que esperar más tiempo para alcanzar nuevamente el potencial de producción precuarentena.

Al respecto, me parece oportuno recordar dos casos históricos que resumen estrategias de política fiscal bien diferentes. De un lado, el EE.UU. de posguerra; del otro lado, la Argentina del 2001.

El milagro de posguerra de EE.UU. con una política fiscal contractiva

David Henderson estudió en un artículo el milagro económico de posguerra en EE.UU. El gráfico #1 muestra que después de incrementar el gasto del gobierno federal del 6 al 44% del PIB durante la segunda guerra mundial (1939-1945), la política fiscal fue fuertemente contractiva volviendo a un nivel apenas superior al de preguerra. EE.UU. fue capaz de contraer el gasto del 44 al 9%, lo que significa una contracción de 35 puntos del PIB en tan solo dos años.

Figura #1: Gasto del gobierno federal como % del PBI, 1929-1950


Fuente: David Henderson, The U.S. postwar miracle.

Henderson explica que esto contribuyó al despegue de la economía americana a través de la fuerte creación de empleo, lo que logró captar a todos los soldados que volvían de la guerra e introducirlos en la estructura productiva.

La recuperación económica argentina tras su crisis del 2002 con una política fiscal expansiva

El caso exactamente contrario es el que ocurrió en Argentina tras su crisis del 2001-02. Tras abandonar la convertibilidad y devaluar casi un 300% su moneda, pesificando depósitos y rompiendo contratos, la economía cayó más de 10% del PIB en 2002. La pobreza llegó al 50% y el desempleo superaba el 20%. La manera en que se enfrentó la situación fue con un fuerte gasto público, que pasó del 25% de promedio que existió entre 1961 y 2002 al 44% existente en el 2013. Se crearon programas y planes sociales que permitieron pasar de 2 a 8 millones de beneficiarios. Las provincias crearon empleo público absorbiendo a los desocupados y subocupados, lo que permitió en 2008 mostrar tasas bajas de desempleo. La pobreza se redujo a la mitad.

Figura No. 2: Gasto público argentino como % del PBI, 1961-2013


Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda.

La situación, sin embargo, era algo distinta de lo que los datos mostraban. Lo cierto es que la política fiscal expansiva contribuyó a “ocupar” a los desocupados, pero el aparato productivo no pudo reactivarse para absorber a aquellos que no encontraban empleo. De hecho, tras recuperar el nivel de actividad de la década anterior, la economía no pudo crecer. Esto se explica en el gasto exorbitante que dejó ese gobierno, la presión tributaria récord, la alta inflación y un alto nivel de deuda interna. En esos años, incluso se estatizó el sistema de pensiones y se volcaron miles de millones de dólares al mercado en forma de gasto público.

Cuando Mauricio Macri dejó su Gobierno en el 2019, Argentina todavía tenía serios problemas para revertir este incremento del gasto público, chocando cualquier intento de austeridad con los derechos adquiridos por los necesitados.

El éxito en la recuperación económica 2021 dependerá de revertir la política fiscal 2020

Existe un factor común entre lo que hizo EE.UU. en el marco de la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo el Gobierno argentino ante la depresión del 2002 y lo que hoy hacen los gobiernos ante la situación actual de pandemia global: en los tres casos, ante la situación social compleja, los gobiernos decidieron aplicar políticas fiscales expansivas. 

La diferencia, sin embargo, entre el caso americano y el argentino se dio en el momento en que tuvieron que optar por un camino de recuperación. Estados Unidos retornó al nivel de gasto preguerra y dejó en manos del mercado la recuperación de la actividad y la generación de empleo. La economía americana emergió con un milagro económico sin precedentes que la colocó en un lugar privilegiado del orden económico mundial. Argentina, por el contrario, jamás pudo volver al gasto precrisis y dejó en manos del Estado la recuperación de la actividad y la generación de empleo. Se consumió el capital, se achicó el mercado y la presión tributaria aumentó junto a la deuda y la emisión. Incluso antes de la pandemia, en diciembre del 2019, Argentina aún no podía superar el nivel de actividad de 1998, cuando el gasto era más limitado.

Los gobiernos tendrán que elegir entre estos dos caminos. Quienes logren reducir el gasto público al nivel prepandemia, estarán dejando en manos de las empresas privadas la recuperación de la actividad y el empleo. Los gobiernos que fracasen en hacerlo y sigan el camino argentino con un mayor tamaño del Estado y una fuerte generación de empleo público, consumirán el capital y verán reducidos sus niveles de productividad, lo que impactará sobre ingresos y consumo.

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín. Publica como @AdrianRavier

El verdadero costo de la política se estima en 6% del PBI

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 15/9/2020 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/09/15/el-verdadero-costo-de-la-politica-se-estima-en-6-del-pbi/

El Presupuesto general parece reducido, pero es elevado cuando se lo relaciona por cada miembro de las cámaras legislativas y se agrega la masa salarial del total de empleados públicos

Sesión virtual y presencial en el Senado en tiempos de cuarentena (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)
Sesión virtual y presencial en el Senado en tiempos de cuarentena (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Cada vez que le preguntan al Presidente por qué no se baja el gasto de la política responde: “eso es una medida demagógica” y que no altera el Presupuesto. Incluso legisladores de Cambiemos como Fernando Iglesias o Daniel Lipovetzky, ahora diputado provincial, responden descalificando esa propuesta por considerarla poco relevante en términos de gasto público.

