Category Archives: Derecho

La magia comunista

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 14/2/18 en: http://www.carlosrodriguezbraun.com/articulos/la-razon/la-magia-comunista/

 

Uno de los esfuerzos más notables de prestidigitación en el mundo de las ideas ha sido y sigue siendo la propaganda comunista. Lo primero que hicieron los comunistas fue insistir en que su sistema era mejor que el capitalismo, porque brindaba no solo libertades políticas sino beneficios económicos. En serio. Y, en serio, durante décadas numerosos intelectuales occidentales difundieron semejante patraña (puede verse: Paul Hollander, Los peregrinos políticos).

Finalmente, y con increíble retraso, el camelo se reveló como tal, y se vio que el comunismo había sido lo contrario de lo que pregonaban sus epígonos: sistemáticamente se tradujo en dictadura política y miseria económica. Entonces, la estrategia cambió. Los comunistas se volvieron defensores de los derechos humanos, del feminismo, del medio ambiente, de los pueblos indígenas y de la democracia, es decir, de todos los objetivos que se ocuparon de masacrar en todos los países donde se aplicó el comunismo. Ese esfuerzo de engaño también tuvo éxito: mucha gente lo cree, igual que mucha gente cree que lo malo del comunismo es solo el estalinismo, o que el comunismo es bueno porque combatió al fascismo.

Otro variante de la magia comunista es alegar, créase o no, que lo malo del comunismo es culpa del capitalismo: en serio, hablan de “capitalismo de Estado”. O aseguran que el comunismo, a pesar de sus innegables crímenes, sirvió para “suavizar el capitalismo” mediante la intervención del Estado, un camelo sin base alguna, precisamente porque dicha intervención no tuvo que ver con la protección del capitalismo sino con la usurpación política de la riqueza creada por empresarios y trabajadores.

Cuando se les enfrenta a la realidad criminal en que se concretan sus ideas, y se rechaza la treta habitual de considerar al capitalismo solo en sus peores resultados, y al socialismo solo en sus mejores objetivos, los comunistas perpetran el arte supremo de la negación de la realidad: proclaman que los crímenes no fueron cometidos por comunistas. Un líder de la izquierda en España dijo que si un comunista era un asesino, entonces no era comunista. El blindaje tramposo es entrañable.

Pero en los países comunistas no se aplicó el capitalismo sino el comunismo, porque se limitaron o extirparon la propiedad privada y los contratos voluntarios del mercado. Millones de trabajadores, por eso, murieron de hambre. La magia no puede ocultarlos. Intentarán atribuírselos al capitalismo, cuando fueron víctimas de políticas claramente anticapitalistas. El espectáculo continuará. ¡Ale hop!

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.

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Correa, la manía de la reelección indefinida

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 8/2/18 en https://www.cronista.com/columnistas/Correa-la-mania-de-la-reeleccion-indefinida-20180208-0002.html

 

Correa, la manía de la reelección indefinida

Afortunadamente el referendo del domingo 4 de febrero ha mostrado en Ecuador la firme decisión de sus ciudadanos por una mayoría abrumadora de los votantes de deshacerse de la manía reeleccionista de megalómanos que aspiran a no soltar el poder como es el caso de Rafael Correa.

En general, hoy en día el concepto de la democracia se ha degradado y apartado de la idea de los Giovanni Sartori contemporáneos, que sostienen que esa forma de gobierno consta de dos partes Una de fondo, cual es el respeto a los derechos de las minorías, y otra de forma, que consiste en el proceso electoral. A juzgar por el avance de los nacionalismos en Europa y nada menos que en Estados Unidos, la forma prima sobre el fondo, lo cual sigue empecinadamente en no pocos países latinoamericanos.

Como bien ha dicho Einstein, no se puede pretender resultados distintos aplicando las mismas recetas. Juan González Calderón consigna que los demócratas de los números ni de números entienden ya que parten de dos ecuaciones falsas: 50% más 1% igual a 100% y 50% menos 1% igual a 0%.

Es necesario repasar conceptos clave de Karl Popper quien ha destacado el error de la noción del “filósofo-rey” sugerida por Platón, para concluir que lo relevante es la fortaleza de las instituciones y no las personas que ocupan cargos que siempre con vocación mesiánica les parece que sus períodos instalados en el poder no son nunca suficientes para cumplir con sus planes. Recordemos la sentencia de Lord Acton en cuanto a que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

En gran medida la democracia hoy ha mutado por cleptocracia, es decir, el gobierno de ladrones de libertades, propiedades y sueños de vida. El premio Nobel en Economía Friedrich Hayek ha propuesto en el tercer tomo de su Derecho, legislación y libertad nuevos límites al Poder Legislativo y el jurista Bruno Leoni lo ha hecho para el Poder Judicial en La libertad y la ley. Por su parte, es de interés transcribir un pensamiento poco explorado de Montesquieu en El espíritu de las leyes aplicable al Poder Ejecutivo: “El sufragio por sorteo está en la índole de la democracia” con lo que se subraya la trascendencia de las instituciones y la poca importancia de lo hombres que ocupan cargos. A esto habría que agregar el jugoso debate en la Asamblea Constituyente estadounidense que a sugerencia de Benjamin Franklin se debatió extensamente la posibilidad de contar con un triunvirato en el Ejecutivo al efecto de minimizar el poder presidencialista.

Desde luego que no necesariamente deben adoptarse esas sugerencias. Lo que sí resulta indispensable es pensar en límites adicionales para contener el poder político desbordado si no queremos que en nombre de la democracia se entierre el respeto recíproco. El caso de Suiza es interesante, donde la presidencia se rota anualmente en la Confederación sin que nadie recuerde los nombres de esos mandatarios.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Azafatas, escándalos, certezas

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 13/2/18 en: http://www.carlosrodriguezbraun.com/articulos/expansion/azafatas-escandalos-certezas/

 

Una periodista del Financial Times desveló el escándalo del Presidents Club de Londres y su fiesta benéfica, en la cual los asistentes, sólo hombres, se propasaron con las azafatas de forma reprochable siempre y repugnante en algunos casos. El asunto se cobró una dimisión entre las autoridades, y el club se ha disuelto. Algunas de las organizaciones receptoras de las donaciones procedieron a devolverlas.

El asunto parecía tan claro que nadie percibió que la redistribución de los recursos es objeto de certezas morales en unos casos, pero no en otros.

Supongamos que alguien hubiese dicho que tampoco fue para tanto y, después de todo, el resultado del manoseo de las azafatas fueron miles de libras esterlinas destinadas a causas nobles y solidarias en el Reino Unido.

