La mala praxis política debería ser punible

Por Ricardo Rojas. Publicado el 21 de Octubre de 2021 en: https://www.infobae.com/opinion/2021/10/21/la-mala-praxis-politica-deberia-ser-punible/?fbclid=IwAR1w5yCaJc8v2cAQg–YVVE0BzioefFP-GBAke5ZjnEv0uYE0iv6XUgNZ_4

Quienes disponen medidas violatorias de derechos, conociendo de antemano que no sirven, tendrían que responder por tales acciones, ya que en definitiva constituyen formas de robo, estafa y falsificación

Martín Guzmán y Alberto Fernández

Cuando un gobierno incrementa innecesariamente el gasto y luego cubre el déficit con endeudamiento, suba de impuestos o emisión monetaria, lisa y llanamente está robando a los habitantes. Cada peso quitado por la fuerza o por obra de la inflación, para emplear en aquello que exceda las funciones del gobierno establecidas taxativamente en la Constitución, debería ser considerado un delito contra la propiedad.

Cuando un gobierno emite dinero de manera indiscriminada, para cubrir el déficit, en definitiva degrada la moneda a través de su falsificación masiva. Su acción supone quitar riqueza de los bolsillos de las personas sin siquiera tener que tocarlas. Cuando la presión tributaria se vuelve asfixiante, se recurre a esta maniobra de seguir quitándole el dinero a las personas sin que se den cuenta de ello, y encima echándole la culpa a los comerciantes a quienes se pretende responsabilizar por la suba de los precios. Esa acción del gobierno debería estar contemplada en el Código Penal entre los delitos de falsificación, y ser imputada a los funcionarios del Poder Ejecutivo y el Banco Central que promueven la emisión irregular para cubrir el déficit.

Por su parte, cuando un gobierno dispone controles de precios, sea de bienes y servicios, de alquileres, de cambios, etc., está produciendo una exacción contra las personas, que se trata de justificar como una protección que en realidad no existe. En definitiva, esos controles son formas de defraudación, engaños que producen serios perjuicios económicos a sus víctimas, y que deberían ser penados como delitos.

Todas esas acciones suponen violar derechos reconocidos y amparados por la Constitución. Fundamentalmente el derecho de propiedad, que no puede ser alterado por las leyes que reglamentan su ejercicio, de acuerdo con el artículo 28 de nuestra Carta Magna.

Desde hace décadas los gobiernos argentinos repiten una y otra vez estas acciones que, en definitiva, sólo tienen por objeto distraer a la gente de las verdaderas causas de los problemas, e inventar a quién echarle la culpa en el futuro.

Se está por cumplir un siglo desde aquella ley de alquileres sancionada en tiempos de Irigoyen, que no obstante la denodada disidencia del Juez Bermejo acabó siendo convalidada por la Corte Suprema. Por supuesto que esa ley provocó más problemas que soluciones, y al poco tiempo fue dejada sin efecto. Desde entonces, cada vez que el gobierno cae en una crisis –provocada por el mal manejo de las cuentas-, recurre a algún artilugio de ese tipo, a pesar de que aquellos que disponen las medidas saben que fracasarán. Lo hacen, en realidad, para ganar tiempo, para aparentar que se ocupan del problema, y para ir armando el personaje de a quién le van a echar la culpa cuando todo explote. Ludwig von Mises explicó a mediados del siglo pasado este fenómeno con su habitual claridad:

“Para evitar ser acusado de las nefastas consecuencias de la inflación, el gobierno y sus secuaces recurren a un truco semántico. Tratan de cambiar el significado de los términos. Llaman ‘inflación’ a la consecuencia inevitable de la inflación, es decir, al aumento en los precios. Ansían relegar al olvido el hecho de que este aumento se produce por un incremento en la cantidad de dinero y sustitutivos del dinero. Nunca mencionan este incremento. Atribuyen la responsabilidad del aumento del coste de la vida a los negocios. Es un caso clásico de ladrón gritando: ‘¡Al ladrón!’. El gobierno que produjo la inflación, multiplicando la oferta de dinero, incrimina a los fabricantes y comerciantes y disfruta del papel de ser un defensor de los precios bajos”.

