Emisión monetaria

La mala praxis política debería ser punible

Por Ricardo Rojas. Publicado el 21 de Octubre de 2021 en: https://www.infobae.com/opinion/2021/10/21/la-mala-praxis-politica-deberia-ser-punible/?fbclid=IwAR1w5yCaJc8v2cAQg–YVVE0BzioefFP-GBAke5ZjnEv0uYE0iv6XUgNZ_4

Quienes disponen medidas violatorias de derechos, conociendo de antemano que no sirven, tendrían que responder por tales acciones, ya que en definitiva constituyen formas de robo, estafa y falsificación

Martín Guzmán y Alberto Fernández

Cuando un gobierno incrementa innecesariamente el gasto y luego cubre el déficit con endeudamiento, suba de impuestos o emisión monetaria, lisa y llanamente está robando a los habitantes. Cada peso quitado por la fuerza o por obra de la inflación, para emplear en aquello que exceda las funciones del gobierno establecidas taxativamente en la Constitución, debería ser considerado un delito contra la propiedad.

Cuando un gobierno emite dinero de manera indiscriminada, para cubrir el déficit, en definitiva degrada la moneda a través de su falsificación masiva. Su acción supone quitar riqueza de los bolsillos de las personas sin siquiera tener que tocarlas. Cuando la presión tributaria se vuelve asfixiante, se recurre a esta maniobra de seguir quitándole el dinero a las personas sin que se den cuenta de ello, y encima echándole la culpa a los comerciantes a quienes se pretende responsabilizar por la suba de los precios. Esa acción del gobierno debería estar contemplada en el Código Penal entre los delitos de falsificación, y ser imputada a los funcionarios del Poder Ejecutivo y el Banco Central que promueven la emisión irregular para cubrir el déficit.

Por su parte, cuando un gobierno dispone controles de precios, sea de bienes y servicios, de alquileres, de cambios, etc., está produciendo una exacción contra las personas, que se trata de justificar como una protección que en realidad no existe. En definitiva, esos controles son formas de defraudación, engaños que producen serios perjuicios económicos a sus víctimas, y que deberían ser penados como delitos.

Todas esas acciones suponen violar derechos reconocidos y amparados por la Constitución. Fundamentalmente el derecho de propiedad, que no puede ser alterado por las leyes que reglamentan su ejercicio, de acuerdo con el artículo 28 de nuestra Carta Magna.

Desde hace décadas los gobiernos argentinos repiten una y otra vez estas acciones que, en definitiva, sólo tienen por objeto distraer a la gente de las verdaderas causas de los problemas, e inventar a quién echarle la culpa en el futuro.

Se está por cumplir un siglo desde aquella ley de alquileres sancionada en tiempos de Irigoyen, que no obstante la denodada disidencia del Juez Bermejo acabó siendo convalidada por la Corte Suprema. Por supuesto que esa ley provocó más problemas que soluciones, y al poco tiempo fue dejada sin efecto. Desde entonces, cada vez que el gobierno cae en una crisis –provocada por el mal manejo de las cuentas-, recurre a algún artilugio de ese tipo, a pesar de que aquellos que disponen las medidas saben que fracasarán. Lo hacen, en realidad, para ganar tiempo, para aparentar que se ocupan del problema, y para ir armando el personaje de a quién le van a echar la culpa cuando todo explote. Ludwig von Mises explicó a mediados del siglo pasado este fenómeno con su habitual claridad:

“Para evitar ser acusado de las nefastas consecuencias de la inflación, el gobierno y sus secuaces recurren a un truco semántico. Tratan de cambiar el significado de los términos. Llaman ‘inflación’ a la consecuencia inevitable de la inflación, es decir, al aumento en los precios. Ansían relegar al olvido el hecho de que este aumento se produce por un incremento en la cantidad de dinero y sustitutivos del dinero. Nunca mencionan este incremento. Atribuyen la responsabilidad del aumento del coste de la vida a los negocios. Es un caso clásico de ladrón gritando: ‘¡Al ladrón!’. El gobierno que produjo la inflación, multiplicando la oferta de dinero, incrimina a los fabricantes y comerciantes y disfruta del papel de ser un defensor de los precios bajos”.

El motivo principal de estas acciones, es la necesidad de cubrir de alguna manera el endémico déficit fiscal que todos los gobiernos ostentan. En lugar de llevar a cabo una política de austeridad y de limitación en los gastos a aquello que sea necesario –que más que una política es una exigencia constitucional-, prefieren mantener la orgía de gasto y corrupción, y finalmente buscar el medio de seguir esquilmando a los contribuyentes. Cuando esa práctica lleva al país al borde del estallido, sacan a relucir los inventados personajes que representan a los “culpables” por la crisis: los empresarios, los comerciantes, los productores agropecuarios, la “patria financiera”, etc.

El punto de partida de esta serie de delitos se produce todos los años en el Congreso cuando se discute el presupuesto –la ley de leyes, al decir de Alberdi-. Como en cualquier presupuesto doméstico, el cálculo de los gastos del gobierno debería hacerse teniendo en cuenta los ingresos previstos por las vías normales, y decidiendo de qué manera se distribuirán esos ingresos para cubrir los gastos. Para ello, normalmente habrá que ajustar los gastos para que las funciones esenciales del gobierno puedan ser satisfechas.

Sin embargo, nada de eso ocurre. La discusión del presupuesto se transforma habitualmente en la discusión de cómo repartir privilegios, donde todos van a exigir su parte. Una situación que es mucho peor que la de criminales repartiendo un botín. Los criminales están limitados por la magnitud del botín. El gobierno no tiene límites, decide sus gastos según su voluntad, y luego busca cómo hará para quitarle a la gente, directa o indirectamente, lo necesario para cubrir la diferencia.

Las consecuencias de ese déficit son trágicas, si se piensa en que uno de los países potencialmente más ricos del mundo, tiene a la mitad de su población en las puertas de la pobreza. Diariamente, estas medidas del gobierno crean nuevos pobres.

Los políticos que llevan a cabo maniobras de este tipo saben que están estafando y robando a las personas. A esta altura de la historia es inadmisible pretender que lo hacen de buena fe, pensando que su “política económica” podría tener éxito y resolver el problema. Ninguno de ellos puede desconocer además que está violando derechos fundamentales garantizados por la Constitución –y de esta circunstancia terminan siendo cómplices aquellos jueces que no han sabido estar a la altura de los requerimientos constitucionales, a la hora de establecer los límites expresos a los que se refiere el artículo 28-.

Si se repasan tan sólo las últimas décadas, Alfonsín fracasó al mantener un gasto público incontrolable al que trató de cubrir con una emisión de tal nivel que explotó en una hiperinflación. Menem mantuvo el déficit fiscal, y al no poder cubrirlo con emisión lo hizo con endeudamiento e impuestos, poniendo en peligro mortal, al fin de su mandato, la convertibilidad que él mismo había establecido. De la Rúa mantuvo la convertibilidad pero también el nivel de gasto, se endeudó aun más, e inevitablemente ello llevó al colapso.

Desde hace unos quince años se viene anunciando una nueva crisis. Los gastos del Estado nacional y de las provincias llegan a niveles obscenos, y las tres formas de cubrir el déficit han sido explotadas casi al límite de la extenuación. A ello contribuye al sistema de coparticipación de impuestos –que desde 1994 es norma constitucional-, que le permite a las provincias recibir enormes cantidades de dinero quitado por la fuerza a los trabajadores, para gastar de manera discrecional y muy poco clara. Esa gran ventaja hace que jamás los legisladores que representan a las provincias estén dispuestos a eliminar o disminuir la alícuota de impuestos coparticipables. Por su parte, el kirchnerismo revirtió en parte aquel proceso de privatización o eliminación de reparticiones estatales o las llamadas “empresas públicas”, que habían sido una sangría, y nuevamente obliga, a través de cajas separadas, a financiar las pérdidas de “empresas” como YPF o Aerolíneas Argentinas.

