Category Archives: Política

Entrevista: Consejo Economico Asesor del Presidente

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 17/2/18 en: https://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2018/02/17/entrevista-consejo-economico-asesor-del-presidente/

 

Dialogo en el programa de radio de Roberto Cachanosky sobre la idea de crear un Consejo Económico Asesor (CEA) del Presidente. Esta es una idea que Roberto menciono hace unos días en el programa de Joaquín Morales Sola, de casualidad en lineas similares a un post mio en noviembre.

Cual es la idea? Es similar al Council of Economic Advisors que hay en Estados Unidos (y otros países.) El CEA estaría dirigido y formado por economistas de carrera profesional, no de carrera política. Por ejemplo analistas de coyuntura, profesores universitarios, investigadores, etc. Es decir, seria un cuerpo a-partidario (no político). El CEA puede desarrollar, por ejemplo, un reporte económico anual y estudiar distintas propuestas de política económica para evaluar su impacto. Cuales serian algunos de los beneficios del CEA?

Dentro del gobierno

  • Los puestos pueden tener rotar con cargos cortos (por ejemplo profesores de economía con licencia en su puesto universitario), por lo que el analista tiene incentivo a hacer un buen análisis económico, no a complacer al Presidente de turno.
  • Al estar formado por economistas con carrera técnica en lugar de política, los análisis estarían libres de presiones o sesgos partidarios.
  • Provee una plataforma para discutir política económica que se la hace mas difícil de ignorar al gobierno. El gobierno no podría hacerse el distraído, por ejemplo, con un reporte de la CEA que cuestione el tan lento gradualismo fiscal.
  • Contribuye a despolitizar la economía.
  • Limita o pone un control a las utopías (e ignorancia) en materia económica que se observa en los representantes en el Congreso.

A la sociedad en general

  • Contribuye a explicar a los medios y a la sociedad el plan económico del gobierno (si es que tiene uno).
  • Contribuye a restituir el prestigio a la ciencia económica, cuyo desprestigio se debe en gran parte a su politizacion.
  • Puede ofrecer análisis objetivos sobre proyectos de ley (por ejemplo, minimizar las confusiones en torno a al reforma jubilatoria de hace unos meses).
  • Contribuye a eliminar mitos que al política ha puesto en al opinión publica (por ejemplo, (1) que el shock implica despedir un millón de empleados públicos de un día para el otro, (2) que todo ajuste fiscal implica caída de actividad económica, (3) que las reformas rápidas necesariamente producen mayores costos sociales que las graduales, etc.)
  • Contribuye a encauzar y facilitar las opiniones y debates de economistas profesionales sobre la economía del país.

Se podrían mencionar varios otros beneficios, por supuesto. Pero fundamentalmente, al gobierno (en lugar de escucharse a si mismo en temas de economía) se le haría muy difícil ignorar las luces amarillas y rojas que los economistas cuyo carrera no depende de favores políticos tienen que decir.

Mas allá de los detalles, una institución como el CEA es muy simple de crear y puede traer grandes beneficios a la tan tumultuosa economía argentina.

Por cierto, un dato que se paso mencionar en la radio es el caso de Escocia. Recientemente crearon su propio CEA, entre sus miembros hay dos premios Nobel de Economía. Economistas capacitados en argentina no faltan, si el gobierno quiere escucharlos y darles mas presencia, esta es una manera sencilla de hacerlo institucionalmente.

Acceda a aquí al dialogo con Roberto Cachanosky.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE). Fué profesor de Finanzas Públicas en UCA y es Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

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¿Por qué no fuimos Australia? (Parte I)

Por Iván Carrino. Publicado el 15/2/18 en: https://contraeconomia.com/2018/02/por-que-no-fuimos-australia-parte-i/

 

En el artículo de hoy, la primera parte de un profundo análisis sobre nuestra decadencia económica.

“Existen cuatro clases de naciones: países desarrollados, países en desarrollo, Japón y Argentina”

Simón Kuznets

10 de diciembre de 2015. Era un día soleado y caluroso en Buenos Aires, con una temperatura que alcanzó los 33 grados centígrados. Tras doce años de kirchnerismo, asumía un  nuevo presidente en Argentina.

El nuevo presidente, Mauricio Macri, tenía la característica de no ser militar, peronista ni radical. Un evento único en la historia de los últimos 100 años.

La ceremonia de asunción tuvo todos los condimentos protocolares y otros que no tanto. Tal vez el dato que quedará en la historia es que el mandatario saliente (en este caso, la presidente Cristina Fernández de Kirchner), no asistió a la ceremonia puesto que no le pareció correcto el lugar elegido para realizar la entrega del bastón y la banda presidencial.

Otra anécdota que recordaremos será la de la vicepresidente, Gabriela Michetti, cuando, micrófono en mano, deleitó a sus seguidores desde el balcón de la Casa Rosada cantando las canciones de la popular Gilda. El presidente acompañó con sus célebres pasitos de baile.

Tal vez una historia que pasó desapercibida dentro de la gran cantidad de pequeños eventos que compusieron la ceremonia inaugural fue el saludo cordial que tuvieron el presidente Macri y el embajador de Australia en Argentina, Noel Campbell.

En medio de una ronda de saludos a los enviados extranjeros, se produjo el siguiente diálogo entre ambos:

– Felicitaciones presidente, somos países parecidos – lo saludó el embajador.

– Éramos – respondió Macri con gesto de añoranza, para luego seguir – Ya vamos a volver.

– ¿Usted conoce Australia? – pregunto Campbell

– Nunca he estado, pero soy admirador… en los últimos 30 años nosotros hicimos todo al revés y ustedes hicieron todo correcto.

En menos de diez segundos de charla, Macri tocó uno de los temas más sensibles de la historia económica de nuestro país. ¿Es cierto que fuimos parecidos a Australia y que ahora los miramos “desde abajo”? ¿Por qué Australia hace “todo bien” hace treinta años? ¿Qué le pasó a Argentina?

Australia, país exitoso

Australia es el país más grande del hemisferio sur. Con 7,7 millones de kilómetros cuadrados, tiene todos los climas, prevaleciendo el desértico, pero con grandes extensiones donde predomina el tropical y el templado. En cuanto al terreno, si bien tienen algunas montañas y cordones montañosos, se trata de un país principalmente llano.

Esta combinación hace de Australia un importante productor y exportador de productos primarios, como carne, leche, trigo, cebada y sorgo. Australia cuenta, además, con un importante sector minero que está en los primeros puestos del mundo en cuanto a exportación y producción de oro, carbón, aluminio y cobre. Sin embargo, se trata de una economía principalmente dedicada a los servicios.

