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SOBRE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Por Alberto Benegas Lynch (h).

 

Lo primero es consignar que nadie en ninguna parte es originario excepto del continente africano que es de donde provenimos los humanos tal como, entre muchos otros, lo explica en detalle Spencer Wells en su tratado que lleva el título de The Journey of Man.  A Genetic Odyssey. En todo caso se puede decir que unos arribaron antes que otros a distintos lugares pero sostener lo de los “pueblos originarios” fuera de África constituye una impostura.

 

En aquella línea argumental no se comprende como en Estados Unidos a los negros se les dice “afroamericanos” como si fueran un distintivo y como si los distinguiera de los blancos que, como queda dicho, también provienen de África. En este sentido, también el que ahora esto escribe es afroargentino y así sucesivamente con el resto de los habitantes del planeta Tierra.

 

También debe puntualizarse respecto a América que en rigor no cabe denominar a sus primeros habitantes “indios” puesto que esa calificación procede de un error geográfico de los que arribaron a esas tierras provenientes de Europa quienes consideraron que habían llegado a la India.

 

También es menester destacar que en algunos casos quienes se dicen los primeros habitantes no lo son como es el caso de los mapuches en territorio argentino ya que fueron los tehuelches los primeros. En este sentido es de interés puntualizar que contemporáneamente, debido a la influencia marxista, algunos grupos interpretan que los que adhieren a concepciones de esa tradición  de pensamiento son de facto pertenecientes a esa agrupación ancestral. Esta conclusión la vinculamos a una entrevista reciente de Jorge Lanata a un miembro de uno de esos grupos en la que queda al descubierto la llamativa contradicción del entrevistado al pretender tierra cuando, al mismo tiempo, su filosofía descree de la institución de la propiedad.

 

Sin duda hubieron explotaciones miserables por parte de muchos de los llamados conquistadores respecto a pueblos que se encontraban en el lugar, de allí es que surgieron los Fray Bartolomé de las Casas en diversas partes que operaban en defensa de los derechos de los locales lo cual incluye a descendientes de los mayas, incas y aztecas (y no digo “derechos humanos” porque constituye una logomaquía ya que no hay  derechos de vegetales, minerales o animales, son  siempre de los humanos). Pero  el problema de la eventual reparación por daños no parece que pueda resolverse de otro modo como no sea a través de las pruebas fehacientes en cuanto a signos válidos o títulos de propiedad para que se diriman los posibles conflictos en los estrados judiciales, tema debatido, entre otros, por Lysander Spooner, Robert LeFebre, Karen Da Costa y Carl Wanter. El asunto  es que en gran medida los primeros habitantes no parecían tener el concepto de propiedad privada y más bien de modo implícito usaban y disponían de todo el territorio al que tenían acceso, aunque debe distinguirse el cultivo permanente de la caza nómade. De todos modos por lo que se sabe, la idea de descubrimiento y consecuente posesión no resultaba clara.

 

Si no hay pruebas fehacientes no puede procederse a reivindicaciones que quedan como piezas retóricas. Salvando las distancias, el que estas líneas escribe puede eventualmente intuir que le pertenecen varias propiedades y parte del castillo de los Lynch en la ciudad irlandesa de Galloway (que hoy pertenece a un banco), pero no  hay pruebas, lo mismo va para la rama de la familia del autor de la presente nota en Andalucía y luego Castilla, por ejemplo respecto a los honorarios  considerados insuficientes por coetáneos cuando una integrante de la familia era dama de compañía de la reina Isabel la Católica (calcúlese a interés compuesto el  monto de la deuda desde el siglo xv descontada la inflación). Días pasados en un programa televisivo, el periodista Claudio Savoia manifestó que no le faltaban ganas de explorar si le pertenecían propiedades de la italiana Casa de Saboya, y así con infinidad de casos imposibles de probar y los más de dudosa verisimilitud.

 

El tema de la explotación siguió su curso tal como explica Juan Bautista Alberdi referido a la Argentina en el sentido de que con la llamada independencia la metrópoli dejó de explotar las colonias pero henos aquí que los habitantes se convirtieron en colonos de sus gobiernos “patrios”. Estas explotaciones principalmente fiscales fueron aun mayores que los Virreinatos del Perú, de Nueva España y del Río de la Plata. Esto fue muy distinto  en América del Norte donde en lugar de conquistadores españoles y portugueses los colonos se asentaron en esa zona escapados de la intolerancia religiosa y las restricciones a las libertades para instaurar una sociedad abierta. En cambio, la cruz y la espada hicieron estragos en América latina y en Brasil atando política y religión, mientras que en el Norte los Padres Fundadores establecieron “la doctrina de la muralla”, esto es, la separación tajante entre el poder político y las denominaciones religiosas.

 

En el Norte había tribus que través de la historia se han  destacado por conductas ejemplares, lo cual, por ejemplo, han descripto maravillosamente autores como Charles A. Eastman en su Indian Boyhood (también autor de The Soul of the Indian) donde muestra tribus estadounidenses que consideraban un crimen el tener esclavos y no podían entender como los tenían los blancos. También, entre otras cosas, algunos renunciaron a toda ayuda gubernamental y a vivir en reservas estatales todo lo cual estimaban “una degradación física y moral”, Eastman subraya el aprecio y especial cuidado en esas tribus por los mayores y las tradiciones de respeto recíproco.

 

Thomas Jefferson en carta a James Madison fechada en Paris el 30 de enero de 1787 escribe que “La gente concluye apresuradamente que debe vivirse bajo un gobierno, lo cual no está fundado en la verdad ni en la experiencia. Las sociedades viven bajo tres formas 1) sin gobierno como entre los indios […] No tengo claro en mi mente si la primera forma no es la mejor”. Es en este sentido de interés explorar la forma de operar de algunas sociedades de “indios”, lo cual es mencionado en la obra de David Lavender Let Me Be Free donde el autor centra su análisis en la tribu Net Perce de Oregon en Estados Unidos, donde sus descripciones de la caballerosidad de estas personas y las traiciones e incumplimiento de la palabra empeñada por parte de los blancos. Algo parecido ocurrió con algunas tribus en América latina descriptas por el antes mencionado Fray Bartolomé de las Casas en cuanto a corrección y costumbres respetuosas de sus integrantes y también en cuanto a sistemas de solidaridad entre ellos para la educación y el cuidado de huérfanos y desvalidos.

 

Los abusos de los conquistadores fueron apoyados y estimulados por no pocos sacerdotes y órdenes religiosas por ello es el pedido de perdón de Juan Pablo II en nombre de la Iglesia. De allí es que surgió el anticlericalismo, es decir, la opinión que los representantes de la Iglesia no debían intervenir en asuntos políticos (movimiento en el que también tuvieron lugar abusos como expropiaciones de propiedades de la Iglesia) ni tampoco en cuanto a políticas educativas más allá de la esfera parroquial ya que en muchos ámbitos latinoamericanos se había enfrascado en enseñanzas nacionalistas en combinación con cierto espíritu militar. Cuando la Iglesia le limitó a la educación parroquial en competencia con otras instituciones laicas y otras denominaciones religiosas los resultados fueron sumamente fértiles, igual que cuando las misiones evangelizadoras fueron voluntarias. En cambio, cuando se pretendió el monopolio del catolicismo o cuando se “evangelizó” con el uso de la fuerza el atropello a los derechos fue inexorable y, por ende,  los resultados fueron naturalmente nefastos.

 

Esta intervención de la Iglesia en política fue en gran media el resultado del Real Patronato por medio del cual el Papa otorgaba a los reyes católicos españoles y sucesores facultades propias de la Iglesia (incluso la posibilidad de nombrar obispos).

 

Por supuesto que también había tribus agresivas e irrespetuosas del prójimo sea con sus colegas o con los blancos. En este sentido es del caso hacer alguna referencia a la ilustrativa expedición militar en territorio argentino. Fue principalmente dirigida por el general Julio A. Roca (ministro del presidente Avellaneda) y votada en el Congreso de la Nación en defensa propia contra las invasiones de tribus araucanas provenientes de Chile y con carácter reivindicatorio. Las acciones violentas de diaguitas, abipones y los antes referidos mapuches fueron reiteradas respecto de asentamientos de criollos. Los malones en forma constante atacaban posiciones de los blancos, arrasando con instalaciones, robando caballos, ganado vacuno y fusiles, al tiempo que secuestraban mujeres (a las que se les hacía un tajo en la planta del pie para que no pudieran escapar). Acompañaban a los soldados en esa reconquista en cantidades considerables -en calidad de testigos- sacerdotes de prestigio (como Monseñor Antonio Espinosa), reconocidos periodistas (como Remigo Lupo) y científicos de renombre (como Adolfo Doering y Pablo Lorenz). Colaboró decididamente en la defensa de Buenos Aires Adolfo Alsina con su célebre zanja de 400 kilómetros.

 

El caso latinoamericano de la explotación de la metrópoli comenzó a debilitarse a raíz de las guerras napoleónicas, especialmente debido a la abdicación de Carlos iv en Fernando vii quien fuera reemplazado por José Bonaparte. Esto condujo a las Juntas de Cádiz, al Consejo de Regencia y las Cortes de Cádiz y la Constitución liberal  de 1812 (en esa asamblea la palabra liberal dejó de ser un adjetivo –generoso- para convertirse en un sustantivo: como opuesto a servil).

 

Es de gran importancia enfatizar que a las Cortes de Cádiz las Américas españolas tenían derecho a hacerse representar como diputados también por “indios” ya que, por definición, el liberalismo considera a todos los seres humanos como iguales en derechos (el espíritu liberal de los diputados españoles provenía de la segunda tanda de la Escuela de Salamanca).

 

En Portugal el sistema colonial tuvo mayor duración como consecuencia de que la Corte se mudó a Brasil y, como se ha dicho, en Estados Unidos el dominio de Jorge III se interrumpió con la revolución estadounidense que constituyó un ejemplo a seguir para la independencia de los pueblos latinoamericanos, aunque, como se ha expresado más arriba, no con sus correspondientes libertades las cuales se recuperaron en algunos países como la Argentina desde su Constitución liberal de 1853 (que tomó principalmente como base la Constitución  estadounidense y la de Cádiz) hasta el golpe fascista del 30 muy acentuado a partir del peronismo y sus imitadores.

 

En todo caso, en esta nota apuntamos a dejar sentado de manera breve el sentido de los denominados pueblos originarios y la importancia de respetar a todas las personas sin importar su origen, sus costumbres y sus religiones ya que desde la perspectiva liberal solo es lícito recurrir al uso de la fuerza allí donde hay lesiones de derechos.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

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¿LA CIUDAD DEL FUTURO?

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Lo primero que hay que resaltar es que nadie conoce el futuro puesto que no pueden anticiparse los millones de sucesos que ocurren en el presente y han ocurrido en el pasado que influirán en el más adelante, además de  procesos nuevos que se acoplan en el devenir de los acontecimientos. De todos modos pueden conjeturarse ciertos fenómenos con las reservas del caso, en realidad de modo cotidiano es lo que se hace con la idea de preveer las consecuencias de nuestros actos que en ausencia de esas conjeturas quedaríamos paralizados.

 

En este contexto es que pueden formularse hipótesis respecto a las ciudades del futuro en vista de algunas tendencias y preferencias que benefician  a la gente al internalizar costos y no hacerles pagar coactivamente a quienes no recurren a tal o cual servicio (por ejemplo, cuando pagan por rutas quienes no tienen automóvil…ni por espacios y rutas aéreas si el día de mañana esos vehículos volaran o, como ha sugerido Elon Musk, capas de plataformas subterráneas de alta velocidad).

 

Últimamente se han publicado infinidad de trabajos imaginando asignación  de derechos de propiedad a todo lo que hoy se da por sentado que debe ser estatal, obras en la que se ejemplifica con casos muy relevantes que operan en la actualidad. En este sentido, se destacan muy especialmente The Voluntary City. Choice, Community and Civil Society que contiene valiosos y voluminosos  escritos editados por David. T. Beito, Peter Gordon y Alexander Tabarrok con un ponderado prólogo de Paul Johnson, y también el magnífico Public Goods and Private Communities. The Market Provision of Social Servicies por Fred Foldvary.

 

En una nota periodística no pueden abarcarse todas las aristas que ofrecen los temas inherentes al tema planteado por lo que nos concentraremos solo en las calles, avenidas y carreteras al efecto de ilustrar un aspecto del asunto que implícitamente abarca otras facetas. De entrada resaltamos que la aludida asignación de derechos de propiedad a las vías de comunicación terrestres no significa para nada la incomunicación del mismo modo que a nadie en su sano juicio se le ocurriría a esta altura del partido afirmar que la telefonía privada bloquea la comunicación cuando, muy al revés, la intervención estatal en el rubro obligaba a la gente a gritar puesto que la incomunicación estaba a la orden del día y el contar con un teléfono constituía un privilegio enorme.

