Entelequias fiscales

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2020/11/entelequias-fiscales.html

“A título de principios, inmutables para un buen impuesto, que respete fundamentalmente la regla de la igualdad, Stuart Mill recomienda las cuatro máximas expuestas por Adam Smith que han sido aceptadas por numerosos economistas y, por consiguiente, ofrecen las características de verdaderamente “clásicas”. Estas máximas son 1» Los sujetos del Estado deberán contribuir a sostener el gobierno tanto como sea posible en relación a sus facultades, es decir, en proporción de la renta de que ellos gozan bajo la protección del Estado. De la observación o del desprecio de esta máxima surge la igualdad o la desigualdad de un impuesto. 2» El impuesto que cada uno está obligado a pagar debe ser definido y no arbitrario.”[1]

La expresión “sujetos del Estado” presenta problemas, porque si se entiende que el “estado” se compone de tres partes o elementos (gobierno, territorio y población) como acuerdan la mayoría de los juristas, es evidente que uno de los tres elementos (el territorio) no puede “contribuir”, por cuanto no se trata de un ser humano. Nos quedan entonces solo los dos elementos restantes como posibles “contribuyentes” (gobierno y población) pero, como el gobierno está integrado por algunos miembros de esa población será más claro hablar de gobernantes y gobernados, ya que toda población se divide en estas dos partes.

Ahora bien, ya explicamos que los gobernantes no pagan impuestos como tales, entonces, nos quedan (por descarte) que se pretende hacer recaer esa “obligación” (cuyo fundamento no se ha dado, o se dieron “fundamentos” falaces para la misma) exclusivamente sobre los gobernados (es decir, solo una parte de la población).

Esto demuestra que es falsa la cacareada pretensión de “igualdad fiscal” (los burócratas se autoexcluyen de las leyes fiscales).

En suma, sigue sin explicarse porque unas personas deben mantener a otras (gobernados a gobernantes) y además de manera “obligatoria”. La respuesta típica es porque el gobierno tiene el monopolio de la fuerza para exigirlo, pero entonces preguntaríamos ¿Quién le ha otorgado ese monopolio? Hoy en día se respondería que el parlamento, pero el interrogante subsiste ¿quién le ha conferido autoridad al parlamento para otorgar monopolios a nadie, y menos aún a un grupo de personas que se auto titulan “gobierno”? Se responderá: la Constitución, pero tampoco satisface las preguntas anteriores esta respuesta, porque volveremos a preguntar ¿Quién les ha otorgado a los redactores de la constitución la facultad de otorgarles a otras personas el establecimiento de monopolios incluido el de la fuerza?, se responderá “el pueblo” lo que tampoco resuelve nuestra pregunta original, simplemente porque esta última respuesta carece de toda prueba y evidencia, ya que no existe ningún registro documental que sirva para probar que el pueblo -así en abstracto- hubiera jamás conferido a nadie facultad alguna para constituir monopolios, ni mucho menos, constituirse en monopolio por sí mismo por decreto legal. Las teorías del “contrato social, pacto social” etc. no tienen evidencia ni fundamento de ningún tipo.

No existe, pues, tal cosa como “igualdad fiscal”. Y en cuanto a que “El impuesto que cada uno está obligado a pagar debe ser definido y no arbitrario” peca de inocente. porque no ha tenido en cuenta al tan extendido hoy en día impuesto definidamente arbitrario.

“La época de pago, el modo de pago, la suma a pagar debe ser determinada con un sentido y de una manera inteligible para el contribuyente y para todo el mundo. Mientras que, si fuera de otro modo, toda persona sujeta al impuesto se encuentra más o menos sometida al recaudador que puede agravar la carga del contribuyente para el cual está mal dispuesto o extorsionar por el temor de cualquier gratificación.”[2]

Que estas cosas se cumplan, en el mejor de los casos, puede hacer menos evidente la arbitrariedad del impuesto, pero no la eliminan por competo. Aun conocidos esos detalles el impuesto puede seguir siendo arbitrario. ¿Quién define la arbitrariedad del impuesto? Indudablemente aquel que tiene que pagarlo, nadie más que él. Por cuanto es el único que conoce sus necesidades, patrimonio, proyectos, etc. Todas cosas que se verán más o menos afectadas por el impuesto. No es menos arbitrario el impuesto que alterará -por ejemplo- más del 50 % de mi patrimonio por el hecho que yo tenga la certeza de que el plazo de pago vencerá todos los días 5 de cada mes, que puedo pagar en efectivo o cheque, etc.

De hecho, se puede decir que la teoría que impera en materia fiscal es la contraria: la de la arbitrariedad, porque es la que efectivamente se aplica en la práctica para desgracia de todos, menos de los burócratas.

Igual de arbitrario seria que la tasa fuera baja pero que el recaudador pudiera exigirla en cualquier momento, o, de cualquier modo, etc.

La única manera de poder decir que un impuesto es menos arbitrario que otro (o menos arbitrario en sí mismo) es que el gasto que está destinado a satisfacer sea bajo. Por eso, la discusión relevante no es, en el fondo, sobre el impuesto, ya que este no es más que un efecto del gasto estatal (que es su verdadera causa). Lo vicioso del impuesto es su carácter de coactivo, pero su origen (y el del mal) debemos buscarlo -y lo hallaremos- en el gasto estatal.

“El carácter indefinido del impuesto —y esto es una práctica que se recoge a diario, en todos los países y en todas las épocas—, estimula la insolencia y favorece la corrupción de una clase de hombres naturalmente impopulares, aun cuando no fueran ni insolentes ni corrompidos.”[3]

Aquí se dice algo interesante y muy cierto. Los impuestos fomentan la insolencia y la corrupción, y el mismo párrafo reconoce que esto es diariamente observable. Basta ver las planillas fiscales que tiene que llenar y completar el expoliado para poder ver con nitidez la cantidad de preguntas insolentes que formula el fisco, realmente uno al completarlas se siente de la misma manera que debieron sentirse los esclavos de la antigüedad.

El trato humillante que reciben los expoliados en la oficina de tributos, la cantidad de trámites agobiantes e inútiles que deben realizar, la arrogancia con que los empleados fiscales observan a sus víctimas tributarias, etc. justificaría por si solo la abolición de todo el sistema fiscal, y reemplazarlo por otro verdalmente voluntario. Naturalmente, somos conscientes que muy lejos estamos de ese ideal, sino que, al contrario, si existió una época donde los impuestos constituían la arbitraria voluntad del déspota de turno, entonces, o no hemos experimentado evolución alguna o -caso contrario- hemos ido en franca involución, regresando a aquel sistema de barbarie en materia fiscal.


[1] Mateo Goldstein. Voz “IMPUESTOS” en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15, letra I, Grupo 05.

[2] Goldstein, M. ibidem.

[3] Goldstein, M. ibidem.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

¿Por qué sube el dólar?

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2020/11/por-que-sube-el-dolar.html

No es posible pasar un día sin escuchar esta pregunta en prácticamente todas partes.

Pero, en realidad, la pregunta está mal planteada, porque la correcta debería ser ¿Por qué baja el peso? Dado que lo que se pretende averiguar es la causa de la tremenda disparidad entre ambas monedas.

La respuesta popular y simplista contesta que el dólar “sube porque la gente especula”

El problema con esta réplica es que la gente especula siempre, en todos los actos de su vida y de su día y -sin embargo- hay momentos en el curso de todo ese tiempo que el dólar no “sube”, sino que “baja” o se mantiene estable.

Entonces, veamos algunas de las causas reales (aunque no finales) de este “curioso” fenómeno que ya se ha vuelto tan acostumbrado para los argentinos (aun cuando son muchos los ingenuos que siguen preguntándose por qué sucede esto, o bien lo atribuyen a algunas de las “razones” que dimos arriba).

Sin duda, la inflación es uno de los responsables, dado que deprecia al peso, y esta devaluación hace que la relación peso/dólar sea desfavorable para el primero y positiva para el segundo.

Pongamos un ejemplo para hacerlo más sencillo todavía de entender: si con un billete de $ 100 compro 10 caramelos en el momento 1 (M1) y en el 2 (M2) compro 4 caramelos, significa que en M2 soy más pobre que en M1, aunque sigo teniendo un billete que nominalmente “vale” $ 100. Los caramelos que puedo adquirir con mis $ 100 representan el tipo de cambio real de mi billete, en tanto que la cifra que expresa o leo en el billete representa lo que se llama el tipo de cambio nominal del mismo.

