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MENTALIDAD PRO MERCADO: UN ÍNDICE MUNDIAL

Por Carlos Newland:

 

Carlos Newland, investigador de ESEADE, ha elaborado (en colaboración con el Prof. Pal Czegledi, de Hungría)  un índice mundial de pensamiento pro-mercado que será próximamente presentado en varias publicaciones internacionales (Independent Review, próxima edición del Informe Fraser de Libertad Económica Mundial). El índice es el primer intento de medir a nivel global la ideología económica de las diversas naciones que integran el mundo. El mismo se elabora tomando como insumo algunas de las preguntas que integran el World Values Survey, un proyecto mundial en curso desde 1980 que intenta mediante encuestas periódicas (en general cada cuatro años) medir la evolución de valores y creencias de la población. Para elaborar el índice se han tomado las respuestas dadas por los encuestados (normalmente un millar por país) a preguntas sobre la valoración de la iniciativa privada, la competencia, la no regulación del gobierno y la consideración de que todos pueden ganar a través de las operaciones de mercado. Según los datos de las dos encuestas más recientes del WVS, el ranking de países (con datos disponibles) según su aprobación de lo que se puede denominar un “modelo” capitalista es (ranking indicado en primera columna, valor del índice última columna):

 

1 Estados Unidos 0.697
2 Nueva Zelanda 0.686
3 Suiza 0.671
4 Taiwan 0.646
5 Canada 0.621
6 Noruega 0.615
7 Suecia 0.611
8 Gran Bretaña 0.600
9 Australia 0.596
10 Hong Kong 0.575
11 Trinidad Tobago 0.568
12 Vietnam 0.553
13 Finlandia 0.549
14 Rumania 0.547
15 Ecuador 0.547
16 Japon 0.539
17 Etiopia 0.535
18 Alemania 0.524
19 Azerbaijan 0.515
20 Uzbekistan 0.513
21 Peru 0.512
22 Rwanda 0.507
23 Belorusia 0.506
24 Georgia 0.504
25 Mexico 0.502
26 China 0.500
27 Yemen 0.499
28 Libia 0.499
29 Holanda 0.496
30 Francia 0.494
31 Indonesia 0.493
32 Qatar 0.488
33 Italia 0.488
34 Brasil 0.483
35 Malasia 0.482
36 Singapore 0.481
37 Eslovenia 0.474
38 Zimbabwe 0.474
39 Chipre 0.460
40 Gana 0.458
41 Colombia 0.454
42 Bulgaria 0.447
43 Moldova 0.445
44 Egipto 0.432
45 Pakistan 0.429
46 Uruguay 0.424
47 Filipinas 0.424
48 Andorra 0.419
49 Tailandia 0.417
50 Tunez 0.415
51 Marruecos 0.414
52 Burkina Faso 0.412
53 Kyrgyzstan 0.409
54 Armenia 0.409
55 Estonia 0.407
56 Kuwait 0.405
57 España 0.404
58 Nigeria 0.387
59 Sudafrica 0.387
60 Palestina 0.386
61 Corea del Sur 0.385
62 Libano 0.385
63 Mali 0.377
64 Irak 0.376
65 Iran 0.370
66 Jordania 0.364
67 Poland 0.359
68 India 0.359
69 Turquia 0.346
70 Algeria 0.343
71 Zambia 0.339
72 Argentina 0.323
73 Chile 0.316
74 Hungria 0.301
75 Kazakhstan 0.283
76 Ucrania 0.283
77 Rusia 0.241

 

El país que presenta la más elevada mentalidad pro capitalista es Estados Unidos, seguido por un conjunto de países del Norte de Europa, naciones de habla inglesa (Nueva Zelanda, Canadá) y de cultura China. Por otra parte muy al final de la tabla se ubica  Argentina, cuya población presenta una ideología bastante anti mercado, que podríamos decir que ha caracterizado al peronismo. Nuestro país es acompañado por varios países que antes estaban detrás del Telón de Acero. En ellos es clara la herencia cultural dejada por el comunismo y con su rechazo del capitalismo.

Argentina es un caso casi único a nivel mundial donde la mentalidad pro mercado era elevada en la década de 1990 para luego caer dramáticamente desde el año 2000. Ello explica tanto que Menem adoptara políticas económicas liberales, como que los gobiernos de los Kirchner hicieran lo contrario. La baja aceptación actual del mercado en Argentina se refleja en la baja prioridad que ha dado Mauricio Macri al tema, que en general ha incluido muy poco en sus discursos. Es por ello que hoy en día se habla poco de privatización y se ha puesto hasta hace poco énfasis en la reducción del peso del Estado en la Economía. Es lo que espera la opinión pública.

 

Carlos Newland es Dr. Litt. en Historia. Profesor y Ex Rector de ESEADE.

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Capitalismo, pobreza, riqueza, estatismo y controles

Por Gabriel Boragina Publicado  el 15/12/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/12/capitalismo-pobreza-riqueza-estatismo-y.html

 

Suele decirse que los países del primer mundo son capitalistas. Y que esos países serían los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia y algunos otros más.
Las economías -no obstante- de esos países no son “capitalistas” ni de “libre mercado”, sino que son “intervencionistas” en el mejor de los casos. Uno de los índices que lo muestra es el de PERN (Participación del Estado en la Renta Nacional). Este indicador trata de determinar a cuánto asciende la intervención del “estado” en el PBI de cada país. Es bueno para describir el grado de injerencia estatal en la economía. Si se analiza esta relación cuidadosamente, puede advertirse que la PERN es del orden del 45/50 % promedio en la mayoría de los países. En EEUU y otras naciones un poco más bajo, pero no tanto. Como se ve, nada de “capitalismo” ni “libre mercado” sino mucho de estatismo.
Intervencionismo, estatismo, dirigismo, populismo, etc. son términos contrarios al capitalismo. La mera existencia de impuestos (que como su nombre lo indica se cobran coactivamente) denota que el capitalismo no existe, sino en muy escasa medida en el mundo. Se podría expresar que, a mayor tasa de imposición fiscal menor tasa de capitalismo, habida cuenta que sin libertad no hay capitalismo y en el caso fiscal el único que goza de libertad es el fisco que es libre de cobrarlos o no, pero no goza de igual derecho el contribuyente que no es libre de pagarlos o no. La libertad que se otorga el burócrata a sí mismo para cobrar tributos es lo más contrario al capitalismo. Y la locución tan usada de “capitalismo de estado” no es más que un oxímoron. No hay capitalismo sin libertad, y donde la única libertad que existe es la del gobierno contra los gobernados allí no hay nada de capitalismo.
También se afirma que la pobreza de los pobres es causa de la riqueza de los ricos (y viceversa), tal como sostenía Montaigne en el siglo XV, quien así construyó su famoso dogma.
Los gobernantes -sin embargo- son los hombres más ricos del mundo siempre, porque son los únicos que pueden crear el dinero que necesitan “de la nada”. Ese es el objetivo -precisamente- de la “Casas de la Moneda” y de los bancos centrales, ambos (de más está decirlo) estatales. Perpetuamente son peligrosos porque, además de no tener moral, tienen todo el poder, lo que los hace más temibles aún.
Y en cuanto a los ricos que no forman parte de los gobiernos, o en apariencia no componen su estructura formal, cabe pensar que obtuvieron su patrimonio al amparo de leyes intervencionistas que atacando al libre mercado privilegian a unos empresarios a costa de otros empresarios. Muchas leyes actúan en ese sentido, creando monopolios, mercados cautivos y otras rigideces en la economía, que encumbra artificialmente a unos pseudoempresarios y destronan a los verdaderos emprendedores que buscan competir sin privilegios y ventajas. Difícilmente en países con legislaciones intervencionistas (la mayoría de hoy) podremos tener certeza de hasta qué punto las fortunas empresariales son consecuencia del libre juego de la oferta y la demanda y de la competencia de mercado. Donde no hay mercado, o donde el mercado está severamente ingerido, persistentemente cabrá la sospecha de capitales mal habidos.
Donde el mercado sea más libre que en otras partes, las ganancias de los empresarios serán consecuencia de su sometimiento a las leyes de la competencia libre (o más o menos libre), y allí nada cabrá reprocharles, porque sus lucros serán fruto de las libres decisiones de sus clientes y compradores eventuales, que los habrán preferido en lugar de sus competidores.
Podría darse el caso de un gobernante honesto que se abstenga de enriquecerse a costa de su pueblo. Pero dada que toda la legislación a nivel mundial esta armada de manera tal que sean los gobiernos los que controlen la emisión de dinero, cobren los impuestos, dirijan la producción, y dicten leyes que fijen precios (entre otras muchas restricciones) la tentación de echar mano a esos recursos perennemente será muy grande para el sujeto que eventualmente gobierne, ya que dispondrá continuamente de un poder enorme, que será muy difícil de controlarse o autocontrolarse. Basta que una ley habilite expoliar a un ciudadano (aunque se le dé visos de legalidad) para que la puerta del abuso estatal quede constantemente abierta, y sea discrecional para el poder de turno atravesarla o no.
Quizás, un presidente o líder honesto no se enriquezca porque dentro de sus normas morales está la de no robar. Pero ¿podría decirse lo mismo del resto de sus funcionarios? y, a niveles más bajos que el suyo ¿de los miles o más de burócratas que conforman la administración pública? ¿puede esperarse que un presidente o jefe de estado decente tenga el control y la vigilancia permanente de lo que hagan o no hagan -dentro o fuera de sus despachos- todos los funcionarios que jerárquicamente dependan de él? La respuesta es que es humanamente imposible esperar eso de una sola persona.
No hablo, por supuesto de los casos donde los jefes de estado son notoriamente partícipes o autores de ilícitos que son tan explícitos que están a la vista de todo el mundo. Tal por ejemplo el caso del matrimonio Kirchner en Argentina.
Por eso, no es cierto que el liberalismo aspira a una sociedad sin controles. Hay que diferenciar las cosas. La sociedad necesita -desde luego- controles, y esos vienen dados por las leyes, que en el marco de un orden constitucional republicano han de respetar los derechos individuales de todos por igual, lo que se llama igualdad ante la ley. Este control de tipo legislativo es el que se da la propia sociedad civilizada para garantizar -precisamente- su carácter de tal y, especialmente, el de civilizada. Sin este tipo de controles ninguna libertad de mercado resulta viable ni posible.
La economía de mercado tiene sus propios controles. Y sólo puede existir bajo el imperio de la ley. Sin ley no hay mercado y sin mercado no hay ley. Son dos caras de la misma moneda. Claro que no cualquier ley, sino leyes que respeten los derechos individuales y la propiedad privada de las personas.
Nuestras actuales economías no son de mercado, porque el que abusa del mercado es el gobernante y no al revés. Y el mercado no tiene secretos ni e entelequias, es simplemente la gente como el lector y yo.