Jamás habríamos aceptado ese argumento. De hecho, nos llenaría de cólera que alguien nos enfrentara a semejante chantaje, y recurriríamos a una venerable delimitación moral: el fin no justifica los medios. En efecto, no los justifica, y la ayuda a los más pobres es inaceptable como excusa de conductas impúdicas y vejatorias. El manoseo a las azafatas fue inmoral, independientemente de si se produjo en un contexto que a su vez se tradujo en la promoción de una buena causa.

Fue inmoral por una razón obvia: cada azafata es propietaria de su cuerpo, y nadie puede manosear a nadie que no desee ser manoseado por esa persona en concreto. No importan los efectos benéficos que los tocamientos puedan generar en terceros, por más necesitados que estén. Tituló un periódico sobre la bacanal en cuestión: “El pecado de la City”. Eso es lo que fue. Y no hay más discusión. No puede haberla. Punto final.

Naturalmente, toda esta invulnerable certeza moral se derrumba si en vez de manosear a las azafatas se hubiese tratado de manosear sus carteras con objeto de redistribuir a la fuerza su dinero hacia las personas más vulnerables de la sociedad.

Un momento, dirá usted. La moral es la moral, siempre. La cartera de las azafatas es propiedad suya igual que su cuerpo, y nadie puede violarla. ¿Está claro?

Pues no sé qué decirle, la verdad, porque esa violación es la que perpetran los Estados redistribuidores, particularmente en Europa; más aún, esa violación es el principal instrumento por medio del cual legitiman política, democrática y hasta éticamente su propio poder coercitivo, y reclaman por ello el aplauso sincero de la comunidad, una comunidad que en su mayoría no desea pagar los impuestos que los Estados le cobran.

Dirá usted: si unos indecentes se propasan con unas azafatas, ello es muy diferente de si viene Montoro, que es un santo, y solo se propasa con sus carteras. En ambos casos se trata de infringir un derecho, en contra de la voluntad de las víctimas, y por una buena causa social. Pero no es lo mismo, moralmente no es lo mismo, lo que resulta muy claro porque, porque, porque, porque.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.

El costo del empleo “público”

Por Gabriel Boragina Publicado  el 11/2/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/02/v-behaviorurldefaultvmlo.html

 

“El gobierno nacional emitió un decreto prohibiendo que los familiares hasta el segundo grado de los funcionarios con cargos de ministro o superior puedan ser designados como empleados de planta en el sector público nacional.”[1]

Lo primero que hay que aclarar es una cuestión terminológica. En el tema, hay que hablar estrictamente -y en buen lenguaje- de empleo estatal y de empleados estatales o del estado, porque, en rigor, todo empleo (privado o estatal) es siempre público, porque se trabaja para satisfacer una necesidad, tanto propia (como la del empleado y su empleador) como del resto de la gente (el público), dado que el objeto de todo empleo es remediar una carencia, no solamente laboral sino -fundamentalmente- de consumo. Se trabaja para obtener un ingreso que permita consumir; y se venden bienes y servicios para que otros puedan consumirlos. Por lo que, con el trabajo se satisfacen necesidades públicas. No obstante, en el caso del empleo estatal, solo una de las partes se satisface: la del empleado.

“La medida tiene alta carga simbólica debido a que en la cultura política argentina usar el empleo público como mecanismo para distribuir favores personales, familiares y políticos es una práctica muy arraigada.”[2]

Concordamos con el criterio expuesto en el informe que estamos citando y comentando. La incidencia de la medida en el presupuesto nacional es ínfima. y -por lo demás- es absolutamente cierto que el empleo estatal es la perfecta excusa que han tenido y seguirán, sin duda, teniendo todos los políticos de todos los partidos. El empleo estatal es uno de los principales ámbitos que sirve de caldo de cultivo a actos de corrupción. Cabe recordar que el empleo estatal no es propiamente un empleo, sino que en rigurosos términos económicos no es más que un subsidio encubierto al desempleo. Porque el empleo genuino es el que se genera en el sector privado de la economía. En tal sentido cada nuevo “puesto” de trabajo creado en sector publico implicará inexorablemente cierta cantidad de empleo que se pierden en el sector privado de la economía. La diferencia entre unos y otros será el equivalente al subsidio.

“La norma no resuelve los problemas ligados a la sobredotación y baja profesionalidad del empleo público. En el mejor de los casos, puede ser planteado como un gesto tendiente a romper con las malas prácticas enquistadas. Pero existe el riesgo de que se convierta en un mero acto de oportunismo que desvíe la atención respecto a un tema extremadamente importante.”[3]

Es que ninguna norma va a resolverlo, porque no se trata de una cuestión que se solucione con leyes, reglamentaciones, decretos, etc. es decir, con más burocracia, sino que es un problema de incentivos económicos. El estado-nación (y por ende sus agentes-empleados) carecen de incentivos y de parámetros para producir. De hecho, el “estado” como tal no produce nada, los únicos productores son los contribuyentes, que son los que aplican su esfuerzo (mental y/o físico) a la elaboración de bienes y servicios con el objeto de obtener ganancias. Todo lo demás que pueda decirse al respecto es anecdótico.

“¿Cuál es el compromiso que asume el Estado cuando ingresa un nuevo empleado?Tomando como ejemplo un empleado público provincial (66% del empleo público total) que ingresa con una categoría inicial a los 25 años de edad y asumiendo que son bajas las probabilidades de renuncia y casi imposible el despido, el costo estimado es el siguiente:

  • ·         Durante su vida activa habrá que pagarle $23 millones a precios actuales en concepto de salarios, cargas sociales y gratificaciones.
  • ·         Cuando se jubile habrá que pagarle $17 millones más a precios actuales en concepto de jubilación y la pensión derivada a su cónyuge cuando fallezca.
  • ·         Así, designar un empleado público implica comprometer unos $40 millones.”[4]

Costo de nombrar un empleado público con estabilidad


          

            Esto nos da la pauta del descomunal gasto público que representa mantener un ejército de burócratas en todos los niveles, cuya única función es vivir del erario público. Esta vez el vocablo “público” si viene a propósito, por cuanto toda esta inmensa masa de empleados vive del resto del público que somos los que en definitiva solventamos sus vidas y pasares. Si se multiplica esta fenomenal cifra por la cantidad de empleados públicos existentes al día de la fecha se puede tener una noción del nivel de despropósito que existe en materia de empleo estatal y -proyectándonos- en el del resto de los rubros del presupuesto nacional, además del impacto negativo severo que estos guarismos producen en el gasto público total. Fundamentalmente, lo más grave es lo que apuntamos anteriormente, y que es que toda esta gente no produce absolutamente nada, sino que -por el contrario- se dedican a hacernos cumplir tramites administrativos inacabables y costosísimos que hacen pesar sobre las espaldas del sector privado de la economía. 