Si ahora cambiamos los caramelos del ejemplo por los dólares el resultado será el mismo. Lo que determina la razón por la cual en M1 con $ 100 compramos 10 dólares (o caramelos) y en M2 sólo compramos 4 es la cantidad de pesos en circulación que haya, que es mayor en M2 que en M1. Y el dinero en circulación crece por una sola razón, porque el gobierno emitió más dinero en M2 que en M1.

Para comprar la misma cantidad de dólares que adquiríamos en M1 con $ 10 por unidad, ahora necesitamos $ 250, porque con $ 100 solo podremos comprar 4. Es un simple efecto de oferta y demanda.

Al observar esto, la “lectura” que la gente hace es que cada caramelo/dólar antes “costaba” $ 10 ahora “cuesta” $ 25, ergo lo “lee” como que el dólar “subió” de $ 10 por unidad a $ 25. La realidad es que el precio del peso en términos de dólares se depreció.

Pero además de la inflación también concurren otros factores para que la diferencia entre pesos y dólares se ensanche. Por ejemplo, si hay una caída en las exportaciones se pasa a hablar, entonces, de un balance comercial deficitario o “desfavorable”, dado que -en el caso- ingresan menos divisas que cuando las exportaciones eran mayores.

Esto hace que la relación dólar/peso sea favorable para el primero y negativa para el segundo, con lo cual el precio del dólar sube en tanto el del peso baja. Como en el caso de la inflación se necesitarán más pesos para comprar la misma (o menos) cantidad de dólares.

¿Por qué se reducen las exportaciones? Las exportaciones caen generalmente cuando no hay excedentes exportables. Esto -a su turno- encuentra como causa posible el desplome de la producción por elevación de costos. Y en la misma línea, los elementos que más inciden para que los costos se eleven vienen dados por la baja productividad que halla-a su vez- causa en la política fiscal. En países como Argentina donde la tasa de presión fiscal es en cada ciclo más elevada, estas empujan los costos totales hacia arriba haciendo más caro producir, vender, trabajar, y todo lo que tenga que ver con cualquier actividad económica. Semejante elevación de costos incide negativamente en la producción global, y afecta más aun todo lo que se relacione con el comercio exterior. Exportar e importar se hace en cada período más difícil, y ocasiona que el precio de la divisa vuelva a “subir”. El responsable de todo este circuito es el gobierno, a quien encontramos al final del camino como único agente causal.

Todo lo dicho tiene un impacto también negativo en las importaciones, ya que en la línea de lo que venimos explicando, se necesitarán destinar más pesos para comprar igual o menor cantidad de dólares. En este supuesto, las importaciones se encarecen y entonces se retraen, lo que hará bajar la demanda de divisas y -ceteris paribus– debería hacer caer también su precio.

Otro componente importante que hace que el diferencial de cambio sea en cada ocasión más amplio -siguiendo con el caso del comercio exterior- es la retracción del crédito internacional que afecta negativamente el balance de pagos. Menor entrada de divisas que produce el mismo efecto que la contracción de las exportaciones: al hacer escasas las divisas su precio “sube” mientras el del peso “baja”. Las razones por las cuales los préstamos del exterior dejan de afluir al país ya las hemos analizado en muchas ocasiones, pero repasemos algunas: cuando los gobiernos dictan leyes que atentan contra la propiedad privada crece la inseguridad jurídica, y cuando los tribunales emiten fallos en el mismo sentido o no respetan las decisiones que hubieron adoptado anteriormente (violando la cosa juzgada, cosa que estamos hartos de observar en nuestro tránsito profesional por los tribunales) de este modo resulta lógico que ningún capitalista externo esté dispuesto a otorgar crédito a nadie en el país, ni a empresas ni a particulares, porque cuenta casi como seguro que no recuperará ni el capital ni los intereses. Es por ello que, el único crédito que puede conseguirse es el que logre obtener el gobierno local de organismos internacionales, y que suele ser el famoso “crédito barato”, porque es -a su turno- financiado con impuestos sufragados por los contribuyentes externos.

Por análogas razones a las analizadas en el párrafo precedente, el dólar “sube” porque se comprimen las inversiones internacionales. El denominador común es el mismo que el anterior: leyes y sentencias contra la propiedad, o directo incumplimiento contra los veredictos judiciales (pocos) que defienden la propiedad privada. En general, salvo honrosas y en cada oportunidad más extrañas excepciones, la justicia argentina en el marco de las relaciones jurídicas entre particulares, está orientada hacia el amparo y la defensa de los morosos incumplidores y desamparo de los acreedores. Esta disposición cambia en el campo del derecho público donde cuando el acreedor es el “estado” y el deudor el particular las decisiones legales van en favor del primero y en contra del segundo cualquiera sea el grado de razón que pudiera asistir a este último.

En este rápido análisis de las motivaciones por las cuales la gente dice que el dólar “sube”, nos topamos con la fuga de capitales que también reconoce su origen en la inseguridad jurídica. Pero -en este caso- debemos agregar otra causa más: los tristemente célebres controles de cambio, que consisten en -no otra cosa que- imponerle un precio máximo a la divisa, es decir, un precio político. El resultado es la aparición de un mercado paralelo, negro, subterráneo u otras denominaciones que se le asignan. En este tema, oferta y demanda de dólares ajustan por cantidad, ya que el precio máximo impide -en principio- que lo hagan vía precio de mercado. En consecuencia, aumenta la demanda de dólares, con lo que su precio se eleva en la misma proporción.

Cuando la salida de dólares al exterior se combina con la falta de crédito externo, se potencia la diferencia del tipo de cambio en favor de la divisa y en contra de la moneda local. Si se le agregan controles de cambio y restricciones al comercio exterior -que vimos arriba- más inflación, etc., el cóctel no puede ser sino letal.

Entonces, el “diagnóstico” que atribuye que el dólar “sube” debido a la “especulación” de la gente, es un “argumento” tan simplista como falaz. Confunde el resultado con la causa o -como se dice- pone “el carro delante del caballo”.

La demanda de dólares por parte de la gente -en resultado- no es la causa del “aumento del dólar” como se dice vulgarmente, sino su efecto lógico. Y el origen de esa demanda hay que buscarlo y se encontrará en algunos de los constituyentes que hemos mencionado más arriba rápidamente en el marco de este deliberado breve análisis.

En todos los casos anteriores opera la ley de la oferta y la demanda, pese a todas las restricciones o a causa de las mismas como reacción del mercado.

En suma, hasta que los políticos no entiendan, aunque sea en su manera básica, alguna de estas cuestiones el dólar seguirá “subiendo”.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

La gestión política del resentimiento

Por Mauricio Alejandro Vázquez. Publicado el 1/11/20 en: https://www.dataclave.com.ar/opinion/la-gestion-politica-del-resentimiento_a5f9e0994daaeb8185c91140a

La propaganda no se asienta en la razón, sino en la emoción. “El rico se abusa del pobre, porque es rico y nada más”, suelen afirmar ciertos sectores. El resentimiento como conformación de una determinada cadena de valores. ¿Es viable una Nación con estas características?


La propaganda política no se asienta en la razón sino en la emoción.
 El entendimiento acabado de esta simple frase de trece palabras, divide las aguas entre quienes son efectivos a la hora de ganarse el caudal de legitimidad que emana del pueblo, y los que perecen en intentos fútiles.

Desde la reciente “son cosas que pasan entre ricos”, de Alberto Fernández, al referirse al intento de usurpación de la propiedad de la familia Etchevehere, pasando por otros latiguillos discursivos similares que se han lanzado al gran público, ocultos tras la mascarada de la espontaneidad, ha existido desde el comienzo de la gestión iniciada a nivel nacional en Diciembre de 2019, un claro intento de gestionar las pasiones más oscuras de nuestro pueblo, a su favor.

Así, el asesinato de Fernando Báez Sosa en enero de 2019, se instaló desde la perspectiva de un grupo de rugbiers ricos y asesinos, cuando el fenómeno podía ser también ilustrado desde otras perspectivas. Por ejemplo, los excesos que se producen por la falta de control policial, el abuso del alcohol y/o las drogas, una sociedad cada vez más violenta, o tantos otros enfoques que eran igualmente válidos pero que quedaron relegados frente al recurso discursivo que despierta una indignación emocional mayor: “el rico se abusa del pobre, porque es rico y nada más”.