El motivo principal de estas acciones, es la necesidad de cubrir de alguna manera el endémico déficit fiscal que todos los gobiernos ostentan. En lugar de llevar a cabo una política de austeridad y de limitación en los gastos a aquello que sea necesario –que más que una política es una exigencia constitucional-, prefieren mantener la orgía de gasto y corrupción, y finalmente buscar el medio de seguir esquilmando a los contribuyentes. Cuando esa práctica lleva al país al borde del estallido, sacan a relucir los inventados personajes que representan a los “culpables” por la crisis: los empresarios, los comerciantes, los productores agropecuarios, la “patria financiera”, etc.

El punto de partida de esta serie de delitos se produce todos los años en el Congreso cuando se discute el presupuesto –la ley de leyes, al decir de Alberdi-. Como en cualquier presupuesto doméstico, el cálculo de los gastos del gobierno debería hacerse teniendo en cuenta los ingresos previstos por las vías normales, y decidiendo de qué manera se distribuirán esos ingresos para cubrir los gastos. Para ello, normalmente habrá que ajustar los gastos para que las funciones esenciales del gobierno puedan ser satisfechas.

Sin embargo, nada de eso ocurre. La discusión del presupuesto se transforma habitualmente en la discusión de cómo repartir privilegios, donde todos van a exigir su parte. Una situación que es mucho peor que la de criminales repartiendo un botín. Los criminales están limitados por la magnitud del botín. El gobierno no tiene límites, decide sus gastos según su voluntad, y luego busca cómo hará para quitarle a la gente, directa o indirectamente, lo necesario para cubrir la diferencia.

Las consecuencias de ese déficit son trágicas, si se piensa en que uno de los países potencialmente más ricos del mundo, tiene a la mitad de su población en las puertas de la pobreza. Diariamente, estas medidas del gobierno crean nuevos pobres.

Los políticos que llevan a cabo maniobras de este tipo saben que están estafando y robando a las personas. A esta altura de la historia es inadmisible pretender que lo hacen de buena fe, pensando que su “política económica” podría tener éxito y resolver el problema. Ninguno de ellos puede desconocer además que está violando derechos fundamentales garantizados por la Constitución –y de esta circunstancia terminan siendo cómplices aquellos jueces que no han sabido estar a la altura de los requerimientos constitucionales, a la hora de establecer los límites expresos a los que se refiere el artículo 28-.

Si se repasan tan sólo las últimas décadas, Alfonsín fracasó al mantener un gasto público incontrolable al que trató de cubrir con una emisión de tal nivel que explotó en una hiperinflación. Menem mantuvo el déficit fiscal, y al no poder cubrirlo con emisión lo hizo con endeudamiento e impuestos, poniendo en peligro mortal, al fin de su mandato, la convertibilidad que él mismo había establecido. De la Rúa mantuvo la convertibilidad pero también el nivel de gasto, se endeudó aun más, e inevitablemente ello llevó al colapso.

Desde hace unos quince años se viene anunciando una nueva crisis. Los gastos del Estado nacional y de las provincias llegan a niveles obscenos, y las tres formas de cubrir el déficit han sido explotadas casi al límite de la extenuación. A ello contribuye al sistema de coparticipación de impuestos –que desde 1994 es norma constitucional-, que le permite a las provincias recibir enormes cantidades de dinero quitado por la fuerza a los trabajadores, para gastar de manera discrecional y muy poco clara. Esa gran ventaja hace que jamás los legisladores que representan a las provincias estén dispuestos a eliminar o disminuir la alícuota de impuestos coparticipables. Por su parte, el kirchnerismo revirtió en parte aquel proceso de privatización o eliminación de reparticiones estatales o las llamadas “empresas públicas”, que habían sido una sangría, y nuevamente obliga, a través de cajas separadas, a financiar las pérdidas de “empresas” como YPF o Aerolíneas Argentinas.

Cuando la anunciada nueva crisis se produzca, los políticos responsables de ella dirán que falló una “política económica” y nuevamente buscará culpables. Jamás admitirán que la culpa es del gasto excesivo e injustificado, que se podría haber resuelto con austeridad, y no con este tipo de medidas que, lejos de resolver la crisis, la agravan aun más.

La mala praxis de los gobernantes debería ser punible. No existe motivo para que quienes disponen medidas violatorias de derechos, conociendo de antemano que no sirven para obtener los resultados que invocan y que son simplemente un distractivo para no admitir sus fallas en la contención del gasto, no respondan por tales acciones que en definitiva constituyen formas de robo, estafa y falsificación.