“Estos datos son aproximados pero muy ilustrativos de la magnitud de recursos públicos que quedan comprometidos cuando ingresa un nuevo empleado al Estado. El principal determinante es la rígida aplicación de la estabilidad del empleo público. Aunque en la enorme mayoría de los casos el ingreso es bajo modalidades que no contemplan la estabilidad (pasantías, monotributo, contrato a plazo, etc.), una vez incorporado, prevalece la presión por la permanencia. Lo que inicia como un ingreso transitorio y precario, en los hechos deviene en un empleo de por vida.”

El principio de la estabilidad del empleado público es un agravante al cuadro de situación ya descripto antes. No tiene razón de ser, porque no rigen las mismas reglas que se deben enfrentar en el sector privado donde la competencia implacable hace que debamos mejorar cada vez más nuestro desempeño ofreciendo más y mejores bienes y servicios al menor precio posible. El sector estatal no está sujeto a estas reglas ¿cabe premiarlos además con estabilidad en sus asientos de oficina? En realidad, la presión existe en una doble dirección, porque el contratado por el gobierno presiona para quedar efectivo, y que el a fin lograr conseguir la efectividad en su puesto comenzará a presionar para no perderla. Se trata de un circulo vicioso porque ya sea en un sentido o en el otro la presión existirá.

[1] IDESA: “CADA NUEVO EMPLEADO PÚBLICO COMPROMETE $40 MILLONES”. 4 de febrero de 2018 – Número 742

[2] IDESA, Ibidem.

[3] IDESA, Ibidem.

[4] IDESA, Ibidem.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Cuando vale la doble moral

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 9/2/18 en: http://www.abc.com.py/lectores-opinan/cuando-vale-la-doble-moral-1673602.html

 

El Estado moderno impone arbitrariamente su doble moral. Y sus defensores no tienen justificación racional, simplemente dicen que “si el Estado lo dice, o lo necesita, es bueno…”, son esos mismos políticos que, muchas veces –muchísimas–, están acorralados por la corrupción. Quizás, el ejemplo más irritante sea el “servicio militar obligatorio” (SMO) que me recuerda a Mirabeau, uno de los padres de la Revolución Francesa, y su frase: “Prusia no es un Estado con ejército, sino un ejército con Estado”.

El presidente de Francia propone una especie de breve servicio cívico-militar, obligatorio, para ofrecer “una experiencia de la vida militar, de la mezcla social y de la cohesión”. Luego de que Jacques Chirac abolió el SMO en 1997, el proyecto actual que, insólitamente, cuenta con el apoyo del 80% de la población, contempla un mes de servicio para hombres y mujeres de 18 a 21 años. Según Le Monde, el costo anual –unos 3.000 millones– equivale al costo de la disuasión nuclear.

Hoy, debido al temor por el terrorismo –como siempre, el miedo provocando reacciones adversas– la idea se ha expandido por Europa al punto que el Bundestag propone un nuevo concepto de “defensa civil” incluyendo el SMO aduciendo, además, que Rusia tiene explícitas aspiraciones expansionistas, tanto que los países nórdicos también están promoviendo el retorno más o menos inminente del “servicio” (¿?) obligatorio.

Es el caso de Noruega y Suecia, cuyo ministro de Defensa parece dispuesto a promoverlo en 2019. España es distinta. Después de que José María Aznar eliminó la conscripción obligatoria en 2001 en oposición al Ministerio de Defensa, hoy prevalece la idea de que un ejército profesional es mejor alternativa.

Ahora, dice Alberto Medina Méndez que, aun suponiendo que las razones esgrimidas fueran legítimas, el hecho de conseguirlo a expensas de sojuzgar a los demás, exime de comentarios adicionales: aquello “impuesto por medio de la coacción no puede ser bueno… o no precisaría de semejante atropello”.

Por su parte, según el profesor colombiano Mario Madrid-Malo Garizábal, para el derecho internacional consuetudinario la esclavitud es el estado o la condición de una persona sobre la que se ejercen cualquiera de las potestades inherentes al derecho de propiedad o de dominio. El artículo 7, 2., c) del Estatuto de la Corte Penal Internacional entiende por esclavitud “el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos”.

Según el derecho internacional, existen prácticas análogas a la esclavitud tradicional como el trabajo infantil, el reclutamiento de niños como combatientes, la trata de mujeres y de niños, la servidumbre por deudas y la servidumbre conyugal. En ese catálogo falta, por cierto, una modalidad de esclavitud: el servicio militar obligatorio. Ahora, la causa de tal omisión fue explícitamente redactada por los interesados –los políticos y burócratas estatales que viven de la inimputabilidad del Estado– y se halla en el artículo 8°, 3., c) II) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, norma en la cual se establece que el SMO no se considerará como trabajo forzoso.

En fin, remata Madrid-Malo Garizábal, diciendo sobre el servicio obligatorio que de su horrendo carácter y de sus efectos perniciosos hablan claro las estadísticas sobre suicidio y enfermedad mental entre las personas sometidas.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Legislación sindical, el caso argentino

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 26/1/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/01/26/legislacion-sindical-el-caso-argentino/

 

Lo primero es subrayar que en una sociedad abierta el derecho a asociarse o no asociarse constituye uno de los postulados básicos a los efectos de la cooperación social. Cómo deben ser las asociaciones es algo que no compete a quienes están fuera de ellas; en primer lugar, los gobiernos, que solo deben velar porque no haya lesiones de derechos, en caso de que las hubiera, dicha agrupación se convierte en una asociación ilícita.

Pero antes de otras consideraciones sobre el tema sindical, es menester aclarar con toda precisión que los salarios y los ingresos en términos reales de deben exclusivamente a la cuantía y la calidad de ahorros internos y externos invertidos en un contexto de conocimientos relevantes, lo cual hace de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Esa es la diferencia entre zonas de mayores o menores salarios basadas en el primer caso en marcos institucionales respetuosos de la propiedad de cada cual.