Lo mismo se hizo cuando fue evidente que el Covid-19 sí llegaría al país, contrario a lo que el Ministro de Salud, Ginés Gonzales García, afirmó desde un primer momento. En esta ocasión se instaló rápidamente la idea de que el arribo del virus era producto de “los ricos que viajaban a Europa”. Del mismo modo se expresó a nivel subnacional en su momento, Marcelo Saín, ministro de Seguridad de Santa Fe, al afirmar que la pandemia era responsabilidad de “los chetos”.

Valgan estos ejemplos para representar, entre muchos otros, la estrategia comunicativa preferida de quienes se asientan en el espectro ideológico del centro a la izquierda, no solo en nuestro país, sino en todo Latinoamérica. La oligarquía, los chetos, los ricos, la insensible y egoísta clase media, “los del campo”, los antipatria, entre otras imágenes discursivas similares, son los sujetos que constituyen ese “otro” tan necesario, en los ejercicios de propaganda.

El fenómeno en sí funciona, en base a dos hechos fácticos. En primer lugar, Latinoamérica es una de las regiones del globo con mayor pobreza y, por tanto, desde una regla meramente lógica, los pobres son muchos y los ricos pocos. Por ende, ¿a quiénes debería emocionar un candidato que quiere ganar elecciones sin esforzarse demasiado en gestionar un discurso superador? ¿En quienes debería buscar una legitimidad a prueba de razones, sobre todo, cuando no hay mucho éxito real para mostrar? En segundo lugar, existen varias emociones que los comunicadores conocemos como prevalentes y fácilmente manejables en los discursos políticos. El miedo es uno, desde ya. El otro es el resentimiento.

Valga esta breve digresión para señalar que el resentimiento es algo profundamente diferente a la envidia. Si esta última es una señal emocional de aquello que anhelamos y, en tal sentido, algo hasta útil cuando es percibido por aquellos con algún tipo de entrenamiento en la gestión de sus propias emociones, el resentimiento es diametralmente distinto.

El resentimiento está formado por una cadena de valoraciones que pueden dispararse por la emoción de envidia, pero que luego transcurre a la siguiente idea: “Yo no tengo X, y no lo tengo porque sí lo tiene Y, e Y lo tiene porque en algún momento me/nos quitó H”. Esta cadena causal, se puede encontrar en un sinnúmero de piezas retóricas que inundan nuestra región. Desde “Las venas abiertas de América Latina”, libro del cual el propio Galeano renegó antes de morir, a la gran mayoría de los discursos de los que, como decía anteriormente, se sitúan del centro a la izquierda del espectro.

Lo que muchas veces no se percibe, son los concomitantes de estas estrategias tan efectivas. Por un lado, la profundización del recelo social y la destrucción sistemática de las posibilidades de armonizar intereses entre quienes más necesitan cooperar en sociedades como las nuestras. Del mismo modo, luego, la creciente violencia social que de esta situación se deriva.

Y, por último, y solo para no hacer más extenso este artículo porque podríamos encontrar infinitos subproductos negativos de esta estrategia de propaganda, el desempoderamiento sistemático de quienes a partir de estos relatos perciben que no pueden hacer nada para salir de la situación en la que se encuentran, y que solo dependen del favor de aquellos que se auto postulan como sus salvadores políticos.

En resumen, la gestión política del resentimiento, es una estrategia propagandística que trae frutos de corto plazo, como los trajo en Chile en el referéndum del pasado 25 de octubre, por ejemplo, pero que, en el mediano y largo plazo, solo destruye los lazos que hacen a la posibilidad de generar sociedades en donde predomine la cooperación y la verdadera movilidad social.

Mauricio Alejandro Vázquez es Título de Honor en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, Magister en Ciencias del Estado por la Universidad del CEMA, Magister en Políticas Publicas por la Universidad Torcuato Di Tella y coach certificado por la International Coach Federation. Ha trabajado en la transformación de organismos públicos y empresas. Actualmente es docente de Teoría Política, Ética, Comunicación, Metodología y administración en UADE y de Políticas Públicas en Maestría de ESEADE. También es conferencista y columnista en medios como Ámbito Financiero, Infoabe, La Prensa, entre otros. Síguelo en @triunfalibertad

Igualdad y desigualdad fiscal.

Por Gabriel Boragina. Publicado en:

De una manera o de otra, “las reglas de juego” las imponen en las democracias las mayorías y, de la misma forma que los derechos deberían ser iguales para todos, las obligaciones también deberían serlo. Y si la mayoría entiende que el impuesto debería ser o es una obligación, también debería ser igualitario para todos. ¿Lo es? La respuesta es no. No lo es. Por cuanto los miembros del gobierno -que son personas humanas como nosotros- no tributan, solamente recaudan de lo ajeno.

Hay que estar prevenidos a los juegos que se suelen hacer con la palabrita “igualdad”, juegos a que los juristas son especialmente afectos en jugar. En dicho sentido, es correcto decir que todos somos iguales en cuanto a que todos pagamos impuestos. Pero no es igual de cierto decir que todos pagamos impuestos por igual, ni tampoco todos pagamos los mismos impuestos, y -mucho menos- que todos pagamos la misma cantidad por cada impuesto que pagamos.

Entonces, se difumina la idea de “igualdad” que todos enuncian en abstracto, pero se niegan a concretizar y particularizar. Cuando empezamos a ver el asunto a fondo nos empezamos a dar cuenta que la cacareada igualdad, de la cual tan orgullosos se muestran los juristas, políticos y demás demagogos, no existe.

Sentado esto, digamos que, en materia fiscal, los burócratas no son iguales a nosotros los del llano. Aquí deberemos retomar lo que ya explicamos sobre el “contribuyente” (expoliado, en rigor) de hecho y de derecho.

Podría quizá haber una ley (decreto, resolución etc.) que dijera que los empleados estatales deben pagar impuestos como “todo el mundo”. Lo que sucede es que, ese régimen legal por el cual se les quisiera hacer pagar impuestos a los empleados estatales (incluimos en este rótulo empleados llanos, funcionarios de todas las jerarquías, desde el presidente nacional hasta el portero de la casa de gobierno) no podrían cumplir, ni, aunque quisieran. En tal sentido, nunca serian iguales a los privados.

Por ejemplo, supongamos el empleado estatal Juan que trabaja en cualquier puesto de cualquier ministerio, repartición, etc. y que recibe un “salario” de $ 1000.-

Juan puede cobrar $ 1000.- de “salario” porque esos $ 1000.- provienen de impuestos que han pagado -por caso- Pedro, José, Luis y Carlos que trabajan en el sector privado, a razón de $ 250 cada uno.

Si, eventualmente, se le quisiera hacer “pagar” impuestos y -figurativamente- debiera sufragar $ 100.- va de suyo que esos $ 100.- solo podrían salir de los $ 1000.- (los ingresos de Juan). Pero esos $ 100 que se dice “ingresa” Juan por impuestos, en realidad, los están costeando o -mejor dicho- ya los adelantaron, Pedro, José, Luis y Carlos cuando oblaron los impuestos con los cuales se le pagó el “sueldo” a Juan.

Conclusión: los burócratas no pagan impuestos en su condición de burócratas, porque si lo hicieran no estarían más que reingresando al fisco el producido de los impuestos previamente oblados e incorporados al fisco por el sector privado. Esto aplica a todos los burócratas de los tres niveles (nacional, provincial y municipal). En consecuencia, es falso que el impuesto sea igual para “todos” y que “todos” los paguen. Los burócratas están exentos, si no de derecho si, de hecho.

Pero ¿cómo conciliaríamos esto con lo que dijimos que todos pagamos impuestos? Porque nos estamos refiriendo a los “contribuyentes” de hecho; estos siempre pagan impuestos, aunque no tengan que desembolsar ninguna suma de dinero.

Juan -como burócrata- podría tener su “sueldo” gravado de derecho, pero de hecho no está pagando nada que antes no lo hubiera pagado un particular vía impuestos, dado que los únicos que generan riqueza son los particulares, nunca los burócratas.