 

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Bajar la inflación a pesar del déficit

Por Iván Carrino. Publicado el 11/10/17 en: http://www.ivancarrino.com/bajar-la-inflacion-a-pesar-del-deficit/

 

Milton Friedman decía que la inflación es -en todo momento y en todo lugar- un fenómeno monetario.

Ahora desde la perspectiva argentina, cuando vemos para qué se emitió dinero entre los años 2011 y 2015, tendemos a pensar que la inflación no es un fenómeno monetario sino, más bien, un fenómeno fiscal.

El mecanismo es el siguiente. El Gobierno gasta más de lo que gana y entonces le pide al Banco Central que lo financie. El Banco Central emite más pesos de lo que el mercado necesita y el precio del dinero cae.

El resultado: la inflación.

Dado este mecanismo, es claro que cuando la inflación es alta y sostenida, lo que hay detrás es un déficit fiscal que está siendo “monetizado” por la autoridad monetaria.

La pregunta es: ¿se da este mecanismo a la inversa? Es decir: ¿siempre que haya alto déficit fiscal va a haber alta inflación?

Alto déficit no siempre es alta inflación

La relación entre déficit, emisión e inflación la conocemos bien en el país. El gobierno gasta de más, no le alcanza, y saquea al Banco Central.

Ahora ése no es el cuadro en todas las latitudes.

Bolivia, por ejemplo, cerrará el año con un déficit primario de cerca de 5% del PBI (más de lo proyectado para Argentina). Su inflación, sin embargo es un quinto de la nuestra.

Del otro lado del mundo, Japón también presenta un desajuste de cerca de 4% del PBI (3,8%). Sin embargo, no solo no tiene inflación, sino que busca desesperadamente que ésta suba. Según el FMI cerrará el año en 0,8% anual.

Existen otros ejemplos. En Estados Unidos, en plena crisis, el desequilibrio fiscal casi alcanzó el 10% del producto. En España y Grecia, ese umbral se superó en el 2009. Sin embargo, en ninguno de los casos hubo temores por la inflación.

Es decir, si hay inflación alta y sostenida, muy probablemente detrás haya un gobierno despilfarrador que está atracando al Banco Central. Pero que existan gobiernos despilfarradores no quiere decir que tenga que haber más inflación.

Es que, en definitiva, la inflación se produce cuando la cantidad de dinero excede la que demanda el mercado. Y el único responsable por esa cantidad es su único emisor. Es decir, el BCRA.

Si el Banco Central decide no financiar al Tesoro, entonces evitará colocar una cantidad de dinero excesiva. Finalmente, entonces, no se producirá la inflación.

¿Cumplirá Sturzenegger?

La discusión es particularmente relevante para el contexto nacional actual. El gobierno en 2016 no solo no redujo el déficit fiscal, sino que lo aumentó. Para éste y los años siguientes, si bien propone un sendero decreciente para el mismo, el ritmo es excesivamente gradualista.

En 2018, según el presupuesto, el agujero de Hacienda ascenderá a $ 680.000 millones.

¿Se puede bajar la inflación en este contexto? La respuesta, curiosamente, es afirmativa. Es que, en la medida en que el Banco Central controle y reduzca la monetización del déficit, el ritmo de aumento de los precios continuará descendiendo.

Para 2018, el BCRA transferirá solamente $ 140.000 millones al Tesoro, un 20% de sus necesidades de financiamiento. En 2014 el central aportó el 64% de dichas necesidades. Puede parecer poco, pero es un avance importante, y los datos de inflación así lo reflejan. Estamos con los índices más bajos de los últimos 7 años.

Para concluir, hay una buena y una mala noticia a partir de todo esto. La buena es que la inflación puede bajarse a pesar de tener un abultado déficit fiscal. Los datos presentes y las expectativas muestran que ésta cae y lo seguirá haciendo por los próximos años.

La mala noticia, sin embargo, es que tener semejantes niveles de déficit no es para nada saludable. Ellos se traducen en deuda y la deuda en mayor incertidumbre y menor crecimiento.

Argentina tiene que crecer de manera sostenida por muchos años. Para eso debe ordenar sus números. Bajar la inflación es solo un pequeño paso en un largo camino por recorrer.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

SOBRE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Por Alberto Benegas Lynch (h).

 

Lo primero es consignar que nadie en ninguna parte es originario excepto del continente africano que es de donde provenimos los humanos tal como, entre muchos otros, lo explica en detalle Spencer Wells en su tratado que lleva el título de The Journey of Man.  A Genetic Odyssey. En todo caso se puede decir que unos arribaron antes que otros a distintos lugares pero sostener lo de los “pueblos originarios” fuera de África constituye una impostura.

 

En aquella línea argumental no se comprende como en Estados Unidos a los negros se les dice “afroamericanos” como si fueran un distintivo y como si los distinguiera de los blancos que, como queda dicho, también provienen de África. En este sentido, también el que ahora esto escribe es afroargentino y así sucesivamente con el resto de los habitantes del planeta Tierra.

 

También debe puntualizarse respecto a América que en rigor no cabe denominar a sus primeros habitantes “indios” puesto que esa calificación procede de un error geográfico de los que arribaron a esas tierras provenientes de Europa quienes consideraron que habían llegado a la India.

 

También es menester destacar que en algunos casos quienes se dicen los primeros habitantes no lo son como es el caso de los mapuches en territorio argentino ya que fueron los tehuelches los primeros. En este sentido es de interés puntualizar que contemporáneamente, debido a la influencia marxista, algunos grupos interpretan que los que adhieren a concepciones de esa tradición  de pensamiento son de facto pertenecientes a esa agrupación ancestral. Esta conclusión la vinculamos a una entrevista reciente de Jorge Lanata a un miembro de uno de esos grupos en la que queda al descubierto la llamativa contradicción del entrevistado al pretender tierra cuando, al mismo tiempo, su filosofía descree de la institución de la propiedad.