Una de las curiosidades de la economía australiana es que hace 25 años que su PBI no muestra variaciones negativas. Es decir, hace 25 años que su economía crece de manera ininterrumpida y no hay señales de que eso vaya a cambiar en el corto plazo.

Gráfico 2.1. Crecimiento económico de Australia

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial y FMI

En contraste, en Argentina la volatilidad del crecimiento es muy superior, y en los últimos 25 años atravesamos al menos 3 crisis distintas: la de la convertibilidad; la de las hipotecas subprime y el conflicto con el campo, y la del fin del kirchnerismo.

Pero la historia del éxito australiano no tiene que ver solo con los últimos 25 años, sino que viene de largo.

Por este motivo conversé personalmente con Kris Sayce, quien dirige en Australia la compañía de análisis económico y financiero Port Phillip Publishing y tiene una amplia trayectoria en el análisis de los mercados y administración de portafolios.

– ¿Por qué Australia se convirtió en un país tan rico? – Le pregunté a Kris en enero de 2017.

– Creo que lo primero que debe mencionarse es que Australia empezó su desarrollo mucho después de América del Norte o América Central. Lo segundo es que el establecimiento de la colonia británica, con una clara historia y tradición del respeto por la ley y respeto por los derechos de propiedad fue un elemento clave. Los derechos de propiedad son el punto clave.

Tener un buen respeto por los derechos de propiedad es un elemento de vital importancia para el desarrollo. Si uno es dueño de su casa, tiene incentivos para cuidarla, mejorarla, etc. Pero si uno no sabe si el día de mañana la pueden expropiar u ocupar, entonces probablemente a la casa la deje un poco abandonada.

A este marco de respeto por la ley se le sumó otro factor en 1960. Kris me explicó que hasta los años ‘60, el país tenía una política de “Australia Blanca”, que no permitía la inmigración a personas asiáticas, negras… que era muy restrictiva. Sin embargo, a partir de los ’60, esa política se terminó y el país oceánico recibió una gran inmigración del sur de Europa.

En paralelo con la llegada de los inmigrantes, comenzaron los descubrimientos de los yacimientos de mineral de hierro, así que la combinación de esos nuevos descubrimientos con un gran influjo de mano de obra posibilitó un salto en el crecimiento económico.

Derechos de propiedad, grandes extensiones de terreno, recursos naturales para explotar, inmigración… suena todo muy similar a la Argentina del siglo XIX y principios del XX. Y, efectivamente, por algunos años nuestra performance económica fue comparable a la australiana.

Gráfico 2.2. PBI per cápita relativo de Argentina y Australia

Fuente: Elaboración propia en base a Angus Maddison y FMI en dólares internacionales.

En el gráfico que se observa arriba aparece el resultado dividir el PBI per cápita de Argentina por el de Australia. Esto da una medida relativa de los ingresos de un argentino promedio en comparación con el de un australiano promedio. Así, si el resultado es 100%, quiere decir que el argentino ingresa lo mismo que el australiano. Si es 50%, quiere decir que los ingresos nuestros son la mitad del de la persona con quien nos estamos comparando.

En el gráfico se observa cómo, a partir de la década de 1880, el ingreso promedio de los argentinos se fue acercando de manera vertiginosa al de los australianos. Con fuertes tasas de crecimiento económico, Argentina competía de igual a igual con los países desarrollados, y llegamos a ser el undécimo país en el mundo en 1913.

Así, al compararnos con Australia vemos que pasamos de tener un ingreso del 37,4% del australiano en 1880 a tener uno de 97,3% en 1896. Es decir, éramos casi igual de prósperos.

Por los siguientes 90 años, la relación osciló entre el 60% y el 80%, aunque siempre con una tendencia levemente declinante. Finalmente, a partir de mediados de los ‘70, la tendencia de caída se profundizó. En 1975, si un australiano ganaba 100, un argentino ingresaba 61,7. En 2016, estábamos 20 puntos más abajo, ganando el 41,3% de lo que ganaba un australiano.

La debacle es inocultable.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

What balance will we make in 2019 of the Macri administration?

Por Adrián Ravier.  Publicado el 9/2/18 en: http://en.libertadyprogresonline.org/2018/02/09/what-balance-will-we-make-in-2019-of-the-macri-administration/

 

Doing futurology and projecting the economy of these two years 2018-2019, we ask ourselves -in balance mode- how it would end Mauricio Macri his first government in the National Executive and how much he could have made in correcting the inherited imbalances. In what areas would be considered successful, in which we will speak of inaction and in which we would have major problems.

Progress

Beginning with the good news, we should remember that one of the first measures was the removal of the fixed exchange rate, which made it possible to eliminate the black market (blue dollar) from the usual jargon of Argentinians, enabling the access to purchase foreign currency, both for tourism and for imports. This also allowed the elimination of the bottleneck where industrial production was stuck.

This contributed ending an economic stagnation that lasted all the previous government (2011-2015), in which the economy grew one year to fall the next, according to the political cycle. Between 2017 and 2019 it is expected moderate and stable growth of between 2 and 4 percent with improvements in consumption and investment levels. Here, a fundamental role will play labor reform to reduce the obstacles and excessive costs that companies face today to generate jobs and investment projects.

While they may not meet the goals, they may offer data that shows a low of the inflation from 41% registered in 2016 to a rate close to 15% in 2019. Critics will say that inflation in 2015 was lower than the 41% indicated, but this does not take into account the expansive monetary policy of 2015 that generates a lag effect on the next year. Here we must highlight, in addition, the controversy of the future dollar left by the management of Alejandro Vanoli and on which he is still giving explanations before the Courts of Comodoro Py.

The drop in inflation will allow reducing poverty that reached 31% in 2015, was 28% in 2017 and would be around 25-26% by the end of 2019, a structural level that can only be reduced with savings and investment and continuous growth.

An important aspect, which political cost was not lower, will have been ending the tariff delay, removing subsidies to public services. The energy policy managed by Juan Jose Aranguren will be qualified as successful, in addition, by correcting investment deficit in energy infrastructure.

Finally, Argentina will have come out of isolation thanks to the efforts of the ruling that separates it from Iran and Venezuela and build ties with China and the West, seeking investments, of course, but also strengthening political ties. It will not be considered a minor issue that Argentina has abandoned a long default on its public debt, which allowed it to return to financial markets and, among other things, it has accumulated international reserves to support its weakened local currency.

Inaction

Where we hardly see significant progress will be on the fiscal front. Although it removes and lowers export with-holdings and a raise of the non-taxable minimum for the income Tax were a significant first step, in terms of taxes the reform that Congress passed does not raise reduce the tax pressure until after 2020.