Los ministros de Economía y funcionarios del área, así como legisladores, gobernadores o presidentes, conocen o deberían conocer las reglas básicas de la teoría económica. La economía, como ciencia social, depende de la acción humana, que por ser voluntaria es voluble e impredecible. Sin embargo, ello no impide que puedan deducirse un puñado de leyes económicas respecto de las consecuencias de las acciones. Ninguna persona que toma decisiones que imponen conductas de manera compulsiva y producen consecuencias económicas, debería ampararse en el desconocimiento de esas leyes. Y cuando deliberadamente imponen medidas que producirán perjuicios a los derechos amparados por la Constitución, deberían responder política, administrativa, civil y penalmente por ello.

Todos los gobiernos de los últimos tiempos son partícipes de tales delitos. Algunos en mayor medida que otros, pero ninguno de ellos tuvo la decencia de proponer rebajas en los gastos para no producir un déficit que necesariamente terminaría cubriendo de manera criminal.

En momentos en que la gente trata de predecir el momento en que se produzca una nueva crisis que casi todos consideran inevitable, creo que es hora de incluir en el Código Penal formas de responsabilidad para quienes las producen.

Ricardo Rojas es Abogado, Doctor en Historia Económica (ESEADE).
Ex Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(1986-1993). Ex Juez de Cámara en lo Criminal y Correccional (1993-2020). Profesor de Análisis económico del derecho penal en la Maestría en Derecho y Economía de la UBA. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín. Miembro del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho, autor de varios libros y ensayos sobre temas jurídicos, económicos y filosóficos.

No es la economía, estúpido

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 23/1/20 en: https://alejandrotagliavini.com/2020/01/23/no-es-la-economia-estupido/?fbclid=IwAR05r1jiOdu1JhKeGyCcKlNodXzo7s-ifp3wQul3jn-RMlrKxzk9xXvXGNw

 

Cárcel es lo menos que una sorprendentemente enorme masa enardecida pide para los rugbiers de Villa Gesell por el irreparable homicidio de un joven. Por cierto, llama la atención que, por caso, en Rosario es asesinada una persona al día y nadie se preocupa.

Independientemente del código penal -y de los políticos peronistas, conservadores, etc. que lo redactaron- el nivel de violencia que existe en la sociedad argentina es altísimo, ya sea por parte de los delincuentes o de quienes exigen “justicia” sin siquiera esperar la opinión de peritos y jueces estatales, poniendo en evidencia una enardecida sed de venganza violenta.

Es “la economía, estúpido” fue una frase fuerte de la campaña electoral de Bill Clinton que lo llevó a la presidencia de EE.UU., demostrando que en política la agresividad y la mala educación da buenos resultados. Pero en el caso argentino, si bien la pésima performance económica fue lo que hizo que el oficialismo perdiera las últimas elecciones, el país tiene un problema moral de fondo muy grave.

El sol sale cada día a hora predeterminada, la lluvia riega los árboles que crecen y oxigenan, y demás. Es obvio que la naturaleza tiene un orden que se desarrolla espontáneamente -intrínsecamente- así “vemos que en las cosas naturales… se realiza lo mejor” y se dirigen al bien como fin, dice Tomás de Aquino.

Según Jacques Maritain el orden natural significa la existencia de leyes fenomenológicas que son las generatrices y que se repiten invariablemente. La ley científica, no hace otra cosa que extraer, de manera más o menos directa, la propiedad o la exigencia de un cierto indivisible ontológico, que no es otro que aquel que los filósofos llaman naturaleza o esencia.

Cabe remarcar que los fenómenos naturales son espontáneos, precisamente, porque son intrínsecos, surgen del interior, de la esencia. Por el contrario, los objetos artificiales, al no poseer principios intrínsecos, necesitan ser movidos por otra fuerza, extrínseca.

Y la moral, más allá del uso coloquial y deformado de la palabra, es la ciencia que estudia el comportamiento que le cabe al hombre de modo de adaptarse al orden natural y desarrollarse. O sea, la moral es el estudio del ordenamiento natural del ser humano.

Copiando a Aristóteles, el Aquinate escribió que: “La violencia se opone directamente a lo voluntario como también a lo natural, por cuanto es común a lo voluntario y a lo natural el que uno y otro vengan de un principio intrínseco, y lo violento emana de principio extrínseco”. Así, Etienne Gilson asegura que para Tomás de Aquino “lo natural y lo violento se excluyen recíprocamente”.