 

Entonces veamos lo que ocurre en un centro comercial (shopping): calles internas bien iluminadas, sin baldozas destrozadas y donde la inseguridad es inexistente puesto que los incentivos operan  en  esa  dirección para proteger y atraer a clientes efectivos o potenciales en un contexto donde no se cobra el tránsito puesto que los comerciantes desean contar con la mayor clientela posible.

 

Lo que sugieren las obras mencionadas es que las zonas urbanísticas del futuro se concreten en barrios residenciales donde van los dueños, sus inquilinos y sus invitados, los barrios industriales donde se ubican las fábricas y oficinas y los antes mencionados barrios comerciales donde se agregan a los negocios habituales, las atenciones a la salud, los lugares bailables, los estudios profesionales, los espacios verdes, teatros, restaurantes y demás emprendimientos dirigidos al público en general.

 

Esta situación urbanística requiere calles interiores y avenidas sin cargo en los barrios residenciales (hoy denominados barrios cerrados) y los referidos barrios comerciales y pagos las rutas y carreteras privadas donde el costo lo abonan quienes las utilizan (donde puede concebirse que en algunos casos sean también sin cargo o privadamente subsidiados cuando el negocio es inmobiliario  a los costados de la ruta o carretera que, según el tráfico pueden ser de más de un piso).

 

En esta línea argumental aparecen dos supuestos contra-argumentos: las comunicaciones terrestres que son inviables por ser antieconómicas y la supuesta “exclusión” que significan los barrios residenciales a la manera de los barrios cerrados. En primer lugar, si ciertas comunicaciones terrestres son antieconómicas (lo cual no se limita a las rutas, accesos y carreteras sino a los ferrocarriles, colectivos, líneas aéreas y de navegación marítima) es porque significan consumo de capital, situación que, a su turno, se traduce en contracción de salarios en términos reales puesto que éstos son consecuencia de las tasas de capitalización. A su vez, este derroche implica que inexorablemente se extiendan las zonas inviables ya que la pobreza es mayor. Si al comienzo de cada país, los contribuyentes se ven forzados a financiar elefantes blancos, nunca despega. Se sostiene que aquella financiación forzosa es un acto de “solidaridad” lo cual rechaza la misma idea de caridad que, por definición, trata de actos voluntarios con recursos propios. Un acto de solidaridad no es arrancar las billeteras y las carteras de unos y entregar el fruto del trabajo ajeno a otros (sin contar lo que se queda en al camino cuando intervienen los aparatos estatales). Como se ha dicho “la primera regla de la economía es que los bienes son escasos y la primera regla de la política es desconocer la primera regla de la economía”.

 

En segundo lugar, la “exclusión” que se atribuye despectivamente a los llamados barrios cerrados no solo no excluye en el sentido peyorativo sino que incluye puesto que refuerza los incentivos por la seguridad jurídica que implica. En otro sentido, la asignación de derechos de propiedad naturalmente excluye a los no son propietarios del bien en cuestión de la misma manera que siempre incluye a los que son dueños de ropa, alimentación y  vivienda. Lo contrario se degrada en “la tragedia de los comunes” (lo que es de todos no es de nadie con el consiguiente uso desaprensivo del bien). Entonces, si lo que se quiere decir por “excluidos” en el sentido de marginados y empobrecidos, debe comprenderse que la receta más contundente para aumentar la insatisfacción consiste en atacar  las garantías a la propiedad, es decir, cuando alguien produce algo bloquear el uso y disposición por parte del titular.

 

Como hemos consignado en otra oportunidad, el origen de este análisis debe verse en los canales navegables más importantes en Inglaterra y Estados Unidos financiados privadamente por peajes en el siglo xviii donde se abrieron las puertas al progreso tecnológico en esta materia a través de sistemas de dragados, túneles, exclusas y puentes. Asimismo, los caminos siguieron en muchos países europeos el mismo derrotero:  los de tierra se convertían en puro lodo en épocas de lluvias y en un terragal insoportable en épocas de seca. En la antigüedad la construcción de caminos eran sinónimo de esclavitud pero con el tiempo la faena fue responsabilidad de los pobladores y de las parroquias (en tiempos de las Cruzadas había obispos que otorgaban indulgencias para constructores de caminos y su respectiva manutención).

 

Contemporáneamente, los canales de Suez y Panamá fueron financiados por medio de la venta de acciones y la colocación de títulos en los mercados de capitales mundiales. Hoy el Eurotúnel une el continente con Gran Bretaña  a través del Canal de la Mancha en un emprendimiento que cuenta con 560.000 accionistas.

 

Cuando se comenzó a utilizar el hierro, la invención de John McAdam y el asfalto hizo que los caminos pasaran al primer nivel de atención. Se utilizó el sistema de los turnpikes (peajes) como sistema de financiación en Inglaterra, Irlanda, Bélgica y Estados Unidos. Tal como sucedió en otras áreas, los gobiernos comenzaron a entrometerse en los negocios privados, en este caso, primero regulando precios, luego a través de shadow prices que simulaban peaje pero entregando diferencias directamente a los propietarios como una medida “política” hacia los usuarios y en algunos casos haciendo aparecer directamente como si no hubiera peaje (como si los caminos fueran “gratis”). La reiteración de estas políticas que disminuían las entregas gubernamentales, junto con la irrupción del ferrocarril mandaron a no pocos operadores a la quiebra lo cual, en lugar de corregir la situación, hizo que los gobiernos tomaran lo que fue un negocio en una gestión estatizada.

 

Después de un largo tiempo volvió a aparecer el sector privado en el negocio pero bajo la figura de “la concesión” lo cual mantiene la politización del área. Esto fue primero en varios países europeos, Estados Unidos y Japón, en este último caso eliminando el eminent domain, a saber, la eliminación de la expropiación para “causa de utilidad pública”, es decir, el trazado de la construcción de caminos sin afectar el derecho de propiedad. La nueva aplicación del peaje primero se llevó a cabo con tolltags y luego el cobro electrónico sin barreras.

 

La figura de la concesión, entre otras cosas al mantener la propiedad en manos estatales, no permite al operador recurrir al camino como colateral para recurrir al crédito y, en general, le resta autonomía financiera. Al mantener la propiedad en la órbita estatal se facilitan intromisiones y politizaciones del negocio y problemas cuando se acerca el vencimiento del contrato (salvando las distancias, también la concesión afecta gravemente la libertad de prensa al no vender el espectro electromagnético).

 

En el caso que venimos comentando, la asignación de derechos de propiedad no solo permite la mayor flexibilización del negocio y el mejor rendimiento en competencia (también con otros medios de transporte) sino que se resuelve el tema de la optimización de las normas de tránsito, la pornografía, la prostitución, el uso de estupefacientes, las protestas sociales, al tiempo que las quejas eventuales de usuarios son debidamente atendidas para prosperar.

 

No es que la eliminación del uso desaprensivo de la politización haga desaparecer errores, la imperfección es la característica del ser humano, de lo que se trata es de minimizar problemas pasando al campo de lo voluntario y pacífico y, en esta etapa del proceso evolutivo, mantener al aparato de la fuerza que denominamos gobierno en el terreno de la protección de los derechos de todos.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Conflicto docente: ¿y la educación?

Por Carlos Alberto Salguero. Publicado el 3/4/17 en: http://www.rionegro.com.ar/portada/opinion/conflicto-docente-y-la-educacion-YM2529032

 

La causa inmediata que surge de analizar el conflicto docente, según la evidencia, es atribuible a los persistentes déficits del presupuesto, pero las raíces más profundas deben buscarse en las desafortunadas decisiones de política económica llevadas a cabo por Argentina durante los últimos setenta años, el populismo nacional. Curiosamente, las mismas razones que defiende el más expuesto dirigente sindical, Roberto Baradel, quien lejos de enfocar sus esfuerzos en intentar zanjar el problema, sistemáticamente, ha adoptado una postura radicalizada y concebida para dividir, estrechamente identificada con su filiación política, el kirchnerismo.

Quien crea en las buenas intenciones del líder sindical y su entorno bien peca de naíf, o bien de malintencionado. Pues sólo hay una cosa que es clara en este conflicto, el leitmotiv: “No importa la educación”. Como solía decir el gran economista Milton Friedman “nada es gratis”, sobre todo para los alumnos, quienes sin dudas soportarán los más altos costos; pero todavía hay un examen más triste y vil, ni siquiera tendrán conciencia de su propia ignorancia.

Parafraseando al premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, podría decirse que el kirchnerismo es elegir el error, es el partido de la expresidenta procesada por asociación ilícita y de los resentidos más aberrantes, llenos de odio, de rencores viscerales, enfermos de rabia inexplicable hacia todo lo bueno que sea diferente a su manera tajante y fanática de ver las cosas; son por lo general incultos e ignorantes, mediocres de mediocres y ahora, por supuesto, los que quieren empujar hacia el abismo a las futuras generaciones de argentinos.

Las fallidas políticas económicas del Estado condujeron a que en nuestros días sea muy común incluir a la economía argentina en la misma categoría que otras naciones de Latinoamérica. Incluso hay quienes la ponen aún por debajo de dicho ranking. ¡La debacle ha sido fenomenal! Un país que era democrático cuando tres cuartas partes de Europa no lo era y que era uno de los más prósperos de la Tierra cuando América Latina era un continente de hambrientos, de atrasados. La mayoría de los economistas que escribieron durante las tres primeras décadas del siglo XX habrían ubicado a nuestro país entre los más avanzados, tales como los líderes de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá o Australia. En aquellos años hubiese sido absurdo calificar a la Argentina como un país subdesarrollado en el sentido que hoy se le asigna al término.

Tan particular es el caso argentino que fue tipificado por el premio Nobel de Economía Simon Kuznets, quien dijo: “Existen 4 tipos diferentes de países: los países desarrollados, los subdesarrollados, Argentina y Japón”. El énfasis que puso el autor en Argentina se sustenta en un extraño infortunio, justamente, por tratarse del único caso de un país que fue en apariencia desarrollado en la década del 20 y, a partir de allí, se subdesarrolló.

La educación ha sido determinante en la historia Argentina y su referencia obligada, como prueba más cabal y absoluta, es Domingo Faustino Sarmiento, quien centró la mayor parte de su esfuerzo en la promoción de la educación, y así, el primer país del mundo que acabó con el analfabetismo no fue Estados Unidos, ni tampoco Francia, fue Argentina, con un sistema educativo que era un ejemplo para todo el mundo. Ese país era un país de vanguardia.

La educación argentina no debe perderse en mezquindades ni en sesgos partidarios, sino retornar al rumbo que sentó las bases de la Generación del 80, la época dorada de la educación que, como país, nos puso a la par de las grandes potencias.

Hay que dejar de elegir las peores opciones y perseverar en el error. No se deje engañar, la opción no es Baradel ni lo que representa, o no habrá límites para la caída, y las catástrofes seguirán sucediendo.

El primer país del mundo que acabó con el analfabetismo no fue Estados Unidos, ni tampoco Francia, fue Argentina, con un sistema educativo que era un ejemplo.
La educación argentina no debe perderse en mezquindades ni en sesgos partidarios, sino retornar al rumbo que sentó las bases de la Generación del 80.

 

 

Carlos Alberto Salguero es Doctor en Economía y Máster en Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Lic. en Economía (UCALP), profesor titular e investigador en la Universidad Católica de La Plata y egresado de la Escuela Naval Militar.

El derecho de protesta en EE.UU.

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 30/3/17 en: http://www.lanacion.com.ar/2001370-el-derecho-de-protesta-en-eeuu

 

Las protestas callejeras y en los espacios públicos están creciendo en intensidad en toda la región. Hace pocos días, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez emitió un decreto por el que prohíbe los piquetes que comenzaron a cortar calles o rutas en su país, como si de pronto hubiera aparecido un repentino derecho a hacerlo. En paralelo, la ciudad de Buenos Aires se ha transformado en un despiadado infierno que por momentos tiene presos a sus habitantes en una madeja de maldades callejeras frecuentemente alimentada por los resentimientos. Mientras esto sucede, las más altas autoridades de la ciudad se rehúsan a hacer cumplir la ley. Como si esa fuera una opción válida y no una conducta vergonzosa con la que traicionan a sus mandantes. La consecuencia es el florecer de las anomia, con todos sus peligros y connotaciones.

Es como si de pronto no pudiera haber protestas sin que ellas provoquen molestias graves o hasta daños a terceros. Se procura generar no sólo inconvenientes menores, sino perjuicios graves. Para quienes protestan, los demás parecen apenas un blanco a impactar. Lo más duro posible. Sin mayores miramientos.

Ante ese estado de cosas, vale la pena reseñar, muy brevemente, cuáles son los “límites” de las protestas en otro universo. En uno de los países más apegados a la ley de nuestro hemisferio: los Estados Unidos. A la manera de ejemplo y de recordatorio de que el prójimo existe. Y que es nada menos que un conciudadano. Con derechos y urgencias incuestionables. A quien es realmente enfermizo tratar apuntar, en procura de lastimarlo todo lo que sea posible. Actitud que obviamente destierra la solidaridad social.