In terms of public expenditure, although it removes it from subsidies it is already and will have been significant, there are and there will be other increases that show that spending grew at a rate similar to inflation. The decrease in economic subsidies was compensated with an increase in social subsidies.

The public over-employment had minimal corrections that were compensated with other hirings. Holding it up during these four years will transform a current problem into a structural problem.

Mauricio Macri’s commitment throughout his government was to take care of public employment and try to reduce the fiscal deficit via improvements in tax collection. While the government may show some compliance with its fiscal targets (the primary deficit will probably be below 3%), it is also important to note that it will have maintained the financial deficit at a level similar to that inherited. The decreases of the primary deficit will have been compensated by increases in the interest on debt that had gradualism as a cost.

Negative aspects

The greatest cost of gradualism is the accumulation of public debt. Argentina will present at the end of 2019 a level of worrying debt and a financial deficit that will need a liquid global macroeconomic context that will hardly be sustained until 2020.

The heterodoxy in politics of disinflation who manages Federico Sturzenegger will leave an arsenal of Lebac that will extend the problem of inflation for longer than necessary. Lowering inflation to a single digit will remain a difficult problem in the next government if orthodox reform is to be avoided.

Finally, the more than 30,000 million dollars that Argentina will have received each year in the form of public debt will feed a foreign exchange delay that will represent one more obstacle for the development of its productive activity. The current account deficit will be an obvious consequence.

Those who expected to see a correction of the inherited macroeconomic imbalances in these four years will see important, but partial progress. But those who expected to observe a structural reform of the economy will have to keep waiting.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

El costo del empleo “público”

Por Gabriel Boragina Publicado  el 11/2/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/02/v-behaviorurldefaultvmlo.html

 

“El gobierno nacional emitió un decreto prohibiendo que los familiares hasta el segundo grado de los funcionarios con cargos de ministro o superior puedan ser designados como empleados de planta en el sector público nacional.”[1]

Lo primero que hay que aclarar es una cuestión terminológica. En el tema, hay que hablar estrictamente -y en buen lenguaje- de empleo estatal y de empleados estatales o del estado, porque, en rigor, todo empleo (privado o estatal) es siempre público, porque se trabaja para satisfacer una necesidad, tanto propia (como la del empleado y su empleador) como del resto de la gente (el público), dado que el objeto de todo empleo es remediar una carencia, no solamente laboral sino -fundamentalmente- de consumo. Se trabaja para obtener un ingreso que permita consumir; y se venden bienes y servicios para que otros puedan consumirlos. Por lo que, con el trabajo se satisfacen necesidades públicas. No obstante, en el caso del empleo estatal, solo una de las partes se satisface: la del empleado.

“La medida tiene alta carga simbólica debido a que en la cultura política argentina usar el empleo público como mecanismo para distribuir favores personales, familiares y políticos es una práctica muy arraigada.”[2]

Concordamos con el criterio expuesto en el informe que estamos citando y comentando. La incidencia de la medida en el presupuesto nacional es ínfima. y -por lo demás- es absolutamente cierto que el empleo estatal es la perfecta excusa que han tenido y seguirán, sin duda, teniendo todos los políticos de todos los partidos. El empleo estatal es uno de los principales ámbitos que sirve de caldo de cultivo a actos de corrupción. Cabe recordar que el empleo estatal no es propiamente un empleo, sino que en rigurosos términos económicos no es más que un subsidio encubierto al desempleo. Porque el empleo genuino es el que se genera en el sector privado de la economía. En tal sentido cada nuevo “puesto” de trabajo creado en sector publico implicará inexorablemente cierta cantidad de empleo que se pierden en el sector privado de la economía. La diferencia entre unos y otros será el equivalente al subsidio.

“La norma no resuelve los problemas ligados a la sobredotación y baja profesionalidad del empleo público. En el mejor de los casos, puede ser planteado como un gesto tendiente a romper con las malas prácticas enquistadas. Pero existe el riesgo de que se convierta en un mero acto de oportunismo que desvíe la atención respecto a un tema extremadamente importante.”[3]

Es que ninguna norma va a resolverlo, porque no se trata de una cuestión que se solucione con leyes, reglamentaciones, decretos, etc. es decir, con más burocracia, sino que es un problema de incentivos económicos. El estado-nación (y por ende sus agentes-empleados) carecen de incentivos y de parámetros para producir. De hecho, el “estado” como tal no produce nada, los únicos productores son los contribuyentes, que son los que aplican su esfuerzo (mental y/o físico) a la elaboración de bienes y servicios con el objeto de obtener ganancias. Todo lo demás que pueda decirse al respecto es anecdótico.

“¿Cuál es el compromiso que asume el Estado cuando ingresa un nuevo empleado?Tomando como ejemplo un empleado público provincial (66% del empleo público total) que ingresa con una categoría inicial a los 25 años de edad y asumiendo que son bajas las probabilidades de renuncia y casi imposible el despido, el costo estimado es el siguiente:

  • ·         Durante su vida activa habrá que pagarle $23 millones a precios actuales en concepto de salarios, cargas sociales y gratificaciones.
  • ·         Cuando se jubile habrá que pagarle $17 millones más a precios actuales en concepto de jubilación y la pensión derivada a su cónyuge cuando fallezca.
  • ·         Así, designar un empleado público implica comprometer unos $40 millones.”[4]

Costo de nombrar un empleado público con estabilidad


          

            Esto nos da la pauta del descomunal gasto público que representa mantener un ejército de burócratas en todos los niveles, cuya única función es vivir del erario público. Esta vez el vocablo “público” si viene a propósito, por cuanto toda esta inmensa masa de empleados vive del resto del público que somos los que en definitiva solventamos sus vidas y pasares. Si se multiplica esta fenomenal cifra por la cantidad de empleados públicos existentes al día de la fecha se puede tener una noción del nivel de despropósito que existe en materia de empleo estatal y -proyectándonos- en el del resto de los rubros del presupuesto nacional, además del impacto negativo severo que estos guarismos producen en el gasto público total. Fundamentalmente, lo más grave es lo que apuntamos anteriormente, y que es que toda esta gente no produce absolutamente nada, sino que -por el contrario- se dedican a hacernos cumplir tramites administrativos inacabables y costosísimos que hacen pesar sobre las espaldas del sector privado de la economía. 