La violencia, en definitiva, destruye porque coarta el desarrollo espontáneo -y armónico- de la naturaleza y, por tanto, es inmoral. Es una reacción primaria disparada básicamente por el miedo, la inseguridad, aunque se disfrace de “machismo”. Pero, al contrario de los animales, el hombre tiene la capacidad de discernir, advertir que la violencia destruye y, en consecuencia, controlar esta reacción primaria y proceder con sabiduría.

Ahora, la teoría del mercado más difundida fue desarrollada a partir de la escuela escocesa liderada por Adam Smith, quién “En varios sentidos… desvió la economía de su recto camino, el representado por la tradición continental iniciada en los escolásticos medievales… “, asegura Murray Rothbard.

Esta tradición continental fue desarrollada por destacados tomistas, en su mayoría jesuitas y algunos dominicos, profesores de Moral y Teología en la Universidad de Salamanca. El premio Nobel Frederick Hayek asegura que ‘los principios básicos de la teoría del mercado…fueron establecidos por los escolásticos españoles del siglo XVI” como Bernardino de Siena, y Antonino de Florencia que escribe en 1449 la tomista Summa Moralis Theologiae, el primer tratado de la nueva ciencia de la Teología Moral.

En cualquier caso, la “economía” no era una ciencia -en todo caso una profesión- sino un derivado de la moral: el estudio del comportamiento del hombre en el mercado (la faz económica de la gente, el pueblo). Así, como la violencia es inmoral y destructiva, desde que desvía al hombre del desarrollo natural y espontáneo del cosmos, es contraria al desarrollo económico. Es decir, toda intervención del Estado –“policial”- sobre el mercado -el pueblo- forzando regulaciones, impuestos y leyes, destruye la economía.

O sea, que el problema argentino va más allá de la economía, es moral: sucede que existe un alto nivel generalizado de violencia en todos los órdenes y sectores del país, también en economía.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE. Síguelo como @alextagliavini

Los peligros de la figura de la extinción de dominio

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 22/1/ 19 en https://www.cronista.com/columnistas/Los-peligros-de-la-figura-de-extincion-de-dominio-20190121-0069.html

Hay una muy justificada preocupación por el alto grado de corrupción, especialmente en el contexto  del gobierno anterior al actual, aunque los desmanes inauditos de los aparatos estatales vienen de largo. Con razón la gente de bien quiere que se recuperen los activos robados a la brevedad a los efectos de aliviar las arcas fiscales y poder así disminuir la carga tributaria descomunal que viene soportando la población.

Pero el asunto no es proceder en cualquier dirección. Es indispensable actuar con el cuidado necesario para ser congruentes con el debido proceso y el consiguiente resguardo a las autonomías individuales. Sobre todo es menester como una elemental gimnasia higiénica ponerse en los zapatos de la persona a quien se le confiscan sus bienes antes de una sentencia firme, lo cual, tengamos muy en cuenta, constituye un arma potente para los tiranuelos en potencia.

Hoy la figura del decomiso está presente en el Código Penal argentino como una privación transitoria de activos, aunque originalmente estuvo pensada para la incautación de mercaderías al momento consideradas ilícitas por lo que se especificaba la prohibición de venderlas y con al mandato expreso de destruirlas. En cualquier caso,  la llamada extinción de dominio pretende que la propiedad puede extinguirse lo cual es un absurdo, puede eso si transferirse a otro u otros, voluntaria o coercitivamente. En el caso que nos ocupa quiere decir que por fuera del Poder Judicial resulta posible al aparato estatal intervenir en un proceso judicial y si el confiscado resultara inocente deberá iniciar una causa con lo que eventualmente será resarcido ex post facto.

Como queda dicho, en verdad la figura de la extinción de dominio es un subterfugio para ocultar la confiscación, enfáticamente excluida de las facultades del poder político por la Constitución Nacional.

Lo dicho no significa que no puedan adoptarse medidas precautorias, especialmente cuando hay riesgo de que se interfiera el proceso judicial para tergiversar sus resultados o cuando hay posibilidades de fuga del sospechoso, pero en última instancia debe prevalecer el principio de inocencia hasta que la sentencia definitiva demuestre lo contrario.

