La importancia de la elección legislativa y el rol del Congreso

Por Constanza Mazzina. Publicado el 13/7/21 en: https://www.nuevospapeles.com/nota/la-importancia-de-la-eleccion-legislativa-y-el-rol-del-congreso

En este tiempo de campaña para elecciones legislativas de medio término, cobra vital importancia que, como ciudadanos, otorguemos valor a esta elección.

Como toda asamblea, el Congreso argentino es un órgano colectivo y deliberativo que tiene diversas funciones. El Poder Legislativo es el contralor por excelencia de los demás poderes del Estado. A través de diversos mecanismos como el control presupuestario, el control sobre el nombramiento de altos cargos, la creación de comisiones de investigación, la solicitud de pedidos de informes e interpelaciones a distintos funcionarios del Poder Ejecutivo y, como medida extrema, el inicio de juicio político contra el presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros y jueces de la Corte Suprema de Justicia; el poder legislativo tiene en sus manos los resortes de la rendición de cuentas. Así, la tarea del poder legislativo no puede reducirse a la producción legislativa.

El Congreso cumple otras funciones: no sólo legisla y controla sino que legitima y representa, como si fuera poco, también tiene una función en cuanto al reclutamiento y entrenamiento de la clase política (Molinelli, 1999). En este párrafo se condensan los temas que aguardan su debate: las listas cerradas y bloqueadas o abiertas o desbloquedas -como se ha avanzado en muchos países de la región-; las listas papel por partido o la boleta única papel (ni siquiera pensemos en el voto electrónico, al menos en la boleta única); las candidaturas testimoniales como forma de burlar el contrato entre representantes y representados y, en esta misma línea, los pases de distritos, los cambios en los cargos en cualquier momento del mandato, los cambios de partido (transfuguismo), las reelecciones indefinidas. Todos estos elementos, conjugados, abren una brecha entre la voluntad del elector y el poder del partido. Así, el congreso argentino se convirtió en la caja de resonancia de los grandes problemas de la política y de los partidos políticos. Desde el lado del elector, del ciudadano, queda pendiente cómo hacer para darle más poder, más incidencia. Algunos mecanismos implementados en otros países lo han logrado: el desbloqueo de listas (Brasil y Perú, con listas cerradas y no bloqueadas, Ecuador con listas

abiertas), las candidaturas independientes (México) o, como en Colombia, la posibilidad de votar en blanco: según la sentencia de la Corte Constitucional del año 2011, el voto en blanco “constituye una valiosa expresión del disenso a través del cual se promueve la protección de la libertad de elector”; así el elector puede marcar en la casilla correspondiente “voto en blanco”.

Reflexionando sobre la renovación, un breve comentario: la renovación parcial en la cámara de diputados atenta contra el cambio de preferencias del electorado, lease, reduce a la mitad los efectos de ese cambio. Si las preferencias del elector tuvieran una modificación del 100% respecto de la elección anterior, esto se reflejará solamente en el 50% de la cámara, es decir, el otro 50% seguirá mostrando las preferencias de hace dos años. En otras palabras, la renovación parcial protege a los partidos que pierden votos generando un efecto pro statu quo, y perjudica a los que ganan. Lo mismo puede decirse de la accountability del representante al ciudadano, esta renovación parcial disminuye, amortigua, la rendición de cuentas mediante el voto. Lo mismo ocurre con la renovación de tercios en el Senado. Argentina es el único país de la región con renovación parcial en las dos cámaras. En Brasil los senadores son elegidos por un mandato de ocho años pero la cámara se renueva cada cuatro años, alternando 1/3 de los cargos en una elección y 2/3 de los cargos en la siguiente. Los demás países no poseen renovación parcial para ninguna de las cámaras, por ejemplo, Bolivia, Paraguay y Uruguay renuevan cada cinco años totalmente las dos cámaras (Reynoso 2010).

Finalmente, la función legislativa: sin entrar en consideraciones de cuánto ganan los diputados o senadores en comparación con sus pares de otros países, comparación que en todo caso debería incluir el conjunto de privilegios de los que gozan por su investidura; la pregunta no es cuánto producen, sino ¿alguien calculó el costo de las malas leyes? ¿Cuánto nos salen las leyes sancionadas y que generan juicios contra el estado, que son violatorias de derechos constitucionalmente consagrados? ¿Y las que generan efectos negativos sobre la inversión y el crecimiento? ¿Sobre la economía y la producción? La falta de preparación de los legisladores se traduce en un pésimo desempeño legislativo, no por cantidad, sino por sus efectos. El conocimiento técnico fue reemplazado por la ideología y el amiguismo. Tomemos por caso el mejor ejemplo de una ley que provocó el efecto contrario al deseado: la ley de alquileres, ¿acaso alguien pensó que iba a ocurrir otra cosa? ¿Cuál es el costo de estas malas decisiones? ¿Quién se hace cargo? Los resultados están a la vista y las estadísticas las conocemos todos. Las malas leyes generan efectos predeciblemente malos.

El problema aquí es que el correctismo político le gana al conocimiento técnico y ninguno se anima a votar en contra de estos proyectos. Por cierto, la presentación de proyectos (incluyendo declaraciones de interés, declaraciones de beneplácito, declaraciones de Capital Nacional de), es un indicador más de la baja calidad democrática que de la fortaleza de nuestras instituciones. La progresión de nuevas leyes, la corrección, modificación, cambio de la legislación existente de manera permanente son muestra de otro fenómeno: la inflación legislativa. Solamente en el período legislativo 138 que abarcó del 1-3-2020 al 28-2-2021, en plena pandemia, se sancionaron 70 leyes (estadística disponible en la Dirección de Información Parlamentaria). Es decir, en un año cada cinco días tuvimos una nueva ley. Esto tiene efectos contraproducentes: la volatilidad normativa conspira contra las políticas de largo plazo. Y en esa ausencia de largo plazo, en esa persistencia de no pensar en el futuro, es donde el poder legislativo debería tener un rol fundamental, donde debería darse el debate, donde se debería consensuar un modelo de país que resuelva los problemas estructurales que sufre la Argentina hace décadas. La democracia argentina merece un poder legislativo que esté a la altura que las circunstancias le demandan.

Constanza Mazzina es doctora en Ciencias Políticas (UCA), master en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE). Fue investigadora de ESEADE, Fundación F. A. von Hayek y UADE. Fue docente de la Universidad del Salvador en grado y postgrado y en el postgrado en desarme y no proliferación de NPSGlobal. Es profesora de ciencia política en la Fundación UADE. Síguela en @CMazzina

Mensaje al Partido Radical: volver a las fuentes

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 3/7/2en: https://www.infobae.com/opinion/2021/07/03/mensaje-al-partido-radical-volver-a-las-fuentes/

Frente a las actuales circunstancias, resulta necesario retomar el pensamiento de figuras como Leandro N. Alem. Especialmente si se tienen en cuenta los rotundos y reiterados fracasos del estatismo en todos países donde se ha practicado

Leandro N. Alem, uno de los líderes de la Unión Cívica y cabeza de la revolución de julio de 1890.

Lo primero que debe consignarse es la extraordinaria figura del fundador de la Unión Cívica Radical en 1891, el jeffersoniano y doctor en jurisprudencia Leandro N. Alem quien se pronunció con elocuencia y detenimiento sobre temas de derecho, filosofía y de la economía en sus muy diversas facetas. Pero aquí reitero lo que estimo resume muy bien el eje central su pensamiento en un debate parlamentario de 1880: “Más el poder es fuerte, más la corrupción es fácil. Para asegurar el poder legítimo, es necesario impedir a todo trance que él exagere sus facultades, y es indispensable buscarle el contrapeso que prevenga lo arbitrario” y “en economía como en política, estrechamente ligadas, porque no hay progreso económico si no hay buena política, una política liberal que deje el vuelo necesario a todas las fuerzas y a todas las actividades” y concluía al afirmar que “gobernad lo menos posible porque mientras menos gobierno extraño tenga el hombre, más avanza la libertad, más gobierno propio tiene y más fortalece su iniciativa y se desenvuelve su actividad”.

Los trabajos de mayor peso que resumen con tonalidades diversas el pensamiento de Leandro Alem son los de Enrique de Gandía, Telmo Manacorda, Bernardo González Arrili, Francisco Barroteveña, Félix Luna y Ezequiel Gallo. La impronta de Alem fue desdibujada en varios tramos, primero por Hipólito Yrigoyen que como escribió el fundador del radicalismo en 1895 al aludir al “pérfido traidor de mi sobrino Hipólito Yrigoyen” (su padre era casado con Marcelina Alem, hermana de Leandro). Desvío luego confirmado en la Declaración de Avellaneda en 1945 y finalmente al adherir a la Internacional Socialista, desde luego en sentido contario debe destacarse la importantísima actuación del gobierno de Alfonsín en cuanto al juicio a las juntas militares por los procedimientos aberrantes e inaceptables en el combate al terrorismo en el contexto de lo escrito, por ejemplo, por Graciela Fernández Meijide, aunque en el resto de los asuntos sociales ese gobierno fracasó por no haber prestado atención a los consejos y reflexiones demandadas por Alem en muy diversas circunstancias como una ruta para lograr el bienestar de nuestro país.