Es más, si alguien muestra, de acuerdo al proyecto de Presupuesto 2020, que el Senado tiene asignada una partida de $12.374 millones, lo que implica un costo operativo por cada legislador de la Cámara alta de $14,3 millones por mes. Mientras que la Cámara de Diputados tiene asignado $11.943 millones, con un costo operativo por miembro del cuerpo de $3,9 millones por mes.

Y, además, la Cámara de Senadores tiene a cargo 5.762 empleados, con lo cual cada integrante tiene, en promedio, 80 empleados y la Cámara de Diputados tiene asignados 5.220 empleados con un promedio de 20 por cada miembro (datos que surgen de la página 16 del presupuesto del Poder Legislativo), al margen de los 1.420 empleados de la Biblioteca del Congreso o de los 498 empleados de la imprenta, etc.

Como se decía, si alguien muestra estos datos, la respuesta es que ese importe es un porcentaje mínimo del PBI o del Presupuesto Nacional y que, además, constituiría un ataque a la democracia. Algo así como decir: “o nos dejan vivir como reyes a nosotros y malgastar la plata de los contribuyentes o son golpistas”. Una forma muy burda de justificar el robo legalizado, como lo llama Bastiat en su libro La Ley.

¿Pero es poco representativo el costo de la política como argumentan algunos políticos para defender el negocio de su actividad? En realidad, se financia con empleos no solo en el Congreso Nacional, sino en empresas públicas, en las administraciones provinciales y municipales.

La incidencia en las legislaturas provinciales

En un trabajo de la Fundación Libertad de Rosario que preside Gerardo Bongiovanni puede verse que en 2019 todas las legislaturas provinciales tuvieron un costo de $41.000 millones, con un cargo promedio de $2,8 millones por mes por cada uno de los 1.199 representantes de los 24 distritos que hay en el país.

Si se toma el Presupuesto 2020 de CABA, la Legislatura tiene asignado $6.176 millones para 60 legisladores, lo que determina un costo operativo de $8,6 millones mensuales por cada uno.

Pero el costo de la política es mucho más que esto. En total hay 3,7 millones de empleados públicos en el país repartidos en: 739.150 en Administración Nacional; 2.380.000 a nivel de las provincias y 606.000 en el conjunto de los municipios.En total hay 3,7 millones de empleados públicos en el país repartidos en: 739.150 en Administración Nacional; 2.380.000 a nivel de las provincias y 606.000 en el conjunto de los municipios (Adrián Escandar)En total hay 3,7 millones de empleados públicos en el país repartidos en: 739.150 en Administración Nacional; 2.380.000 a nivel de las provincias y 606.000 en el conjunto de los municipios (Adrián Escandar)

Cabe resaltar que en 2005 había 2,6 millones de empleados públicos. Es decir, en 15 años se elevó más de 42%, a un ritmo de 2,8% por año, más que duplicando el crecimiento vegetativo de la población en ese período.

La masa salarial de todos los empleados públicos sumandos de nación, provincias y municipios es del 12% del PBI, con lo cual ya se ve que no es se trata de un gasto menor. Y si se resta la masa salarial de las Fuerzas Armadas, Docentes, Fuerzas de Seguridad y Salud, el gasto salarial del aparato administrativo estatal llega a 6% del PBI.

De ahí que si esa parte de la burocracia estatal hubiese tenido la consideración de bajarse un 20% sus sueldos, teniendo en cuenta que el Estado, con su cuarentena feroz, dejó sin ingresos a muchas personas humildes y provocó la quiebra de miles de pequeños comercios y empresas, con el consecuente efecto de pérdida de puestos de trabajo en blanco no menor a 300.000 puestos, se hubiese mostrado algo de solidaridad con aquellos que los mantienen y se podrían haber ahorrado $270.000 millones, casi el monto de lo que se pretende recaudar con el disparate del impuesto a las grandes fortunas.

Pero el gasto de la política no está solamente en el presupuesto de los poderes legislativos a nivel nacional, provincial y municipal, más el despilfarro que se advierte en los poderes ejecutivos y judiciales, también está en lo que los políticos llaman planes sociales pero que en realidad son una fuente de corrupción y clientelismo.infobae-image

Clientelismo político también es haber llevado de 81.539 beneficiarios por invalidez laboral a 1.032.926, como puede verse en el gráfico. Casi un millón más sin haber tenido una guerra, un terremoto o un tsunami. Este programa tiene un costo de $156.487 millones para 2020, según el Presupuesto.

A esto hay que sumarle los 234.432 beneficiarios del programa Hacemos Futuro que nadie sabe de qué futuro se está proponiendo, 266.949 del Plan Proyectos Comunitarios, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo con 74.604, Becas Progresar 578.121 beneficiarios; y hay otros programas más.

Los políticos saben muy bien de qué se habla cuando se trata del gasto de la política. No es solamente el descomunal costo que genera cada diputado o senador nacional, provincial o municipal. Es todo un aparato de empleo público y “planes sociales” que han generado una gran masa de clientelismo político para tener el voto cautivo.

Claro que, en semejante masa de gasto político, los diputados y senadores tratan de justificarse diciendo que el costo que operativo de ellos, que es un verdadero disparate, no mueve el amperímetro. Esconden sus grandes beneficios detrás del inmenso gasto que no se limita al sueldo que cobra un senador, un ministro o el mismo presidente. Es la suma de todo el gasto político.