Desde luego que hay justificadas quejas respecto a las insólitas demoras en las tramitaciones judiciales y hay también elementos políticos que desafortunadamente interfieren, pero esto se resuelve con la debida aceleración a través de límites para pronunciarse tal como en algunos casos ocurre actualmente pero en ningún caso resulta aceptable que los otros poderes del aparato estatal se adelanten a lo que prescribe el Poder Judicial.

Los marcos institucionales civilizados son custodios indispensables para los derechos y, por tanto, para que puedan llevarse a cabo las transacciones libres y voluntarias entre las partes. No resulta posible el apresuramiento por más bien inspirado que sea ya que la contracara amenaza a todos, incluso a los mismos patrocinadores de la medida en cuestión.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba.

Destrucción de valores: Gramsci y la “violencia de género”

Por José Benegas. Pubicado el 3/6/15 en: http://josebenegas.com/2015/06/03/destruccion-de-valores-gramsci-y-la-violencia-de-genero/

 

Argentina es un país gobernado desde hace 12 años por un grupo que, desde el vamos, tenía en su haber la desaparición de mil millones de dólares de una provincia. Un gobernador que llegó a la presidencia favorecido por un presidente provisorio (Duhalde) para evitar la llegada de Carlos Menem a su tercera presidencia, había sacado fuera del país ese dinero y nunca más se supo de él. Llegó a presidente con el 22% de los votos después de que Menem renunciara a participar en la segunda vuelta electoral. El gobierno de Kirchner, seguido después del de su mujer, se dedicó a construir un imperio propio al rededor del estado. Administró el país como si fuera un botín. Para eso se alió a la primitiva izquierda violenta del peronismo, reavivando juicios de derechos humanos, a costa de tirar por la borda todo tipo de garantías constitucionales. También fue apoyado en eso por todo el país “bienpensante”, porque el valor máximo de la corrección política era estar contra Menem y Kirchner ofrecía la vuelta al estatismo más acérrimo. Practicó una receta estrictamente populista para acrecentar su poder.  Es decir, la explotación de cualquier debilidad para legitimar el poder absoluto y la expoliación masiva en favor de su grupo.

Parte importante del método político kirchnerista ha sido favorecer al delito. No solo el propio, sino el común. Instalar jueces que propician que los delincuentes son víctimas de la sociedad y que luchar contra el delito es luchar contra los pobres. Suena absurdo para cualquiera, pero esto que acabo de decir es bastante textual, no se trata de una exageración. Toda protesta por el delito callejero era tomada por un gran aparato de propaganda como fascismo. El kirchnerismo fue la primera banda política en tener su propia agrupación de delincuentes en las cárceles, llamada “Vatayón militante”, así, con V.

Esto último es también parte de una metodología gramsciana de destrucción de valores (incluída la V). No porque detrás haya una utopía socialista, sino el interés de una banda por tener todo el poder y el control y quedarse con los recursos. Nada tiene que valer, porque el individuo debe ser sometido a unas condiciones en las que no pueda confiar en su propio juicio. Eso lo hace fácil de manejar.

Otra parte de la metodología es la creación y utilización del mito, al que llaman “relato”. Los “derechos humanos” son el mito que incorporaron, bajo el cual justificaron todo tipo de defraudaciones al fisco. Convirtieron a las Madres de Plaza de Mayo en una empresa constructora de viviendas y produjeron un desfalco de unos trescientos millones de dólares. Bonafini al identificarse con los derechos humanos era intocable. Podía emitir cheques sin fondos que los jueces no se atrevían a tocarla. Esa era justo el tipo de impunidad que Kirchner vio que podría lograr subiéndose a la ola izquierdista. Para kirchner la “ideología” era una cobertura para robar, como lo es para todos sus seguidores hoy, ninguno de los cuales hace referencia a ideas, sino sólo conflictos donde ellos son buenos y quienes se oponen son malos. Es decir, populismo.

Los medios fueron controlados mediante la pauta oficial, las amenazas y el uso de los organismos de inteligencia. Durante los primeros años del kirchnerismo la política fue prohibida de hecho en la televisión abierta y ya promediando su mandato, también en la televisión por cable. La información se despolitizó como en los años de gobiernos militares. Solo después de romperse la relación de la banda de kirchner con el grupo Clarín, volvió de a poco el periodismo. A partir de ahí, Kirchner comenzó un plan de conquista cultural comprando personajes de la farándula para que lo defendieran de cualquier cosa, e incorporando jóvenes sin escrúpulos con grandes sueldos para realizar trabajos partidarios con dinero del estado. Armó su propio sistema de propaganda para reemplazar a Clarín. Su propósito fundamental era denostar a los adversarios para mantener al país en conflicto permanente. A esto le llamó la propaganda “revalorizar a la política”, aunque era precisamente lo contrario a lo que habían hecho. Retiraron la política y después la reemplazaron por grupos de fanáticos que carecen de opinión propia o de ideas. Nada más toman partido en el momento que se los indica el poder, contra aquellos que les indica el poder.

