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A RAÍZ DE MAQUIAVELO SOBRE EL PODER Y LA GUERRA

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Un personaje difícil de desentrañar. Hay autores que lo consideran un malvado, hipócrita y corrupto, otros imbuido de las mejores intenciones que deseaba el bienestar del pueblo y, por último, los que sostienen que se limitó a describir lo que consideró es la política. Tal vez haya una mezcla de estas visiones tripartitas pero lo que prima es la última interpretación.

 

Maquiavelo considera la política como la búsqueda del poder a cualquier costo con total independencia de toda consideración moral, lo cual es en gran medida ajustado a la realidad. Es la virtú que en el lenguaje del florentino significa precisamente la voluntad de alcanzar el poder. Es por ello que en esta instancia del proceso de evolución cultural los partidarios de la sociedad abierta se afanan por establecer límites adicionales al aparato estatal.

 

Sus tres obras más conocidas se dirigen a aquellos objetivos. Su meta era la unificación de las ciudades-estados como Venecia, Milán, Florencia, Génova, Bolonia y Ferrara y su modelo de príncipe era César Borgia (hijo del Papa Alejandro VI) por su crueldad y ambición, por más que aquí y allá se separa de la monarquía para intercalar loas al sistema republicano. En realidad Hobbes en cierto sentido sistematizó y llevó hasta sus últimas consecuencias la idea del positivismo y el poder absoluto sembrados por Maquiavelo un siglo antes.

Dado que una de las preocupaciones centrales de Maquiavelo para mantener el poder fueron los ejércitos y la guerra, reitero aquí parte de lo que he consignado en otra oportunidad sobre la materia bélica, que no solo viene al caso por lo escrito por el autor florentino sino debido a lo que en gran medida ocurre de un largo tiempo a esta parte en nuestro mundo. Es del caso entonces abrir este tema y descomponerlo en sus partes sobresalientes al efecto de calibrar adecuadamente su significado.

En la antigüedad, los vencidos eran masacrados por las fuerzas victoriosas en la contienda. Los adultos eran degollados, las mujeres profetizaban con las entrañas de los muertos, se construían cercos con los huesos de los derrotados y los niños eran sacrificados para rendir culto a los dioses. Luego, en un proceso evolutivo, los ejércitos vencedores tomaban como esclavos a sus prisioneros (“herramientas parlantes” como se los denominaba, haciendo uso de una terminología que revelaba la barbarie del procedimiento).

Mucho mas adelante, se fueron estableciendo normas para el trato de prisioneros de guerra que finalmente fueron plasmadas en las Convenciones de Ginebra y, asimismo, fueron suscitándose debates aun no resueltos sobre temas tales como la “obediencia debida” y los “daños colaterales”. En el primer caso, algunos sostienen con razón que si bien en la cadena de mando no tiene sentido permitir la deliberación y la discusión de las órdenes emanadas de la jerarquía militar y menos en plena trifulca, hay un límite que no puede sobrepasarse. Es decir, tratándose de órdenes aberrantes no puede alegarse la “obediencia debida” como excusa para cometer actos inaceptables para cualquier conducta decente, aun en la guerra.

El segundo caso alude a la matanza, la mutilación o el daño a personas que nada tienen que ver en la contienda y la destrucción de bienes que pertenecen a inocentes. Esto se ha dado en llamar “daños colaterales” por los que se argumenta deben responder penalmente los agresores. Porque solo se justifica la defensa propia, esto es, el repeler un ataque pero nunca se justifica una acción ofensiva y tras la máscara de los daños colaterales se esconde no simplemente la mera acción defensiva, sino el uso de la fuerza para propósitos de agresión. En este sentido, el cuadro de situación es el mismo que cuando se asalta un domicilio: los dueños del lugar tienen el derecho a la defensa propia pero si llegaran a matar o herir a vecinos que nada tienen que ver con el atraco, se convierten de defensores en agresores por lo que naturalmente deben hacerse responsables.

Resulta que en medio de estos debates para limitar y, si fuera posible, eliminar las acciones extremas que ocurren en lo que de por sí ya es la maldición de una guerra, aparece la justificación de la tortura por parte de gobiernos considerados baluartes del mundo libre, ya sea estableciendo zonas fuera de sus territorios para tales propósitos o expresamente delegando la tortura en terceros países, con lo que se retrocede al salvajismo mas cavernario.

Cesare Beccaria, el pionero del derecho penal, afirmaba en De los delitos y de las penas que “Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez […] ¿Qué derecho sino el de la fuerza será el que otorgue potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es reo o inocente? […] Este abuso no se debería tolerar”.

Los fines no justifican los medios. En el fin están presentes los medios. No es posible escindir fines y medios. Descender al nivel de la canallada para combatir a la canallada en el caso terrorista (y en cualquier otro), convierte también en canallas a quienes proclaman la lucha contra el terror. Por este camino se pierde autoridad moral y la consecuente legitimidad. Incluso si se conjeturara que una persona posee la información sobre la colocación de una bomba que hará estallar el planeta no es justificable abusar de una persona. No caben análisis utilitarios sopesando unas vidas frente a otras. Nadie puede ser usado como medio para los fines de otros. Toda persona tiene un valor en si misma. No pueden sacrificarse algunos para salvar a muchos otros. Una vez que se acepta colocar a seres humanos en balanzas como si se tratara de una carnicería, se habrá perdido el sentido de humanidad y los valores éticos sobre los que descansa la sociedad abierta.

El caso hipotético de la bomba que hará estallar el planeta supone más de lo permisible. Supone que el torturado en verdad posee la información, que la bomba realmente existe, que no es una falsa alarma, que se puede remediar la situación, que el torturado trasmitirá la información correcta (la información recabada durante la tortura no es confiable, lo cual es confirmado por quienes manejan detectores de mentiras).

Michael Ignatieff explica que la tortura no solo ofende al torturado sino que degrada al torturador y sugiere que para evitar discusiones inconducentes sobre lo que es y lo que no es una tortura, deberían filmarse los interrogatorios y archivarse en los correspondientes departamentos de auditoria gubernamentales.

También en la actualidad se recurre a las figuras de “testigo material” y de “enemigo combatiente” para obviar las disposiciones de la antes mencionada Convención de Ginebra. Según el juez estadounidense Andrew Napolitano el primer caso se traduce en una vil táctica gubernamental para encarcelar a personas a quienes no se les ha probado nada pero que son detenidas según el criterio de algún funcionario del poder ejecutivo y, en el segundo caso, nos explica que al efecto de despojar a personas de sus derechos constitucionales se recurre a un subterfugio también ilegal que elude de manera burda las expresas resoluciones de la Convención de Ginebra que se aplican tanto para los prisioneros de ejércitos regulares como a combatientes que no pertenecen a una nación.

En diferentes lares se ha recurrido a procedimientos terroristas para combatir a las bandas terroristas. En lugar de la implementación de juicios sumarios, con la firma de actas y responsables, se optó por el asesinato y la inadmisible figura del “desaparecido” y la apropiación de bebes falsificando identidades. A través de estas formas tremebundas, eventualmente se podrá ganar una guerra en el terreno militar pero indefectiblemente se pierde en el terreno moral. El procedimiento de los encapuchados y la clandestinidad no solo conduce a que los supuestos defensores del derecho se equiparen a los terroristas sino que desaparece toda posibilidad de control una vez que se da carta blanca a la impunidad, con lo que los abusos se extienden en grado exponencial en todas direcciones.

De mas está decir que lo dicho no justifica la bochornosa actitud de ocultar y apañar la acción criminal del terrorismo que no solo tiene la iniciativa sino que pretende imponer el totalitarismo cruel y despiadado que aniquila todo vestigio de respeto recíproco. No solo esto, sino que estos felones tampoco reconocen ciertos terrorismos de estado, por ejemplo el impuesto a rajatabla en la isla-cárcel cubana durante el último medio siglo. Esta grotesca hemiplegia moral está basada en el desconocimiento más palmario del derecho y en una burla truculenta a la convivencia civilizada.

Curiosamente, en algunos casos, para combatir al terrorismo se opta por aniquilar anticipadamente las libertades a través de la detención sin juicio previo, el desconocimiento del debido proceso, se vulnera el secreto bancario, se permiten escuchas telefónicas y la invasión al domicilio sin orden de juez competente. Incluso se pretenden disminuir riesgos imponiendo documentos gubernamentales de identidad únicos, sin percibir que es el mejor método para acentuar la inseguridad ya que con solo falsificar esa documentación quedan franqueadas todas las puertas en lugar de aceptar registros cruzados y de múltiples procedencias. Tal como explica James Harper, posiblemente se perciba este error si se sugiere que el gobierno establezca obligatoriamente una llave única para abrir la puerta de nuestro domicilio, la caja fuerte, la oficina, el automóvil y, además, provisto por una cerrajería estatal.

En algunas oportunidades se suele hacer referencia a las sociedades primitivas con cierto dejo peyorativo, sin embargo, algunas de ellas ofrecen ejemplos de civilidad como es el caso de los aborígenes australianos que circunscribían los conflictos armados a las luchas entre los jefes, o los esquimales que los resolvían recitando frente a la asamblea popular según la resistencia de cada bando en pugna, tal como relata Martin van Creveld.