El nivel de salarios no es solo monetario, es también no monetario, como lo son todas las condiciones laborales que rodean al caso desde los períodos de descanso a la música funcional. En rigor, estas condiciones no pueden ser legisladas, como queda dicho, son consecuencia de los niveles de las tasas de capitalización. Más aun, si se legislan más allá de demandas civiles o penales por incumplimientos contractuales o delitos, los resultados indefectiblemente son el desempleo, en primer lugar, de aquellos que más necesitan trabajar y, en segundo lugar, de todos a quienes las condiciones laborales son superadas por las normas legales respecto a las antedichas tasas de inversión. El voluntarismo no cuadra.

Mientras que los recursos sean limitados en relación con las necesidades, nunca bajo ningún concepto puede haber sobrante de aquel factor esencial que es escaso, esencial, puesto que no se concibe la producción de ningún bien ni la prestación de ningún servicio sin el concurso de trabajo manual e intelectual.

La vida es una transición, todo lo que piensan todos en todas las oficinas consiste en mejorar, lo cual, a su vez, se traduce en reasignaciones humanas y materiales. La mayor productividad libera factores humanos y materiales al efecto de trabajar en otros emprendimientos. En un mundo idílico donde hay de todo para todos todo el tiempo, naturalmente no hay necesidad de trabajar, lo cual significa que se está en Jauja, situación que sería una bendición para todos. Pero las cosas no son así, hay necesidades insatisfechas, por lo que hay que aplicar faenas para atenderlas.

 Nuevos métodos que elevan la productividad, nuevos bienes y servicios importados del exterior más baratos y de mejor calidad, la robotización y equivalentes liberan trabajo, el empresariado, atento a nuevos negocios, busca capacitar a nuevo personal al efecto de lograr sus arbitrajes adicionales. Como hemos dicho antes, ese fue el sentido y el destino del hombre de la barra de hielo cuando apareció la refrigeradora o el del fogonero cuando irrumpió la locomotora Diesel.

Lo peor que puede hacerse si se desea elevar el nivel de vida es destruir capital, con ello no habrá aumentado el empleo, sino que provoca disminuciones en los salarios en términos reales.

Por su parte, las huelgas deben ser entendidas como el derecho a no trabajar en cualquier momento siempre y cuando se cumplan los preavisos estipulados si los hubiere. Pero el derecho a huelga no es la intimidación y la violencia que no permitan que otros ocupen puestos de trabajo. Una cosa es el derecho a no trabajar y otra bien distinta es imponer situaciones a otros contra la voluntad de los destinatarios.

En el caso de procedimientos intimidatorios y violentos cuando se confunden con la huelga está implícita la equivocada idea de que constituye un procedimiento para elevar salarios. Si esto fuera cierto, habría que incrementar los métodos violentos de igual manera que si se considera que el nivel de vida puede incrementarse por decreto, las legislaciones, en este sentido, habría que redoblarlas. Pero como queda dicho, los salarios dependen solo de la inversión per cápita, que si disminuyen, disminuirá el salario, si se mantiene el stock de capital descontadas las respectivas amortizaciones, el salario mantendrá su nivel y si se incrementa el capital, consecuentemente aumentarán los salarios.

Tampoco tiene sentido alegar que los gobiernos deben interferir en las relaciones laborales para evitar “el desequilibrio en el poder de contratación”. En esta línea argumental, se sostiene que no es permisible que contrate un millonario con una persona que no tiene para llegar a fin de mes, al fin de semana o al fin del día. Es del todo irrelevante cómo sean las características patrimoniales o el volumen de sus respectivas cuentas corrientes, lo relevante son las tasas de capitalización. Si un millonario pretendiera pagar menos de lo que establece el mercado, simplemente se queda sin colaboradores. Un empleador puede contar con una situación patrimonial boyante y otro estar quebrado, pero ambos, si desean contratar trabajo manual e intelectual, deben abonar lo que exige el mercado. En lugares en donde los salarios son altos, no se debe a la generosidad de empleadores ni a la mezquindad de salarios bajos en otras zonas, sino, como hemos repetido, al volumen de capitalización.

De más está decir que los incumplimientos contractuales, los engaños o las lesiones de derechos deben ser adecuadamente castigados, pero los arreglos contractuales libres y voluntarios no deben ser interferidos por los aparatos estatales ni por bandas ocultas en máscaras sindicales.

Idéntico razonamiento se aplica a todos los servicios que preste la asociación sindical, en primer lugar, de salud o cualquier otro servicio que debe estar abierto a la competencia y en ningún caso consecuencia de aportes obligatorios y mucho menos a través de llamados “agentes de retención” que echan mano al fruto del trabajo ajeno.

Asimismo, las representaciones o no representaciones sindicales deben estar abiertas a todas las variantes, siempre y cuando se trate de arreglos libres y voluntarios en el contexto de contrataciones colectivas o individuales, según lo prefieran los interesados.

En el caso argentino, de tanto en tanto se detienen a sindicalistas corruptos, pero hasta el momento no se han modificado las leyes que dan sustento a un sistema fascista de representación coactiva a través de la figura de la personería gremial que arrastra a todos los gremios desde la década del cuarenta, que está presente en la legislación de ese país, junto a los antes referidos agentes de retención (más bien estafas legales) y afiliación coactiva de facto, en el contexto de escandalosos negociados monopólicos de obras sociales y similares.

Limitarse a arremeter contra la corrupción sindical fascista concentra la atención en los efectos, pero si no se abroga la legislación autoritaria, quedan sin tocar las causas del fenómeno. Lo mismo ocurre con retoques de superficie a las normas vigentes en lugar de eliminar de cuajo el mal que afecta principalmente a los trabajadores.

En la época de gloria de los argentinos, cuando los salarios y los ingresos en términos reales de los peones rurales y de los obreros de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España, cuando la población se duplicaba cada diez años debido a la multitudinaria inmigración para “hacerse la América”, en ese período las relaciones laborales estaban regidas por los 4015 artículos del Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield, de los cuales seis estaban referidos específicamente a los contratos laborales.

Luego se promulgaron multiplicidad de leyes “para proteger al trabajador” referidas a los más variados temas “al efecto de dotar al trabajador de conquistas sociales” y con ello comenzó el derrumbe en el nivel de vida de la gente, muy especialmente de los más necesitados, por las razones antes apuntadas, en contexto de la sandez de “establecer adecuadas relaciones entre el capital y el trabajo”, sin percatarse de que el capital son instrumentos inanimados que no contratan y que, por ende, se trata de contrataciones entre distintos tipos de trabajo entre empleadores y empleados. Con el argumento de proteger a los trabajadores se los aniquiló, con la idea de protegerlos de supuestas explotaciones se los sacó de la órbita de la protección rigurosa del Código Civil, los tribunales ordinarios y posibles aseguradoras. Se fabricó el fuero laboral, con lo que se agregó a las referidas desgracias negocios fenomenales de la industria del juicio para beneficio de chicaneros del nuevo fuero.