Cuando la anunciada nueva crisis se produzca, los políticos responsables de ella dirán que falló una “política económica” y nuevamente buscará culpables. Jamás admitirán que la culpa es del gasto excesivo e injustificado, que se podría haber resuelto con austeridad, y no con este tipo de medidas que, lejos de resolver la crisis, la agravan aun más.

La mala praxis de los gobernantes debería ser punible. No existe motivo para que quienes disponen medidas violatorias de derechos, conociendo de antemano que no sirven para obtener los resultados que invocan y que son simplemente un distractivo para no admitir sus fallas en la contención del gasto, no respondan por tales acciones que en definitiva constituyen formas de robo, estafa y falsificación.

Los ministros de Economía y funcionarios del área, así como legisladores, gobernadores o presidentes, conocen o deberían conocer las reglas básicas de la teoría económica. La economía, como ciencia social, depende de la acción humana, que por ser voluntaria es voluble e impredecible. Sin embargo, ello no impide que puedan deducirse un puñado de leyes económicas respecto de las consecuencias de las acciones. Ninguna persona que toma decisiones que imponen conductas de manera compulsiva y producen consecuencias económicas, debería ampararse en el desconocimiento de esas leyes. Y cuando deliberadamente imponen medidas que producirán perjuicios a los derechos amparados por la Constitución, deberían responder política, administrativa, civil y penalmente por ello.

Todos los gobiernos de los últimos tiempos son partícipes de tales delitos. Algunos en mayor medida que otros, pero ninguno de ellos tuvo la decencia de proponer rebajas en los gastos para no producir un déficit que necesariamente terminaría cubriendo de manera criminal.

En momentos en que la gente trata de predecir el momento en que se produzca una nueva crisis que casi todos consideran inevitable, creo que es hora de incluir en el Código Penal formas de responsabilidad para quienes las producen.

Ricardo Rojas es Abogado, Doctor en Historia Económica (ESEADE).
Ex Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(1986-1993). Ex Juez de Cámara en lo Criminal y Correccional (1993-2020). Profesor de Análisis económico del derecho penal en la Maestría en Derecho y Economía de la UBA. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín. Miembro del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho, autor de varios libros y ensayos sobre temas jurídicos, económicos y filosóficos.

Las enseñanzas que dejan la convertibilidad y los 90

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 17/2/2021 en: http://economiaparatodos.net/las-ensenanzas-que-dejan-la-convertibilidad-y-los-90/

La regla monetaria fracasa si no está acompañada de la disciplina fiscal que exige no gastar más de lo que se recauda con impuestos

Cuando se pronuncia la palabra convertibilidad, el común de la gente identifica la convertibilidad con un plan económico. En rigor, la convertibilidad no fue un plan económico, fue una regla monetaria que se estableció en abril de 1991 para frenar el proceso hiperinflacionario en que estaba sumergida la economía argentina.

La convertibilidad del peso al dólar funcionaba de la misma forma que funcionaba antiguamente la caja de conversión del peso al oro. En vez del peso ser convertible a oro, era convertible al dólar que era la moneda que usaba el argentino como reserva de valor.

Se puede estar de acuerdo o no con un esquema de caja de conversión, sea a dólar o a oro, pero si se está de acuerdo, el punto central es el tipo de cambio al que se entra en la convertibilidad. Si se elige un tipo de cambio con el peso sobrevaluado o, lo que es lo mismo, haciendo que el dólar sea artificialmente barato, se incentivan artificialmente las importaciones y se castigan artificialmente las exportaciones. Argentina se transforma en un país caro en dólares. Si la paridad se fija con un dólar artificialmente caro, se frenan artificialmente las importaciones estableciendo una especie de proteccionismo vía el tipo de cambio.

Tal vez el error fue entrar con un tipo de cambio que no se correspondía con un nivel de gasto público alto que hacía que la economía requiriera de una alta carga tributaria dejando fuera de competencia a los productores locales.

Cabe aclarar que este punto lo resaltó el entonces diputado por la UCEDE, José María Ibarbia cuando se tenía que votar la ley de convertibilidad, quien justamente argumentaba que el tipo de cambio no se correspondía con el nivel de gasto público, lo que hacía que se entrara con un peso sobrevaluado que iba a generar problemas de competencia externa. Lo cual efectivamente ocurrió y por eso muchos industriales recuerdan ese período como la invasión de importaciones y le echan la culpa a la apertura de la economía, cuando en realidad la apertura estaba bien, el problema estaba en un tipo de cambio que, por el nivel de gasto público y presión impositiva, hacían imposible competir.

Y aquí es importante resaltar que el aumento del gasto se produjo más en las provincias que en la Nación. Las provincias llevaron el gasto consolidado de 10,23% del PBI en 1991 a 13,4% del PBI en 2001 cuando estalla la convertibilidad.

En cambio, la Nación baja el gasto de 18% del PBI en 1991 hasta 14,6% y luego vuelve a subir en hacia el final del mandato de Menem y con De la Rúa hasta 16,7% del PBI. Es decir, hacia el final de la convertibilidad, con De la Rúa, el gasto se descontrola tanto en la Nación como en las provincias. Por eso a nivel nacional los intereses de la deuda pública a nivel Nación pasan de 1,8% del PBI en 1991 a 4% del PBI en 2001 y en las provincias trepan de 0,15% del PBI en 1991 hasta 0,83% del PBI en 2001.

Si se entró a la convertibilidad con un tipo de cambio inconsistente con el nivel de gasto público de ese momento, luego se agravó con el aumento del gasto, sobre todo en la gestión de De la Rúa, tanto a nivel nacional y provincial.

Durante un tiempo este problema se disimuló por el ingreso de divisas de las privatizaciones y luego con el endeudamiento, pero la prueba de que no hubo convergencia fueron las altas tasas de interés que se siguieron pagando por los depósitos y préstamos en pesos, comparados con los depósitos y préstamos en dólares.

Las privatizaciones tuvieron una triple función en el plan de estabilización.

En primer lugar, sirvieron para bajar el gasto público dado que las pérdidas de las empresas estatales las tenía que cubrir el tesoro. Como el tesoro no tenía recursos genuinos para pagar esas pérdidas, se recurría a la emisión monetaria. Por eso, sirvieron para estabilizar la economía
Mejoraron la productividad de la economía y atrajeron capitales para modernizar empresas totalmente ineficientes. Los avisos de los departamentos que se vendían aparecían con la frase: con teléfono. Conseguir un teléfono en la época de ENTEL, la empresas telefónica estatal, era una misión imposible. Los que conseguían un teléfono era porque tenían algún contacto dentro de la empresa. Y se pagaban varios miles de dólares por una línea telefónica. Pasaba lo mismo con las rutas, los subtes, la producción de gas, el sistema energético en su conjunto y tantos otros sectores. Hubo muy buenos marcos regulatorios en algunas privatizaciones, como en el caso de la energía, y otros horribles como en el caso de Aerolíneas y otros regulares.
La tercera función de las privatizaciones sirvió para ayudar a regularizar la deuda externa, porque quienes compraban las empresas podían pagar parte con bonos de la deuda que compraban a una paridad muy baja en el mercado pero el estado tomaba los bonos a valor facial.