En los Estados Unidos, cuya Constitución -cabe recordar- inspirara a la nuestra, el derecho a protestar pacíficamente goza, como sucede también entre nosotros, de una clara protección constitucional. Pero tiene límites. La protección constitucional es importante, porque se trata de un derecho no menor, íntimamente vinculado con la libertad de expresión. Pero con límites, porque quienes lo ejercen deben respetar las normas que regulan su ejercicio.

 

Las protestas sociales pueden realizarse en los espacios públicos, tales como plazas, calles, o veredas. Por lo general, para poder realizarlas en los lugares públicos se requiere obtener previamente los permisos que en cada caso correspondan. Estos, en líneas generales, deben ser conferidos mediante el cumplimiento de requisitos siempre razonables y no pueden negarse en función de la razón o del contenido de la respectiva protesta, salvo que con ella se incite a la violencia o, de pronto, se convoque a cometer actos ilegales. Tampoco pueden denegarse en función de quien es la persona o la entidad específica que los solicitan.

Si la protesta se realiza en las calles o concentra a un número importante de personas o usa amplificadores o parlantes, los permisos previos son generalmente necesarios, salvo que la protesta responda a un incidente o a un episodio repentino, uno que efectivamente acaba de suceder.

Una protesta menor, que tenga lugar sólo en alguna parte de las veredas y que obedezca razonablemente las señales de tránsito, suele no requerir autorización alguna. Si con ello no se interrumpe, ni bloquea, la circulación. Quienes protestan pueden distribuir panfletos, llevar carteles y hasta solicitar firmas en su apoyo. Pero no pueden forzar, nunca, a otros a “tener que recibir” lo que ellos pretenden entregar a terceros. Menos aún por la fuerza.

En los EEUU, el uso de tambores, instrumentos o cánticos está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución federal, aquella que expresamente garantiza la libertad de expresión. Existe asimismo el derecho a usar máscaras durante las protestas. Pero, si con ellas en la cara, de pronto se violan normas o se oculta la identidad en manifestaciones que no cumplen con la ley, puede incurrirse en conductas severamente penadas, de distinto tipo. Las protestas deben, por lo demás, respetar las normas sobre los niveles sonoros o de ruidos admisibles. Nunca pueden ser ensordecedoras, como algunos pretenden. No es lo mismo aturdir, que convencer, es evidente.

Cuando quienes protestan no son residentes permanentes de los EEUU, ellos pueden ser objeto de investigaciones especiales. Lo mismo ocurre cuando se trata de inmigrantes, a los que se aconseja siempre llevar con ellos -preventivamente- el teléfono de su abogado para cualquier contingencia que aparezca.

La protección al derecho constitucional a la protesta no se aplica cuando se violan domicilios o propiedades, o espacios de terceros. En ningún caso. Cede, entonces, frente al derecho de propiedad. Ni cuando se desobedecen o se interfiere con órdenes emanadas legalmente del personal policial, las que siempre deben respetarse. Ni tampoco existe ni se reconoce protección cuando quienes protestan realizan acusaciones falsas contra funcionarios públicos.

No puede haber protestas presuntamente pacíficas que, en la realidad, consistan en actos o en actividades ilegales. Si estas cosas suceden, los responsables no están a cubierto de tener que asumir todo lo que legalmente les corresponda como consecuencia de sus conductas antisociales.

Siempre en los EE.UU., toda protesta que, sin permiso previo, interrumpa la circulación de vehículos o de personas es, en principio, considerada como ilegal. Nadie tiene, por lo demás, derecho alguno a la protesta, si con ella pone en situación de peligro a los demás. Si esto sucede, los responsables son generalmente pasibles de arresto.

Tampoco se permiten las protestas con las que se bloquean efectivamente los accesos a edificios o instalaciones. Ellas son ilegales. Las protestas, por lo demás, no pueden consistir en generar molestias físicas a la gente. Nunca.

La regla general en el país del norte es que las protestas no pueden realizarse en terrenos o locales de propiedad privada, incluyendo a los malls o shopping centers. Para poder hacerlas, se requiere la autorización del respectivo propietario, quien no está obligado a conferirla. Nadie tiene el derecho de permanecer en protesta dentro de una propiedad perteneciente a un tercero, si éste le solicita específicamente que se retire.

Estos son los parámetros generales que gobiernan el derecho a la protesta en los EE.UU. Como siempre, su efectividad depende de cómo, dentro de la ley, se los protege y respeta.

En conclusión, salvando las obvias distancias, la reglamentación del derecho de protesta en los EE.UU. reconoce que se trata de un derecho sustantivo, al que cabe reglamentar definiendo sus fronteras y parámetros, para tratar de evitar los abusos.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Sí, hay que liberar el mercado de trabajo

Por Iván Carrino. Publicado el 12/1/17 en: http://inversor.global/2017/01/si-hay-que-liberar-el-mercado-de-trabajo/

 

Contrario a lo que suele creerse, una mayor libertad del mercado laboral es positiva tanto para las empresas como para los empleados.

Hay una afirmación que no creo que nadie esté dispuesto a rechazar: los impuestos y las regulaciones son contrarios a la libertad. Nadie, ni a la derecha ni a la izquierda del espectro político y económico, se atreverá a discutir esta verdad evidente.

Esto no quiere decir que toda regulación sea mala… La “regulación” que impide y castiga el delito claramente está en contra de la libertad de los delincuentes… Pero existe para preservar la de las potenciales víctimas. Obvio.

Ahora aplicado a otros ámbitos de la vida, los impuestos y las regulaciones, al inhibir la libertad, se convierten en una verdadera carga para el desarrollo.

Un ejemplo sencillo bastará para entender. Si a una botella de agua mineral que cuesta $ 20 en el mercado se le carga un impuesto del 50%, lo más probable es que los consumidores desistan de comprarla, pasándose al consumo de gaseosas, aguas saborizadas, o bien agua corriente. Por otro lado, si antes de comprar la botella, el gobierno exige que se llenen 5 formularios diferentes y se pidan permisos especiales, es evidente que el incentivo para comprar la botella será menor.

Lo mismo pasa en todos los mercados. Más impuestos al consumo equivalen a menos consumo. Más regulaciones, ídem. En el mercado laboral la situación no es distinta.

Sin embargo, en Argentina, regulaciones e impuestos están a la orden del día. La ley de contrato de trabajo tiene 277 artículos y cerca de 26.000 palabras donde se regulan temas como la indemnización por despido, las vacaciones, el salario mínimo, o el mínimo de días de preaviso cuando se desea finalizar una relación laboral.

Además, la carga tributaria sobre el empleo es sideral. De un salario bruto de $ 10.000, $ 4.000 son tomados por el estado para financiar el gasto previsional, obras sociales y otros conceptos asociados a la seguridad social. Eso explica que de $ 10.000 brutos, solo $ 8.300 lleguen al bolsillo del trabajador pero $ 12.300 salgan de la caja de la empresa.

En el medio está el estado, “cuidándonos”…

El problema es que, como decíamos, todas estas trabas lo único que hacen es desestimular la contratación. De acuerdo a los libros de texto, salarios mínimos demasiado elevados, o fuertes regulaciones laborales terminan generando desempleo, ya que el costo de contratar es demasiado alto. Sin  embargo, en la realidad lo que sucede es que las empresas y los empleados se vuelcan al mercado negro.

En Argentina, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, el sector informal abarca nada menos que al 34% de los trabajadores. Y es por eso que en el gobierno están barajando la idea de reducir la carga tributaria sobre el empleo y también flexibilizar el mercado laboral.

Obviamente, esto último nadie lo quiere decir. De acuerdo con el libreto políticamente correcto, la flexibilización es lo peor que puede pasarle a los trabajadores, porque los empresarios los comenzarían a “explotar”.

Esto es totalmente falso. En primer lugar, porque, como decíamos, si las regulaciones son excesivas, aparecerá el mercado negro, donde el estado pierde todo el control sobre lo que allí sucede. En segundo lugar, porque un mercado laboral más libre no solo es bueno para las empresas, sino para todos los que quieran obtener un empleo.

Una institución que mide la libertad de los mercados laborales en el mundo es la Fundación Heritage de los Estados Unidos. Para evaluar los mercados de trabajo, Heritage toma en consideración la existencia y el monto del salario mínimo, la rigidez en las horas de trabajo, la dificultad para despedir empleados, el monto de las indemnizaciones que se imponen a las empresas, el preaviso y las trabas para contratar.

Si los obstáculos son altos, dirán que el mercado es poco libre, mientras que de haber pocas trabas, estaremos en un mercado flexible.

Los cinco países de más de un millón de habitantes que mejor se ubican en este índice son Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, Dinamarca y Nueva Zelanda. Entre ellos, en Estados Unidos y Dinamarca el despido es libre, por lo que las empresas no deben indemnizar al empleado si deciden no continuar empleándolo.

Uno podría pensar que con tanta libertad, muy mal les está yendo a los trabajadores de esos países. Sin embargo, estamos frente a los salarios más elevados del planeta.

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En promedio, un danés tiene un salario anual de USD 63.700; un norteamericano ingresa USD 58.700; un neozelandés USD 43.100, mientras que en Singapur los trabajadores ingresan USD 38.800 y en Hong Kong USD 23.900.

Por si esto fuera poco, las tasas de desempleo también son muy bajas. Y no casualmente, muy inferiores a las existentes en Argentina.

Claro que no todo pasa por la rigidez o flexibilidad del mercado laboral. El país que sigue en este ránking es Namibia, cuyo desempleo supera el 18% y cuyo PBI per cápita es de USD 4.500. Obviamente, a la libertad del mercado laboral hay que acompañarla con una democracia republicana, paz y respeto por los derechos de propiedad, entre otras cosas.

Sin embargo, dado que muchas de esas cosas sí tiene nuestro país, no es un mal momento para pensar en tener un mercado laboral más libre. Una menor presión tributaria sobre el empleo reducirá el costo laboral e incrementará el salario de bolsillo. Además, menos trabas burocráticas harán más atractiva la contratación, y aumentarán el empleo y la formalidad.

Es que, en definitiva, los intereses de los trabajadores y de los empresarios no son contrarios. Cuanto más fácil sea contratar, más empleo habrá. Y en la medida que crezca la competencia entre empresas, más subirán los salarios en términos reales.

Necesitamos más libertad para volver a crecer y convertirnos en un país rico. No hay otro camino.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

El “papa negro”, el jesuita venezolano Sosa Abascal, parece conocer bastante mas que el “papa blanco”

Por Martín Krause. Publicada el 20/10/16 en: http://bazar.ufm.edu/el-papa-negro-el-jesuita-venezolano-sosa-abascal-parece-conocer-bastante-mas-que-el-papa-blanco/

 

El diario La Nación publica un artículo titulado “El ‘papa negro’ no ve salida a la crisis”, en el cual las declaraciones de Arturo Sosa Abascal, superior general de los Jesuitas, muestran que parece conocer bastante más de economía que nuestro ‘papa blanco’, Francisco. Éste ha planteado los temas desde una perspectiva simplista y repetida: la culpa es de los capitales financieros y su afán de lucro. Sosa Abascal, en cambio (claro, vive en Venezuela, donde las cosas están muy claras y a la vista), presenta algunos comentarios teóricamente mucho más sólidos: http://www.lanacion.com.ar/1948269-el-papa-negro-no-ve-salida-a-la-crisis

Primero van sus comentarios, luego algunos párrafos del libro El Foro y el Bazar sobre la teoría:

“La situación en Venezuela es muy difícil de explicar al que no vive allá y como profesor universitario y analista político siempre tuve que reiterar como una letanía que no se entiende qué pasa en Venezuela si no se recuerda que el país vive de la renta petrolera, que administra con exclusividad el Estado”, explicó.

“Entonces sucede algo que pone cuesta arriba la formación de una sociedad democrática. Normalmente, el Estado tiene que estar subordinado a los ciudadanos porque son ellos quienes mantienen el Estado, pero [en el caso de Venezuela], debido a la renta petrolera, es el Estado quien mantiene la sociedad y esto hace muy difícil la creación de un Estado democrático”, indicó.

Ahora la renta petrolera no alcanza y la sociedad venezolana está mal mantenida por un “Estado gigante”, algo que provoca “mucho sufrimiento”, también dijo. “El modelo político de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, basado en un proyecto rentista, ya no se sostiene”, afirmó. “Pero algo parecido hay que decir de la oposición venezolana, que tampoco tiene un proyecto rentista diferente, que es lo que se necesitaría para salir a largo plazo de esta situación en la que está el país”, agregó.”

Aquí, algo del libro sobre el mismo tema:

Una reconocida causa de “fracaso del Gobierno” es la que resultaría de lo que se ha dado en llamar “la maldición de los recursos naturales”, aludiendo así al caso de países que descubren un importante recurso natural, pero aquello que representaría en otro caso una gran oportunidad termina hundiendo al país en la pobreza e incluso la guerra civil.

El sentido común diría que un país que descubre recursos puede aprovecharlos para crecer, y en verdad así ha sido el caso en países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Chile o Botsuana. Pero en algunas investigaciones empezaron a descubrirse casos donde el crecimiento de países ricos en recursos era menor que aquellos que no los tenían. ¿Cuáles serían las causas de esta maldición?