En esta especie de rapsodia para el desastre se incluyeron algunas figuras que son tragicómicas, como el aguinaldo, es decir, la aparición como arte de magia de un treceavo mes en el año, sin percibir que si se paga un monto adicional en el año, manteniendo los demás factores constantes, habrá que pagar de menos durante los otros 12 meses. Si esto no fuera de este modo, habría que convertir el año en 40 meses o más para hacer a la gente más rica, lo cual no requiere comentarios adicionales.

Así se llegó en la Argentina a una verdadera e inaudita explotación de los trabajadores por los aparatos estatales a los que se enancó una maquinaria quebrada y fraudulenta de unas así denominadas jubilaciones insertas en el sistema de reparto en el que se estafa a quienes aportan el fruto de su trabajo para recibir cifras irrisorias que no guardan proporción alguna con las sumas que le han sido retenidas en su vida activa, muy lejos de cualquier cálculo de interés compuesto.

En este cataclismo se habla de “la clase trabajadora”, que supone que hay otra clase que la explota, sin percibir el origen marxista de la idea misma de clase que deriva de sostener que el proletario y el burgués tienen una estructura lógica distinta, lo cual da lugar a la teoría del polilogismo que nunca ni Marx ni ningún marxista han explicado en qué consisten esas estructuras que se diferencian de los silogismos aristotélicos.

Desde Adam Smith el asunto está resuelto, este autor ha consignado en 1776: “La propiedad que cada hombre tiene es su propio trabajo, ya que es el fundamento original de toda otra propiedad, por lo que es la más sagrada e inviolable” y Juan Bautista Alberdi, al comentar la Constitución liberal argentina de 1853, escribió: “Toda la grande escuela de Adam Smith está reducida a demostrar que el trabajo libre es el principio esencial de toda riqueza creada”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Asesor del Institute of Economic Affairs de Londres

Julio María Sanguinetti, un expresidente que se debate entre la “crisis de la verdad” y lo que dejó el pasado

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 18/1/18 en: http://www.lanacion.com.ar/2101649-julio-maria-sanguinetti-un-expresidente-que-se-debate-entre-la-crisis-de-la-verdad-y-lo-que-dejo-el-pasado

 

Julio María Sanguinetti, el sensato expresidente de Uruguay, es hoy uno de los pensadores más lúcidos -y valientes- del Río de la Plata. De pluma fértil y a la vez elegante, se ocupa frecuentemente de temas polémicos a los que analiza con singular profundidad y, a la vez, con sencillez.

Nos acaba de regalar un libro realmente formidable. Importante, por los temas que trata. Y corajudo, por la forma en la que los encara. Lo ha titulado: “El Cronista y la Historia” y ha sido publicado por la editorial Taurus, en el Uruguay.

En esta obra enfrenta, de inicio (en su primera sección) como un “deber ético” -nos dice- lo que denomina: el “uso abusivo de la historia”, un nocivo fenómeno recurrente con el que algunos interpretan torcidamente el pasado e intentan, así, legitimar actos o conductas en función de su propia conveniencia.

Porque caen en una arbitrariedad que está exteriorizada en sus manipulaciones, las cuales están, a su vez, dirigidas a falsear arteramente la verdad. Por esto Sanguinetti nos habla de la “crisis de la verdad” que nos asalta cuando la falsificación ideológica del pasado se transforma -claramente- en un método más de dominación. En un “empleo oportunista del recuerdo”, nos alerta.

Problema que nace cuando se quiere utilizar el pasado, interpretarlo desde una mirada particular para luego instaurarlo a modo de “discurso oficial”. Para siempre, pretendidamente. Así se reabren y perpetúan las pasiones y se mantienen abiertas las heridas, en detrimento de la salud del plexo social. Y los resentimientos perduran y torturan. Ello, a su vez, evita que el discurso con el que se impregna el plexo social sea auténtico e inclusivo.

Como ejemplo, Sanguinetti se ocupa de lo sucedido en nuestro Río de la Plata en la década de los ’70. Donde hoy algunos solo ven los crímenes cometidos desde los gobiernos militares, lo que edifica la falsa teoría de que el terrorismo es aquel que se impulsa y practica desde el Estado, cuando lo cierto es que no es así. Las Convenciones de Ginebra de 1949 existen y son tanto Derecho Internacional como ley interna. Para ellas, los crímenes de lesa humanidad pueden tener multiplicidad de autores. No solo el Estado. También pueden ser cometidos por los particulares.

Existe, nos recuerda, también el “terrorismo guerrillero”, que es aquel que trajo previamente la violencia y que creó el marco para el posterior exceso represivo desde el poder del Estado. Esto genera precisamente la perversa situación actual, a la que Abel Posse describe acertadamente como aquella en la que: “la violencia de los muertos acecha la paz de los vivos”. Y a la que Tzvetan Todorov define, con su habitual precisión, como “el abuso de la memoria”. Esto es, como un instrumento dedicado al uso político del pasado.

La memoria no debe ser un mero alegato propagandístico. Debe edificarse sobre la verdad, completa. Lo que es diferente.

El pasado es, con frecuencia -nos dice Sanguinetti- difícil de narrar aunque, no obstante, debe referirse y describirse en toda su complejidad. Lo que supone relatar, por ejemplo, que en los ’70 primero “hubo una guerrilla marxista que, por medio de la violencia, intentó quebrar la larga tradición democrática”. Aquella que existiera particularmente en el Uruguay.

Fue tan antidemocrático, sostiene, quien en su momento abusó con uniforme, como el que pretendió quedarse con el poder por el camino de las bombas y no por el del voto. Es falso, agrega el convincente expresidente, que los delitos cometidos por los militares merezcan un tratamiento distinto al de los de los guerrilleros en la misma época. Criterio que para algunos es pretendidamente distintivo y al que Sanguinetti -con razón- califica duramente, de “moralmente insostenible”. Y, peor, de “verdadera impostura”. Nos habla -claro está- de los violentos enfrentamientos de la referida década de los ’70, cuyas evaluaciones aún dividen muy profundamente a nuestra sociedad.