 

Sin duda hubieron explotaciones miserables por parte de muchos de los llamados conquistadores respecto a pueblos que se encontraban en el lugar, de allí es que surgieron los Fray Bartolomé de las Casas en diversas partes que operaban en defensa de los derechos de los locales lo cual incluye a descendientes de los mayas, incas y aztecas (y no digo “derechos humanos” porque constituye una logomaquía ya que no hay  derechos de vegetales, minerales o animales, son  siempre de los humanos). Pero  el problema de la eventual reparación por daños no parece que pueda resolverse de otro modo como no sea a través de las pruebas fehacientes en cuanto a signos válidos o títulos de propiedad para que se diriman los posibles conflictos en los estrados judiciales, tema debatido, entre otros, por Lysander Spooner, Robert LeFebre, Karen Da Costa y Carl Wanter. El asunto  es que en gran medida los primeros habitantes no parecían tener el concepto de propiedad privada y más bien de modo implícito usaban y disponían de todo el territorio al que tenían acceso, aunque debe distinguirse el cultivo permanente de la caza nómade. De todos modos por lo que se sabe, la idea de descubrimiento y consecuente posesión no resultaba clara.

 

Si no hay pruebas fehacientes no puede procederse a reivindicaciones que quedan como piezas retóricas. Salvando las distancias, el que estas líneas escribe puede eventualmente intuir que le pertenecen varias propiedades y parte del castillo de los Lynch en la ciudad irlandesa de Galloway (que hoy pertenece a un banco), pero no  hay pruebas, lo mismo va para la rama de la familia del autor de la presente nota en Andalucía y luego Castilla, por ejemplo respecto a los honorarios  considerados insuficientes por coetáneos cuando una integrante de la familia era dama de compañía de la reina Isabel la Católica (calcúlese a interés compuesto el  monto de la deuda desde el siglo xv descontada la inflación). Días pasados en un programa televisivo, el periodista Claudio Savoia manifestó que no le faltaban ganas de explorar si le pertenecían propiedades de la italiana Casa de Saboya, y así con infinidad de casos imposibles de probar y los más de dudosa verisimilitud.

 

El tema de la explotación siguió su curso tal como explica Juan Bautista Alberdi referido a la Argentina en el sentido de que con la llamada independencia la metrópoli dejó de explotar las colonias pero henos aquí que los habitantes se convirtieron en colonos de sus gobiernos “patrios”. Estas explotaciones principalmente fiscales fueron aun mayores que los Virreinatos del Perú, de Nueva España y del Río de la Plata. Esto fue muy distinto  en América del Norte donde en lugar de conquistadores españoles y portugueses los colonos se asentaron en esa zona escapados de la intolerancia religiosa y las restricciones a las libertades para instaurar una sociedad abierta. En cambio, la cruz y la espada hicieron estragos en América latina y en Brasil atando política y religión, mientras que en el Norte los Padres Fundadores establecieron “la doctrina de la muralla”, esto es, la separación tajante entre el poder político y las denominaciones religiosas.

 

En el Norte había tribus que través de la historia se han  destacado por conductas ejemplares, lo cual, por ejemplo, han descripto maravillosamente autores como Charles A. Eastman en su Indian Boyhood (también autor de The Soul of the Indian) donde muestra tribus estadounidenses que consideraban un crimen el tener esclavos y no podían entender como los tenían los blancos. También, entre otras cosas, algunos renunciaron a toda ayuda gubernamental y a vivir en reservas estatales todo lo cual estimaban “una degradación física y moral”, Eastman subraya el aprecio y especial cuidado en esas tribus por los mayores y las tradiciones de respeto recíproco.

 

Thomas Jefferson en carta a James Madison fechada en Paris el 30 de enero de 1787 escribe que “La gente concluye apresuradamente que debe vivirse bajo un gobierno, lo cual no está fundado en la verdad ni en la experiencia. Las sociedades viven bajo tres formas 1) sin gobierno como entre los indios […] No tengo claro en mi mente si la primera forma no es la mejor”. Es en este sentido de interés explorar la forma de operar de algunas sociedades de “indios”, lo cual es mencionado en la obra de David Lavender Let Me Be Free donde el autor centra su análisis en la tribu Net Perce de Oregon en Estados Unidos, donde sus descripciones de la caballerosidad de estas personas y las traiciones e incumplimiento de la palabra empeñada por parte de los blancos. Algo parecido ocurrió con algunas tribus en América latina descriptas por el antes mencionado Fray Bartolomé de las Casas en cuanto a corrección y costumbres respetuosas de sus integrantes y también en cuanto a sistemas de solidaridad entre ellos para la educación y el cuidado de huérfanos y desvalidos.

 

Los abusos de los conquistadores fueron apoyados y estimulados por no pocos sacerdotes y órdenes religiosas por ello es el pedido de perdón de Juan Pablo II en nombre de la Iglesia. De allí es que surgió el anticlericalismo, es decir, la opinión que los representantes de la Iglesia no debían intervenir en asuntos políticos (movimiento en el que también tuvieron lugar abusos como expropiaciones de propiedades de la Iglesia) ni tampoco en cuanto a políticas educativas más allá de la esfera parroquial ya que en muchos ámbitos latinoamericanos se había enfrascado en enseñanzas nacionalistas en combinación con cierto espíritu militar. Cuando la Iglesia le limitó a la educación parroquial en competencia con otras instituciones laicas y otras denominaciones religiosas los resultados fueron sumamente fértiles, igual que cuando las misiones evangelizadoras fueron voluntarias. En cambio, cuando se pretendió el monopolio del catolicismo o cuando se “evangelizó” con el uso de la fuerza el atropello a los derechos fue inexorable y, por ende,  los resultados fueron naturalmente nefastos.

 

Esta intervención de la Iglesia en política fue en gran media el resultado del Real Patronato por medio del cual el Papa otorgaba a los reyes católicos españoles y sucesores facultades propias de la Iglesia (incluso la posibilidad de nombrar obispos).

 

Por supuesto que también había tribus agresivas e irrespetuosas del prójimo sea con sus colegas o con los blancos. En este sentido es del caso hacer alguna referencia a la ilustrativa expedición militar en territorio argentino. Fue principalmente dirigida por el general Julio A. Roca (ministro del presidente Avellaneda) y votada en el Congreso de la Nación en defensa propia contra las invasiones de tribus araucanas provenientes de Chile y con carácter reivindicatorio. Las acciones violentas de diaguitas, abipones y los antes referidos mapuches fueron reiteradas respecto de asentamientos de criollos. Los malones en forma constante atacaban posiciones de los blancos, arrasando con instalaciones, robando caballos, ganado vacuno y fusiles, al tiempo que secuestraban mujeres (a las que se les hacía un tajo en la planta del pie para que no pudieran escapar). Acompañaban a los soldados en esa reconquista en cantidades considerables -en calidad de testigos- sacerdotes de prestigio (como Monseñor Antonio Espinosa), reconocidos periodistas (como Remigo Lupo) y científicos de renombre (como Adolfo Doering y Pablo Lorenz). Colaboró decididamente en la defensa de Buenos Aires Adolfo Alsina con su célebre zanja de 400 kilómetros.

 

El caso latinoamericano de la explotación de la metrópoli comenzó a debilitarse a raíz de las guerras napoleónicas, especialmente debido a la abdicación de Carlos iv en Fernando vii quien fuera reemplazado por José Bonaparte. Esto condujo a las Juntas de Cádiz, al Consejo de Regencia y las Cortes de Cádiz y la Constitución liberal  de 1812 (en esa asamblea la palabra liberal dejó de ser un adjetivo –generoso- para convertirse en un sustantivo: como opuesto a servil).

 

Es de gran importancia enfatizar que a las Cortes de Cádiz las Américas españolas tenían derecho a hacerse representar como diputados también por “indios” ya que, por definición, el liberalismo considera a todos los seres humanos como iguales en derechos (el espíritu liberal de los diputados españoles provenía de la segunda tanda de la Escuela de Salamanca).

 

En Portugal el sistema colonial tuvo mayor duración como consecuencia de que la Corte se mudó a Brasil y, como se ha dicho, en Estados Unidos el dominio de Jorge III se interrumpió con la revolución estadounidense que constituyó un ejemplo a seguir para la independencia de los pueblos latinoamericanos, aunque, como se ha expresado más arriba, no con sus correspondientes libertades las cuales se recuperaron en algunos países como la Argentina desde su Constitución liberal de 1853 (que tomó principalmente como base la Constitución  estadounidense y la de Cádiz) hasta el golpe fascista del 30 muy acentuado a partir del peronismo y sus imitadores.

 

En todo caso, en esta nota apuntamos a dejar sentado de manera breve el sentido de los denominados pueblos originarios y la importancia de respetar a todas las personas sin importar su origen, sus costumbres y sus religiones ya que desde la perspectiva liberal solo es lícito recurrir al uso de la fuerza allí donde hay lesiones de derechos.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

¿LA CIUDAD DEL FUTURO?

