La economía va a rebotar el año que viene

Por Iván Carrino. Publicado el 1/12/20 en : https://www.ivancarrino.com/la-economia-va-a-rebotar-el-ano-que-viene/

Estuve charlando con el portal BCR News, sobre la economía que viene. Copio a continuación la información y el video completo de la charla.

El economista Ivan Carrino dialogó con BCR News, sobre el escenario económico actual y sostuvo que “este tipo de crisis que hemos vivido es muy atípica”, porque se trata de “una crisis derivada de las propias medidas de restricción”.

En ese sentido, el especialista afirmó “cuando vos tenés una crisis económica generada por la cuarentena, la economía intenta volver a donde estaba antes. En Argentina la recuperación también existe, aunque de un modo lento”.

En relación al acuerdo con el FMI, apuntó que “no es menor que se intente reconstruir el vínculo con los acreedores, incluso con los internos. Las opciones son endeudarse a tasas altísimas o indexando. Todo es mejor que pedirle al Banco Central más emisión monetaria”.

Por su parte, respecto a las perspectivas económicas, afirmó que: “Por un lado, ya no tenés la cuarentena, pero todavía hay un montón de restricciones que no permiten que la economía funcione normalmente. Por otro lado, tenés la brecha cambiaria que es un desaliento a la inversión y al turismo extranjero”. Y agregó: “Es una buena noticia que la soja suba de precio y también un poco de suerte. Cada vez que gobiernan los peronistas les toca soja alta y cuando se van, baja”.

“El acuerdo con el FMI podría brindar algún marco de garantía con los acreedores. Sin embargo, los cambios estructurales que necesitamos no pasan por acordar con un fondo que, encima, tiene muy mala prensa. Pasará por un sacrificio del corto plazo por un bienestar a la larga”, explicó el especialista.

Pensando en el año entrante y las perspectivas económicas, “la incógnita es la inflación. Una vez controlados todos los precios de la economía, llega un momento de sincerarlos. Cuando eso ocurra, existe un riesgo de inflación. En 2021 podríamos tener una inflación superior a la de este año”, concluyó Carrino.

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano. Es Sub Director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE. Sigue a @ivancarrino

La libertad según Benjamin Constant

Por Enrique Aguilar: Publicado el 18/11/20 en: https://www.youtube.com/watch?v=HTztAlPX82s&feature=youtu.be

Enrique Edmundo Aguilar es Doctor en Ciencias Políticas. Ex Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la UCA y Director, en esta misma casa de estudios, del Doctorado en Ciencias Políticas. Profesor titular de teoría política en UCA, UCEMA, Universidad Austral y FLACSO,  es profesor de ESEADE y miembro del consejo editorial y de referato de su revista RIIM. Es autor de libros sobre Ortega y Gasset y Tocqueville, y de artículos sobre actualidad política argentina.

La gestión política del resentimiento

Por Mauricio Alejandro Vázquez. Publicado el 1/11/20 en: https://www.dataclave.com.ar/opinion/la-gestion-politica-del-resentimiento_a5f9e0994daaeb8185c91140a

La propaganda no se asienta en la razón, sino en la emoción. “El rico se abusa del pobre, porque es rico y nada más”, suelen afirmar ciertos sectores. El resentimiento como conformación de una determinada cadena de valores. ¿Es viable una Nación con estas características?


La propaganda política no se asienta en la razón sino en la emoción.
 El entendimiento acabado de esta simple frase de trece palabras, divide las aguas entre quienes son efectivos a la hora de ganarse el caudal de legitimidad que emana del pueblo, y los que perecen en intentos fútiles.

Desde la reciente “son cosas que pasan entre ricos”, de Alberto Fernández, al referirse al intento de usurpación de la propiedad de la familia Etchevehere, pasando por otros latiguillos discursivos similares que se han lanzado al gran público, ocultos tras la mascarada de la espontaneidad, ha existido desde el comienzo de la gestión iniciada a nivel nacional en Diciembre de 2019, un claro intento de gestionar las pasiones más oscuras de nuestro pueblo, a su favor.

Así, el asesinato de Fernando Báez Sosa en enero de 2019, se instaló desde la perspectiva de un grupo de rugbiers ricos y asesinos, cuando el fenómeno podía ser también ilustrado desde otras perspectivas. Por ejemplo, los excesos que se producen por la falta de control policial, el abuso del alcohol y/o las drogas, una sociedad cada vez más violenta, o tantos otros enfoques que eran igualmente válidos pero que quedaron relegados frente al recurso discursivo que despierta una indignación emocional mayor: “el rico se abusa del pobre, porque es rico y nada más”.

Lo mismo se hizo cuando fue evidente que el Covid-19 sí llegaría al país, contrario a lo que el Ministro de Salud, Ginés Gonzales García, afirmó desde un primer momento. En esta ocasión se instaló rápidamente la idea de que el arribo del virus era producto de “los ricos que viajaban a Europa”. Del mismo modo se expresó a nivel subnacional en su momento, Marcelo Saín, ministro de Seguridad de Santa Fe, al afirmar que la pandemia era responsabilidad de “los chetos”.

Valgan estos ejemplos para representar, entre muchos otros, la estrategia comunicativa preferida de quienes se asientan en el espectro ideológico del centro a la izquierda, no solo en nuestro país, sino en todo Latinoamérica. La oligarquía, los chetos, los ricos, la insensible y egoísta clase media, “los del campo”, los antipatria, entre otras imágenes discursivas similares, son los sujetos que constituyen ese “otro” tan necesario, en los ejercicios de propaganda.

El fenómeno en sí funciona, en base a dos hechos fácticos. En primer lugar, Latinoamérica es una de las regiones del globo con mayor pobreza y, por tanto, desde una regla meramente lógica, los pobres son muchos y los ricos pocos. Por ende, ¿a quiénes debería emocionar un candidato que quiere ganar elecciones sin esforzarse demasiado en gestionar un discurso superador? ¿En quienes debería buscar una legitimidad a prueba de razones, sobre todo, cuando no hay mucho éxito real para mostrar? En segundo lugar, existen varias emociones que los comunicadores conocemos como prevalentes y fácilmente manejables en los discursos políticos. El miedo es uno, desde ya. El otro es el resentimiento.