El libro sigue con reflexiones riquísimas sobre las raíces de su propio país; las distintas leyendas que la infectan; el laicismo y todo lo que el mismo significa para los orientales; el nacimiento de la tan peculiar como simpática identidad uruguaya; y los distintos y confusos laberintos por los que transitan los conflictos ideológicos actuales. Aquellos que azotan tanto a su país, como a la región integra del Río de la Plata.

De lectura fácil, la obra nos hace reflexionar como pocos autores pueden lograrlo dado que José María Sanguinetti hace gala, a lo largo de un enriquecedor trabajo, de su singular capacidad analítica y de síntesis.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

El héroe de nuestra época: Edward Snowden

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 3/1/18 en:

 

Como tantas veces he consignado, no me gusta la expresión “héroe” porque está manchada de patrioterismo y atribuida generalmente a personas que en realidad han puesto palos en la rueda en las vidas de su prójimo. Por otra parte, Juan Bautista Alberdi escribió en su autobiografía que “la patria es una palabra de guerra, no de libertad” puesto que hay otras formas de expresarse menos pastosas para referirse al terruño de los padres. Fernando Savater también aclara el tema en su libro Contra las patrias.

El manoseo creciente de las palabras héroe y patria ha hecho que se desfiguren y trastoquen. La mayor parte de la gente relaciona esas expresiones con políticos y militares que en general han manipulado vidas y haciendas ajenas. La corrección a esta última interpretación proviene de una larga tradición que descubrí comienza de manera sistemática con el decimonónico Herbert Spencer en su libro titulado El exceso de legislación.

Los usos reiterados del héroe y la patria afloran en obras que encierran el germen de la destrucción de las libertades individuales como el “superhombre” y “la voluntad de poder” de Nietzsche o la noción totalitaria del “héroe” en Thomas Carlyle tan bien descripta por Jorge Luis Borges.

Difícil resulta concebir una visión más cavernaria, de más baja estofa, de mayor renunciamiento a la condición humana y de mayor énfasis y vehemencia para que se aniquile y disuelva la propia personalidad en manos de forajidos, energúmenos y megalómanos que, azuzados por poderes omnímodos, se arrogan la facultad de manejar lo ajeno, siempre en el contexto de cánticos sobre patriotas y héroes.

Habiendo dicho lo anterior, en esta nota con que abro el 2018 resalto la figura de un verdadero héroe alejado del sentido habitual para, en cambio, referirse al logro de hazañas extraordinarias en pos de la libertad y el respeto a los derechos del hombre. Se trata de Edward SnowdenRon Paul, el dirigente político estadounidense más liberal en el sentido clásico del término y tres veces candidato a la presidencia señaló en Fox Business que “Snowden es un héroe” y el Juez Andrew Napolitano en el programa televisivo Studio B también de Fox afirmó enfáticamente que “Edward Snowden es un héroe que pone al descubierto la trama infame de espionajes que vulneran nuestros valores y los principios de la Constitución” y concluyó que “los gobernantes que permiten semejantes políticas no merecen el cargo”.

He escrito antes sobre este tema a raíz del caso Assange pero hay otros aspectos a considerar en este nuevo episodio de espionaje puesto al descubierto por Snowden que fue realizado sin orden de juez competente y sin sustento en lugar de ajustarse a las advertencias de la cuarta enmienda de la Carta Magna estadounidense. En primer lugar, lo público no es privado especialmente en sociedades que se precian de contar con sistemas transparentes y que los actos de gobierno deben estar en conocimiento de los gobernados quienes se dice son los mandantes. Lo dicho no significa que en muy específicas circunstancias y de modo transitorio y provisional los gobiernos pueden mantener reserva sobre ciertos acontecimientos (como, por ejemplo, un plan de defensa que no debería divulgarse antes de su ejecución). En todo caso, la reserva mencionada es responsabilidad de quienes estiman debe mantenerse reservada la información correspondiente. En ningún caso puede imputarse a la función periodística la difusión de datos e informaciones una vez que estas llegan a las redacciones y, en el caso Snowden, tampoco puede imputársele delito cuando la fechoría fue llevada a cabo por el propio gobierno.

Viene a continuación otro asunto directamente vinculado con lo que analizamos y es el contrato de confidencialidad sea en el área privada o pública. Si un empleado de una empresa comercial asume el compromiso de no divulgar cierta información, no lo puede hacer. Lo contrario implica lesionar los derechos de la otra parte en el referido convenio. Idéntico razonamiento es del todo aplicable para el sector gubernamental. Cuando en los años cincuenta funcionarios gubernamentales estadounidenses (dicho sea de paso, pertenecientes al Departamento de Estado) se comprometían a ser leales con su país y, simultáneamente, le pasaban información confidencial a los rusos, incumplían con sus deberes elementales.

Pero, el contrato de confidencialidad ¿tendría vigencia si uno se entera que la están por asesinar a su madre? ¿Son válidos los contratos contrarios al derecho? En el caso de Snowden, se trató de divulgar información sobre el ataque sistemático a la privacidad de ciudadanos pacíficos puesto que el Gran Hermano trasmite inseguridad además de arrancar la libertad y la protección elemental a los derechos individuales.

Cuando Snowden se comprometió a guardar secreto al ser contratado no tenía idea de los atropellos brutales a la privacidad de ciudadanos pacíficos que sus jefes perpetrarían en forma sistemática. La Constitución está por encima de toda norma, no puede alegarse derecho contra el derecho. Finalmente privó en la conciencia de Snowden, principios en gran medida influidos por algunas lecturas como autodidacta, por ejemplo, por La rebelión de Atlas de Ayn Rand tal como se pone en evidencia en la producción cinematográfica de Oliver Stone al tiempo que allí se expresa que todo el espionaje se debe al ansia de control gubernamental ya que “el terrorismo es solo la excusa”.

En todo caso, la denuncia de la invasión a la privacidad y la difusión de los documentos expuestos hace más clara aun la sentencia de Hannah Arendt en el sentido de que “Nadie ha puesto en duda que la verdad y la política están más bien en malos términos y nadie, que yo sepa, ha contado la veracidad entre las virtudes políticas”. Los llamados “secretos de estado” (y escribo estado con minúscula porque de lo contrario debería escribir individuo con mayúscula que es más apropiado), en la inmensa mayoría de los casos son para ocultar las fechorías de gobernantes inescrupulosos, lo cual viene ocurriendo desde Richelieu, Metternich, Talleyrand y Bismarck, prácticas que revirtió categóricamente Estados Unidos pero que, de un tiempo a esta parte, ha retomado costumbres insalubres de otras latitudes.