Una de las primeras explicaciones vinculaba ese fenómeno con la llamada “enfermedad holandesa”: la pérdida de competitividad de una economía derivada de la revaluación de su moneda, a su vez causada por el importante volumen de exportaciones de un determinado recurso natural, que llevaba al tipo de cambio del mercado a un nivel muy bajo, para que el resto de las actividades de producción de bienes transables pudiera competir con las importaciones. El desarrollo de este concepto se atribuye al trabajo de Corden y Neary (1982).

Hasta aquí se trata de explicaciones “económicas” sobre la maldición; luego comenzaron a presentarse otras relacionadas con cuestiones institucionales y en particular “fallas del Gobierno”. Atkinson y Hamilton (2003) analizaron un conjunto de noventa y un países durante dieciséis años y encontraron que los más afectados por la maldición mostraban elevado gasto público y problemas fiscales, habiendo dilapidado las rentas del recurso. Torvik (2002) y Mehlum et al (2006) se centran más enfáticamente en las fallas del Gobierno y señalan que la existencia de la renta de ese recurso desata la competencia por obtenerlas promoviendo esa actividad, en detrimento de la actividad productiva. La búsqueda de rentas se vuelve mucho más rentable. Robinson et al (2006) señalan que al boom generado por el recurso lleva al gobernante a actuar en forma oportunista, tratando de maximizar la posibilidad de su reelección empleando más gente en el sector público. Esto traslada fuerza de trabajo del sector más productivo al menos productivo. A esto habría que sumarle más corrupción, compra de votos y clientelismo.

La falla “institucional” lleva a Karl (2007) a señalar que un marco institucional conducente al progreso y al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos es normalmente el resultado de una serie de intercambios de recursos (impuestos) por instituciones. Las limitaciones al poder monopólico otorgado al Gobierno son aceptadas por este, porque los recursos provienen de contribuyentes que exigen rendición de cuentas sobre su dinero, o al menos sienten la presión impositiva en contraposición con los servicios que del Gobierno reciben. Pero si el Gobierno se financia ahora con fondos que obtiene del recurso, no tiene por qué rendir mayores cuentas a nadie. Como el cobro de impuestos ha generado siempre algún tipo de resistencia o incluso revueltas en la medida que se exagera sobre la forma de utilizarlos, y el endeudamiento depende de la capacidad de demostrar un flujo regular de ingresos, los Gobiernos tuvieron que limitar sus poderes para poder recaudar esos impuestos (el principio de que no habrá impuestos sin representación). Cuando se financian con los fondos de la renta de un cierto recurso esas presiones no se producen. En muchos estados petroleros, por ejemplo, la negociación siempre ha sido entre el Gobierno y las empresas petroleras, ya que estas han sido los “contribuyentes”, no entre aquel y los ciudadanos. Esto les da también a estos Gobiernos mucha autonomía respecto al gasto, decidiendo cómo se reparte esta renta. Ross (2001) denomina a este fenómeno “efecto rentístico” y le agrega dos más: el “efecto gasto”, que lleva a un mayor uso de fondos provenientes del recurso en “clientelismo”, y un “efecto sobre la formación de grupos”, ya que el Gobierno utilizará esos fondos para prevenir la formación de grupos sociales independientes del Estado. En conjunto, los tres efectos influyen en el tipo de régimen político y donde predominan generan Gobiernos autoritarios, mientras que aquellos que se financian con impuestos, sobre todo directos, es más probable que sean más democráticos y tengan un mayor control del poder.

En el caso de financiamiento de un Gobierno a base de impuestos, el ciudadano promedio podría estar más alerta respecto al uso de esos fondos, ya que tienen un costo directo sobre su ingreso y patrimonio. En el segundo caso, cuando se financia de la renta del recurso, el ciudadano obtiene el beneficio de una menor presión impositiva directa. Esto también podría generar algún incentivo para imponer algún control, ya que, si el gobernante despilfarra el recurso de la renta, tarde o temprano llegarán los impuestos. No obstante, parecería que este segundo incentivo es más débil que el primero. Es decir: si me cobran impuestos, siento el peso de esa carga directamente, y puede ser que tenga más motivación para controlar el gasto; si no me los cobran y el Gobierno se financia de la renta del recurso, también podría tener un incentivo, ya que podría perder esta baja carga fiscal si el Gobierno despilfarra: pero el primero es un costo directo y actual; el otro una posibilidad futura. El primero es mucho más fuerte que el segundo.

También puede ser que los votantes no piensen en las generaciones siguientes o, conociendo cómo actúan los políticos, quieran obtener la renta ahora y no dejarla en sus manos. Es decir: si ha de haber algún cálculo intergeneracional, los votantes bien pueden pensar que mejor quede en sus manos, y no en las del Gobierno. Así parece que ocurre en Noruega, un país que es un ejemplo de calidad institucional en muchos sentidos, e incluso en el manejo de los recursos naturales. Los descubrimientos de petróleo en el Mar del Norte generaron un efecto como los que aquí han sido comentados, pero el Gobierno de ese país decidió crear un fondo con la renta petrolera, que sería invertido en activos fuera del país, para ser usado por las siguientes generaciones o en situaciones de crisis. El caso es tomado como un ejemplo de que la buena calidad institucional permite un manejo adecuado de un recurso natural y no genera la tan mentada “maldición”. De esta forma, los noruegos no solamente dejan fuera de un determinado Gobierno el atractivo de gastar esa renta, sino que incluso la invierten en el exterior para reducir el impacto del ingreso de divisas; esto es, la “enfermedad holandesa”. No obstante, parece que los noruegos también están insatisfechos con esto; muchos quisieran tener ese dinero en sus manos y ahora (Listhaug 2005), generándose así insatisfacción y un deterioro de la confianza en el sistema político. Lo cierto es que el problema, en un país de alta calidad institucional, muestra las limitaciones que tienen los Gobiernos para saber cuáles son las preferencias de los ciudadanos y luego actuar de acuerdo con ellas.

El financiamiento mediante las rentas obtenidas de un recurso también significaría un menor incentivo a los votantes para estar informados e incrementaría los problemas de apatía o ignorancia mencionados en el capítulo anterior. Si los votantes no tienen un buen incentivo para informarse y decidir racionalmente, los políticos afrontan incentivos diferentes y les conviene pensar racionalmente cuando las políticas que apoyan o implementan pueden cambiar sus perspectivas electorales. El costo del error puede ser muy alto.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

La luna de miel de “PPK” con los peruanos

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 29/9/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1942373-la-luna-de-miel-de-ppk-con-los-peruanos

 

El 62% de los peruanos aprueba la labor del nuevo gobierno de su país. Aquel que encabeza Pedro Pablo Kuczynski (PPK), cuya popularidad personal -cabe apuntar- es aún más alta, desde que asciende al 63% de los encuestados. Lo que se complementa con que un 52% de los entrevistados manifiesta sentirse “cercano” a PPK. En contrapartida, apenas un 17% de los peruanos desaprueba su gestión. Esas son las cifras que arroja una encuesta reciente de “El Comercio-Ipsos”. El entusiasmo inicial con las nuevas gestiones de gobierno es característico del Perú de los últimos tiempos. También lo es una actitud muy crítica al cierre de las mismas.

Las principales razones para aplaudir a PPK incluyen, según la gente, a: “sus buenas ideas”; “su trabajo en pro de mejorar la economía”; “su experiencia”; “su capacidad personal”; su ímpetu por “mejorar la educación y la seguridad ciudadana”; su perfil innovador”; y su “honestidad personal”. No es poco.

Curiosamente, un 83% de los encuestados expresa, además, su satisfacción personal por el reciente primer viaje al exterior -de cuatro días- de PPK a China en busca de inversiones que apunten a la obra pública y a la actividad minera peruana. La relación con China es consecuencia de quienes -en la década de los 90- reorganizaron la economía peruana que entonces miraba a los Estados Unidos, de modo que apuntase, más bien, hacia Asia.

En China, PPK se reunió con los tres hombres más importantes del Partido Comunista chino. Me refiero al presidente Xi Jing-ping; al primer ministro, Li Keqiang; y al presidente de la Asamblea Popular Nacional, Zhang Dejiang. A lo largo de su visita, PPK destacó que llegaba en busca de inversores y no de crédito. A la manera de respaldo implícito, en esos mismos momentos una enorme empresa constructora china confirmó su decisión de ir adelante con la construcción de la represa y central hidroeléctrica de San Gabán III. Y una petrolera de ese país (CNTC) anunció el descubrimiento de importantes reservas de gas en uno de los lotes peruanos en los que opera.

PPK fue extremadamente claro en definir cuáles son, puntualmente, las prioridades de su gobierno en materia de obra pública: los servicios básicos y sociales, como la educación, el agua potable y la salud. También mejorar la situación del agro (donde se concentra buena parte de la pobreza peruana) y la de Lima, una urbe en donde hoy viven unos 20 millones de personas, con carencias que atender.

PPK ve a China como su aliado natural para la revolución social que propone: la de la modernización. Porque sabe bien que la mejora social china se materializó con una prolongada revolución en su infraestructura. Construyendo ciudades modernas, con todos los servicios, y equipándolas además con tecnologías capaces de edificar seguridad personal en sus distintos rincones.

El apoyo que hoy genera PPK se compara naturalmente con la baja aprobación que simultáneamente reciben sus adversarios políticos. Keiko Fujimori -que lidera a la llamada Fuerza Popular (hoy el partido político más organizado y con mayor capacidad de movilización del Perú)- sólo recoge un 41% de aprobaciones. A su vez, Verónika Mendoza, la esperanza de la izquierda marxista peruana, recibe un escuálido 32% de endosos. Menos de un tercio de sus propios partidarios, queda visto, están conformes con su liderazgo.

Como Mauricio Macri, PPK no tiene mayoría en el Congreso de su país, donde Fuerza Popular es la agrupación dominante. Por ello, puesto que entre ambos espacios políticos existen más coincidencias que disidencias en los principales temas sustantivos, si PPK lograra generar un clima de cooperación genuina con el espacio de Keiko Fujimori, su gestión se facilitaría enormemente. Keiko Fujimori, por su parte, debe advertir que el fracaso de la gestión de PPK no la beneficiaría a ella, sino a la izquierda.

Las primeras señales son alentadoras. Tan es así, que el propio PPK acaba de señalar, sin rodeos: “Fuerza popular ha hecho cosas positivas para nosotros”.

Lo cierto es que Perú -que lleva más de una década de constante crecimiento, apostando a la apertura económica y a la economía de mercado- mantendrá el rumbo exitoso y hasta apunta a acelerar su modernización si PPK y Fuerza Popular construyen -y son capaces de operar- los acuerdos necesarios para poner en marcha la mejora urgente que su roída infraestructura física está requiriendo, visiblemente.

Visto desde afuera, Perú parece -como alguno acaba de señalar- una suerte de propicio “reino de la moderación”. Sin mayores discursos destemplados, ni confrontaciones inútiles, ni posturas cerradas e inflexibles.

Lo que socialmente urge ahora es garantizar la seguridad; desterrar la corrupción y construir un Estado eficaz. Y la enorme mayoría de los peruanos parece entenderlo.

Esos son, precisamente, tres objetivos centrales en los que la perversa fantasía bolivariana ha fracasado rotundamente. Venezuela es -por cierto- la experiencia testigo. Ha sido destruida por el fanatismo miope de Hugo Chávez y la increíble ineptitud de la gestión de Nicolás Maduro. Es el país más inseguro de nuestra región; el más corrupto; y el que exhibe mayor incompetencia y falta de realismo en su administración. Las recientes experiencias políticas lamentables de la Argentina y Brasil, así como las realidades de Bolivia, Ecuador y, peor, la de una Nicaragua transformada en un feudo de la familia Ortega, parecen confirmar cuan rápido los gobiernos de la izquierda bolivariana se enlodan en el pantano de corrupción que ellos mismos generan. Quizás porque la corrupción está en su ADN.

Perú parece exhibir decisión, optimismo y proyectar la cuota de paciencia necesaria para -manteniendo el rumbo que ha probado ser exitoso- construir un diálogo inclusivo que genere consensos amplios. Donde los éxitos y los resultados puedan ser compartidos.

Dos de sus regiones, por rezagadas, requieren una atención especial: Puno y Cuzco. Con razón se las ha calificado de “laboratorios de gobernabilidad”. PPK es plenamente consciente de esta urgencia.

Los primeros cien días de la gestión del nuevo gobierno han sido auspiciosos. La coexistencia de las fuerzas que apoyan a PPK con el “fujimorismo” ha resultado pacífica. Casi sin escaramuzas. El perfil tecnocrático y la personalidad afable de PPK han ayudado. Mucho. La actitud no revanchista de Fuerza Popular, también lo ha hecho. Lo que, entre otras cosas, ha posibilitado que el nuevo jefe de la autoridad impositiva, la llamada SUNAT, Carlos Bruce, cuya capacidad y experiencia son notorias, provenga del “fujimorismo”.