Valga esta breve digresión para señalar que el resentimiento es algo profundamente diferente a la envidia. Si esta última es una señal emocional de aquello que anhelamos y, en tal sentido, algo hasta útil cuando es percibido por aquellos con algún tipo de entrenamiento en la gestión de sus propias emociones, el resentimiento es diametralmente distinto.

El resentimiento está formado por una cadena de valoraciones que pueden dispararse por la emoción de envidia, pero que luego transcurre a la siguiente idea: “Yo no tengo X, y no lo tengo porque sí lo tiene Y, e Y lo tiene porque en algún momento me/nos quitó H”. Esta cadena causal, se puede encontrar en un sinnúmero de piezas retóricas que inundan nuestra región. Desde “Las venas abiertas de América Latina”, libro del cual el propio Galeano renegó antes de morir, a la gran mayoría de los discursos de los que, como decía anteriormente, se sitúan del centro a la izquierda del espectro.

Lo que muchas veces no se percibe, son los concomitantes de estas estrategias tan efectivas. Por un lado, la profundización del recelo social y la destrucción sistemática de las posibilidades de armonizar intereses entre quienes más necesitan cooperar en sociedades como las nuestras. Del mismo modo, luego, la creciente violencia social que de esta situación se deriva.

Y, por último, y solo para no hacer más extenso este artículo porque podríamos encontrar infinitos subproductos negativos de esta estrategia de propaganda, el desempoderamiento sistemático de quienes a partir de estos relatos perciben que no pueden hacer nada para salir de la situación en la que se encuentran, y que solo dependen del favor de aquellos que se auto postulan como sus salvadores políticos.

En resumen, la gestión política del resentimiento, es una estrategia propagandística que trae frutos de corto plazo, como los trajo en Chile en el referéndum del pasado 25 de octubre, por ejemplo, pero que, en el mediano y largo plazo, solo destruye los lazos que hacen a la posibilidad de generar sociedades en donde predomine la cooperación y la verdadera movilidad social.

Mauricio Alejandro Vázquez es Título de Honor en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, Magister en Ciencias del Estado por la Universidad del CEMA, Magister en Políticas Publicas por la Universidad Torcuato Di Tella y coach certificado por la International Coach Federation. Ha trabajado en la transformación de organismos públicos y empresas. Actualmente es docente de Teoría Política, Ética, Comunicación, Metodología y administración en UADE y de Políticas Públicas en Maestría de ESEADE. También es conferencista y columnista en medios como Ámbito Financiero, Infoabe, La Prensa, entre otros. Síguelo en @triunfalibertad

El costo o beneficio político de las reformas económicas

Por Martín Krause. Publicado el 18/4/20 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/10/26/el-costo-o-beneficio-politico-de-las-reformas-economicas/

Los cambios “liberalizadores” aceleran el crecimiento económico, lo cual es una buena noticia y confirma los argumentos de quienes las proponen, pero su efecto se hace evidente a los cuatro años en promedio

El economista Alberto Francesco Alesina (Stefano Carofei / AGF)

El economista Alberto Francesco Alesina (Stefano Carofei / AGF)

En marzo de este año falleció Alberto Alesina, profesor de Economía de Harvard, tal vez uno de los más destacados de un grupo de economistas italianos que alcanzaron posiciones académicas destacadas en Estados Unidos en los últimos años. Entre otras áreas, escribió sobre los “ciclos políticos” que afectan a la economía, un tema que interesaría en cualquier país y preocupa en el nuestro.

Pocos meses antes de su muerte, a los 63 años, publicó un artículo particularmente interesante para nuestro futuro sobre el impacto de las reformas estructurales en los resultados electorales (Alberto F. Alesina, Davide Furceri, Jonathan Ostry, Chris Papageorgiou y Dennis Quinn: Structural reforms and elections: evidence from a World-Wide new data set; NBER, WP 26720; enero 2020).

Obtuvieron datos de reformas estructurales en 90 países entre 1973 y 2014, 66 de los cuales son democracias. Las reformas incluyen cambios en la estructura económica local como también liberalización comercial y financiera respecto al resto del mundo. Muestran que desde fines de los años 1980 hubo una clara tendencia hacia la apertura y liberalización de las economías, particularmente en los años 80s en los países desarrollados y en China, por ejemplo, y en los 90s en países “en desarrollo” como India o algunos latinoamericanos. Esas liberalizaciones fueron más agresivas en Europa (desregulación financiera, cielos abiertos, etc.).

Pero aquí viene lo que más nos interesa, el impacto político de las reformas. Las reformas “liberalizadoras” aceleran el crecimiento económico, lo cual es una buena noticia y confirma los argumentos de quienes las proponen, pero su efecto se hace evidente a los cuatro años en promedio. No es una buena noticia, teniendo en cuenta los incentivos a corto plazo de la política.

El político tiene una perspectiva que llega hasta la próxima elección, a lo sumo a la siguiente en la que espera ser reelecto y un remedio para dentro de cuatro años no lo motiva. Es probable que tenga que asumir el costo de corto plazo para que otro luego se lleve los laureles. Entonces no hace las reformas, y también termina fracasando, por supuesto, pero prefiere una política populista que, tal vez, le permita obtener un buen resultado en la próxima elección… y después veremos qué pasa.

El estudio mencionado muestra que las reformas implementadas cuando la economía crece generan crecimiento adicional comparadas con las reformas que se hacen en períodos recesivos. Parece, y no extraña, que los votantes no captan que es necesario un cierto tiempo para que se obtengan resultados de las reformas. Si el gobernante lleva adelante una reforma liberalizadora en el año previo a la elección, va a ser castigado por los votantes, porque no ven que los resultados se toman su tiempo. El voto del partido gobernante cae si las reformas se llevan a cabo en el año electoral, pero podrían disiparse si se hacen justo después de la elección. Para nosotros, esto nos dice que nos olvidemos de reformas estructurales de acá hasta las elecciones de 2021, pero nos da una mínima esperanza de que ocurran después de esas elecciones.