Pero, como las leyes de la economía no pueden ser violadas por las leyes jurídicas que, frente a las económicas son irrelevantes, de todos modos, Juan, si bien está exento de hecho como burócrata no lo está como consumidor, ya que su condición de burócrata no impide que mantenga la de consumidor. Es más, Juan podría dejar de sur un burócrata, lo que nunca podrá es dejar de ser un consumidor de hecho. O sea, si bien como burócrata Juan no produce absolutamente nada, como consumidor continúa consumiendo como cualquier otro ser humano.

Así, en cuanto a consumidor, Juan “pagará” el impuesto dejando forzosamente de consumir aquellos productos que -“gracias” a los impuestos con los cuales se le paga (entre otros destinos) su “salario”- el sector privado dejará de producir y -por lo tanto- de comerciar.

En este sentido, nuestro empleado estatal se verá también perjudicado por el mismo impuesto merced al cual cobra su “salario”. Lo que recibe por un lado lo pierde por el otro. Ninguna ley jurídica pudo jamás cambiar este hecho, porque las leyes jurídicas nunca pudieron ni pueden violar las leyes económicas, ya que estas no dependen de la voluntad de ninguna persona en particular.

“Hay gente, sin embargo, continúa su razonamiento el eminente economista inglés, que no acepta un principio general de justicia como una base sobre la cual sea posible establecer una teoría de. las finanzas y que requieren alguna cosa más especial, como ellos dicen. Ellos prefieren mejor considerar el impuesto pagado por cada miembro de la sociedad como el equivalente del valor que él recibe a título de servicio del gobierno: ellos prefieren mejor sostener que es justo que cada uno contribuya a las cargas públicas en razón de sus facultades, porque el que tiene dos veces más bienes para defender que otro, recibe —conforme a todo cálculo— una suma doble de protección y debe, de acuerdo a los principios de la mercancía y de la venta, pagar doblemente por esta protección.”[1]

Se insiste en lo que podríamos llamar la “teoría del servicio” y, en un sentido más realista, no se habla del “servicio del estado” sino del “gobierno”. Pero, ya hemos refutado este punto anteriormente, cuando expusimos que los posibles “servicios” que “prestan” los burócratas no son más que los mismos servicios que -en mejores condiciones de precio, costo y calidad- suministraban antes los particulares, y que el gobierno puede “ofrecerlos” porque ha privado a esos particulares de los medios y los recursos para que pudieran hacerlo como lo hacían antes de la expoliación “legal”.


[1] Mateo Goldstein. Voz “IMPUESTOS” en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15, letra I, Grupo 05.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

Obligación e igualdad fiscal

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2020/10/obligacion-e-igualdad-fiscal.html

“c) La obligación que tienen los ciudadanos de pagar impuestos radica en el hecho de formar parte de una comunidad política organizada: la obligación afecta no sólo a los “nacionales”, sino a los “extranjeros”, aunque con diversa intensidad, los nacionales son miembros “permanentes” de la comunidad: su obligación es “integral” y “constante”, es decir: obligación de pagar “todos” los impuestos y durante “todo” el tiempo que conserven el vínculo de nacionalidad; los extranjeros son miembros “accidentales” de la comunidad, ya por residir su “persona” en el territorio nacional, ya por radicar en él sus “bienes”: su obligación es “temporal” y “parcial”, o sea: sólo durante el periodo de residencia o con respecto a los bienes nacionalizados. La tasa carece de estos atributos políticos.”[1]

Excepto aquellos que hubieran prestado su previo y libre consentimiento, nadie forma parte de ninguna comunidad de manera forzada, o sea, sin que se viole su libertad de asociación al obligárselo al ingreso forzoso a una comunidad a la que no se le ha consultado sobre sus deseos de pertenecer a ella y -para peor- se lo compele a financiar a aquellos que se dicen sus “titulares” o “representantes”.

En consecuencia, el punto c) de la cita anterior no nos brinda “fundamento” alguno, ya que deja sin base esa falsa “obligación”.

Esta conclusión se hace extensiva a los extranjeros, excepto que hubieran dado (como en el caso de los locales) su previa aceptación a contribuir económicamente con el gobierno al ingresar al pais. En caso contrario, tampoco deberían ser forzados a pagar nada, porque el elemento coactivo carece de base legal y si se argumenta -desde el positivismo jurídico– que la tiene, nosotros -desde nuestra postura iusnaturalista– lo negaremos, y agregaremos que, aunque se la acepte desde el positivismo, no hay desde la moral y la ética ningún respaldo de este tipo para sostener esa actitud.

El fundamento de nuestra posición ya fue dado: la mayoría no puede obligar a la minoría so pretexto de “democracia” a ser sujeto pasivo de actos inmorales como es el de dejarse robar por quienes alegan “representar” a un mítico “estado”, “pais”, “gobierno”, “nación” o, en su caso, rey, monarca, déspota, jefe de estado, director supremo o el título que quiera auto arrogarse. Bien dijo Herbert Spencer que el derecho divino de los reyes devino en el derecho divino de los parlamentos, pero los liberales creyentes no reconocemos más derecho divino que el de Dios mismo. Ningún derecho creado por el hombre puede reclamar para si divinidad alguna. El derecho humano es solo una improvisada herramienta de convivencia y nada más. Allí se agota su función. Si no la cumple, no sirve para nada.

No existe ninguna obligación moral de pagar tributos, impuestos, tasas, contribuciones o el nombre ficticio que se le quieran dar. No es moral violar la libertad de las personas, ni siquiera en nombre de esa falsa “divinidad” que llaman “estado”.

“1. La noción de la igualdad. Hay algunos rasgos esenciales del impuesto que la doctrina ha recogido para convertir en verdaderas reglas. Así, el carácter de la Igualdad en la aplicación y distribución del impuesto. En su amplia exposición sobre materia de impuestos, John Stuart Mili se pregunta: “¿Por qué motivo la igualdad debe ser la regla en materia de impuesto?” Y agrega que la respuesta debe ser que ella debe constituir la regla en todas las materias de gobierno. Como un gobierno no debe establecer distinciones de personas y de clases, y debe reconocer un derecho a todos a sus servicios, los sacrificios que él reclama se deben hacer gravitar, poco más o menos, del mismo modo sobre todos los habitantes, siendo de subrayar que de esta manera se reclama el menor sacrificio de los interesados. Si alguno no soporta su parte de la carga común, hay alguien que soporta más que su parte, y todas las cosas iguales por otra parte, la exoneración de uno no es igual a la sobrecarga que pesa sobre el otro. Entonces, cuando se dice en política, igualdad en materia de impuestos, esto significa, igualdad de sacrificio: vale decir, que la parte en la cual cada uno contribuye a los gastos del gobierno, debe ser reglada de modo que una persona no sufra más que otra, de la obligación de contribuir a sus gastos. Este ideal, como todos los otros, no puede ser realizado completamente; pero lo que es necesario buscar, ante todo, en toda discusión práctica, es determinar en qué consiste la perfección.”[2]

Antes que preguntarse por qué “la igualdad debe ser la regla en materia de impuestos”, la pregunta fundamental debería ser ¿Por qué los impuestos? Pero ciertamente las respuestas que recibiríamos serían las que ya examinamos: nos hablarían de la “necesidad” de un mítico “estado” lo que nos han enseñado a todos en la escuela, si, a todos, incluyendo a quien esto escribe. La diferencia es que, una amplia mayoría se ha conformado con esa respuesta, la ha admitido sin mayor análisis ni examen crítico. En cambio, otros, como nosotros, han pretendido ir más allá, al fondo del asunto. Y cuando se llega al fondo del asunto la conclusión no puede ser otra: los impuestos no tienen razón de ser.

Pero si la mayoría (como sucede) ha aceptado la existencia de los impuestos ¿no deberían ser estos iguales para todos?

La respuesta es simple: no. Porque si la mayoría impone impuestos en contra de una minoría (que no los admite) aquella mayoría no tiene ningún derecho para someter a la minoría a algo que afecta a su derecho de propiedad. Este es el punto central del debate que está casi ausente en toda la discusión sobre los impuestos: la importancia de la propiedad y su carácter de derecho. Nos dicen que es uno de los casos donde la propiedad “debe ceder”. ¿Qué argumento es este? Y ¿por qué “debería ceder” en materia de impuestos y no en otros casos? Simplemente porque los impuestos son el alimento de la burocracia que es la que detenta el poder real. Y todo lo demás que se diga es puro palabrerío vacuo.