La encrucijada en la que se encuentra Edward Snowden es el resultado de la cobardía moral de todos los gobiernos a los que solicitó asilo desde su reducto en Hong Kong, requerimiento que fue denegado una y otra vez por temor a represalias de Estados Unidos o por convencimiento de que es lícito interferir en las comunicaciones telefónicas privadas y en los correos electrónicos también privados sin la expresa orden del juez de la causa. Lo último en lo que insistió antes de su actual paradero fue la posibilidad de exiliarse en Islandia para lo que un empresario privado había puesto a su disposición su avión para el traslado correspondiente en caso de accederse al pedido de asilo, lo cual, como queda dicho, no ocurrió. Paradójicamente y por la ojeriza del gobierno gangsteril de Putin para con Estados Unidos, Rusia finalmente le concedió cobijo.

Glenn Beck en su programa de televisión The Blaze también sostuvo que Edward Snowden “es un héroe” que hay que proteger contra las acciones criminales de energúmenos enquistados en Washington que traicionan los valores expuestos por los Padres Fundadores y que, por este camino, afirma el conductor, ciertos megalómanos con rostros demócratas terminarán con las libertades individuales.

En su libro Constitutional Chaos el antes mencionado Juez Napolitano concluye que es gravísimo lo que viene ocurriendo en Estados Unidos, donde el gobierno puede confiscar y encarcelar sin el debido proceso y espiar la correspondencia privada y escuchar conversaciones de inocentes sin intervención de la Justicia. Es por esto que Osama Bin Laden ha consignado que el triunfo de su ideología “inexorablemente tendrá lugar merced a la guerra antiterrorista por las restricciones a lo que en Occidente se denomina libertad” (citado por Michael Tanner).

Algunos trogloditas del Partido Republicano de la línea G.W. Bush siempre se mostraron indignados con Snowden, del mismo modo que defienden la emboscada inaceptable y repugnante de Guantánamo y suscriben la “preventiva” invasión militar por doquier. Es de esperar que finalmente prime la cordura y la mejor tradición del american way of life que hizo a esa nación el refugio de la libertad y el respeto recíproco y se abandonen procedimientos dignos del atropello terrorista.

Mike Stein lo entrevistó en KWAM 900 al profesor Mark Thornston sobre el tema que nos ocupa quien manifestó que “Snowden es un patriota que hizo lo correcto frente a la inmoralidad del espionaje” y que “esto es un balde de agua fría para la economía ya que la consiguiente inseguridad hará que muchas empresas, especialmente las tecnológicas, se muden a países más seguros”.

Nick Gillespie, de Reason TV, lo entrevistó vía teleconferencia a Snowden quien resaltó su espíritu antiautoritario y subrayó que siempre estará “del lado de la libertad” por lo que criticó a quienes consideran que “le deben lealtad al Estado” y aludió a la nula “dimensión moral” de sus circunstanciales contratantes gubernamentales.

La encrucijada que presento en esta nota es sobre un prófugo que difundió para bien de la humanidad más de doscientos documentos reservados que ponen al descubierto las tropelías de un Leviatán desbocado, una persona convertida en un paria puesto que la administración de Obama le canceló el pasaporte a Snowden. Estamos advertidos, no vaya a ser que lo escrito en 1952 por Taylor Caldwell como ficción en su The Devil´s Advocate se convierta en realidad respecto a que el gobierno estadounidense mute en un estado totalitario.

Tal como escribe Glenn Greenwald en su libro Snowden. Sin un lugar donde esconderse se trata de “los peligros de los secretos gubernamentales y la vulneración de las libertades civiles en nombre de la guerra contra el terrorismo” en cuyo contexto lo cita al propio Snowden: “fue entonces cuando comencé a ver realmente lo fácil que es separar el poder de la rendición de cuentas, y que cuanto más altos son los niveles de poder, menor es la supervisión y la obligación de asumir responsabilidades”.

Como bien ha declarado Snowden en un célebre reportaje para The New York Magazine habitualmente reproducido al cierre de la mencionada producción cinematográfica del controvertido Oliver Stone: “mi vida cambió para bien puesto que puedo ahora decir no lo que voy a hacer en el futuro sino lo que con orgullo hice en el pasado”…y somos muchos los que adherimos a esta conclusión con la frente alta por haberse denunciado al gobierno más poderoso del planeta por atropellar valores muy caros a la civilización.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Asesor del Institute of Economic Affairs de Londres

Si quieres salvar al mundo, usa la lógica

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 3/1/18 en: https://alejandrotagliavini.com/2018/01/03/si-quieres-salvar-al-mundo-usa-la-logica/

 

“Si quieres cambiar el mundo, vuelve a tu casa y ama a tu familia”, decía con razón Teresa de Calcuta y, parafraseándola, agregaría que, si quieres enderezar al globo, no olvides a la lógica. Es que tenemos la holgazana costumbre de que, cuando no entendemos algo, dejamos de lado la coherencia con tal de encontrar alguna “explicación” fácil, aunque esta respuesta siendo ilógica termine provocando el efecto contrario.

Por caso, muchos condenan la violencia pero luego, asustados por los graves daños que provocan algunas sustancias, las prohíben. Ahora ¿cómo reprimen a los vendedores, con flores o con la policía? Para esto sí les vale la violencia, incoherentemente, y el resultado es que, solo en México, la “guerra contra las drogas” lleva más muertos que la de Vietnam. En tanto, Portugal que no prohíbe estas drogas, es el país de Europa con mejor calidad de vida, según InterNations, entre otras cosas, porque bajó el consumo, desapareció el delito relacionado con los narcos y no tienen terrorismo.

A las puertas de Lisboa se erige una gran estatua de Cristo Rey en agradecimiento por la no participación del país en la Segunda Guerra Mundial (SGM). Se quejaba Charlton Heston, asegurando que les habían dicho que la SGM se hacía para combatir a la tiranía, pero la verdad es que trajo otra peor, la soviética. Es que combatir la violencia -de la tiranía Nazi- con violencia, con una guerra, es incoherente y el resultado fue que se potenció a Stalin, que exportó el comunismo por el orbe, hasta hoy que tenemos que sufrir al castrismo.

Sin la SGM, ¿Hitler habría desaparecido al enfrentar a Stalin? O los dos habrían quedado debilitados cayendo como cayó la URSS en paz que es como la lógica indica: la violencia se elimina con su opuesto, la paz, no con más violencia. Por cierto, que quede claro que, ante la duda, es moralmente inadmisible encarar una contienda que supuso la muerte de más de 60 millones de personas “por si acaso”.