Volviendo a la seguridad, el índice de delitos creció exponencialmente. La policía fue instruida para no recibir denuncias de modo de manejar las estadísticas. La sociedad así se mantenía atemorizada y anulada políticamente y entretenida con los conflictos preparados por el estado. Todo fue reemplazado por peleas de la farándula decadente.

El populismo requiere utilizar el resentimiento. El estado es el que pone fin a las “injusticias sociales”. Entonces mientras a un argentino se lo puede matar en la calle en nombre de la lucha de clases, nadie puede decirle a otro cosas discriminatorias como hacer alusión a su peso, estatura etc. El gobierno administrativamente sanciona toda discriminación de modo estricto, reitero, mientras avala los crímenes. La razón es que la discriminación alude a actividades antipáticas de la población pacífica, donde el gobierno puede meterse para dividir. No produce ningún efecto en el comportamiento antipático, no es lo que le interesa. Sino mantener disciplinada a la sociedad y acostumbrada a que el gobierno produce las consignas y la sociedad obedece.

La introducción ha sido larga para llegar a la cuestión del título, la llamada “violencia de género”. La ley en cuestión fue sancionada en el año 2009, pero en plena campaña electoral de este año 2015, el estado ha iniciado una campaña para que en todos los programas de televisión y radio se convierta en el monotema la llamada “violencia de género” y el “femicidio”. Cualquiera diría siguiendo los medios argentinos que de repente los hombres se han puesto a matar mujeres y de modo no menos repentino, al gobierno le empiezan a importar los crímenes. Pero en realidad es todo lo contrario.

Primera aclaración. El Código Penal argentino sanciona al homicidio, como no podía ser de otra manera. El homicidio no hace ninguna referencia de género, es sólo el idioma castellano. Se sancionan del mismo modo las muertes de varones y mujeres. En segundo lugar, uno de los agravantes del homicidio es la “alevosía”, es decir la debilidad de la víctima aprovechada por el victimario. No importa si uno u otro son varón y mujer. La alevosía incluye cualquier evidente desproporción. Con ello abarca también el delito contra los niños.

La introducción del género es una forma de colectivizar la responsabilidad e introducir la idea de que lo importante no es matar sino a quién matar. A su vez expandir la noción de que los hombres matan a las mujeres y no que determinados individuos son responsables de actos criminales y como tales deben ser castigados. La responsabilidad se diluye en un conflicto político general. Así como cuando matan a alguien en la calle para robarle el reloj, se trata del ejercicio de la lucha de clases, cuando un hombre mata a una mujer, se trata del conflicto entre el género masculino, contra el femenino. Se expande una culpa general, quién no se adose a la campaña también entra en el sector de los sospechosos. Hay que obedecer, seguir las consignas oficiales y la de cualquiera que grite desigualdad, de otro modo uno se coloca en el lugar de “feminicida”.

A su vez cuando empieza a importar si el muerto es varón (instrumento de la lucha de clases) o mujer (víctima de todo el genero masculino), el homicidio en si pierde valor. Se lo reemplaza por una lucha igual de inventada que la de clases para promover el resentimiento y el poder del estado. Se reemplaza el problema de justicia que hay detrás del crimen, por el problema de “igualdad de género” que hay en el programa político oficial. La destrucción de la justicia como valor que da más protagonista al tirano como protector.

La ley en si mezcla los delitos cometidos contra la mujer, que ya tenían recepción legal, con la igualación forzada, la creación de organismos culpabilizadores que no tienen nada que ver con la lucha contra el crimen y el otorgamiento de poder a la mujer que es estigmatizada como débil, con independencia del pensamiento retrógrado, para que pueda utilizar al estado cada vez que se vea contradicha o enfrentada sin violencia por un hombre. Los hombres matan a las mujeres porque no hay igualdad, ese es el mensaje.