[1] Mateo Goldstein. Voz “IMPUESTOS” en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15, letra I, Grupo 05.

[2] Goldstein, M. ibidem.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

Soberanía, pueblo e impuestos

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2020/10/soberania-pueblo-e-impuestos.html

Difícilmente exista un ser humano que domine todos (absolutamente todos) los aspectos de una misma materia (por lo menos nosotros no conocemos ninguno), ya que cualquier materia es objeto de diferentes enfoques, según quien la estudie y la divulgue. Somos partidarios de la convicción de que el conocimiento nunca está acabado, sino que es un proceso continuamente evolutivo, sin fin, caso contrario seguiríamos creyendo que la Tierra es plana como antigua y popularmente se creía, y desconoceríamos la ley y gravedad como sucedía antes de que Newton la descubriera. Pero decimos notar cierta arrogancia del autor citado[1] cuando dice que las definiciones diferentes a la suyas “pecan …porque son parciales, así como lo es su propio enfoque de la materia”, porque daría la impresión que el sí posee el enfoque totalizador de la materia y no simplemente uno parcial.

“4. Diferencias entre impuestos y tasas. Se suele caer en confusionismo al analizar las raíces de ambas instituciones. Probablemente más de una errónea calificación del impuesto se origina en la confusión que se introduce, si no en la doctrina, en la práctica, al intentar la caracterización del impuesto y de la tasa. Ruzzo nos da la línea separatoria de la que es tan fácil desviarse. “Las diferencias entre impuesto y tasa nacen de este concepto fundamental: en el caso del impuesto, el Estado lo aplica en virtud de soberanía política, y en el caso de la tasa procede como empresario de ciertas actividades que, a menudo, tienen carácter industrial.”[2]

Para analizar esta cita primero debemos enmarcar el concepto de soberanía. Procedamos a hacerlo:

“Soberanía.

Para la Academia, calidad de soberano. | Autoridad suprema del poder público.

En el terreno jurídico, el problema de vieja y tradicional discusión es el de determinar en quién recae la soberanía, solución que depende del punto de vista que se adopte.

Sánchez Viamonte, escribiendo sobre el constitucionalismo, ha explicado con acierto y claridad que, en las repúblicas democráticas, no puede haber más soberanía interna o externa que la popular, por lo que, desde un punto de vista político, la soberanía es la voluntad de la mayoría, si bien la validez de la expresión de la voluntad mayoritaria ha de estar sujeta a su conformidad con el ordenamiento jurídico, precisamente porque la democracia es el Estado de Derecho, sometido a éste en la totalidad de su existencia y manifestación, de modo que la soberanía política quede subordinada a la soberanía jurídica, problema vinculado con los de la vigencia constitucional y de la supremacía de la Constitución. El mismo autor llega a definir la soberanía diciendo que es “la plenitud lograda por la voluntad política del pueblo para determinarse y para manifestarse, de suerte que está comprendida en ella la autolimitación o la sujeción de determinadas normas, establecidas como condición para su validez, y así, las formas jurídicas adquieren la importancia y jerarquía de condiciones impuestas a la soberanía… y de cuyo cumplimiento depende la legitimidad y validez de la voluntad política”.[3].

Siendo esto así, la soberanía política recae en el pueblo y no en el “estado” con lo que la definición de Ruzzo es equivocada. Pero hay más para decir a este respecto. El “pueblo” -como tal- tampoco existe como no existe el “estado”. Se trata de otra entelequia.

“Pueblo.

 En una acepción equivalente a población, ciudad, villa o lugar. | También conjunto de personas que componen un pueblo, provincia o nación. | Gente común y humilde de una población.

Este último sentido va perdiendo su importancia conforme van nivelándose las clases sociales.”[4]

La clave que nos da la definición anterior está en las palabras personas y gente. De donde la soberanía política que se dice reside en el pueblo significa -en último grado- que la unidad mínima de esa soberanía se localiza en cada individuo (persona, gente) que conforma esa etiqueta (pueblo) que es tal simplemente para designar a un conjunto de personas que viven en un determinado lugar, de igual manera que la palabra sociedad (de alcance más amplio) es otra etiqueta para designar a un grupo de personas en el sentido anterior (lugar) o temporal (por ejemplo cuando se habla de la sociedad antigua, contemporánea, etc.).

Entonces, y derivado de todo lo anterior, la soberanía política no es más que la suma de las soberanías individuales, y no puede ser al revés, ni puede ser independiente una de la otra sin caer en contradicción.

La unidad soberana es el individuo. Con lo que nuevamente Ruzzo está doblemente equivocado.

Ahora bien, si la soberanía política no es otra cosa que la suma de las soberanías individuales (personas, gente) no puede ser -al mismo tiempo- solamente la soberanía de la mayoría, con lo que Sánchez Viamonte también está equivocado, aun cuando pretenda subordinar esa soberanía mayoritaria a otra soberanía de orden jurídico.

Olvida el ilustre jurista que el ordenamiento jurídico no es un dato, no es algo “dado”, sino que su origen reside precisamente en la soberanía política, que es la que crea y -eventualmente- modifica ese mismo orden jurídico.

La historia de los numerosísimos derrocamientos, golpes de estado, revoluciones, tiranías y demás dictaduras desconociendo el orden jurídico preexistente a su establecimiento deberían ser prueba suficiente para convencerse que el “orden jurídico” no es un absoluto inamovible, y que no todos, ni en todos los tiempos se ha coincidido en el mismo. Es que hablar del “orden jurídico” en abstracto es irrealista. Lo que importa es estudiar el contenido de eso que se llama “orden jurídico” porque a este rótulo recurrieron todos los dictadores del mundo de todas las épocas para calificar al conjunto de las “leyes” dadas por sus regímenes despóticos. Si es por caso, ni la Alemania nazi, ni la Italia fascista, ni la Rusia comunista carecieron de un régimen legal, y a este régimen legal sus dictadores les llamaron del mismo modo “orden jurídico”.

Pero volviendo al tema, y para no extendernos sobre lo que pareciera una digresión, pero no lo es, porque es fundamental definir términos y aclarar conceptos, por todas estas razones Ruzzo se equivoca y su definición es inaceptable. Menos aun cuando -en función de la misma- autoriza a su entelequia (“estado”) a actuar como empresario.


[1] Mateo Goldstein. Voz “IMPUESTOS” en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15 letra I Grupo 05.

[2] Goldstein M. Ibidem.

[3] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial HELIASTA-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553

[4] Ossorio, ibidem.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

Una cuestión vital acerca del aborto

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 14/9/20 en: https://www.lanacion.com.ar/opinion/una-cuestion-vital-acerca-del-aborto-nid2447524


Lo que en gran medida ocurre hoy en el denominado mundo libre presenta facetas preocupantes en diversos planos pero en esta nota periodística aludimos a un aspecto que estimamos vital, no en sentido figurado sino literal. Nos referimos a un ser humano en acto con la carga genética completa desde el momento de la fecundación del óvulo, distinta del padre y de la madre por lo que su exterminación resulta un despropósito mayúsculo e injustificable para cualquiera que considera que lo primero es respetar la vida.

A veces se ha mantenido que esto no debe plantearse de este modo puesto que “la madre es dueña de su cuerpo”, lo cual es absolutamente cierto, pero no es dueña del cuerpo de otro, y como las personas no aparecen en los árboles y se conciben y desarrollan en el seno materno, mientras no exista la posibilidad de transferencias a úteros artificiales u otro procedimiento es inexorable respetarlo. Es cierto que está en potencia de muchas cosas igual que todo ser humano independientemente de su edad, por lo que constituye una arbitrariedad superlativa inventar un momento de la gestación para proceder a la liquidación de esa vida humana como si se produjera una mágica mutación en la especie, lo cual, dicho sea de paso, es una lógica tan arbitraria que puede conducir a la justificación del infanticidio.