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Lo primero que hay que resaltar es que nadie conoce el futuro puesto que no pueden anticiparse los millones de sucesos que ocurren en el presente y han ocurrido en el pasado que influirán en el más adelante, además de  procesos nuevos que se acoplan en el devenir de los acontecimientos. De todos modos pueden conjeturarse ciertos fenómenos con las reservas del caso, en realidad de modo cotidiano es lo que se hace con la idea de preveer las consecuencias de nuestros actos que en ausencia de esas conjeturas quedaríamos paralizados.

 

En este contexto es que pueden formularse hipótesis respecto a las ciudades del futuro en vista de algunas tendencias y preferencias que benefician  a la gente al internalizar costos y no hacerles pagar coactivamente a quienes no recurren a tal o cual servicio (por ejemplo, cuando pagan por rutas quienes no tienen automóvil…ni por espacios y rutas aéreas si el día de mañana esos vehículos volaran o, como ha sugerido Elon Musk, capas de plataformas subterráneas de alta velocidad).

 

Últimamente se han publicado infinidad de trabajos imaginando asignación  de derechos de propiedad a todo lo que hoy se da por sentado que debe ser estatal, obras en la que se ejemplifica con casos muy relevantes que operan en la actualidad. En este sentido, se destacan muy especialmente The Voluntary City. Choice, Community and Civil Society que contiene valiosos y voluminosos  escritos editados por David. T. Beito, Peter Gordon y Alexander Tabarrok con un ponderado prólogo de Paul Johnson, y también el magnífico Public Goods and Private Communities. The Market Provision of Social Servicies por Fred Foldvary.

 

En una nota periodística no pueden abarcarse todas las aristas que ofrecen los temas inherentes al tema planteado por lo que nos concentraremos solo en las calles, avenidas y carreteras al efecto de ilustrar un aspecto del asunto que implícitamente abarca otras facetas. De entrada resaltamos que la aludida asignación de derechos de propiedad a las vías de comunicación terrestres no significa para nada la incomunicación del mismo modo que a nadie en su sano juicio se le ocurriría a esta altura del partido afirmar que la telefonía privada bloquea la comunicación cuando, muy al revés, la intervención estatal en el rubro obligaba a la gente a gritar puesto que la incomunicación estaba a la orden del día y el contar con un teléfono constituía un privilegio enorme.

 

Entonces veamos lo que ocurre en un centro comercial (shopping): calles internas bien iluminadas, sin baldozas destrozadas y donde la inseguridad es inexistente puesto que los incentivos operan  en  esa  dirección para proteger y atraer a clientes efectivos o potenciales en un contexto donde no se cobra el tránsito puesto que los comerciantes desean contar con la mayor clientela posible.

 

Lo que sugieren las obras mencionadas es que las zonas urbanísticas del futuro se concreten en barrios residenciales donde van los dueños, sus inquilinos y sus invitados, los barrios industriales donde se ubican las fábricas y oficinas y los antes mencionados barrios comerciales donde se agregan a los negocios habituales, las atenciones a la salud, los lugares bailables, los estudios profesionales, los espacios verdes, teatros, restaurantes y demás emprendimientos dirigidos al público en general.

 

Esta situación urbanística requiere calles interiores y avenidas sin cargo en los barrios residenciales (hoy denominados barrios cerrados) y los referidos barrios comerciales y pagos las rutas y carreteras privadas donde el costo lo abonan quienes las utilizan (donde puede concebirse que en algunos casos sean también sin cargo o privadamente subsidiados cuando el negocio es inmobiliario  a los costados de la ruta o carretera que, según el tráfico pueden ser de más de un piso).

 

En esta línea argumental aparecen dos supuestos contra-argumentos: las comunicaciones terrestres que son inviables por ser antieconómicas y la supuesta “exclusión” que significan los barrios residenciales a la manera de los barrios cerrados. En primer lugar, si ciertas comunicaciones terrestres son antieconómicas (lo cual no se limita a las rutas, accesos y carreteras sino a los ferrocarriles, colectivos, líneas aéreas y de navegación marítima) es porque significan consumo de capital, situación que, a su turno, se traduce en contracción de salarios en términos reales puesto que éstos son consecuencia de las tasas de capitalización. A su vez, este derroche implica que inexorablemente se extiendan las zonas inviables ya que la pobreza es mayor. Si al comienzo de cada país, los contribuyentes se ven forzados a financiar elefantes blancos, nunca despega. Se sostiene que aquella financiación forzosa es un acto de “solidaridad” lo cual rechaza la misma idea de caridad que, por definición, trata de actos voluntarios con recursos propios. Un acto de solidaridad no es arrancar las billeteras y las carteras de unos y entregar el fruto del trabajo ajeno a otros (sin contar lo que se queda en al camino cuando intervienen los aparatos estatales). Como se ha dicho “la primera regla de la economía es que los bienes son escasos y la primera regla de la política es desconocer la primera regla de la economía”.

 

En segundo lugar, la “exclusión” que se atribuye despectivamente a los llamados barrios cerrados no solo no excluye en el sentido peyorativo sino que incluye puesto que refuerza los incentivos por la seguridad jurídica que implica. En otro sentido, la asignación de derechos de propiedad naturalmente excluye a los no son propietarios del bien en cuestión de la misma manera que siempre incluye a los que son dueños de ropa, alimentación y  vivienda. Lo contrario se degrada en “la tragedia de los comunes” (lo que es de todos no es de nadie con el consiguiente uso desaprensivo del bien). Entonces, si lo que se quiere decir por “excluidos” en el sentido de marginados y empobrecidos, debe comprenderse que la receta más contundente para aumentar la insatisfacción consiste en atacar  las garantías a la propiedad, es decir, cuando alguien produce algo bloquear el uso y disposición por parte del titular.

 

Como hemos consignado en otra oportunidad, el origen de este análisis debe verse en los canales navegables más importantes en Inglaterra y Estados Unidos financiados privadamente por peajes en el siglo xviii donde se abrieron las puertas al progreso tecnológico en esta materia a través de sistemas de dragados, túneles, exclusas y puentes. Asimismo, los caminos siguieron en muchos países europeos el mismo derrotero:  los de tierra se convertían en puro lodo en épocas de lluvias y en un terragal insoportable en épocas de seca. En la antigüedad la construcción de caminos eran sinónimo de esclavitud pero con el tiempo la faena fue responsabilidad de los pobladores y de las parroquias (en tiempos de las Cruzadas había obispos que otorgaban indulgencias para constructores de caminos y su respectiva manutención).

 

Contemporáneamente, los canales de Suez y Panamá fueron financiados por medio de la venta de acciones y la colocación de títulos en los mercados de capitales mundiales. Hoy el Eurotúnel une el continente con Gran Bretaña  a través del Canal de la Mancha en un emprendimiento que cuenta con 560.000 accionistas.

 

Cuando se comenzó a utilizar el hierro, la invención de John McAdam y el asfalto hizo que los caminos pasaran al primer nivel de atención. Se utilizó el sistema de los turnpikes (peajes) como sistema de financiación en Inglaterra, Irlanda, Bélgica y Estados Unidos. Tal como sucedió en otras áreas, los gobiernos comenzaron a entrometerse en los negocios privados, en este caso, primero regulando precios, luego a través de shadow prices que simulaban peaje pero entregando diferencias directamente a los propietarios como una medida “política” hacia los usuarios y en algunos casos haciendo aparecer directamente como si no hubiera peaje (como si los caminos fueran “gratis”). La reiteración de estas políticas que disminuían las entregas gubernamentales, junto con la irrupción del ferrocarril mandaron a no pocos operadores a la quiebra lo cual, en lugar de corregir la situación, hizo que los gobiernos tomaran lo que fue un negocio en una gestión estatizada.

 

Después de un largo tiempo volvió a aparecer el sector privado en el negocio pero bajo la figura de “la concesión” lo cual mantiene la politización del área. Esto fue primero en varios países europeos, Estados Unidos y Japón, en este último caso eliminando el eminent domain, a saber, la eliminación de la expropiación para “causa de utilidad pública”, es decir, el trazado de la construcción de caminos sin afectar el derecho de propiedad. La nueva aplicación del peaje primero se llevó a cabo con tolltags y luego el cobro electrónico sin barreras.

 

La figura de la concesión, entre otras cosas al mantener la propiedad en manos estatales, no permite al operador recurrir al camino como colateral para recurrir al crédito y, en general, le resta autonomía financiera. Al mantener la propiedad en la órbita estatal se facilitan intromisiones y politizaciones del negocio y problemas cuando se acerca el vencimiento del contrato (salvando las distancias, también la concesión afecta gravemente la libertad de prensa al no vender el espectro electromagnético).