La cultura de la dádiva

Pero el mayor costo de la política que se transformó en un verdadero negocio, es el brutal cambio de valores que generó en la sociedad, por el cual se reemplazó la cultura de trabajo por la cultura de la dádiva, y donde el que es emprendedor, se esfuerza y trabaja, es castigado sin piedad con una carga impositiva asfixiante para sostener este negocio de la política, que en nombre de la solidaridad social, típico discurso para justificar un nuevo nicho de negocio de la política, no para de inventar planes sociales.

¿Por qué esta desesperación, tristeza y amargura de millones de personas que diariamente hacen el esfuerzo de levantarse para con lluvia, frío, calor, piquetes y mil complicaciones más ir a trabajar? Porque el fruto de todo su esfuerzo, que encima hoy está frenado por la eterna cuarentena, le confisca la mitad de su trabajo con impuestos para sostener el negocio de la política.

La gente decente trabaja cada vez más y vive cada vez peor porque el negocio de la política le confisca buena parte del fruto de su esfuerzo diario. ¿Esto significa que tiene que terminar la política? No, significa que tiene que terminar el negocio de la política que está destruyendo la Argentina.

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE. Síguelo en @RCachanosky

Los sindicatos y el poder estamental: de Platón a Perón

Tanto en La República platónica como en la Comunidad Organizada, los estamentos se mantienen equilibrados por la figura de un líder fuerte con profunda consciencia de qué es lo bueno y que no.

Los sindicatos y el poder estamental: de Platón a Perón

Todo camino introductorio a la filosofía suele converger en sus primeros peldaños en la figura de Aristocles, más popularmente conocido como Platón, que, según la conocida historia, vivió en Atenas, entre los años 427 y 347 antes de Cristo y fue discípulo y principal escriba de esa otra gran figura filosófica que fue Sócrates, el aguijón ateniense.

Hasta ahí, los hechos suelen ser medianamente conocidos, incluso por los que no necesariamente dedican su vida al pensamiento filosófico. Lo que no siempre se dice y se describe en su justa medida, es el contexto en el cual este pensador desarrolla su obra y, justamente, qué sentido tiene ésta para el marco social de su época y, lo que es incluso más importante, para la nuestra.

El gran desvelo del joven Platón, es la formulación de un orden social justo, que aleje la tan temida stasis (del gr. στάσις o guerra civil), que permita el desarrollo armónico de la sociedad y lo que era un clásico del pensamiento antiguo: la vida buena. Esta búsqueda no se daba en un contexto plácido para Platón, sino todo lo contrario. Como suele suceder con las grandes ideas que marcan nuestro destino luego, Platón escribe su tan famosa obra, en el marco de varios fenómenos políticos y sociales que terminarían confluyendo en la caída de Atenas y su pérdida de influencia definitiva en el escenario regional de su época. La rebelión de los treinta tiranos contra la incipiente democracia, que llevó a la muerte de más del 5% de la población ateniense, encabezada en parte por su tío materno Critias, la condena y posterior muerte de su mentor Sócrates, decidida por la voluntad popular, la guerra contra Esparta, el deterioro de las tradiciones y el auge de un sistema fundado en la voluntad de riquezas (de las que tanto desconfiaba), entre otros factores, marcaron definitivamente el pensamiento del joven Aristocles y lo llevaron a proponer ese orden social perfecto que se describe en La República.

En ésta, su obra más reconocida, Platón formula un orden social basado en la conservación de tres estamentos inamovibles: el de Los Filósofos, iluminados conocedores de lo bueno que tienen como principal carga pública la guía de los otros estamentos hacia esa vida buena, los Guardianes, especie de garantes de la seguridad comunitaria que deberán dedicar su vida a la protección interna y externa de la ciudad o polis y el estamento productivo, sobre el que Platón pone poca atención y esperanza, y solo invita a la moderación (voluntaria o impuesta) de sus pasiones.

Independientemente de los cientos de miles de consideraciones que han sido realizadas sobre una obra de tal relevancia, a los efectos de este artículo, baste decir que este intento de orden perfecto, basado en la armonía de cada estamento social, donde la paz y el progreso se consiguen en tanto y en cuanto cada cual haga aquello que ha venido a hacer, no se ha perdido con el tiempo, sino todo lo contrario. Aun cuando el mismo Platón abandona la posibilidad de que un orden así pueda ser sostenido, y ya en obras como El Político y Las Leyes, y con la madurez que traen los años, abandona paulatinamente el idealismo y lleva su producción filosófica por el sano camino de la moderación y el pragmatismo (camino que luego continuará su discípulo Aristóteles), ciertos resabios de este orden perfecto y planificado, continúan existiendo al día de hoy.

El Sindicato Policías provincia de Buenos Aires (Sipoba) se creó en 1989, pero no posee personería gremial. Su integrantes aseguran que la ex ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, la firmó, pero que luego fue

El Sindicato Policías provincia de Buenos Aires (Sipoba) se creó en 1989, pero no posee personería gremial. Su integrantes aseguran que la ex ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, la firmó, pero que luego fue “adulterada”. Ahora, reclaman ante la Comisión Internamericana de DDHH.Sipoba

La Comunidad Organizada es, tal vez, el libro de cabecera de todo buen peronista que quiera abrevar en las ideas principales que dieron forma al movimiento nacional fundado por Juan Domingo Perón. La lectura atenta de lo que el tres veces presidente argentino propone como un orden justo, tiene fuertes reminiscencias con ese sistema platónico que describíamos sucintamente hace unos instantes. Si bien el propio Perón era profundamente afecto a citar a Aristóteles, lo confesase o no, el realismo aristotélico quedaba inmerso en el campo de la pragmática del método, pero el idealismo platónico no dejaba de estar presente en el horizonte de sus fines.