¿Por qué la convertibilidad, que había dado una estabilidad de precios casi absoluta a partir de 1994/97 terminó en una explosión? Si bien cada uno puede dar su punto de vista, se pueden citar las siguientes razones:

Se entró en la convertibilidad con un tipo de cambio que era incompatible con el nivel de gasto público existente al momento de establecerla. Este fue el pecado original con que se entró en la convertibilidad.
Esto generó la semilla de presiones devaluatorias durante muchos años y, finalmente, un gobierno políticamente débil como el de De la Rúa fue volteado por sectores que propiciaban la devaluación como solución a todos los problemas. Los devaluadores de siempre querían un dólar caro. Tanto es así que Rodríguez Saa, el primero presidente que reemplaza a De la Rúa, se resistía a devaluar y termina siendo eyectado del gobierno por su mismo partido político y renuncia desde su provincia, San Luis. Si la convertibilidad aguantó tantos años fue, entre otras razones, porque la gente no quería oír hablar de devaluación. Es más, Menem gana la reelección de 1995 con la fusta debajo del brazo, en un momento en que el país estaba en recesión por el efecto Tequila y a pesar que el atentado a la AMIA había ocurrido pocos meses antes, en julio de 1994. El famoso voto licuadora, por la deuda que habían tomado en dólares la gente para comprar electrodomésticos e hipotecas hacía que nadie quisiera escuchar la palabra devaluación.
No solo se entró con un gasto público inconsistente con el tipo de cambio que se eligió para el 1 a 1, sino que luego el gasto público, particularmente en las provincias, siguió aumentando. Los bancos le prestaban a las provincias montos que estas no podían cancelar sus deudas. Es decir, parte del sistema financiero era inviable por los créditos que le habían otorgado a provincias que luego no podían pagar.

¿Qué nos enseña ese período? Que el problema sigue estando un nivel de gasto público que si en los 90 era inconsistente para tener estabilidad de largo plazo, hoy es mucho más inconsistente porque durante el auge de las commodities el kircherismo aumentó el gasto consolidado en un 50% respecto a las décadas del 80 y del 90.

En síntesis, no hay artilugio monetario, cambiario o financiero que pueda sustituir las reformas estructurales y menos un nivel de gasto público altísimo e ineficiente.

En la década del 80 el gasto público consolidad, que era 30% del PBI, no se puedo financiar y tuvimos inflación, megainflación, hiperinflación, plan Bonex y default. En los 90 la convertibilidad estalló por los aires porque requirió de endeudamiento creciente para financiar ese nivel de gasto público.

¿Por qué ahora, con un gasto público consolidado que aumentó 50% respecto a las dos décadas mencionadas, la historia va a terminar diferente?

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE. Síguelo en @RCachanosky

La economía va a rebotar el año que viene

Por Iván Carrino. Publicado el 1/12/20 en : https://www.ivancarrino.com/la-economia-va-a-rebotar-el-ano-que-viene/

Estuve charlando con el portal BCR News, sobre la economía que viene. Copio a continuación la información y el video completo de la charla.

El economista Ivan Carrino dialogó con BCR News, sobre el escenario económico actual y sostuvo que “este tipo de crisis que hemos vivido es muy atípica”, porque se trata de “una crisis derivada de las propias medidas de restricción”.

En ese sentido, el especialista afirmó “cuando vos tenés una crisis económica generada por la cuarentena, la economía intenta volver a donde estaba antes. En Argentina la recuperación también existe, aunque de un modo lento”.

En relación al acuerdo con el FMI, apuntó que “no es menor que se intente reconstruir el vínculo con los acreedores, incluso con los internos. Las opciones son endeudarse a tasas altísimas o indexando. Todo es mejor que pedirle al Banco Central más emisión monetaria”.

Por su parte, respecto a las perspectivas económicas, afirmó que: “Por un lado, ya no tenés la cuarentena, pero todavía hay un montón de restricciones que no permiten que la economía funcione normalmente. Por otro lado, tenés la brecha cambiaria que es un desaliento a la inversión y al turismo extranjero”. Y agregó: “Es una buena noticia que la soja suba de precio y también un poco de suerte. Cada vez que gobiernan los peronistas les toca soja alta y cuando se van, baja”.

“El acuerdo con el FMI podría brindar algún marco de garantía con los acreedores. Sin embargo, los cambios estructurales que necesitamos no pasan por acordar con un fondo que, encima, tiene muy mala prensa. Pasará por un sacrificio del corto plazo por un bienestar a la larga”, explicó el especialista.

Pensando en el año entrante y las perspectivas económicas, “la incógnita es la inflación. Una vez controlados todos los precios de la economía, llega un momento de sincerarlos. Cuando eso ocurra, existe un riesgo de inflación. En 2021 podríamos tener una inflación superior a la de este año”, concluyó Carrino.

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano. Es Sub Director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE. Sigue a @ivancarrino

Seguimos con el oro y, por qué no, el “ciber oro”

Por Alejandro A. Tagliavini: Publicado eln: https://alejandrotagliavini.com/2020/10/04/seguimos-con-el-oro-y-por-que-no-el-ciber-oro/

Hay un principio físico básico que el gobierno no entiende (mejor dicho, no quiere entender porque no le conviene, como que el presidente del BCRA ahorra en dólares, desde que sabe que esa es la verdadera moneda, y lo quiere tener controlado). Este principio es el de acción y reacción: toda fuerza física produce una reacción contraria de la misma proporción. O sea, cada piña que pega le viene de vuelta.

Para no quedarse sin reservas, en lugar de dejar al mercado libre (por miedo a la inflación a la que confunde con aumento del IPC) le pegó a la gente con un cepo, y el mercado le devuelve una piña más dura: pierde reservas a velocidad cada vez mayor.

El blue trepó hasta los $ 150 -y el BCRA perdió más de USD 300 M- en la semana que pasó ayudado por los que no pueden comprar dólares en el mercado oficial y, por ello, subió $3 tras haber ganado $ 12 en septiembre. El minorista promedio entre bancos se colocó en los $ 82,44, y sumado el impuesto PAÍS y la retención de Ganancias, el dólar “ahorro” avanzó a $ 136,02. El MEP quedó en $ 138,15 y el CCL trepaba a $ 145,75.

Con esta misma ridiculez, el gobierno intenta incentivar el incremento de la oferta de divisas, por ejemplo, con la reducción de 33% a 30% en las retenciones a la soja durante octubre. O sea, mientras que hasta ayer los productores recibían $ 51 por dólar liquidado, dadas las retenciones, ahora recibirán $53,5. Y así de “pequeña” queda la brecha:

El gobierno está convencido de que los problemas se corrigen reprimiendo -o sea, aplicando el poder policial, el monopolio de la violencia- y no entiende que la violencia siempre destruye, y así se forma una bola de nieve inercial: más destrucción, más represión.

El problema es que se termina emulando a Venezuela. No hace falta voluntad expresa de copiar al chavismo, sino que la inercia de este “sistema” represivo -que la oposición no capta- lleva a Venezuela. Chávez no quiso llevar a su país adonde está, y los chavistas saben que la situación es mala, pero acusan a EE.UU.

Y la oposición no tiene la menor idea de cómo pararlo, es más, sus propuestas parecen contrarias, pero ahondan el problema, como cuando proponen eliminar el delito con más policía que el gobierno va a utilizar para reprimir, precisamente, no a los delincuentes sino a los opositores.

Así la mejor inversión en Argentina es el blue o, mejor todavía, insisto otra vez más, irse de Argentina. Entonces vamos viendo qué pasa afuera. En Wall Street, hubo un pequeño susto porque Trump dio positivo en coronavirus, pero está claro que mejorará y más parecen influir los “estímulos monetarios” que, por cierto, son inflación -burbujas- para hoy y hambre para mañana. Por el susto, todos los índices bajaron el viernes, pero, por los nuevos estímulos que, seguramente, seguirán sube el dólar y baja el oro.

Aún con las caídas del viernes, en la semana pasada el Nasdaq 100 repunta 0,94% (gana 28,89% en 2020); el S&P 500 sube 1,68% (3,84% desde enero) y el D ow Jones avanza 1,87% pero pierde 3% en el año. La volatilidad medida por el índice VIX repunta 3,7%. La economía de EE.UU. sigue floja lo que mantiene el pesimismo a la espera de los “estímulos fiscales”: la Cámara de Representantes aprobó la propuesta demócrata de un quinto paquete de ayudas económicas por USD 2,2 B, pero sin el apoyo de los republicanos.

Pero, además de la inestabilidad propia de unas elecciones muy “desordenadas” para los estándares de EE.UU., gane quien gane parece poco probable que se controle el gasto público o que aumenten los ingresos fiscales con lo que está garantizada la exagerada emisión monetaria .