“Estos datos son aproximados pero muy ilustrativos de la magnitud de recursos públicos que quedan comprometidos cuando ingresa un nuevo empleado al Estado. El principal determinante es la rígida aplicación de la estabilidad del empleo público. Aunque en la enorme mayoría de los casos el ingreso es bajo modalidades que no contemplan la estabilidad (pasantías, monotributo, contrato a plazo, etc.), una vez incorporado, prevalece la presión por la permanencia. Lo que inicia como un ingreso transitorio y precario, en los hechos deviene en un empleo de por vida.”

El principio de la estabilidad del empleado público es un agravante al cuadro de situación ya descripto antes. No tiene razón de ser, porque no rigen las mismas reglas que se deben enfrentar en el sector privado donde la competencia implacable hace que debamos mejorar cada vez más nuestro desempeño ofreciendo más y mejores bienes y servicios al menor precio posible. El sector estatal no está sujeto a estas reglas ¿cabe premiarlos además con estabilidad en sus asientos de oficina? En realidad, la presión existe en una doble dirección, porque el contratado por el gobierno presiona para quedar efectivo, y que el a fin lograr conseguir la efectividad en su puesto comenzará a presionar para no perderla. Se trata de un circulo vicioso porque ya sea en un sentido o en el otro la presión existirá.

[1] IDESA: “CADA NUEVO EMPLEADO PÚBLICO COMPROMETE $40 MILLONES”. 4 de febrero de 2018 – Número 742

[2] IDESA, Ibidem.

[3] IDESA, Ibidem.

[4] IDESA, Ibidem.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Cuando vale la doble moral

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 9/2/18 en: http://www.abc.com.py/lectores-opinan/cuando-vale-la-doble-moral-1673602.html

 

El Estado moderno impone arbitrariamente su doble moral. Y sus defensores no tienen justificación racional, simplemente dicen que “si el Estado lo dice, o lo necesita, es bueno…”, son esos mismos políticos que, muchas veces –muchísimas–, están acorralados por la corrupción. Quizás, el ejemplo más irritante sea el “servicio militar obligatorio” (SMO) que me recuerda a Mirabeau, uno de los padres de la Revolución Francesa, y su frase: “Prusia no es un Estado con ejército, sino un ejército con Estado”.

El presidente de Francia propone una especie de breve servicio cívico-militar, obligatorio, para ofrecer “una experiencia de la vida militar, de la mezcla social y de la cohesión”. Luego de que Jacques Chirac abolió el SMO en 1997, el proyecto actual que, insólitamente, cuenta con el apoyo del 80% de la población, contempla un mes de servicio para hombres y mujeres de 18 a 21 años. Según Le Monde, el costo anual –unos 3.000 millones– equivale al costo de la disuasión nuclear.

Hoy, debido al temor por el terrorismo –como siempre, el miedo provocando reacciones adversas– la idea se ha expandido por Europa al punto que el Bundestag propone un nuevo concepto de “defensa civil” incluyendo el SMO aduciendo, además, que Rusia tiene explícitas aspiraciones expansionistas, tanto que los países nórdicos también están promoviendo el retorno más o menos inminente del “servicio” (¿?) obligatorio.

Es el caso de Noruega y Suecia, cuyo ministro de Defensa parece dispuesto a promoverlo en 2019. España es distinta. Después de que José María Aznar eliminó la conscripción obligatoria en 2001 en oposición al Ministerio de Defensa, hoy prevalece la idea de que un ejército profesional es mejor alternativa.

Ahora, dice Alberto Medina Méndez que, aun suponiendo que las razones esgrimidas fueran legítimas, el hecho de conseguirlo a expensas de sojuzgar a los demás, exime de comentarios adicionales: aquello “impuesto por medio de la coacción no puede ser bueno… o no precisaría de semejante atropello”.

Por su parte, según el profesor colombiano Mario Madrid-Malo Garizábal, para el derecho internacional consuetudinario la esclavitud es el estado o la condición de una persona sobre la que se ejercen cualquiera de las potestades inherentes al derecho de propiedad o de dominio. El artículo 7, 2., c) del Estatuto de la Corte Penal Internacional entiende por esclavitud “el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos”.

Según el derecho internacional, existen prácticas análogas a la esclavitud tradicional como el trabajo infantil, el reclutamiento de niños como combatientes, la trata de mujeres y de niños, la servidumbre por deudas y la servidumbre conyugal. En ese catálogo falta, por cierto, una modalidad de esclavitud: el servicio militar obligatorio. Ahora, la causa de tal omisión fue explícitamente redactada por los interesados –los políticos y burócratas estatales que viven de la inimputabilidad del Estado– y se halla en el artículo 8°, 3., c) II) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, norma en la cual se establece que el SMO no se considerará como trabajo forzoso.

En fin, remata Madrid-Malo Garizábal, diciendo sobre el servicio obligatorio que de su horrendo carácter y de sus efectos perniciosos hablan claro las estadísticas sobre suicidio y enfermedad mental entre las personas sometidas.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

“Hay que cambiar las leyes que permiten la corrupción sindical”

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 6/2/18 en: http://www.visionliberal.com.ar/nota/4882-hay-que-cambiar-las-leyes-que-permiten-la-corrupcion-sindical/

El problema son las leyes que sustentan el sistema fascista de los sindicatos

Una sociedad libre, aquella en donde se respetan las libertades y los derechos, donde la responsabilidad individual prima; promueve el derecho a asociarse o no, el derecho reunirse en torno a clubes, asociaciones y sindicatos es uno de sus postulados básicos. Los individuos podrán formar diversas asociaciones para cualquier fin que estimen conveniente, siempre y cuando no se vulneren los derechos de terceros.

Sin embargo, esta premisa no se cumple siempre y, lejos parece haber quedado esta expresión social, dando lugar a sistemas de coerción y corrupción, que con procedimientos violentos e intimidatorios pretenden marcar el rumbo del gobierno, sacando el mayor provecho a unos beneficios no ganados, perjudicando severamente a sus asociados.

Argentina dista mucho de tener un modelo sindical liberal. En un país donde los sindicatos parecen tomar más fuerza con el cambio de gobierno, existe un perverso proteccionismo hacia dichos grupos violentistas, quizá por miedo a enfrentarse a ellos o quizá porque los gobiernos necesitan de los sindicatos para continuar realizando reformas cómodamente.

Visión Liberal conversó con Benegas Lynch, para quien “todos los gobiernos civiles de distintos partidos y militares apuntaron a usar el movimiento obrero en provecho propio. Por eso es por lo que no abrogan la ley de asociaciones profesionales y convenios colectivos y la figura de la “personería gremial” que otorga el monopolio de la representación que introdujo Perón, junto al curro de las obras sociales que implantó Onganía y los ya tradicionales agentes de retención para manipular el fruto del trabajo ajeno. En otros términos, se necesitan sindicatos libres y voluntarios que por ahora no tenemos”.