 

En el caso que venimos comentando, la asignación de derechos de propiedad no solo permite la mayor flexibilización del negocio y el mejor rendimiento en competencia (también con otros medios de transporte) sino que se resuelve el tema de la optimización de las normas de tránsito, la pornografía, la prostitución, el uso de estupefacientes, las protestas sociales, al tiempo que las quejas eventuales de usuarios son debidamente atendidas para prosperar.

 

No es que la eliminación del uso desaprensivo de la politización haga desaparecer errores, la imperfección es la característica del ser humano, de lo que se trata es de minimizar problemas pasando al campo de lo voluntario y pacífico y, en esta etapa del proceso evolutivo, mantener al aparato de la fuerza que denominamos gobierno en el terreno de la protección de los derechos de todos.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Conflicto docente: ¿y la educación?

Por Carlos Alberto Salguero. Publicado el 3/4/17 en: http://www.rionegro.com.ar/portada/opinion/conflicto-docente-y-la-educacion-YM2529032

 

La causa inmediata que surge de analizar el conflicto docente, según la evidencia, es atribuible a los persistentes déficits del presupuesto, pero las raíces más profundas deben buscarse en las desafortunadas decisiones de política económica llevadas a cabo por Argentina durante los últimos setenta años, el populismo nacional. Curiosamente, las mismas razones que defiende el más expuesto dirigente sindical, Roberto Baradel, quien lejos de enfocar sus esfuerzos en intentar zanjar el problema, sistemáticamente, ha adoptado una postura radicalizada y concebida para dividir, estrechamente identificada con su filiación política, el kirchnerismo.

Quien crea en las buenas intenciones del líder sindical y su entorno bien peca de naíf, o bien de malintencionado. Pues sólo hay una cosa que es clara en este conflicto, el leitmotiv: “No importa la educación”. Como solía decir el gran economista Milton Friedman “nada es gratis”, sobre todo para los alumnos, quienes sin dudas soportarán los más altos costos; pero todavía hay un examen más triste y vil, ni siquiera tendrán conciencia de su propia ignorancia.

Parafraseando al premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, podría decirse que el kirchnerismo es elegir el error, es el partido de la expresidenta procesada por asociación ilícita y de los resentidos más aberrantes, llenos de odio, de rencores viscerales, enfermos de rabia inexplicable hacia todo lo bueno que sea diferente a su manera tajante y fanática de ver las cosas; son por lo general incultos e ignorantes, mediocres de mediocres y ahora, por supuesto, los que quieren empujar hacia el abismo a las futuras generaciones de argentinos.

Las fallidas políticas económicas del Estado condujeron a que en nuestros días sea muy común incluir a la economía argentina en la misma categoría que otras naciones de Latinoamérica. Incluso hay quienes la ponen aún por debajo de dicho ranking. ¡La debacle ha sido fenomenal! Un país que era democrático cuando tres cuartas partes de Europa no lo era y que era uno de los más prósperos de la Tierra cuando América Latina era un continente de hambrientos, de atrasados. La mayoría de los economistas que escribieron durante las tres primeras décadas del siglo XX habrían ubicado a nuestro país entre los más avanzados, tales como los líderes de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá o Australia. En aquellos años hubiese sido absurdo calificar a la Argentina como un país subdesarrollado en el sentido que hoy se le asigna al término.

Tan particular es el caso argentino que fue tipificado por el premio Nobel de Economía Simon Kuznets, quien dijo: “Existen 4 tipos diferentes de países: los países desarrollados, los subdesarrollados, Argentina y Japón”. El énfasis que puso el autor en Argentina se sustenta en un extraño infortunio, justamente, por tratarse del único caso de un país que fue en apariencia desarrollado en la década del 20 y, a partir de allí, se subdesarrolló.

La educación ha sido determinante en la historia Argentina y su referencia obligada, como prueba más cabal y absoluta, es Domingo Faustino Sarmiento, quien centró la mayor parte de su esfuerzo en la promoción de la educación, y así, el primer país del mundo que acabó con el analfabetismo no fue Estados Unidos, ni tampoco Francia, fue Argentina, con un sistema educativo que era un ejemplo para todo el mundo. Ese país era un país de vanguardia.

La educación argentina no debe perderse en mezquindades ni en sesgos partidarios, sino retornar al rumbo que sentó las bases de la Generación del 80, la época dorada de la educación que, como país, nos puso a la par de las grandes potencias.

Hay que dejar de elegir las peores opciones y perseverar en el error. No se deje engañar, la opción no es Baradel ni lo que representa, o no habrá límites para la caída, y las catástrofes seguirán sucediendo.

El primer país del mundo que acabó con el analfabetismo no fue Estados Unidos, ni tampoco Francia, fue Argentina, con un sistema educativo que era un ejemplo.
La educación argentina no debe perderse en mezquindades ni en sesgos partidarios, sino retornar al rumbo que sentó las bases de la Generación del 80.

 

 

Carlos Alberto Salguero es Doctor en Economía y Máster en Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Lic. en Economía (UCALP), profesor titular e investigador en la Universidad Católica de La Plata y egresado de la Escuela Naval Militar.

El derecho de protesta en EE.UU.

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 30/3/17 en: http://www.lanacion.com.ar/2001370-el-derecho-de-protesta-en-eeuu

 

Las protestas callejeras y en los espacios públicos están creciendo en intensidad en toda la región. Hace pocos días, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez emitió un decreto por el que prohíbe los piquetes que comenzaron a cortar calles o rutas en su país, como si de pronto hubiera aparecido un repentino derecho a hacerlo. En paralelo, la ciudad de Buenos Aires se ha transformado en un despiadado infierno que por momentos tiene presos a sus habitantes en una madeja de maldades callejeras frecuentemente alimentada por los resentimientos. Mientras esto sucede, las más altas autoridades de la ciudad se rehúsan a hacer cumplir la ley. Como si esa fuera una opción válida y no una conducta vergonzosa con la que traicionan a sus mandantes. La consecuencia es el florecer de las anomia, con todos sus peligros y connotaciones.

Es como si de pronto no pudiera haber protestas sin que ellas provoquen molestias graves o hasta daños a terceros. Se procura generar no sólo inconvenientes menores, sino perjuicios graves. Para quienes protestan, los demás parecen apenas un blanco a impactar. Lo más duro posible. Sin mayores miramientos.

Ante ese estado de cosas, vale la pena reseñar, muy brevemente, cuáles son los “límites” de las protestas en otro universo. En uno de los países más apegados a la ley de nuestro hemisferio: los Estados Unidos. A la manera de ejemplo y de recordatorio de que el prójimo existe. Y que es nada menos que un conciudadano. Con derechos y urgencias incuestionables. A quien es realmente enfermizo tratar apuntar, en procura de lastimarlo todo lo que sea posible. Actitud que obviamente destierra la solidaridad social.

En los Estados Unidos, cuya Constitución -cabe recordar- inspirara a la nuestra, el derecho a protestar pacíficamente goza, como sucede también entre nosotros, de una clara protección constitucional. Pero tiene límites. La protección constitucional es importante, porque se trata de un derecho no menor, íntimamente vinculado con la libertad de expresión. Pero con límites, porque quienes lo ejercen deben respetar las normas que regulan su ejercicio.

 

Las protestas sociales pueden realizarse en los espacios públicos, tales como plazas, calles, o veredas. Por lo general, para poder realizarlas en los lugares públicos se requiere obtener previamente los permisos que en cada caso correspondan. Estos, en líneas generales, deben ser conferidos mediante el cumplimiento de requisitos siempre razonables y no pueden negarse en función de la razón o del contenido de la respectiva protesta, salvo que con ella se incite a la violencia o, de pronto, se convoque a cometer actos ilegales. Tampoco pueden denegarse en función de quien es la persona o la entidad específica que los solicitan.

Si la protesta se realiza en las calles o concentra a un número importante de personas o usa amplificadores o parlantes, los permisos previos son generalmente necesarios, salvo que la protesta responda a un incidente o a un episodio repentino, uno que efectivamente acaba de suceder.

Una protesta menor, que tenga lugar sólo en alguna parte de las veredas y que obedezca razonablemente las señales de tránsito, suele no requerir autorización alguna. Si con ello no se interrumpe, ni bloquea, la circulación. Quienes protestan pueden distribuir panfletos, llevar carteles y hasta solicitar firmas en su apoyo. Pero no pueden forzar, nunca, a otros a “tener que recibir” lo que ellos pretenden entregar a terceros. Menos aún por la fuerza.