En este gráfico se incluye el último cálculo de la cantidad de dinero fiduciario, hasta el 1 de agosto. FMQ es la suma de la oferta monetaria de dólares fiduciarios, tanto en circulación como fuera de circulación. Puede verse que la tasa de crecimiento de FMQ fue relativamente constante durante un largo período (5,86% anualizado compuesto mensualmente, para ser exactos) hasta la crisis de Lehman, en 2008.

Desde 2008 hasta marzo creció la friolera de 300% y, desde entonces, el crecimiento de la FMQ no tiene precedentes, simplemente enloqueció, se ha vuelto casi vertical y nadie parece dispuesto a ponerle un freno. La FMQ ya supera al PBI cuando lo “normal” es que, por ejemplo, como en 2005 debería estar entre el 35% y el 40% del PIB, y todo indica que superará el 125% en los próximos meses.

Así las cosas, al menos en el mediano y largo plazo, el oro es la estrella aunque hoy se sitúa al borde de perder los USD 1.900/onza, pero sube 2,4% con respecto a la semana pasada acumulando 25% en el año.

Gold Daily

El índice dólar DXY -que muchas veces va a la inversa que el oro– anduvo bien en agosto, a pesar del déficit fiscal, recesión sin precedentes, desempleo histórico y otros males provocados por las cuarentenas, y esto le restó fuerza al oro para recuperar los máximos históricos de casi USD 2.090/onza desde los que cayó en agosto, a los que había llegado desde los 1458 de marzo, precisamente cuando se desinflo el “estímulo” de unos USD 3 B del primer trimestre. Y quizás esto continúe unos días a medida que parezca que se confirman más estímulos lo que, al principio infla todo incluso el dólar, hasta que llega el balde de agua fría.

En fin, además de los modos de comprar oro que vimos en artículos anteriores, puede comprarse “cripto oro”. Las stablecoins o criptomonedas “estables” -atadas al dólar u otros activos- ganan protagonismo dado que no tienen la volatilidad, por caso, del Bitcoin. Entre estas, están las stablecoins atadas a metales preciosos, en particular, las atadas al oro como Pax Gold, Digix Gold, Goldmint, y Tether Gold que crecen muy fuerte como se ve en el siguiente gráfico:

Para remate, existen plataformas que aceptan estas stablecoins, como Pax Gold, en sus “wallet ahorro” pagando entre 5% y 10% anual de intereses.

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Asesor Senior de The Cedar Portfolio, Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE. Síguelo como @alextagliavini

El Estado presente hunde a la población en la pobreza

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 11/8/2020 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/08/11/el-estado-presente-hunde-a-la-poblacion-en-la-pobreza/

Pese al crecimiento del gasto público social, organismos internacionales y estudios privados estimaron un fuerte aumento de la pobreza (EFE)

Cuando se analiza la composición del gasto público tomando los datos de lo ejecutado hasta el 7 de agosto último se puede ver en primer término, claramente, que lo que se llama gasto social representa 67,5% del total, lo más alejado de un Estado liberal y lo más cercano a un estado “progresista”.

En segundo lugar, por importancia del gasto, está lo que se denominan servicios económicos, recursos que básicamente están destinados a tener tarifas de los servicios públicos artificialmente baratas para la población.

Y en tercer orden aparecen los intereses pagados de la deuda pública. Más allá de que no es bueno que el Estado tome deuda para financiar su gasto corriente, lo cierto es que Argentina no está colapsada por exceso de endeudamiento sino por el populismo que domina la economía que lleva a destruir la calidad institucional y condenarla al fracaso si no se cambia ese rumbo.

Dentro del rubro servicios sociales, el grueso corresponden a las jubilaciones y pensiones, donde la mayoría de los 7 millones de jubilados cobran la mínima; el gasto en salud no se refleja en el estado de los hospitales o en lo que se le paga a un médico y al resto del personal de la sanidad; el sistema educativo muestra los peores resultados; y la promoción y asistencia social se ha transformado en un gran clientelismo político, más que una situación transitoria para la reinserción laboral.

La mayoría de los argentinos creyeron que los políticos tenían el monopolio de la solidaridad y que, con ellos cuidando a la población todos tendrían una jubilación digna, salud, educación de calidad para sus hijos, etc. Es decir, con su infinita bondad iban a brindarle a la población la mejor condición de vida jamás vista.

Este perverso sistema del Estado presente, por el cual muchas veces se pretendió inculcar que los políticos tienen el monopolio de la solidaridad, ha transformado al Estado en algo inmanejable que destruyó las instituciones básicas del país, entendiendo como tales las reglas, normas, leyes, códigos, costumbres que regulan las relaciones de las personas entre sí y de las personas con el Estado.

Por un lado, Argentina dejó la cultura del trabajo y creó la cultura de la dádiva, dando lugar al clientelismo político por el cual los que reciben las dádivas se acostumbraron a vivir del trabajo ajeno. Empleo público y planes sociales de todo tipo suman millones de votos cautivos destruyendo el concepto de república.

Por ejemplo, a mayo pasado, había 5,8 millones de empleados privados en blanco en relación de dependencia y 3,2 millones de ocupados en la administración empleados estatales, es decir, los empleados públicos solos (nacionales, provinciales y municipales), representaban el 55% de los empleados privados.

La primera ruptura institucional viene por el lado del gasto. Gente que se acostumbra y se considera con derecho a ser mantenida por otros. Los políticos “solidarios” le vendieron a la gente el argumento de que ellos tienen derecho a vivir del fruto del trabajo ajeno. A que unos son pobres porque otros son ricos, por lo tanto hay que aplicar un impuesto a las grandes fortunas. Perseguir al que progresa porque invierte, trabaja y se esfuerza. Esta escalada de clientelismo político, sustentada en el resentimiento social, llevó el gasto público a niveles del 47% del PBI, en el agregado nación, provincias y municipios.Algunos políticos creen que unos son pobres porque otros son ricos, por lo tanto hay que aplicar un impuesto a las grandes fortunas, como proponen los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner (NA)

Todo ese aumento del gasto público condujo a buscar la forma de financiarlo. Y aquí se produce el segundo destrozo institucional. El Estado avanzando sobre los derechos individuales para apropiarse del trabajo ajeno y repartirlo.

La presión impositiva alcanzó niveles tan asfixiantes para las empresas y trabajadores que terminaron espantando inversiones y generando problemas de desocupación. Esta falta de trabajo condujo a un nuevo aumento del gasto público vía planes sociales para mantener a los que no tienen empleo remunerado, o bien nombrarlos en la administración pública para encubrir el desempleo real. Lo concreto es que hasta la Ley de Procedimiento Fiscal viola los derechos más elementales de los contribuyentes.

Así fue que para financiar la mala calidad institucional del gasto público en que se basa el populismo, derivó en más fuentes discrecionales. Llevó a niveles insospechados la carga tributaria en que casi la mitad del año hay que trabajar para pagar impuestos y, en el caso de las empresas, al punto que, de acuerdo a datos del Banco Mundial, Argentina es el país que más presión impositiva aplica sobre las empresas luego de Comoros, una isla frente a África.

No conforme con eso, el Estado vivió pidiendo prestado en el mercado internacional para financiar su déficit fiscal, creando el problema de la deuda externa, pero con la característica que luego consideran que los que quieren cobrar sus deudas son buitres; y de ese modo se transformó en un defaulteador serial.

También el Estado se cansó de confiscar ahorros internos. Plan Bonex 1989, corralito, corralón, pesificación asimétrica, fines de 2001 y principios de 2002; y confiscación de los ahorros en las AFJP a fines de 2009, que hicieron que el sistema financiero quedara reducido a la más mínima expresión y, para peor, el Banco Central se lleva el 50% de los escasos depósitos del sector privado para financiar el gasto público. De ahí que la gente no quiera ahorrar en el sistema financiero argentino.