En el comienzo de una nueva etapa en su tránsito hacia el futuro, Perú vive un “clima” casi impecable. Todo parece seguir en su curso normal. Por ejemplo, Perú acaba de lanzar, sin estridencias, su primer satélite al espacio. El más moderno de la región. Servirá para garantizar la seguridad nacional, controlar mejor las actividades mineras no autorizadas y combatir la tala ilegal de los bosques tropicales. En otro andarivel, casi sin ser advertida, la acción de una empresa minera peruana, Hochschild Mining (que también opera en nuestro país), se convirtió de pronto en la acción más rentable del mundo. En sólo un año, se valorizó un 432%, según Bloomberg, en otro éxito que exhibe los colores del Perú.

Otra encuesta reciente (en este caso, una de la revista “Semana Económica”) consagra a PPK (86%) y a Keiko Fujimori (82%) como las dos personas del mundo político con más poder real en el Perú actual. Es obvio que de ellas dos depende ahora, precisamente, la posibilidad de edificar los consensos programáticos y esquemas de cooperación que permitan conducir una etapa decisiva, no sólo para poder seguir creciendo saludablemente, sino para consolidar rápidamente a su país como una nación cada vez más moderna y con menos pobreza.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Urgen correcciones en el frente fiscal

Por Adrián Ravier. Publicado el 11/09/16 en: http://m.lagaceta.com.ar/nota/698498/urgen-correcciones-frente-fiscal.html

 

El parto de una nueva economía dejará una Argentina que arrastra problemas estructurales que, si bien parecen congénitos, podrían resolverse con un plan integral. Desde diciembre de 2015, el Gobierno nacional adoptó medidas concretas durante estos nueve meses de gestión. Sin embargo, aún faltan avances específicos en el frente fiscal para reducir el gasto público y el déficit. Lo más importante en esta primera etapa de la administración de Mauricio Macri es que la Argentina revirtió su política exterior. De tener socios como Irán, Venezuela, Ecuador y Bolivia, pasó a vincularse con la Alianza del Pacífico, con Estados Unidos y con Europa. Este cambio no es menor, y le devuelve al país algo de la previsilibidad para atraer inversiones y para generar empleo.

Fueron acertadas las medidas que permitieron la apertura del cepo cambiario y el sinceramiento del tipo de cambio. También fueron acertadas la eliminación parcial de los subsidios a los servicios públicos y la recuperación de las economías regionales. No obstante este conjunto de medidas, que se sucedieron durante estos nueve meses de “trabajo de parto”, son insuficientes para poner en marcha la economía, si no hay avances en materia fiscal.

En relación al gasto público, la sobredimensión del Estado es uno de los problemas pendientes, en particular por el incremento del empleo estatal. El Gobierno habla, en estos días, de 100.000 despidos en el país. Para algunos es demasiado por el impacto social que esto genera; para otros es bajo considerando los 2 millones de trabajadores que se sumaron al Estado en los últimos 12 años. La sobredimensión del Estado continúa y financiarlo con deuda no es algo que pueda sostenerse en el mediano o largo plazo.

En el horizonte más próximos, el blanqueo de capitales promete impulsar la inversión. Esto puede ayudar a salir de la recesión. La apuesta es que ayude a mejorar la recaudación y a reducir el déficit fiscal. Sin embargo, para que el parto de una nueva economía resulte exitoso, hay que afrontar el verdadero problema, que está en el mediano plazo. El blanqueo tiene un efecto positivo de una sola vez. Pero hay problemas como la sobredimensión del Estado, la presión tributaria y el atraso cambiario. La herencia no puede solucionarse de la noche a la mañana, pero tampoco se tomaron medidas para corregir los problemas heredados. La gestación del nuevo modelo no está libre de complicaciones.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Ideología económica: una comparación entre naciones hispánicas y anglosajonas.

Por Carlos Newland:

 

La correspondencia entre el paradigma que una sociedad tiene sobre el funcionamiento de la economía en relación a su prosperidad ha generado atención en las últimas décadas. Michael Porter ha sido quizás quien más categóricamente ha formulado la cuestión. Para lograr un crecimiento sostenido señala la necesidad de que exista en la población un arquetipo de productividad que incluya una comprensión de los factores que afectan el desempeño eficiente de la economía: entre ellos el marco competitivo, la apertura a la globalización y el comercio internacional, el impacto favorable del mercado sobre la mayor parte de la sociedad (no suma cero) y lo pernicioso del favoritismo gubernamental. Porter opina que sin este paradigma es posible que se difunda una visión explicativa de la prosperidad que termine siendo favorable a la existencia de beneficios no competitivos, como aquellos generados por las políticas proteccionistas de sustitución de importaciones. El paradigma óptimo no debe estar presente únicamente en las clases dirigentes, sino también en toda la sociedad, incluyendo la clase obrera. Caso contrario ciertas reformas que alienten la productividad serán resistidas o eventualmente anuladas por los representantes políticos (Porter 2000). Phelps (2006) entiende que las instituciones existentes en un país determinado son “proxies” de la cultura prevalente, y por ende un cambio en las instituciones será frágil si las creencias sociales y económicas se mantienen inalteradas. Por supuesto, las instituciones son resultado no sólo de ideología, sino también de grupos de presión que logran su creación o modificación. Sin embargo parece difícil que instituciones que no reflejan la mentalidad de una parte significativa de la población puedan mantenerse en el largo plazo.

Desde una perspectiva histórica McCloskey (2011) también otorga gran relevancia al impacto de la ideología popular sobre la economía. Un cambio en la “retórica” se habría producido en Holanda e Inglaterra en los siglos XVII y XVIII respectivamente, a favor de la burguesía y lo que representaba: la iniciativa empresarial, el bienestar económico y el comercio. Los nuevos valores aceptados por estas sociedades tuvieron una fuerte consecuencia sobre el crecimiento al encauzar y canalizar energía e ingenio humano hacia la producción, al tiempo que se generaba un marco institucional apropiado al uso eficiente de los recursos. El pensador argentino del siglo XIX Juan Bautista Alberdi, una de las mayores figuras intelectuales hispanoamericanas de su época, indicaba que una de las mayores deficiencias presentes en la cultura local era la falta de comprensión de que la prosperidad era causada por el despliegue de la sociedad civil, cuyo actor económico más importante era el empresario. Pero en la región los hombres de negocios no eran modelos ponderados en monumentos, obras históricas u odas poéticas, cuyos destinatarios eran más bien los políticos y militares, a quienes consideraba posibles destructores de riqueza[1]. Una visión compatible con la del argentino ha sido planteada por el chileno Claudio Veliz en La tradición centralista de América Latina (1984), donde contrapone las prácticas e  instituciones de los países noroccidentales (anglosajones) con aquellos existentes en las naciones iberoamericanas. En estas últimas persistiría una tradición centralista, estatista y burocratizante originada y transferida  por España a sus colonias.  En cambio, en los países anglosajones como Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia se afincaría una realidad más proclive al desarrollo individual, al cambio y la toma de riesgo. Veliz marca que luego de la independencia existió en América Latina un momento más liberal, en un siglo en que se rechazó la herencia colonial hispánica. Sin embargo persistiría un centralismo y dirigismo latente que haría irrupción después de 1929 encarnado en gobiernos militares o populistas, que en lo económico implicaban una presencia más activa del Estado y un elevado proteccionismo. Veliz termina argumentando que la tradición centralista persiste en la región y que las apariciones de gobiernos más liberales tienden a ser transitorias; con el tiempo produciéndose un retorno a políticas más intervencionistas[2]. Similar esquema ha sido presentado por Wiarda (1978) para quien la España imperial se caracterizaba por contener en lo político una estructura jerárquica, autoritaria y corporativista y en lo económico una concepción mercantilista, patrimonialista y estatista. Estos elementos serían trasmitidos, asimilados y adoptados por sus colonias americanas, persistiendo en su cultura luego de la independencia. Wiarda encuentra que la ideología corporativista continua fuertemente arraigada en la región, donde se constituye como la mentalidad dominante, contagiando a gobernantes y políticas públicas. Mientras que el liberalismo individualista es repudiado, el Estado crece en su tamaño tomando un rol autoritario e integral, a la vez que intenta regular la interacción entre  las diversas corporaciones, como los sindicatos, la iglesia, los militares o las asociaciones patronales[3].

Aquí se propone contrastar la ideología económica de algunos países de origen colonial británico respecto a otros hispanoamericanos, específicamente en cuanto a su visión ante el paradigma económico.  Para representar a Hispanoamérica se ha seleccionado a Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay. Los valores obtenidos para la región se contrastan con los de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia[4]. Finalmente se extiende el análisis, con datos más limitados, a los países que fueron las metrópolis imperiales, España y Gran Bretaña, de modo de observar si allí se encuentran similitudes o diferencias con la mentalidad de los integrantes de sus antiguas colonias. La información que nutre la investigación se ha tomado del World Values Survey, una encuesta  internacional que permite  un acercamiento al conocimiento de la ideología económica existente en numerosos países. La encuesta recoge en su cuestionario múltiples cuestiones pertinentes, incluyendo preguntas que reflejan la existencia o no de una mentalidad pro capitalista, la que puede definirse como una actitud favorable a la libertad económica, a la competencia, a la iniciativa y gestión empresarial privada y al mercado como generador de riqueza (Czegledi, 2014). Al concentrarse en la ideología económica este trabajo se diferencia de muchos otros que, a la manera de Max Weber,  utilizan la misma base de datos con el objetivo  intentar evaluar el impacto de actitudes y hábitos culturales sobre el desempeño económico[5].

Aunque no es el objeto de este artículo medir el efecto que puede esperarse tenga una cierta ideología sobre el desempeño material de un país, puede sugerirse que una mentalidad más liberal, pro mercado o pro capitalista generará algunas de las condiciones apropiadas para el crecimiento económico, como una legislación laboral o industrial que promueva la productividad, una menor cantidad de subsidios y distorsiones de precios que afecten la eficiencia, una mayor integración comercial internacional que promueva la competitividad interna y una menor intervención ineficaz de los gobiernos como productores de bienes y servicios. Por supuesto, establecer una causalidad es sumamente complejo por la cantidad de otras variables que están en juego. Por ello sólo se pueden destacar ciertas correlaciones que parecerían confirmar una correspondencia positiva entre una mentalidad más “capitalista” -que parece caracterizar a los países anglosajones- y su éxito económico[6]. Una comparación del ingreso per cápita muestra que las naciones anglosajonas presentan claramente niveles más elevados. En promedio y para el lapso 2011-2015 el PBI por habitante fue 340% superior al promedio encontrado para los países hispanoamericanos incluidos en este trabajo[7]. Si en lugar del ingreso se consideran los diversos factores que afectan la prosperidad puede consultarse el Ranking de Competitividad Global del World Economic Forum y en especial el rubro “eficiencia de mercado en la producción de bienes”, que incorpora variables que hacen a la facilidad de abrir un negocio, la apertura al comercio internacional  y el marco institucional favorable a la competencia. Otra vez los países anglosajones aparecen en puestos elevados en el ranking (Nueva Zelanda Nº 8., EEUU Nº 16, Australia Nº 27, para  2015-16), mientras que los países latinoamericanos se encuentran en puestos más alejados (Chile Nº 40, Uruguay Nº 59, Perú Nº 60, México Nº  82 y Argentina Nº 138)[8]. Finalmente puede incorporarse al análisis el “Ease of Doing Business Index” preparado por el Banco Mundial que expresa cuan amigable es un país en sus regulaciones relacionadas al desarrollo de los negocios. Otra vez no es sorprendente que los mejores valores (para el periodo 2011-2015) corresponden a los países anglosajones, mientras que para Hispanoamérica las magnitudes son sensiblemente mayores[9].

 

La Muestra

 

El World Values Survey es una encuesta que se realiza periódicamente para un conjunto grande de países del mundo. Su cuestionario abarca un abanico amplio de preguntas sobre una multiplicidad de temas. El año de realización, las preguntas formuladas y la cantidad de encuestados varía en cada país. En el cuadro A se brinda información sobre los sondeos nacionales aquí utilizados, que se han seleccionado luego de descartar los casos en que no se podía desagregar adecuadamente la información o cuando la información era escasa para alguna de las categorías.