Pero algo va en contra, incluso de esa alternativa. Para Alesina, cuando las economías están cayendo las liberalizaciones son castigadas en las urnas; en cambio, cuando se hacen con la economía en expansión, son recompensadas. Los votantes no llegan a comprender o diferenciar los efectos del ciclo económico y la reforma misma y castigan a un gobierno por las reformas realizadas en períodos de recesión. Esto no es una buena noticia para nosotros porque nos coloca en una encrucijada: los votantes castigan reformas en períodos de recesión, pero si no hacemos las reformas no podemos salir de la recesión. Atrapados sin salida.

No obstante, para no perder todas las esperanzas, Alesina encuentra que la mayoría de las reformas ocurren durante recesiones, lo que es contraproducente desde el punto de vista electoral, pero muestra que las reformas son muchas veces impuestas por los hechos, a pesar de las encuestas.

Bueno, esto nos deja una oportunidad ya que aquí los hechos dicen mucho más que las palabras, el precio del dólar blue habla más que los discursos de funcionarios u opositores. Hacer las reformas puede generar rechazo electoral, y tendremos elecciones en 2021, pero no hacerlas puede generar un costo mayor todavía. Así es, los argentinos a veces votamos más con los dólares que con las boletas electorales.

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade). Síguelo en @martinkrause

Soberanía, pueblo e impuestos

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2020/10/soberania-pueblo-e-impuestos.html

Difícilmente exista un ser humano que domine todos (absolutamente todos) los aspectos de una misma materia (por lo menos nosotros no conocemos ninguno), ya que cualquier materia es objeto de diferentes enfoques, según quien la estudie y la divulgue. Somos partidarios de la convicción de que el conocimiento nunca está acabado, sino que es un proceso continuamente evolutivo, sin fin, caso contrario seguiríamos creyendo que la Tierra es plana como antigua y popularmente se creía, y desconoceríamos la ley y gravedad como sucedía antes de que Newton la descubriera. Pero decimos notar cierta arrogancia del autor citado[1] cuando dice que las definiciones diferentes a la suyas “pecan …porque son parciales, así como lo es su propio enfoque de la materia”, porque daría la impresión que el sí posee el enfoque totalizador de la materia y no simplemente uno parcial.

“4. Diferencias entre impuestos y tasas. Se suele caer en confusionismo al analizar las raíces de ambas instituciones. Probablemente más de una errónea calificación del impuesto se origina en la confusión que se introduce, si no en la doctrina, en la práctica, al intentar la caracterización del impuesto y de la tasa. Ruzzo nos da la línea separatoria de la que es tan fácil desviarse. “Las diferencias entre impuesto y tasa nacen de este concepto fundamental: en el caso del impuesto, el Estado lo aplica en virtud de soberanía política, y en el caso de la tasa procede como empresario de ciertas actividades que, a menudo, tienen carácter industrial.”[2]

Para analizar esta cita primero debemos enmarcar el concepto de soberanía. Procedamos a hacerlo:

“Soberanía.

Para la Academia, calidad de soberano. | Autoridad suprema del poder público.

En el terreno jurídico, el problema de vieja y tradicional discusión es el de determinar en quién recae la soberanía, solución que depende del punto de vista que se adopte.

Sánchez Viamonte, escribiendo sobre el constitucionalismo, ha explicado con acierto y claridad que, en las repúblicas democráticas, no puede haber más soberanía interna o externa que la popular, por lo que, desde un punto de vista político, la soberanía es la voluntad de la mayoría, si bien la validez de la expresión de la voluntad mayoritaria ha de estar sujeta a su conformidad con el ordenamiento jurídico, precisamente porque la democracia es el Estado de Derecho, sometido a éste en la totalidad de su existencia y manifestación, de modo que la soberanía política quede subordinada a la soberanía jurídica, problema vinculado con los de la vigencia constitucional y de la supremacía de la Constitución. El mismo autor llega a definir la soberanía diciendo que es “la plenitud lograda por la voluntad política del pueblo para determinarse y para manifestarse, de suerte que está comprendida en ella la autolimitación o la sujeción de determinadas normas, establecidas como condición para su validez, y así, las formas jurídicas adquieren la importancia y jerarquía de condiciones impuestas a la soberanía… y de cuyo cumplimiento depende la legitimidad y validez de la voluntad política”.[3].

Siendo esto así, la soberanía política recae en el pueblo y no en el “estado” con lo que la definición de Ruzzo es equivocada. Pero hay más para decir a este respecto. El “pueblo” -como tal- tampoco existe como no existe el “estado”. Se trata de otra entelequia.

“Pueblo.

 En una acepción equivalente a población, ciudad, villa o lugar. | También conjunto de personas que componen un pueblo, provincia o nación. | Gente común y humilde de una población.

Este último sentido va perdiendo su importancia conforme van nivelándose las clases sociales.”[4]

La clave que nos da la definición anterior está en las palabras personas y gente. De donde la soberanía política que se dice reside en el pueblo significa -en último grado- que la unidad mínima de esa soberanía se localiza en cada individuo (persona, gente) que conforma esa etiqueta (pueblo) que es tal simplemente para designar a un conjunto de personas que viven en un determinado lugar, de igual manera que la palabra sociedad (de alcance más amplio) es otra etiqueta para designar a un grupo de personas en el sentido anterior (lugar) o temporal (por ejemplo cuando se habla de la sociedad antigua, contemporánea, etc.).

Entonces, y derivado de todo lo anterior, la soberanía política no es más que la suma de las soberanías individuales, y no puede ser al revés, ni puede ser independiente una de la otra sin caer en contradicción.

La unidad soberana es el individuo. Con lo que nuevamente Ruzzo está doblemente equivocado.

Ahora bien, si la soberanía política no es otra cosa que la suma de las soberanías individuales (personas, gente) no puede ser -al mismo tiempo- solamente la soberanía de la mayoría, con lo que Sánchez Viamonte también está equivocado, aun cuando pretenda subordinar esa soberanía mayoritaria a otra soberanía de orden jurídico.