Por otro lado, gracias a la manipulación de los sindicatos, a sus huelgas y piquetes constantes reclamando derechos que no les corresponden, que según una encuesta de la consultora Giacobbe y Asociados el sindicalismo argentino tiene un 81,6% de imagen negativa (marzo 2017). Pero, además, un 14,1% tiene una percepción “regular” de dicho sector. Tan solo un 3,4% ve con buenos ojos la gestión sindical en el país. La investigación revela que “corruptos” es la palabra con la que la mayoría de los encuestados asocia a los dirigentes gremiales.

Para Benegas Lynch (h) “las huelgas deben ser entendidas como el derecho a no trabajar en cualquier momento siempre y cuando se cumplan los preavisos estipulados si los hubiere. Pero el derecho a huelga no es la intimidación y la violencia que no permitan que otros ocupen puestos de trabajo. Una cosa es el derecho a no trabajar y otra bien distinta es imponer situaciones a otros contra la voluntad de los destinatarios. En el caso de procedimientos intimidatorios y violentos cuando se confunden con la huelga está implícita la equivocada idea de que constituye un procedimiento para elevar salarios”.

En el caso argentino, el sindicalismo argentino se sustenta en un sistema coactivo a través de la figura de la personería legal. Los dos pilares del sindicalismo recaen en: la personería gremial que reconoce un solo gremio por actividad y las obras sociales que da a los sindicatos el manejo de la salud de los afiliados. Esto, para Alberto Benegas Lynch es un régimen “de tanto en tanto se detienen a sindicalistas corruptos, pero hasta el momento no se han modificado las leyes que dan sustento a este sistema fascista de representación coactiva. Limitarse a arremeter contra la corrupción sindical fascista concentra la atención en los efectos, pero si no se abroga la legislación autoritaria, quedan sin tocar las causas del fenómeno”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Asesor del Institute of Economic Affairs de Londres

Legislación sindical, el caso argentino

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 26/1/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/01/26/legislacion-sindical-el-caso-argentino/

 

Lo primero es subrayar que en una sociedad abierta el derecho a asociarse o no asociarse constituye uno de los postulados básicos a los efectos de la cooperación social. Cómo deben ser las asociaciones es algo que no compete a quienes están fuera de ellas; en primer lugar, los gobiernos, que solo deben velar porque no haya lesiones de derechos, en caso de que las hubiera, dicha agrupación se convierte en una asociación ilícita.

Pero antes de otras consideraciones sobre el tema sindical, es menester aclarar con toda precisión que los salarios y los ingresos en términos reales de deben exclusivamente a la cuantía y la calidad de ahorros internos y externos invertidos en un contexto de conocimientos relevantes, lo cual hace de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Esa es la diferencia entre zonas de mayores o menores salarios basadas en el primer caso en marcos institucionales respetuosos de la propiedad de cada cual.

El nivel de salarios no es solo monetario, es también no monetario, como lo son todas las condiciones laborales que rodean al caso desde los períodos de descanso a la música funcional. En rigor, estas condiciones no pueden ser legisladas, como queda dicho, son consecuencia de los niveles de las tasas de capitalización. Más aun, si se legislan más allá de demandas civiles o penales por incumplimientos contractuales o delitos, los resultados indefectiblemente son el desempleo, en primer lugar, de aquellos que más necesitan trabajar y, en segundo lugar, de todos a quienes las condiciones laborales son superadas por las normas legales respecto a las antedichas tasas de inversión. El voluntarismo no cuadra.

Mientras que los recursos sean limitados en relación con las necesidades, nunca bajo ningún concepto puede haber sobrante de aquel factor esencial que es escaso, esencial, puesto que no se concibe la producción de ningún bien ni la prestación de ningún servicio sin el concurso de trabajo manual e intelectual.

La vida es una transición, todo lo que piensan todos en todas las oficinas consiste en mejorar, lo cual, a su vez, se traduce en reasignaciones humanas y materiales. La mayor productividad libera factores humanos y materiales al efecto de trabajar en otros emprendimientos. En un mundo idílico donde hay de todo para todos todo el tiempo, naturalmente no hay necesidad de trabajar, lo cual significa que se está en Jauja, situación que sería una bendición para todos. Pero las cosas no son así, hay necesidades insatisfechas, por lo que hay que aplicar faenas para atenderlas.

 Nuevos métodos que elevan la productividad, nuevos bienes y servicios importados del exterior más baratos y de mejor calidad, la robotización y equivalentes liberan trabajo, el empresariado, atento a nuevos negocios, busca capacitar a nuevo personal al efecto de lograr sus arbitrajes adicionales. Como hemos dicho antes, ese fue el sentido y el destino del hombre de la barra de hielo cuando apareció la refrigeradora o el del fogonero cuando irrumpió la locomotora Diesel.

Lo peor que puede hacerse si se desea elevar el nivel de vida es destruir capital, con ello no habrá aumentado el empleo, sino que provoca disminuciones en los salarios en términos reales.

Por su parte, las huelgas deben ser entendidas como el derecho a no trabajar en cualquier momento siempre y cuando se cumplan los preavisos estipulados si los hubiere. Pero el derecho a huelga no es la intimidación y la violencia que no permitan que otros ocupen puestos de trabajo. Una cosa es el derecho a no trabajar y otra bien distinta es imponer situaciones a otros contra la voluntad de los destinatarios.

En el caso de procedimientos intimidatorios y violentos cuando se confunden con la huelga está implícita la equivocada idea de que constituye un procedimiento para elevar salarios. Si esto fuera cierto, habría que incrementar los métodos violentos de igual manera que si se considera que el nivel de vida puede incrementarse por decreto, las legislaciones, en este sentido, habría que redoblarlas. Pero como queda dicho, los salarios dependen solo de la inversión per cápita, que si disminuyen, disminuirá el salario, si se mantiene el stock de capital descontadas las respectivas amortizaciones, el salario mantendrá su nivel y si se incrementa el capital, consecuentemente aumentarán los salarios.

Tampoco tiene sentido alegar que los gobiernos deben interferir en las relaciones laborales para evitar “el desequilibrio en el poder de contratación”. En esta línea argumental, se sostiene que no es permisible que contrate un millonario con una persona que no tiene para llegar a fin de mes, al fin de semana o al fin del día. Es del todo irrelevante cómo sean las características patrimoniales o el volumen de sus respectivas cuentas corrientes, lo relevante son las tasas de capitalización. Si un millonario pretendiera pagar menos de lo que establece el mercado, simplemente se queda sin colaboradores. Un empleador puede contar con una situación patrimonial boyante y otro estar quebrado, pero ambos, si desean contratar trabajo manual e intelectual, deben abonar lo que exige el mercado. En lugares en donde los salarios son altos, no se debe a la generosidad de empleadores ni a la mezquindad de salarios bajos en otras zonas, sino, como hemos repetido, al volumen de capitalización.