Finalmente, el Estado abusó de la emisión monetaria como forma de financiar el gasto público destruyendo 5 signos monetarios, teniendo una de las inflaciones más altas del mundo. Hasta julio pasado, la emisión monetaria para financiar el gasto público representó el 66% de los ingresos tributarios del Sector Público Nacional.El Banco Central se lleva el 50% de los escasos depósitos del sector privado para financiar el gasto público (Reuters)

Es decir, se destruyeron las reglas de juego de la cultura del trabajo y fueron reemplazadas por la cultura de la dádiva y el clientelismo político llevando el gasto a niveles insospechados y de pésima calidad. Y, por otro lado, se destruyó la seguridad jurídica con políticas tributarias expropiatorias, defaulteando la deuda tomada, confiscando depósitos y destruyendo una moneda detrás de otra.

Hará falta que varios gobiernos y la mayoría de la dirigencia política muestre un mínimo de seriedad en el manejo de la cosa pública como para recuperar la confianza para atraer inversiones y empezar a crecer. Y cuánto más se tarde en llegar la seriedad, más larga será la agonía argentina, porque más difícil será bajar los índices de pobreza.

El kirchnerismo copia el gradualismo y el “ir viendo” de Cambiemos

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 18/2/2020 en: https://www.infobae.com/economia/2020/02/18/el-kirchnerismo-copia-el-gradualismo-y-el-ir-viendo-de-cambiemos/?fbclid=IwAR0nimoxUc6biD6mjP0L6cJOvnHNrf54iIbSVztDoTn2QoHQ0sPlRIEdZxQ

Una vez más, desde el Gobierno sostienen la falacia que no pueden explicitar un plan económico hasta tanto no se resuelva el tema de la deuda pública

El ministro de Economía, Martín Guzmán, frente a la Cámara de Diputados.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, frente a la Cámara de Diputados.

El informe que presentó el ministro de Economía Martín Guzmán en el Congreso, la semana pasada, tuvo un contenido más de barricada política que explicaciones de política económica que permitan visualizar un plan económico que explique cuál va a ser el rumbo económico.

Una vez más desde el Gobierno sostienen la falacia que no pueden explicitar un plan económico hasta tanto no se resuelva el tema de la deuda pública. La razón sería que sin conocer la resolución de ese tema no se puede hacer un presupuesto porque se desconocen los intereses a pagar y como el presupuesto es el plan económico, dicen, sin resolver el problema de la deuda, no se pueden calcular los intereses. Sin esto no hay presupuesto y sin presupuesto no hay plan económico.

La ley de Emergencia Económica es contraria al artículo 29 de la Constitución Nacional que dice: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

El presupuesto deja de ser el centro de la política económica y, por lo tanto, de hecho, aunque ya estuviera arreglado el problema de la deuda pública, no habría presupuesto y, en palabras de algunos miembros del oficialismo, tampoco habría plan económico dado que el presupuesto es un monto que el gobierno puede gastar a su antojo modificando partidas presupuestaria. Un presupuesto así no es un presupuesto.

En un país con un gobierno con poderes limitados, el presupuesto es fundamental. El problema es que en Argentina se considera que el que más votos tiene adquiere poderes tipo monarca, porque la mayoría le da derecho a hacer lo que quiere. Es decir, una democracia ilimitada, como la denominó Hayek, que es un democracia que no respeta límites legales apelando a la mayoría de las urnas, cuando en realidad esa mayoría solo establece quién va a administrar la cosa pública dentro de los límites que le establece la Constitución Nacional.

Alberto Fernández y Kristalina Georgieva

Alberto Fernández y Kristalina Georgieva

En definitiva, no es cierto que para poder tener un plan económico primero haya que tener el presupuesto y eso depende del arreglo de la deuda externa. En todo caso, para poder resolver el problema de la deuda pública hay que explicitar un plan económico que le de cierta confianza a los acreedores que la economía va a crecer y, por lo tanto, van a poder cobrar al menos los intereses de la deuda pública.

Por ejemplo, parte de un plan económico sería una reforma laboral que no necesita pasar por el presupuesto, o una propuesta de integración económica al mundo, que tampoco exige de una pasar por el presupuesto, o una regla monetaria que le de previsibilidad al poder al poder adquisitivo de la moneda. Un plan económico se compone de más elementos que el presupuesto.

Por el momento, el plan económico del gobierno se limita a licuar buena parte de las jubilaciones para ir igualando hacia abajo las jubilaciones hasta que todos cobren la mínima, licuar el gasto en salarios, congelar las tarifas de los servicios públicos por un tiempo y apelar a Precios Cuidados.

Dicho sea de paso, Precios Cuidados no empezó con buena estrella. En enero, el rubro Alimentos y Bebidas no Alcohólicas aumentó el 4,7% respecto a diciembre, cuando en diciembre había aumentado el 2,8% con relación a noviembre.

Pero hay otro tema a considerar del discurso de Guzmán. Dijo el ministro no habrá equilibrio fiscal hasta 2023, es decir, todo el mandato de Alberto Fernández transitaría con desequilibrio. Si va a manejarse con déficit fiscal, el gran interrogante es: ¿cómo financiará el bache fiscal? Hay cuatro maneras de cerrarlo: 1) aumentando impuestos, 2) tomando deuda interna, 3) tomando deuda externa, 4) emitiendo moneda.

Aumento de impuestos ya hubo, salvo que tengan en mente seguir subiendo la presión tributaria. El mercado crediticio interno es mínimo, así que si el Estado sigue tomando el escaso ahorro interno que hay, al sector privado le quedarán monedas para financiarse, acentuando la recesión.

Si no piensan tomar los USD 11.000 millones que restan del FMI es de imaginar que tampoco saldrán a pedir prestado al mercado voluntario de deuda (aunque sin pagar los intereses dudo que esa puerta se vaya a abrir). Es decir, no es imaginable que financien el déficit fiscal con deuda externa.

Queda la emisión monetaria como último recursos para financiar el déficit fiscal, con lo cual se estará comprando un piso de inflación alto para los 4 años de mandato de Fernández y no sabemos si esa inflación no termina desbordándose.

El ministro también afirmó que en este contexto no es posible un ajuste fiscal porque produciría más recesión. El ajuste existe con el impuestazo que le aplicaron al sector privado y con la licuación de las jubilaciones y de los sueldos de la administración pública. Hay un feroz ajuste que recae sobre el sector privado, no sobre el sector público, como de costumbre.

En definitiva, Guzmán dio un discurso en el Congreso con más contenido político que con precisiones económicas y, por ahora, sigue mostrando que carece de un plan económico para empezar a cambiar el rumbo de la economía.

Curiosamente se da una situación parecida a la de Cambiemos. Mauricio Macri nunca quiso tener un plan económico global: siempre apelaron al gradualismo y al tratar de solucionar problemas puntuales. Era “ir viendo” todos los días cómo solucionar algún problema. El kirchnerismo encara un proceso igual. Aplica gradualismo fiscal diciendo que hasta 2023 habrá déficit fiscal y no explicita un plan económico. Es una política, al igual que la de Cambiemos, de “ir viendo”.

Cómo invertir en 2020

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 27/12/19 en: https://www.ambito.com/economia/bonos/como-invertir-2020-n5073397?fbclid=IwAR0m6_cNNKf9-8ZDnnavr5Zj5ZqZvvl-09gB8nonNukHEnGEggOFckeYdK8

El mercado no se maneja con expectativas sino que -el dinero- es frío y calculador. Así, podemos inferir que la tendencia podría continuar -quizás tras una toma de ganancias visto que ayer subieron fuerte- dado que los papeles siguen desvalorizados y que hay pocas alternativas por el cepo y las tasas que bajan frente a una inflación todavía alta.

El 4 de noviembre twitié “Asia cerró mixta, Europa sube, Wall St. pinta bien, oro y treasuries bajan. Los rumores sobre el próximo Gobierno, no ideales, pero mejor de lo esperado. ¿Oportunidad de compra argentina?” Desde entonces el S&P Merval sube 19% ganando contra el dólar oficial -estable- y contra el blue que trepó 18% pero porque se disparó 16% tras conocerse el impuesto “solidario”, en tanto que los ADR subieron un 50%.