Olvida el ilustre jurista que el ordenamiento jurídico no es un dato, no es algo “dado”, sino que su origen reside precisamente en la soberanía política, que es la que crea y -eventualmente- modifica ese mismo orden jurídico.

La historia de los numerosísimos derrocamientos, golpes de estado, revoluciones, tiranías y demás dictaduras desconociendo el orden jurídico preexistente a su establecimiento deberían ser prueba suficiente para convencerse que el “orden jurídico” no es un absoluto inamovible, y que no todos, ni en todos los tiempos se ha coincidido en el mismo. Es que hablar del “orden jurídico” en abstracto es irrealista. Lo que importa es estudiar el contenido de eso que se llama “orden jurídico” porque a este rótulo recurrieron todos los dictadores del mundo de todas las épocas para calificar al conjunto de las “leyes” dadas por sus regímenes despóticos. Si es por caso, ni la Alemania nazi, ni la Italia fascista, ni la Rusia comunista carecieron de un régimen legal, y a este régimen legal sus dictadores les llamaron del mismo modo “orden jurídico”.

Pero volviendo al tema, y para no extendernos sobre lo que pareciera una digresión, pero no lo es, porque es fundamental definir términos y aclarar conceptos, por todas estas razones Ruzzo se equivoca y su definición es inaceptable. Menos aun cuando -en función de la misma- autoriza a su entelequia (“estado”) a actuar como empresario.


[1] Mateo Goldstein. Voz “IMPUESTOS” en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15 letra I Grupo 05.

[2] Goldstein M. Ibidem.

[3] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial HELIASTA-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553

[4] Ossorio, ibidem.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

¿Nuevamente perderemos el tren?

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 19/9/20 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/09/19/nuevamente-perderemos-el-tren/

Para modificar este rumbo nefasto es necesario trabajar en las ideas de fondo, lo cual no ocurrirá si la oposición se debilita, se fracciona y se dispersa

Fernando Iglesias y Alfredo Cornejo

Fernando Iglesias y Alfredo Cornejo

Los argentinos ya hemos perdido muchos trenes pues han sido tantísimas oportunidades desperdiciadas para rectificar el rumbo del estatismo enfermizo que nos aplasta desde hace décadas. La última oportunidad fue con la fallida gestión anterior que, como he consignado antes, comenzó con el cuasi pornográfico y nada republicano bailecito en la Casa Rosada con la banda presidencial, con el intento de designar dos miembros de la Corte Suprema por decreto y la expansión de ministerios. Todos los demás fracasos están muy frescos como para detallarlos en el contexto de deudas alarmantes, inflaciones galopantes, impuestos insoportables, gastos elefantiásicos y entrega de obras sociales a piqueteros. Lo demás se convierte en anécdotas frente a tamaño resultado neto. Las intenciones no son relevantes, solo los resultados lo son. Se acepta asumir la enorme responsabilidad de gobernar para resolver problemas, las herencias se resuelven pero no son excusa para el desbarranque.

Ahora se vislumbra un nuevo estropicio que es de esperar se corrija el rumbo antes de descarrilar lo cual naturalmente no permitirá llegar a destino. Por una parte, la oposición parece empecinada en mostrar los mismos rostros del fracaso sin contemplar la posibilidad de la irrupción en escena de otras personas dentro de la misma coalición que no han estado en el primera plano en la administración anterior. En esta línea argumental la mayor parte de los responsables directos del PRO debieran dar un paso al costado y comprender que en estas lides las pruebas que terminan en un fiasco deben abrir paso a otros participantes, por ejemplo a miembros del Partido Radical más cercanos a Leandro Alem que a la Declaración de Avellaneda de 1945 y a la Coalición Cívica en general preferentemente quienes se mantengan en la muy meritoria defensa de las instituciones pero se abstengan de dar consejos sobre economía pues sus comentarios en esta materia han sido en no pocos casos desafortunados, más bien deberían repasar con atención cantos a la libertad como un todo en obras como la de Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo.

Por otra parte, en la medida que lo anterior no ocurra mayores serán los incentivos para fabricar espacios políticos nuevos lo cual naturalmente debilita y fracciona una oposición unida y reforzada en sus argumentos que no resultan suficientes cuando se limitan a la indispensable referencia a la independencia de la Justicia, pero a esta altura se hace necesario precisar y subrayar que al aludir a su definición clásica de “dar a cada uno lo suyo”, lo suyo remite a la institución básica de la propiedad y ésta a su vez se traduce en mercados libres, es decir, en el respeto recíproco.

Es sin duda muy importante refutar con fuerza los manotazos a la Justicia, la pretendida colonización del Legislativo y el uso y abuso de decretos del Ejecutivo junto con el apañamiento de corrupciones alarmantes y las amenazas a la libertad de prensa, pero como queda dicho es el momento de profundizar conceptos en vista del enorme peligro que corremos.

En todo caso, si se mantiene el mencionado empecinamiento en mostrar figuras responsables de la pérdida del tren más reciente y se consolidaran espacios políticos nuevos, esto será el clima ideal para que los espíritus autoritarios ganen terreno y se fortalezcan para desgracia de todas las muchas personas de bien que reclaman principios republicanos. Esto último fue la razón principal de los votos para la actual oposición. En esta instancia es menester alimentarla y fortalecerla pero no dividirla. Nos va la vida en esta experiencia.