En los EEUU, el uso de tambores, instrumentos o cánticos está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución federal, aquella que expresamente garantiza la libertad de expresión. Existe asimismo el derecho a usar máscaras durante las protestas. Pero, si con ellas en la cara, de pronto se violan normas o se oculta la identidad en manifestaciones que no cumplen con la ley, puede incurrirse en conductas severamente penadas, de distinto tipo. Las protestas deben, por lo demás, respetar las normas sobre los niveles sonoros o de ruidos admisibles. Nunca pueden ser ensordecedoras, como algunos pretenden. No es lo mismo aturdir, que convencer, es evidente.

Cuando quienes protestan no son residentes permanentes de los EEUU, ellos pueden ser objeto de investigaciones especiales. Lo mismo ocurre cuando se trata de inmigrantes, a los que se aconseja siempre llevar con ellos -preventivamente- el teléfono de su abogado para cualquier contingencia que aparezca.

La protección al derecho constitucional a la protesta no se aplica cuando se violan domicilios o propiedades, o espacios de terceros. En ningún caso. Cede, entonces, frente al derecho de propiedad. Ni cuando se desobedecen o se interfiere con órdenes emanadas legalmente del personal policial, las que siempre deben respetarse. Ni tampoco existe ni se reconoce protección cuando quienes protestan realizan acusaciones falsas contra funcionarios públicos.

No puede haber protestas presuntamente pacíficas que, en la realidad, consistan en actos o en actividades ilegales. Si estas cosas suceden, los responsables no están a cubierto de tener que asumir todo lo que legalmente les corresponda como consecuencia de sus conductas antisociales.

Siempre en los EE.UU., toda protesta que, sin permiso previo, interrumpa la circulación de vehículos o de personas es, en principio, considerada como ilegal. Nadie tiene, por lo demás, derecho alguno a la protesta, si con ella pone en situación de peligro a los demás. Si esto sucede, los responsables son generalmente pasibles de arresto.

Tampoco se permiten las protestas con las que se bloquean efectivamente los accesos a edificios o instalaciones. Ellas son ilegales. Las protestas, por lo demás, no pueden consistir en generar molestias físicas a la gente. Nunca.

La regla general en el país del norte es que las protestas no pueden realizarse en terrenos o locales de propiedad privada, incluyendo a los malls o shopping centers. Para poder hacerlas, se requiere la autorización del respectivo propietario, quien no está obligado a conferirla. Nadie tiene el derecho de permanecer en protesta dentro de una propiedad perteneciente a un tercero, si éste le solicita específicamente que se retire.

Estos son los parámetros generales que gobiernan el derecho a la protesta en los EE.UU. Como siempre, su efectividad depende de cómo, dentro de la ley, se los protege y respeta.

En conclusión, salvando las obvias distancias, la reglamentación del derecho de protesta en los EE.UU. reconoce que se trata de un derecho sustantivo, al que cabe reglamentar definiendo sus fronteras y parámetros, para tratar de evitar los abusos.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Sí, hay que liberar el mercado de trabajo

Por Iván Carrino. Publicado el 12/1/17 en: http://inversor.global/2017/01/si-hay-que-liberar-el-mercado-de-trabajo/

 

Contrario a lo que suele creerse, una mayor libertad del mercado laboral es positiva tanto para las empresas como para los empleados.

Hay una afirmación que no creo que nadie esté dispuesto a rechazar: los impuestos y las regulaciones son contrarios a la libertad. Nadie, ni a la derecha ni a la izquierda del espectro político y económico, se atreverá a discutir esta verdad evidente.

Esto no quiere decir que toda regulación sea mala… La “regulación” que impide y castiga el delito claramente está en contra de la libertad de los delincuentes… Pero existe para preservar la de las potenciales víctimas. Obvio.

Ahora aplicado a otros ámbitos de la vida, los impuestos y las regulaciones, al inhibir la libertad, se convierten en una verdadera carga para el desarrollo.

Un ejemplo sencillo bastará para entender. Si a una botella de agua mineral que cuesta $ 20 en el mercado se le carga un impuesto del 50%, lo más probable es que los consumidores desistan de comprarla, pasándose al consumo de gaseosas, aguas saborizadas, o bien agua corriente. Por otro lado, si antes de comprar la botella, el gobierno exige que se llenen 5 formularios diferentes y se pidan permisos especiales, es evidente que el incentivo para comprar la botella será menor.

Lo mismo pasa en todos los mercados. Más impuestos al consumo equivalen a menos consumo. Más regulaciones, ídem. En el mercado laboral la situación no es distinta.

Sin embargo, en Argentina, regulaciones e impuestos están a la orden del día. La ley de contrato de trabajo tiene 277 artículos y cerca de 26.000 palabras donde se regulan temas como la indemnización por despido, las vacaciones, el salario mínimo, o el mínimo de días de preaviso cuando se desea finalizar una relación laboral.

Además, la carga tributaria sobre el empleo es sideral. De un salario bruto de $ 10.000, $ 4.000 son tomados por el estado para financiar el gasto previsional, obras sociales y otros conceptos asociados a la seguridad social. Eso explica que de $ 10.000 brutos, solo $ 8.300 lleguen al bolsillo del trabajador pero $ 12.300 salgan de la caja de la empresa.

En el medio está el estado, “cuidándonos”…

El problema es que, como decíamos, todas estas trabas lo único que hacen es desestimular la contratación. De acuerdo a los libros de texto, salarios mínimos demasiado elevados, o fuertes regulaciones laborales terminan generando desempleo, ya que el costo de contratar es demasiado alto. Sin  embargo, en la realidad lo que sucede es que las empresas y los empleados se vuelcan al mercado negro.

En Argentina, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, el sector informal abarca nada menos que al 34% de los trabajadores. Y es por eso que en el gobierno están barajando la idea de reducir la carga tributaria sobre el empleo y también flexibilizar el mercado laboral.

Obviamente, esto último nadie lo quiere decir. De acuerdo con el libreto políticamente correcto, la flexibilización es lo peor que puede pasarle a los trabajadores, porque los empresarios los comenzarían a “explotar”.

Esto es totalmente falso. En primer lugar, porque, como decíamos, si las regulaciones son excesivas, aparecerá el mercado negro, donde el estado pierde todo el control sobre lo que allí sucede. En segundo lugar, porque un mercado laboral más libre no solo es bueno para las empresas, sino para todos los que quieran obtener un empleo.

Una institución que mide la libertad de los mercados laborales en el mundo es la Fundación Heritage de los Estados Unidos. Para evaluar los mercados de trabajo, Heritage toma en consideración la existencia y el monto del salario mínimo, la rigidez en las horas de trabajo, la dificultad para despedir empleados, el monto de las indemnizaciones que se imponen a las empresas, el preaviso y las trabas para contratar.

Si los obstáculos son altos, dirán que el mercado es poco libre, mientras que de haber pocas trabas, estaremos en un mercado flexible.

Los cinco países de más de un millón de habitantes que mejor se ubican en este índice son Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, Dinamarca y Nueva Zelanda. Entre ellos, en Estados Unidos y Dinamarca el despido es libre, por lo que las empresas no deben indemnizar al empleado si deciden no continuar empleándolo.

Uno podría pensar que con tanta libertad, muy mal les está yendo a los trabajadores de esos países. Sin embargo, estamos frente a los salarios más elevados del planeta.

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En promedio, un danés tiene un salario anual de USD 63.700; un norteamericano ingresa USD 58.700; un neozelandés USD 43.100, mientras que en Singapur los trabajadores ingresan USD 38.800 y en Hong Kong USD 23.900.

Por si esto fuera poco, las tasas de desempleo también son muy bajas. Y no casualmente, muy inferiores a las existentes en Argentina.

Claro que no todo pasa por la rigidez o flexibilidad del mercado laboral. El país que sigue en este ránking es Namibia, cuyo desempleo supera el 18% y cuyo PBI per cápita es de USD 4.500. Obviamente, a la libertad del mercado laboral hay que acompañarla con una democracia republicana, paz y respeto por los derechos de propiedad, entre otras cosas.

Sin embargo, dado que muchas de esas cosas sí tiene nuestro país, no es un mal momento para pensar en tener un mercado laboral más libre. Una menor presión tributaria sobre el empleo reducirá el costo laboral e incrementará el salario de bolsillo. Además, menos trabas burocráticas harán más atractiva la contratación, y aumentarán el empleo y la formalidad.

Es que, en definitiva, los intereses de los trabajadores y de los empresarios no son contrarios. Cuanto más fácil sea contratar, más empleo habrá. Y en la medida que crezca la competencia entre empresas, más subirán los salarios en términos reales.