 

Cuadro A:  World Values Survey: las encuestas utilizadas y cantidad de entrevistados
           
País Año encuesta Total Empresarios Profesionales Obreros
  Ronda 1995-1998        
Argentina 1995 1079 123 97 206
Chile 1996 1000 74 76 377
México 1996 1510 98 158 436
Perú 1996 1211 34 184 438
Uruguay 1996 1000 68 87 516
Australia 1995 2048 260 392 649
Nueva Zelanda 1998 1201 182 243 271
Estados Unidos 1995 1542 155 311 526
España 1995 1088      
Gran Bretaña 1998 1040      
           
  Ronda 2005-2009        
Argentina 2006 1002 35 58 464
Chile 2006 1000 15 77 606
México 2005 1560 113 145 335
Perú 2006 1073      
Uruguay 2006 1000 35 43 217
Australia 2005 1421 234 254 376
Nueva Zelanda 2004 954 186 213 203
Estados Unidos 2006 1249 111 150 147
España 2007 1200      
Gran Bretaña 2005 1156      

 

 

En este trabajo se utilizan los datos generados por dos Rondas/Encuestas (1995-1998 y 2004-2009) por presentar información relativamente completa en relación con el objetivo propuesto. Dentro de las categorías ocupacionales en que se pueden desagregar los resultados, se han seleccionado a los empresarios[10], los profesionales universitarios y los obreros manuales[11]. Ello permite conocer mejor y contrastar las diferencias de opinión entre estratos laborales. Los porcentajes reportados incluyen únicamente a aquellos que respondieron positivamente (es decir se eliminaron las no respuestas o aquellas que expresaban ignorancia sobre la cuestión). En el caso en que se dieron opciones de intensidad a los entrevistados (normalmente diez grados o niveles), se ha contrastado aquellos que optaron por las cinco categorías superiores, respecto a aquellos que seleccionaron las cinco inferiores. En los reportes presentados en este trabajo, las temáticas se han estilizado y presentado como categorías positivas, de modo de hacer más comparables los resultados. Las preguntas en su formato original se incluyen en el apéndice. Finalmente debe advertirse que los resultados presentados de manera segmentada  deben ser analizados en su coherencia conjunta y sin un énfasis demasiado grande en su segmentación, dada la escasez de respuestas correspondientes a algunas de las categorías presentadas.

 

La mentalidad pro-mercado

 

La ideología económica se ha dividido en tres componentes, resultantes de un ordenamiento de las preguntas realizadas. La primer categoría incluye cuestiones relacionadas al tipo e intensidad de la iniciativa empresarial privada deseada, en contraste a una gestión empresarial gubernamental. La segunda trata sobre las virtudes de la economía de mercado, en particular el efecto positivo de la competencia, que la retribución se relacione con la productividad, y de que los beneficios generados por el intercambio benefician a amplios sectores sociales.  La tercera temática abarca la opinión sobre la conveniencia del comercio internacional y la igualdad de trato para los trabajadores inmigrantes. Es decir las preguntas consideradas abarcan una gama de cuestiones que, presentes en un individuo, pueden presentar a “brocha gorda” una cosmovisión favorable o desfavorable respecto del sistema capitalista.  Desde el punto de vista del autor dos temáticas fundamentales no han podido tratarse por no estar en el menú de preguntas realizadas,  la opinión sobre el sistema financiero y la valoración de la estabilidad monetaria.  A continuación se desarrollan los resultados obtenidos en cada una de estas categorías, contrastando los valores de los países de raíz hispánica respecto a los anglosajones.

 

  1. El papel de la gestión privada y el rol del gobierno

 

La primera afirmación analizada fue sobre si las empresas privadas debían ser gestionadas directamente por sus dueños (valor utilizado) o bien por el gobierno, o por (o con) los empleados. Se tomó como valor positivo a aquellos que consideraban que los propietarios eran los responsables únicos de la gestión de las empresas. En un sistema capitalista el empresario es el principal gestor de sus organizaciones, encargado de obtener los recursos necesarios para la producción y de asumir el riesgo. Un bajo valor implica que la percepción de que la responsabilidad empresarial debe ser compartida con los empleados o bien asumida por el Estado.

 

 

  Cuadro B: GESTION PROPIETARIOS (v87 95-99)  
  Las empresas deben ser administradas por sus dueños
  Total Empresarios Profesionales Obreros
Argentina 31,8 35 34,5 25,9
Chile 42,3 28,5 20,4 20,4
México 43,1 57,1 45,6 34,2
Perú 31,5 45,4 37,1 29,9
Uruguay 46,8 58,0 39 46,1
Promedio Hisp 39,1 44,8 35,3 31,3
         
Australia 50,5 58,1 43 48,9
Estados Unidos 53,6 62,4 43,6 53,8
Nueva Zelanda 64,1 95,4 57,6 53,0
Promedio Anglo 56,1 71,9 48,1 51,9
         
Anglo/Hisp 1,43 1,61 1,36 1,7

 

 

Un primer paneo de los promedios obtenidos muestra que en todos los países hay una parte relevante de la población que no cree que los empresarios deben ser los principales gestores de sus firmas.  Sin embargo sobre este tema hay un fuerte contraste entre los países hispanoamericanos  respecto de los anglosajones: en todas las categorías analizadas los valores son sustancialmente más bajos para las naciones latinoamericanas.  Cuando se analiza la opinión vertida por los empresarios los resultados son llamativos: aunque siempre presentan valores mayores que el resto de la sociedad, una parte importante de los hombres de negocios sostiene que ellos mismos no deben ser los principales responsables de la gestión de sus empresas. En cuanto a países individuales Nueva Zelanda aparece atribuyendo la mayor importancia a la gestión empresarial, mientras que Perú y Argentina muestran los valores más bajos. Dentro de las categorías ocupacionales son los empresarios de Nueva Zelanda los que presentan los valores más altos, mientras que son los obreros argentinos los que más desconfían de sus empleadores.

 

La segunda afirmación analizada fue sobre si la acción privada empresaria  debía ser incrementada, respecto a un escenario en que lo que aumentara fuera la  acción gubernamental.

 

 

  Cuadro C: ACCION PRIVADA (v126 95-99 y v 117  04-09)  
  La acción empresaria privada debe ser incrementada
  Total Empresarios Profesionales Obreros
Argentina 63,1 (33,6) 71,3 (45,0) 65,3 (51,4) 50,7 (30,6)
Chile 46,6 (36,0) 53,4 (41,4) 60,0 (51,7) 43,3 (32,6)
México 66,6 (48,7) 82,8 (55,1) 67,0 (54,9) 65,7 (46,0)
Perú 52,2 (49,7) 76,5 53,5 48,6
Uruguay 56,1 (58,9) 64,6 (69,6) 45,4 (64,5) 54,3 (62,2)
Promedio Hisp 56,9 (45,4) 69,7 (52,7) 59,4 (55,6) 53,5 (42,8)
         
Australia 81,8 (68,6) 85,6 (72,2) 80,4 (67,8) 80,7 (68,5)
Estados Unidos 73,3 (85,6) 91,5 (87,5) 88,9 (92,0) 70,1 (84,2)
Nueva Zelanda 87,3 (77,3) 76,7 (85,3) 73,0 (78,7) 85,9 (71,0)
Promedio Anglo 80,8 (77,1) 84,6 (81,6) 80,7 (79,5) 78,9 (74,6)
         
Anglo/Hisp 1,41 (1,69) 1,21 (1,54) 1,35 (1,42) 1,47 (1,74)
         
España 56,6      
Gran Bretaña 68,1      
         
GB/ESP 1,2      
  Ronda  04-09 en paréntesis      

 

La valoración positiva de un aumento de la iniciativa privada en desmedro de la pública también muestra un fuerte contraste entre regiones. En Hispanoamérica existe mayor valoración de la iniciativa estatal que en los países anglosajones[12]. Esta opinión  ha aumentado notablemente en algunos países pasado el milenio, en consonancia con la aparición de gobiernos e ideas populistas en la región. El cambio más drástico ocurrió en Argentina, aunque también se manifiesta una alteración en Chile y México. Los obreros de Argentina son de nuevo los que presentan una menor valoración de la acción privada. En contraste, en los países anglosajones, que siempre valoran más la iniciativa empresarial no estatal, el valor se ha mantenido relativamente estable. Entre los países hispanoamericanos México que el que más valora la iniciativa privada, en todas sus categorías laborales. Nueva Zelanda destaca como el país que más aprecia a la acción no estatal.

La competencia y el mercado

 

La temática del funcionamiento del mercado es cubierta por una pregunta de la encuesta que pide opinar sobre si la competencia es un mecanismo que estimula a las personas a ser productivas y creativas, en  contraste con posibles efectos nocivos.

 

  Cuadro D: COMPETENCIA (v128 95-99 v119 04-09)  
 La competencia estimula  a  trabajar duro y a desarrollar nuevas ideas
  Total Empresarios Profesionales Obreros
Argentina 78,6 (65,7) 82,0(81,6) 79,0 (73,1) 73,8 (67,1)
Chile 63,7 (63,8) 54,3 (84,9) 73,7 (73,5) 64,2 (63,3)
México 78,8 (79,3) 82,0 (82,2) 88,6 (85,7) 75,6 (81,7)
Perú 78,7 (35,6) 100 83,3 75,1
Uruguay 65 (61,2) 70,2 (69,6) 72,1 (64,3) 59,9 (59,1)
Promedio Hisp 72,9 (61,1) 77,7(79,5) 78,35 (74,1) 69,7 (67,8)
         
Australia 87,9 (82,5) 93,1  (87,6) 90,0 (81,6) 87,9 (60,0)
Estados Unidos 85,6 (86,9) 89,0 (88,2) 89,5 (88,9) 77,8 (81,7)
Nueva Zelanda 84,1 (88,6) 84,7 (92,9) 83,9 (88,4) 83,5 (87,7)
Prom. Anglo 83,86(86,0) 88,95 (89,5) 87,8 (86,3) 83  (76,4)
         
Anglo/Hisp 1,15 (1,4) 1,1 (1,12) 1,12 (1,16) 1,19 (1,12)
         
España (58,9)      
Gran Bretaña (73,5)      
         
GB/ESP 1,25      
  Ronda 04-09 en paréntesis      

 

 

En general se observa que la mayor parte de la población considera que la competencia es beneficiosa, sin notarse grandes diferencias entre países o entre ocupaciones. Las naciones anglosajonas aprecian en mayor grado la competencia, pero la brecha con Latinoamérica no es tan grande como en el caso de otras variables. Es notable por su baja magnitud el valor obtenido para Chile, mientras el número más elevado se encuentra en Australia.

 

La segunda pregunta demanda sobre si la gente puede enriquecerse sin perjudicar a los demás.  Como en el caso anterior esta variable no presenta fuertes diferencias entre las dos “culturas”, con un saldo levemente favorable hacia América Latina. Es decir la población hispanoamericana considera que un movimiento hacia una mayor prosperidad puede ser compartido por la sociedad en general, lo que es una consecuencia general del funcionamiento de una economía de mercado competitiva. Los menores valores son presentados por los obreros anglosajones.

 

 

  Cuadro E: GANANCIAS DE LA PROSPERIDAD (v121 04-09)  
  La gente puede enriquecerse sin perjudicar a los demás
  Total Empresarios Profesionales Obreros
Argentina 59 59,4 67,7 58
Chile 61,4 57,4 66,5 60,9
México 77,1 76,1 81,9 75,3
Perú 77,7      
Uruguay 60,6 65,8 74,5 60,5
Promedio Hisp 67,2 64,7 72,7 63,7
         
Australia 59,4 66,6 61,3 52,7
Estados Unidos 60,5 71,7 67,3 57,7
Nueva Zelanda 62 71,5 62,3 49,9
Promedio Anglo 60,6 69,9 63,6 53,4
         
Anglo/Hisp 0,90 1,08 0,88 0,84
         
España 38,8      
Gran Bretaña 57,8 59,3 59,4 57,1
GB/ESP 1,49      

 

Finalmente se ha incorporado a esta sección la pregunta que demandaba si era justo que una persona más productiva y esforzada recibiera como premio una mayor remuneración. Sin existir de nuevo un contraste tan grande como en otras variables, son los países anglosajones los más firmes defensores de esta idea, destacando Nueva Zelanda con los resultados más elevados.  La valoración más baja la presentan los obreros hispanoamericanos. De nuevo en América Latina el paso del milenio parece haber afectado negativamente la idea de pago según productividad. Al mismo tiempo, en los países anglosajones la opinión se ha mantenido estable.

 

 

Cuadro F: PRODUCTIVIDAD Y REMUNERACIÓN (v86 95-98 Y v115 05-09)
  Las personas más productivas deben tener una mayor retribución
  Total Empresarios Profesionales Obreros
Argentina 72,4 (51,9) 76 (81,3) 81,9 (60,8) 63,6 (48,78)
Chile 68,4 (66,7) 74,5 (60,4) 85,9 (78,3) 65,54 (66,4)
México 73,5 (70,2) 88,27 (71,16) 83,1 (85,2) 71,4 (72,4)
Perú 81,3 (77,3) 84,8 88,3 80,2
Uruguay 72,1 (68,1) 71,3 (82,35) 82,3 (69,2) 68,25 (70,2)
Promedio Hisp   73,5 (66,8) 79 (73,8) 84,3 (73,3) 69,8 (64,4)
         
Australia 81,8 (82,8) 88,7(88,6) 87,2 (89,7) 74,57 (77)
Estados Unidos 87,1 (88,6) 91,1 (91,8) 89,1 (96) 85,2 (88,65)
Nueva Zelanda 91,4 (90,6) 95,5 (93,7) 94,4 (92,2) 84,3 (90,4)
Promedio Anglo 87,0 (87,3) 91,8 (91,36) 90,2 (92,63) 81,4 (85,35)
         
Anglo/Hisp  1,18 (1,30) 1,16 (1,23) 1,07 (1,26) 1,2 (1,32)
         
  Ronda 04-09 en paréntesis    

 

Las respuestas a las preguntas incluidas en esta sección muestran que los países anglosajones valoran en general más las fuerzas y dinámica que genera la economía de mercado. Por otra parte la diferencia con Hispanoamérica no es tan acentuada como en el resto de las temáticas.