Los estamentos del idealismo peronistas eran diferentes en composición, pero no en naturaleza. La iglesia, como garante moral, el ejército y las fuerzas de seguridad, como atalayas del orden, los sindicatos, como representantes de los sectores trabajadores, los empresarios, como poseedores del capital y, por encima de todos y velando porque todo en su justa medida y armoniosamente se ordene hacia la vida buena, el poder político, encabezado éste en la figura del Presidente de la Nación, encarnada en el propio Perón.

No es el fin de este artículo hacer una crítica profunda a este orden, ni desde un punto de vista normativo, ético o siquiera fáctico, sino tan solo señalar una particularidad que ha sido olvidada. Tanto en La República platónica como en la Comunidad Organizada, los estamentos se mantienen equilibrados por la figura de un líder fuerte con profunda consciencia de qué es lo bueno y que no. Sin ese líder, el sistema es impensado e incluso inviable.

La República Argentina convive en tal sentido entre dos órdenes con identidad profundamente diferente: aquél formal y contenido en la Constitución Nacional, que reconoce solo tres poderes y procedimientos legales para la conformación de éstos y uno material y fáctico, en donde Sindicatos, el clero, movimientos sociales y diversos otros grupos de presión, sostienen un poder para-democrático, con profunda influencia en las políticas públicas que nos rigen. Esto es algo que todo argentino conoce, pero de lo que rara vez se habla, como esos secretos de familia que es mejor no ventilar, para que nadie se incomode.

Baste decir para concluir este artículo que la convivencia de ambos sistemas ha demostrado su fracaso, no solo en el deterioro paulatino de las instituciones republicanas, sino en el magro desarrollo económico y social de nuestro país. Una constitución de origen liberal y un ordenamiento de poder que en la práctica obedece a un sistema estamental o corporativo, no conviven en ningún otro lugar del globo y, tal vez, eso explique por qué Argentina sigue siendo ese cisne negro que a contramarcha de todo el mundo civilizado, retrocede en lugar de avanzar.

Y a lo anterior, proponemos una reflexión extra: ¿cuán vigente sigue incluso, en su original naturaleza, ese orden corporativo ya sin su mentor presente y con una presidencia cada día más debilitada desde el poder fáctico? ¿Cuán sostenible es ese idealismo platónico peronista, cuando la columna vertebral del movimiento y sus derivados coyunturales, los así llamados movimientos sociales, no responden a un poder fuerte que debe guiarlos al bien común sino que se ordenan por una lógica de apropiación de poder y recursos absolutamente particular?

Preguntas que, como esos secretos de familia, nos vendrán a golpear la puerta, inevitablemente, en la noche en la que parece estar entrando nuestro querido país.

Mauricio Alejandro Vázquez es Título de Honor en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, Magister en Ciencias del Estado por la Universidad del CEMA, Magister en Políticas Publicas por la Universidad Torcuato Di Tella y coach certificado por la International Coach Federation. Ha trabajado en la transformación de organismos públicos y empresas. Actualmente es docente de Teoría Política, Ética, Comunicación, Metodología y administración en UADE y de Políticas Públicas en Maestría de ESEADE. También es conferencista y columnista en medios como Ámbito Financiero, Infoabe, La Prensa, entre otros. Síguelo en @triunfalibertad

Escenario macroeconómico 2020/21

Por Adrián Ravier.  Publicado el 15/9/20 en: https://www.cronista.com/columnistas/Escenario-macroeconomico-202021-20200914-0057.html

Esta nota busca de resumir cuantitativamente cómo cierra la economía 2020 y qué puede deparar el escenario 2021.
Tocará cuatro temas centrales como lo son la actividad económica y los desequilibrios fiscal, monetario y cambiario.

El supuesto clave para la elaboración de este escenario consiste en imaginar que la política de cuarentena aplicada a lo largo y a lo ancho de todo el país, con un impacto negativo sobre la actividad, el empleo y la recaudación fiscal culmina en una fecha cercana a diciembre de 2020. Si esto no ocurre, entonces el escenario sería más pesimista.
Cómo cerraría el 2020 La economía argentina caería en 2020 en una proporción mayor que la ocurrida en 2002, lo que convierte a la recesión de este año en la más profunda de nuestra historia. Algunos analistas la estiman en torno a una
baja del 14%, suponiendo que la cuarentena se extienda hasta fin de año.

La destrucción de empleo también resulta preocupante, con una tasa de desocupación que ya se elevó del 10% al 15% según indicadores oficiales, pero que puede seguir escalando si no se detiene el cierre de empresas.
La caída en la actividad lógicamente redujo la recaudación fiscal, lo que contribuyó a ampliar el desequilibrio fiscal. Que el gobierno haya intentado en este contexto de baja recaudación sostener la actividad abonando la mitad de los salarios de las empresas privadas y otorgando subsidios a numerosos sectores de la economía, condujo al Estado argentino a un desequilibrio fiscal primario que saltó de menos del 1% del PIB en diciembre de 2019 a alrededor de 10% del PIB al cierre de 2020.

En una economía con una merma en la recaudación del 50% en el peor momento de la cuarentena, no había margen para sumar nuevos impuestos; el acceso a deuda también estaba limitado por la negociación con acreedores privados que recién acordaron en agosto, pero que aun resta un acuerdo con el FMI; lo único que el gobierno pudo hacer para financiar esa expansión de gasto público fue monetizar el desequilibrio fiscal, lo que generó un desequilibrio monetario de dimensiones alarmantes.
Para evitar o al menos reducir el impacto inflacionario en el corto plazo, la autoridad monetaria decidió en 2020 esterilizar la liquidez inyectada, y para ello, volvió a armar la ya usual “bola de nieve” de Leliq, que sólo puede sostenerse a fuerza de ir ofreciendo tasas de interés que superen el nivel de inflación esperada.