En este sentido y antes de seguir adelante con este tema -sin perjuicio de otras muchas declaraciones científicas procedentes de distintas partes del mundo- es pertinente reproducir la muy oportuna declaración oficial en el medio argentino por parte de la Academia Nacional de Medicina de la que transcribo lo siguiente resuelto por su Plenario el 30 de septiembre de 2010 donde concluye: “Que el niño por nacer, científica y biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza al momento de su concepción. Desde el punto de vista jurídico es un sujeto de derecho como lo reconoce la Constitución Nacional, los tratados internacionales anexos y los distintos códigos nacionales y provinciales de nuestro país. Que destruir a un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser humano. Que el pensamiento médico a partir de la ética hipocrática ha defendido la vida humana como condición inalienable desde la concepción. Por lo que la Academia Nacional de Medicina hace un llamado a todos los médicos del país a mantener la fidelidad a la que un día se comprometieron bajo juramento.”

Por supuesto -agregamos nosotros- que el argumento central es de carácter científico y no legal puesto que puede que la ley diga lo contrario a lo estipulado a la fecha de la antedicha declaración, lo cual no modifica un ápice el sustento científico-moral de lo expresado.

Como queda dicho, un embrión humano contiene la totalidad de la información genética: ADN o ácido desoxirribonucleico. En el momento de la fusión de los gametos masculino y femenino -que aportan respectivamente 23 cromosomas cada uno- se forma una nueva célula compuesta por 46 cromosomas que contiene la totalidad de las características del ser humano.

Como queda dicho, solo en base a un inadmisible acto de fe en la magia más rudimentaria puede sostenerse que diez minutos después del nacimiento estamos frente a un ser humano pero no diez minutos antes. Como si antes del alumbramiento se tratara de un vegetal o un mineral que cambia súbitamente de naturaleza. Quienes mantienen que en el seno materno no se trataría de un humano del mismo modo que una semilla no es un árbol, confunden aspectos cruciales. La semilla pertenece en acto a la especie vegetal y está en potencia de ser árbol, del mismo modo que el feto pertenece en acto a la especie humana en potencia de ser adulto.

De Mendel a la fecha, la genética ha avanzado mucho, Jérôme Lejeune, el célebre profesor de genética de La Sorbona, escribe: “Aceptar el hecho de que con la fecundación comienza la vida de un nuevo ser humano no es ya materia opinable. La condición humana de un nuevo ser desde su concepción hasta el final de sus días no es una afirmación metafísica, es una sencilla evidencia experimental”.

La evolución del conocimiento está inserta en la evolución cultural y, por ende, de fronteras móviles en el que no hay límite para la expansión de la conciencia moral. Constituyó un adelanto que los conquistadores hicieran esclavos a los conquistados en lugar de achurarlos. Más adelante quedó patente que las mujeres y los negros eran seres humanos, que se les debía el mismo respeto que a otros de su especie. En nuestro caso, la secuencia embrión-mórula-blastocisto-feto-bebe-niño-adolecente-adulto-anciano no cambia la naturaleza del ser humano. La implantación en la pared uterina (anidación) no implica un cambio en la especie, lo cual, como señala Ángel S. Ruiz en su obra sobre genética “no añade nada a la programación de esa persona”, y dice que sostener que recién ahí comienza la vida humana constituye “una arbitrariedad incompatible con los conocimientos de neurobiología”. La fecundación extracorpórea y el embarazo extrauterino subrayan este aserto.

Se ha dicho que el feto es “inviable” y dependiente de la madre, lo cual es también cierto, del mismo modo que lo son los inválidos, los ancianos y los bebes recién nacidos, de lo cual no se sigue que se los pueda exterminar impunemente. Lo mismo puede decirse de supuestas malformaciones: justificar las matanzas de fetos justificaría la liquidación de sordos, mudos e inválidos. Se ha dicho que la violación justifica el mal llamado aborto, pero un acto monstruoso como la violación no justifica otro acto monstruoso como el asesinato. Se ha dicho, por último, que la legalización del aborto evitaría las internaciones clandestinas y antihigiénicas que muchas veces terminan con la vida de la madre, como si los homicidios legales y profilácticos modificaran la naturaleza del acto.

Entonces, en rigor no se trata de aborto sino de homicidio en el seno materno, puesto que abortar significa interrumpir algo que iba a ser pero que no fue, del mismo modo que cuando se aborta una revolución quiere decir que no tuvo lugar. De más está decir que no estamos aludiendo a las interrupciones naturales o accidentales sino a un exterminio voluntario, deliberado y provocado.

Tampoco se trata en absoluto de homicidio si el obstetra llega a la conclusión -nada frecuente en la medicina moderna- de que el caso requiere una intervención quirúrgica de tal magnitud que debe elegirse entre la vida de la madre o la del hijo. En caso de salvar uno de los dos, muere el otro como consecuencia no querida, del mismo modo que si hay dos personas ahogándose y solo hay tiempo de salvar una, en modo alguno puede concluirse que se mató a la otra.

Se suelen alegar razones pecuniarias para abortar, el hijo siempre puede darse en adopción pero no matarlo por razones crematísticas, porque como se ha hecho notar con sarcasmo macabro, en su caso “para eso es mejor matar al hijo mayor ya que engulle más alimentos”. Como ha dicho Ronald Reagan: “Tienen suerte los abortistas de que no se les haya aplicado las recetas que ellos patrocinan”.

La lucha contra este bochorno en gran escala reviste mucha mayor importancia que la lucha contra la esclavitud, porque por lo menos en este caso espantoso hay siempre la esperanza de un Espartaco exitoso, mientras que en el aborto no hay posibilidad de revertir la situación.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

¿Qué son peores? ¿Gobiernos desbocados, empresarios prebendarios o ladrones de bancos?

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 12/9/20 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/09/12/que-son-peores-gobiernos-desbocados-empresarios-prebendarios-o-ladrones-de-bancos/

FOTO DE ARCHIVO: Una bandera argentina flamea sobre el Palacio Presidencial Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina 29 octubre, 2019. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

FOTO DE ARCHIVO: Una bandera argentina flamea sobre el Palacio Presidencial Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina 29 octubre, 2019. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Para una evaluación que responda al interrogante que plantea el título de esta nota periodística, es indispensable remitirnos al significado de la ley. Para ello nada mejor que aludir al texto del decimonónico Frederic Bastiat titulado precisamente La Ley, publicado originalmente en 1850 y traducido por vez primera al castellano de la versión francesa en 1959 por el Centro de Estudios sobre la Libertad de Buenos Aires, antes incluso que la versión inglesa de 1964. Desde entonces se han publicado varias ediciones en distintos idiomas, la última en 2005 en castellano por Alianza Editorial de Madrid.

Bastiat fue un prolífico escritor, fundador de la célebre Asociación Francesa de Libre Comercio, frecuente colaborador del Journal des Economistes, diputado en las cortes francesas, gran amigo del notable polemista inglés Richard Cobden y ferviente estudioso de los clásicos del liberalismo. Sus abultados textos están recopilados en tres obras: Armonías económicasSofismas económicos y Ensayos de política económica. En el prólogo que el premio Nobel en economía Friedrich Hayek escribe para este último libro, concluye que Bastiat “tenía un don especial para ir al corazón de los problemas” y Joseph Schumpeter en su Historia del análisis económico lo considera “el periodista económico más brillante de la historia”. Se han publicado numerosas tesis doctorales sobre este eminente pensador, tal vez la más difundida sea la de Dean Russell presentada y aprobada en el Instituto de Estudios Internacionales para Graduados de la Universidad de Ginebra, en 1959, titulada Frederic Bastiat. Ideas and Influences.

Vamos entonces a un introito sobre significado de la ley que desafortunadamente pocos graduados de abogacía entienden hoy, puesto que la gran mayoría no son abogado -que significa defensores del derecho- y son en cambio estudiantes de legislaciones que pueden recitar sus números, incisos y párrafos pero se desentienden de los mojones o puntos de referencia extramuros de la ley positiva. En este sentido, salvo honrosas excepciones, en nuestra época el positivismo legal ha hecho estragos lo cual, entre otras cosas, no permite ver que la igualdad ante la ley está indisolublemente atada a la noción de Justicia en el contexto clásico de “dar a cada uno lo suyo” y lo suyo remite a la propiedad privada que a su vez está anclada a los procesos de mercado abierto y el consecuente respeto recíproco.

La institución de la propiedad privada existe no solo referida a la personalidad de cada cual y a su vida sino a lo adquirido de modo legítimo. Tal como se ha consignado en otras oportunidades, la asignación de derechos de propiedad se torna indispensable a los efectos de darle el mejor empleo posible a los siempre escasos factores de producción: los que aciertan en las necesidades del prójimo obtienen ganancias y los que yerran incurren en quebrantos.