 

Comercio Internacional e inmigración

 

En cuanto al comercio internacional una pregunta de la encuesta  solicita una opinión sobre si la importación de bienes demandados por la población debe ser autorizada. En general los valores obtenidos para todos los países son bajos, aunque resalta que en los países latinos se afinca una mayor predisposición proteccionista[13]. En general son los obreros de ambas regiones los más negativos en cuanto al posible beneficio de importar bienes. Aquí sorprende que los empresarios sean algo más librecambistas que los profesionales, dado que se considera en general al sector servicios el más beneficiado por el libre acceso a bienes internacionales.  Nueva Zelanda es el que menos impedimentos quiere poner a la importación, mientras que Argentina con Uruguay se encuentra en el extremo opuesto.

 

  Cuadro G: GLOBALIZACIÓN COMERCIAL (v133  95-98)  
La importación de bienes demandados por la población debe ser permitida
  Total Empresarios Profesionales Obreros
Argentina 12,8 11,2 16,1 7,8
Chile 23,3 32,8 17,9 24,5
México 17,4 11,5 8,7 19,3
Perú 16,7 24,9 20,2 14,9
Uruguay 8 7,2 18,1 6,9
Promedio Hisp 15,6 17,5 16,2 14,7
         
Australia 23,9 26,4 31,8 17,9
Estados Unidos 26,5 29,9 21,3 21,9
Nueva Zelanda 35,6 41,4 31,5 27,6
Promedio Anglo 28,7 32,6 28,2 22,5
         
         
Anglo/Hisp 1,83 1,86 1,74 1,53

 

La segunda pregunta demanda sobre si en una situación de escasez de trabajo los inmigrantes deben recibir igualdad de trato que los nativos. A diferencia de la opinión sobre la libertad comercial donde la crítica es unánime, aquí hay una fuerte diferencia entre los dos grupos de países. Hispanoamérica tiene una visión mucho más discriminadora respecto a los trabajadores inmigrantes y esta opinión llega a su valor máximo para Chile.  Sorprendentemente en general no son los obreros –los más pasibles de sufrir la competencia laboral externa-, sino los empresarios los más negativos respecto de la fuerza laboral foránea.

 

  Cuadro H: GLOBALIZACIÓN LABORAL (v45 04-09)  
Cuándo el trabajo es escaso, se debe dar igualdad de trato a locales e inmigrantes
  Total Empresarios Profesionales Obreros
Argentina 28,1 46,7 43,8 25,5
Chile 20,2 10,1 27,8 17,5
México 25,2 26 24,3 26,5
Perú 17,8      
Uruguay 27,5 79,3 61,9 81,8
Promedio Hisp 23,8 40,5 39,5 37,8
         
Australia 58,4 64,7 64,4 54,3
Estados Unidos 44,6 52,7 47 33,8
Nueva Zelanda 48,1 52,8 49,8 40
Promedio Anglo 50,4 56,7 53,7 42,7
         
Anglo/Hisp 2,11 1,4 1,36 1,13
         
España 42,3      
Gran Bretaña 47,1      
         
GB/ESP 1,11      

 

 

Análisis comparativo

Los principales resultados analizados  en el World Values Survey parecen confirmar la existencia  en Hispanoamérica de una ideología menos proclive al libre mercado y al capitalismo que aquella instalada en los países de origen colonial británico[14].  Esta diferencia ideológica habría incluso aumentado durante los tres primeros lustros del siglo XXI, al tiempo en buena parte de las naciones iberoamericanas triunfaban gobiernos populistas u orientados hacia la izquierda. Los nuevos presidentes recibieron de sus votantes un mandato menos favorable a la libertad económica y más propicio a la intervención estatal[15].

Cuando se desagregan las temáticas analizadas destaca en primer lugar las diferencias en  la valoración de la figura del empresario y su accionar. América Latina mira con mucho mayor recelo al hombre de negocios y no parece querer ver ampliada su presencia en la economía. Esta apreciación negativa es convalidada en innumerables encuestas de opinión realizadas en América Latina: una  de ellas, efectuada en 2014 en Argentina, menciona que para la opinión pública un 70% de los empresarios son considerados evasores, corruptos y lobbystas (Apertura, 2015). Una indagación chilena muestra que allí también es preponderante una mala imagen pública de los ejecutivos (Plaza, 2015). En México, por su parte, una encuesta de 2006 mostraba que el 58% de los interrogados pensaba que los empresarios le habían “fallado” al país,  pues no habían hecho lo suficiente como para que la nación se desarrollase  (GAUSSC, 2006). ¿Cuál es la razón general de la cual nace  esta animadversión? Lo más plausible es que el acentuado proteccionismo instalado en estos países desde mediados del siglo pasado, generado por las políticas activas de sustitución de importaciones, haya contribuido a construir una percepción del empresario como ineficiente, poco innovador y dependiente de prebendas estatales (y de corrupción) para subsistir. Para Veliz (1984) estas las acciones pro-industrialistas tienen como trasfondo la herencia ideológico colonial, con su gobierno centralizador y activo, donde la burocracia establecía las pautas del comportamiento económico-social[16].

Un contraste aún más fuerte se da en  temas relacionados con la globalización. Las naciones latinas  aparecen más proteccionistas y adversas a la integración laboral internacional que las anglosajonas. Este pensamiento también es coherente con economías cuya estructura industrial se ha desarrollado en un marco proteccionista y de baja productividad, que genera gran temor en los actores económicos sobre los efectos  de la competencia externa. Una encuesta mundial sobre actitudes respecto a la integración económica global muestra que en general en los países emergentes  la opinión pública considera beneficioso al comercio internacional, tanto en cuanto a la generación de empleo, como para producir mejoras salariales. Pero ello no ocurre en los países hispanoamericanos de tamaño medio o grande[17] cuyos valores son claramente más bajos que la media de los casos considerados (Pew Research Center, 2014). Debe destacarse que las opiniones a favor o en contra de la integración comercial no parecen estar relacionados positivamente con la apertura efectiva de cada economía[18]. De hecho y en promedio los países latinoamericanos presentan una mayor globalización que los anglosajones. De la muestra considerada los países más abiertos actualmente  son Chile, México y Nueva Zelanda, mientras que los más cerrados son Argentina y Estados Unidos[19].

Con referencia a la percepción sobre los efectos generales de la economía de mercado y la competencia también los países anglosajones incorporan una visión más optimista, aunque la diferencia es menor con Hispanoamérica respecto de la opinión que se tiene de los empresarios y la globalización.  Una clave para entender esta menor discrepancia la ofrece un estudio que utiliza las mismas fuentes que este artículo y que concluye que entre los factores que contribuyen a la percepción de libertad personal en América Latina (que es elevada en términos comparativos a nivel mundial)  está la libertad económica, medida a través de varios indicadores. Es decir, la población latinoamericana tiene una tendencia a nivel agregado de percibir que el libre mercado ofrece al individuo mayor capacidad de decisión autónoma que otros sistemas más dirigistas (Moreno, 2013).  Similares resultados a favor de la economía de mercado la encuentra el Latinobarómetro (2013) en sus encuestas realizadas  entre 2003 y 2013: más de la mitad de la población de América Latina parece inclinarse a favor del sistema de mercado.

Si se desagrega la ideología por categoría laboral en general se nota que hay bastante homogeneidad al interior de cada país. Aunque los empresarios de una nación suelen ser de ideología más capitalista que los obreros, la brecha es reducida cuando se los compara con los mismos valores de países de la otra región.  Observando las cifras surge que los empresarios de Nueva Zelanda aparecen como aquellos que poseen la mentalidad más liberal y pro-mercado, mientras que los obreros argentinos están en el extremo opuesto. Ello no es sorprendente: los hombres de negocios del país oceánico están acostumbrados a beneficiarse de una economía con fuerte competencia internacional a la que se han integrado con éxito. En cambio los obreros argentinos han sido muy  influidos por una fuerte retórica anti-mercado y un modelo proteccionista promovida por el peronismo dominante, junto con una realidad en que los intentos de apertura económica han coexistido frecuentemente con un tipo de cambio sobrevalorado que ha castigado a las posibilidades de las industrias locales. Pero esto puede no ser toda la historia. El caso de Chile muestra que aun en un país que ha tenido éxito en la reforma de su economía y la integración al comercio internacional la mentalidad de su población presenta una apreciación baja de las virtudes del capitalismo.

Adicionalmente se ha contrastado para algunas de las variables las opiniones presentes en Gran Bretaña y España, dado que fueron tanto por sus imperios, como por su inmigración, influyentes en los dos grupos de países considerados. Aunque las diferencias son menores, en general van en la misma dirección de sus antiguas colonias. Ello parecería confirmar la existencia en cuanto a temas económicos de un posible “sesgo” hispánico, que se contrasta con la cosmovisión anglosajona, más favorable al capitalismo.

El contraste de la ideología económica hispanoamericana y anglosajona en cuanto a la valoración de la economía de mercado parece confirmar con datos empíricos las hipótesis formuladas por pensadores latinoamericanos como Juan Bautista Alberdi o  Claudio  Veliz, sobre que la mentalidad local originada en la cultura hispánica es menos favorable al capitalismo que la existente en naciones anglosajonas. Los efectos concretos de estas diferencias de ideología son difíciles de determinar dada la cantidad de otros factores que influyen en la cuestión. Como mínimo puede establecerse que ciertos  componentes de las políticas populistas o anti capitalistas, junto con las justificaciones ideológicas que los justifican, no parece haber generado condiciones favorables para un despliegue y desarrollo de las capacidades productivas de las naciones latinoamericanas.

 

  Cuadro I: Análisis Comparativo    
  Anglo/Hisp GB/ESP
  Total Empresarios Profesionales Obreros  
GESTION PROPIETARIOS 1,43 1,61 1,36 1,65  
ACCION PRIVADA 1,41 (1,69) 1,21 (1,54) 1,35 (1,42) 1,47 (1,74) 1,2
COMPETENCIA 1,15 (1,4) 1,1 (1,12) 1,12 (1,16) 1,19 (1,12) 1,25
GANANCIAS DE LA PROSPERIDAD 0,9 1,08 0,88 0,84 1,49
PRODUCTIVIDAD Y REMUNERACIÓN  1,18 (1,30) 1,16 (1,23) 1,07 (1,26) 1,2 (1,32)  
GLOBALIZACIÓN COMERCIAL 1,83 1,86 1,74 1,53  
GLOBALIZACIÓN LABORAL 2,11 1,4 1,36 1,13 1,11
  Ronda  04-09 en paréntesis      

 

Apéndice:

Formato original de las preguntas utilizadas en este trabajo:

GESTION PROPIETARIOS (v87 95-99): Hay mucha controversia sobre la forma en que se deben administrar las empresas y la industria. ¿Cuál de estas frases se acerca más a su propia opinión? Se tomó como pro capitalista la respuesta: Los propietarios deben ser los que administren sus empresas o designen a los ejecutivos. Las otras opciones otorgaban esa función empleados, administración conjunta entre empleados y dueños o al gobierno.

ACCION PRIVADA (v126 95-99, v 117  04-09): ¿Debería incrementarse la propiedad privada de las empresas y de las industrias? Se tomaron como pro capitalistas los 5 grados superiores de respuesta positiva.

COMPETENCIA (v128 95-99, v119 04-09): La competencia es buena. Estimula a la gente a trabajar duro y a desarrollar nuevas ideas. Se tomaron como pro capitalistas los 5 grados superiores de respuesta positiva.

GANANCIAS DE LA PROSPERIDAD (v121 04-09): Las personas sólo pueden hacerse ricas a expensas de las demás. Se tomaron como pro capitalistas los 5 grados inferiores de respuesta.

PRODUCTIVIDAD Y REMUNERACIÓN (v86 95-98, v115 05-09): Imagine dos secretarias, de la misma edad, que hacen prácticamente el mismo trabajo. Una de ellas se entera que la otra gana más al mes que ella, se queja al jefe y éste le dice -lo cierto- que la otra secretaria es más rápida, más eficiente y que se puede confiar más en ella en su trabajo. En la opinión de Ud., ¿Es justo o no es justo que a una secretaria se le pague más que a la otra? Se tomó como pro capitalista la respuesta positiva.

GLOBALIZACIÓN COMERCIAL (v133  95-98): ¿Deben los bienes elaborados en otros países ser importados y vendidos si hay personas que desean adquirirlos? Se tomó como pro capitalista la respuesta positiva.

GLOBALIZACIÓN LABORAL (v45 04-09): Cuando el empleo es escaso, ¿Deben los empleadores dar prioridad a las personas locales sobre los inmigrantes? Se tomó como pro capitalista la respuesta positiva.