La inflación 2020, sin embargo y para sorpresa de muchos, luce “controlada”, pues su nivel sería inferior a aquel con el cual cerró 2019. ¿Cómo se explica esto? Porque la política de cuarentena con su incertidumbre consecuente generó un nivel de atesoramiento récord que permitió retirar transitoriamente dinero de
circulación, mientras la autoridad monetaria la expandía. A su vez, congelar tarifas e imponer un cepo cambiario muy restrictivo para la compra de divisas, sumado al efecto deflacionario que siempre provoca la recesión, se torna en un elevado nivel de inflación reprimida, que si bien en el corto plazo se puede sostener, implicarán un alza en la inflación futura, especialmente si llegara a desarmarse la “bola de nieve” de Leliq.
En el frente cambiario, el dólar oficial ha subido gradualmente al ritmo de la inflación, pero dada la baja cantidad de reservas en dólares, y la fuerte expansión del circulante, los analistas entienden que eventualmente habrá una corrección o crisis cambiaria que puede tener también impacto inflacionario.

Resulta complejo definir el nivel de rebote en la actividad que podríamos visualizar en 2021, pero quizás resulta un escenario plausible imaginar que el rebote podría ser del 50% de la caída de 2020. Si Argentina cae 10% por ejemplo, la economía podría llegar a recuperarse un 5%. Está claro que ese “crecimiento” de la actividad parte del pozo de 2020, y no del pico alcanzado en marzo de 2018, previo a la sequía y a la crisis cambiaria del gobierno anterior.
Tomará un largo tiempo recuperar el nivel de actividad potencial que Argentina tenía en el pico previo al escenario del Covid-19. Recordemos que ahora mismo la capacidad instalada está siendo utilizada en un nivel cercano al 40 %.
El rebote en la actividad mejorará la recaudación, lo que contribuye a reducir el desequilibrio fiscal primario del 10%. El presupuesto 2021 estima, de hecho, una mejora en la actividad económica del 5%, una mejora en la recaudación sustancial, lo que permite reducir el desequilibrio fiscal al 4,5%.
La reducción del desequilibrio fiscal del 10% al 4,5 % es plausible, pues el gobierno estaría estimando una mejora en la recaudación de 2%, mientras interrumpe algunos de los subsidios de 2020, una vez que ya no deba abonar la mitad de los sueldos de las empresas.
El ritmo de emisión monetaria, sin embargo, podría reducirse, aunque sigue siendo preocupante la necesidad de monetizar 4,5% de déficit fiscal, sumado al exceso de oferta impulsado en 2020.
En economía siempre explicamos el problema del timing, como un problema que nos impide definir con exactitud el momento en que podría desencadenarse un shock de cualquier tipo. En este escenario que estamos estudiando, sin embargo, sí podemos definir que Argentina se encuentra muy comprometida en el plano inflacionario.
Si en algún momento la gente se resiste a renovar los plazos fijos, esto dificultará a los bancos para renovar las Leliq, lo que haría que estás últimas sean monetizadas, generando un shock monetario en el mercado con un
fuerte impacto inflacionario. Algo similar sufrió el gobierno anterior con las Lebac.
Cuando este shock inflacionario ocurre la gente empieza a visualizar que el dinero se le “derrite” en las manos, y es allí cuando opta por ir masivamente al dólar para resguardar sus ahorros, lo que amplía la brecha entre el dólar oficial y el “blue”, provocando una crisis cambiaria que a la vez retroalimenta la inflación.

Con elevada inflación, la pérdida de poder adquisitivo eleva el costo de vida, dejando a más cantidad de gente por debajo de la línea de la pobreza, pero a la vez iniciando una compleja puja salarial y de ingresos donde el sindicalismo juega un rol central.
El círculo vicioso no se puede detener hasta que el gobierno muestra un plan económico que genera confianza en el mercado, lo que normalmente constituye un cambio de equipo económico, y a veces de gobierno.
Reflexión final
El acuerdo con acreedores privados es una buena noticia. También lo sería un acuerdo con el FMI, que seguramente costará más tiempo. Ambos esfuerzos lograrían patear el capital y los intereses de deuda, dando aire al Gobierno para enfrentar la situación descripta, además de reducir el riesgo país.
El Gobierno no debe, sin embargo, pensar que estos acuerdos le dan aire para continuar por el camino 2020 de ayudas y subsidios. Argentina necesita plantearse un camino de sustentabilidad que le permita recuperar
actividad, empleo y recaudación, alcanzando un superávit fiscal primario que le permita -llegado el momento enfrentar las obligaciones comprometidas en los acuerdos de deuda 2020.
Para ello los países de la región ya han afrontado una serie de reformas que Argentina mantiene pendientes y sobre las cuales el FMI pondrá el ojo al negociar su deuda: reforma integral del estado, reforma impositiva, reforma laboral y reforma previsional. ¿Podrá cambiar el rumbo la Argentina antes de una nueva debacle?
Soy pesimista

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín. Publica como @AdrianRavier

¿Cuándo explota todo esto?