Comprendo perfectamente bien el enojo por la llamativa tibieza de la gestión anterior, pero no es momento de revanchas sino de distinguir claramente el plano político del académico, lo cual precisamente permitirá el tiempo necesario para continuar con la batalla cultural, de lo contrario las batallas se convertirán en campales y nos sumergiremos en una noche de muy difícil retorno. Hace tiempo que la monotonía de lo mediocre nos invade por lo que venimos durando pero no progresando. Para modificar este rumbo nefasto es necesario trabajar en las ideas de fondo, lo cual no ocurrirá si la oposición se debilita, se fracciona y se dispersa. Por más que algunos bienintencionados sostengan que en última instancia un nuevo espacio se coaligará con la actual oposición, en la práctica naturalmente criticarán la oposición existente de lo contrario no tiene razón de ser un nuevo espacio. En este contexto la división resulta suicida. Como todo en la vida, se trata de un tema de prioridades y de balancear peligros. Se necesita cintura y buenos reflejos, lo contrario es lo mismo que detenerse a elaborar sobre los principios de la metafísica en el medio de un tsunami. Todo tiene un momento, recuerdo un relato de Ortega y Gasset que he utilizado antes cuando escribía que a cada cosa que decía un sacerdote que celebraba misa el monaguillo repetía “alabado sea Dios” hasta que el cura perdió la paciencia y le dijo a su circunstancial ayudante “mira, lo que dices es muy interesante pero no es el momento”. Y eso es aplicable a los que apuntan a abrir nuevos espacios políticos, por un lado y los que se aferran a comandos, por otro: puede ser interesante pero no es el momento. Estemos bien alertas pues es fácil caer en el peor de los mundos: encajar nuevos espacios políticos en un ángulo del ring con un discurso vibrante pero inocuo y, en el otro, las mismas caras de la oposición acompañado de un discurso antiguo y deshilachado con lo que la derrota será segura pues el atropello no tendrá límites por parte del chavismo vernáculo.

Entre muchos otros temas álgidos hoy se debate la coparticipación federal sobre lo que he escrito hace poco, pero en esta ocasión es pertinente repasar parte de lo dicho con algún agregado pues esta trifulca ilustra la indispensable clarificación de temas actuales que bien mirados remiten a la sustancia y no envueltos en lo meramente coyuntural.

El desmadre de la coparticipación fiscal comenzó con el golpe militar del 30 y se fue agudizando con el tiempo. Hoy el debate no contempla la fuente del federalismo y prefiere discutir en la banquina de la avenida central. El chusmerío en algunos medios prefiere la parla sobre quién manda y los secretos de palacio en lugar de advertir sobre lo mandado. En el caso que nos ocupa, es de esperar que el trámite ante la Corte prospere puesto que esa jurisdicción tiene rango provincial y consecuentemente le cabe las de la ley. Pero el asunto va mucho más profundo que la faena del leguleyo al efecto de precisar el significado original del espíritu federal. Recordemos que, entre muchos otros, Juan Bautista Alberdi resumió el fiasco del positivismo al sentenciar que “saber leyes pues, no es saber derecho.”

Originalmente en el plano político el desarrollo de la filosofía federalista se ubica en el siglo XVIII en el tratamiento constitucional en tierras estadounidenses de donde han bebido muchas naciones del mundo libre. Allí tuvo lugar uno de los debates más fértiles en la materia entre los federalistas y los antifederalistas (paradójicamente más federalistas que los federalistas).

La tesis central, luego desvirtuada en distintos países (incluso de un tiempo a esta parte en Estados Unidos a contracorriente de lo consignado en aquél debate fundacional), consiste en apuntar a los incentivos en dirección a mantener en brete al poder político para que se dedique a su misión específica de proteger derechos, apartándolo de otros menesteres que no le competen.

¿Cuál era la intención de la arquitectura presente en esta edificación? Estaba basada en la noción fundamental que son las provincias (en el caso norteamericano los estados) las que constituyen la nación y no el gobierno central, por tanto para establecer las debidas jerarquías en la copartipación fiscal son las provincias las que deben coparticipar al gobierno central y no a la inversa. En Estados Unidos al sugerir este procedimiento se referían “al poder de la billetera” de los estados miembros, incluso en el extremo hubieron quienes en aquel momento sostenían que no debía existir un gobierno central lo cual fue refutado con razón con el argumento de las relaciones exteriores y la defensa del conjunto.

En este contexto, los estados o provincias que componen la nación son las encargadas de recaudar todos los gravámenes, excepto los vinculados a la Justicia federal, las relaciones exteriores y la defensa. En todo caso la idea que subyace en el genuino federalismo es que independientemente de las ideas políticas de los gobernadores de las distintas jurisdicciones, todos estarán principalmente interesados, por una parte, que los habitantes no se muden a otra jurisdicción debido a cargas impositivas excesivas y, por otra, no ahuyentar inversiones para lo cual tienden a la implementación de tributos razonables situación que los obligan a mantener un nivel de gasto público ajustado.

Por supuesto que si a esto se agregan las reflexiones de Thomas Jefferson como embajador en París al recibir la flamante Constitución, otros grifos se hubieran cerrado. Expresó Jefferson en esa ocasión que si hubiera estado presente en la respectiva Convención hubiera introducido la prohibición de contraer deuda pública externa porque la consideraba incompatible con la democracia ya que compromete patrimonios de futuras generaciones que ni siquiera han participado en la elección del gobierno que contrajo la deuda.

En otros términos, si agudizamos las neuronas y repasamos el significado último del federalismo en sus fases iniciales, podríamos revisar en nuestro país la legislación para que apunte a lo que dejamos consignado con lo cual se cortarían de cuajo las escaramuzas que vienen ocurriendo en nuestro medio sin solución de continuidad desde hace décadas y podríamos reemplazar el sistema del chantaje y la extorsión del unitarismo disfrazado de un federalismo en verdad inexistente.

El sistema federal argentino no es una confederación, por ende el maltrato del gobierno central a las provincias bajo ningún concepto autoriza la secesión, pero de allí no se sigue que las distintas jurisdicciones deban someterse en silencio a los abusos del gobierno central. También es cierto que hay caudillejos que prefieren gastar en aventuras antirrepublicanas para que el gobierno central alegremente les transfiera recursos en un juego macabro a dos puntas. La solución consiste en abrirse paso y despojarse del statu quo y debatir propuestas que minimicen problemas recurrentes.