La sociedad rendida no enfrenta nada de esto. El plan es muy eficiente en la destrucción de valores y el sembrar divisiones creando pequeños déspotas que le van indicando a los demás cómo deben pensar o comportarse. A su vez la educación enseña a alejarse de las abstracciones y los significados de las cosas. Parece dar lo mismo luchar contra la violencia familiar de cualquier tipo, que convertirlo en una lucha de géneros. Todo tiene que dar lo mismo para que la oveja en lugar de sentirse esclava se sienta protegida. Quién lo denuncie contará con poco respaldo. Mi problema es que no lo puedo evitar.

Todo delito debe ser combatido sin convertirlo en instrumento de objetivos políticos. Esa no es una lucha colectivista, es la protección del individuo, contra la agresión de otro individuo o de un grupo.

 

José Benegas es abogado, periodista, consultor político, obtuvo el segundo premio del Concurso Caminos de la Libertad de TV Azteca México y diversas menciones honoríficas. Autor de Seamos Libres, apuntes para volver a vivir en Libertad (Unión Editorial 2013). Conduce Esta Lengua es Mía por FM Identidad, es columnista de Infobae.com. Es graduado del programa Master en economía y ciencias políticas de ESEADE.

Hay vida fuera del cochecito

Por José Benegas: Publicado el 17/4/14 en http://josebenegas.com/2014/04/17/hay-vida-fuera-del-cochecito/

 