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 5/9/20 en: https://eleconomista.com.ar/2020-09-cuando-explota-todo-esto/

La pregunta formulada en el título de esta nota periodística se viene reiterando desde tiempo inmemorial en nuestra tierra argentina, aparentemente sin advertir que ya ha acontecido una secuencia ininterrumpida de explosiones que prometen seguir su curso si no cambian las políticas estatistas que nos vienen asfixiando.

Hay algunos distraídos que mantienen que debemos tocar fondo para reaccionar, sin advertir que la desgracia nunca toca fondo y que la situación no se revierte mientras se persista en el error. En tanto se atribuya la decadencia a nexos causales distintos a las verdaderas razones que conducen a la situación de permanente emergencia y zozobra, mientras esto ocurra no hay esperanzas. Solo podrá salirse del pozo con un buen diagnóstico y buenas medidas que apunten en dirección al respeto recíproco, es decir, a la necesaria garantía y protección de los derechos individuales, lo cual abre cauce a la energía creadora que no solo se basa en valores morales sino que permite el mayor bienestar material para todos pero muy especialmente para los más necesitados.

Quiero volver aquí a la pandemia que hoy asola al mundo, un asunto que he tratado antes pero estimo necesario explorar otras aristas que presenta este delicado tema. Personalmente no quisiera estar en los zapatos de gobernantes que apuntan al resguardo de la invasión que implica un virus que presenta riesgos mayúsculos. Ni los médicos especialistas de mayor prestigio en la materia saben como defenderse de este flagelo. En todo caso saben que la prudencia indica que deben evitarse aglomeraciones en teatros, estadios y equivalentes que fortalecen y aceleran la difusión del virus de marras.

Y en este caso no es cuestión de simplemente confiar en la responsabilidad de cada cual, del mismo modo que -salvando las distancias- si andan asesinos sueltos nadie en su sano juicio concluiría que es un tema que se limita a la responsabilidad individual sino que hay que detener a los probados asesinos. En el campo de lo que ahora comentamos, se trata de adoptar medidas de aislamiento y prevención al efecto de evitar la lesión de derechos de terceros. Sin duda que estas políticas no deben pasar de contrabando disposiciones arbitrarias que afecten innecesariamente el desenvolvimiento de las personas. Todos los gobiernos del mundo han dado marchas y contramarchas en esta materia sin dar en la tecla frente a este peligro manifiesto y presente que a todos tomó por sorpresa.

Como hemos dicho antes, cuando aparezca la vacuna todo cambia radicalmente pues en lugares privados y públicos si se considera hay riesgo de contagios se pedirá el certificado correspondiente de vacunación sin necesidad de otras medidas hasta que pase la pandemia (igual que hoy en países civilizados no se pide comprobantes de la vacuna contra la fiebre amarilla y similares).

Por supuesto que como también hemos puesto de manifiesto, bajo ningún concepto debe tolerarse que con el pretexto y escudados en la pandemia, hayan gobiernos que propinen manotazos a la Justicia, pretendan colonizar al Poder Legislativo, usen y abusen de decretos del Ejecutivo, se amenace a la prensa, se expanda el gasto público, se incrementen los impuestos, se aumente la deuda estatal, se emita sideralmente moneda, se intensifiquen absurdas regulaciones como precios máximos y otras sandeces, se invada la propiedad privada y se pretendan encubrir corrupciones varias.

Pero la referida cadena de explosiones en los que los estallidos van en aumento no irrumpieron con la pandemia, en el caso argentino vienen de la friolera de hace siete décadas y se deben a la machacona persistencia de lo que en ciencia política y economía se conoce como “la tragedia de los comunes”, esto es la manía de acrecentar la propiedad estatal lo cual modifica de raíz los incentivos tan bien explicados, entre muchos otros, por Ronald Coase, Harold Demsetz y Douglass North: lo que es de todos no es de nadie, hasta la forma en que se toma café y se encienden las luces no es lo mismo en lo que es privado que cuando se dice es de todos.

La colectivización se traduce en la apología de lo abstracto y el ataque a lo  concreto. Borges lo ilustraba muy bien cuando se despedía de sus audiencias: “me despido de cada uno y no digo todos que es una abstracción mientras que cada uno es una realidad.” Pues la extensión de lo colectivo es el grave problema de las naciones empobrecidas, mientras que la asignación de derechos de propiedad es atributo central del progreso. Es como escribió el padre de la Constitución estadounidense, James Madison: “el gobierno ha sido instituido para proteger la propiedad”, lo cual también suscribe con énfasis entre nosotros Alberdi,  y por las razones opuestas es que Marx propone “la abolición de la propiedad”.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

El grave problema de politizar lo no politizable

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 5/9/20 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/09/05/el-grave-problema-de-politizar-lo-no-politizable/

Un análisis sobre los graves inconvenientes de encajar en espacios comunes lo que por su naturaleza se administra con mucha mayor eficiencia y mejores resultados para las partes involucradas y para terceros si se asignan derechos de propiedad

FOTO DE ARCHIVO: Una bandera argentina flamea sobre el Palacio Presidencial Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina 29 octubre, 2019. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

FOTO DE ARCHIVO: Una bandera argentina flamea sobre el Palacio Presidencial Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina 29 octubre, 2019. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Desde Aristóteles la política alude a los espacios comunes y en todos los textos de teoría política se subraya que la acción en esa materia apunta a la administración de esos territorios que en esta instancia del proceso de evolución cultural se concreta a través de lo que Max Weber denominó el monopolio de la fuerza, es decir, el gobierno. Antes hemos recordado que, entre otros, Leonard Read ha objetado la expresión “gobierno” pues con razón señala que significa mandar y dirigir que es lo que cada persona debe hacer con su vida por lo que sugiere se utilice “agencia de seguridad” o equivalentes, de lo contrario, sigue diciendo, la confusión resultante es igual que llamar “gerente general” al guardián de la empresa.