 

Referencias

 

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Latinobarometro (2013), Informe 2013.

 

Mathers, Rachel L. y Williamson, Claudia R. (2011) “Cultural Context: Explaining the Productivity of Capitalism” Kyklos 64:2, pp. 231-252.

 

McCloskey, Deirdre (2011), Bourgeois Dignity: Why Economics Can’t Explain the Modern World. University of Chicago Press.

 

Moreno, Alejandro (2013), “La libertad de elegir: comparando América Latina con otras regiones del mundo”, en:  Carballo, Marita y Moreno, Alejandro, coordinadores, El cambio de valores en América Latina. Hallazgos de la Encuesta Mundial de Valores, México, pp. 85-125.

 

Pew Research Center (2014)  “Faith and Skepticism aboutTrade, Foreign  Investment”, http://www.pewglobal.org/files/2014/09/Pew-Research-Center-Trade-Report-FINAL-September-16-2014.pdf

 

Phelps, Edmund S. (2006) “Economic Culture and Economic Performance: What Light Is Shed on the Continent’s Problem? en: “Perspectives on the Performance of the Continent’s Economies”Conference of CESifo and Center on Capitalism and Society Venice, 21-22 July 2006.

 

Plaza Pública Cadem (2015), Track semanal de Opinión Pública Nº 100 http://plazapublica.cl/wp-content/uploads/7u63456.pdf

 

Porter, Michael (2000) “Attitudes, Values, Beliefs and the Microeconomics of Prosperity,” in Culture Matters: How Values Shape Human Progress, (L.E. Harrison, S.P. Huntington, eds.), New York: Basic Books, pp. 14-28.

 

“Que se piensa de los empresarios argentinos” (16/1/2015), Revista Aperturahttp://www.apertura.com/economia/Que-se-piensa-de-los-empresarios-argentinos-20150116-0002.html

 

Salvatore, Ricardo (1993) “Market-Oriented Reform and the Language of Popular Protest: Latin America From Charles III to the I.M.F.” Social Science History, 17:4.

 

Seligson, Mitchell A. “El rol del Estado como creador de empleo”, Revista Ciencia Política Vol.28 – Nº3, 2008, pp.209-218.

 

Veliz, Claudio (1984), La tradición centralista de América Latina, Barcelona.

 

Wiarda, Howard J (1978). “Corporatist Theory and Ideology: A Latin American Development Paradigm” Journal of Church and State 20:1, pp. 29-56.

 

Zizumbo-Colunga, Daniel;  Zechmeister,  Elizabeth J. y Seligson, Mitchell A ( n.d. ), Who supports Free Trade (and Why)?Quarterly Americas.http://www.americasquarterly.org/node/2198.

 

 

Agradecimientos: Agradezco los comentarios recibidos de Lionel Barbagallo, Alberto Bisso, Martin Cuesta, Alejandro Gómez, Carlos Hoevel, Pavel Kuchar, Alvaro Perpere, Fernando Rocchi, Alejandra Salinas, Ludovico Videla. Carla Newland colaboró en la confección de los cuadros.

[1]Sobre el tema ver Gómez y Newland (2014).  Para subsanar este déficit de aprecio por las figuras empresariales  Alberdi publicó en 1876 La vida y los trabajos industriales de William Wheelwright en la América del Sud. El libro, el primer ejercicio regional de historia de la empresa, es utilizado  para presentar al que el autor consideraba ser un empresario ideal

[2] Una visión muy similar a la de Veliz es presentada por García Hamilton (1998). Veliz considera que lo que prevalece en América Latina en una actitud pragmática derivada más de la costumbre que de la teoría o ideología.

[3] La persistencia en las concepciones sobre la economía en Hispanoamérica  han sido también destacadas por Salvatore (1993) y Kuchar (2016).

[4] Los países han sido seleccionados por ser aquellos que brindan información respecto a las cuestiones analizadas en la encuesta en las dos ondas incluidas. Por ello no ha sido posible incluir, por ejemplo, a Canadá en las comparaciones.

[5]Ver, por ejemplo, Phelps 2006.

[6] Mathers y Williamson (2011) discuten y testean para un gran conjunto de países la relación de una mentalidad mas pro capitalista, su interacción con las instituciones y su efecto sobre el crecimiento económico. Gillanders y Whelan (2014) investigan la relación entra un contexto institucional favorable al mercado y el crecimiento económico.

[7]Para ese lapso el ingreso medio per cápita (promedio de los valores para cada país) fue de 53.633 dólares, mientras que para los países latinoamericanos considerados fue de 12.194 dólares. Ver: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD/countries

[8]http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/

[9]Un valor bajo es lo buscado:  Nueva Zelanda 2, Estados Unidos 7, Australia 13, México 38, Chile 48, Perú 50, Uruguay 92 y Argentina 121. http://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ

[10]Se presentan conjuntamente aquellos con menos de 10 empleados junto con los de 10 o más empleados.

[11]Se presentan conjuntamente los resultados para los obreros calificados, semicalificados y no calificados.

[12]El Barómetro de las Américas, una serie de encuestas que abarcan a muchos países del continente americano reporta resultados compatibles con los presentados aquí en cuanto al rol del estado en la economía.  La  población de naciones como Estados Unidos y Canadá (para 2008) presentaba una mayor valoración de la iniciativa privada en cuanto a la generación de empleo respecto a la otorgada por los habitantes de  los países hispanoamericanos a la gestión estatal. Ver Seligman (2008). Por su parte los resultados de la encuesta “Espejo de las Américas” encargada por el Wall Street Journal en 1998 también son compatibles con los números aquí presentados: la población estadounidense opina en mayor medida que un movimiento hacia la privatización sería beneficioso, mientras que la misma opinión encuentra una valoración más baja en los países latinoamericanos (Hida, 1998).Otra evidencia que refuerza estas conclusiones la brinda la encuesta Global Entrepreneurship Monitor (2014, pp. 29-31), que en uno de sus rubros investiga como la sociedad valora a los emprendedores, factor que es medido a través de a) nivel de status y respeto social obtenido por emprendedores exitosos y b) la cobertura de prensa de noticias de nuevas empresas exitosas. En las dos categorías Australia y Estados Unidos (Nueva Zelanda no fue incluida) presentan en general valores mucho más elevados que aquellos para Argentina, Chile, México y Uruguay. El caso de Perú es distinto, ya que en esos rubros presenta valores muy altos.

 

 

[13]Por su parte los resultados de la encuesta “Espejo de las Américas” encargada por el Wall Street Journal  en 1998 encuentra que la opinión a favor del libre comercio en los países latinoamericanos es alta y comparable en su magnitud a la existente en Estados Unidos (Hida, 1998).

[14] Se analizó también si las medias de los totales para cada pregunta eran significativamente distintas (t-test) entre las regiones. En todos los casos, salvo para “ganancias de la prosperidad”, las diferencias eran significativas.

[15] Sobre este cambio ver Baker y Greene (2011). Los autores señalan que el cambio de ideas ha sido moderado.

[16] Ver especialmente el capítulo 12 de su libro que trata la cuestión de la industrialización en América Latina.

[17] Fueron incluidos Perú, Chile, Argentina, Colombia y México. Países de la región más pequeños, como Nicaragua y El Salvador, son sin embargo más optimistas respecto a  los efectos de la globalización. El Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) encuentra en general en la región mayor apoyo a los tratados de comercio del que  se derivaría de las respuestas aquí analizadas. La razón de la discrepancia parece ser que en los países más grandes (como los aquí tratados) hay una tendencia  ideológica más favorable al proteccionismo que en los países más pequeños. Ver Zizumbo-Colunga, et. at (n.d.)

[18]  Exportaciones más importaciones sobre PBI.

[19] Los ratios por país son los siguientes: Argentina 0,29; Estados Unidos 0,30; Australia 0,42; Perú 0,46; Uruguay 0,49; Nueva Zelanda 0,57; Chile 0,66; México 0,66). Las proporciones son promedios para el período 2011-15, tomadas del Banco Mundial: http://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS.

 

Carlos Newland es Dr. Litt. en Historia. Profesor y Ex Rector de ESEADE.

La verdad sobre los subsidios energéticos en Argentina

Por Iván Carrino. Publicado el 11/8/16 en: http://www.ivancarrino.com/la-verdad-sobre-los-subsidios-energeticos-en-argentina/

 

Imaginemos a un padre que está tratando de educar a su hijo de aproximadamente 5 años. Una de las lecciones que intenta enseñarle es que no debe ser agresivo con sus compañeros del colegio.

Un día determinado, lo invitan a una reunión en el colegio, donde comenta los avatares de este proceso de enseñarle a su criatura dicha lección. Para su sorpresa, un grupo de padres le sugiere que no se haga mucho problema por ello, ya que todos los compañeros son agresivos. No sé bien qué pensará el lector al respecto, pero no parece del todo sensato que, porque un grupo de personas se comporte de manera equis, todos tengamos que comportarnos así o conformarnos con dicho comportamiento.

¿A qué viene todo esto? Principalmente, a que pocos días atrás se difundió un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que muestra que la gran mayoría de los gobiernos del mundo destina importantes cantidades de dinero a subsidiar la energía en los países que administran. En términos de subsidios per cápita, nuestro país no estaría tan mal parado, ya que ocupa el puesto número 60 en una larga lista de naciones analizadas.

Obviamente, la relevancia de la difusión de este informe, que en realidad data de 2015, es criticar el intento del Gobierno por reducir estos gastos y el inevitable corolario de la suba en las tarifas que los consumidores pagan por la luz y el gas.

Ahora, la pregunta es si deberíamos tomar dicho ranking como válido, o como punto de referencia para nuestra problemática local. Mi respuesta es rotundamente negativa.

En primer lugar, porque uno de los principales focos en nuestro país está puesto en los subsidios a la energía eléctrica. Es decir, a que el Gobierno pague parte de lo que consumimos de luz en nuestras casas. Si uno mira ese mismo reporte del FMI, encontrará que entre los países avanzados (como Estados Unidos, Australia o Bélgica) casi ninguno destina un solo dólar a este tipo de subsidio.

Por otro lado, si nos comparamos con las economías avanzadas —y no con países que no deberíamos querer imitar, como Venezuela, Uzbekistán o Irán—, nos ubicamos en el quinto puesto a nivel mundial en términos de lo que subsidiamos la energía, siempre según los datos del FMI y en términos del PBI.

Ahora relacionando con el ejemplo del inicio, lo que no dicen quienes se encargaron de difundir este reporte es que la institución internacional hizo el análisis con el objetivo de concientizar a los países para que reduzcan inmediatamente este tipo de erogaciones públicas.

Para el FMI:

Eliminar los subsidios globales a la energía podría reducir las muertes relacionadas con las emisiones de combustibles fósiles en más del 50% […]. Las ganancias fiscales de eliminar los subsidios energéticos se estiman en 2,9 billones de dólares en 2015. Esto ofrece un enorme potencial para reducir otros impuestos y fortalecer la recaudación (…)

Las ganancias netas de la reforma, luego de reducir el costo que los mayores precios de la energía tendrían para los consumidores, derivadas de la ganancia fiscal y ambiental, se estima en 1,8 billones de dólares y podría ser mucho mayor si se utiliza para generar reducciones de impuestos que estimulen el crecimiento económico.

El problema fiscal es la clave en nuestro caso. El año pasado, el déficit ascendió a 370 mil millones de pesos, o 6,3% del PBI, mientras que los subsidios a la energía treparon al 2,9%, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). A su vez, estos subsidios han venido creciendo año a año, al igual que el desequilibrio de las cuentas públicas. Como resultado, hoy somos uno de los países con mayor inflación en el mundo y tenemos una carga tributaria insoportable.

2016.08.09_Subsidiosenergía

Así las cosas, la reducción de los subsidios energéticos fue la vía que eligió el Gobierno nacional para achicar el déficit y bajar ese impuesto no autorizado por el Congreso que es la inflación.

A modo de conclusión, mi pregunta para los que no quieren tocar este gasto es: ¿Qué proponen? ¿Qué otro rubro del gasto público aconsejan reducir? ¿Quieren eliminar Fútbol para Todos, los subsidios a la cultura, privatizar Aerolíneas Argentinas, o todo lo anterior junto? ¿Quieren emprender una reforma del Estado que implique, al menos en el corto plazo, mayor cantidad de empleados públicos buscando trabajo en el sector privado y, por tanto, engrosando las filas del desempleo? ¿Quieren explorar la posibilidad de ir a un sistema de jubilaciones privado?

¿O lo que en realidad proponen es que sigan vigentes las políticas del kirchnerismo, que financiaron una fiesta de gasto público con inflación, atraso y pobreza?

No es relevante si Estados Unidos, Trinidad y Tobago, o Arabia Saudita gastan más en términos per cápita en subsidios a la energía. Lo relevante es cómo se hace para achicar el déficit fiscal, bajar la inflación y así empezar a desactivar la bomba atómica económica que el kirchnerismo le dejó a su sucesor.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.