Necesitamos más libertad para volver a crecer y convertirnos en un país rico. No hay otro camino.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

El “papa negro”, el jesuita venezolano Sosa Abascal, parece conocer bastante mas que el “papa blanco”

Por Martín Krause. Publicada el 20/10/16 en: http://bazar.ufm.edu/el-papa-negro-el-jesuita-venezolano-sosa-abascal-parece-conocer-bastante-mas-que-el-papa-blanco/

 

El diario La Nación publica un artículo titulado “El ‘papa negro’ no ve salida a la crisis”, en el cual las declaraciones de Arturo Sosa Abascal, superior general de los Jesuitas, muestran que parece conocer bastante más de economía que nuestro ‘papa blanco’, Francisco. Éste ha planteado los temas desde una perspectiva simplista y repetida: la culpa es de los capitales financieros y su afán de lucro. Sosa Abascal, en cambio (claro, vive en Venezuela, donde las cosas están muy claras y a la vista), presenta algunos comentarios teóricamente mucho más sólidos: http://www.lanacion.com.ar/1948269-el-papa-negro-no-ve-salida-a-la-crisis

Primero van sus comentarios, luego algunos párrafos del libro El Foro y el Bazar sobre la teoría:

“La situación en Venezuela es muy difícil de explicar al que no vive allá y como profesor universitario y analista político siempre tuve que reiterar como una letanía que no se entiende qué pasa en Venezuela si no se recuerda que el país vive de la renta petrolera, que administra con exclusividad el Estado”, explicó.

“Entonces sucede algo que pone cuesta arriba la formación de una sociedad democrática. Normalmente, el Estado tiene que estar subordinado a los ciudadanos porque son ellos quienes mantienen el Estado, pero [en el caso de Venezuela], debido a la renta petrolera, es el Estado quien mantiene la sociedad y esto hace muy difícil la creación de un Estado democrático”, indicó.

Ahora la renta petrolera no alcanza y la sociedad venezolana está mal mantenida por un “Estado gigante”, algo que provoca “mucho sufrimiento”, también dijo. “El modelo político de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, basado en un proyecto rentista, ya no se sostiene”, afirmó. “Pero algo parecido hay que decir de la oposición venezolana, que tampoco tiene un proyecto rentista diferente, que es lo que se necesitaría para salir a largo plazo de esta situación en la que está el país”, agregó.”

Aquí, algo del libro sobre el mismo tema:

Una reconocida causa de “fracaso del Gobierno” es la que resultaría de lo que se ha dado en llamar “la maldición de los recursos naturales”, aludiendo así al caso de países que descubren un importante recurso natural, pero aquello que representaría en otro caso una gran oportunidad termina hundiendo al país en la pobreza e incluso la guerra civil.

El sentido común diría que un país que descubre recursos puede aprovecharlos para crecer, y en verdad así ha sido el caso en países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Chile o Botsuana. Pero en algunas investigaciones empezaron a descubrirse casos donde el crecimiento de países ricos en recursos era menor que aquellos que no los tenían. ¿Cuáles serían las causas de esta maldición?

Una de las primeras explicaciones vinculaba ese fenómeno con la llamada “enfermedad holandesa”: la pérdida de competitividad de una economía derivada de la revaluación de su moneda, a su vez causada por el importante volumen de exportaciones de un determinado recurso natural, que llevaba al tipo de cambio del mercado a un nivel muy bajo, para que el resto de las actividades de producción de bienes transables pudiera competir con las importaciones. El desarrollo de este concepto se atribuye al trabajo de Corden y Neary (1982).

Hasta aquí se trata de explicaciones “económicas” sobre la maldición; luego comenzaron a presentarse otras relacionadas con cuestiones institucionales y en particular “fallas del Gobierno”. Atkinson y Hamilton (2003) analizaron un conjunto de noventa y un países durante dieciséis años y encontraron que los más afectados por la maldición mostraban elevado gasto público y problemas fiscales, habiendo dilapidado las rentas del recurso. Torvik (2002) y Mehlum et al (2006) se centran más enfáticamente en las fallas del Gobierno y señalan que la existencia de la renta de ese recurso desata la competencia por obtenerlas promoviendo esa actividad, en detrimento de la actividad productiva. La búsqueda de rentas se vuelve mucho más rentable. Robinson et al (2006) señalan que al boom generado por el recurso lleva al gobernante a actuar en forma oportunista, tratando de maximizar la posibilidad de su reelección empleando más gente en el sector público. Esto traslada fuerza de trabajo del sector más productivo al menos productivo. A esto habría que sumarle más corrupción, compra de votos y clientelismo.

La falla “institucional” lleva a Karl (2007) a señalar que un marco institucional conducente al progreso y al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos es normalmente el resultado de una serie de intercambios de recursos (impuestos) por instituciones. Las limitaciones al poder monopólico otorgado al Gobierno son aceptadas por este, porque los recursos provienen de contribuyentes que exigen rendición de cuentas sobre su dinero, o al menos sienten la presión impositiva en contraposición con los servicios que del Gobierno reciben. Pero si el Gobierno se financia ahora con fondos que obtiene del recurso, no tiene por qué rendir mayores cuentas a nadie. Como el cobro de impuestos ha generado siempre algún tipo de resistencia o incluso revueltas en la medida que se exagera sobre la forma de utilizarlos, y el endeudamiento depende de la capacidad de demostrar un flujo regular de ingresos, los Gobiernos tuvieron que limitar sus poderes para poder recaudar esos impuestos (el principio de que no habrá impuestos sin representación). Cuando se financian con los fondos de la renta de un cierto recurso esas presiones no se producen. En muchos estados petroleros, por ejemplo, la negociación siempre ha sido entre el Gobierno y las empresas petroleras, ya que estas han sido los “contribuyentes”, no entre aquel y los ciudadanos. Esto les da también a estos Gobiernos mucha autonomía respecto al gasto, decidiendo cómo se reparte esta renta. Ross (2001) denomina a este fenómeno “efecto rentístico” y le agrega dos más: el “efecto gasto”, que lleva a un mayor uso de fondos provenientes del recurso en “clientelismo”, y un “efecto sobre la formación de grupos”, ya que el Gobierno utilizará esos fondos para prevenir la formación de grupos sociales independientes del Estado. En conjunto, los tres efectos influyen en el tipo de régimen político y donde predominan generan Gobiernos autoritarios, mientras que aquellos que se financian con impuestos, sobre todo directos, es más probable que sean más democráticos y tengan un mayor control del poder.

En el caso de financiamiento de un Gobierno a base de impuestos, el ciudadano promedio podría estar más alerta respecto al uso de esos fondos, ya que tienen un costo directo sobre su ingreso y patrimonio. En el segundo caso, cuando se financia de la renta del recurso, el ciudadano obtiene el beneficio de una menor presión impositiva directa. Esto también podría generar algún incentivo para imponer algún control, ya que, si el gobernante despilfarra el recurso de la renta, tarde o temprano llegarán los impuestos. No obstante, parecería que este segundo incentivo es más débil que el primero. Es decir: si me cobran impuestos, siento el peso de esa carga directamente, y puede ser que tenga más motivación para controlar el gasto; si no me los cobran y el Gobierno se financia de la renta del recurso, también podría tener un incentivo, ya que podría perder esta baja carga fiscal si el Gobierno despilfarra: pero el primero es un costo directo y actual; el otro una posibilidad futura. El primero es mucho más fuerte que el segundo.

También puede ser que los votantes no piensen en las generaciones siguientes o, conociendo cómo actúan los políticos, quieran obtener la renta ahora y no dejarla en sus manos. Es decir: si ha de haber algún cálculo intergeneracional, los votantes bien pueden pensar que mejor quede en sus manos, y no en las del Gobierno. Así parece que ocurre en Noruega, un país que es un ejemplo de calidad institucional en muchos sentidos, e incluso en el manejo de los recursos naturales. Los descubrimientos de petróleo en el Mar del Norte generaron un efecto como los que aquí han sido comentados, pero el Gobierno de ese país decidió crear un fondo con la renta petrolera, que sería invertido en activos fuera del país, para ser usado por las siguientes generaciones o en situaciones de crisis. El caso es tomado como un ejemplo de que la buena calidad institucional permite un manejo adecuado de un recurso natural y no genera la tan mentada “maldición”. De esta forma, los noruegos no solamente dejan fuera de un determinado Gobierno el atractivo de gastar esa renta, sino que incluso la invierten en el exterior para reducir el impacto del ingreso de divisas; esto es, la “enfermedad holandesa”. No obstante, parece que los noruegos también están insatisfechos con esto; muchos quisieran tener ese dinero en sus manos y ahora (Listhaug 2005), generándose así insatisfacción y un deterioro de la confianza en el sistema político. Lo cierto es que el problema, en un país de alta calidad institucional, muestra las limitaciones que tienen los Gobiernos para saber cuáles son las preferencias de los ciudadanos y luego actuar de acuerdo con ellas.