En esta línea argumental, el mayor aprovechamiento de esos recursos se traduce en incrementos en los salarios e ingresos en términos reales. En la visión opuesta Marx y Engels en el Manifiesto Comunista sostienen que “todo el programa comunista puede resumirse en la abolición de la propiedad privada”. Ludwig von Mises, al contrario, en Liberalismo explica que “todo el programa del liberalismo se traduce en el respeto a la propiedad privada”. Es del caso recordar que este último autor demostró que como la abolición de la propiedad significa la eliminación de los precios de mercado, en un sistema socialista coherente no hay forma de evaluar proyectos, calcular y llevar contabilidad. Las consideraciones técnicas carecen de sentido sin precios, como explica Mises: puede fabricarse agua sintética desde el punto de vista técnico con dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno pero se necesitan precios para saber si es viable.

Pasado este introito, veamos el análisis magistral de Bastiat en torno al corazón de la ley como sinónimo de derecho y no mera legislación (de paso recordemos que Juan Bautista Alberdi -el autor intelectual de la Constitución fundadora en tierras argentinas- resume la idea al escribir que “saber leyes, pues, no es saber derecho”). Bastiat se pregunta y responde: “¿Qué es la ley? Es la organización colectiva del derecho individual de legítima defensa”. A continuación escribe: “Tal como la fuerza de un individuo no puede legítimamente atentar contra la persona, la libertad o la propiedad de otro individuo, por la misma razón la fuerza común no puede aplicarse legítimamente para destruir la persona, la libertad o la propiedad de individuos”.

Bastiat conocía bien a los autores de la Escuela Escocesa, Adam Smith, Ferguson y Hume en cuanto a la trascendencia del orden espontáneo y la incipiente idea en cuanto a que el conocimiento está fraccionado y disperso entre millones de personas que se coordinan cada uno persiguiendo su interés personal sin lesionar derechos de terceros y, asimismo, la ignorancia se concentra cuando megalómanos intervienen en el mercado provocando desabastecimientos y desajustes varios que redundan en perjuicio de todos pero muy especialmente en el bolsillo de los más necesitados. Así nuestro autor, siempre en su trabajo sobre la ley, nos dice: “Puede afirmarse aún que gracias a la no intervención del Estado en los asuntos privados, las necesidades y las satisfacciones se desarrollarían en el orden natural”. Pero afirma que desafortunadamente los gobiernos han “procedido en forma contraria a su propia finalidad, han destruido su propia meta: se han aplicado a aniquilar aquella justicia que debían hacer reinar, a borrar, entre los derechos, aquellos límites que era su misión hacer respetar, ha puesto la fuerza colectiva al servicio de quienes quieren explotar” y concluye que se trata de la “completa perversión de la ley” ya que “no podía pues introducirse en la sociedad un cambio más grande y una mayor desgracia que esto: la ley convertida en instrumento de expoliación”. Y cómo reconocer el robo legal, se pregunta Bastiat y responde: “Es muy sencillo. Hay que examinar si la ley quita a alguno lo que le pertenece para dar a otros lo que no les pertenece”.

El pensador francés afirma que toda esta flagrante tergiversación y degradación de la ley coloca a las personas en una encrucijada: “Cuando la ley y la moral se encuentran en contradicción, el ciudadano se encuentra en la cruel disyuntiva de perder la noción de la moral o de perder el respeto a la ley”. Más adelante en su estudio sustancioso sobre la ley señala la fenomenal incomprensión que revela la equivocada noción que cuando se apuntan los desaguisados de los aparatos estatales metidos en áreas que exceden su misión específica de protección de los derechos de todos “que son anteriores y superiores a la existencia de los gobiernos” para nada quiere decir que se está en contra de tal o cual emprendimiento, solo se dice que no le compete al monopolio de la fuerza llevarlo a cabo ya que inexorablemente contradice lo que hubiera hecho o de que modo lo hubiera hecho la gente si hubiera podido utilizar libremente el fruto de su trabajo.

En este sentido, Bastiat subraya en una última cita que hacemos, también muy jugosa: “Hay que decirlo: hay en el mundo exceso de grandes hombres, hay demasiados legisladores, organizadores, instituyentes de sociedades, conductores de pueblos, padres de naciones etc. Demasiada gente que se coloca por encima de la humanidad para regentearla, demasiada gente que hace oficio de ocuparse de la humanidad. Se me dirá: usted que habla, bastante se ocupa de ella. Cierto es. Pero habrá de convenirse que lo hago en un sentido y desde un punto de vista muy diferentes y que si me entrometo con los reformadores, es únicamente con el propósito de que suelten el bocado”.

Recién después de haber marcado estas fundamentalísimas disquisiciones sobre la ley y los engendros que se provocan cuando se aparta del derecho, recién ahora entonces podemos responder y evaluar el interrogante con que titulamos esta nota. Nada cambia por el hecho de que una multitud apruebe un desatino, no por eso deja de ser desatino. Tal como ha escrito Benjamin Constant, que tanto inspiró a Bastiat: “La voluntad de todo un pueblo no puede hacer justo lo que es injusto”, por otra parte un concepto que viene desde Cicerón, quien destacó: “El imperio de la multitud no es menos tiránico que la de un hombre solo” y, entre nosotros, Juan González Calderón ha dicho que “los demócratas de los números ni de números entienden puesto que parten de dos ecuaciones falsas: 50% más 1%=100% y 50% menos 1%=0%”.

Entonces los gobiernos desbocados traicionan abiertamente el sentido de la ley y la convierten en robo legal, en usurpación y en expoliación al fruto del trabajo ajeno, es decir, le dan la espalda a la misión por la que existen los aparatos estatales de garantía y protección a los derechos. Este es el sentido del derecho a la resistencia a la opresión intolerable desde John Locke en adelante inscripta en muchos declaraciones de independencia comenzando por la estadounidense, es decir la legitimidad de un contragolpe para frenar los golpes extremadísimos y repetidos a las instituciones republicanas, lo cual se hizo en muchos casos, unos con suerte como la antedicha independencia norteamericana y otros con desvíos atroces como el contragolpe de Castro a los reiterados golpes perpetrados por Batista contra las instituciones republicanas en lo que hoy es la isla-cárcel cubana.

La usurpación con apoyo electoral no modifica la usurpación en todos los actos en los que el Leviatán da manotazos vía impuestos insoportables, inflaciones colosales y deudas astronómicas al efecto de financiar gastos gubernamentales elefantiásicos empleados para aplastar a súbitos indefensos.

En cuanto al caso de empresarios prebendarios, las alianzas con el poder de turno para explotar a sus congéneres constituyen también un atraco. Y cuando los privilegios se esgrimen debido a la necesaria protección, debe señalarse que no hay derecho a que endosen sus costos sobre las espaldas del resto de los habitantes puesto que si no contaran con los suficientes recursos para hacer frente a los primeros períodos de sus proyectos deberán vender su idea a otros en el mercado local o internacional, pero si nadie le compra ese proyecto es porque está mal evaluado lo cual tampoco justifica recurrir coactivamente al bolsillo ajeno.

Finalmente, el ladrón de bancos o sus equivalentes siendo a todas luces repudiables por lo menos tienen la idea de que lo que hacen contradice los valores de los asaltados. Por eso se cubren la cara y generalmente operan en la oscuridad de la noche, mientras que los gobernantes desbocados y los empresarios prebendarios asaltan a cara descubierta, de día y con el apoyo del monopolio de la fuerza convertida de contrabando con apariencia de ley disfrazada de derecho. Por eso es que el antes referido Alberdi escribió: “El ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado, en nombre de la utilidad pública”. A eso agrega su condena al proteccionismo empresario, que sostiene es “la protección a la estupidez y a la pereza, el más torpe de los privilegios” (Obras Completas, tomo IV, pp.165 y 182 respectivamente).

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Capital y reforma social “fiscal”

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2020/09/capital-y-reforma-social-fiscal.html

“En cuanto al “origen del capital”, señala Wagner, este puede originarse en el trabajo o en el ahorro, o puede haberse obtenido gratuitamente sin esfuerzo alguno. En lo que respecta a estos últimos capitales, la imposición es indispensable, pues traduce un propósito fiscal con miras de reforma social.