El gobierno de la señora Kirchner ha entrado en la etapa de la intrascendencia. No se puede hablar de debilidad porque el kirchnerismo logró que la ilegalidad en la que se maneja sea tomada como normalidad. Una década medieval digamos, con elementos de culto al jefe de la banda sorprendentes, que se ha naturalizado. Por lo tanto las señora no pierde el poder hasta los últimos días dado que éste sistema político que más que encuadrar en el marco constitucional está descripto en el Código Penal (antes de la reforma), sigue fluyendo en recursos. Todavía hay un año para mandar farándula jubilada con contratos a defender a tontas y locas la inflación, la inseguridad, la mentira, el latrocinio y la frase tonta del día. Hay más de un año para hacer rendir el negocio de TV farandulera lobbista de tratar la política con formato de Polémica en el Fútbol y legitimar la canchereada asaltante. Pero la intrascendencia tiene que ver con la imposibilidad de armar negocios de largo plazo. Algunos amiguitos buscan convertirse en simples empresarios del juego en la Florida, otros fantasean con venderle sus activos a los chinos y algunos han hecho tanta que en realidad planean su jubilación prematura con fotos en la revista Caras. Todos cuentan con que un país que toleró a los kirchner estará dispuesto a reciclarlos por un poco de cercanía a la torta, alguna invitación o contacto. El sueño argentino de convertirse en un gran chorro. Y si no de tener una selfie con alguno. A la vez en el orden político Capitanich habla para sí mismo. Sólo por costumbre los diarios siguen destacando sus falacias diarias como si fueran noticia, pero las novedades del corazón son ya más atractivas que su mala imitación de Aníbal Fernández. Lo que digan, lo que hagan, empieza a no importar y no porque no puedan hacer todavía mucho daño. Lo están haciendo, pero todos sabemos que la oposición está barrenando y mandando a confeccionar la ropa con la que piensa asumir sus futuros cargos, así que por qué ocuparse de algo de lo que no se ocuparon en los últimos diez años, salvo excepciones, en los que ellos y sus empleados cobraron sueldos exorbitantes para no molestar. Pero acá viene la falla del plan. Existe una cosa que se llama realidad. El plan Kirchner es extender el naufragio hasta el 2015, con endeudamiento, con la soja o con la bendición vaticana. Les da igual, mientras puedan llegar. Arreglar no piensan arreglar nada. La señora dejará un país con un gasto público atroz, en recesión con inflación, el nivel de impuestos más alto de la región, con la declaración de su Corte de que gran parte de los recursos que ya se gastaron eran inconstitucionales, esto es las retenciones, así que habrá que devolverlas en juicios cuyas sentencias vendrán en los años del próximo gobierno y tampoco se contará con esos recursos. Lo cual no deja de ser una buena noticia. La realidad no lee a Durán Barba, así es que plantea una de estas posibilidades que no negocia: 1. Reducir el gasto público drásticamente. 2. Aumentar la inflación y/o los impuestos 3. Bicicletear la situación con refinanciamiento. 4. Ignorar el problema. De la Rúa se encontró con una encrucijada similar, pero el país estaba en calma y no tomado por el robo tolerado. No estaban los resortes económicos, el poder judicial y muchas empresas cooptadas desde la facción oficial, al menos en un nivel comparable al actual. Recibió un pase complicado y su naturaleza radical lo llevó a optar por una combinación de las salidas 2, 3 y 4. Sabemos cómo le fue ¿no? Los políticos en general son así, se preguntan qué cosa puedo hacer para no enfrentar el problema. Cualquier cosa que les digan la agarran, pero los nuestros exageran. En el mundo ponen el freno varias cuadras antes del iceberg, no aceleran. Hay algo que podríamos aprender: después de un gobierno que despilfarra, eso fue al final el gobierno de Menem, no puede venir una Alianza explicando que se ha despilfarrado poco o con un criterio no demasiado sensible. Para encarar la solución número uno, la adulta, la que nos salva de verdad, se necesita una batalla cultural contra el espíritu adolescente y parasitario con el que los K convirtieron a la Argentina en un rebaño. El desafío es enorme, pero los políticos de la oposición no dan señales de enterarse de la cuestión. Es tan infantil la Argentina que para muchos la esperanza es que todos mientan, que hagan “la gran Menem”, esto es decir una cosa para la tribuna (ellos) pero hacer otra. Después que él se haga cargo de los costos y si el plan falla se puede retomar la droga moral del llamado progresismo, mandando al titiritero al matadero. Pero esa vía también está agotada. Es decir o el país se enfrenta a su problema de 70 años de mentalidad parasitaria peronista, que incluye a radicales, socialistas, militares y todas las nuevas variantes de la política o sencillamente desaparece ¿Será mucho decir desaparece? Ya no lo creo. El cambio cultural no consiste en convencer a la gente de que debe sufrir. Esa es la visión adolescente de hacerse adulto. Lo que el país debe entender es que hay una felicidad en aceptar la realidad, en madurar, que se debe dejar de sufrir por la estupidez porque la vida sin costo no existe. El problema siempre es que el beneficio sea mayor que el costo, no que no haya costos como quieren los niños malcriados y los “progresistas”, aunque esto tal vez sea una redundancia. ¿Queremos salir de la pobreza y la declinación económica? Se necesita todo eso que la progresía enseña a la gente a odiar: empresas, empresarios, afán de lucro, comercio, apertura. También deshacerse de todo lo que ellos aman: subsidios, regalos, protecciones, consuelos. Si el nefasto sistema educativo que todos veneran prepara masas de profesionales para ser empleados (cosa que es un gran error), es una locura que el sistema mismo emita su credo anticapitalista del modo cerrado y obstinado en que lo hace. Pero la coherencia hay que encontrarla en la manipulación. Nuestro sistema así como lo dejan los K es una gigantesca maquinaria de frustración que provee ovejas para el sacrificio. Sacrificios que aumentan la frustración, pero a su vez el protagonismo de la visión negra de la vida, de la visión impotente en la que la izquierda puede administrar la depresión general con más resentimiento. A otra cosa mariposa. El cambio político, la solución económica y la campaña electoral de una opción electoral que no quiera terminar como de la Rúa, deben alinearse en un único sentido. Nunca ha habido una facilidad tan grande para diferenciarse de todo el resto, el problema es que la progresía también inyectó su maquinaria de frustración entre los políticos opositores. Lo que dicen que no se puede hacer, se puede hacer, es lo único que vale la pena hacer y nadie lo ha probado. Por más que los encuestados contesten que hay que tirarse al río, sabemos que no hay que hacerlo (¿lo sabemos?). Mientras se prueban el traje tantos futuros presidentes a lo mejor alguien les quita el guante, porque eso que está implícito en nuestra constitución histórica hace felices a los países, hace feliz a la gente. La Argentina ya lo probó. Hay vida fuera del cochecito. 

 

José Benegas es abogado, periodista, consultor político, obtuvo el segundo premio del Concurso Caminos de la Libertad de TV Azteca México y diversas menciones honoríficas. Autor de Seamos Libres, apuntes para volver a vivir en Libertad (Unión Editorial 2013). Conduce Esta Lengua es Mía por FM Identidad, es columnista de Infobae.com. Es graduado del programa Master en economía y ciencias políticas de ESEADE.