Al contrario de lo que dicen, el mercado no se maneja con expectativas sino que -el dinero- es frío y calculador. Así, podemos inferir que la tendencia podría continuar -quizás tras una toma de ganancias visto que ayer subieron fuerte- dado que los papeles siguen desvalorizados y que hay pocas alternativas por el cepo y las tasas que bajan frente a una inflación todavía alta.

Además, la “ley de emergencia”, al final, significa una continuación -estabilización- del macrismo: suben los impuestos, pero se compensaría con una baja en la inflación y en el costo financiero -veremos si lo logran- y se privilegia el pago de la deuda, ergo, los bonos suben.

El Gobierno pretende levantar el consumo con el doble bono para jubilados, la tarjeta social, aumentos salariales por decreto, Precios Cuidados y el congelamiento por 180 días de tarifas de luz y gas. A las petroleras les bajó las retenciones del 12 al 8% y las eximió de pagar regalías sobre la facturación total a cambio de frenar la suba de entre el 6 y el 10% de los combustibles.

Este “plan consumo”, volcaría unos $80.000 M, 100.000 M según Alberto. Para bajar la inflación, en lugar de emitir, el mayor gasto estatal se compensaría recortando jubilaciones y otros ítems. Ahora, según analistas, la inversión caería 7% -18% cayó en 2019- por falta de crédito a largo plazo y el cepo, aun cuando la construcción -50% de la inversión total- se beneficiará por la caída de 50% en los costos en dólares, en doce meses, y las menores tasas de interés y planes como ProCreAr.

Y caería la inversión externa por el cepo y la incertidumbre sobre la repatriación de dividendos. El cepo, supuestamente, cuidaría que no salgan reservas pero desalienta la entrada. Y lo más irónico es que el método para cuidar reservas es liberar al dólar para que suba, equilibrando demanda y oferta, lo que, supuestamente, dispararía inflación. En todo caso, dispararía el IPC que ahora quizás termine más alto porque -aunque no se grave el dólar importador- el 47% de los formadores de precios considerarán el blue que escala 97% en 2019 cuando el oficial “solo” 63%. Por cierto, la evolución del dólar dependerá de la inflación -la devaluación del peso por sobreoferta en tiempo real- a la que representa mejor porque reacciona con más rapidez y claridad que los demás precios.

Caerían 1% las exportaciones -las agrícolas, 6%- dada la mayor presión tributaria, a un promedio de 13%, y el dólar oficial abaratado. Las importaciones seguirían bajando -4% en 2020- dejando un saldo favorable de u$s17.000 M, 2.000 más que en 2019.

En 2020 vence deuda estatal por u$s63.000 M, impagable salvo que se reperfile con éxito -voluntario para el mercado- y, si bajan el gasto, podría desacelerarse la emisión monetaria, la inflación.

Las tasas caen y el BCRA dice seguirán cayendo desde el actual 58% hasta 35% para fines de 2020. Y, al contrario de lo que dicen, esto es antinflacionario porque absorbe menos demanda de dinero.

A nivel global, mejoraría el crecimiento por el acuerdo “fase 1” entre EE.UU. y China, el brexit asegurado -y una bajada de impuestos- pero, sobre todo, por el reconocimiento de los bancos centrales de que las políticas ultra expansivas han causado daño. La Fed, se frena tras rebajar en 75 puntos básicos las tasas. Durante los 16 ciclos de reducción de tasas desde la II Guerra Mundial, el S&P 500 subió una media de 18,6% en los 18 meses posteriores.

Las ventas de fin de año de bonos globales redujeron el volumen de deuda con rentabilidad negativa en u$s6 B, de un pico de u$s17 B a unos 11 B, fondos que se vuelcan a las bolsas porque el rendimiento de dividendos en el S&P 500 está sobre la rentabilidad del bono a 10 años de EE.UU. en 1,89%, mientras los rendimientos en Japón y eurozona también experimentaron fuerte suba.

A pesar del impeachment -que exoneraría a Trump- y del inicio de la campaña electoral el 3 de febrero, Wall St. se mantiene en máximos. El 2019 será uno de los mejores de las últimas décadas, y el S&P 500 se acerca a ganancias anuales del 30%.

Wall St. “se encuentra en suba libre absoluta, la situación técnica más alcista que existe”, aseguran en Ecotrader. Las acciones no estarían sobre compradas y “seguirán subiendo”, según Quattro Securities. Al S&P 500 en los próximos 12 meses le espera una rentabilidad de al menos 6,5%, dice FactSet. En los seis años de reelección republicana el mercado tuvo una rentabilidad media de 6,6%.

Los favoritos según el 90% de los expertos, son Amazon -sube 20% en 2019 y le quedaría otro 20%-, Salesforce.com, Microsoft, la alemana Evotec, la francesa Axa, la petrolera Rubis y las españolas Logista, Almirall y Sacyr.

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE. Síguelo como @alextagliavini

Aproveche la oferta del BCRA: fugue capitales

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 1/9/19 en: https://www.ambito.com/aproveche-la-oferta-del-bcra-fugue-capitales-n5052098

Guido Sandleris.

La discusión, a partir del 28 de diciembre de 2017 (28-D), muestra que muchos economistas son neokeynesianos: unos dicen que la decisión de ese día fue acertada y, otros, el inicio de la decadencia. Pero todos basados en la falacia neokeynesiana de que, con las tasas, el BCRApuede controlar la inflación que no es sino el exceso -sobre demanda- de emisión monetaria en tiempo real. Así, una vez concretado el exceso, el mercado, eventualmente aumenta precios para reequilibrarse. Entonces, si luego vía tasas se absorbe dinero, cae la demanda del mismo -la inversa de sobre oferta, sub demanda- provocando inflación, otro movimiento de precios para equilibrarse.

El 28-D, el Gobierno cambió las metas de inflación para 2018, de una banda entre 8 y 12% pasaba al 15% y postergaba, del 2019 al 2020, la meta del 5%. Lo que permitiría bajar la tasa de interés de referencia para sostener el crecimiento: créditos más baratos y la suba del tipo de cambio aumentarían la competitividad.

Se criticó la supuesta pérdida de autonomía del BCRA -pero tan autónomo no sería si se prestó al juego- y la pérdida de credibilidad por el cambio. Pero la credibilidad estaba pérdida: el 25% de inflación, para 2016, estimó del BCRA y resultó del 40%.

Irónicamente, la ya alta tasa de referencia del 26,25%, en septiembre de 2017 fue subida hasta 28,75% y, un año después del 28-D, al 60% y a más tasa más inflación y más recesión hubo.

La otra cara, la reversa, de la falacia neokeynesiana es lo que se ve a nivel global. Supuestamente, si la inflación es baja, deben recortarse tasas para inyectar dinero y provocar una reactivación. Hoy la situación es anómala: el stock global de deuda con rendimiento negativo supera los u$s 17 B. El 30% de los valores de grado de inversión rinden bajo cero, o sea que los que adquieren deuda, al vencimiento, pierden.

De los pocos que quedan en positivo, los bonos del Tesoro de EE.UU., tienen una curva de rendimientos cada vez más baja e invertida: el de 10 años rinde 1,496% anual y el de 2 años 1,50%. Hay varios modos de verlo, pero este es el más didáctico: las políticas expansivas de los bancos centrales alientan el consumo exagerado y los empresarios juzgan que sus negocios crecen a un ritmo superior, a la vez que les prestan dinero barato, y exageran la inversión.

Luego cae la realidad, el consumo baja y la inversión queda exagerada requiriendo crédito a corto plazo para aguantar los costos fijos y, por cierto, aguantan unos meses, luego no pueden hacerlo y sobreviene la recesión. Por eso la inversión de la curva es síntoma de recesión, aunque no necesariamente se dará porque el mercado podría acomodarse por otro lado.