De más está decir que los incumplimientos contractuales, los engaños o las lesiones de derechos deben ser adecuadamente castigados, pero los arreglos contractuales libres y voluntarios no deben ser interferidos por los aparatos estatales ni por bandas ocultas en máscaras sindicales.

Idéntico razonamiento se aplica a todos los servicios que preste la asociación sindical, en primer lugar, de salud o cualquier otro servicio que debe estar abierto a la competencia y en ningún caso consecuencia de aportes obligatorios y mucho menos a través de llamados “agentes de retención” que echan mano al fruto del trabajo ajeno.

Asimismo, las representaciones o no representaciones sindicales deben estar abiertas a todas las variantes, siempre y cuando se trate de arreglos libres y voluntarios en el contexto de contrataciones colectivas o individuales, según lo prefieran los interesados.

En el caso argentino, de tanto en tanto se detienen a sindicalistas corruptos, pero hasta el momento no se han modificado las leyes que dan sustento a un sistema fascista de representación coactiva a través de la figura de la personería gremial que arrastra a todos los gremios desde la década del cuarenta, que está presente en la legislación de ese país, junto a los antes referidos agentes de retención (más bien estafas legales) y afiliación coactiva de facto, en el contexto de escandalosos negociados monopólicos de obras sociales y similares.

Limitarse a arremeter contra la corrupción sindical fascista concentra la atención en los efectos, pero si no se abroga la legislación autoritaria, quedan sin tocar las causas del fenómeno. Lo mismo ocurre con retoques de superficie a las normas vigentes en lugar de eliminar de cuajo el mal que afecta principalmente a los trabajadores.

En la época de gloria de los argentinos, cuando los salarios y los ingresos en términos reales de los peones rurales y de los obreros de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España, cuando la población se duplicaba cada diez años debido a la multitudinaria inmigración para “hacerse la América”, en ese período las relaciones laborales estaban regidas por los 4015 artículos del Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield, de los cuales seis estaban referidos específicamente a los contratos laborales.

Luego se promulgaron multiplicidad de leyes “para proteger al trabajador” referidas a los más variados temas “al efecto de dotar al trabajador de conquistas sociales” y con ello comenzó el derrumbe en el nivel de vida de la gente, muy especialmente de los más necesitados, por las razones antes apuntadas, en contexto de la sandez de “establecer adecuadas relaciones entre el capital y el trabajo”, sin percatarse de que el capital son instrumentos inanimados que no contratan y que, por ende, se trata de contrataciones entre distintos tipos de trabajo entre empleadores y empleados. Con el argumento de proteger a los trabajadores se los aniquiló, con la idea de protegerlos de supuestas explotaciones se los sacó de la órbita de la protección rigurosa del Código Civil, los tribunales ordinarios y posibles aseguradoras. Se fabricó el fuero laboral, con lo que se agregó a las referidas desgracias negocios fenomenales de la industria del juicio para beneficio de chicaneros del nuevo fuero.

En esta especie de rapsodia para el desastre se incluyeron algunas figuras que son tragicómicas, como el aguinaldo, es decir, la aparición como arte de magia de un treceavo mes en el año, sin percibir que si se paga un monto adicional en el año, manteniendo los demás factores constantes, habrá que pagar de menos durante los otros 12 meses. Si esto no fuera de este modo, habría que convertir el año en 40 meses o más para hacer a la gente más rica, lo cual no requiere comentarios adicionales.

Así se llegó en la Argentina a una verdadera e inaudita explotación de los trabajadores por los aparatos estatales a los que se enancó una maquinaria quebrada y fraudulenta de unas así denominadas jubilaciones insertas en el sistema de reparto en el que se estafa a quienes aportan el fruto de su trabajo para recibir cifras irrisorias que no guardan proporción alguna con las sumas que le han sido retenidas en su vida activa, muy lejos de cualquier cálculo de interés compuesto.

En este cataclismo se habla de “la clase trabajadora”, que supone que hay otra clase que la explota, sin percibir el origen marxista de la idea misma de clase que deriva de sostener que el proletario y el burgués tienen una estructura lógica distinta, lo cual da lugar a la teoría del polilogismo que nunca ni Marx ni ningún marxista han explicado en qué consisten esas estructuras que se diferencian de los silogismos aristotélicos.

Desde Adam Smith el asunto está resuelto, este autor ha consignado en 1776: “La propiedad que cada hombre tiene es su propio trabajo, ya que es el fundamento original de toda otra propiedad, por lo que es la más sagrada e inviolable” y Juan Bautista Alberdi, al comentar la Constitución liberal argentina de 1853, escribió: “Toda la grande escuela de Adam Smith está reducida a demostrar que el trabajo libre es el principio esencial de toda riqueza creada”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Asesor del Institute of Economic Affairs de Londres

CÓMO HACER PARA QUE NO HAYA ERRORES EN EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA (Método infalible).

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 28/1/18 en: http://gzanotti.blogspot.com.ar/2018/01/como-hacer-para-que-no-haya-errores-en.html

 

Hace poco, gracias a la invitación de una ex alumna (Nani Sánchez) fui al colegio donde ella da clase para hablar de educación. Entonces hice el siguiente experimento.

Supongamos que quieren estudiar filosofía pero NO hay carreras de filosofía formales como las organizadas actualmente.

¿Qué harían?

De manera dialógica fueron saliendo las primeras respuestas.

Una, estudiarían por su cuenta. Ok.

¿Con qué?

Con libros, ya sea en papel o internet.

¿Qué libros? Y, correr el riesgo. Tal vez preguntar a alguien, tal vez preguntar a algún profesor que daba clases de filosofía.

¿Cómo seguir? Depende del objetivo. Supongamos que el objetivo es dar clases de filosofía en el terciario que ahora están estudiando.

Bueno, habría que seguir leyendo y ver qué vamos aprendiendo.

¿Cómo lo haríamos?

Bueno, de vuelta, anotaríamos todas nuestras dudas y las iríamos consultando, cada 10 días más o menos, a gente que dice saber filosofía o que daba clases de filosofía o a personas que digan que son filósofos. Habría que ver si nos cobran o no, si son confiables…… Iríamos probando.