Relacionado con el “empleo” del capital menciona que puede ser improductivo, es decir, no destinarse a la producción de nuevas riquezas, en cuyo caso debe ser gravado como si fuera una porción de la renta. Por último, referente al “empleo del producto del capital”, cuando en lugar de ser destinado a gastos de consumo se destina a gastos de establecimientos, es gravable porque no destruye al capital, sino que transforma el capital “individual” en “capital nacional”. Verbigracia: cuando se destina el producto de los impuestos sobre el capital a la construcción de ferrocarriles, caminos, canales, etcétera.”[1]

¿De que “reforma social” habla Wagner? Bastante probablemente de la que tenía en mente él. Su propia “reforma social”. Cada socialista -es muy sabido- quiere modelar la sociedad a su gusto, ningún socialista ha escapado a esta tentación. Proudhon, Sismondi, Marx, Engels, Lenin. Stalin, Pol Pot, Castro, etc. todos ellos pretendieron “reformar” la sociedad de acuerdo a sus ideas. Es decir, imponer sus opiniones por sobre la voluntad de los demás mediante la fuerza o la amenaza de aplicarla. Y este autor no es una excepción como se puede apreciar. Obviamente que la fiscalidad es el remedio infalible para que cada ingeniero social de estos pueda amoldar la sociedad a su gusto y placer. Pero ello implica violar las preferencias de todos los demás, es decir, de aquellos a quienes aspiran a dirigir. Hitler y Mussolini, también fueron “reformadores sociales”, querían una sociedad aria, libre de impurezas raciales. Lenin, Stalin y sus sucesores en el poder deseaban una sociedad sin burguesía, donde sólo reinara el proletariado. No importa que proyecto tenga en mente el “reformador social”, siempre necesitará de acudir a la violencia para ver su sueño plasmado en la realidad social. Y los autores que venimos comentando no son excepciones a ese espíritu totalitario.

En el mercado, cuando el capital es improductivo deja de ser capital, o bien pasa a otras manos por medio del mercado libre que lo empleará productivamente. Si se lo grava se impide la acción productiva del mercado, y una vez en posesión de los burócratas fiscales dejará definitivamente de ser capital, porque el capital -por definición- sólo puede ser privado, nunca estatal. También únicamente el mercado puede decidir y definir qué es y no es riqueza, nunca el burócrata ni el sr. Wagner.

Cuando se grava el beneficio del capital se está gravando al capital indirectamente, por lo que es falso lo que afirma Wagner. El establecimiento forma parte del capital (o Wagner no sabe cómo se conforma el capital). El capital tiene que ser lo suficientemente grande como para que dé sus frutos, el propietario pueda abastecer sus consumos y los de su familia, salarios con los cuales posibilita el consumo de sus empleados y -además- reinvertir los beneficios, para que su capital pueda seguir rindiendo esos frutos y cumpliendo con esas metas.

El impuesto que propone Wagner (y todos aquellos que celebran sus ideas) impide todo este circuito. Parece que Wagner cree que el capital “crece en los árboles”, o que “el árbol” es el capital y que el árbol no nació, ni se formó nunca, sino que siempre estuvo plantado allí. No sabe que del fruto sale la semilla y de esta nace el árbol.

Pero el árbol no siempre estuvo allí, alguien primero debió plantarlo, abonar la tierra, fertilizarla, regarla constantemente. El impuesto es al capital como la sequía y la falta de cuidado del agricultor es al árbol. Terminan destruyéndolo.

No es posible saber si dicha visión socialista es ingenua o realmente malintencionada.

“3. Definición de los impuestos. Depende del contenido que se le asigne al impuesto, del objeto que grava, de su repercusión, la definición que la doctrina le ha dado. Desde la antigua definición de Montesquieu que dice que “las rentas del Estado (comprendiendo en ellas, naturalmente, al impuesto) son las partes de sus bienes que da cada ciudadano para tener seguro el resto o gozar de él agradablemente”, con lo que retrata la teoría del seguro, a la que ya nos hemos referido, hasta la novísima, como la de Eheberg que considera al impuesto como “las exacciones del Estado y demás corporaciones de derecho público que se perciben de un modo y en una cuantía unilateralmente determinada por el poder público, con el fin de satisfacer las necesidades colectivas” —hay definiciones de las más variadas y dignas de satisfacer los gustos más exigentes. Así, el español Colmeiro, expresa: “Llámase impuesto o contribución la cuotaparte de su fortuna, que el ciudadano pone en las manos del gobierno para atender a las cargas del Estado”. Carreras y González, del mismo origen, establece: “Llámase contribución, pecho, talla, tributo o subsidio aquella parte del haber de los particulares que se destina directamente a satisfacer las necesidades del Estado” y Piernas y Hurtado, define: “El impuesto puede definirse: la participación que legalmente toma la sociedad en los fines del Estado” (*).”[2]

Todas estas definiciones pecan de un mismo defecto. Tratan del “estado” como un ente “real” cuando es mítico y, por consiguiente, los mitos no pueden adolecer de “necesidades”; en segundo lugar ,todas dan por sentado la “necesidad” de que unos individuos (que a sí mismos se atribuyen la condición de “estado” cuando no son más que meros burócratas) violenten la propiedad de terceros (a quienes designan como “contribuyentes”) para robarles recursos que usufructuarán esos burócratas bajo la excusa de estar cumpliendo los fines del “estado” que -por lo ya visto- no puede tener “fines” ya que no es un ser real dotado de mente ni voluntad. Ellos usan la palabra “estado” para no tener que utilizar el vocablo “gobierno”, rótulo este que designa al conjunto de burócratas que mediante la potestad de dictar leyes y reglamentaciones persiguen someter al resto de son congéneres a sus dictados para satisfacer los deseos y voluntades de esos burócratas.


[1] Mateo Goldstein. Voz “IMPUESTOS” en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15 letra I Grupo 05.

[2] Goldstein, M. ibidem.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

El caos puede apoderarse pronto de Guyana

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 3/8/20 en: https://www.eldiarioexterior.com/el-caos-puede-apoderarse-pronto-50460.htm

La sombra de una posible guerra civil está lentamente apareciendo

Hace ya un poco más de cuatro meses que Guyana tuvo sus elecciones nacionales, en un marco relativo de orden y paz. No obstante, insólitamente aún no se han confirmado sus resultados.

Por ello, la sombra de una posible guerra civil está lentamente apareciendo en el mencionado país sudamericano, que luce comprensiblemente tenso. Más aún, bastante nervioso.

El actual presidente, David Granger, insólitamente aún no ha aceptado los resultados que, por lo demás, sugieren preliminarmente que ha salido perdidoso de la reciente compulsa electoral. Esto es, derrotado por el denominado Partido del Pueblo Progresista. Pero hoy, las acusaciones de fraude electoral pululan fértilmente en el pequeño ambiente político local.

Desde el CARICOM alertan -con meridiana claridad- que el mencionado David Granger está “jugando con fuego”, en su todavía silenciosa amenaza de desconocer el veredicto de las urnas. Y así parece, efectivamente.

Tanto desde la OEA, como desde los Estados Unidos, se descuenta que Granger fue efectivamente derrotado. Por escaso margen. Pero fue vencido.

Los norteamericanos, por su parte, en prueba de descontento, ya han iniciado medidas sancionatorias, por el momento limitadas a restricciones a la emisión de visas.

Lo que acontece está demorando al avance de la explotación de los hidrocarburos, emplazados en yacimientos “costa afuera”, que fueran descubiertos por Exxon en el yacimiento denominado Payará. Se estima que, por lo menos, esa demora será de un año, quizás más. Esto no es para aplaudir, desde que posterga la obvia mejora del nivel de vida local, puesto que hablamos de nada menos que unos 8 billones de barriles de crudo, de buena calidad.

Por todo lo antedicho se cierne una posible tormenta, cuya materialización dependerá, en definitiva, de que las autoridades actuales acepten que su pueblo les ha pedido desde las urnas, nada menos que dar un democrático “paso al costado”.

Alguna vez se dijo que si la honradez no fuera un deber, por lo menos debería ser un cálculo. De esto se trata en Guyana. Y el presidente David Granger debe comprenderlo. Si se transforma en dictador, todos en la multirracial Guyana sufrirán. Inexorablemente.

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Fue profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.