El financiamiento mediante las rentas obtenidas de un recurso también significaría un menor incentivo a los votantes para estar informados e incrementaría los problemas de apatía o ignorancia mencionados en el capítulo anterior. Si los votantes no tienen un buen incentivo para informarse y decidir racionalmente, los políticos afrontan incentivos diferentes y les conviene pensar racionalmente cuando las políticas que apoyan o implementan pueden cambiar sus perspectivas electorales. El costo del error puede ser muy alto.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

La luna de miel de “PPK” con los peruanos

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 29/9/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1942373-la-luna-de-miel-de-ppk-con-los-peruanos

 

El 62% de los peruanos aprueba la labor del nuevo gobierno de su país. Aquel que encabeza Pedro Pablo Kuczynski (PPK), cuya popularidad personal -cabe apuntar- es aún más alta, desde que asciende al 63% de los encuestados. Lo que se complementa con que un 52% de los entrevistados manifiesta sentirse “cercano” a PPK. En contrapartida, apenas un 17% de los peruanos desaprueba su gestión. Esas son las cifras que arroja una encuesta reciente de “El Comercio-Ipsos”. El entusiasmo inicial con las nuevas gestiones de gobierno es característico del Perú de los últimos tiempos. También lo es una actitud muy crítica al cierre de las mismas.

Las principales razones para aplaudir a PPK incluyen, según la gente, a: “sus buenas ideas”; “su trabajo en pro de mejorar la economía”; “su experiencia”; “su capacidad personal”; su ímpetu por “mejorar la educación y la seguridad ciudadana”; su perfil innovador”; y su “honestidad personal”. No es poco.

Curiosamente, un 83% de los encuestados expresa, además, su satisfacción personal por el reciente primer viaje al exterior -de cuatro días- de PPK a China en busca de inversiones que apunten a la obra pública y a la actividad minera peruana. La relación con China es consecuencia de quienes -en la década de los 90- reorganizaron la economía peruana que entonces miraba a los Estados Unidos, de modo que apuntase, más bien, hacia Asia.

En China, PPK se reunió con los tres hombres más importantes del Partido Comunista chino. Me refiero al presidente Xi Jing-ping; al primer ministro, Li Keqiang; y al presidente de la Asamblea Popular Nacional, Zhang Dejiang. A lo largo de su visita, PPK destacó que llegaba en busca de inversores y no de crédito. A la manera de respaldo implícito, en esos mismos momentos una enorme empresa constructora china confirmó su decisión de ir adelante con la construcción de la represa y central hidroeléctrica de San Gabán III. Y una petrolera de ese país (CNTC) anunció el descubrimiento de importantes reservas de gas en uno de los lotes peruanos en los que opera.

PPK fue extremadamente claro en definir cuáles son, puntualmente, las prioridades de su gobierno en materia de obra pública: los servicios básicos y sociales, como la educación, el agua potable y la salud. También mejorar la situación del agro (donde se concentra buena parte de la pobreza peruana) y la de Lima, una urbe en donde hoy viven unos 20 millones de personas, con carencias que atender.

PPK ve a China como su aliado natural para la revolución social que propone: la de la modernización. Porque sabe bien que la mejora social china se materializó con una prolongada revolución en su infraestructura. Construyendo ciudades modernas, con todos los servicios, y equipándolas además con tecnologías capaces de edificar seguridad personal en sus distintos rincones.

El apoyo que hoy genera PPK se compara naturalmente con la baja aprobación que simultáneamente reciben sus adversarios políticos. Keiko Fujimori -que lidera a la llamada Fuerza Popular (hoy el partido político más organizado y con mayor capacidad de movilización del Perú)- sólo recoge un 41% de aprobaciones. A su vez, Verónika Mendoza, la esperanza de la izquierda marxista peruana, recibe un escuálido 32% de endosos. Menos de un tercio de sus propios partidarios, queda visto, están conformes con su liderazgo.

Como Mauricio Macri, PPK no tiene mayoría en el Congreso de su país, donde Fuerza Popular es la agrupación dominante. Por ello, puesto que entre ambos espacios políticos existen más coincidencias que disidencias en los principales temas sustantivos, si PPK lograra generar un clima de cooperación genuina con el espacio de Keiko Fujimori, su gestión se facilitaría enormemente. Keiko Fujimori, por su parte, debe advertir que el fracaso de la gestión de PPK no la beneficiaría a ella, sino a la izquierda.

Las primeras señales son alentadoras. Tan es así, que el propio PPK acaba de señalar, sin rodeos: “Fuerza popular ha hecho cosas positivas para nosotros”.

Lo cierto es que Perú -que lleva más de una década de constante crecimiento, apostando a la apertura económica y a la economía de mercado- mantendrá el rumbo exitoso y hasta apunta a acelerar su modernización si PPK y Fuerza Popular construyen -y son capaces de operar- los acuerdos necesarios para poner en marcha la mejora urgente que su roída infraestructura física está requiriendo, visiblemente.

Visto desde afuera, Perú parece -como alguno acaba de señalar- una suerte de propicio “reino de la moderación”. Sin mayores discursos destemplados, ni confrontaciones inútiles, ni posturas cerradas e inflexibles.

Lo que socialmente urge ahora es garantizar la seguridad; desterrar la corrupción y construir un Estado eficaz. Y la enorme mayoría de los peruanos parece entenderlo.

Esos son, precisamente, tres objetivos centrales en los que la perversa fantasía bolivariana ha fracasado rotundamente. Venezuela es -por cierto- la experiencia testigo. Ha sido destruida por el fanatismo miope de Hugo Chávez y la increíble ineptitud de la gestión de Nicolás Maduro. Es el país más inseguro de nuestra región; el más corrupto; y el que exhibe mayor incompetencia y falta de realismo en su administración. Las recientes experiencias políticas lamentables de la Argentina y Brasil, así como las realidades de Bolivia, Ecuador y, peor, la de una Nicaragua transformada en un feudo de la familia Ortega, parecen confirmar cuan rápido los gobiernos de la izquierda bolivariana se enlodan en el pantano de corrupción que ellos mismos generan. Quizás porque la corrupción está en su ADN.

Perú parece exhibir decisión, optimismo y proyectar la cuota de paciencia necesaria para -manteniendo el rumbo que ha probado ser exitoso- construir un diálogo inclusivo que genere consensos amplios. Donde los éxitos y los resultados puedan ser compartidos.

Dos de sus regiones, por rezagadas, requieren una atención especial: Puno y Cuzco. Con razón se las ha calificado de “laboratorios de gobernabilidad”. PPK es plenamente consciente de esta urgencia.

Los primeros cien días de la gestión del nuevo gobierno han sido auspiciosos. La coexistencia de las fuerzas que apoyan a PPK con el “fujimorismo” ha resultado pacífica. Casi sin escaramuzas. El perfil tecnocrático y la personalidad afable de PPK han ayudado. Mucho. La actitud no revanchista de Fuerza Popular, también lo ha hecho. Lo que, entre otras cosas, ha posibilitado que el nuevo jefe de la autoridad impositiva, la llamada SUNAT, Carlos Bruce, cuya capacidad y experiencia son notorias, provenga del “fujimorismo”.

En el comienzo de una nueva etapa en su tránsito hacia el futuro, Perú vive un “clima” casi impecable. Todo parece seguir en su curso normal. Por ejemplo, Perú acaba de lanzar, sin estridencias, su primer satélite al espacio. El más moderno de la región. Servirá para garantizar la seguridad nacional, controlar mejor las actividades mineras no autorizadas y combatir la tala ilegal de los bosques tropicales. En otro andarivel, casi sin ser advertida, la acción de una empresa minera peruana, Hochschild Mining (que también opera en nuestro país), se convirtió de pronto en la acción más rentable del mundo. En sólo un año, se valorizó un 432%, según Bloomberg, en otro éxito que exhibe los colores del Perú.

Otra encuesta reciente (en este caso, una de la revista “Semana Económica”) consagra a PPK (86%) y a Keiko Fujimori (82%) como las dos personas del mundo político con más poder real en el Perú actual. Es obvio que de ellas dos depende ahora, precisamente, la posibilidad de edificar los consensos programáticos y esquemas de cooperación que permitan conducir una etapa decisiva, no sólo para poder seguir creciendo saludablemente, sino para consolidar rápidamente a su país como una nación cada vez más moderna y con menos pobreza.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.