Gracias a esta política neo keynesiana en Argentina el dólar cotiza a $62 -salto del 37,8% en agosto- el riesgo país supera los 2500 y el S&P Mervaltuvo su mayor caída mensual histórica: 41,7% en pesos y 56% en dólares. Las reservas del BCRA cayeron en u$s13.801 M en agosto y en 83% quedó la tasa Leliq.

Ahora, hoy, el BCRA para estabilizar al dólar vendería agresivamente (Sturzenegger hace más de un año, ofertaba u$s5000 M diarios), fijó que las grandes exportadoras no podrán tomar créditos por más de $1500 M y prohibió a los bancos girar utilidades sin autorización. No ayuda el referente de la oposición, Álvarez Agis, al pedir mayor control de capitales.

En definitiva, la fuga se da porque el BCRA vende dólares baratos y el mercado los aprovecha, las tasas no tientan lo suficiente y retroalimentan la inflación a la vez que alientan la desinversión dada la imposibilidad de obtener crédito productivo, luego, amenazas como imponer controles de capitales aceleran la fuga -aumentando el negro- y así, para cuando implementen los controles, solo quedarán perejiles en el país. Y ahora, con las últimas medidas como el límite de u$s10.000 mensuales para la compra alentarán aun más la fuga por desconfianza, volverá el “dólar negro” -más alto que el blue– y más actividades informales, trasladándose a precios.

El modo de evitar la fuga es dejar que el dólar suba hasta que no sea rentable o posible. Suba que provocará ajustes en algunos precios -pero esto no es inflación, sino ajuste de precios relativos- y encarecerá en pesos las deudas dolarizadas pero, para resolver esta situación, deben buscarse soluciones realistas y sanas.

Alberto Fernández, le dijo al The Wall Street Journal que “el FMI le dio dinero a un gastador compulsivo” y tiene razón. Pero, por otro lado, pareciera que su intención es subir salarios y jubilaciones lo que no es mala idea, el problema es cómo lo hará.

Por cierto, no se trata de “ajustes” al estilo de los economistas conservadores neoclásicos o neo keynesianos -bajar el gasto en base a recortar salarios y jubilaciones- sino de poner al Estado, de manera realista, a la altura de las circunstancias. Argentina nunca crecerá si no hace lo que cualquier deudor serial: reconfigurar el país liquidando una muy importante cantidad de propiedades estatales inconvenientes y desregulando fuertemente de modo que la economía encuentre más oportunidades y se expanda.

El BCRA debería desarmar ya la bicicleta entre las Leliq y el dólar

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 18/12/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/12/18/el-bcra-deberia-desarmar-ya-la-bicicleta-entre-las-leliq-y-el-dolar/?fbclid=IwAR21vDY6ujy4DzFmfYKEyYlBnJQNRGfZZPuHfp6JWfJZValgdZL0JbD2r_o

La preocupación es que se repita un escenario similar al arbitraje que se hacía con las Lebac

Si bien el Gobierno parece estar esperando que la economía comience a reactivarse a principios de 2019 para llegar a las elecciones sin recesión o saliendo de la recesión, mi mayor preocupación tiene que ver con el arbitraje tasa versus dólar que se armó con las Leliq y que vino a sustituir al arbitraje de las Lebac.

En general se dice que ahora la situación es menos delicada porque antes el principal instrumento de regulación monetaria estaban en parte en manos de particulares que en cualquier momento podían salir e ir al dólar, en cambio, ahora, con las Leliq en mano de los bancos, la situación es más estable.

Pero ese argumento me parece totalmente falso porque los bancos compran las Leliq con los depósitos de sus clientes, fundamentalmente con los que hacen depósitos a plazo fijo. De manera, las entidades pueden retener esos bonos en la medida en que sus clientes no vayan a la ventanilla a buscar sus pesos para comprar dólares.

¿Cuál es el mayor riesgo que corre el Gobierno de aquí hasta las elecciones? Tener una nueva corrida cambiaria que se transforme en corrida financiera. Basta con ver cómo vienen aumentando los depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado para advertir la bicicleta que se ha generado.

Como vengo insistiendo desde hace rato, quienes hoy hacen un depósito a plazo fijo, no lo hacen porque esperan que la tasa de interés le gane a la tasa de inflación, esperan que la tasa de interés le gane al tipo de cambio. La apuesta es tasa versus dólar, no tasa versus IPC.

Como no existe el inversor que devengue indefinidamente una utilidad, sino que en algún momento quiere realizarla, sabemos que en algún momento, quienes hoy apuestan a la tasa van a dar vuelta esa posición comprando dólares. Cuándo va a ocurrir esa situación lo desconocemos, pero sabemos que va a ocurrir, y que puede ocurrir en el medio de la campaña electoral.

Puede ocurrir porque el inversor simplemente decidió realizar sus ganancias o bien porque las encuestas muestran tal grado de incertidumbre política que nadie esté dispuesto a quedarse en tasa.

Es más, me animaría a pronosticar que es altamente probable que llegue un punto en que el BCRA ya no pueda bajar la tasa de las Leliq y tenga que volver a subirla porque al bajar la tasa de estos bonos, bajará la tasa de interés de los plazo fijos y no habrá tasa de interés que compense el riesgo de aumento del tipo de cambio.

En otras palabras, este modelo de endeudamiento en Leliq no converge al equilibrio, sino que cada vez va desequilibrándose más al renovar semanalmente stock de capital más intereses devengados.

El otro punto sobre el que quiero insistir, es que los bancos centrales regulan la liquidez del mercado con bonos del Tesoro, no con bonos propios emitidos por el Banco Central. La razón es muy sencilla, la autoridad monetaria no genera ingresos como un banco comercial(no vende tarjetas de créditos, ni paquetes de cajas de ahora, tarjetas con puntos para tentar a los clientes, etc.) y, por lo tanto, no está en condiciones de poder pagar ni la deuda que emite ni los intereses que devenga esa deuda.

Cómo enfrentar un posible punto de giro de los depósitos a plazo

De manera que el mayor riesgo que veo de aquí a las elecciones es que, ante la incertidumbre política o cualquier otro motivo, quienes hoy tienen plazos fijos apostando a la tasa, se presenten en la ventanilla del banco y digan que no renuevan el depósito.

Si eso ocurre, el banco tendrá que darse vuelta y decirle al BCRA: tomá las Leliq, dame los pesos que tengo en la ventanilla al cliente esperando para rescatar su plazo fijo. ¿De dónde saldría el dinero para pagar esas Leliq? Simplemente de la emisión monetaria. El BCRA emitiría los pesos que le entregaría a los bancos a cambio de las Leliq que le devolverán, y los bancos le pagarán a su cliente que saldrá a comprar dólares, con lo cual estaremos en el medio de un estallido inflacionario y cambiario.

Obviamente la otra opción es entregarle un bono al inversor y cancelar la deuda del BCRA con el banco. En cualquiera de los dos casos el Gobierno tendría una crisis económica y de confianza descomunal en el medio de un año electoral. ¿Qué hacer entonces? ¿Apostar a la suerte y creer que van a poder pasar sin problemas el 2019 o comprar un seguro ante el riesgo de incendio cambiario y financiero?

Si yo estuviese en el Gobierno me cubriría con un seguro porque el riesgo de corrida es alto, y mientras tanto me golpearía la cabeza contra la pared por no haber hecho las reformas estructurales y haber estado vendiendo humo con el gradualismo durante 3 años.

¿Cuál sería ese seguro contra incendio cambiario e inflacionario? El BCRA tiene en su activo $1,3 billones en letras intransferibles del Tesoro que vienen de la época K. Esas letras pagan una mínima tasa de interés y no son transferibles, es decir no pueden usarse. La idea es que el Tesoro le entregue un bono en pesos al BCRA por $1,3 billones a cambio de esas letras intransferibles. El bono en pesos podría ser a 10 años ajustables por IPC, por tipo de cambio o por la tasa de política monetaria del BCRA más 2 puntos.