Si nos gusta cómo nos tratan, volveríamos, en 10 días o 15, con más preguntas, con más textos leídos, con más cosas vistas en papel, on line, en youtube, etc.

Y así, ¿durante cuánto tiempo? Y, deberíamos ir practicando. Tal vez organizamos un grupo para darnos clase mutuamente, para ver cómo podemos responder, tal vez pedimos asesoramiento a alguien que diga que sabe de esas cosas.

Cada tanto, a su vez, podríamos ir escribiendo, en nuestros blogs, nuestras ideas filosóficas, compartirlas con los demás, recibir críticas, ver cómo nos ponemos ante el debate, ver si dialogamos o nos peleamos, etc.

¿Cuánto tiempo? No sabemos. En última instancia, alguna vez hay que comenzar. Suponiendo que no tengamos pánico escénico, un día podríamos ir a ver a una de las autoridades del instituto y decirle que queremos dar clases de filosofía a los alumnos que quieran escucharnos, y organizar un seminario, un taller, lo que fuere.

Alguien del instituto debería hablar con nosotros y considerar si estamos en condiciones o no. Puede equivocarse, pero él tiene que decidir.

Si nos dice que sí, hay que ver cómo nos llevamos con nuestros alumnos voluntarios: en qué medida somos nosotros ahora los que intentamos mover al entusiasmo por el camino recorrido.

Si nos dicen que no, podemos dar clase en nuestra casa a los que quieran escucharnos.

Si nadie quiere escuchar nuestras clases, entonces…… Nadie quiere escuchar nuestras clases.

Y si alguien quiere escucharnos, pues………….. Correrá el riesgo.

Y así, lentamente, habrá de vuelta lugares donde se estudia filosofía. Bien, mal, regular, Dios sabrá.

Dios sabrá: eso es lo importante.

Porque el problema se produce cuando alguien, que no es Dios,  dice “yo soy el que sé” y llama a la coacción del estado para que lo certifique.

Entonces me nombra Secretario de Humanidades de La Nación.

Y entonces organizo las carreras de filosofía. Y todo el que quiera enseñar filosofía deberá pasar por las carreras así organizadas, y nadie podrá estudiar o enseñar filosofía si no pasa por MI sistema que ahora se ha convertido en EL sistema aprobado por el estado y exigido a todos los que quieran estudiar filosofía.

Porque el otro sistema, claro, era caótico. Mucha gente se podía equivocar.

 

Ahora, claro, ya no.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

Julio María Sanguinetti, un expresidente que se debate entre la “crisis de la verdad” y lo que dejó el pasado

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 18/1/18 en: http://www.lanacion.com.ar/2101649-julio-maria-sanguinetti-un-expresidente-que-se-debate-entre-la-crisis-de-la-verdad-y-lo-que-dejo-el-pasado

 

Julio María Sanguinetti, el sensato expresidente de Uruguay, es hoy uno de los pensadores más lúcidos -y valientes- del Río de la Plata. De pluma fértil y a la vez elegante, se ocupa frecuentemente de temas polémicos a los que analiza con singular profundidad y, a la vez, con sencillez.

Nos acaba de regalar un libro realmente formidable. Importante, por los temas que trata. Y corajudo, por la forma en la que los encara. Lo ha titulado: “El Cronista y la Historia” y ha sido publicado por la editorial Taurus, en el Uruguay.

En esta obra enfrenta, de inicio (en su primera sección) como un “deber ético” -nos dice- lo que denomina: el “uso abusivo de la historia”, un nocivo fenómeno recurrente con el que algunos interpretan torcidamente el pasado e intentan, así, legitimar actos o conductas en función de su propia conveniencia.

Porque caen en una arbitrariedad que está exteriorizada en sus manipulaciones, las cuales están, a su vez, dirigidas a falsear arteramente la verdad. Por esto Sanguinetti nos habla de la “crisis de la verdad” que nos asalta cuando la falsificación ideológica del pasado se transforma -claramente- en un método más de dominación. En un “empleo oportunista del recuerdo”, nos alerta.

Problema que nace cuando se quiere utilizar el pasado, interpretarlo desde una mirada particular para luego instaurarlo a modo de “discurso oficial”. Para siempre, pretendidamente. Así se reabren y perpetúan las pasiones y se mantienen abiertas las heridas, en detrimento de la salud del plexo social. Y los resentimientos perduran y torturan. Ello, a su vez, evita que el discurso con el que se impregna el plexo social sea auténtico e inclusivo.

Como ejemplo, Sanguinetti se ocupa de lo sucedido en nuestro Río de la Plata en la década de los ’70. Donde hoy algunos solo ven los crímenes cometidos desde los gobiernos militares, lo que edifica la falsa teoría de que el terrorismo es aquel que se impulsa y practica desde el Estado, cuando lo cierto es que no es así. Las Convenciones de Ginebra de 1949 existen y son tanto Derecho Internacional como ley interna. Para ellas, los crímenes de lesa humanidad pueden tener multiplicidad de autores. No solo el Estado. También pueden ser cometidos por los particulares.

Existe, nos recuerda, también el “terrorismo guerrillero”, que es aquel que trajo previamente la violencia y que creó el marco para el posterior exceso represivo desde el poder del Estado. Esto genera precisamente la perversa situación actual, a la que Abel Posse describe acertadamente como aquella en la que: “la violencia de los muertos acecha la paz de los vivos”. Y a la que Tzvetan Todorov define, con su habitual precisión, como “el abuso de la memoria”. Esto es, como un instrumento dedicado al uso político del pasado.

La memoria no debe ser un mero alegato propagandístico. Debe edificarse sobre la verdad, completa. Lo que es diferente.

El pasado es, con frecuencia -nos dice Sanguinetti- difícil de narrar aunque, no obstante, debe referirse y describirse en toda su complejidad. Lo que supone relatar, por ejemplo, que en los ’70 primero “hubo una guerrilla marxista que, por medio de la violencia, intentó quebrar la larga tradición democrática”. Aquella que existiera particularmente en el Uruguay.

Fue tan antidemocrático, sostiene, quien en su momento abusó con uniforme, como el que pretendió quedarse con el poder por el camino de las bombas y no por el del voto. Es falso, agrega el convincente expresidente, que los delitos cometidos por los militares merezcan un tratamiento distinto al de los de los guerrilleros en la misma época. Criterio que para algunos es pretendidamente distintivo y al que Sanguinetti -con razón- califica duramente, de “moralmente insostenible”. Y, peor, de “verdadera impostura”. Nos habla -claro está- de los violentos enfrentamientos de la referida década de los ’70, cuyas evaluaciones aún dividen muy profundamente a nuestra sociedad.