Este tema del federalismo es uno de tantos que es urgente explorar pero no habrá posibilidad si las defensas disminuyen debido a la parcelación de quienes se oponen al autoritarismo galopante que nos viene consumiendo. Perder otra vez el tren sería imperdonable. El ataque a la sociedad libre es demasiado intenso y persistente como para permanecer distraídos. Estamos jugando sobre el fleje. El tiempo apremia.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Argentina 2020 y los “estados fallidos”

Por Constanza Mazzina. Publicado el 15/9/20 en: https://www.clarin.com/opinion/argentina-2020-fallidos-_0_kRzUbLjHa.html

Protesta de la Policía Bonaerense en Puente 12, La Matanza, el 10/9. Por un instante, el fantasma de la anomia y la ingobernabilidad, nuevamente. Foto: Guillermo Rodríguez Adami –

La pandemia y la cuarentena más extensa del mundo han dejado expuestos los problemas estructurales del estado argentino: un estado grande pero débil. La anomia creciente y la falta de respuesta de un estado costoso pero altamente ineficaz, sumado a la baja calidad de sus capacidades estatales, completan un cuadro poco alentador.

Hace algunos años se hizo popular el concepto de “estado fallido”, el mismo hacía referencia a aquellos Estados que han perdido la capacidad de controlar el monopolio de la fuerza y la eficacia en proveer a su población los bienes públicos esenciales (principalmente la seguridad y la protección de la propiedad privada).

Varios autores señalan que el concepto de Estado fallido, identifica un “un vacío de poder en un país aquejado por el conflicto interno y con sociedades fracturadas y una legitimidad muy cuestionada, sin capacidad real de independencia territorial ni poder negociador a nivel económico” (Ruiz, 2011) y, también, como factores necesarios se destacan la “ineficiencia en atender las demandas ciudadanas básicas” (Zapata, 2014) y la “ingobernabilidad, entendida como la capacidad del Estado de contar simultáneamente con legitimidad y eficacia para garantizar su existencia” (Bartolomé, 2004).

Podemos identificar, entonces, las características clave para reconocer un estado fallido:

1. La ruptura del orden legal-constitucional, al perder el Estado el monopolio legítimo de las armas y su degeneración en la incapacidad de brindar seguridad a sus ciudadanos, pudiendo derivar en la propia represión hacia estos.

2. La incapacidad de dar respuesta a las necesidades básicas de su población, al no proveer bienes públicos y condiciones de bienestar, bajo un manejo deficiente de la actividad económica.

3. La ausencia de una institucionalidad consistente y reconocible, capaz de representar al Estadoante su población yconsecuentemente hacia el exterior.

Los recientes hechos que están ocurriendo en la Argentina, auguran un pronóstico sombrío sobre nuestra economía y sobre nuestra democracia. Si a eso sumamos la incapacidad del estado para proveer seguridad y protección a la propiedad privada, ¿estamos frente a una Argentina en proceso de convertirse en estado fallido?

Ciertamente no, pero no por ello debemos dejar de estar atentos. Aunque la caracterización es muy extrema, si repasamos los hechos de las últimas semanas -la crisis de seguridad en la provincia de Buenos Aires y la toma de tierras en todo el territorio nacional (desde el lago Mascardi a San Fernando)- una luz de alerta se enciende.

Así planteado, el estado argentino más que un “estado presente” o un “el estado te cuida”, enfrenta dos características que recién señalamos: la incapacidad de brindar seguridad a sus ciudadanos, pudiendo derivar en la propia represión hacia estos (como ya está ocurriendo en muchas provincias) y la incapacidad de respuesta a las necesidades básicas de su población, al no proveer bienes públicos y condiciones de bienestar, bajo un manejo deficiente de la actividad económica.

El país atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente, todos los indicadores de actividad económica se han desplomado, la credibilidad y la confianza se han roto. La cuarentena destruyó los lazos sociales y dejó al desnudo una sociedad fragmentada y en busca de “sálvese quién pueda”.

En este contexto, de desafíos inconmensurables, notamos un vacío de poder (que se traduce en ¿quién tiene el poder?) en un país aquejado por el conflicto interno (reviviendo la dicotomía Buenos Aires vs. Interior) y con sociedades fracturadas (una grieta que se abre cada vez más) y una legitimidad muy cuestionada (no de origen sino de ejercicio).

La ausencia de normas de convivencia como sociedad es la herencia más profunda que deja esta cuarentena, y de la que todavía no hemos tomado nota. El riesgo final de la anomia puede presentarse en distintas formas, una de ellas es la del estado fallido que aquí hemos descrito, otra, un conflicto violento de diversa intensidad. Lo dicho, nos deja, como ciudadanos, a la deriva: sometidos al arbitrio de un Estado que es parte y no juez imparcial, que tiene un trato distinto para amigos y enemigos y aplica la ley según su conveniencia. Hoy, en la Argentina, homo hominis lupus.

Constanza Mazzina es doctora en Ciencias Políticas (UCA), master en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE). Fue investigadora de ESEADE, Fundación F. A. von Hayek y UADE. Fue docente de la Universidad del Salvador en grado y postgrado y en el postgrado en desarme y no proliferación de NPSGlobal. Es profesora de ciencia política en la Fundación UADE.

¿Qué economías se recuperarán más rápido?

Por Adrián Ravier.  Publicado el 15/9/20 en: https://www.elcato.org/que-economias-se-recuperaran-mas-rapido

Adrián Ravier señala que el milagro económico de la recuperación de EE.UU. posterior a la Segunda Guerra Mundial se dio con una política fiscal fuertemente contractiva: el gasto público como porcentaje del PIB pasó de 44% del PIB a 9% en tan solo dos años.

Ante el COVID-19, surgido en un pueblo de China y extendido en pocos meses a cada rincón del mundo, los gobiernos decidieron aplicar una política de “cuarentena universal”. Con escasas excepciones, los gobiernos no distinguieron rangos de edad, ni tampoco aquellas ciudades o pueblos con menos densidad poblacional y menos exposición a los contagios. Fue la decisión política de aplicar una cuarentena universal, y no la existencia del COVID-19, lo que estranguló a la economía, destruyendo empresas y empleo.

Al mismo tiempo, los gobiernos enfrentaron esta situación con medidas fiscales y monetarias fuertemente expansivas, tratando de sostener la actividad y el empleo, pero, al mismo tiempo, agravando los desequilibrios fiscales y tomando preocupantes niveles de deuda. Si las medidas de cuarentena se suspenden hacia el cierre de este 2020, observaremos un 2021 con rebote de actividad económica y generación de empleo. Entonces tendremos que distinguir entre economías que rebotan lo suficiente para recuperar el potencial de producción y el pleno empleo y otras economías que quedarán más rezagadas, teniendo que esperar más tiempo para alcanzar nuevamente el potencial de producción precuarentena.