De entrada declaramos que esta nota periodística no es apta para conservadores, es decir aquellos enredados en telarañas mentales que no conciben nada nuevo que se salga de lo rutinario. Lo que queremos estudiar brevemente en estas líneas son los graves inconvenientes de encajar en espacios comunes lo que por su naturaleza se administra con mucha mayor eficiencia y mejores resultados para las partes involucradas y para terceros si se asignan derechos de propiedad. Tengamos en cuenta que este derecho vital surge del hecho de no haber de todo para todos todo el tiempo, esto es, las necesidades son ilimitadas y los recursos para atenderlas son limitados. De allí derivan los precios y la necesidad de economizar esos recursos escasos al efecto de darle el mejor destino posible. En este contexto, los que le dan buen uso atendiendo los reclamos de su prójimo obtienen ganancias lo cual naturalmente engrosa sus patrimonios y los que no aciertan incurren en quebrantos, una situación esta última que debilita patrimonios. Lo interesante de este proceso es que cada uno para mejorar su situación personal no tiene más remedio que mejorar la condición de sus semejantes. Así, las posiciones patrimoniales relativas no son irrevocables, van cambiando a medida que cambian los gustos y las preferencias de la gente. Desde luego, lo que no es admisible en una sociedad abierta es que se opere en base a privilegios de quienes se alían con los aparatos estatales para explotar a los demás recurriendo a mercados cautivos, exenciones impositivas, aranceles, subsidios y demás prebendas.

Ahora bien, desde 1968 Garret Hardin en la revista académica Science oficializó lo que se conoce como “la tragedia de los comunes”, un concepto de venia de tiempo inmemorial desde las críticas al comunismo de Platón pero su bautismo lo hizo más patente y cercano. Puesto de modo sobresimplificado apuna a señalar que lo que es de todos en definitiva no es de nadie por lo que su uso no es el mismo respecto a cuando el bien en cuestión es privado. Tal como han apuntado autores como Ronald Coase, Harlod Demsetz y Duglass North, es clave el asunto de los incentivos: no es el mismo trato cuando el bien es privado que cuando es estatal.

Es frecuente que el empecinamiento colectivista transforme todo en un antropomorfismo con lo que se machaca que el “pueblo dice” tal o cual cosa, “la nación se pregunta” sobre tal otro asunto, hasta hemos visto en algunos titulares de periódicos el dislate que Estados Unidos “medita” sobre cierta cuestión a lo que África “contesta” de tal o cual manera. En esta curiosa línea argumental, “la sociedad” piensa, se ríe, se enoja y hasta copula.

Cuando irrumpen distraídos que mantienen que “hay que priorizar lo colectivo frente al individualismo” están de hecho diciendo que debe darse prelación a lo abstracto antes que a lo concreto. Como solía decir Borges al despedirse de su audiencia, “saludo a cada uno y no digo a todos porque cada uno es una realidad mientras que todos es una abstracción”. El individualismo respeta y toma como sagrado al individuo en sus derechos y por ende en su dignidad. La caricatura grotesca del individualismo que lo dibuja como una especie de narcisista-aislacionista en verdad alude al colectivismo socialista que impone restricciones, cortapisas y supuestos proteccionismos y consecuentes fronteras alambradas a las relaciones entre las personas, muy al contrario de lo que pretenden los individualistas que maximizan y estimulan las relaciones abiertas entre las personas dentro y fuera del país.

Cuando concluimos que no es conveniente politizar lo no politizable no estamos diciendo que no es posible hacerlo, de hecho es lo que viene ocurriendo en distintas partes del mundo. El manotazo del Leviatán siempre es posible, no es necesario recurrir al chavismo con la sandez de su “exprópiese” para percatarse del problema agudo que esa política provoca, especialmente para los más necesitados. Lo que estamos señalando es su inconveniencia, no su imposibilidad.

Ilustremos este tema solo con un ejemplo: el caso de las mal llamadas empresas estatales. Mal llamadas porque el aspecto medular de la actividad empresaria propiamente dicha consiste en arriesgar recursos propios y no utilizar por la fuerza el fruto del trabajo ajeno. La denominada empresa estatal significa un problema desde el mismo instante en que se constituye puesto que inexorablemente se traduce en una alteración en las prioridades de la gente desde reglones más urgentes a ámbitos menos perentorios. Si el gobierno fuera a hacer lo mismo que hubiera hecho la gente con sus siempre escasos recursos no tendría sentido su intromisión con el consiguiente ahorro de gastos administrativos. Por otra parte, cuando se sostiene que el aparato estatal encara actividades que el sector privado no cubre debido a que son antieconómicas pero, se sigue diciendo, son necesarias para, por ejemplo, atender a pueblitos aislados. Este razonamiento no percibe que ese emprendimiento compulsivo al ser antieconómico desperdicia o derrocha recursos con lo que la sociedad en su conjunto se empobrece por lo que la cantidad de pueblitos aislados se multiplica hasta que, si se insiste en estas políticas, todo el país queda como inviable y aislado económicamente.

De cualquier manera, el punto central en este análisis de las llamadas empresas estatales es nuevamente uno de incentivos: hasta la forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma en una empresa privada que en una estatal. Por este tema crucial de los incentivos es que se hace necesario extender al máximo la asignación de derechos de propiedad en todo lo que sea posible.

Es sumamente relevante percatarse que lo político está en la esfera de las burocracias que si van más allá de la protección de derechos significa la expropiación de lo privativo de cada cual y, por otro lado, lo privado se encuentra en el ámbito de lo que pertenece a la gente, en definitiva quienes deciden sobre lo que les concierne o de lo contrario, decide el político sobre la vida y hacienda de cada persona. No hay otra opción, del mismo modo que la mujer no puede estar semi-embarazada. Y tengamos en cuenta que nunca y bajo ningún concepto hay conflicto de intereses entre las autonomías individuales y el interés general mientras el gobierno se limite estrictamente a la protección de derechos. Como bien han definido Michael Novak y Jorge García Venturini, “el bien común es el bien que es común a cada uno” es decir el respeto recíproco, la preservación de los derechos de cada persona. Por supuesto que si hay parásitos que apuntan a vivir de lo ajeno, se amontonarán para expoliar al resto en manifestaciones permanentes. Pero si se da rienda suelta a la envidia y a las pasiones más bajas las relaciones sociales se convierten en conflictos irreconciliables. Es en este contexto donde se reclaman líderes en lugar de cada uno liderar sus propias vidas al efecto de así evitar que con mayor facilidad lo que pertenece al vecino se succione por la fuerza, un atraco encabezado con entusiasmo por el caudillo del momento.

Si observamos la actitud de políticos desde la tribuna en campaña o los discursos parlamentarios y equivalentes veremos que siempre se trata de personas enojadas, más o menos a los alaridos, siempre apuntando con el dedo y generalmente mostrando los dientes puesto que en todos los casos hay enemigos que combatir, guerras que hay que librar, lo cual, como entre otros ha puesto de manifiesto Bruno Leoni, contrasta abiertamente con lo que ocurre en el mercado donde en las transacciones libres las partes siempre ganan y se agradecen entre si en un clima de paz y armonía, donde no hay escaramuzas campales, trifulcas horrendas, alaridos amenazantes ni conflictos dentro de un necesario respeto recíproco. Es a esto último por lo que debe velar el gobierno, es decir, la seguridad y la justicia para que no hayan lesiones al derecho, lo cual es generalmente lo que los gobiernos no ofrecen con el suficiente esmero pues se dedican a muchos otros menesteres que no les compete por lo que se apoderan en grados crecientes del fruto del trabajo ajeno a través de impuestos insoportables, deudas colosales, inflaciones varias al efecto de financiar gastos elefantiásicos para asegurar sus permanentes aventuras ilegítimas. Es cierto que los liberales recurrimos a la metafórica expresión “batalla cultural” para referirnos a las faenas en el aula y en la redacción de textos para argumentar a favor de la libertad, pero, como decimos, en el proceso de mercado -es decir en materia de arreglos contractuales entre partes- solo hay agradecimientos recíprocos y no luchas, discursos altaneros, amenazas y furiosos enojos en medio de gritos ensordecedores. En el calor de la política, la lucha no tiene nada de metafórica: los improperios, las denuncias, las chicanas, las acusaciones de traición y las exigencias de lealtades absolutas están a la orden del día. En cambio en la así denominada batalla cultural cuanto más refinado y sofisticado el argumento en clase, en una conferencia académica o en un libro, más apreciado resulta todo en el contexto de modales siempre considerados respecto de teorías rivales que son esenciales al efecto de las corroboraciones provisorias que se tornan más rigurosos en la medida que surgen refutaciones solventes.

A contracorriente de lo dicho se ubica el colectivismo, esto es la manía por ampliar el campo de lo colectivo, de extender la tragedia de los comunes en base al retorcido “darwinismo social”. Esto significa la extrapolación ilegítima del campo de la biología al campo de la cultura. Como es sabido, Darwin tomó la idea del evolucionismo de Mandeville, que lo concibió para el campo de las relaciones interindividuales para, como queda dicho, aplicarlo al reino de la biología. Así en este campo la especie apta descalifica a la inepta, pero en el contexto de las relaciones sociales el más fuerte trasmite su fortaleza a los más débiles a través de las tasas de capitalización que constituyen un único factor que permite aumentos en salarios e ingresos en términos reales, a saber, instalaciones, equipos, maquinarias, herramientas y conocimientos relevantes que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento.

La degradación de la noción original de la democracia se ha convertido en una carrera electoral para comprobar quién promete más desatinos, lo cual hace que los espacios públicos se ensanchen y se encojan los privados con los apuntados resultados respecto a la consecuente ampliación del grado de politización. En este sentido, se hace imperioso imaginar nuevos límites al abuso del poder, de lo contrario resultará imposible zafar del círculo vicioso en el que nos encontramos. Afortunadamente hay un debate en curso sobre esos límites, discusión que debe ser alentada para encontrar cauce a lo que planteamos en esta nota.

Es muy ilustrativo y apropiado cerrar este texto con un pensamiento de Ortega y Gasset en El espectador: “Ahora, por lo visto, vuelven muchos hombres a sentir nostalgia por el rebaño. Se entregan con pasión a lo que en ellos había aun de ovejas. Quieren marchar por la vida bien juntos, en ruta colectiva, lana contra lana y la cabeza caída. Por eso muchos pueblos andan buscando un pastor y un mastín. El odio al liberalismo no procede de otra fuente. Porque el liberalismo, antes que una cuestión de más o menos en política, es una idea radical sobre la vida: es creer que cada ser humano debe quedar franco para henchir su individual e intransferible destino”.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h