Mensajes desde la sombra

Por Sergio Sinay: Publicado el 25/1/16 en: http://sergiosinay.blogspot.com.ar/2016/01/mensajesdesde-la-sombra-por-sergio.html

 

Si no aceptan y exploran su propia sombra, quienes gobiernan  corren el riesgo de convertirse en aquello que quieren cambiar

Como ocurre con la Luna, también cada uno de nosotros tiene su cara oscura. La cara visible se llama ego o personalidad, es el traje que vestimos para salir al mundo, el modo en que nos presentamos, nos ven y, en muchos casos, deseamos vernos. La otra cara, inconciente, es nuestra sombra. Ahí se oculta lo que negamos o desconocemos de nosotros mismos. Existe, está allí, y muchas veces actuamos y nos expresamos desde nuestra sombra. Desde esa sombra proyectamos sobre otros lo que no advertimos o lo que rechazamos como características propias. El concepto de sombra es un aporte esencial del gran psicólogo suizo Carl Jung (1875-1961), padre de la psicología profunda, a la comprensión del ser humano. Cuando comprendemos su mecanismo podemos empezar a entender muchos fenómenos, conductas y actitudes que nos rodean y de los que participamos. Connie Zweig y Jeremiah Abrams, dos psicoterapeutas especializados en el tema, la denominan “el lado oscuro de la naturaleza humana” en Encuentro con la sombra, un libro en el que compilan numerosos trabajos de autorizados autores (entre ellos el mismo Jung) acerca del tema.

En esos textos se advierte que, así como Mr. Hyde vivía en el Dr. Jeckyll, en todos los seres y los acontecimientos humanos existe la sombra, del mismo modo en que es emitida por todo cuerpo iluminado. Se la puede registrar en los individuos, en las parejas, en las familias, en las naciones, en las instituciones, en el trabajo, en la religión, en el arte. Aparece en los sueños. Y está en la política. En el capítulo especialmente dedicado a la sombra en la política (y significativamente titulado La construcción del enemigo), varios autores, empezando por ese lúcido filósofo y poeta que es Sam Keen, autor de Amar y ser amado, Fuego en el cuerpo, A un Dios desconocido y otras obras sutiles y luminosas) muestran de qué modo al crear un enemigo se traza una línea infranqueable y se pone al mal del otro lado.  De ahí a la paranoia hay un paso Y si, siguiendo la línea, se deshumaniza al enemigo creado, todo lo que se le haga y lo que se diga de él estará justificado. Solo que ese enemigo está construido con abundante materia prima del propio creador. Como las personas, las sociedades y las naciones paranoicas construyen sistemas de mentiras compartidas, en las que se escudan para actuar contra “ellos”, “los otros”, los que no son “nosotros”.

A ese enemigo (es mucho más que un adversario, un contrincante o un oponente) se le atribuye omnipotencia, por lo cual todo está permitido en el afán, o la “misión”, de destruirlo. Todo tipo de masacres tiñen la historia mundial debido a este patológico mecanismo de negación y proyección, así como miles y miles de desgraciadas historias personales se originan en el mismo.

El tema de la sombra está siempre vigente, pero existe poca conciencia sobre él. Nunca es inoportuno y siempre es necesario explorarlo y traerlo a colación. En el caso específico de la política, es algo que un nuevo gobierno debería tomar en cuenta. De lo contrario se corre el riesgo de cambiar de sillas los egos (es decir aquello que se muestra, lo que se intenta presentar como la personalidad por la cual alguien será conocido y espera ser aceptado) sin advertir lo que yace en la sombra. Quienes dan hoy los primeros pasos en la conducción del país, y los funcionarios de todas las categorías, aun las más bajas, necesitan ser alertados de esto para evitar repetir aquello que sus inescrupulosos, corruptos y autoritarios predecesores hicieron: construir un relato en el cual se vistan de ángeles para combatir o expulsar a los demonios.

El presente es un momento delicado y decisivo. Todos tenemos nuestra sombra. Si quienes gobiernan, si quienes toman decisiones, si quienes asumen cargos y funciones que en la década perdida ocupaban otros olvidan o desconocen esto el peligro de un neo autoritarismo sobrevolará sobre el país. Y sólo será necesario que se constituya en sombra colectiva para que la sociedad argentina siga girando en la penosa noria de la que no escapa hace décadas.

 

Sergio Sinay es periodista y escritor, columnista de los diarios La Nación y Perfil. Se ha enfocado en temas relacionados con los vínculos humanos y con la ética y la moral. Entre sus libros se cuentan “La falta de respeto”, “¿Para qué trabajamos?”, “El apagón moral”, “La sociedad de los hijos huérfanos”, “En busca de la libertad” y “La masculinidad tóxica”. Es docente de cursos de extensión en ESEADE.

Dynamic Monetary Theory and the Phillips Curve with a Positive Slope

Por Adrián Ravier: El documento completo puede encontrarse publicado en: https://mises.org/library/dynamic-monetary-theory-and-phillips-curve-positive-slope

 

ABSTRACT: Don Bellante and Roger W. Garrison (1988) compared two alternative explanations of monetary dynamics: those based on a vertical long-run Phillips curve and those derived from analysis of Hayekian triangles. The authors concluded that the only factor differentiating the two models is the “process” whereby the initial cause is converted into the final “neutral” effect. This article refutes that conclusion. To do so, it suffices to demonstrate that the long-term effect of monetary policy is never neutral. While it is true that after the boom and bust the economy returns to the natural rate of unemployment, the crucial point is that the “natural rate” at the end of the cycle is quite different from the one evident at the start. This requires an “Austrian” Phillips curve with a positive slope.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

División de poderes versus gobierno limitado

Por Gabriel Boragina. Publicado el 30/1/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/01/division-de-poderes-versus-gobierno.html

 

Es frecuente confundir gobierno limitado con división de poderes. Pero desde nuestro punto de vista, en modo alguno resultan sinónimos. Generalmente se apela a la clásica división tripartita de poderes (en rigor, vendrían a ser los órganos de un mismo y único gobierno) que los separa en un poder ejecutivo, otro legislativo y uno judicial. Y suele decirse que en esto consiste la «limitación» del gobierno o un gobierno «limitado».

No lo creemos así, por cuanto detentando el gobierno el 100% del poder, y suponiendo una división igual del mismo entre las mencionadas tres ramas de aquel, esto equivaldría a un reparto del poder en un 33,33% para cada una de esas ramas. Lo que implicaría que ese poder se ha dividido en tres, pero en modo alguno se lo ha limitado, dado que la suma de ese 33,33% siempre seguirá dando el mismo resultado: un 100% de poder, o sea, el poder total del gobierno. En el mejor de los supuestos, esto equivaldría a una limitación formal o nominal, pero no efectiva ni real, habida cuenta que desde el punto de vista del gobernado, el gobernante sigue detentando el 100% del poder, solo que dividido entre tres ramas. Poder dividido no es igual a poder limitado.

Nosotros creemos que el poderío político se visualiza mejor si lo contemplamos desde un punto de vista económico. Y desde este ángulo, el poder político no viene a ser algo diferente al poder de gastar y de recaudar las cantidades que serán destinadas a lo que mal se llama gasto «público» y que -en definitiva- no es ninguna otra cosa que simple gasto estatal. Simple pero no inocuo. He aquí lo que consideramos el verdadero límite. En consecuencia, lo que se debe limitar es el gasto estatal y el poder fiscal si lo que se quiere es ponerle límites al gobierno o -en los términos planteados- tener un gobierno genuinamente limitado.

¿Cómo reducir el gasto estatal y el poder fiscal? Lo idóneo seria hacerlo a través de una cláusula constitucional, pero si ello no fuera posible no habría óbice para crearlo a través de una ley dictada al efecto. Podría efectuarse incluso mediante una sencilla reforma a la ley de presupuesto nacional ya vigente, sin necesidad de dictar una norma nueva. Pocas veces se tiene en cuenta que la ley del presupuesto nacional es la clave del poder estatal (y también de su limitación que tratamos ahora).

El problema básico es que el gobierno –a través de la ley de presupuesto nacional- fija primero su meta de gastos y, en función de estos, luego la de sus ingresos para solventar esos gastos. Todos nosotros tenemos un presupuesto. Como particulares los ciudadanos comunes fijamos nuestros gastos en función de nuestros ingresos. Si, por ejemplo, gano $ 100.- se a priori que esa cantidad es la que será el límite de cualquiera de mis gastos. Ergo, el presupuesto personal que elabore no podrá jamás ser mayor a los $ 100.- y si quiero comprar un producto que cuesta $ 200.- también se de antemano que no lo voy a poder hacer (salvo que solicite un crédito con las garantías respectivas, las que de no tener no se me otorgará).

En un sentido por completo inverso, el gobierno (que no genera ingresos propios) si desea comprar ese mismo producto que cuesta $ 200.- lo único que tiene que hacer para obtenerlo es cobrar impuestos a la gente por esa exacta o (lo que ocurre muy a menudo) mayor cantidad, algo que como es sabido, ningún ciudadano del llano puede hacer. La gente común no posee el menor poder para fijar sus propios ingresos, debido a que estos están fijados por el mercado. En cambio, el gobierno si tiene ese poder, porque la fuente de sus ingresos son –precisamente- los ingresos de sus súbditos.

Si realmente se quisiera limitar el poder político, debería revertirse lo señalado en el párrafo anterior, y que el gobierno también –como en el caso de los particulares- fije sus gastos en función de sus ingresos. Porque si realmente queremos un gasto publico bajo, hay que bajar los ingresos del «estado», lo que -en otros términos- implica limitar su poder fiscal fijando un tope de impuestos a cobrar que no pueda en circunstancia alguna ser superado (excepto ocurrencias verdaderamente excepcionales como podría ser una catástrofe natural o una guerra, por ejemplo) pero no en otra situación. Todo lo cual -conforme expusimos mas arriba- se logra mediante una cláusula constitucional que lo diga, o una ley especial, o incorporando una estipulación análoga en la ley de presupuesto nacional ya vigente. En suma, fijar un tope a la recaudación y que los gastos estatales se limiten a ese tope.

Es cierto que el procedimiento puede llevarse a cabo a la inversa, fijando ese tope al gasto. En este contexto, debe establecerse por ley que los impuestos no podrán en ningún supuesto superar ese límite de gastos. No bastará –desde luego- que la disposición meramente lo prohíba, sino que además deberá preverse en su texto una penalidad para el escenario en que la ley se viole por parte de los burócratas de cualquier nivel, con sanciones de extrema gravedad, que impliquen penas pecuniarias y la separación del cargo en la hipótesis de reiteración.

Ahora bien ¿cuál debería ser el nivel del gasto o -mejor dicho- en qué punto debería definirse un gasto estatal como «bajo»?. Esta es una cuestión que podría llegar a ser complicada y que -en primera instancia- seguramente variará de un país a otro. Un parámetro que se nos ocurre podría ser tomar los precios de mercado de la actividad del sector privado y extrapolarlos a la misma actividad o servicio que pretende prestar el sector público. Por ejemplo, en materia de seguridad, educación, salud, etc. (y en la medida que se consideren algunas de estas o todas, funciones a cumplir por el «estado»).

La limitación de gastos e impuestos es una solución poco simpática para los políticos y los burócratas, pero lamentablemente también lo es para muchas otras personas que no entran ni en una ni otra de las dos categorías mencionadas, pero las que, sin embargo, tienen una mentalidad estatista o dirigista. Cuando el consenso mayoritario en un lugar determinado es estatista o dirigista nada podrá impedir un gobierno ilimitado con los consiguientes desajustes económicos (en otras palabras, sociales).

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Un liberal perdido en la política

Por Kevin Itoiz:

 

Respetar la libertad de las personas de convertir sus sueños en realidad y darle propiedad sobre sus éxitos y fracasos fue lo que llevo al crecimiento ininterrumpido de la raza humana como sociedad desde la Revolución Industrial. Esta libertad es la razón de ser del liberalismo, que cada individuo tenga poder de decisión sobre su propia vida y asuma responsabilidad de sus propios actos. Y el capitalismo fue, es y será el sistema en el cual se puede desarrollar el potencial de cada persona a la vez que el progreso individual potencia el progreso de otras pares llevando al crecimiento de una sociedad.

Esta evolución no fue tan sencilla y un factor clave fue el rol de las instituciones sociales que fueron cambiando y adaptándose a este nuevo mundo en crecimiento: de monarquías absolutas donde existía un rey del cual dependían los destinos de todos sus súbditos, a gobiernos que instauraron el respeto y la defensa de la libertad de ciudadanos como sus banderas.

La clave de todo esto no fue la Democracia sino la República, basada en cartas magnas que defendían estos derechos y planteaban un esquema de poderes que se auto regulaban entre si y los individuos que formaban parte temporalmente de estos poderes eran electos por la ciudadanía.

Entonces, ¿Cuál es el rol de los defensores de la libertad? En su momento fue muy claro, fueron los creadores e impulsores de estas democracias liberales que tenían como faro Constituciones que aseguraban el respeto a las libertades individuales sin importar quien estuviese en el cargo. En este escenario el rol del liberal se desenvolvía en su máximo esplendor en el mercado de bienes y servicios enfocándose en la generación de riqueza e innovación; pensar en la ocupación de un puesto de gobierno resultaba casi contradictorio.

Luego de siglos de la creación de estas instituciones su función parece haber cambiado: los poderes y las personas están por encima de los escritos que defienden las libertades y quien gane una elección tiene la facultad de cambiarlos a su antojo haciendo uso y abuso de sus facultades. Definitivamente se trata de un retroceso.

Una brújula política hecha a medida

Ahora, ¿Cuál es el rol de los liberales en este nuevo escenario? El rol natural de un liberal es defendiendo a la Constitución y controlando a quienes gobiernen para evitar el avasallamiento de los derechos y obligaciones ciudadanos que ésta garantiza. El rol natural de un liberal es en el poder legislativo, en el caso de la Argentina en el Congreso Nacional y en los distintos poderes legislativos provinciales y municipales.

Más allá del rol natural en este nuevo escenario es válido y posiblemente necesario que defensores de la libertad se encuentren en diversas áreas de estas instituciones: jueces que respeten la Constitución ante todo y funcionarios dentro del Poder Ejecutivo que estén atentos a cuidar los impuestos de la gente para que estos sean los menos posibles y sean gastados de la manera más eficiente.

Para cualquier liberal que ha de desempeñarse en la función pública ésta debe ser sagrada y se debe estar muy capacitado pues es una actividad donde no se tiene un fin de lucro y donde uno debe su salario a millones de jefes: los ciudadanos. Quien ocupe una función pública debe ser experto en el área, fomentar la austeridad presupuestaria y desde ya generar valor agregado.

Un liberal en la política no es un sapo de otro pozo, simplemente debe hacerse sencillas preguntas diariamente para saber si su tarea condice su moral ¿Estoy defendiendo las libertades de los ciudadanos? ¿Estoy controlando pro-activa y activamente al gobierno para que no avasalle estas libertades? ¿En un gobierno austero, mi función existiría?

La libertad es un estilo de vida, se defiende todo los días con acciones y no con dichos. Siendo productivo para la sociedad desde el sector privado o desde el Estado protegiendo las libertades y el progreso de una sociedad, nunca jamás como beneficio personal.

 

Kevin Itoiz trabaja en el sector bancario, es asesor legislativo y estudiante de la Maestría en Administración de Negocios de ESEADE.

Administración voluntaria de Justicia en los barrios informales: ¿qué principio jurídico aplican?

Por Martín Krause. Publicada el 29/1/16 en: http://bazar.ufm.edu/administracion-voluntaria-de-justicia-en-los-barrios-informales-que-principio-juridico-aplican/

 

Cuando analizamos la posibilidad de soluciones voluntarias a problemas de “fallas de mercado”, vale la pena analizar la organización de los barrios informales. Allí, hemos visto, surgen organizaciones locales que hasta administran justicia. ¿Y qué principio jurídico aplican? Continuamos con el Cap. 8 del libro El Foro y el Bazar:

Una nota aparte de interés para los economistas austríacos deriva de la importancia de la primera posesión y se relaciona con la necesidad de un derecho de propiedad formal. La mayoría de los economistas austríacos enfatizarían la importancia de derechos de propiedad bien definidos pero, ¿demanda esto un título “formal” o la “percepción de estabilidad de la posesión”? De hecho, eso es lo que aporta el título formal y las ventajas de un buen sistema de registro y titulación han sido reconocidas por los austríacos y enfatizadas en el posterior libro de Hernando de Soto (2002), en este último caso señalando la necesidad de un título para acceder al crédito hipotecario. Estudios empíricos han mostrado también el impacto de la titulación en la inversión (Galiani & Shcargrodsky, 2005) y también en la calidad, tamaño y estructura de las casas, en los resultados educativos de los niños y en la formación de ideas sobre la propiedad y los mercados.

Otros autores cuestionan si un título formal es necesario para asegurar la posesión y proteger las inversiones, o existirían otros procesos que logran resultados similares. Por ejemplo, van Gelder (2010) comenta:

“Factores tales como el reconocimiento oficial de un asentamiento, la introducción de infraestructura y servicios, y otros factores que pueden fortalecer de facto la seguridad de la posesión fueron considerados más fundamentales que tener un documento legal sobre un terreno  (e.g., Gilbert, 2002).

Con respecto al acceso al crédito, los poseedores de títulos no obtuvieron préstamos más frecuentemente que los residentes que no los tenían. En El Tala solamente tres personas con título de propiedad habían sacado un préstamos hipotecario en los cinco años anteriores contra dos en la sección no titulada del asentamiento. Más gente –ocho en la zona titulada y cinco en la no titulada- habían obtenido préstamos en instituciones financieras que cobran altos intereses y no demandan la propiedad como garantía. En otras palabras, los propietarios no comprometían sus viviendas como colateral para obtener préstamos” (p. 15).

Ostuni & van Gelder (2008, p. 205), apelan a una “construcción subjetiva” o percepción de seguridad que ciertamente provendría de un título pero también de la buena voluntad de funcionarios gubernamentales, una política de “laissez-faire” en relación a los asentamientos o a la provisión de servicios básicos. Baltrusis (2009, p. 71) informa que los precios en las “favelas” informales de Guarulhos, cerca de San Pablo, tienen un precio promedio de R$ 3.700 en Sao Rafael mientras que aquellos de Cabucú, un barrio recientemente ocupado, sólo de R$ 600.

Al margen de la forma que tome, la percepción de seguridad es determinante y las decisiones de adjudicación de mediadores o jueces informales tenderían, por lo tanto, a fortalecerla. Esto debilita el análisis de costo/beneficio en tales decisiones ya que volver a la asignación de derechos dependiente de la evaluación de un juez sobre un resultado neto volvería a generar inestabilidad, un punto planteado por Block (1995), aunque también mencionado por  Coase .

Los contratos de arrendamiento parecen regirse por un principio estricto de propiedad: si el arrendatario no paga debe abandonar el cuarto o la casa inmediatamente. No hay mucha flexibilidad y las renegociaciones son poco usuales. Pocos arrendatarios se resisten al desalojo (Cravino, 2006, p. 206).

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Al final, ¿qué es ser un liberal?

Por Mario Vargas Llosa. Publicado el 27/2/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1658775-al-final-que-es-ser-un-liberal

 

El vocablo que alude a los defensores del liberalismo cambia de significado según el tiempo y el lugar, aunque hay ciertas ideas esenciales que permanecen

Como los seres humanos, las palabras cambian de contenido según el tiempo y el lugar. Seguir sus transformaciones es instructivo, aunque, a veces, como ocurre con el vocablo «liberal», semejante averiguación puede extraviarnos en un laberinto de dudas.

En el Quijote y la literatura de su época, la palabra aparece varias veces. ¿Qué quiere decir allí? Hombre de espíritu abierto, bien educado, tolerante, comunicativo; en suma, una persona con la que se puede simpatizar. En ella no hay connotaciones políticas ni religiosas, sólo éticas y cívicas en el sentido más ancho de ambas palabras.

A fines del siglo XVIII este vocablo cambia de naturaleza y adquiere matices que tienen que ver con las ideas sobre la libertad y el mercado de los pensadores británicos y franceses de la Ilustración (Stuart Mill, Locke, Hume, Adam Smith, Voltaire). Los liberales combaten la esclavitud y el intervencionismo del Estado, defienden la propiedad privada, el comercio libre, la competencia, el individualismo y se declaran enemigos de los dogmas y el absolutismo.

En el siglo XIX un liberal es sobre todo un librepensador: defiende el Estado laico, quiere separar la Iglesia del Estado, emancipar a la sociedad del oscurantismo religioso. Sus diferencias con los conservadores y los regímenes autoritarios generan a menudo guerras civiles y revoluciones. El liberal de entonces es lo que hoy llamaríamos un progresista, defensor de los derechos humanos (desde la Revolución Francesa se les conocía como los Derechos del Hombre) y la democracia.

Con la aparición del marxismo y la difusión de las ideas socialistas, el liberalismo va siendo desplazado de la vanguardia a una retaguardia, por defender un sistema económico y político -el capitalismo- que el socialismo y el comunismo quieren abolir en nombre de una justicia social que identifican con el colectivismo y el estatismo. (No en todas partes ocurre esta transformación de la palabra liberal. En los Estados Unidos, un liberal es todavía un radical, un social demócrata o un socialista a secas). La conversión de la vertiente comunista del socialismo al autoritarismo empuja al socialismo democrático al centro político y lo acerca -sin juntarlo- al liberalismo.

En nuestros días, liberal y liberalismo quieren decir, según las culturas y los países, cosas distintas y a veces contradictorias. El partido del tiranuelo nicaragüense Somoza se llamaba liberal y así se denomina, en Austria, un partido neofascista. La confusión es tan extrema que regímenes dictatoriales como los de Pinochet en Chile y de Fujimori en Perú son llamados a veces «liberales» o «neoliberales» porque privatizaron algunas empresas y abrieron mercados. De esta desnaturalización de lo que es la doctrina liberal no son del todo inocentes algunos liberales convencidos de que el liberalismo es una doctrina esencialmente económica, que gira en torno del mercado como una panacea mágica para la resolución de todos los problemas sociales. Esos logaritmos vivientes llegan a formas extremas de dogmatismo y están dispuestos a hacer tales concesiones en el campo político a la extrema derecha y al neofascismo que han contribuido a desprestigiar las ideas liberales y a que se las vea como una máscara de la reacción y la explotación.

Dicho esto, es verdad que algunos gobiernos conservadores, como los de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido, llevaron a cabo reformas económicas y sociales de inequívoca raíz liberal, impulsando la cultura de la libertad de manera extraordinaria, aunque en otros campos la hicieran retroceder. Lo mismo podría decirse de algunos gobiernos socialistas, como el de Felipe González en España o el de José Mujica en Uruguay, que, en la esfera de los derechos humanos, han hecho progresar a sus países reduciendo injusticias inveteradas y creando oportunidades para los ciudadanos de menores ingresos.

Una de las características del liberalismo en nuestros días es que se lo encuentra en los lugares menos pensados y a veces brilla por su ausencia donde ciertos ingenuos creen que está. A las personas y partidos hay que juzgarlos no por lo que dicen y predican, sino por lo que hacen. En el debate que hay en estos días en Perú sobre la concentración de los medios de prensa, algunos valedores de la adquisición por el grupo El Comercio de la mayoría de las acciones de Epensa, que le confiere casi el 80% del mercado de la prensa, son periodistas que callaron o aplaudieron cuando la dictadura de Fujimori y Montesinos cometía sus crímenes más abominables y manipulaba toda la información, comprando a dueños y redactores de diarios o intimidándolos. ¿Cómo tomaríamos en serio a esos novísimos catecúmenos de la libertad?

Un filósofo y economista liberal de la llamada escuela austríaca, Ludwig von Mises, se oponía a que hubiera partidos políticos liberales, porque, a su juicio, el liberalismo debía ser una cultura que irrigara a un arco muy amplio de formaciones y movimientos que, aunque tuvieran importantes discrepancias, compartieran un denominador común sobre ciertos principios liberales básicos.

Algo de eso ocurre desde hace buen tiempo en las democracias más avanzadas, donde, con diferencias más de matiz que de esencia, entre democristianos y socialdemócratas y socialistas, liberales y conservadores, republicanos y demócratas, hay unos consensos que dan estabilidad a las instituciones y continuidad a las políticas sociales y económicas, un sistema que sólo se ve amenazado por sus extremos, el neofascismo de Le Front National en Francia, por ejemplo, o la Liga Lombarda en Italia, y grupos y grupúsculos ultracomunistas y anarquistas.

En América latina, este proceso se da de manera más pausada y con más riesgo de retroceso que en otras partes del mundo, por lo débil que es todavía la cultura democrática, que sólo tiene tradición en países como Chile, Uruguay y Costa Rica, en tanto que en los demás es más bien precaria. Pero ha comenzado a suceder y la mejor prueba de eso es que las dictaduras militares prácticamente se han extinguido y de los movimientos armados revolucionarios sobrevive a duras penas las FARC colombianas, con un apoyo popular decreciente. Es verdad que hay gobiernos populistas y demagógicos, aparte del anacronismo que es Cuba, pero Venezuela, por ejemplo, que aspiraba a ser el gran fermento del socialismo revolucionario latinoamericano, vive una crisis económica, política y social tan profunda, con el desplome de su moneda, la carestía demencial y las iniquidades de la delincuencia, que difícilmente podría ser ahora el modelo continental en que quería convertirla Chávez.

Hay ciertas ideas básicas que definen a un liberal. Que la libertad, valor supremo, es una e indivisible y que ella debe operar en todos los campos para garantizar el verdadero progreso. La libertad política, económica, social, cultural son una sola y todas ellas hacen avanzar la justicia, la riqueza, los derechos humanos, las oportunidades y la coexistencia pacífica en una sociedad. Si en uno solo de esos campos la libertad se eclipsa, en todos los otros se encuentra amenazada. Los liberales creen que el Estado pequeño es más eficiente que el que crece demasiado, y que, cuando esto último ocurre, no sólo la economía se resiente, también el conjunto de las libertades públicas. Creen asimismo que la función del Estado no es producir riqueza, sino que esta función la lleva a cabo mejor la sociedad civil, en un régimen de mercado libre, en que se prohíben los privilegios y se respeta la propiedad privada. La seguridad, el orden público, la legalidad, la educación y la salud competen al Estado, desde luego, pero no de manera monopólica, sino en estrecha colaboración con la sociedad civil.

Éstas y otras convicciones generales de un liberal tienen, a la hora de su aplicación, fórmulas y matices muy diversos relacionados con el nivel de desarrollo de una sociedad, de su cultura y sus tradiciones. No hay fórmulas rígidas y recetas únicas para ponerlas en práctica. Forzar reformas liberales de manera abrupta, sin consenso, puede provocar frustración, desórdenes y crisis políticas que pongan en peligro el sistema democrático. Éste es tan esencial al pensamiento liberal como el de la libertad económica y el respeto a los derechos humanos. Por eso, la difícil tolerancia -para quienes, como nosotros, españoles y latinoamericanos, tenemos una tradición dogmática e intransigente tan fuerte- debería ser la virtud más apreciada entre los liberales. Tolerancia quiere decir aceptar la posibilidad del error en las convicciones propias y de verdad en las ajenas.

Es natural, por eso, que haya entre los liberales discrepancias sobre temas como el aborto, los matrimonios gay, la descriminalización de las drogas y otros. Sobre ninguno de estos temas existe una verdad revelada liberal, porque para los liberales no hay verdades reveladas. La verdad es, como estableció Karl Popper, siempre provisional, sólo válida mientras no surja otra que la califique o refute. Los congresos y encuentros liberales suelen ser, a menudo, parecidos a los de los trotskistas (cuando el trotskismo existía): batallas intelectuales en defensa de ideas contrapuestas. Algunos ven en eso un rasgo de inoperancia e irrealismo. Yo creo que esas controversias entre lo que Isaías Berlin llamaba «las verdades contradictorias» han hecho que el liberalismo siga siendo la doctrina que más ha contribuido a mejorar la coexistencia social, haciendo avanzar la libertad humana.

 

Mario Vargas Llosa es Premio Nobel de Literatura y Doctor Honoris Causa de ESEADE.

Lo barato sale caro

Por Iván Carrino. Publicado el 28/1/16 en: https://igdigital.com/2016/01/lo-barato-sale-caro/

 

La resolución que incrementa el precio de referencia para las tarifas eléctricas es una medida más en un marco de desregulación de los precios de la economía argentina. Los resultados serán positivos no solo para las empresas, sino también para los consumidores.

La semana pasada, alrededor de 13 mil personas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano se quedaron sin luz. La noticia no llegó a la tapa de los diarios porque los cortes en el suministro eléctrico se han vuelto una constante en la Argentina de los últimos años.

Los motivos detrás de esta pésima performance a la hora de suministrar electricidad a los hogares y las empresas deben encontrarse en la Ley de Emergencia Económica sancionada en enero del año 2002.

Dicha ley pesificó las tarifas de los subsidios públicos y prohibió a las compañías proveedoras su indexación o actualización por cualquier índice de precios. Lo que se buscó en su momento fue, por un lado, reducir el impacto de la devaluación en el costo de vida de los argentinos y, por el otro, estimular la competitividad de la economía, proveyéndole energía barata a la industria.

Coincidiendo con el diagnóstico de que la energía barata era un pilar para el desarrollo, y a pesar de gritar a los cuatro vientos que Argentina atravesaba la etapa de crecimiento más vigorosa de su historia, el kirchnerismo prorrogó, año tras año, la Ley de Emergencia Económica, logrando así mantener las tarifas congeladas.

En paralelo con este congelamiento, el gobierno de los Kirchner generó una demoledora inflación de casi 900%, haciendo que los precios congelados, paradójicamente, se derritieran en términos reales. La rentabilidad de las empresas se desplomó, y con ella, la inversión y la capacidad de producción. Finalmente, los usuarios, a quienes se quería beneficiar en primer lugar, terminaron pagando los platos rotos, sufriendo cortes de energía de manera sistemática.

Como suele decirse, “lo barato sale caro” y las pérdidas que los cortes le ocasionan a empresas y comercios ya más que compensaron los supuestos beneficios de los bajos precios de la electricidad.

En este marco, es un bienvenido cambio la modificación de los cuadros tarifarios anunciados por el Ministerio de Energía y Minería, que elevaría los costos eléctricos entre 200% y 300% al menos hasta el 30 de abril de este año. Si bien estas subas no compensan del todo las pérdidas de las empresas proveedoras, es un movimiento en la buena dirección.

Ahora en respuesta a la decisión oficial, varios se apresurarán a exclamar que se trata de un “tarifazo” o, como ya se ha escuchado, de “una transferencia de riqueza hacia el poder económico” en detrimento del resto de la población.

En realidad, no se trata de nada de eso. Los controles a las tarifas eléctricas, así como cualquier otro control de precios que se imponga en un mercado dado, constituyen un liso y llano robo al que produce (hágase este mediante un decreto, un “acuerdo”, o medidas como las retenciones o cupos a las exportaciones o el control de cambios).

Imagínese que un día llega el gobierno y le dice que, a partir del día siguiente, su salario (un precio más de la economía) no será de $ 10.000 sino que se reducirá a $ 7.000 debido a la nueva política de “acuerdo de precios”. En dicho caso, a todos les quedaría claro que el gobierno está quitándole arbitrariamente un dinero que corresponde al asalariado. ¿Por qué esto debería ser diferente con los controles a los precios de la carne, del trigo o de la leche chocolatada en la góndola del supermercado?

Por otra parte, si la receta para beneficiar a la población fuera la fijación de precios, entonces Venezuela sería un paraíso económico, y no el país donde los medicamentos escasean un 80%, el PBI se contrae un 10% y los precios se duplican año a año a pesar de los controles y la guerra que el gobierno libra contra los empresarios.

El cambio en las tarifas eléctricas es una decisión que debe enmarcarse en un necesario y urgente proceso de normalización de los precios de la economía argentina. Mantener el statu quo, como quedó demostrado, no solo no habría ayudado a la competitividad o a bajar la inflación, sino que habría agravado la escasez de energía, de dólares y de todos los demás bienes y servicios que estuvieron sometidos al arbitrario control del gobierno anterior.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

EXPERIENCIAS INTERDICIPLINARIAS

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Hasta hace poco existía un tajo insalvable entre la economía y el derecho. El economista sostenía que le eran más o menos irrelevantes los marcos institucionales y el abogado mantenía que los procesos de mercado le eran ajenos. Afortunadamente, de un tiempo a esta parte, la tradición de Law & Economics ha impregnado ambas disciplinas y ha mostrado la estrecha interdependencia de estas dos áreas clave.

 

Ahora se hace necesario dar un paso más y mostrar la conexión de aquellos dos campos de estudio con la cultura, es decir, con los valores y principios de una sociedad abierta en la cual el rasgo central consiste en el respeto recíproco, situación en la que están interesados todos, no importa a que se dedique cada uno y no importa cual se su tradición de pensamiento preferida.

 

Se ha señalado con razón que con solo establecer constituciones y leyes que resguardan las vidas, las libertades y las propiedades de la gente no se resuelve el tema puesto que, antes de eso, se requiere una educación compatible con esos objetivos. Más aún, las metas mencionadas es probable que no se lleven a la práctica si previamente no hay una cultura basada en esos valores.

 

Entonces, es momento de revalorizar lo que genéricamente se ha dado en denominar las humanidades, a saber, el estudio de la filosofía moral y de la naturaleza humana en el contexto de subrayar la trascendencia del cumplimiento de la palabra empeñada, de la honestidad en general, de las virtudes, del sentido del bien, del significado del progreso y demás, todo lo cual en la enseñanza clásica era presentado a través de ensayos, de obras literarias y teatrales, del estudio de culturas comparadas, de trabajos lingüísticos, hermenéuticos y epistemológicos. Estas investigaciones entrecruzadas del aprendizaje clásico preparaban a las personas para los verdaderos avatares de la vida. De allí el aforismo “para novedades, los clásicos”.

 

En cambio, parecería que hoy esas enseñanzas son recibidas como si se estuviera perdiendo el tiempo en lugar de apreciar la verdadera dimensión del contenido, siempre acompañado con el refinamiento en las formas. Se ha dicho con razón que “el hábito no hace al monje, pero lo ayuda mucho”. Los modales y la valorización de lo estético dan un continente que protege y estimula al contenido de excelencia.

 

Dicho sea al pasar sobre los modales, siempre la argumentación debe ser cortés en las formas aunque resulte contundente en el fondo, los que “hablan en superlativo” como diría Ortega es porque cuentan con fundamentos escuálidos.

 

La economía en gran medida se ha transformado en el estudio de cosas como si fuera algo mecánico, ajeno a la acción humana. La manía por lo cuantitativo en desmedro de lo cualitativo ha hecho estragos. El uso y abuso de las matemáticas es uno de los rasgos de la economía llamada “moderna”. Wilhelm Röpke ha escrito en Más allá de la oferta y la demanda que “Cuando uno trata de leer un journal de economía en estos días, frecuentemente uno se pregunta si uno no ha tomado inadvertidamente un journal de química o hidráulica […] Los asuntos cruciales en economía son tan matemáticamente abordables como una carta de amor o la celebración de Navidad […] No sorprende la cadena de derrotas humillantes que han sufrido las profecías econométricas. Lo que sorprendente es la negativa de los derrotados a admitir la derrota”.

 

A su vez, el premio Nobel en economía Ronald Coase afirmó que “En mi juventud se decía que cuando algo es tonto para hablarlo podía ser cantado. En la economía moderna aquello se pone en términos matemáticos” (citado por Kevin Down, en “Central Bank Stress Tests: Mad, Bad and Dangerous”) y hasta  el estatista John Maynard Keynes sostiene que “Una parte demasiado grande de la economía matemática reciente es una simple mixtura, tan imprecisa como los supuestos originales que la sustentan, que permiten al autor perder de vista las complejidades e interdependencias del mundo real en un laberinto de símbolos pretenciosos e inútiles” (en Teoría general…), lo cual en este punto coincide con lo expresado por Ludwig von Mises en cuanto a que “El problema de analizar el proceso, esto es, el único problema económico relevante, no permite el abordaje matemático” (en Human Action. A Treatise on Economics), conceptos que ya habían sido mencionados por J. B. Say, Nassau Senior, J.S. Mill y J. E. Cairnes.