Al respecto, me parece oportuno recordar dos casos históricos que resumen estrategias de política fiscal bien diferentes. De un lado, el EE.UU. de posguerra; del otro lado, la Argentina del 2001.

El milagro de posguerra de EE.UU. con una política fiscal contractiva

David Henderson estudió en un artículo el milagro económico de posguerra en EE.UU. El gráfico #1 muestra que después de incrementar el gasto del gobierno federal del 6 al 44% del PIB durante la segunda guerra mundial (1939-1945), la política fiscal fue fuertemente contractiva volviendo a un nivel apenas superior al de preguerra. EE.UU. fue capaz de contraer el gasto del 44 al 9%, lo que significa una contracción de 35 puntos del PIB en tan solo dos años.

Figura #1: Gasto del gobierno federal como % del PBI, 1929-1950


Fuente: David Henderson, The U.S. postwar miracle.

Henderson explica que esto contribuyó al despegue de la economía americana a través de la fuerte creación de empleo, lo que logró captar a todos los soldados que volvían de la guerra e introducirlos en la estructura productiva.

La recuperación económica argentina tras su crisis del 2002 con una política fiscal expansiva

El caso exactamente contrario es el que ocurrió en Argentina tras su crisis del 2001-02. Tras abandonar la convertibilidad y devaluar casi un 300% su moneda, pesificando depósitos y rompiendo contratos, la economía cayó más de 10% del PIB en 2002. La pobreza llegó al 50% y el desempleo superaba el 20%. La manera en que se enfrentó la situación fue con un fuerte gasto público, que pasó del 25% de promedio que existió entre 1961 y 2002 al 44% existente en el 2013. Se crearon programas y planes sociales que permitieron pasar de 2 a 8 millones de beneficiarios. Las provincias crearon empleo público absorbiendo a los desocupados y subocupados, lo que permitió en 2008 mostrar tasas bajas de desempleo. La pobreza se redujo a la mitad.

Figura No. 2: Gasto público argentino como % del PBI, 1961-2013


Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda.

La situación, sin embargo, era algo distinta de lo que los datos mostraban. Lo cierto es que la política fiscal expansiva contribuyó a “ocupar” a los desocupados, pero el aparato productivo no pudo reactivarse para absorber a aquellos que no encontraban empleo. De hecho, tras recuperar el nivel de actividad de la década anterior, la economía no pudo crecer. Esto se explica en el gasto exorbitante que dejó ese gobierno, la presión tributaria récord, la alta inflación y un alto nivel de deuda interna. En esos años, incluso se estatizó el sistema de pensiones y se volcaron miles de millones de dólares al mercado en forma de gasto público.

Cuando Mauricio Macri dejó su Gobierno en el 2019, Argentina todavía tenía serios problemas para revertir este incremento del gasto público, chocando cualquier intento de austeridad con los derechos adquiridos por los necesitados.

El éxito en la recuperación económica 2021 dependerá de revertir la política fiscal 2020

Existe un factor común entre lo que hizo EE.UU. en el marco de la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo el Gobierno argentino ante la depresión del 2002 y lo que hoy hacen los gobiernos ante la situación actual de pandemia global: en los tres casos, ante la situación social compleja, los gobiernos decidieron aplicar políticas fiscales expansivas. 

La diferencia, sin embargo, entre el caso americano y el argentino se dio en el momento en que tuvieron que optar por un camino de recuperación. Estados Unidos retornó al nivel de gasto preguerra y dejó en manos del mercado la recuperación de la actividad y la generación de empleo. La economía americana emergió con un milagro económico sin precedentes que la colocó en un lugar privilegiado del orden económico mundial. Argentina, por el contrario, jamás pudo volver al gasto precrisis y dejó en manos del Estado la recuperación de la actividad y la generación de empleo. Se consumió el capital, se achicó el mercado y la presión tributaria aumentó junto a la deuda y la emisión. Incluso antes de la pandemia, en diciembre del 2019, Argentina aún no podía superar el nivel de actividad de 1998, cuando el gasto era más limitado.

Los gobiernos tendrán que elegir entre estos dos caminos. Quienes logren reducir el gasto público al nivel prepandemia, estarán dejando en manos de las empresas privadas la recuperación de la actividad y el empleo. Los gobiernos que fracasen en hacerlo y sigan el camino argentino con un mayor tamaño del Estado y una fuerte generación de empleo público, consumirán el capital y verán reducidos sus niveles de productividad, lo que impactará sobre ingresos y consumo.

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín. Publica como @AdrianRavier

El verdadero costo de la política se estima en 6% del PBI

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 15/9/2020 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/09/15/el-verdadero-costo-de-la-politica-se-estima-en-6-del-pbi/

El Presupuesto general parece reducido, pero es elevado cuando se lo relaciona por cada miembro de las cámaras legislativas y se agrega la masa salarial del total de empleados públicos

Sesión virtual y presencial en el Senado en tiempos de cuarentena (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)
Sesión virtual y presencial en el Senado en tiempos de cuarentena (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Cada vez que le preguntan al Presidente por qué no se baja el gasto de la política responde: “eso es una medida demagógica” y que no altera el Presupuesto. Incluso legisladores de Cambiemos como Fernando Iglesias o Daniel Lipovetzky, ahora diputado provincial, responden descalificando esa propuesta por considerarla poco relevante en términos de gasto público.

Es más, si alguien muestra, de acuerdo al proyecto de Presupuesto 2020, que el Senado tiene asignada una partida de $12.374 millones, lo que implica un costo operativo por cada legislador de la Cámara alta de $14,3 millones por mes. Mientras que la Cámara de Diputados tiene asignado $11.943 millones, con un costo operativo por miembro del cuerpo de $3,9 millones por mes.