El BCRA podría ofrecer a los bancos esos bonos a cambio de las Leliq. Si los bancos no los quieren, el BCRA puede vender esos bonos en el mercado y absorber base monetaria a medida que va rescatando las Leliq o, en caso que la gente no renueve los plazos fijos, los bancos, si aceptan esos bonos, los venden en el mercado y se hacen de los pesos para pagar en ventanilla al inversor.

De esta forma se evita que el BCRA tenga que emitir pesos para financiar el pago de las Leliq que no se renuevan y, por lo tanto, una llamarada cambiaria e inflacionaria.

La deuda del Tesoro no crece porque cambia la deuda que hoy tienen con el BCRA en letras intransferibles por otra deuda que es transferible. Con ese cambio de bonos se pasa a utilizar un instrumento que utilizan los bancos centrales del mundo. La Reserva Federal o el BCE usan bonos del tesoro para regular la liquidez del mercado, no emiten Lebac o Leliq.

Por supuesto que el Tesoro va a tener que pagar más intereses, pero igual hoy los paga el BCRA vía el gasto cuasifiscal. Lo que haría la autoridad monetaria es sanear su balance.

También es cierto que en caso de corrida el BCRA podría utilizar parte de las reservas, si el FMI lo autoriza, para restar liquidez en el mercado si tiene que emitir para cancelar las Leliq, pero queda en una situación más endeble ya que se le van las reservas y se queda con la deuda en dólares con el FMI.

En definitiva, cualquier persona medianamente informada en temas económicos sabe que esto de las Leliq es tan peligroso como fumar en la destilería. Lo mejor es desarmar ese lío antes de entrar de lleno en la campaña electoral para que no lo agarre al gobierno en el medio de la campaña con un cambio de cartera que le causaría un fenomenal estrago económico.

Por último, quiero aclarar que no estoy diciendo que vamos derecho a una estampida cambiaria e inflacionario o un plan Bonex, el espíritu de la nota es sugerir una estrategia para evitar esos problemas cuando quienes hoy devengan utilidades decidan realizarlas. Porque cuando llegue ese momento, ya va a ser tarde.

Mi sugerencia es actuar ya para evitar un mal peor por no hacer nada.

Gasto, inflación y Keynes

Por Gabriel Boragina Publicado el 28/5/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/05/gasto-inflacion-y-keynes.html

Cada uno de nosotros, cuando se ve enfrentado a la necesidad de incurrir en gastos, debemos observar -como primera medida- cuál es la cuantía de los recursos que disponemos. Es decir, es en función de nuestros ingresos previos que estaremos en condiciones de determinar qué cantidad de dinero podemos destinar al gasto. Sin embargo, los gobiernos no operan en este sentido, sino en el inverso: fijan primero su meta de gastos, y -en función de esta- deciden cuántos recursos deben recaudar de los mal llamados «contribuyentes» para poder cubrir los gastos decretados. La razón por la cual los gobiernos pueden actuar de este modo (y ninguno de nosotros puede hacer lo mismo) radica en que, mientras los particulares hemos de obtener nuestras entradas ofreciendo antes algo a cambio a otra persona que valorice lo que ofertamos, y sólo después, si la contraparte acepta el trato, podremos lograr el tan ansiado ingreso, los gobiernos se ven eximidos de seguir este proceso, por la sencilla razón de que todos ellos (al establecer el imperium de la ley) están facultados -mediante su concurso- a extraer las sumas que necesiten por medio de la fuerza a los inermes e indefensos ciudadanos.

«Pareciera que la economía política de los gobiernos es tal que el gasto público siempre aumenta cuando aumenta la recaudación impositiva y cuando se puede emitir más. Nunca se reduce el déficit fiscal aumentando la recaudación, pues esto supone que los gastos son constantes y la experiencia indica que esto no es así. Por ejemplo en estudios que el autor de este libro hizo para un país cuya recaudación fiscal dependía en 80% del precio del petróleo, se tomaron todos los años en que el precio del petróleo aumentaba y, por otro lado, todos los años en que esos precios bajaban. Observamos que la correlación entre gasto y recaudación impositiva era muy alta en los años de alza en la recaudación. También observamos que la correlación era muy baja (los gastos no bajaban) en los años de baja en la recaudación. Esa asimetría, no se evita con la existencia de la Caja pero se reduce substancialmente pues de otra manera esta conducta fiscal lleva a la larga a la devaluación (como sucedió en el país de referencia). La caja pone más disciplina pues en los años en que la recaudación baja no se puede emitir y no queda más remedio que aumentar el endeudamiento o bajar los gastos.»[1]

El autor citado, partidario de la caja de conversión (a ella alude cuando se refiere simplemente a «la caja») explica con meridiana claridad cómo operan los gobiernos en materia de gasto público, el que no lo hacen depender -ni exclusiva ni enteramente- de la recaudación fiscal (como en sana política económica debería de ser) sino que lo manejan como una variable autónoma, y cuya «lógica» parecería ser la «necesidad» de ir siempre en aumento, sin importar el medio por el cual se financie ese gasto público. En otras palabras, nos explica que, cuanto mayor era la recaudación también así lo era el gasto, pero el alto nivel de este no se veía en absoluto afectado en los casos donde la recaudación disminuía. En este último supuesto, los gobiernos lo que hacen no es bajar el gasto (como deberían hacerlo) sino buscar otros medios para financiarlo. Y ya hemos visto que los mecanismos a los que echa mano para esto último son la emisión monetaria, más impuestos, o directamente inflación. Pero, sabemos de sobra que estas tres últimas medidas (en realidad podrían resumirse en dos, ya que la inflación no es más un impuesto solapado) no solucionan sino que agravan los efectos del alto gasto público, produciendo fuertes distorsiones en la economía toda.

«Los análisis empíricos se concentraron en poner a prueba la estabilidad de la demanda de dinero aun en situaciones de gran inestabilidad como las grandes inflaciones pues, recordemos que el gran desafío de Keynes era su hipótesis de que la demanda por dinero era inestable. Él proponía como una función más estable la función consumo, diciendo que existía una relación estable entre el consumo nominal y el ingreso nominal. También decía que la propensión marginal a consumir era, en circunstancias como las de Estados Unidos en los años treinta, muy pequeña y por lo tanto el estado tenía que gastar para aumentar la propensión al gasto de la economía en total. Luego de muchas controversias se ha llegado a una mezcla donde las teorías modernas toman en cuenta el dinero y su demanda, pero no ignoran la política fiscal ni la importancia del gasto público. Cuando hay inflación los países se acuerdan de Friedman y cuando hay recesión se acuerdan de Keynes y, cuando la situación es más o menos normal, los economistas juegan en el medio campo.»[2]

Como ya hubiéramos examinado en otra ocasión, Keynes suponía que las recesiones (como la de los años 30 que fue -en gran parte- la que inspiró su teoría) se «solucionaban» recién cuando el gobierno irrumpiera en la economía incrementando el gasto público, para lo cual cualquier medio que este utilizara era «válido». Su negación de la «Ley de Salidas» de Jean B. Say, y la de los valiosos aportes de los demás economistas clásicos le impido ver su craso error. El aumento del gasto público importa tanto como un alza de la demanda y -a su turno- una consiguiente elevación de los precios, entre otros efectos. Para lograr eso, se combinaban perjudiciales medidas, como altos impuestos, emisión monetaria, endeudamiento, etc. generando una espiral inflacionaria que eclosionaría el sistema económico (como finalmente sucedió) al no encontrarse las manipulaciones artificiales del gobierno respaldadas por un genuino ahorro previo que permitiera un proceso de capitalización con bases en una economía real. Obviamente, que la demanda de dinero cae en picada en épocas inflacionarias, pero son pocos los que advierten la relación entre este último fenómeno y la demanda de moneda. No hay pues fórmulas «mágicas» para escapar a este dilema, excepto la austeridad fiscal y presupuestaria.

[1] Valeriano F. García. Para entender la economía política (y la política económica). Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos México, D. F. 2000. pág. 169

[2] Valeriano F. García. Para entender la economía política…ob. cit. pág. 185/186

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.