El libro sigue con reflexiones riquísimas sobre las raíces de su propio país; las distintas leyendas que la infectan; el laicismo y todo lo que el mismo significa para los orientales; el nacimiento de la tan peculiar como simpática identidad uruguaya; y los distintos y confusos laberintos por los que transitan los conflictos ideológicos actuales. Aquellos que azotan tanto a su país, como a la región integra del Río de la Plata.

De lectura fácil, la obra nos hace reflexionar como pocos autores pueden lograrlo dado que José María Sanguinetti hace gala, a lo largo de un enriquecedor trabajo, de su singular capacidad analítica y de síntesis.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Los números fiscales indican que hay que acelerar el gradualismo

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 23/1/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/01/23/los-numeros-fiscales-indican-que-hay-que-acelerar-el-gradualismo/

 

La semana pasada el ministro Nicolás Dujovne presentó las cifras de diciembre y de todo 2017

 

Como era de esperar, Hacienda presentó un panorama fiscal alentador donde muestra un sobrecumplimiento de la meta de reducción del déficit fiscal primario, que en vez de ser 4,2% de PBI terminó siendo 3,9% de PBI en vez del 4,2% que se había puesto como meta.

En 2016 el déficit fiscal primario, es decir, sin considerar los intereses de la deuda pública, fue del 4,3% del PBI, con lo cual la reducción del déficit fiscal fue de 0,4% del PBI.

El problema es que el gradualismo requiere de financiamiento del déficit fiscal mientras el Gobierno se toma su tiempo para bajarlo. Es decir, hay un costo financiero por escapar al shock que son los intereses de la deuda pública que hay que pagar mientras se llega al equilibrio fiscal.

En 2016, los intereses de la deuda pública (sin considerar los intereses de la gasto cuasifiscal que genera el Banco Central) fueron 1,6% del PBI y en 2017 subió a 2,2% del PBI. Es decir, el gasto financiero aumentó 0,6 puntos del PBI contra una baja del déficit primario de 0,4 puntos del PBI.

En otras palabras, el rojo fiscal, incluyendo los intereses de la deuda, como corresponde, fue del 5,9% de PBI y del 6,1% del PBI, lo que significa que el modelo gradualista, tal cual está planteado, no converge hacia el equilibrio.

El debate ya deja de ser cuánto tiempo nos financian desde afuera para ir bajando gradualmente el déficit fiscal, sino que, de acuerdo a los datos de 2017, hay que preguntarse si nos van a financiar un desequilibrio fiscal creciente.

Y por favor que no me vengan con la historia de que los intereses se refinancian. Ya tuvimos varias experiencias al respecto para saber que no nos financian cualquier nivel de déficit fiscal.

Insisto, aquí el problema del ritmo de gradualismo que aplica el Gobierno conduce a un aumento del déficit fiscal y no a una baja. Aclaro lo del ritmo de gradualismo porque es obvio que no todos los cambios se pueden hacer de un día para otro, pero tener un rumbo de cambio es fundamental y, lamentablemente, no se observa ese rumbo de cambio en materia fiscal, y si lo hay es muy leve donde el peso del ajuste recae por completo sobre el sector privado lo cual impide tener tasas de crecimiento económico sostenidas.

Veamos un par de números

El gasto en subsidios económicos (tarifas de luz, agua, gas, etc.) se redujo en $65.466 millones en 2017 respecto a 2016. Esto es producto del incremento de las tarifas de los servicios públicos, pero el gasto en subsidios sociales como AUH, Argentina Trabaja, Pensiones no contributivas, etc. aumentó $82.267 millones. Todo lo que se ahorró de gasto y que salió del bolsillo del consumidor fue a parar a más subsidios sociales, incluso un 26% más, cuando en rigor debería haber disminuido la presión impositiva. Es importante aclarar que en ese incremento no se incluyen las mayores erogaciones por jubilaciones y pensiones.

En otras palabras, la gente paga más por la luz, el gas, el transporte, etc. pero la idea debería ser que el menor gasto por la reducción de subsidios económicos se tradujera en menor carga impositiva o por lo menos en una reducción final del déficit fiscal.

(Adrián Escandar)

(Adrián Escandar)

Vale la pena aclarar que si el Gobierno destina cada vez más dinero a planes sociales, lejos estamos de transitar una política económica exitosa, entendiendo por exitosa una política económica que cada vez más gente se mantiene gracias al fruto de su trabajo y no de subsidios sociales.

Suele argumentarse que no se puede ir más rápido porque si se recortaran los planes sociales o se redujera el número de empleados públicos habría un estallido social y se perdería gobernabilidad. Uno nunca sabe si este es un argumento para continuar con cierto grado de populismo que permita seguir ganando elecciones o si realmente hay temor a adoptar esas medidas.

Sí podemos afirmar que no va a haber financiamiento indefinido para esta política fiscal populista. Puesto de otra forma, es cierto que el Gobierno quitó el cepo cambiario, eliminó los controles de precios y se respira un aire de menores regulaciones, pero en lo fiscal no se observan cambios contundentes. Por otro lado, como siempre sostengo, es preferible endeudarse para bajar el gasto público, mejorar rápidamente el flanco fiscal y despejar el horizonte de dudas que hay respecto a ese punto, que continuar endeudándose para cubrir el déficit fiscal.

Considerando que los números fiscales no tienden a cerrar, el argumento que si se hace otra cosa los opositores le prenden fuego al país es ridículo, porque uno podría decir que es cambiar un incendio de la oposición por el incendio que puede producirse si se corta el financiamiento externo para cubrir unas cuentas públicas que no tienden a cerrar sino que tienden a ampliar la brecha fiscal.

Justamente, el presidente Mauricio Macri acaba de iniciar un viaje para, entre otras cosas, tratar de captar inversiones. Pasamos de la lluvia de inversiones a la danza de la lluvia de Les Luthiers. La realidad es que no hace falta hacer ningún viaje. Los inversores en el exterior saben muy bien la situación económica y política del país. Afuera también hay internet y se sabe que las cuentas fiscales no cierran.

El inversor externo y el local saben que ya no existen las locuras de Moreno, las torpezas de Kicillof o las arbitrariedades de Cristina Fernández. Pero esas son condiciones necesarias pero no suficientes para invertir en Argentina. Porque los inversores miran y saben que la presión impositiva es la misma, la legislación laboral es similar y la inconsistencia fiscal sigue estando presente.

En síntesis, nadie pide cambiar 70 años de decadencia en dos años de gobierno de Cambiemos. Lo que se pide es que el Gobierno tome conciencia que este ritmo de gradualismo no lleva a buen puerto.

 Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE