Mes: abril 2017

El problema de los inmigrantes: ¿ perjudican el empleo local o asumen trabajos que los locales no quieren? (V)

Por Martín Krause. Publicada el 27/4/17 en: http://bazar.ufm.edu/problema-los-inmigrantes-perjudican-empleo-local-asumen-trabajos-los-locales-no-quieren-v/

 

Es interesante que, nuevamente según la encuesta de Gallup citada, un 58% de los residentes de países de altos ingresos señalan que los inmigrantes ocupan empleos que esos mismos residentes no desean ocupar y un 18% lo opuesto. Esto mismo se repite en los diez principales países receptores de inmigrantes. (op. cit., p. 2).

Julian Simon (1989, p. 357) hace referencia a un estudio realizado con Stephen Moore en el que entrevistaron a 27 economistas de alto prestigio, que habían sido presidentes de la Asociación Americana de Economía o del Consejo de Asesores Económicos del Presidente, mostrando que veintidós de ellos habían respondido que los efectos de inmigración en el siglo XX habían sido muy positivos y los otros cinco que levemente favorable, sin ninguno que dijera que la considerara negativa.

Huemer (2010) cita un trabajo evaluando el impacto de la inmigración en los años 1980s en los salarios de los trabajadores nativos mostrando que sería del 1 al 2% en las industrias más fuertemente impactadas (un 5% para los que no completaran el secundario).

Un estudio de la OCDE (2014) informa que en los diez años hasta 2012 los inmigrantes representaron un 47% del aumento de la fuerza laboral en los Estados Unidos y un 70% en Europa y que fueron alrededor de un cuarto de todos los ingresos en las ocupaciones que más han declinado en los Estados Unidos (28%) y Europa (24%), básicamente operarios, ocupando funciones que, como lo confirma la encuesta de Gallup antes citada, no son considerados atractivos por los locales. La proporción de inmigrantes con educación superior en los países de la OCDE ha crecido mucho, un 70% en la última década, alcanzando casi 30 millones en 2010/11, en particular debido a la inmigración asiática.

Dalmia (2012) señala que “un informe del Banco Mundial del 2005 encontró que si los treinta países de la OCDE permitieran un crecimiento del 3% en el tamaño de su fuerza laboral a través de reducir las restricciones a la inmigración, los beneficios para los ciudadanos de los países pobres serían de unos 300.000 millones de dólares. Esto es 230.000 millones más que la ayuda internacional que estos países destinan a los países pobres. Si hubiera fronteras abiertas por completo se duplicaría el PIB mundial en pocas décadas, virtualmente eliminando la pobreza global”. También afirma que los economistas están de acuerdo en que los inmigrantes aumentan los ingresos de los trabajadores nativos entre 6.000 y 22.000 millones de dólares (dólares del 2003) anualmente.

Los inmigrantes serían también más emprendedores que los locales. Dalma (op cit) cita un estudio de la Kauffman Foundation según el cual los emprendimientos iniciados por inmigrantes en los Estados Unidos produjeron ventas por 52.000 millones de dólares y emplearon 450.000 trabajadores en 2005. Un 25% de las empresas de alta tecnología fundadas entre 1995 y 2005 tienen al menos un fundador inmigrante. Más del 40% de las empresas de la lista Fortune 500 de 2010 fueron fundadas por inmigrantes o sus hijos. Los inmigrantes obtienen patentes a una tasa doble que los locales. Un reciente estudio de banco alemán KFW (Bank aus Verantwortung) señala que una alta proporción de los inmigrantes son emprendedores, de una u otra forma. La proporción de estos que inicia emprendimientos ha sido de 1,86% entre 2009 y 2014, cifra que es superior a la de los ciudadanos alemanes, 1,68%. En 2014 unos 179.000 inmigrantes (KfW 2015).

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

El «otro» Trump

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 20/4/17 en: http://www.lanacion.com.ar/2013718-el-otro-trump

 

Como el dios Jano de la mitología romana, el dios de los comienzos, el de «las dos caras», Donald Trump acaba de evidenciar aquello tan conocido que sugiere que el mundo, cuando se lo mira desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, suele ser distinto. Mucho más complejo, por cierto.

Lo que obliga a los presidentes norteamericanos a mantener una política de constante re-examen de sus posiciones y políticas, de cara al escenario grande del mundo. Y a cambiar, a veces radicalmente, sus visiones para adaptarse a la realidad.

En los últimos días esto parece haberle sucedido a Donald Trump, obligándolo a cambiar algunas de las principales posiciones asumidas en la campaña electoral que lo llevara al poder. Incluyendo en materia de política exterior.

Es posible que en ese giro -copernicano- hayan influido muy significativamente el actual Secretario de Estado de los EE.UU., Rex Tillerson, un hombre que ha demostrado rápidamente tener una dimensión notable, caracterizada no sólo por una presencia digna, sino acompañada por una mezcla muy poco común de firmeza, claridad, energía y coraje. Y Jared Kushner, el yerno del presidente, así como Gary D. Cohn, el principal asesor económico del presidente Donald Trump, cada vez más influyentes.

Los cambios de rumbo del presidente norteamericano no son menores. Fueron rápidos y no han sido disimulados. Veamos los tres principales. Los más obvios.

Primero, para Donald Trump la «OTAN» ya no es «obsoleta». Lo que ha vuelto a llenar de tranquilidad a las principales naciones de Europa que también la integran, alejando la sensación de abandono -y hasta de desprotección- que pudieron haber tenido.

La alianza militar más importante de la historia ha vuelto así a estar en su lugar. De donde nunca debió ser excluida, por derecho propio. El anuncio fue formulado por el presidente norteamericano en la propia ciudad de Washington, en compañía de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN.

Ocurre que la OTAN tiene entre sus principales responsabilidades, las que conforman su amplio mandato militar, la de luchar contra el terrorismo, como pretende Donald Trump. Lo cierto es que la OTAN invocó tan sólo una vez en su historia su cláusula esencial, aquella que gatilla la defensa común. Y ello fue cuando la tragedia de 9/11. Y que, además, más de mil soldados europeos y canadienses perdieron la vida en Afganistán, combatiendo al Talibán, codo a codo, con los soldados norteamericanos. La toma de posición del presidente norteamericano ha sugestivamente precedido a su visita a la sede de la OTAN, en Bruselas, que ocurrirá el mes que viene.

Segundo, también la retórica que predicaba la necesidad de actuar en cercanía con Rusia ha cambiado. Mucho. Al compás de un Vladimir Putin cada vez más audaz -y hasta desafiante- en su presencia externa, hoy el clima entre las dos naciones es lo contrario a la cercanía; es uno de abierta desconfianza.

La nueva perspectiva norteamericana sobre Rusia luce más realista. Ocurre que Rusia evidentemente no juega en el escenario internacional con las mismas cartas que los EE.UU. Ni respeta las mismas reglas. Ni tiene los mismos objetivos. Como lo acaba de evidenciar, sin mucho margen para las dudas, su apoyo ilimitado al régimen criminal sirio que lidera Bashar al-Assad. Para Rusia, su permanencia en el poder de su país es algo «no negociable». Para los EE.UU., en cambio, ello es inaceptable. Porque Bashar al-Assad no vacila en usar armas químicas contra su propio pueblo; esto es, en cometer aberrantes delitos de lesa humanidad contra civiles inocentes. Como también lo hiciera en su momento su propio padre, un dictador sanguinario como él.

El cambio de posición de Donald Trump volvió a definir una «línea roja»: esto es que hoy no se puede condonar el uso de armas químicas. Y esta vez, los Estados Unidos fueron más allá de las palabras y reformularon su mensaje mientras disparaban decenas de misiles, a modo de advertencia específica.

Tercero, respecto de China. Luego de la temprana reunión de Donald Trump con el presidente del coloso asiático en La Florida, el sendero común trazado pareciera ser el de la cooperación. Y la química personal entre los dos mandatarios parece haber resultado buena, lo que no es pequeña cosa ante las notorias diferencias de estilo y personalidad.

Esto presumiblemente ayudará a tratar de contener, juntos, al régimen dinástico de los Kim en Corea del Norte sin tener que recurrir para ello al uso de la fuerza, camino bien peligroso en el que las posibilidades de éxito son pocas y la eventualidad de provocar una intervención directa china bastante alta. Respecto de Corea del Norte la preocupación es que de la «paciencia estratégica» de Barack Obama, se pase a la «impaciencia táctica» de Donald Trump.

Además se convino con China que, en un plan a elaborar en los próximos cien días, se buscará la forma de re-equilibrar razonablemente el comercio bilateral. Aparentemente esto se hará a través de mayores exportaciones agrícolas norteamericanas y de un mayor acceso al enorme sector de los servicios financieros chinos para las entidades financieras del país del norte.

En esto último ayudó otro notorio cambio de perspectiva del presidente norteamericano. En este caso respecto de Janet Yellen, la presidente de la Reserva Federal de los EE.UU. que, de haber sido objeto de críticas -directas y duras- durante la campaña electoral por parte de Donald Trump, pasó a ser ponderada abiertamente en una entrevista concedida hace muy pocos días por el presidente norteamericano al «Wall Street Journal» Ya Trump no dice que quiere prescindir de ella lo antes posible, sino que afirma respetarla y se esfuerza en señalar que comparte sus políticas, razón por la cual algunos suponen que, cuando venza su actual mandato, o sea a fines del año que viene, no sería ahora raro que el mismo fuera renovado.

Los cambios de posición que hemos descripto no sólo parecen positivos en sí mismos, sino que muestran algo aún más trascendente: que Donald Trump no sólo sabe lo importante que es para quienes gobiernan advertir la necesidad de modificar algunos rumbos, sino también lo que pesa saber hacerlo sin demoras. Después de todo, gobernar supone la capacidad de rectificar rumbos cada vez que ello aparece necesario.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Migraciones: existe un derecho a salir (aunque no en algunos países), ¿existe también uno a entrar? (IV)

Por Martín Krause. Publicada el 26/4/17 en: http://bazar.ufm.edu/migraciones-existe-derecho-salir-aunque-no-paises-existe-tambien-uno-entrar-iv/

 

  1. Las barreras a la inmigración violan derechos

En general, todos estamos de acuerdo en que existe un derecho a la “salida”, aunque esto no se verifica en todos los casos, como en Corea del Norte o hasta hace poco en Cuba, y consideramos que poner barreras a esto es una violación del derecho negativo a trasladarse que cada persona tiene. ¿Existe, sin embargo, un derecho a la entrada? Aquí el consenso es mucho menor y la constelación de opiniones que lo niegan va de un extremo al otro del espectro político-filosófico. Por ejemplo, un reconocido libertario como Murray Rothbard, modificó su original visión liberal-clásica en relación a la inmigración (1994) planteando que en un mundo libertario de propiedad privada y ausencia de estado no habría un derecho al libre ingreso en ningún lado que no sea con la aprobación del propietario, como lo es en la actualidad con cualquier tipo de propiedad privada. No ingresamos ‘libremente’ en un barrio privado, en un club o en una casa a menos que el propietario nos lo permita, o nos invite a hacerlo.

¿Se mantiene dicho principio en el caso, como ahora, en que existe un estado? ¿Podríamos interpretar que el estado es una propiedad común de todos los ciudadanos de un país y que, de la misma forma en que no se puede ingresar a una propiedad privada sin el permiso del dueño, en este caso no se puede ingresar a un país sin el permiso de quien ejerce esa propiedad?

El problema aquí es el de considerar al estado como una propiedad común. Porque si tomamos el ejemplo de un barrio privado o de un club, vemos que un ‘extranjero’ puede ingresar como invitado si el propietario individual o el socio del club lo permite; pero en el caso del estado cuando existe una barrera a la inmigración no puede un ciudadano “invitar” a ingresar a nadie. En fin, el problema lleva a cuestiones mucho más profundas que no se podrán considerar aquí, aunque sean bien importantes.

En principio pareciera que una barrera a la inmigración podría violar el derecho del ciudadano a “invitar” a un extranjero a su casa o a entrar en algún tipo de relación con él. Digamos que quiero contratar a un extranjero para que trabaje conmigo, ¿por qué no podría hacerlo? ¿no resulta violado mi derecho a establecer relaciones contractuales con quien desee?

Huemer (2010), va más allá y plantea que eso también viola un derecho del inmigrante, en esencia porque él también tendría un derecho entrar en una relación contractual conmigo, que de esta forma resulta violado:

“La forma en que el gobierno daña a potenciales inmigrantes es excluyéndolos de una cierta área física, y por ello efectivamente excluyéndolos de interactuar en forma valiosa e importante con gente (que no es el gobierno) que se encuentran en la región. Muchos norteamericanos con gusto realizarían intercambios o emplearían a estos potenciales inmigrantes, de una forma que les permitiría a estos satisfacer sus necesidades. El gobierno no solamente rechaza darles bienes a estos potenciales inmigrantes, y no solamente rechaza, él mismo, realizar intercambios con ellos. Realiza un gran esfuerzo y dedica muchos recursos para activamente impedir a norteamericanos que comercien con ellos o los empleen de alguna forma relevante.”

Los contratos libres entre dos o más partes, sin embargo, pueden generar efectos ‘externos’, o externalidades. En este caso, sin embargo, todo daño que pueda ocasionarse por estas circunstancias no es en nada diferente al que pudieran causar contratos similares entre nativos, cuyas consecuencias han de ser asumidas. Existe otros efectos ‘externos’ que suelen plantearse como originados por la inmigración y que no estarían presentes en relación contractos similares entre locales. Veremos algunos de ellos: el impacto en el empleo, en el gasto público, en la seguridad, en la cultura y en las instituciones.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

La economía argentina no crecerá

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado  el 24/4/17 en: https://alejandrotagliavini.com/2017/04/24/la-economia-argentina-no-crecera-2/

 

Comencemos aclarando que es falso que la economía haya tenido que caer para poder, luego, levantarse. Nada en el cosmos se contrae para luego crecer. El PIB chino llegó a expandirse hasta 13.5% anual -y pudo haber sido más- apenas iniciadas las reformas pro mercado. Chile creció, lanzadas las reformas, hasta 7.8% anual.

Argentina cayó en 2016 solo debido a la continuidad de pésimas políticas que no se están redirigiendo hacia reformas pro mercado y, por tanto, no es serio decir que la economía crecerá. A ver, “pro mercado”, significa evitar la injerencia coactiva -en base al poder de policía, al monopolio estatal de la violencia- necesariamente destructiva como toda violencia, según ha demostrado la ciencia.

De hecho, todos vienen bajando las previsiones de crecimiento y la Cepal acaba de informar que el país crecerá 2% en 2017, si descontamos el aumento poblacional de entre 1.3 y 1.8%, la subida del PIB per cápita -que es el que importa- es casi nula y seguramente seguirán bajando las previsiones hasta tornarse negativas.

A pesar de pronósticos optimistas, como el de Ferreres que dice que la economía creció en marzo 1.2% comparado con igual período de 2016, si por alguna alquimia -o dibujo- el PIB muestra algún avance, será debido al aumento en el empleo o la obra pública que, lejos de favorecer, perjudican porque son fondos retirados del mercado, pasados por una burocracia voraz, cuyo resto se invierte en obras dudosas. Por cierto, como señala Martín Krause entre muchos, la fórmula del PIB no muestra los motores de la producción.

Como ejemplo, veamos la keynesiana “metas de inflación”. Según estudios anticipados, en abril el aumento del IPC superará el 2% y lo peor es que las mayores subas se dan en alimentos. Así, el BCRA probablemente suba otra vez su “tasa de política monetaria”, que quedó en 26.25% anual. Aunque, hay que descontarle Ingresos Brutos con lo que termina quedando en alrededor de 24% y por eso resultan más atractivas las Lebacs que rinden 24.25%. Complicando cada vez más a la producción ya que los capitales prefieren “la bicicleta financiera”.

Entretanto, el ritmo de la emisión viene aumentando hasta el 36% anual. El gobierno no entiende que la inflación es el exceso de oferta monetaria, por sobre la demanda del mercado, en tiempo real. Es decir, emitido el exceso, la inflación se produce y no se puede revertir la historia. Por tanto, el intento de absorber moneda, para “contrarrestar la inflación”, que realiza el BCRA, es contraproducente.

Insólitamente, más allá de que la base de esta expansión -de unos $80.000 millones en total en abril- está en el gasto, una parte se debió a que el BCRA ha vuelto a comprar dólares al Tesoro, el jueves pasado, unos US$ 1.000 millones. Es decir, que baja el precio del billete verde al ofrecer tasas excesivas para absorber pesos y luego emite pesos para levantar el precio del dólar (¡?). Con este nivel de irracionalidad el país no saldrá adelante.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Chile se apresta a discutir su sistema previsional, y esto no solamente impactará allí sino en toda América Latina

Por Martín Krause. Publicada el 25/4/17 en: http://bazar.ufm.edu/chile-se-apresta-discutir-sistema-previsional-no-impactara-alli-sino-toda-america-latina/

 

La discusión sobre el sistema jubilatorio en Chile no es importante solamente en ese país, aunque ciertamente es a quien más impacta, sino también en el resto de la región, ya que su modelo fue copiado por muchos otros países. Esto publica el Instituto Libertad y Desarrollo en un informe titulado “Pan para hoy…”: http://www.lyd.org/lyd/TemasPublicos/TP1299ANUNCIOPENSIONES.pdf

“El debate previsional en Chile se ha mantenido fuerte en la discusión pública durante el último año, producto de la preocupación existente por mejorar las pensiones. Dicha discusión ha revelado un amplio desconocimiento del funcionamiento de nuestro sistema previsional, y también el hecho que la receta más eficiente y justa para mejorar los ingresos al momento de jubilarse es aumentar el ahorro durante la vida activa. Esto, además de exigir un incremento en el esfuerzo individual, requiere necesariamente de mejoras en el mercado laboral que permitan fomentar la participación en empleos formales, de tal modo de aumentar la densidad de cotización (sobre todo para las mujeres).

Luego de un trabajo de siete meses con actores de distintos ámbitos políticos que culminó sin acuerdo, el Ejecutivo dio a conocer los principales componentes del proyecto de ley que enviaría este año en materia previsional. Lamentablemente, la propuesta erosiona los pilares del sistema vigente -basados en la retribución al esfuerzo, la confianza en el sector privado (y un Estado subsidiario) y la sustentabilidad fiscal- y podría tener consecuencias que terminen jugando en contra de los factores determinantes de una mejora en el nivel de las pensiones futuras.

El anuncio, al menos en los términos planteados hasta ahora, introduce costos innecesarios al sistema, creando una nueva burocracia estatal que administraría monopólicamente el mayor ahorro. Además, desincentiva el ahorro individual, fomenta la informalidad en el mercado laboral y genera un efecto negativo en el empleo. Lo anterior, sumado a que se optó por no aumentar la edad legal de jubilación de las mujeres, nos lleva a concluir que se desaprovechó la oportunidad de buscar perfeccionar adecuadamente, desde el punto de vista técnico, nuestro sistema previsional de tal modo de mejorar las pensiones de vejez.

EL 5% ADICIONAL Y SUS CONSECUENCIAS

La esencia del anuncio de la semana pasada dice relación con un aumento de 50% en la tasa de cotización previsional (5 puntos porcentuales), su destino y administración: el incremento señalado sería con cargo al empleador y se implementaría de manera gradual en 6 años. De los 5 puntos adicionales, en régimen, 3 puntos irían a una “cuenta personal” de los trabajadores (“heredables, de plena propiedad”, de acuerdo a lo señalado por la Presidenta) y 2 puntos a lo que se denominó “Seguro de Ahorro Colectivo”, para mejorar tanto las pensiones en curso (componente intergeneracional o de reparto) como las de aquellos que “logren menor ahorro y pensiones más bajas” (componente intrageneracional). Respecto a la administración de estos recursos, todo el mayor ahorro sería gestionado por una entidad estatal. Por último, la Presidenta señaló que esta propuesta “permitirá subir en promedio en 20% los montos de las actuales pensiones de vejez entregadas por las AFP”.

La solución planteada por el Ejecutivo aparentemente reconocería un principio básico de nuestro sistema previsional: para mejorar las pensiones se requiere de un mayor ahorro. Sin embargo, presenta de una serie de problemas que probablemente se traducirán en que la mejora en pensiones será inferior a la que se podría haber obtenido si el mayor ahorro se hubiese destinado completamente a las cuentas individuales. Primero, todo apunta a que la entidad pública anunciada responde más a presiones de carácter político que a razones técnicas. De hecho, nada asegura que una entidad estatal como ésta permitirá maximizar la rentabilidad de los ahorros y minimizar los costos de administración, únicas condiciones que permiten que un mayor ahorro se traduzca en un aumento en las pensiones. Tampoco se da certeza que su carácter “autónomo” permita eliminar los importantes riesgos de captura política de dicha institución. Su creación tampoco reconoce que el mayor ahorro es de propiedad de los trabajadores, y por ende debiesen ser ellos quienes elijan quién administre su ahorro previsional, y no el Estado quien les obligue a invertir sus recursos en la nueva institución pública. Es decir, se le otorga al Estado un monopolio sobre la administración de los recursos, obligatorio y sin ninguna competencia. Y lo que es peor, se utilizan recursos públicos que podrían haberse destinado a mejorar las pensiones de quienes más lo necesitan a través del Pilar Solidario.

Por su parte, el componente denominado “Seguro de Ahorro Colectivo” (40% del mayor ahorro, 2 de los 5 puntos de cotización adicional) corresponde netamente a un impuesto al trabajo formal para financiar pensiones de terceros. Esto podría efectos negativos en el mercado laboral, tales como incentivar la informalidad, dado que se rompe la relación entre la cotización de los trabajadores y el beneficio recibido (si la mayor cotización financia las pensiones de “otros”, disminuyen los incentivos a cotizar y a trabajar formalmente).

Respecto del 60% restante (los 3 puntos que se destinarían a una “cuenta personal”), preocupa el que en vez de permitirles decidir qué hacer con sus recursos, los trabajadores sean obligados a destinar su mayor ahorro a una entidad estatal, que no les asegura bajos costos de administración y mayor rentabilidad.

Adicionalmente, el anuncio comprometió un aumento de 20% en las pensiones de vejez autofinanciadas que hoy entregan las AFP, lo cual equivaldría a US$ 402,8 millones anuales. Si consideramos que de acuerdo a las cotizaciones vigentes cada punto de cotización equivale a cerca de US$ 700 millones anuales, esto implica que para financiar el compromiso señalado con un aumento de la cotización (tal como lo propone el anuncio), se requiere de al menos 0,6 puntos porcentuales adicionales (suponiendo que no disminuye el número de cotizantes ni el monto cotizado, lo cual es un supuesto conservador considerando los desincentivos a la cotización e incentivos a la informalidad antes mencionados).”

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).