Las guerras aparecen hoy entre naciones, no sabemos si en el futuro tendrán cabida estas concepciones políticas ya que la aventura humana es un proceso en constante estado de ebullición y abierto a posibles refutaciones. Solo podemos conjeturar que las divisiones y fraccionamiento del planeta en jurisdicciones territoriales, por el momento, a pesar de las extralimitaciones observadas (lo relevante es imaginarse los contrafácticos), hacen de reaseguro para los fenomenales riesgos de concentración de poder que habría en caso de un gobierno universal. Desde luego que de este hecho para nada se desprende la absurda xenofobia por la que las fronteras se toman como culturas alambradas e infranqueables para el tránsito de personas y el comercio de bienes.

En 1869, en París, se organizó un concurso sobre la guerra. Juan Bautista Alberdi preparó El crimen de la guerra. En ese trabajo, entre otras cosas, leemos que  “La guerra no puede tener mas que un fundamento legítimo, y es el derecho de defender la propia existencia. Así, el derecho de matar, se funda en el derecho de vivir, y solo en defensa de la vida se pude quitar la vida”, pero advierte que fuera de ello “la defensa se convierte en agresión, el derecho en un crimen”.

El ansia de poder político, los nacionalismos y la intolerancia religiosa han sido y son las causas principales de las guerras. Finalmente tengamos muy en cuenta que, como bien dice el actor principal de Lord of War, “nada hay mas costoso para un traficante de armas de guerra que la paz”.

En resumen, la forma en que se expresa Maquiavelo sobre la guerra y el  poder conducen en definitiva a la liquidación de las autonomías individuales, pero no quiero terminar sin mencionar el excelente título del capítulo 23 de El príncipe: “Como huir de los aduladores” (“los más sumisos, serviles, estúpidos y abyectos de los hombres” escribe Erasmo).

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

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Los Metrodelegados del Estado Profundo

Por Iván Carrino. Publicado el 23/5/18 en: http://www.ivancarrino.com/los-metrodelegados-del-estado-profundo/

 

Los eventos del martes nos recuerdan que los argentinos somos rehenes de corporaciones violentas.

El martes por la tarde me invitaron al programa de Mauro Viale, que se emite por A24 todos los días a partir de las 16:00 Hs.

La entrevista había sido pactada con unos días de antelación, en momentos en que nadie pensaba que ese día iba a terminar habiendo 16 empleados del subte detenidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Al llegar al piso, el caos estaba  en su momento más alto y en el estudio habían invitado a 5 gremialistas. El tema del momento era el conflicto del subte, y no hubo espacio para hablar de economía.

Comprensible…

Por fortuna, hace tiempo que no tengo que tomarme el subte todos los días para ir a trabajar. Sin embargo, sí lo hace mi mujer, y no hay semana que no me cuente de una demora, un paro sorpresivo, y el caos que todo eso genera.

Ahora yo me pregunto, si a mí no me gustan las condiciones laborales en las que me contratan: ¿tengo derecho a romperle la empresa a mi empleador?

Claramente, no.

La esencia de los contratos voluntarios (y el contrato laboral es uno de ellos) es que somos libres de aceptarlos, o no. Y si se da este último caso, entonces agarrás tus cosas y te vas. Punto.

Ahora bien, los “Metrodelegados” (quienes  encima no tienen personería jurídica para reclamar) dicen que sus salarios son demasiado bajos. Que tienen “derecho” a un aumento mayor.

Perfecto, sin duda que lo tienen… Ahora: ¿van a ir a reclamarlo a punta de pistola? ¿Van a ir a reclamarlo impidiendo por la fuerza el funcionamiento normal del subte y perjudicando a millones de usuarios?

Lo que vivimos el martes fue una demostración clara de que el sindicalismo argentino (o al menos gran parte de él) opera como una organización mafiosa en donde, si no se hace lo que él dice, entonces a sufrir las consecuencias.

Los hechos me hicieron recordar una sección de mi  anteúltimo libro, Historia Secreta de Argentina, en donde describo cómo, en lugar de vivir en una democracia donde la “voluntad popular” (si es que existe eso) se manifiesta a través del voto, vivimos en un país cooptado por las corporaciones… Corporaciones que, sin ganar una elección, deciden con diferentes métodos de presión, para dónde va el país.

Si seguimos por esta senda, sin duda seremos inviables.

Aquí abajo encontrarán ese segmento de mi libro.

Los sindicatos que se oponen a la productividad

Los sindicatos pueden cumplir un rol muy importante en el mercado, pero también pueden terminar siendo un impedimento para el desarrollo y el crecimiento de los países.

El rol importante consiste en facilitar las negociaciones salariales entre las empresas y sus empleados. En una empresa pequeña, donde trabajan el dueño y 4 o 5 empleados, esto puede no ser necesario. Sin embargo, en la medida que crece el tamaño del emprendimiento, y la cantidad de empleados empieza a ser mayor, se vuelve necesaria la figura del mediador, representante, o delegado.

Sin embargo, hay una faceta no tan deseable. Veamos lo que sostiene el periodista especializado Ricardo Carpena[1]:

En Argentina han cambiado los partidos, la dirigencia empresarial, las fuerzas armadas, hasta la Iglesia. Pero los sindicatos siguen en manos de los mismos hace 30 años. ¿Cómo lo logran? Porque son funcionales al poder. Hasta los militares pactaron con ellos. Siempre existió la sensación de que sin los sindicalistas no se puede gobernar Argentina. Todos siguen la máxima instalada por Augusto Timoteo Vandor, líder de los metalúrgicos en los 60: ´golpear para negociar´. No para cambiar el mundo ni hacer la revolución. Para negociar.

No creo que haya una definición más exacta del estado profundo que la ofrecida por este periodista sobre los sindicatos. Organizaciones comandadas por las mismas personas hace 30 años, y sin las cuales no se puede gobernar el país.

¿Pero cómo, no vivíamos en democracia?

Los sindicatos son verdaderas organizaciones de dinero y poder en nuestro país. Gracias a la administración de las obras sociales que proveen servicios de salud, administran cajas multimillonarias con el dinero que el gobierno toma de los trabajadores y les asigna directamente.

Además, sus negociaciones salariales pueden convertirse en un verdadero calvario para todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Si los salarios ofrecidos no son de su agrado, convocarán a un paro general, trastornando por completo el tránsito de la ciudad más poblada del país. Si el descontento es mayor, entonces cortarán calles, o bloquearán la salida de los camiones de las empresas con las que estén “negociando”.

En cualquier ciudad grande del país hemos sido testigos del poder de los sindicatos. Es una muestra de que en nuestra democracia, “lo público” no solo lo deciden quienes votamos en los comicios abiertos, sino grupos de presión claramente establecidos, que poco se preocupan por el bienestar general.

Dos ejemplos bastarán para entender hasta qué punto llega el deseo de estas organizaciones por defender sus intereses particulares sin importarles el daño sobre el conjunto.

Recientemente, el Banco Central de la República Argentina quería permitirles a los bancos decidir libremente si enviaban por correo de papel o vía “e-mail” los resúmenes de cuenta. Sin embargo, el sindicato de camioneros frenó la medida. Con el argumento de que la elección del email dejaría a los transportistas sin empleo, los sindicalistas bloquearon los ingresos al Banco Central. Finalmente, Federico Sturzenegger, presidente de la entidad, decidió dar marcha atrás con la medida[2].

Otro caso emblemático se dio también recientemente en la línea C de subtes. En dicha línea la empresa Metrovías había decidido hacer unas reformas en una de las estaciones de cabecera, de manera de ofrecer un mejor servicio a los pasajeros. El tema fue que las reformas se hicieron en la zona de los vestuarios de los empleados, por lo que dichos vestuarios se tuvieron que sustituir momentáneamente por baños químicos, por supuesto, más incómodos.

Ahora frente a esta situación, en lugar de consensuar una salida o tolerar el mal rato transitorio, los “Metrodelegados” decidieron hacer un paro y cortar el servicio del tranvía subterráneo por 24 horas.

Derecho a huelga

Uno de los economistas a nivel global que se dedicó a estudiar a los sindicatos durante la década del ’80 fue Friedrich A. Hayek. El austriaco de nacimiento sostenía que si bien él no se oponía a que hubiera asociaciones que representaran a los trabajadores, sí le molestaba que estos grupos estuvieran, de alguna manera, operando por encima de la ley e imponiendo su voluntad a terceras personas.

En un párrafo que parecería describir la realidad nacional, Hayek sostenía:

Dado que la huelga ha sido aceptada como un arma legítima de los sindicatos, se ha llegado a creer que se les debe permitir hacer lo que sea que les parezca necesario para conseguir una huelga exitosa. En general, la legalización de los sindicatos ha llegado a significar que cualquier método que consideran indispensable para sus propósitos también debe considerarse legal.[3]

En Inglaterra, por ejemplo, una ley de 1906 blindaba a los sindicatos contra la persecución judicial por coerción y violencia. Como uno puede suponer, esto simplemente llevó a mayor violencia y coerción ejercida por los sindicatos. Esto es algo que cambió cuando Margaret Thatcher asumió la presidencia.

En nuestro país la violencia y la coacción sindical están a la orden del día. Si no se hace lo que quieren, entonces pueden suspender las actividades comerciales, bloquear ingresos y salidas, o cortar calles y avenidas públicas.

El poder intimidatorio de los sindicatos persigue un objetivo principal: aumentar el salario por encima de aquél que prevalecería en un mercado libre. Pero cuando esto se consigue gracias al poder de coerción, entonces las consecuencias indeseadas aparecen.

El primer efecto de la distorsión en los salarios que pueden generar los sindicatos es el desempleo. Al director de un gremio y a sus miembros no les interesa si, producto de sus exigencias, otros individuos se quedan sin trabajo. Su único interés es recibir más dinero por el esfuerzo que realizan, de la misma forma que los empresarios prebendarios solo quieren incrementar sus ganancias.

El problema es que cuando los sindicatos logran imponer salarios mayores a la productividad, algunas empresas deben cerrar sus puertas, o achicar costos en otro lado, o bien frenar la contratación de nuevos empleados.

Imaginemos la siguiente situación. Una empresa de tazas de cerámica tiene dos empleados. Juan produce 5 tazas por hora, mientras que Pedro solo produce 4 tazas. Si cada taza tiene un valor de mercado de $ 1, entonces la productividad de Juan será de $ 5 por hora, mientras que la de Pedro será de $ 4. En este escenario, el empresario dueño de la fábrica podría pagar a cada uno salarios distintos. Para ganar dinero, asumamos que le paga $ 4,5 a Juan y $ 3,5 a Pedro, de manera que por cada hora de trabajo de sus empleados (e ignorando otros costos), se lleva a su bolsillo $ 0,5.

Ahora supongamos que el sindicato de trabajadores de la cerámica llegó a un acuerdo con los capitostes de la industria y decidieron que el salario mínimo no podrá ser inferior a $ 4,5 por hora de trabajo. En un primer momento, Pedro puede estar contento. Antes le pagaban $ 3,5 y ahora el sindicato sostiene que deberán pagarle $ 4,5 (igual que a Juan). Sin embargo, si la empresa comienza a pagar ese salario, pasará de recibir una ganancia de $ 0,5 por hora de trabajo, a sufrir una pérdida de la misma magnitud.

En este escenario, a más horas de trabajo de Pedro, mayor es la pérdida de la empresa. Es lógico, entonces, esperar que la empresa decida echar a Pedro, para evitar seguir perdiendo.

Finalmente, por intentar que Pedro gane más dinero, se terminó reduciendo su salario a cero.

Flexibilidad laboral, salarios más altos

Siguiendo el libreto sindical, la economía y el mercado de trabajo se encuentran fuertemente regulados. Frente a eso, suelen aparecer propuestas de “flexibilización laboral”.

Obviamente, esto último le genera urticaria a más de uno.

Es que de acuerdo con el libreto políticamente correcto, la flexibilización es lo peor que puede pasarles a los trabajadores, porque los empresarios los comenzarían a “explotar”.

Este argumento es falso. En primer lugar, porque, como decíamos, si las regulaciones son excesivas, aparecerá el mercado negro, donde el estado pierde todo el control sobre lo que allí sucede.

En segundo lugar, porque un mercado laboral más libre no solo es bueno para las empresas, sino para todos los que quieran obtener un empleo.

Una institución que mide la libertad de los mercados laborales en el mundo es la Fundación Heritage de los Estados Unidos. Para evaluar los mercados de trabajo, Heritage toma en consideración la existencia y el monto del salario mínimo, la rigidez en las horas de trabajo, la dificultad para despedir empleados, el monto de las indemnizaciones que se imponen a las empresas, el preaviso y las trabas para contratar.

Si los obstáculos son altos, dirán que el mercado es poco libre, mientras que de haber pocas trabas, estaremos en un mercado flexible.

Los cinco países de más de un millón de habitantes que mejor se ubican en este índice son Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, Dinamarca y Nueva Zelanda. Entre ellos, en Estados Unidos y Dinamarca el despido es libre, por lo que las empresas no deben indemnizar al empleado si deciden no continuar empleándolo.

Uno podría pensar que con tanta libertad, muy mal les está yendo a los trabajadores de esos países. Sin embargo, estamos frente a los salarios más elevados del planeta.

Cuadro 1.3. Libertad laboral, salario y desempleo.

Ránking de Libertad Laboral Heritage.org País Desempleo Salario Promedio en USD de 2015
1 Estados Unidos 6,2% 58.700
2 Singapur 3,0% 38.800
3 Hong Kong 3,2% 23.900
4 Dinamarca 6,6% 63.700
5 Nueva Zelanda 5,6% 43.100

Fuente: Elaboración propia en base a Heritage.org, Banco Mundial, OCDE y Trading Economics

En promedio, un danés tiene un salario anual de USD 63.700; un norteamericano ingresa USD 58.700; un neozelandés USD 43.100, mientras que en Singapur los trabajadores ingresan USD 38.800 y en Hong Kong USD 23.900.

Por si esto fuera poco, las tasas de desempleo también son muy bajas. Y, no casualmente, muy inferiores a las existentes en Argentina.

Claro que no todo pasa por la rigidez o flexibilidad del mercado laboral. El país que sigue en este ránking es Namibia, cuyo desempleo supera el 18% y cuyo PBI per cápita es de USD 4.500.

Obviamente, a la libertad del mercado laboral hay que acompañarla con una democracia republicana, paz y respeto por los derechos de propiedad, entre otras cosas.

Sin embargo, dado que muchas de esas cosas sí tiene nuestro país, no es un mal momento para pensar en tener un mercado laboral más libre. Pero eso implicaría disminuir el poder de los sindicatos, y enfrentarse finalmente al estado profundo, algo que no parece estar en las prioridades de nuestros políticos.

[1] “Los sindicatos, la monarquía paralela argentina”. Diario El País. 22 de agosto de 2016.

[2] El Banco Central volvió a ceder a las presiones de Camioneros y atrasa la modernización. Infobae. 15 de febrero de 2016

[3] Citado en Baird, Charles W.: “Hayek on Labour Unions”.

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

El Derecho (2° parte)

Por Gabriel Boragina Publicado en: http://www.accionhumana.com/2018/05/el-derecho-2-parte.html

 

“Son varios los autores que se han expresado acerca del sentido individualista del Derecho. Si nos atenemos a la apreciación de Kant, es “el complejo de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno puede coexistir con el criterio de todos los demás, según una ley universal de libertad”. A su vez, Ahrens lo define como “el conjunto de condiciones dependientes de la voluntad y que son necesarias para poder realizarse todos los bienes individuales y comunes que integran el destino del hombre y de la sociedad”. Todavía es más acentuada, en esa misma dirección, la idea de Wolff, quien afirma que el Derecho, como deber perfecto que es, tiene por objeto eliminar cuanto impida el recto uso de la libertad humana. Y para Giner de los Ríos es “el sistema de los actos o prestaciones en que ha de contribuir cada ser racional, en cuanto de él depende, a que su destino y el destino de todos se efectúe en el mundo”. Es, dice Josserand, “la conciencia y voluntad colectivas, que sustituyen a las conciencias, a las voluntades individuales para determinar las prerrogativas, los Derechos subjetivos de cada uno, y, en tal sentido, puede decirse que es la regla social obligatoria”.”[1]

Si bien se evalúa cierto enfoque llamado por la definición “individualista” en las tesis anteriores, no puede decirse lo mismo de la de Josserand, cuya caracterización -a nuestro criterio- puede tildarse enteramente de colectivista. Todas las ideas previas a la de este último logran ser aceptables. Desde nuestro punto de vista -y parafraseando cierta cita bíblica[2]– el Derecho es para el hombre y no el hombre para el Derecho, y este se precisa siempre desde lo humano -naturalmente- y desde lo individual. No hay tal cosa como un “Derecho colectivo”, y referirse a un “Derecho social” no es más que una torpe redundancia. Ya que el Derecho tiene sentido pura y exclusivamente considerando la vida en sociedad. En definitiva, se tratan de reglas que tienen dos fuentes: una contractual, en la que el Derecho nace del contrato, y una segunda que podríamos llamar coercitiva, en la que el Derecho nace de una imposición de un tercero sobre otra u otras personas. Es bastante probable que el origen del Derecho haya surgido de esta última fuente, o que ambas hayan aparecido en forma simultánea en el tiempo. Consideramos, no obstante, que el Derecho no se constituye de manera inseparable del elemento coercitivo. Un Derecho no es tal cuando puede exigírselo por medio de la fuerza, sino cuando es reconocido jurídica y socialmente como un Derecho. El elemento coercitivo nace cuando el Derecho se viola y no antes. Por ello, la coerción no es un elemento constitutivo del Derecho. Pueden celebrarse contratos donde se pactan derechos, y no preverse sanción alguna frente a su incumplimiento por una de las partes o por ambas. Si el contrato se consuma, se han visto cumplidos los derechos en el pactados. Y si no se cumple, la coerción puede o no aparecer. Es un elemento contingente, no constituyente.

“El criterio sociológico, opuesto al precedente, uno de cuyos partidarios es Duguit, estima que el Derecho es la regla de conducta impuesta a los individuos que viven en sociedad, regla cuyo respeto se considera, por una sociedad y en un momento dado, como la garantía del interés común, cuya violación produce contra el autor de dicha violación una reacción colectiva.”[3]

Hablar de un “criterio sociológico” parece engañoso cuando se examinan en detalle estas conceptualizaciones. Juzgamos más apropiado caracterizarlas bajo un criterio autoritario. Por ejemplo, la definición precedente no deja en claro quién es el o la que dicta esa “regla de conducta impuesta a los individuos”. Por la oración siguiente pareciera que fuera la misma sociedad. ¿una sociedad que impone reglas a los individuos? Pero, la “sociedad” es un ente abstracto, una entelequia que no existe con independencia de los individuos que la componen. Entonces ¿individuos que se imponen reglas a sí mismos? ¿Qué es el “interés común”? Pero, si el “interés común” es la regla, la aparición de una violación a la misma ya impide hablar de un “interés común”, porque -al menos para el violador- la regla que conculca no es de su interés (caso contrario la respetaría). Es decir, no tiene nada en común con ella en particular. ¿Y, si son todos los que violan las reglas? En este caso, ese misterioso “interés común” (que está en boca de todos) ya no residiría en el cumplimiento de las reglas y ni siquiera en ellas mismas.

“Ihering, anteriormente citado, pretende que es “la garantía de las condiciones de la vida de la sociedad, asegurada por el poder coactivo del Estado”. La Fur, a su turno, sostiene que el Derecho no es otra cosa que una regla de vida social, que la autoridad competente impone “en vista de la utilidad general o del bien común del grupo, y en principio provista de sanciones para asegurar su efectividad”.”[4]

Por las mismas razones apuntadas en nuestro comentario anterior, consideramos ilusorio hablar “de la vida de la sociedad”. La sociedad -como tal- no tiene “vida”, los que viven son los individuos que la componen. Una vez más, se confunde el contenido con el continente. El contenido lo constituyen seres reales vivos (humanos), el continente es, tan sólo, una palabra que se decidió convencionalmente utilizar para designar -en forma abreviada- a los individuos vivos, que vienen a ser el contenido de aquel concepto abstracto. Pero el continente no tiene vida propia, separada ni por encima del contenido. Es simplemente una mera etiqueta. Por lo que, nosotros redefiniríamos la noción, diciendo que es “la garantía de las condiciones de vida de los individuos, asegurado por el poder coactivo del estado”. La Fur ofrece otra variante de una concepción estatista y autoritaria, por la cual el Derecho es “algo” que “alguien” (la autoridad) impone (ha de entenderse que -de acuerdo a la frase con la que concluye su idea- a los individuos). Nuevamente, aparecen aquí las fórmulas confusas “utilidad general” y “bien común del grupo” variantes o sinónimos -tal vez- del ya analizado “interés común”.

[1] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial HELIASTA-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 294 y sigtes.

[2] Mar_2:27 Y Él les decía: El día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo.

[3] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.

[4] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Gradualismo: una discusión absurda

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 16/5/18 en: http://independent.typepad.com/elindependent/2018/05/gradualismo-una-discusi%C3%B3n-absurda.html

 

Todo en la vida es gradual. Como no está al alcance de los mortales la perfección, el proceso vital consiste en uno de prueba y error en el contexto del evolucionismo ya que el conocimiento es siempre provisorio sujeto a refutaciones. Nada hay entonces fuera del gradualismo. En esta Tierra no alcanzamos un punto final. Estamos siempre en tránsito.

En materia política el asunto consiste en establecer el ritmo de lo gradual en base a la comprensión de que la lentitud demora los beneficios para todos pero muy especialmente  para los más necesitados puesto que la demora en cortar gastos públicos inútiles agrava la pobreza. Por el contrario, la rapidez en eliminar erogaciones improductivas libera recursos que indefectiblemente se colocan en manos privadas que inexorablemente consumen o invierten,  en  cualquier caso reasignan valiosos recursos humanos para llevar a cabo tareas que apuntan a socorrer necesidades insatisfechas.

El empresario, siempre atento a la  posibilidad de nuevos arbitrajes al efecto de incrementar sus ganancias, es el primer interesado en capacitar recursos humanos que permitan lograr esos objetivos. Las necesidades son ilimitadas y los factores de producción escasos, de allí la imperiosa necesidad de economizar. Si estuviéramos en Jauja, si hubiera de todo para todos todo el tiempo, no habría que esforzarse en producir.

Claro que todo  en la vida tiene un costo. El que va al cine tiene que dejar de lado su segunda prioridad, es lo que los economistas denominamos costo de oportunidad. Nada puede hacerse sin incurrir en costos. En el caso que nos  ocupa, quienes dejan de percibir en el primer momento ingresos, por ejemplo, empleados públicos innecesarios,  esto es más que compensado por el efecto global sobre la economía al evitar el derroche, lo cual incluso beneficiará a los funcionarios despedidos como consecuencia de una economía más robusta.

Pero lo más importante es el efecto sobre los trabajadores marginales quienes son los principales beneficiarios del aumento en las tasas  de capitalización merced a los consecuentes ahorros, situación que se traduce en la única causa de aumentos en salarios e ingresos en términos reales.

Como he consignado en otras oportunidades, me parece del todo inadecuado proponer políticas de shock como remedio a una situación económica difícil puesto que precisamente de lo que se trata es de evitar shocks en los que está inmerso el ciudadano cuando se arrastran largos momentos de crisis recurrentes.

Tampoco estimo pertinente aludir a la necesidad de ajustes puesto, que por la mismas razones, las personas viven ajustadas en medio de tormentas periódicas, lo que en verdad se requiere es la eliminación de ajustes.

Es que los gobernantes suelen replicar la mentalidad que prevalece en la opinión pública y si ésta se encuentra en un marasmo de confusiones en cuanto al rol de los aparatos estatales, no resulta posible una parición en niveles gubernamentales que resulten  de una factura diferente. Si prevalece la confusión es raro que los gobernantes sean los iluminados.

La educación en valores y principios compatibles con una sociedad abierta constituye la faena central si se quieren obtener consecuencias perdurables, es decir, progresos morales y materiales sustentables.

La demora en adoptar medidas de fondo conspira contra la posibilidad de revertir situaciones complicadas. En realidad, las dificultades en la comprensión  de lo dicho se debe a que muchos piensan  que el asistencialismo por parte de los aparatos estatales, esto es, el uso de dineros coactivamente  detraídos del fruto del trabajo ajeno, pueden en verdad ayudar cuando significan colocar en los destinatarios y a sus compatriotas piedras en sus cuellos y tirarlos al río de la desesperanza y la negación de la autoestima, amén de los daños muchas veces irreparables que provocan a sus semejantes.

No hay magias en economía, dos más dos son cuatro. El voluntarismo y la demagogia siempre conducen a fracasos estrepitosos. Circunstancialmente se podrán ganar elecciones, pero a la larga surgen los estropicios con todos los vahos hediondos que provocan los despilfarros y las cuentas públicas desordenadas, las manipulaciones monetarias y los endeudamientos  crónicos.

Como escribe Michael Polanyi, ningún mapa puede leerse a si mismo, para saber el rumbo se torna necesario consultar el mapa, de lo contrario, la improvisación asegura el extravío. Igual ocurre con las bibliotecas, si no se consultan resultan superfluas.

Entonces paremos el debate inútil del gradualismo y no dejemos que gobernantes se escuden en esa fachada sin significado alguno y apuntemos a concretar medidas que saquen a la gente de problemas graves. Cuando los gobernantes se postulan  para el cargo es porque piensan  que pueden resolver problemas y no pasarse el tiempo buscando excusas, explicaciones infantiles y fabricar embates contra enemigos inexistentes.

Tal vez el daño más severo que se infringe en estos contexto parte de los aplaudidores de siempre que buscan justificativos inauditos para apañar errores garrafales de funcionarios públicos ineptos. Son, sin  embargo, estos personajes inefables los primeros en traicionar la causa y ubicarse rápidamente en la vereda de los próximos gobernantes.

Los hay también aquellos que hacen de cortesanos del poder de turno pero cuando se hunden sus favoritos circunstanciales declaman que el país en cuestión es invivible y que, por tanto, anuncian que se mudarán de país. Son los infantables garroneros que pretendieron vivir a expensas de quienes se esforzaron en difundir los valores de la libertad en su país de origen y ahora quieren repetir la operación instalados en nuevos horizontes. Si todos  actuaran como estos tilingos, solo queda el mar con los tiburones al acecho.

Todos hemos escuchado a quines se pronuncian diciendo que quieren vivir en paz con sus familias, su trabajo, preservar sus domicilios y pertenencias varias, deportes, viajes y recreaciones como si todo eso viviera de la  estratósfera y de modo automático. No se percatan que el respeto que se merecen no viene por casualidad y que la libertad es una causa que hay que defender cotidianamente. Con  mucha razón ha sentenciado Jefferson que “el costo de la libertad es su eterna vigilancia”. Las manifestaciones anteriores revelan una irresponsabilidad a prueba de balas.

Muy acertado Ortega y Gasset cuando escribió en su obra más conocida que “Si usted quiere aprovecharse de las ventajas de la civilización, pero no se preocupa usted por sostener la civilización… se ha fastidiado usted. En un dos por tres se queda usted sin civilización. Un descuido y cuando mira usted a su derredor todo se ha volatilizado”.

No es extraño que se pregunte que puede hacerse para contribuir a que se nos respete, a lo cual todos estamos interesados independientemente de a que nos dediquemos, sea a la jardinería, la pintura, la danza, la economía, el derecho, la arquitectura, la medicina, el ama de casa, el deporte o  lo que fuera. Desde luego que nada más fértil que la cátedra, el libro, el ensayo y el artículo pero no es ni remotamente lo único posible. Las reuniones con formatos de ateneos en casas de familia en grupos chicos para debatir periódicamente un libro provechoso constituye unas de las vías más productivas fuera de lo expuesto en primer término, ya que se traduce en efectos multiplicadores en los trabajos, las reuniones sociales, en los  propios núcleos familiares y similares.

Una forma más sistemática y abarcativa es el establecimiento de fundaciones e instituciones al efecto de publicar y dictar seminarios que congregan a públicos más amplios y toda otra forma de estudiar y hacer conocer los principios de una sociedad libre en sus aspectos filosóficos, jurídicos, históricos y económicos. Y para el que de una manera u otra no participa en esas actividades, donar de su propio peculio para que otros puedan dedicarse a esas faenas nobles. En otros términos, no hay pretexto posible para zafar del deber irrenunciable de la defensa propia y de los seres queridos.

En todo caso, las  trifulcas en torno al gradualismo no conducen a ninguna  parte puesto que, como queda dicho, todo  en  la vida es gradual, el asunto es arremangarse y proceder en consecuencia para resolver problemas lo antes  posible y nunca confundir  los pasos en la ejecución de una medida con la inacción, el apoltronamiento y las telarañas mentales. Y mucho menos con el gradualismo al revés como sucede en no pocos casos en  los que se agravan los problemas que generalmente residen en gastos públicos elefantiásicos, cargas impositivas insoportables, déficit fiscales astronómicos, inflaciones imparables, regulaciones asfixiantes y deudas estatales internas y externas exorbitantes.

Como ha explicado en detalle el sacerdote James Sadowsky, la caridad consiste en la ayuda material y en el apostolado y de las dos es mucho más efectiva y duradera la segunda por aquello de que “es mejor enseñar a pescar que regalar un pescado” puesto que como consigna Michael Novak “es preciso subrayar que la sociedad no operará bien si todos sus miembros siempre actuaran basados en intenciones benevolentes”, es decir, si todo el sistema se basara en la caridad respecto a bienes materiales. Por otra parte como destaca Tibor Machan “solo se puede ser generoso si previamente existe el derecho de propiedad” ya que la solidaridad tiene sentido con recursos propios, por ello es que el mal llamado “Estado benefactor” es una contradicción en términos, entregar recursos de terceros por la fuerza no es beneficencia sino que constituye un atraco, “robo legal” como lo definía el decimonónico Frédéric Bastiat.

En resumen, el gradualismo está fuera de la cuestión, lo trascendente es limitar  el poder político a sus funciones primordiales de asegurar los derechos de cada cual a través de justicia y seguridad, misiones que habitualmente no cumplen los gobiernos por ocuparse de tareas que no le competen en un sistema republicano con la pretensión de administrar por la fuerza vidas y haciendas ajenas. Una cosa es el gradualismo, como decimos inherente a la condición humana, y otra son tortugas incompetentes que “hacen la plancha” en los temas que realmente importan.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

La trascendencia de la libertad de prensa

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 3/5/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/05/03/la-trascendencia-de-la-libertad-de-prensa/

 

Hoy, 3 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y es propicio para subrayar lo vital que significa esta garantía para la supervivencia de la sociedad abierta.

La libertad de prensa consagrada y cumplida en todas las Constituciones de los países civilizados, por una parte, resulta esencial a los efectos de ampliar el conocimiento en todos los niveles, puesto que solo dando rienda suelta al pensamiento de cada cual es posible embarcarse en el proceso de prueba y error para reducir nuestra ignorancia e incorporar algo de tierra fértil en el contexto de corroboraciones provisorias y refutaciones. Por otra parte, resulta imprescindible para mantener el poder político en brete con todas las críticas y las opiniones diversas sobre su comportamiento.

Es sabido que, como ha consignado el historiador decimonónico Acton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Fuera de los organismos de contralor y la necesaria división de poderes, el cuarto poder debe funcionar sin cortapisa alguna. La mejor legislación sobre la libertad de prensa es la que no se promulga.

Jefferson ha escrito: “Entre la disyuntiva de un gobierno sin libertad de prensa y libertad de prensa sin gobierno me inclino decididamente por esto último”. Todos los mequetrefes autoritarios han pretendido silenciar voces, lo cual constituye un atropello inadmisible. Milton, en su discurso sobre la libertad de prensa, en 1644, prioriza esa libertad por encima de las otras libertades civiles: “Dadme la libertad de conocer, de expresar y discutir libremente según la conciencia, por encima de todas las demás libertades”.

Ya la humanidad ha debido soportar suficientes quemas de libros, inquisiciones, censuras y otras bellaquerías como para a esta altura del siglo XXI tener que aguantar megalómanos que, en nombre de una pureza mal parida, sigan con sus letanías a favor de un discurso único. “La razón aprisionada” titula John M. Bury uno de los capítulos de su clásica Historia de la libertad de pensamiento donde dice: “Las opiniones nuevas son consideradas tan peligrosas como molestas, y cualquiera que hace preguntas inconvenientes sobre el porqué y el para qué de principios aceptados es considerado como un elemento pernicioso”.

Gracias al periodismo independiente (una expresión redundante pero dada la época que vivimos vale el adjetivo) se han descubierto corrupciones gubernamentales, ya que no siempre la Justicia ha sido suficientemente ágil y eficiente para detectar esos delitos. Esto en modo alguno quiere decir que todos los periodistas sean probos, de lo que se trata es de abrir de par en par la competencia y todas las voces. Tampoco quiere decir que se puede calumniar impunemente, pero los recursos judiciales, en los casos que resulten pertinentes, siempre deben ser ex post facto, pero nunca censura previa, lo cual constituye una cachetada feroz a la convivencia civilizada y un paso mortal para los espíritus libres.

Con razón Woody Allen ha escrito: “Nuestros políticos son corruptos e ineptos y a veces las dos cosas en el mismo día”. La desconfianza en el poder y el seguimiento permanente de sus pasos resulta primordial para la tranquilidad de los ciudadanos.

Aprovecho este aniversario para insistir en la necesidad de eliminar las llamadas agencias estatales de noticias, en lugar de protestar por desiguales entregas de publicidad oficial. Si hay algo que debe anunciar el aparato estatal del momento lo debe comunicar en conferencia de prensa, sin necesidad de montar agencias gubernamentales de noticias. Los gobiernos nada tienen que hacer en estos campos, del mismo modo que deben abstenerse de intervenir en los negocios del papel y similares regulaciones.

Aprovecho también para sugerir que se asignen derechos de propiedad para las ondas electromagnéticas al efecto de evitar la peligrosa figura de las concesiones por parte de los aparatos estatales, que son una espada de Damocles, puesto que el que otorga la concesión es de hecho el dueño del espacio.

En estas líneas quiero dejar expreso reconocimiento a todo el periodismo independiente y el enorme agradecimiento a todas las faenas y a veces esfuerzos ingratos por su labor ejemplar, tanto en los medios radiales, televisivos, digitales como en papel. La crítica seria y responsable es la característica de quienes dedican su vida al periodismo. Las pesquisas permanentes son un alimento para todas las personas de bien.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Sobre la libertad de expresión y de prensa

Por Gabriel Boragina Publicado el 29/4/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/04/sobre-la-libertad-de-expresion-y-de.html

 

Tema siempre latente y de actualidad, la libertad de prensa suele ser analizada bajo la óptica de quienes la defienden contra quienes se oponen a ella, es decir, aquellos que tienen el poder para cercenarla, y que no son otros que los gobiernos del mundo. Veamos cuales son los conceptos que se relacionan con ella.

De acuerdo a la clásica definición del Profesor Ossorio:

“Libertad de prensa. Derecho constitucionalmente garantizado a todos los habitantes de la nación para que publiquen sus ideas por la prensa, sin censura previa. Constituye una modalidad de la libertad de expresión y de opinión (v.).”[1]

Cabe hablar, entonces, de un derecho a la libertad de prensa. Esta se ejerce a través de una vía que es el periodismo que -a su vez- es vehículo de la libertad de expresión. Analizaremos todos estos conceptos más adelante. La fórmula “sin censura previa” no implica que lo que se publique pueda ser cualquier cosa, sino que significa que el material sólo podrá ser censurado una vez publicado y no antes de esta circunstancia. Tampoco involucra la obligación de un medio concreto a publicar las ideas de un tercero. La censura en cuestión se refiere particularmente a la prohibición del gobierno, entendido en sus tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. Pero no excluye la que pretendan ejercer particulares para evitar coactivamente que alguien dé a conocer sus opiniones.

Distingamos ahora que se entiende por prensa:

Prensa. A más de la máquina impresora y de la imprenta como tales, el conjunto de publicaciones periódicas. Desde su expansión en el siglo XIX, no ha dejado de suscitar en todas partes los beneficios y riesgos de la libertad de prensa (v.).”[2]

El vocablo prensa -en definitiva- denota un conjunto de publicaciones periódicas que no necesariamente deben estar impresas. La definición acota que, la libertad de prensa (cuya noción expusimos en primer término) en todas partes ha suscitado beneficios y riesgos.

Dado que la libertad de prensa es una modalidad de la libertad de expresión examinemos seguidamente el concepto de esta última:

“Libertad de expresión. Derecho constitucionalmente reconocido a todos los habitantes de la nación para publicar sus ideas por la prensa o verbalmente, sin censura previa.”[3]

La aclaración final “por la prensa o verbalmente” indica que puede ser por escrito u oralmente. Se alude al recurso (o los mecanismos) por el cual se ejerce tal expresión. El derecho apunta y ampara a la acción (expresarse) pero no al contenido de esa expresión. De tal suerte que, si lo que se expresa resulta ser una difamación u ofensa a otra persona, el ofensor estará sujeto a las responsabilidades legales por la posible comisión de un delito de calumnias o injurias que no está respaldado por la ley. Esto es importante aclararlo, porque muchas veces se confunde (en ocasiones intencionalmente) la libertad de expresión con una inexistente “libertad” de difamación, tergiversación, etc. que la ley (al menos la argentina) no protege ni reconoce.

Libertad de opinión o de palabra. Constituye una modalidad de la libertad de expresión (v.) garantizada constitucionalmente. Esta libertad es aplicable a cualquier forma en que se manifieste, por lo que la libertad de expresión alcanza a las exteriorizaciones verbales también, y no sólo a las impresas, aunque la Constitución no lo diga”[4]

Es una modalidad porque lo que se expresa, en muchas oportunidades, no son opiniones o palabras. Un artista, como puede ser un escultor o pintor, también se expresa mediante de sus obras, aunque excluyan toda verbalización. Este ejemplo se vincula a la anterior definición de la actual. La presente se circunscribe exclusivamente a la verbales, impresas o no impresas. Por lo que preferimos hablar de orales o escritas, que muestran mejor la forma de expresión, ya que ambas son verbales. Relacionado con los anteriores conceptos se encuentra este otro:

Opinión pública. Manifestación del pensamiento que sobre determinados problemas, generalmente de índole política. tienen los individuos que integran una Colectividad. Puede ser de orden nacional o de orden internacional. En un Estado de Derecho, la opinión pública se concreta mediante la emisión del voto electoral, así como por la libertad de expresión del pensamiento oral o escrita o recogida generalmente por la prensa. En los gobiernos de tipo dictatorial, totalitario o de facto, la auténtica opinión pública o se desconoce por estar cohibida o se expresa en la clandestinidad, pese a los esfuerzos de los detentadores del poder para simular respeto a ella.”[5]

Esta es una idea mucho más amplia, que abarca dos rutas para dicha manifestación: la del voto electoral, por un lado, y la de la libertad de expresión por el siguiente. En realidad, tanto el voto como la publicación son los arbitrios por camino de los cuales se expresa la opinión pública y se hace conocida a todos. En el primer caso, por canal del escrutinio y posterior difusión del resultado comicial y, en el segundo, por la divulgación del pensamiento.

En un sentido algo más amplio, el voto también es una forma de expresar la opinión política, por lo que entendemos que la libertad de expresión comprende e incluye la libertad de votar. Y -por contrapartida- la de no votar. Ya que la libertad estudiada consiste -en suma- en la de expresarse o no hacerlo. Se trata de un derecho, que el sujeto activo puede ejercer o no. De lo contrario no podría hablarse de “libertad” si existiera una obligación general de expresarse. Entendemos por ello que, la libertad de expresarse -por modo del voto- debe incluir la de no hacerlo (no expresarse por intermedio del voto, es decir, no votar si la persona en cuestión no desea hacerlo).

“Previa censura. La que se ejerce, sobre la prensa en especial, antes de darse al público. (V. CENSURA, LIBERTAD DE EXPRESIÓN.)”[6]

En nuestro sistema constitucional está prohibida. Se entiende que se conecta a la censura que terceros pretenden hacer contra la libertad de prensa, y no a la autocensura, que es el caso de cuando alguien se abstiene voluntariamente a dar a conocer su opinión por conducto de la prensa.

[1] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial HELIASTA-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 554

[2] Ossorio, Ibidem, p. 761

[3] Ossorio, Ibidem, p. 554

[4] Ossorio, Ibidem, p. 554

[5] Ossorio, Ibidem, p. 657

[6] Ossorio, Ibidem, p. 768

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Cómo hicieron muchos países para bajar los índices de pobreza

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 24/4/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/04/24/como-hicieron-muchos-paises-para-bajar-los-indices-de-pobreza/

 

Esa es la vara que eligió el presidente Mauricio Macri para que se evalúe su gestión a fin del mandato.

 

No parece una mala unidad de medida para evaluar su gestión económica. Obviamente que el tema ocupación o creación de puestos de trabajo va a ser clave para poder terminar en serio con la pobreza en la Argentina.

Lograr inversiones que contraten mano de obra para que millones de personas dejen de hacer como que trabajan en el sector público, cuando en realidad muchos de ellos son desocupados encubiertos en el Estado, y legiones de piqueteros que viven del trabajo ajeno, es todo un desafío.

Cómo lograr salir de la pobreza es una receta conocida. Disciplina fiscal, bajos impuestos y gasto público, flexibilidad laboral y respeto por los derechos de propiedad. A partir de estos lineamientos se crean las condiciones para que la gente desarrolle su capacidad de innovación.

No van a ser los burócratas los que nos van a guiar con su “sabiduría” qué tenemos que producir, en qué cantidades y a qué precios. Eso ya lo probamos y tenemos una larga experiencia de decadencia económica.

Al respecto no hay mucho para inventar. Basta con ver el Índice de Libertad Económica que todos los años elabora The Heritage Foundation y el Wall Street Journal para advertir que a mayor libertad económica, mejor nivel de vida de la población.

Recordemos que el Índice de Libertad Económica incluye ítems como respeto por los derechos de propiedad, disciplina fiscal, flexibilidad laboral, carga impositiva, apertura comercial, eficacia judicial y otros rubros más. Es decir, es una combinación de calidad institucional y políticas económicas.

Por ejemplo, tomando los 10 primeros países de mayor libertad económica y los 10 con menor libertad económica e incluyendo el índice de flexibilidad laboral se observan los siguientes resultados.

Como puede verse en el cuadro previo, los diez primeros con mayor liberad económica tienen, al mismo tiempo, una elevada flexibilidad laboral,  tomando 100 como mejor puntaje. Y como puede verse, las tasas de desocupación están, en la mayoría de los países, en niveles muy bajos.

Singapur tiene un índice de flexibilidad laboral de 92,6 y una tasa de desocupación de solo 2,1% de la oferta laboral.

Por supuesto que la tasa de desocupación no la define solamente la flexibilidad laboral, pero ayuda porque no es una barrera que frene la contratación de mano de obra como es en el caso argentino.

La última columna muestra el ingreso per capita de cada país en dólares corrientes. El que tiene un ingreso por habitante más bajo es Estonia con USD 17.737 pero eso tiene una explicación: estuvo sometida por la ex Unión Soviética y luego de independizarse inició un proceso de liberación de la economía. Revertir 70 años de comunismo no era tarea sencilla.

Como dato ilustrativo, comparemos el ingreso per capita en dólares constantes de 2011 entre la Argentina y Estonia para ver lo que puede la libertad económica.

Luego de la caída del muro de Berlín, nosotros teníamos un ingreso per capita, de acuerdo a los datos de Angus Maddison, que superaba en un 42% al de Estonia; en 2016 esa brecha se revirtió al 32% a favor del país europeo, luego de que nos empezara a superar en 2001, y sacó amplias ventajas a partir de 2011, segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Punto de giro singular

Hong Kong, que lidera el índice de libertad económica, es otro caso interesante para compararnos. Recuerdo que en la década del 70 aquí se solía descalificar las reformas económicas del país asiático, argumentando que ellos vivían en condiciones infrahumanas y comiendo un plato de arroz.

En 1960, nosotros, los genios del vivir con lo nuestro y el intervencionismo, teníamos un ingreso per capita que superaba en un 126% al de Hong Kong. En 2016, siempre en base a los datos de Angus Maddison, el país asiático sacó una ventaja del 156%; semejante giro es lo que pudo lograr la libertad económica versus el intervencionismo, el estatismo, la economía cerrada y las regulaciones junto con el populismo económico.

Otro ejemplo del efecto del ajuste fiscal

Comparémonos ahora con Irlanda. En 1960 nuestro ingreso per capita era 12,7% más alto que el de Irlanda. Los irlandeses, llegado un punto, tuvieron que decidir si iban a incorporarse a la Unión Europea o se mantendrían alejados del mundo. Optaron por incorporarse e hicieron un fenomenal ajuste del gasto público en términos nominales.

Sí, algo que aquí sería tildado de ajuste salvaje por parte de los populistas y progres. El resultado es que en 2016 Irlanda tuvo un ingreso per capita un 200% más alto que el nuestro y no para de atraer inversiones ya que le cobra a las corporaciones un impuesto a las ganancias de solo el 12,5 por ciento.

Con cualquiera de los 10 países que nos comparemos con mayor libertad económica, respeto por los derechos de propiedad e integración económica al mundo, somos una lágrima. Países que, con soberbia, mirábamos por arriba del hombro como Singapur, hoy nos superan.

En 1960 teníamos un ingreso per cápita 123% mayor a de ellos y en 2016 nos superaban en 248%. Insisto que todos los gráficos están basados en la última actualización del proyecto Angus Maddison. La fuente es esa.

Si tomamos los 10 países con menos libertad económica, es decir los que están en el final de la tabla, observamos que en tasa de desocupación hay escasa información y lo mismo ocurre con algunos casos del ingreso per cápita que, para los países que disponen de información, están a años luz de los 10 primeros países de la tabla.

La lógica y la evidencia empírica demuestran que a mayor grado de libertad económica, integración económica al mundo, disciplina fiscal, bajos impuestos y gasto público, respeto por los derechos de propiedad, justicia eficiente y flexibilidad laboral, mayor crecimiento e ingreso per capita de la población. En definitiva, mayor bienestar y menos pobreza. El objetivo que busca Macri.

La receta es clara, la duda es si gradualismo o shock

En definitiva, Mauricio Macri no tiene que inventar nada para lograr su objetivo de bajar la pobreza. Ya está todo escrito. La receta es conocida. Solo le queda estudiar si esos países fueron muy graduales al momento de llevar a cabo las reformas estructurales o aplicaron políticas de shock.

Es importante resaltar que en el ideario popular hay países que se creen que aplican políticas socialistas. Si uno revisa el Índice de Libertad Económica se encuentra que Suecia está en el puesto 15, Noruega en el 23 y Finlandia en el 26. Es decir, los países nórdicos, identificados como países socialistas, tienen economías libres. Hace rato que dejaron el socialismo.

Otro dato interesante es que varios de los países que estaban detrás de la cortina de hierro se liberaron del comunismo y aplicaron políticas de shock de libre mercado como los casos de Estonia, Lituania, la República Checa o Letonia que están entre los primeros 30 países con mayor libertad económica y muy fuertes incrementos de sus ingresos per cápita. Luego de estar 73 años bajo la bota comunista, estos países llevaron a cabo importantes reformas económicas pro mercado.

Por eso, aquellos que dicen que nosotros no podemos crecer porque tuvimos 70 años de peronismo, tienen que mirar al resto del mundo y ver como países cuyas poblaciones tuvieron el cerebro lavado por el comunismo o estuvieron bajo políticas populistas como Irlanda, lograron revertir su decadencia.

No busquemos más excusas. No soy peronista y nunca voté al peronismo, pero tampoco compremos el argumento que porque tuvimos peronismo no nos podemos recuperar más.

Me parece que el problema nuestro es que los gobiernos no peronistas terminaron aplicando el populismo del peronismo y por eso el abanico de oferta electoral actual tiende a ser bastante populista en su conjunto, con lo cual la conclusión es que nuestro grave problema económico tiene que ver más con los valores que imperan en la sociedad. La cultura de la dádiva, del proteccionismo, en definitiva del estado sobredimensionado que ahoga la capacidad de innovación de las personas.

El partido político que cambie su oferta electoral y en vez de populismo, proteccionismo y redistribución del ingreso ofrezca las reglas de los países exitosos y logre convencer a una mayoría de los beneficios de terminar con el populismo es el partido político que logrará lograr otro milagro económico como el que consiguió, en su momento, la generación del 80.

 

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Inflación: la verdad de Perogrullo

Por Carlos Alberto Salguero. Publicado el 20/4/18 en: https://www.rionegro.com.ar/columnistas/inflacion-la-verdad-de-perogrullo-CL4841141

 

 

El pasado jueves, el Indec comunicó la tasa de inflación para el mes de marzo: 2,3%, una décima de punto porcentual menos que en febrero, pero algo por encima del 1,8% del mes de enero. Educación, 13,8%; Equipamiento y Mantenimiento del Hogar, 4,5%; y Prendas de Vestir y Calzado, 4,4%: son algunos de los componentes que han provocado tracción sobre el indicador mensual y, como es natural, reflejaron la estacionalidad de la nueva temporada otoño-invierno. Todo lo cual sintetizó un agregado para el trimestre del 6,64%, que supera al 6,1% de igual período registrado en el año anterior.

El fenómeno inquieta a muchos analistas quienes, en pos de anticipar el comportamiento futuro de la evolución de los precios, se enfocan en el alza de precios de los pasados 12 meses. Para el período, el indicador se estabilizó en el rango del 25% hacia fines del 2017, y el gobierno decidió recalibrar la meta de la autoridad monetaria para el 2018 (del 10% al 15%). También se pone especial atención al caso particular de la denominada “inflación núcleo”, la que no está vinculada con factores estacionales y con los precios regulados por el gobierno, que aceleró el presente mes a ritmo de 2,6%, superando el promedio general, porque recibió con rezago los efectos de las subas previas del tipo de cambio y de las tarifas.

Con igual razonamiento, es decir, la inducción o el positivismo metodológico utilizado por la ortodoxia, podría aseverarse que a este ritmo la tasa anualizada-no “desestacionalizada” (desestacionalizar se utiliza con el significado de eliminar de un dato o serie, mediante la aplicación de cierto filtro o procedimiento estadístico, el efecto de las variaciones cíclicas estacionales que esa variable experimente a lo largo del año) alcanzaría hacia el mes de diciembre la abultada cifra del 29,32%.

Sin embargo, la inflación, en el mundo en general y en el continente en particular, ha dejado de ser un problema, “Está disminuyendo en varios países de la región (con contadas excepciones, como México, Argentina y Venezuela), a pesar de la recuperación de los precios de las materias primas, lo que indica que las brechas de producto siguen siendo negativas y que las presiones inflacionarias derivadas de la depreciación de las monedas se han disipado” (las estadísticas de nuestro país no fueron tomadas en consideración durante la última década, al igual que las de Venezuela), según el informe Perspectivas Económicas FMI, abril de 2017.

Por lo tanto, el fenómeno de la inflación cada vez menos frecuente en el escenario económico global debiera ser explicado por sus verdaderas causas, y no mediante animadas especulaciones que sólo tienden a confundir irremisiblemente.

En lo que se conoce como el debate de la neutralidad del dinero, la mayoría de los economistas aceptan que los efectos a largo plazo del dinero recaen totalmente (o casi) sobre los precios, con un impacto muy limitado o nulo sobre las variables reales; también, varios de ellos admiten que las perturbaciones monetarias pueden tener efectos reales a corto plazo. Pero la naturaleza de tales perturbaciones tiene un alcance temporal y limitado.

Durante las últimas décadas, la necesidad de compatibilizar la aparente neutralidad del dinero a largo plazo con sus posibles efectos reales a corto plazo llevó al desarrollo de un campo de investigación muy activo que se traduciría en las llamadas teorías monetarias del ciclo económico. En dicha línea argumental, el relevamiento realizado por McCandless y Weber en 1995 estudió la neutralidad del dinero a corto y a largo plazo para un conjunto de 110 países durante un período de treinta años (entre 1960 y 1990). Las correlaciones observadas entre las tasas de crecimiento de los precios, de la producción y de varias definiciones del stock de dinero (M0, M1 y M2) alcanzaron conclusiones fundamentales: mostraron que la correlación entre la tasa de inflación y la de crecimiento de la oferta monetaria varía entre 0.92 y 0.96, dependiendo de la definición de dinero que se utilice.

A menos que el gobierno tome nota de que la variación interanual de la base monetaria, o dinero de alto poder –del 29,3% para los últimos doce meses, conforme el Informe Monetario Mensual del BCRA de marzo de 2018–, es compatible con el comportamiento empírico de los precios monetarios, y, sobre todo, esté dispuesto a admitir que, bajo las actuales condiciones, las metas no son alcanzables: la política monetaria no resultará un indicador confiable y consistente con la realidad económica que subyace. Similar desempeño se observa con el comportamiento de la circulación monetaria, 27,9%.

En síntesis, si los argentinos seguimos empeñados en descubrir o redescubrir la pólvora, que fue probablemente la primera gran aportación de la Alquimia, seguiríamos alimentando aquel mito o frase que lanza una invectiva contra alguien que ha hecho o dicho algo y resulta ser “la verdad de Perogrullo”.

 

Carlos Alberto Salguero es Doctor en Economía y Máster en Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Lic. en Economía (UCALP), profesor titular e investigador en la Universidad Católica de La Plata y egresado de la Escuela Naval Militar.

El periodismo

Por Gabriel Boragina Publicado el 15/4/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/04/el-periodismo.html

 

Comencemos con la definición de nuestro tema:

“periodismo

De la raíz de periódico e -ismo.

  1. m. Captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de sus formas y variedades.
  2. m. Estudios o carrera de periodista.”[1]

Al contrario del uso amplio que se le suele dar vulgarmente a este término, el periodismo es un proceso de captación y tratamiento de la información. Dentro de tal información puede encontrarse la de diversos sucesos o -inclusive- la de la opinión pública misma.

Conforme al concepto dado, el periodista capta la información y la trata.

Cuando vamos a la definición de tratamiento, entre otras acepciones que no se aplican a nuestro tema, la cuarta del vocablo dice:

“4. m. Modo de trabajar ciertas materias para su transformación.”[2]

Si relacionamos este significado al anterior deducimos que la actividad periodística consiste en captar y trabajar la información (materia o material) para su trasformación. Si vamos a la de transformar, el diccionario nos expresa:

“Tb. trasformar.

Del lat. transformāre.

  1. tr. Hacer cambiar de forma a alguien o algo. U. t. c. prnl.
  2. tr. Transmutar algo en otra cosa. U. t. c. prnl.”[3]

El periodista, entonces, cambia la forma de la información captada, o puede transmutarla en otra cosa. Resumiendo: puede cambiar el formato de la información (la manera de presentar esa información) o su esencia (el modo en que ocurrieron los hechos, o los hechos mismos). En otros términos, puede alterar los hechos o desfigurarlos por completo. Incluso puede inventar o divulgar algún hecho que -en realidad- no ha acaecido nunca. En la jerga periodística se conoce esto como “fake news”.

Dado que todos somos distintos (incluye, por supuesto, a periodistas también) la forma en que captamos e interpretamos los acontecimientos es diferente. Por ende, la manera en que damos a conocer esos hechos a otros asimismo lo será. Aun cuando el periodista procure transmitir la información recabada de manera “fiel” u “objetiva”, lo que haga -en definitiva- estará condicionado por su propia subjetividad (de la que no puede escapar), la que opera siempre en todo momento y lugar, tanto en la fase de captación como de exegesis y, posteriormente, divulgación de lo informado.

Cuando examinamos un dato (cualquiera que este sea) necesariamente (e inconscientemente) lo estamos transformando en otra cosa distinta a lo que otro puede elucidar sobre esa misma noticia. Esto no es -en sí mismo- ni “bueno” ni “malo”; es simplemente un hecho, derivado de la naturaleza desigual de las cosas y de las personas. Y los periodistas -como personas- están, obviamente, sujetos a este fenómeno.

Lo dicho no excluye la posibilidad -y muchas veces la realidad- de que el periodista deliberadamente desee (y lo haga) desfigurar la información recibida por el y dada a conocer, la tergiverse voluntariamente y -adrede- la falsifique. Lamentablemente, este caso es con demasía frecuente.

Pero, aunque sus propósitos no sean dañinos necesariamente y aun en casos de buena fe, lo que trasmitirá de lo captado será su propia percepción personal de los hechos y la de nadie más que el (o ellos).

El periodista capta y elabora una información que es -a su vez- re-informada por el mismo periodista. La información pasa por varios filtros de significación dados por desiguales personas (el informante y el informado).

El periodista cumple ambos roles: primero es informado de ciertas cosas (dichos, hechos, etc..) y -a su vez- los re-informa a terceros. En este desarrollo, lo que hace es recibir la conjetura del informante sobre el hecho o dicho “X”. Acto seguido, el periodista lo informa a su audiencia, televidencia, lectores, etc. Es decir, da su propio análisis de la explicación del informante originario. Es en este paso donde se produce la transformaciónde lo informado originariamente.

El periodismo independiente

A veces se habla del periodismo “independiente”. Pero este término aplicado al periodismo es muy ambiguo, cuando no directamente inapropiado.

Si se asigna un sentido estrecho al vocablo “independiente” contraponiéndolo solamente a otro “oficial” podernos estar de acuerdo con la existencia de un pleonasmo. Pero si al término “independiente” le adjudicamos un significado lato llegaremos a la conclusión que el periodismo “independiente” no existe en ningún concepto, ni financiero ni en materia de contenidos. El periodista requiere de medios para ejercer su oficio o profesión, tal y como los necesita cualquier otro emprendedor o empresario del ramo que sea. Desde el punto de vista material dependerá de esos recursos económicos, de otro modo no podrá comenzar su tarea de informar. Normalmente, sus bases financieras o económicas le son provistas por sponsors o avisadores. Tenemos aquí un primer nivel de dependencia que lo condiciona.

Un segundo nivel está representado por los contenidos de su programa, edición o publicación periodística. Estos van a estar determinados por los intereses del público al que aspira a dirigir su material y el propio de sus auspiciantes.

Como todo negocio, cada periodista apunta a un mercado o target especifico (modas, política, deportes, economía, espectáculos, turismo, etc.) lo más probable es que sus sponsors y anunciantes provengan de esos determinados sectores, de lo contrario el emprendimiento no podría prosperar por falta de interés de las partes involucradas (periodistas, lectores, audiencia, etc.).

En tanto los fondos con que se pretendan financiar esta operación provengan de fuentes privadas, evidentemente no hay nada que cuestionar, como no lo hay en cualquier otra faena que se comience, ya sea de comestibles, muebles, rodados, vestido, inmuebles, etc.

El problema surge -a nuestro modo de ver- cuando se intentan utilizar caudales públicos (estatales en rigor) para financiar estos proyectos, situación que se da con harta frecuencia.

Aquí se desdibuja un tanto la critica a los medios oficialistas, porque hay que tener en cuenta que los partidos políticos reciben subvenciones del “estado”, que alcanzan tanto al partido oficialista como a todos los de la denominada “oposición”, con lo cual se diluye aún más la palabra “independiente” para designar a tales medios. Con estos dineros, los partidos oficialista y opositores crean órganos y “departamentos de prensa” que -en última instancia- son de pura propaganda de sus idearios, labores y planes. A su turno, estos capitales se restan a la profesión periodística verdaderamente privada, lo que, desde el punto de vista económico, reduce el periodismo “independiente” a su mínima expresión.

[1] Real Academia Española © Todos los derechos reservados

[2] Real Academia Española © Todos los derechos reservados

[3] Real Academia Española. © Todos los derechos reservados

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Sobre el cambio y su critica

Por Gabriel Boragina Publicado el 8/4/18 en: Por Gabriel Boragina Publicado el 1/4/18 en:

 

A veces, se critica a políticos porque cambian de partido o de referente político. Se dice que -en dicho supuesto- se traicionan los ideales. También sucede en otros órdenes de la vida además del político.
En la jerga corriente argentina, suelen denominárselos popularmente “panqueques” asimilando la manera particular en que se prepara este alimento, y por la forma rápida en que “se dan vuelta”.
Sin embargo, a veces esta crítica es apresurada o, directamente, injusta. Porque todos podemos mudar nuestra manera de pensar, dado que no somos los dueños de la verdad, ni la tenemos revelada, ni gozamos de omnisciencia.
Por el contrario, es encomiable que reconozcamos nuestro error y nos adhiramos a una idea, empresa o cualquier otra opinión que ahora reconozcamos como la correcta.
Que un delincuente decida dejar la delincuencia y pasarse al bando de las personas honestas no puede ser objeto de censura, ni critica alguna, si la decisión es sincera y firme.
Claro que, cuándo el cambio es ostensiblemente contradictorio y moralmente grave ya no podría decirse lo mismo. En el ejemplo anterior, sería el de un honesto que decide pasarse a la delincuencia. O -en otro plano- si alguien que militaba en el “partido demócrata cristiano” de cualquier país, de repente se afilia al partido nazi o comunista, obviamente ahí si se justifica la sospecha, y aun la critica a esos cambios específicos.
O -en otro ejemplo hipotético- si alguien que ha militado entusiastamente contra el aborto, de repente se pone -con el mismo fervor- a favor de lo que ha combatido, pero en sentido contrario, también es digno de desconfianza y de recelo.
En temas menos serios, es decir, donde las diferentes posiciones sustentadas no sean tan tajantes, habrá que recurrir a otros parámetros para medir si el cambio es franco o no, con independencia que se comparta o no la mudanza de una forma de pensar hacia otra.
En esta línea, es fundamental que el decir sea acompañado con el hacer. Y no que se quede en el mero decir. Siguiendo con los ejemplos anteriores, si el delincuente “dice” querer pasar, o que ha pasado, a las filas de los honestos, debe demostrarlo coherentemente con comportamientos -de allí en más- decentes. Los hechos hablan en voz más fuerte que las palabras.
La persona que cambia de ideas debe ser coherente y consecuente con las nuevas doctrinas que abraza. De hecho y de palabra. Si esto no es así, aquí sí que cabe la censura a un “cambio” que no ha sido veraz, sino fingido. Un violador serial que predique la continencia sexual no es creíble.
Cuando las mutaciones tienen una rotación muy alta, como la que se verifica en aquellas personas que cambian continuamente de trabajo, de estudios, residencia, gustos, de pareja, etc. estamos frente a otro problema, que recibe distintos nombres según el campo donde se observa. Así, habrá que hablar de inestabilidad laboral, vocacional, emocional (si se trata del mundo de lo afectivo), etc.
Puede deberse a inmadurez en la mayoría de los casos por el estilo, sin importar para nada la edad de la persona en cuestión, porque la madurez o falta de ella no va asociada a aquel factor (aun cuando popularmente se crea en el error de que sí).
El cambio es natural, pero las alteraciones bruscas, abruptas o sorpresivamente inmediatas denotan cierta anomalía en el ánimo del agente. Y no se condicen con el equilibrio natural.
El mundo de la economía –en otro ejemplo- es un mundo de cambios. Los consumidores mudan de proveedores cuando encuentran otros que los sirven mejor y a menor precio. Nadie se escandaliza por ello ¿Por qué anatematizar otro tipo de cambios?
Siempre que el cambio sea positivo, ya fuere para la persona que cambia o para los demás, debe aplaudirse el cambio. En caso contrario desde luego que no. Y -en nuestra opinión- el cambio es positivo solo cuando se orienta hacia el bien común, entendido este como el bien de todos sin exclusión, el que no siempre ha de implicar una acción concreta. Muchas veces el cambio positivo consiste en una abstención, como, por ejemplo, sortear una pelea, pasar un mal momento, permitir que algún ser querido cometa un error para que aprenda del mismo a evitarlo en lo futuro, etc. En otros casos se requerirá una acción concreta (hacer un favor, etc.) En cada situación, el agente deberá evaluar si el bien consiste en actuar o dejar de hacerlo.
No es recusable el cambio cuando es genuino, cuando es claro y se demuestra en forma sostenida y en el tiempo. Ninguno está exento de cometer errores, porque no gozamos de omnisciencia, y el traspié es propio de nuestra condición humana. La crítica al desliz ha de ser con ánimo constructivo y no destructivo. Y lo constructivo es la búsqueda de la verdad.
Sin el cambio no podría concebirse ni el progreso ni el retroceso humano. La civilización tal como la conocemos actualmente no hubiera sido posible. Por lo que el cambio en si mismo es un hecho que no puede racionalmente ser objeto de censura, porque forma parte esencial de la evolución. El único cambio censurable es el involutivo, aquel que ataca en pequeño o en grande el avance social y personal de cada uno de los individuos.
Con todo, el cambio en las opiniones de los políticos y -sobre todo- de sus acciones debe ser visto con especial recelo para poder distinguir si son genuinos, o son fruto del oportunismo electoralista al que la mayoría de los candidatos son tan afectos. Este tipo de cambios no son, normalmente, sustanciales, porque el arco ideológico político contemporáneo es bastante similar en casi todos los partidos, sobre todo si tenemos en mira (comparativamente) finales del siglo pasado y comienzos del presente. Los cambios en las ideas políticas de las últimas décadas suelen ser de meros matices, en una concordancia ideológica que gira en torno a la socialdemocracia.
Los cambios sociales son siempre producto de la transformación de las ideas, lo que nada nos dice -por supuesto- de la bondad o nocividad de las ideas que se ponen de moda en una u otra época.

 

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.