Y, además, la Cámara de Senadores tiene a cargo 5.762 empleados, con lo cual cada integrante tiene, en promedio, 80 empleados y la Cámara de Diputados tiene asignados 5.220 empleados con un promedio de 20 por cada miembro (datos que surgen de la página 16 del presupuesto del Poder Legislativo), al margen de los 1.420 empleados de la Biblioteca del Congreso o de los 498 empleados de la imprenta, etc.

Como se decía, si alguien muestra estos datos, la respuesta es que ese importe es un porcentaje mínimo del PBI o del Presupuesto Nacional y que, además, constituiría un ataque a la democracia. Algo así como decir: “o nos dejan vivir como reyes a nosotros y malgastar la plata de los contribuyentes o son golpistas”. Una forma muy burda de justificar el robo legalizado, como lo llama Bastiat en su libro La Ley.

¿Pero es poco representativo el costo de la política como argumentan algunos políticos para defender el negocio de su actividad? En realidad, se financia con empleos no solo en el Congreso Nacional, sino en empresas públicas, en las administraciones provinciales y municipales.

La incidencia en las legislaturas provinciales

En un trabajo de la Fundación Libertad de Rosario que preside Gerardo Bongiovanni puede verse que en 2019 todas las legislaturas provinciales tuvieron un costo de $41.000 millones, con un cargo promedio de $2,8 millones por mes por cada uno de los 1.199 representantes de los 24 distritos que hay en el país.

Si se toma el Presupuesto 2020 de CABA, la Legislatura tiene asignado $6.176 millones para 60 legisladores, lo que determina un costo operativo de $8,6 millones mensuales por cada uno.

Pero el costo de la política es mucho más que esto. En total hay 3,7 millones de empleados públicos en el país repartidos en: 739.150 en Administración Nacional; 2.380.000 a nivel de las provincias y 606.000 en el conjunto de los municipios.En total hay 3,7 millones de empleados públicos en el país repartidos en: 739.150 en Administración Nacional; 2.380.000 a nivel de las provincias y 606.000 en el conjunto de los municipios (Adrián Escandar)En total hay 3,7 millones de empleados públicos en el país repartidos en: 739.150 en Administración Nacional; 2.380.000 a nivel de las provincias y 606.000 en el conjunto de los municipios (Adrián Escandar)

Cabe resaltar que en 2005 había 2,6 millones de empleados públicos. Es decir, en 15 años se elevó más de 42%, a un ritmo de 2,8% por año, más que duplicando el crecimiento vegetativo de la población en ese período.

La masa salarial de todos los empleados públicos sumandos de nación, provincias y municipios es del 12% del PBI, con lo cual ya se ve que no es se trata de un gasto menor. Y si se resta la masa salarial de las Fuerzas Armadas, Docentes, Fuerzas de Seguridad y Salud, el gasto salarial del aparato administrativo estatal llega a 6% del PBI.

De ahí que si esa parte de la burocracia estatal hubiese tenido la consideración de bajarse un 20% sus sueldos, teniendo en cuenta que el Estado, con su cuarentena feroz, dejó sin ingresos a muchas personas humildes y provocó la quiebra de miles de pequeños comercios y empresas, con el consecuente efecto de pérdida de puestos de trabajo en blanco no menor a 300.000 puestos, se hubiese mostrado algo de solidaridad con aquellos que los mantienen y se podrían haber ahorrado $270.000 millones, casi el monto de lo que se pretende recaudar con el disparate del impuesto a las grandes fortunas.

Pero el gasto de la política no está solamente en el presupuesto de los poderes legislativos a nivel nacional, provincial y municipal, más el despilfarro que se advierte en los poderes ejecutivos y judiciales, también está en lo que los políticos llaman planes sociales pero que en realidad son una fuente de corrupción y clientelismo.infobae-image

Clientelismo político también es haber llevado de 81.539 beneficiarios por invalidez laboral a 1.032.926, como puede verse en el gráfico. Casi un millón más sin haber tenido una guerra, un terremoto o un tsunami. Este programa tiene un costo de $156.487 millones para 2020, según el Presupuesto.

A esto hay que sumarle los 234.432 beneficiarios del programa Hacemos Futuro que nadie sabe de qué futuro se está proponiendo, 266.949 del Plan Proyectos Comunitarios, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo con 74.604, Becas Progresar 578.121 beneficiarios; y hay otros programas más.

Los políticos saben muy bien de qué se habla cuando se trata del gasto de la política. No es solamente el descomunal costo que genera cada diputado o senador nacional, provincial o municipal. Es todo un aparato de empleo público y “planes sociales” que han generado una gran masa de clientelismo político para tener el voto cautivo.

Claro que, en semejante masa de gasto político, los diputados y senadores tratan de justificarse diciendo que el costo que operativo de ellos, que es un verdadero disparate, no mueve el amperímetro. Esconden sus grandes beneficios detrás del inmenso gasto que no se limita al sueldo que cobra un senador, un ministro o el mismo presidente. Es la suma de todo el gasto político.

La cultura de la dádiva

Pero el mayor costo de la política que se transformó en un verdadero negocio, es el brutal cambio de valores que generó en la sociedad, por el cual se reemplazó la cultura de trabajo por la cultura de la dádiva, y donde el que es emprendedor, se esfuerza y trabaja, es castigado sin piedad con una carga impositiva asfixiante para sostener este negocio de la política, que en nombre de la solidaridad social, típico discurso para justificar un nuevo nicho de negocio de la política, no para de inventar planes sociales.

¿Por qué esta desesperación, tristeza y amargura de millones de personas que diariamente hacen el esfuerzo de levantarse para con lluvia, frío, calor, piquetes y mil complicaciones más ir a trabajar? Porque el fruto de todo su esfuerzo, que encima hoy está frenado por la eterna cuarentena, le confisca la mitad de su trabajo con impuestos para sostener el negocio de la política.

La gente decente trabaja cada vez más y vive cada vez peor porque el negocio de la política le confisca buena parte del fruto de su esfuerzo diario. ¿Esto significa que tiene que terminar la política? No, significa que tiene que terminar el negocio de la política que está destruyendo la Argentina.

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE. Síguelo en @RCachanosky