Es del caso recordar algunos aspectos de los gobiernos de Yrigoyen en cuanto a sus 18 intervenciones federales a las provincias (14 de las cuales sin ley del Poder Legislativo), su desprecio por el Congreso al cual no visitó para la alocución inaugural, su rechazo a las muchas propuestas de interpelaciones parlamentarias, su insistencia con el incremento de la deuda estatal vía empréstitos, el aumento del gasto público, el incremento de gravámenes como el de las exportaciones, su indiferencia por la marcha de la Justicia quedando vacante la cuarta parte de los juzgados federales, la “semana trágica”, el comienzo del control de precios a través de los alquileres que derivó en el célebre voto en contra de tamaña disposición por parte de Antonio Bermejo en la Corte (escribió que “la propiedad no tiene valor ni atractivo, no es riqueza, propiamente, cuando no es inviolable por la ley y en el hecho”), las acusaciones de dolo no atendidas por hechos imputados en relación al área de ferrocarriles y la disposición de fondos públicos para lo que se denominó Defensa Agrícola y la clausura de la Caja de Conversión lo cual sentó la primera base para el deterioro del signo monetario.

Como una nota al pie, al efecto de ilustrar el ambiente del momento a contramano de todo lo propugnado por Alem, transcribo las declaraciones del ministro de gobierno -Carlos María Puebla- del primer gobernador radical de Mendoza José Néstor Lencinas (aunque luego enemistado por razones de poder político con Yrigoyen): “La Constitución y las leyes son un obstáculo para un gobierno bien intencionado:” Por su parte, a Yrigoyen no lo caracterizaba la modestia, por ejemplo -en lo que puede entenderse de su lenguaje oscuro y generalmente incomprensible- escribió en Mi vida y mi doctrina: “Estoy profundamente convencido de que he hecho a la patria inmenso bien y poseído de la idea de que quien sabe si a través de los tiempos seré superado por alguien, y ojalá que fuera igual.”

Luego de la primera presidencia de Yrigoyen se sucedió el interregno de los “antipersonalistas” de la mano de la excelente presidencia de Alvear para luego recaer en el segundo mandato de Yrigoyen, depuesto por la revolución fascista del 30 con la creación de la banca central, las juntas reguladoras, la destrucción del federalismo fiscal y el establecimiento del impuesto a los réditos, para más adelante -con el golpe militar del 43- acentuar notablemente el estatismo en medio de corrupciones alarmantes, controles cambiarios, de precios, de arrendamientos y alquileres, detenciones y persecuciones arbitrarias y torturas lo cual se agudizó en la última etapa con las matanzas de la Triple A, imposición de un sistema quebrado para los jubilados, ataques a la libertad de prensa y el establecimiento de sindicatos autoritarios que perjudicaron (y perjudican) especialmente a los más necesitados.

Como escribe Emilio Hardoy en Confieso que he vivido, “los militares que conspiraron y triunfaron, además de acatar incondicionalmente la autoridad del general José. F. Uriburu, estuvieron imbuidos de las ideas de Acción Francesa de Charles Maurras y el fascismo italiano de Benito Mussolini, habían difundido en círculos intelectuales.” Esto a pesar de la lucha de algunos para contrarrestar esta infame tendencia, especialmente en su defensa de los aliados en el concierto internacional en medio de simpatías con los totalitarismos. Y más adelante consigna que “los conservadores que institucionalizamos el fraude electoral y con torpeza incomparable impedimos que Marcelo T. de Alvear fuera de nuevo presidente y, en definitiva, conseguimos que lo fuera Perón.”

Hoy frente a las actuales circunstancias es de desear que los radicales vuelvan a las fuentes de su partido, especialmente en vista de los rotundos y reiterados fracasos del estatismo en todos lados donde se ha practicado incluyendo en nuestro país que lo viene adoptando con singular perseverancia desde hace ya más de un siglo con uno u otro gobierno.

Es tiempo de retornar a las ideas de Alberdi, el máximo inspirador de nuestra Constitución fundadora de 1853/60 que su aplicación permitió que Argentina fuera uno de los países más prósperos del planeta desde la perspectiva moral y material para luego sucumbir bajo el estatismo a contracorriente de los preceptos alberdianos.

El radicalismo junto a otras personalidades ajenas a ese partido tiene todas las condiciones para conducir a la oposición no solo a un triunfo electoral en cuanto a bancas en el Congreso sino en un futuro gobierno despojado de los lastres que nos están consumiendo. Si la unión de todos los antichavistas en base a estas banderas nobles no se concretara, será ineludible la reforma constitucional, la estocada final a lo que queda de la Justicia y se concretará la amenaza a la libertad de prensa acallando a periodistas de gran calado que advierten cotidianamente sobre lo que se viene si no hay un reverdecer republicano en las elecciones legislativas del año que corre. Y de más está decir que las disputas por cargos y jurisdicciones constituyen un suicido colectivo por lo que de insistir en estos absurdos no habrá 2023 que valga.

Son perfectamente legítimas las disidencias, como hemos subrayado antes los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único, solo que hay que saber distinguir los momentos para el debate y los momentos para la unión frente al peligro manifiesto y presente como diría el Juez Holmes. Si no se comprende que el eje central de la oposición debe ser la libertad en todas sus dimensiones nada frenará los abusos, incluso si en el futuro la oposición fuera gobierno se repetirán los fracasos bajo el esquema estatista.

No son tiempos para andar con discursos plagados de generalidades que no van a ninguna parte, ni a “efectividades conducentes” para recurrir a una de las expresiones crípticas de Yrigoyen, es momento de abrir caminos concretos para lo cual es pertinente reiterar lo que se pregunta y responde Alberdi en su obra de mayor difusión: “¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro: que no le haga sombra.”

Decir que hay que estar más cerca de la gente es una perogrullada grotesca, el tema es tener el coraje y la decisión de explicar concretamente qué se piensa de la deuda pública, de las empresas estatales, específicamente qué impuestos se eliminarán, cuántos ministerios y reparticiones resultan inconvenientes, cómo modificar la legislación laboral fascista, cómo se debe cambiar el sistema que viene robando a los jubilados, de qué manera se terminará con el flagelo de la inflación, de qué modo nos abriremos al mundo vía la eliminación de trabas al comercio, en términos prácticos cuáles serán los instrumentos a los que se recurrirá para contar con un federalismo genuino. No es tiempo de vaguedades y peroratas vacías. Y en la lista anterior no menciono lo elementalísimo que damos por sentado en toda la oposición como la imprescindible libertad de prensa, la independencia de la Justicia y la condena al brutal atropello a los derechos en lugares como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Irán y Rusia (y no escribo la redundancia de “derechos humanos” pues los derechos no pueden ser otra cosa que humanos).

Por otra parte, el asunto no estriba en dar explicaciones y relatar anécdotas sobre las dificultades y cortapisas para la referida unión, se trata -como todo en la vida- de la imperiosa necesidad de lograr resultados. Este mensaje, claro está, no solo va para radicales sino para todo el arco opositor. En esto nos va la vida. Necesitamos tiempo para continuar con la batalla cultural, es decir, para transmitir con imperiosa urgencia el respeto recíproco.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

EL ORDEN ESPONTÁNEO Y EL COVID-19

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 1/7/21 en: https://elbastioncya.com/2021/07/el-orden-espontaneo-y-el-covid-19/

Durante todo el año pasado y en lo que va de este ¡Todos nos hemos convertido en médicos! Es natural, porque quienes estamos en contra de los confinamientos obligatorios –a propósito de la última “iluminada” propuesta que tuvo Gustavo Petro en Colombia, entre otras– hemos tenido también la tendencia a tranquilizar a una opinión pública bombardeada por el pánico. Por ende, hemos actualizado nuestros conocimientos sobre virus, bacterias, contagios, sistema inmunológico, ADN, ARN y más.

Pero, entretenidos en nuestra nueva profesión hemos olvidado el punto central.

La tesis del orden espontáneo de Friedrich Hayek no termina de hacer pie en esta “sociedad construida sobre la base del constructivismo” denunciada por él mismo, similar a la razón instrumental señalada por la Escuela de Frankfurt. Sin embargo, es algo muy sólido. Es el equivalente, en el orden social, a las teorías de la auto-organización de la materia; esto es la teoría del Big Bang y la evolución. Si hubo un Big Bang ¿Por qué la tendencia fue a la auto-organización de la materia y no a un caos originario de elementos? Los físicos están aún tratando de responderlo. Lo mismo en ciencias sociales. Si el conocimiento humano es limitado ¿Cómo pueden los seres humanos interactuar entre sí de modo pacífico? Lamentablemente, la respuesta sigue siendo hobbesiana: no pueden. Un dictador (el gobierno, que al parecer no es humano) debe organizar el caos que somos todos los demás dejados en libertad, por eso este y sus “políticas”: política monetaria, impositiva, exterior, educativa, de salubridad y así hasta el infinito. Y este síntoma de planificación central se da incluso en los liberales clásicos que no pueden dejar de concebir a la educación (excepto Albert LoanHugo Landolfi y nadie más) como un orden deliberado donde tiene que haber un aula, un profesor, apuntes, notas, entre otros. Logran advertir el orden espontáneo en economía pero no en educación. Si eso les pasa a los liberales que leyeron a Hayek ¡Imagínense a los demás!

La argumentación de Hayek es sólida. Hago la cuenta y me sigue dando bien. El conocimiento humano es disperso, y sólo un libre intercambio progresivo y crítico de conocimientos puede hacerlo menos así. El argumento de John Stuart Mill y Karl Popper para la libertad de expresión, sólo Paul Feyerabend se atrevió a orientarlo al tema médico, por ejemplo. También está la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, de Ludwig von Mises, que “no es sólo en economía”. El Estado planificador central en salud y educación tienen el mismo problema. Por eso la salud pública unificada no funciona, porque no se puede hacer un cálculo económico llevando el sistema al colapso permanente ¡Eso antes del 2020! Además sólo existe UNA opinión médica sacralizada y obligatoria, lo cual imposibilita la discusión crítica y conduce el conocimiento médico a la regresión.

Por lo tanto señores médicos: el debate no es en torno a su labor. El problema no es lo que usted opine sobre el COVID-19. El problema es que hay otras discusiones médicas pero usted las rechaza y, para usted, como para cualquiera, los argumentos de MillPopperHayek y Feyerabend se aplican, aunque usted no lo quiera o no lo pueda ver.

¿Cómo hubiera sido una sociedad libre ante el supuesto (también hay opiniones diversas sobre si este virus fue identificado) COVID-19? Hubiera sido un escenario, ante todo, donde se contaría con una libre oferta de servicios médicos diversos compitiendo libremente. Si un médico o un sanatorio quiere intubar, que lo haga, pero otros médicos hubieran recomendado otras cosas, y luego de nueve meses nuestro conocimiento se habría aumentado. Y allí viene otro tema NO médico, sino ético y moral: Pero entonces ¿Las personas hubieran corrido el riesgo de equivocarse? Sí, porque eso es ser persona, no esclavo ni canario en una jaula. Usted paciente ¿Nunca le pidió a un médico una segunda opinión? El que pone el cuerpo es usted ¿Y no es que el cuerpo es nuestro? ¿No era que “mi cuerpo, mi decisión”? Ah, pero puedo enfermar a otros ¡No! Esa también es una opinión médica, hay otros médicos que piensan diferente. Ah, es que la inmunidad de rebaño no funciona ¡No! Esa es sólo una opinión médica, hay otras ¿Y entonces? Y entonces, consulte a su médico y decida.

Sí, la vida es riesgosa, y si no lo acepta ¡Muérase! Que es lo que hace aceptando de buena gana que lo encierren en su sótano.

La ignorancia supina del orden espontáneo, de que el conocimiento limitado en medicina sólo se minimiza en libre discusión, que la salud pública unificada por el Estado imposibilita el cálculo económico, que por eso la oferta de salud está siempre colapsando, son lo que ha llevado a todo este caos. Precisamente ese caos que la OMS y el gobierno central han tratado de evitar, y como siempre, lo amplificaron ¡Lo aumentaron! MisesHayek y Feyerabend lo explicaron en 1922, 1936, 1975, 1978 y en otros años más en libros importantes que usted: señor médico del Estado, no ha leído ni le interesa leer.

Y eso, en ética, se llama negligencia culpablePorque posiblemente está muriendo gente, no sólo por los servicios de salud que han quedado desatendidos, sino por la ineficiencia de los tratamientos en comparación con los que hubieran surgido en una sociedad libre y por el colapso crónico (no sólo este año) de la oferta de salud fruto del sistema estatal.

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor en las Universidades Austral y Cema. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Publica como @gabrielmises

Ginés, Sigman y un peligroso vacío legal

Por Mauricio Alejandro Vázquez. Publicado el 22/6/21 en: https://www.dataclave.com.ar/opinion/gines–sigman-y-un-peligroso-vacio-legal_a60d11963acb95c33c6321e4d

El vínculo entre el ex ministro y el empresario fue nuevamente expuesto. Esa relación adquiere gravedad porque el farmacéutico es señalado como uno de los responsables primarios del atraso en los planes de vacunación que han causado casi 90.000 muertes en nuestro país en el último año y medio. Pone en evidencia también el “vacío legal” que se produce al no poder utilizar la herramienta del juicio político contra González García.

Hace unos días atrás, en esta misma columna, comentábamos sobre el misterio que representa que Argentina en casi cuarenta años de democracia, con un sinnúmero de escándalos y crisis gubernamentales, y a contramarcha de varios de sus vecinos regionales, aún no haya hecho uso a nivel nacional del recurso del Juicio Político.

Desde aquella primera nota, las redes sociales se llenaron de posteos que mostraban al ex ministro de salud de la nación, Ginés Gonzales García, reunido en España, sin que medie explicación oficial alguna, con el reconocido empresario farmacéutico Hugo Sigman. El encuentro entre el ex titular de la cartera de salud y el empresario, ya de por sí hubiese suscitado suspicacias varias en cualquier lugar del mundo en el que la potencial connivencia entre el poder político y el empresarial es auditada con profundo recelo. Sin embargo, la fotografía en cuestión (tomada y subida a las redes por una fuente desconocida hasta el momento), adquiere una gravedad extra no solo porque a la fecha Sigman es un proveedor con contratos vigentes con el Estado Argentino, sino también porque el mismo podría ser fácilmente señalado como uno de los responsables primarios del atraso en los planes de vacunación que han causado casi 90.000 muertes en nuestro país en el último año y medio.

Con este antecedente, la cuestión del juicio político contemplada en los artículo 53, 59 y 60 de nuestra Constitución Nacional se vuelve nuevamente susceptible de revisión pero ahora no tanto por el extraño hecho de que el mismo no haya siquiera sido impulsado por la oposición durante el fallido mandato de Ginés, plagado como estuvo de hechos que fácilmente podrían haber sido considerados como irregularidades e incumplimientos en la función, sino porque a la fecha esta institución legal de profunda raigambre republicana, ostenta un vacío normativo con implicancias severas.

Para poder comprender el punto, es necesario señalar que la función del Juicio Político no es propiciar penas que podrán luego provenir de la justicia ordinaria, si así resultase de los procesos pertinentes, sino quitar atribuciones a los funcionarios de turno. En tal sentido, el articulo 60 de la Constitución es claro cuando dice que el Juicio Político “no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.”

Sin embargo, el reciente encuentro de Ginés con Sigman, la falta de acuerdo por la vacuna de Pfizer, el vacunatorio vip o, incluso puntualmente, la pasividad con la que se toleró la demora en la entrega de dosis de AstraZeneca que involucraría al mencionado empresario, sirven para dar luz sobre este peligroso vacío legal. Decimos esto puesto que al haber renunciado a su rol de ministro, Ginés hoy no podría ser interpelado por la vía del juicio político ya que, según varios constitucionalistas consultados, esta instancia se ha vuelto abstracta a partir de su renuncia.

A pesar de esto último, desde una posición filosófica afín al espíritu de nuestra constitución y contemplando la totalidad de los efectos que el juicio político tiene, nosotros consideramos que el mismo debiera ser extendido también a exfuncionarios públicos. Afirmamos esto, puesto que tal como fue mencionado anteriormente, el Art. 60 de la constitución no busca únicamente destituir a los funcionarios que cumplen con los causales mencionados en el Art. 53, sino también al mismo tiempo evaluar su inhabilitación temporal o permanente para que éstos vuelvan a ocupar cargos públicos. Así mismo, consideramos que en casos como el que desarrollamos en esta nota, la aplicación de esta instancia a un funcionario renunciado también tendría como efecto inmediato transparentar sucesos que deben obrar en el saber del ciudadano para poder ejercer sus diversas facultades de control sobre el poder político.

Por último, cabe señalar que en el año 2004 y nuevamente en 2006, el Diputado de la Nación (MC) Jorge Vanossi, presentó un proyecto de ley orgánica de Juicio Político que en su artículo 38º contemplaba explícitamente esta cuestión al decir que “los ex funcionarios que han desempeñado alguno de los cargos del artículo 53 de la Constitución podrán ser sometidos a juicio político al solo efecto de determinar si corresponde aplicarles la inhabilitación para ocupar en el futuro empleos de honor, de confianza o a sueldo de la Nación.” En ambas instancias el proyecto careció del apoyo necesario para convertirse en ley y por tanto a la fecha nuestra República sigue careciendo de este recurso.

Por todo lo dicho, consideramos que esta cuestión debiera ser prontamente revisada por los legisladores, independientemente de su pertenencia partidaria, si deseamos una República con mayor transparencia y solidez institucional. 

Mauricio Alejandro Vázquez es Título de Honor en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, Magister en Ciencias del Estado por la Universidad del CEMA, Magister en Políticas Publicas por la Universidad Torcuato Di Tella y coach certificado por la International Coach Federation. Ha trabajado en la transformación de organismos públicos y empresas. Actualmente es docente de Teoría Política, Ética, Comunicación, Metodología y administración en UADE y de Políticas Públicas en Maestría de ESEADE. También es conferencista y columnista en medios como Ámbito Financiero, Infoabe, La Prensa, entre otros. Síguelo en @triunfalibertad

¿Expropiar lo que el político estima “improductivo”?

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 26/6/2en: https://www.infobae.com/opinion/2021/06/26/expropiar-lo-que-el-politico-estima-improductivo/

Al minimizar el derecho de propiedad se elimina la institución que permite la mejor utilización de los recursos existentes para atender las necesidades de la gente

Hugo Chavez

Hay manifestaciones que revelen un desconocimiento palmario del proceso que tiene lugar en las relaciones sociales en ámbitos de libertad para lo cual resulta esencial comprender el valor de la Justicia que significa “dar a cada uno lo suyo” y “lo suyo” remite a la propiedad privada. En este contexto la igualdad ante la ley resulta crucial para el bienestar moral y material de todos lo cual subrayamos es ante la ley y no mediante ella.

Tal es el embrollo mental de los que rechazan la institución de la propiedad privada que tampoco entienden lo que significa lo productivo y lo improductivo en andariveles bifrontes. Por una parte, dados los siempre escasos recursos, lo productivo es lo que la gente prefiere. Ese es el sentido, entre muchos otros autores, que dan precisión a la materia como es el caso del premio Nobel en economía James M. Buchanan cuando escribe que “mientras los intercambios se mantengan abiertos y mientras no tenga lugar la fuerza y el fraude, aquello sobre lo cual se acuerde se define como eficiente.”

Por otra lado, quien ahorra en un terreno baldío, quien ahorra en dólares bajo el colchón, quien lo hace para coleccionar automóviles antiguos o acumula obras de arte es porque dadas las circunstancias es lo que estima más productivo. Si se equivoca consume su capital y si acierta lo acrecienta. También, si miramos el globo terráqueo observamos que hay muchos recursos marítimos, forestales y territoriales que al momento no son explotados en el sentido al que habitualmente se alude, lo cual se debe a que, como queda dicho, los factores de producción son escasos y solo hay dos maneras de establecer prioridades sobre qué hacer con esos bienes: que decida la gente o que decida el aparato estatal. Si se decidiera por esto último, a contracorriente de las preferencias de la gente, inexorablemente habrá consumo de capital y por ende más pobreza.

Ser productivo no es producir más cosas, es producir las consideradas de mayor valor. Dadas las actuales circunstancias, no es mejor producir un millón de botones que producir diez tractores. En esta misma línea argumental debe tenerse muy en cuenta que las mayores producciones de valores no son los bienes tangibles: los estados de felicidad cuando se constituye una buena familia, cuando se observa una buena puesta de sol, una partida de ajedrez entre amigos y equivalentes son algunos ejemplos de vida productiva. Más bien la producción de bienes materiales son en general un medio para producir valores de otra especie y rango.

Cuando se sostiene que puede expropiarse lo no productivo a criterio de ciertos burócratas en el poder se está sentando las bases para las mayores iniquidades. ¿Cuántas habitaciones se usan diariamente en una casa? ¿Acaso no son “improductivas” las que no se usan habitualmente? ¿No deberían expropiarse? Y así sucesivamente con la ropa, con parques y jardines que se disfrutan con la mirada pero que no “producen cosas” en el sentido corriente de la expresión.

Más aun, estas disquisiciones en última instancia apuntan a la macabra guillotina horizontal del igualitarismo puesto que según los politicastros le dará un uso más productivo el que recibe la parte arrancada a otro que su titular original, sin percibir que el asunto es exactamente al revés: el empleo más productivo es el que establece la gente vía el plebiscito diario del mercado con los votos de compras y abstenciones de comprar de la gente y los mayores patrimonios trasmiten su fortaleza a los más débiles a través de incrementos en salarios fruto de aquellas tasas de capitalización.

La propiedad privada hace que cada cual cuide de lo suyo en contraste con “la tragedia de los comunes” donde lo que es de todos no es de nadie. Como hemos consignado antes, la forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma cuando nosotros pagamos las cuentas respecto de cuando se obliga a otros a financiar con el fruto de sus trabajos.

Otra vez conviene repasar que la asignación de derechos de propiedad es vital precisamente a los efectos de darle el mejor uso a los recursos disponibles. Quienes dan en la tecla con las necesidades del prójimo incrementan sus ganancias y quienes yerran incurren en quebrantos. Esto es en la sociedad libre, por el contrario cuando irrumpen los empresarios prebendarios con sus alianzas con el poder de turno, el atropello a los derechos de la gente está garantizado.

La institución de la propiedad permite el establecimiento de precios como reflejo de las estructuras valorativas de las partes contratantes puesto que se trata de transacciones de derechos de propiedad. Cuando se afectan derechos de propiedad necesariamente se distorsionan precios lo cual desdibuja la contabilidad y la evaluación de proyectos. En el extremo donde se decide la abolición de la propiedad desaparecen por completo los precios y como también hemos destacado en otras ocasiones no se sabe si conviene construir los caminos con oro o con asfalto y si alguien sostiene que con el metal aurífero es un derroche es porque recordó los precios relativos antes de la referida abolición de la propiedad. En otros términos, técnicamente el comunismo es un imposible desde la perspectiva económica ya que no se puede economizar donde no hay precios que demás está decir nada tienen que ver con la imposición de simples números siempre arbitrarios que puedan establecer e inventar los gobiernos totalitarios.

Es del caso recordar lo escrito sobre la importancia de la propiedad privada por los padres de las constituciones estadounidense y argentina respectivamente. James Madison lo ha hecho en 1792: “El gobierno ha sido instituido para proteger la propiedad” y Juan Bautista Alberdi lo hizo en 1854, “Pero no basta reconocer la propiedad como derecho inviolable. Ella puede ser respetada en su principio y desconocida y atacada en lo que tiene de más precioso: en el uso y disponibilidad de sus ventajas […] El ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado en nombre de la utilidad pública.”

Esta reflexión alberdiana nos lleva al programa del fascismo. El comunismo es más sincero: pregona el uso y la disposición directa de la propiedad por el aparato de la fuerza, mientras que el fascismo permite el registro de la propiedad a nombre de particulares pero usa y dispone de ella el gobierno. Es el sistema que más éxito tiene en el llamado mundo libre. Veamos el sistema educativo donde en gran medida las instituciones privadas están privadas de independencia debido a las imposiciones de pautas y estructuras curriculares por parte de ministerios de educación, veamos el sistema bancario y financiero en gran medida dirigido por la banca central y así sucesivamente hasta ámbitos como los taximetreros que al ser dirigidos en sus tarifas, horarios y color con que están pintados hace que los verdadero dueños sean los alcaldes de la ciudad.

La sandez de las mal denominadas “empresas estatales” constituyen otro ejemplo del embate a la propiedad privada. Una empresa implica arriesgar recursos propios y no ajenos por la fuerza. Desde el instante en que se establecen estos organismos políticos (mal llamadas empresas estatales por el antedicho motivo) se alteran las prioridades de la gente puesto que se canalizan los recursos en sectores distintos de lo que hubiera hecho la gente libre y voluntariamente (y si lo hiciera en el mismo sentido no tiene sentido la intervención estatal con ahorro de gastos burocráticos, con el agregado de que el único modo de saber que desea la gente es dejarla actuar). Si, además, ese organismo es deficitario y monopólico la situación no puede ser peor. Por otro lado, si se dijera que el aparato estatal debe encargarse de abastecer áreas inviables desde el punto de vista económico ya que ningún empresario privado la encarará, si esto se sostuviera decimos, debe tenerse muy presente que cada actividad antieconómica que financia el gobierno (es decir, los contribuyentes) se traduce en despilfarro y consumo de capital, lo cual necesariamente redunda no solo en la ampliación de las zonas inviables sino que contrae salarios e ingresos en términos reales puesto que las tasas de capitalización son su única causa.

Uno de los pilares de mayor peso en la sociedad abierta consiste en las relaciones contractuales que remiten a la propiedad. Como nos recuerda Bernardo Krause, desde que nos levantamos a la mañana se hacen patentes los contratos: abrimos la heladera, usamos el microondas, engullimos mermelada, tostadas y queso que son todos fruto de contratos de compra-venta. Tomamos un colectivo (contrato de transporte), llevamos a nuestros hijos al colegio (contrato de educación), si voy en el automóvil al trabajo cargo nafta (contrato de compra-venta de energía), lo dejo en una playa de estacionamiento (contrato de locación), llego al trabajo (contrato laboral), voy al banco (contrato de depósito) o solicito un crédito (contrato de mutuo), concedo una garantía (contrato de fianza), entrego una suma de dinero a una Fundación (contrato de donación), encargo a un funcionario que gestione un trámite (mandato) etc.

Como bien explica William H. Hutt la tesis de estimular la producción con inyección estatal de dinero en áreas al momento consideradas “ociosas” no solo empobrece vía la inflación, sino que convierte usos que en esa instancia se estiman convenientes en usos inconvenientes a criterio de la gente. Los megalómanos no toman en cuenta y desprecian las preferencias de la gente puesto que consideran sus recetas como las mejores para manejar vidas y haciendas ajenas, aunque ellos mismos atesoren sus habitualmente mal habidos patrimonios en lugares a buen resguardo de las satrapías que recomiendan.

Energúmenos como Hugo Chávez que con su macabro y machacón “exprópiese” ha arruinado uno de los países más ricos del orbe para convertirlo en una miserable pocilga donde hasta brutalmente escasean los medicamentos y la comida, este dictador del Orinoco vociferaba que “la propiedad privada no tiene cabida en la revolución socialista” (salvo para sus secuaces y familiares que se embolsan lo ajeno con total impunidad como siempre ocurre con esta canallada).

Minimizar el derecho de propiedad es no entender nada de cuestiones sociales puesto que se condena a la pobreza a muchísima gente al eliminar la institución que, como queda dicho, permite la mejor utilización de los recursos existentes para atender las necesidades de la gente. El no robar y no codiciar los bienes ajenos de los Mandamientos son otra demostración de la trascendencia de ese derecho que es parte sustancial de la sociedad civilizada. El actual Papa una vez más volvió a la carga contra la propiedad privada en la 109 Conferencia de la OIT el 17 del mes que corre, donde leyó su texto en el que consignó que “siempre junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y por tanto al derecho de todos a su uso” a lo cual agregó levantando la vista en una improvisación en la que subrayó lo dicho: “El derecho a la propiedad privada es secundario al derecho primario del derecho universal de los bienes”. No se necesita ser una persona especialmente inteligente para percatarse que este peculiar silogismo se traduce lisa y llanamente en arrasar con la propiedad privada, por más que algunos exégetas atrabiliarios intenten disfrazar lo expresado en esta ocasión que no hace más que reiterar lo manifestado antes por el Papa Francisco en distintas oportunidades, a contracorriente de lo resumido por Pio XI en Quadragesimo Anno: “Nadie puede al mismo tiempo ser buen católico y socialista verdadero” y en un plano más amplio Juan Pablo II explica el significado del capitalismo y la trascendencia de la propiedad privada en la sección 42 de Centesimus Annus. Cuando al Papa en ejercicio se le preguntó si es comunista respondió “son los comunistas los que piensan como los cristianos” (en el diario italiano La Repubblica, noviembre 11 de 2016).

Por último, subrayamos que los atropellos a la propiedad privada son siempre invasiones a la privacidad, es decir a lo más valorado para preservar las autonomías individuales y la dignidad del ser humano. No hay más que mirar lo que ocurre con el nivel de vida de la gente en lugares en los que se respeta la propiedad respecto a los despojos y las situaciones lamentables y desesperadas en que se convierten los lugares en donde no se respeta esta institución fundamentalísima. La falta de respeto a la propiedad ajena es una característica del espíritu autoritario.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Atención: vivir implica riesgos

Por Iván Carrino. Publicado el 16/6/21 en : https://www.ivancarrino.com/atencion-vivir-implica-riesgos/

Y querer reducirlos con mandatos coactivos es una pésima idea.

Que se caiga un avión, que se hunda un barco, que tengamos un accidente automotor, enfermarse de SIDA, tener cáncer, contraer una gripe mortal, perder el trabajo, que caiga nuestro sueldo, que los clientes dejen tu negocio para irse a la competencia, que una tecnología deje obsoleto el producto que vendemos…

Todos estos fenómenos pueden ocurrir, y todos tienen una probabilidad de ocurrencia asociada. Algunos pueden ocurrir con mayor probabilidad, como perder clientes contra la competencia, otros con menor, como que se caiga un avión.

Dato obvio: en ese avión nadie quiere estar.

Ahora la pregunta de políticas públicas es si el gobierno debe hacer algo para prevenirnos de estos riesgos o si, de intentarlo, el remedio puede ser peor que la enfermedad.

Hayek, escribiendo en 1944, decía que “A menudo, la vida y la salud (…) sólo pueden preservarse mediante un considerable  coste material (…) Para tomar un solo ejemplo:  podríamos reducir a cero las muertes por accidentes de automóvil si estuviéramos  dispuestos – de no haber otra manera- a soportar el costo de suprimir los automóviles. Y lo mismo es cierto para otros miles de casos en los que constantemente arriesgamos vida y salud.”

El pensador austriaco simplemente alertaba que intentar reducir algunos riesgos podría traer costos superiores a los beneficios.

Llevándolo a otro terreno: si el gobierno quiere anular el riesgo de que perdamos el trabajo, regulará demasiado el mercado laboral, lo que hará que sea menos dinámico, resultando esto en una tasa de desempleo estructuralmente mayor. Esto es claro cuando se compara el desempleo de Estados Unidos con el de Europa, por ejemplo.

Por otro lado, si quiere blindarnos frente al desempleo tecnológico, tal vez lo logre, pero al costo de sumir a todos en una economía más atrasada y menos productiva. Como en estos casos el remedio es peor que la enfermedad, resulta razonable convivir con los riesgos del caso y dejar que las personas adultas que habitamos el planeta decidamos libremente cómo enfrentarlos. 

Una solución que ha dado el mercado, dicho sea de paso, es el sistema de seguros, que nos compensa frente a las eventualidades que puedan ocurrir.

Llevemos esto a la situación de Covid-19. Si tomamos la tasa de letalidad para casos testeados positivos que publica la ciudad de Buenos Aires, vemos que ésta es muy distinta según rango etario. Por debajo de los 50 años, va desde el 0,05% al 0,43%, elevándose hasta el 25,9% para personas mayores de 80 años*.

Ahora bien, incluso teniendo en cuenta este dato, todavía hay que conocer cuál es la probabilidad de que una persona menor de 50 años se contagie de Covid. Si tomamos el promedio de la tasa de positividad como un proxy de este número, entonces tenemos que ésta es 25%**, con lo que la probabilidad de tener menos de 50 años y morir de Covid va desde 0,0125% a 0,1%.

Es decir, la probabilidad de no morir de Covid-19 es entre 99,90% y 99,9875% si sos de Buenos Aires y tenés menos de 50 años.

Para personas mayores esta situación empeora un poco, es evidente.

¿Y si el sistema de salud colapsa? En dicho caso, las probabilidades serán algo menores, pero en los primeros 20 países en materia de muertes por Covid (grupo en el cual se encuentra Argentina) el rango va desde 1700 muertos por millón en España a 3000 en Hungría***. Es decir que por cada millón de habitantes, en los peores países del mundo, al nuevo coronavirus lo sobrevivieron entre 997.000 y 998.300.

Ahora para evitar que esta enfermedad se propague,los gobiernos del mundo decretaron durísimas cuarentenas, que dejaron a millones sin empleo, deterioraron la salud mental de otros tantos, y aumentaron la pobreza en todos lados. Eso sí: supermercados y farmacias quedaron abiertos, porque para vivir es suficiente tener “lo esencial”.

¿Fue razonable?

Recapitulando, entonces: vivir implica riesgos, vivir en pandemia aumenta en algo estos riesgos y si el sistema de salud está colapsado, entonces el riesgo de morir será marginalmente mayor.

Pero la pregunta relevante, de nuevo, es si el gobierno va a dejarnos vivir como adultos, tomando decisiones soberanas; o si, con el mantra de cuidarnos, nos va a transformar en el canario que tiene comida y agua, pero su vida es un lamento puesto que vive en una jaula. 

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*  Los datos surgen de la página oficial, disponible aquí: https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/noticias/actualizacion-de-los-casos-de-coronavirus-en-la-ciudad-buenos-aires

** Tomada de aquí: https://twitter.com/pipstoch/status/1404893460742746115

***  Los datos son del 16 de junio de 2020, y pueden consultarse en este sitio: https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/. Dejamos afuera a Perú por una extraña suma de muertos no declarados, lo que llevó su número a 5.000, triplicándose en un solo día.

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano. Es Sub Director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE. Sigue a @ivancarrino

Scruton y la izquierda

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 13/6/21 en: https://www.elcato.org/scruton-y-la-izquierda

Carlos Rodríguez Braun reseña la nueva edición del libro del pensador británico Roger Scruton, “Pensadores de la nueva izquierda”.

El pensador británico Roger Scruton, que murió el año pasado, llamaba a los ideólogos del progresismo por su nombre: “Tontos, fraudes y agitadores”. Tal el título de uno de sus últimos libros, de 2015, que en la traducción española de Rialp fue púdicamente sustituido por su subtítulo: “Pensadores de la nueva izquierda”. Se trata de una muy valiosa revisión y actualización de “Thinkers of the New Left”, publicado en 1985. Scruton realiza un esfuerzo ímprobo de análisis crítico de los popes antiliberales, idolatrados en el mundo político, académico, cultural y periodístico, y con apreciables vacíos teóricos y empíricos, rara vez señalados. Destaca a un solo economista, John Kenneth Galbraith, considerado un sabio sin tacha por todo el mundo (bueno, casi: puede verse “Disentimiento sobre Galbraith” aquí).

Pero Galbraith al menos escribía bien, lo que no se puede decir de todas las demás figuras que desfilan en este volumen: Habermas, Althusser, Lacan, Said, Badiou, Zizek, Sartre, Foucault, Gramsci, Deleuze, Dworkin, Thompson, Hobsbawm y otros.

Roger Scruton detecta hilos comunes, como, precisamente, la oscuridad de muchas de estas supuestas lumbreras: “se pueden plantear mil preguntas y, aunque no tienen respuesta, esto solo incrementa la sensación de su relevancia y profundidad…cabe interpretar la oscuridad como la prueba de una profundidad y originalidad tan grandes que no pueden ser abarcadas mediante un lenguaje normal”.

Otra norma es la insistencia en la utopía maravillosa que nos espera si superamos los obstáculos al progreso: propiedad privadamercado, capitalismotradicionesreligión y moral. Scruton pone el dedo en la terrible llaga que estos pensadores eluden: el horror que la izquierda perpetró en el mundo cuando terminó con esos obstáculos.

Pero la nueva izquierda se niega a reconocer dichos desastres, porque ha invertido la carga de la prueba: no es ella la que tiene que responder, porque los que quieren cambiar el mundo son intelectual y moralmente superiores a los que cuestionan sus idílicos proyectos.

Ningún progresista defiende los campos de concentración. Pero este libro desnuda su falaz argumentación, su negación de la naturaleza humana, su relativismo moral, su mentirosa tolerancia, su odio a la libertad individual, su falso dios igualitario, y su terrible mentalidad colectivista. Y concluye con acierto: “Este esquema mental lleva al Gulag con la misma lógica que la ideología nazi de la raza lleva a Auschwitz”.

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE. Difunde sus ideas como @rodriguezbraun

La revancha autocrática

Por Constanza Mazzina. Publicado el 7/6/21 en: https://www.demoamlat.com/la-revancha-autocratica/

La contraola autoritaria: signo y seña del populismo que amenaza con borrar del mapa las conquistas del estado de derecho que supone la democracia, las libertades individuales que plantea el liberalismo político, la separación y autonomía de poderes propia del republicanismo, la transparencia y rendición de cuentas, los límites a los mandatos. Las autocracias instalan un discurso único con que representar la realidad bajo la lógica paranoide de amigo-enemigo y proponen una versión verticalista de construir poder irradiado desde la figura del personalismo que lo centraliza.

La caída del Muro de Berlín trajo aparejada una gran ola de optimismo que nos llevó a creer la ilusión de que, ya al cierre del siglo XX, el mundo había aprendido una lección: si no habíamos llegado al fin de la historia —tal como escribía Fukuyama en aquel entonces —, cuanto menos, parecía el fin de una historia de confrontaciones mundiales entre modelos autoritarios y democráticos. 

Era la culminación de un proceso iniciado a mediados de los setenta, una oleada especialmente fuerte en pro de la democratización en el mundo: la tercera ola. Pensábamos entonces que el oleaje inundaría el planeta y que había llegado para quedarse. Pronto, muy pronto, el optimismo se fue desvaneciendo y comenzamos a hablar de recesión democrática y de la contraola autocrática. La tercera ola en América Latina ha cumplido sus 40 años y parece sumida en la “crisis de los 40”. Repitiendo viejas mañas y consolidando nuevas, las democracias de la región, son, en el mejor de los casos, “democracias con adjetivos”.

El término “democracia con adjetivos” fue desarrollado por Collier y Levitsky a finales de los años noventa, para calificar a las democracias de la tercera ola cuando, pasados unos años, mostraban ya signos preocupantes. Aquellos adjetivos iban al centro de los atributos de las democracias liberales: si el sufragio tenía problemas (las elecciones no eran libres, limpias o competitivas), configuraba una “democracia oligárquica”; si estaban restringidas o cercenadas las libertades civiles: se abrían paso las “democracias iliberales”; si la oposición era perseguida o limitada por diversos medios, entonces se llegaba a una “democracia controlada”.

¿Qué adjetivo ponerle a las democracias latinoamericanas en la actualidad? Patrones estructurales subyacen en la política regional que, combinados, pueden incluirse en todos los tipos de democracias con adjetivos. Es decir, el conjunto de problemas que muestran nuestras democracias atraviesan la historia de todos los Gobiernos de la tercera ola, y convierte a esos “adjetivos” en problemas sistémicos, no ya coyunturales: algunos Gobiernos limitan las libertades (fundamentalmente de prensa y expresión), en otros casos, el sufragio no es libre o no es competitivo; algunos, incluso, persiguen a la oposición. En el extremo, Cuba que, hasta el momento, no inició el proceso de democratización. Los casos de Venezuela y Nicaragua muestran el camino inverso: la desdemocratización y el regreso autoritario están siempre a la orden del día. Estos últimos también han mostrado que en la actualidad las democracias mueren en las manos de líderes electos que hacen uso y abuso del poder para subvertir los mecanismos democráticos a través de los cuales llegaron al poder; una a una van desmantelando instituciones, derechos y libertades. Como señaló el reconocido politólogo Andrés Malamud: “hasta la década de 1980, las democracias morían de golpe (breakdowns). Literalmente. Hoy no: ahora lo hacen de a poco, lentamente. Se desangran entre la indignación del electorado y la acción corrosiva de los demagogos.[1]”

En el año 2020, Latinoamérica se convirtió en una de las regiones más afectadas por la pandemia del virus COVID-19 a nivel internacional, enfrentar este desafío evidenció los grandes problemas sociales, políticos y económicos que,  en mayor o menor grado, todos los países de la región padecen. Era previsible que esta circunstancia pusiera al desnudo las debilidades estructurales de los Estados latinoamericanos: cuales gigantes de pies de barro, los problemas de infraestructura, desarrollo (o su ausencia) y calidad institucional quedaron expuestos y generaron un cóctel cuyas consecuencias aún no han terminado de cristalizarse. 

El Índice de Transparencia que mide la percepción de la corrupción muestra que los Gobiernos de la región tomaron medidas extraordinarias para combatir la pandemia en forma de varios estados de emergencia que restringieron los derechos civiles. Estas restricciones limitaron las libertades de expresión y reunión, debilitaron los controles y equilibrios institucionales y redujeron el espacio para la sociedad civil. Esto produjo una retracción de las instituciones de supervisión y control y, por lo tanto, un aumento en la percepción global de la corrupción. El informe de Transparencia señala: “Con una puntuación media de 43 por quinto año consecutivo, las Américas es un polo de corrupción y mala gestión de fondos siendo una de las regiones más afectadas por la crisis de la COVID-19. Canadá y Uruguay mantienen las puntuaciones más altas, con 77 y 71 puntos respectivamente. Nicaragua, Haití y Venezuela obtienen el peor desempeño, con 22, 18 y 15 puntos respectivamente”.

Pero para 2020, el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit en su decimotercera edición, registraba el impacto del coronavirus (COVID-19) en la democracia y en la libertad en todo el mundo. Analizaba cómo la pandemia se tradujo en la retirada de las libertades civiles a gran escala y alimentó una tendencia existente de intolerancia y censura de la opinión disidente. Como se registra en el Índice en los últimos años la democracia no ha gozado de buena salud y, en 2020, su fortaleza fue puesta a prueba aún más por el brote de la pandemia de coronavirus. El puntaje global promedio en el Índice de Democracia 2020 cayó de 5.44 en 2019 a 5.37. Esta es por lejos la peor puntuación mundial desde que se elaboró ​​por primera vez el índice en 2006. El resultado de 2020 representa un deterioro y se produjo, en gran medida, pero no únicamente, debido a las restricciones impuestas por los Gobiernos sobre las libertades individuales y las libertades civiles que se produjeron en todo el mundo en respuesta a la pandemia. El deterioro en América Latina muestra la fragilidad de la democracia en tiempos de crisis y la voluntad de los Gobiernos de sacrificar las libertades civiles y el ejercicio de la autoridad sin control en una situación de emergencia.

La literatura sugiere que hay tres elementos que, combinados, dan lugar a una democracia moderna. Primero, el Estado tiene el monopolio del poder coercitivo en un territorio determinado y debe asegurar la paz. Segundo, el rule of law, que refleja valores comunitarios y está por sobre todos los ciudadanos, incluyendo a los propios gobernantes. Por último, la rendición de cuentas, que asegura la responsabilidad Estatal para con los intereses de la comunidad por medio de las elecciones. El error en el que caen las democracias actuales es asegurar solo elecciones mientras que se descuida la capacidad del Estado y el cumplimiento de la ley. Lo cierto es que democracia y liberalismo abordan dos cuestiones diferentes: la democracia es una respuesta a la pregunta de quién gobierna. Requiere que el pueblo sea soberano. Si no gobierna directamente, al menos deben poder elegir a sus representantes en elecciones libres, justas y competitivas. Por su parte, el liberalismo no prescribe cómo se eligen los gobernantes, sino cuáles son los límites de su poder una vez que están en el poder. Estos límites, que en última instancia están diseñados para proteger los derechos del individuo, exigen el Estado de derecho y generalmente se establecen en una constitución escrita e implica que a ella se sujeten gobernantes y gobernados. Los sucesivos cambios en la letra constitucional (las reglas de juego) de varios Gobiernos latinoamericanos en estos años [2] es muestra de la vulnerabilidad del Estado de derecho. La democracia requiere el respeto al Estado de derecho para garantizar los derechos políticos, las libertades civiles y los mecanismos de rendición de cuentas y limite los posibles abusos de poder. 

En esta línea, hacia el año 2013, el Dr. Mario Serrafero ofreció en una conferencia [3] una distinción entre dos formas de concebir, de definir la democracia que resulta pertinente en estos tiempos de tanta confusión y donde todo parece lo mismo y da lo mismo, pero no lo es: por un lado, la democracia liberal republicana, por el otro, la democracia populista. 

La democracia liberal republicana es heredera de las tradiciones que le dan su nombre, y de cada una de ellas recupera y precisa los elementos que la definen. Los elementos fundantes de la primera son el respeto por los derechos de los individuos, entendidos como libertades básicas (reunión, opinión, asociación, prensa), los mecanismos de frenos y contrapesos (check and balances), la temporalidad en el ejercicio del poder y la rotación en cargos públicos, la transparencia y rendición de cuentas (accountability) de los gobernantes. Si el liberalismo desconfía del poder, de allí su necesaria limitación, el republicanismo se define por oposición al cesarismo. En esta concepción de democracia ningún actor tiene jamás en sus manos todo el poder por un período de tiempo indefinido ni tiene la oportunidad de ejercerlo sin control ni contrapesos. En la genética de estas tradiciones está el respeto por quien piensa diferente (libertades) y la tolerancia. El Estado de derecho es la condición necesaria de este andamiaje y el Gobierno (y el gobernante) no puede hacer y deshacer la ley a su antojo, sino que la ley está por encima de aquel. 

La democracia populista, por su parte, precisa el mecanismo electoral para llegar al poder, pero una vez en el poder despliega cierto tipo de comportamientos diferentes. Empecemos por señalar que afecta primero la cultura pluralista (libertades, respeto, tolerancia) y las instituciones que promueven la limitación del poder y la rendición de cuentas. Así, Serrafero señalaba que la práctica de la democracia populista se centra en: la personalización del régimen, el predominio del poder ejecutivo en desmedro de los otros poderes, los que son subordinados, colonizados, redefinidos o cooptados por la centralidad presidencial; hay una permanente descalificación de la oposición y de los medios de comunicación no afines, la aplicación de la ley es desigual por lo que se desdibuja el Estado de derecho y hay un uso de la historia y de la conspiración como formas de relatar la realidad. El objetivo último es la refundación del Estado, del orden económico, político y social. De allí, las necesarias reformas constitucionales que den legitimidad a este nuevo orden. La violencia es una consecuencia de la omnipotencia de la mayoría y de la lógica pueblo-antipueblo. Como decía Serrafero “la lógica de la polarización y el conflicto reemplaza a la lógica de la negociación y la resolución pacífica de controversias entre los distintos sectores e intereses”. La ley política reemplaza el Estado de derecho.  

En este punto podemos entonces reconocer que la región atraviesa varias crisis: la primera, de los partidos políticos, del sistema representativo y del presidencialismo, ligado ello a la escasa cultura de rendición de cuentas. Desde el regreso a la democracia, la región ha vivido situaciones donde el “fusible” es la finalización anticipada del mandato presidencial. Ocurra esto por medio de su renuncia o de un juicio político, una cantidad de presidentes no han finalizado su mandato (desde Alfonsín, Collor de Mello, Abdalá Bucaram, Cubas Grau, Mahuad, Sánchez de Losada hasta Lugo o Dilma Rousseff). De alguna manera, esto destraba el juego y reencauza la institucionalidad política. Aunque es un cimbronazo con fuertes consecuencias políticas. 

Agreguemos a ello la cultura caudillista y personalista que persiste en la región: Dieter Nohlen (1994) entiende que el gen autoritario se encuentra “concebido constitucionalmente en América Latina” producto de un objetivo inicial que consistía en fortalecer, temporalmente, en los textos constitucionales al Poder Ejecutivo para reducir así la influencia de otros poderes, es decir, el gen autoritario se hace presente en la región como un elemento constitucional transitorio y fundamental para transitar  los primeros años de gobierno y conformación de la estatalidad. La tragedia en América Latina radica en que “el gen del autoritarismo que posee el constitucionalismo, ha tomado más fuerza que el propio constitucionalismo”, es decir, tanto el autoritarismo institucional como la presencia de liderazgos fuertes y personalistas en el Ejecutivo se han convertido en las claves políticas para entender el funcionamiento de los presidencialismos latinoamericanos. 

La segunda es la crisis de la democracia a la que hemos hecho referencia: hace años que la democracia no logra satisfacer a los ciudadanos latinoamericanos que están (y así lo expresan) cada vez más insatisfechos. Hasta ahora la insatisfacción se tradujo en apatía, desinterés, en “me da lo mismo”, pero también allana el camino al personalismo caudillista, a subtipos disminuidos de democracia que rayan el autoritarismo o son abiertamente autoritarios a plena luz del día, sin golpes de Estado, aferrándose a una fachada electoral pero con estrategias y prácticas indiscutiblemente autoritarias [4].

Finalmente, la crisis del Estado. El Estado-nación en América latina ha sido un problema desde sus orígenes. Estados truncos, incapaces de transformar un conjunto de instituciones en un proyecto de nación posible. Yace aquí la cuestión: el Estado es parte del problema, pero, para muchos, el Estado es también la solución. La demanda de más Estado en sociedades anómicas resulta en una trampa donde nadie quiere después pagar la cuenta. No debería importar el tamaño del Estado, sino sus capacidades. Un Estado eficaz, un mejor Estado. Este es un reclamo que no ha sido resuelto con las diversas fórmulas que se han intentado y que ha mostrado sus limitaciones a la hora de buscar resultados. La distancia ideológica que persiste en muchos países impide proyectos de largo plazo que involucren una institucionalidad estatal no sujeta a los cambios de partido de Gobierno. 

En todo caso, la pandemia facilitó la tendencia latinoamericana a la concentración del poder alrededor del poder ejecutivo y al excesivamente poco apego a la rendición de cuentas por parte de los gobernantes. Esta experiencia nos deja una pregunta latente: ¿necesita la democracia un conjunto de valores para funcionar? Si es así, ¿cuáles? ¿Qué valores son propios de la democracia y cómo fortalecerlos en nuestras aún muy débiles democracias? La democracia no es solo un ideal, sino que es el sistema de gobierno más adecuado para abordar una crisis de la magnitud y complejidad de la COVID-19. Como señala IDEA en su Llamado para defender la Democracia: en contraste con la propaganda autoritaria “los flujos de información libres y creíbles, el debate basado en hechos sobre las opciones políticas, la autoorganización voluntaria de la sociedad civil y el compromiso abierto entre el Gobierno y la sociedad son activos vitales para combatir la pandemia. Y todos son elementos claves de la democracia liberal. Solo a través de la democracia las sociedades pueden construir la confianza social que les permite perseverar en una crisis, mantener la resiliencia nacional frente a las dificultades, curar las profundas divisiones sociales mediante la participación y el diálogo inclusivos, y mantener la confianza en que el sacrificio será compartido y los  derechos de todos los ciudadanos serán respetados”. 

[1] https://nuso.org/articulo/se-esta-muriendo-la-democracia/

[2] Desde 1978, “para 2009, salvo Costa Rica, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay, habían adoptado una nueva constitución, y algunos, como Ecuador, lo habían hecho en más de una ocasión.” (Negretto, G. 2015 La política de cambio constitucional en América Latina, p. 39)

[3] El texto completo puede consultarse en https://www.ancmyp.org.ar/user/files/13-Serrafero.pdf

[4] Según el último informe de Latinobarómetro: el promedio regional de satisfacción con la democracia es de 24%, el resultado más bajo para este indicador desde 1995, cuando comenzó a realizarse el estudio.

Constanza Mazzina es doctora en Ciencias Políticas (UCA), master en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE). Fue investigadora de ESEADE, Fundación F. A. von Hayek y UADE. Fue docente de la Universidad del Salvador en grado y postgrado y en el postgrado en desarme y no proliferación de NPSGlobal. Es profesora de ciencia política en la Fundación UADE. Síguela en @CMazzina

¿POR QUÉ O CON QUÉ DERECHO LA OMS Y TODOS LOS GOBIERNOS HAN NEGADO LOS TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS AL BICHO 19? ¿QUIÉNES SON LOS “NEGACIONISTAS”?

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 2/6/21 en: http://gzanotti.blogspot.com/2021/06/por-que-o-con-que-derecho-la-oms-y.html

En Abril del 2020, pregunté:

“……… Por lo demás, los primeros muertos por coronavirus, y los actuales, ¿estuvieron bien diagnosticados y tratados? Muchos colegas suyos piensan que no, pero ustedes los médicos, como casi siempre, siempre piensan que el OTRO médico está equivocado. Muchos colegas suyos, sigo, afirman que en Italia los médicos no estaban preparados para la terapia intensiva de este tipo de enfermedades. Creo que usted tendría que al menos considerarlo, ¿no? Otros están diciendo que en Lombardía existía el mayor número de pacientes oncológicos por el amianto. Pero usted ni lo considera. Dice “muertos por coronavirus” y listo.

Y el diagnóstico, ¿es correcto? Algunos colegas suyos sostienen que la complicación no es la neumonía, sino una inflamación alveolar que no se trata con respiradores sino con antibióticos y antiinflamatorios. ¿No le importa? Porque si fuera así, entonces ustedes nos están matando…. “

En Mayo de este año, dije: “…..Desde Febrero del 2020 hay médicos que sostienen que el tratamiento es erróneo. Ante cualquier dificultad respiratoria, médicos y pacientes se aterran y lo único que hacen es intubar. Los médicos que piensan diferente están recomendando otros tipos de tratamientos (anti-inflamatorios esteroides, por ejemplo), pero esos tratamientos están prohibidos y está prohibida incluso su libre discusión.”

Pues bien, aquí está muy claro: 

http://gzanotti.blogspot.com/2021/06/entrevista-al-dr-peter-mccullough-en.html 

http://gzanotti.blogspot.com/2021/06/enterese-nos-han-estado-matando.html 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación. Publica como @gabrielmises

Claves para el debate sobre el futuro de la democracia argentina

Por Constanza Mazzina. Publicado el 2/06/21 en: https://www.nuevospapeles.com/nota/claves-para-el-debate-sobre-el-futuro-de-la-democracia-argentina

La democracia argentina está pronta a cumplir sus 40 años y, en virtud de la madurez que supondría, parece más bien sumida en una permanente “crisis de los 40”. Repitiendo viejas mañas y consolidando nuevas, la democracia argentina es una “democracia con adjetivos”.

El término “democracia con adjetivos” fue desarrollado por Collier y Levitsky para calificar a las democracias de la tercera ola cuando, pasados unos años, mostraban ya signos de no alcanzar la poliarquía. Aquellos adjetivos iban al centro de los atributos de las democracias liberales: si el sufragio tenía problemas (las elecciones no eran libres, limpias o competitivas), configuraba una “democracia oligárquica”; si estaban restringidas o cercenadas las libertades civiles: se abrían paso las “democracias iliberales”; si la oposición era perseguida o limitada por diversos medios, entonces estábamos frente a una “democracia controlada”.

¿Qué adjetivo ponerle a la democracia argentina? O’Donnell desarrolló ya para mediados de los años 90, el concepto de democracia delegativa. La democracia delegativa es un suptipo disminuido de democracia, pero no deja de ser democracia. ¿Continuamos, décadas después, en ese patrón delegativo? Algunas características permanecen pero otras se han profundizado. Patrones estructurales subyacen en la política argentina que, combinados, pueden incluirse en todos los tipos de democracias con adjetivos. Es decir, el conjunto de problemas que muestra la democracia atraviesa la historia de todos los gobiernos de la tercera ola en la Argentina, y convierte a esas características en problemas sistémicos, no de coyuntura.

Así expuesto, los problemas que vivimos hoy de la mano de la pandemia  están estrechamente condicionados por  prácticas informales arraigadas en nuestro sistema político. ¿Qué patrones de comportamiento podemos identificar? ¿Qué reglas de juego se han convertido en prácticas aceptadas dentro de la democracia argentina? A continuación presentamos algunas: 

  1. juego cerrado: el sistema electoral (listas cerradas y bloqueadas), las reelecciones y el pase de cargos impiden la entrada de nuevos jugadores. Entrar al juego tiene un costo muy alto. Se repiten las personas año tras año, sino están aquí; entonces están allá, pero siempre están en algún cargo, en la nación o en las provincias. Incluso en los municipios. 
  2. familias políticas: fortaleciendo el juego cerrado, no hay restricciones al nepotismo, por lo tanto, familiares de primero, segundo, tercer grado, etc., ocupan cargos electivos, ejecutivos. Estos dos puntos combinados, sumado al “premio consuelo”, dan por resultado una oligarquía política enquistada en lo más alto del poder del estado y viviendo de él.  Como corolario, una crisis de representación que todavía no ha dado señales de resolverse.
  3. corrupción estructural: la corrupción no es un hecho aislado, los escándalos suceden día tras día, en todos los niveles de gobierno. Argentina tiene muy bajas tasas de condenas judiciales en casos de corrupción. La ausencia de mecanismos como “ficha limpia” facilita que las mismas personas regresen a cargos públicos y se escondan detrás de los fueros del mismo.
  4. debilidades del sistema de frenos y contrapesos: ausencia de controles, vaciamiento de instituciones o cooptación. Permanente desgaste a los otros poderes del estado: el respeto a las instituciones y a la división de poderes es una tarea aún pendiente.
  5. poco apego o escasa rendición de cuentas: tanto entre poderes como hacia los ciudadanos.
  6. personalismo y caudillismo: concentración del poder alrededor de los poderes ejecutivos, sea nacional o provinciales e incluso municipales (por ejemplo, los Barones del conurbano).
  7. federalismo trunco: alta dependencia de las provincias a la nación en términos fiscales, lo que redunda en que los controles verticales que supone la existencia de una república federal, estén viciados.
  8. deterioro del estado de Derecho: el gobierno está por encima de la ley, hay una repetida tendencia a alterar las reglas que no le convienen al gobierno de turno. Sumado a ello, una aplicación desigual de la ley.
  9. privatización del estado: el estado se convirtió en un coto de caza, se reparte pero también el que llega se adueña del mismo. Hay un permanente desdibujamiento de lo que es público y lo que no lo es (esta característica es señalada por Iazzetta al describir qué tipo de estado convive con una democracia delegativa).
  10. chivo expiatorio: los sucesivos gobiernos no se hacen cargo de los problemas que genera. La culpa siempre es de otro.
  11. opacidad en la toma de decisiones y en las contrataciones del estado. Una ley de lobby que otorgue transparencia a las relaciones público -privado es una cuenta aún pendiente.
  12. opacidad en la distribución de recursos: sirve como mecanismo para premiar y castigar.
  13. desconfianza hacia (o cooptación de) los medios de comunicación.
  14. oposición irresponsable: una oposición responsable ejerce una crítica constructiva, controla pero no destruye, señala las deficiencias y falencias en la acción del gobierno, pero sugiriendo alternativas.
  15. provincias feudales: muchas provincias argentinas se han transformado en el feudo de gobernadores y familias políticas (los Rodríguez Saa, los Kirchner, Insfrán, los Alperóvich, solo para nombrar algunos pero la lista es larga) Allí no hay estado de derecho: el avance sobre libertades es sistemático, los medios de comunicación están cooptados y la rendición de cuentas es escasa o nula. Agreguemos que los procesos electorales no son limpios ni competitivos. El fraude, en infinitos mecanismos desarrollados y perfeccionados con el pasar de los años, es moneda común. La ausencia de fiscalización y de un poder judicial independiente configura un entramado poco alentador. En hoja aparte, podríamos pensar si el autoritarismo competitivo de Levitsky y Way es el tipo que mejor cuadra para estos casos.

Estas disfuncionalidades se han convertido en debilidades estructurales y erosionan permanentemente la democracia desde adentro.  En todo caso, quedan planteados aquí los problemas que aún debemos resolver y una agenda de debate para el futuro de nuestra democracia. Esta radiografía nos permite poner en discusión una reforma política amplia que supere el acartonamiento y endogamia en la que se haya encerrada la clase dirigente. La dinámica política argentina muestra que “no hay contradicción esencial entre la doctrina de que la historia es el registro de una serie continua de luchas de clases, y la doctrina de que las luchas de clases invariablemente culminan en la creación de nuevas oligarquías que llegan a fundirse con las anteriores” (Michels, 1991: 178).

Constanza Mazzina es doctora en Ciencias Políticas (UCA), master en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE). Fue investigadora de ESEADE, Fundación F. A. von Hayek y UADE. Fue docente de la Universidad del Salvador en grado y postgrado y en el postgrado en desarme y no proliferación de NPSGlobal. Es profesora de ciencia política en la Fundación UADE. Sigue a @CMazzina