 

Quienes tenemos entre nuestras tareas la supervisión de tesis doctorales comprobamos que hay una marcada tendencia a preparar esas monografías con un innecesario abarrotamiento de lenguaje matemático que se piensa debe introducirse para impresionar al jurado. Hay mucho escrito sobre la denominada economía matemática (por ejemplo, la difundida tesis doctoral en economía de Juan Carlos Cachanosky sobre La ciencia económica vs. la economía matemática) donde los problemas de presentar los fenómenos complejos y subjetivos de la acción humana quedan opacados con fórmulas matemáticas (entre otras cosas, agregamos que incluso lo impropio de aplicar el signo igual, el uso desaprensivo de la   función algebraica y la representación de curvas como si se tratara de variables continuas), pero el punto que hacemos en esta nota es más bien el peligro de dejar de lado las enormes ventajas del aprendizaje multidisciplinario.

 

Tal como ha expresado F. A. Hayek, otro premio Nobel en economía, “Nadie puede ser un gran economista si solo se queda en la economía y estoy tentado de agregar que un economista que solo es un economista es probable que se convierta en un estorbo cuando no un peligro público” (en “The Dilemma of Specialization”). En ese contexto y en la manía de referirse a agregados económicos es que Hayek en oportunidad de recibir la mencionada distinción dijo que “En esta instancia nuestra profesión tiene pocos motivos de orgullo: más bien hemos hecho un embrollo de las cosas” (en “The Pretence of Knowledge”).

 

En este sentido de los agregados económicos, me quiero referir nuevamente (ahora telegráficamente) al célebre producto bruto. Primero, es incorrecto decir que el producto bruto mide el bienestar puesto que mucho de lo más preciado no es susceptible de cuantificarse. Segundo, si se sostiene que solo pretende medir el bienestar material debe hacerse la importante salvedad de que no resulta de esa manera en la media en que intervenga el aparato estatal puesto que lo que decida producir el gobierno (excepto seguridad y justicia en la versión convencional) necesariamente será en un sentido distinto de lo que hubiera decidido la gente si hubiera podido elegir: nada ganamos con aumentar la producción de pirámides cuando la gente prefiere leche.

 

Tercero, una vez eliminada la parte gubernamental el remanente se destinará a lo que prefiera la gente con lo que cualquier resultado es óptimo. Cuarto, el manejo de agregados como los del producto y la renta nacional tiende a desdibujar el proceso económico en dos sentidos: hace aparecer como que producción y distribución son fenómenos independientes uno del otro y trasmite el espejismo que hay un “bulto” llamado producción que el ente gubernamental debe distribuir por la fuerza (o más bien redistribuir ya que la distribución original se realizó pacíficamente en el seno del mercado).

 

Quinto, las estadísticas del producto bruto tarde o temprano conducen a que se construyan ratios con otras variables como, por ejemplo, el gasto público, con lo que aparece la ficción de que crecimientos en el producto justifican crecimientos en el gasto público (lo mismo va para el défict fiscal). Y, por último, en sexto lugar, la conclusión sobre el producto es que no es para nada pertinente que los gobiernos lleven estas estadísticas ya que surge la tentación de planificarlas y proyectarlas como si se tratara de una empresa cuyo gerente es el gobernante.  James M. Buchanan ha puntualizado que “mientras los intercambios se mantengan abiertos y mientras no exista fuerza y fraude, entonces los acuerdos logrados son, por definición, aquellos que se clasifican como eficientes” (en “Rights, Efficiency and Exchange: The Irrelevance of Transactions Costs”).

 

Si por alguna razón el sector privado considera útil compilar las estadísticas del producto bruto procederá en consecuencia pero es impropio que esa tarea esté a cargo del gobierno. Por los mismos motivos de que los gobierno se tienten a intervenir en el comercio internacional, Jacques Rueff mantiene que “si tuviera que decidirlo no dudaría en recomendar la eliminación de las estadísticas del comercio exterior debido al daño que han hecho en el pasado, el daño que siguen haciendo y, temo, que continuarán haciendo en el futuro” (en The Balance of Payments).

 

Cuando un gobernante se pavonea porque durante su gestión mejoraron las estadísticas de la producción de, por ejemplo, trigo es menester inquirir que hizo en tal sentido y si la respuesta se dirige a puntualizar las medidas que favorecieron al bien en cuestión debe destacarse que inexorablemente las llevó a cabo a expensas de otro u otros bienes.

 

La Escuela Austríaca se ha preocupado por insistir en los peligros de concebir la economía como mecanismos automáticos de asignación de recursos movidos por fuerzas que conducen ha llamados “equilibrios” en el contexto de “modelos de competencia perfecta” desarrollados principalmente por León Walras y sus múltiples seguidores de distintas vertientes (el propio Mark Blaug ha reconocido este error en su “Afterword” de Appraising Economic Theories y resaltado el acierto de la Escuela Austríaca).

 

Como se ha señalado, los llamados modelos de competencia perfecta implican el supuesto del “conocimiento perfecto” de todos los factores relevantes, lo cual significa que no hay posibilidad de arbitrajes ni de empresarios que precisamente intentan detectar conocimientos deficientes y conjeturar posibles diferencias en entre costos y precios. Por las mismas razones, tampoco en este modelo cabría la posibilidad de competencia.

 

En resumen, el economista no solo debe estar imbuido de una tradición sólida de pensamiento en su propia disciplina sino que es indispensable que se compenetre de otros andariveles culturales como los apuntados resumidamente en esta columna periodística (y no solo eso sino que debe tener presente que, como ha escrito en Todo comenzó con Marx el humorista Richard Armour, la obra cumbre de Karl Marx en lugar de titularse Das Kapital debería haber sido Quitas Kapital).

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.