Pero veamos incoherencias más “domesticas”. Por caso, Uber podría utilizar helicópteros en México DF dado que, con 5,5 millones de automóviles circulando, la movilidad presenta un nivel de congestión promedio de 66% -de tiempo perdido, en relación con el utilizado con tránsito normal- aunque en horas pico puede alcanzar hasta 101%, según un estudio de TomTom Traffic, realizado en 390 ciudades de 48 países.

Los automovilistas de la capital mexicana pierden hasta una hora demás en sus traslados diarios, lo que suma 227 horas al año, equivalente a nueve días, una cifra superior respecto a ciudades de Tailandia, Indonesia, China y Brasil. Según Eugenio Riveroll, de SinTráfico, el tránsito en México DF conlleva un costo anual de US$ 1.804 millones, dada las horas hombre de trabajo pérdidas y los gastos ambientales.

Ahora, es creencia popular, alentada por los políticos, que esto se debe al “progreso”: habría más autos, dada la mejor tecnología que abarata su costo y el aumento del poder adquisitivo de las personas. ¿Es creíble, es coherente, que algo que complica tanto la vida, sea causado por el “progreso”? No, claramente es un regreso.

Y es culpa del Estado, porque al centralizar el poder que todo regula, las empresas necesitan estar cerca de las oficinas burocráticas provocando una fuerte concentración. Luego, el muy deficiente diseño estatal de las ciudades y su transporte público y las autopistas y calles terminan por provocar este infierno.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Naturaleza de la represión

Por Gabriel Boragina Publicado  el 25/12/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/12/naturaleza-de-la-represion.html

 

El diccionario de ciencias políticas y jurídicas[1] define el término de la siguiente manera:

Represión

Acción y efecto de reprimir (v.) o reprimirse, de contener o dominar, de sujetarse. | Acción y método de oponerse la fuerza pública a las alteraciones del orden general. | Aplicación de penas y correctivos por delitos y faltas.

Reprimir

Contener o refrenara otros. | Sujetar impulsos o pasiones. | Dominar los desórdenes públicos o cualquier otra transgresión de la paz social. |Imponer las sanciones pertinentes por una infracción.

Como se ve, el vocablo en sí mismo no posee las connotaciones negativas que habitualmente se le dan en la Argentina, y no tiene ninguna vinculación con los actos llevados a cabo por gobiernos autocráticos, ni con dictaduras o tiranías. Por cuanto la represión siempre es un acto legal, y los hechos perpetrados por gobiernos tiránicos nunca lo son.

Se trata de un acto normal, justificado y jurídico, destinado a reordenar y reestablecer la paz social. Por lo tanto, el uso bastardeado que le dan de continuo, periodistas de bajo nivel que se hacen pasar por “analistas políticos” o estos últimos cuyos conocimientos legales y políticos dejan bastante que desear, es del todo contrario al verdadero significado de los vocablos reprimir y represión que carecen de los alcances que habitualmente se le atribuyen.

El acto de reprimir supone una previa alteración de ese orden y de esa paz social. Si no la hay, no hay represión. Se reprime a quien inicia el uso de la fuerza, y no quien se defiende de ella. En este sentido, la represión es del todo necesaria cuando se viola el orden legal o -sin llegar a esto- se promueven desórdenes públicos, o se trasgrede la paz social como bien define el diccionario de locuciones políticas y jurídicas. Precisamente, la función de la ley es reprimir las infracciones contra ella.

Represión y violación al orden legal son expresiones que se oponen y se excluyen mutuamente. Uno es antónimo del otro.

Estas reflexiones vienen a cuento de los últimos y lamentables hechos acaecidos en la Argentina donde grupos de sediciosos alentados por legisladores de la oposición intentaron consumar un golpe de estado contra el gobierno legitima y democráticamente elegido por los argentinos.

Al respecto, el Código Penal Argentino establece:

ARTICULO 194.- El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.

Nota: texto conforme a la ley 17567, ratificado por la ley 20509, que recuperó su vigencia según la ley 23077.

Cap. III – Intimidación pública

ARTICULO 211.- Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materiales afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años.

Nota: texto conforme a las leyes 15276 y 20509 con la modificación dispuesta por la ley 20642, que recuperó su vigencia según la ley 23077.

ARTICULO 212.- Será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación.

Nota: texto según la ley 20642, conforme a la ley 23077.

Todas estas normas y otras tantas que no enumeraré para no hacer demasiado extensa esta exposición, fueron quebrantadas sistemáticamente en los últimos días, tanto por quienes materializaron los hechos subversivos ocurridos como por el grupo de legisladores de la oposición que alentaron los actos de vandalismo y de violencia por parte de las hordas salvajes que pretendieron cometer el golpe tendiente a derrocar el gobierno.

Frente a ello, la represión es la única y adecuada respuesta que da la ley contra los delitos, y el merecido castigo que le impone a los delincuentes que los cometen o tratan de hacerlo. Reprimir es legal siempre. Represión y delito son antónimos, no sinónimos.

Evidentemente, ideólogos de un pasado que la Argentina trata arduamente de superar no se resignan -desde el peronismo y las demás fuerzas de izquierda que le son afines – a permanecer lejos del poder, al que procuran recuperar con el único objetivo de lucrar de sus arcas, es decir, vivir del fruto del trabajo de todos los argentinos de bien, que trabajan, cumplen con sus jornadas laborales, producen, y desean vivir tranquilamente en paz y armonía con los suyos.

Por eso, es hora de recobrar el significado correcto e impecable del vocablo reprimir, que alude a un acto que siempre es lícito, y que apunta a restablecer el orden legal y el respeto a las instituciones, respeto que todo aspirante a tirano -como lo son el peronismo y la izquierda socialista (“dura” o “blanda”, lo mismo da)- permanentemente trata de vulnerar para hacer prevalecer su vocación despótica, tal como ha sido demostrado en los últimos acontecimientos que tuvieron por objeto el derrocamiento del legitimo gobierno de “Cambiemos”, quien -hace apenas menos de dos meses- obtuvo un amplio triunfo y respaldo electoral en las elecciones que tuvieron lugar.

En tanto esas tentativas de transgredir el orden constitucional por parte del peronismo (K o no K), los ideólogos de la izquierda socialista en cualquiera de sus variantes, vertientes o denominaciones, y todo aquel que, diciendo “no adherir” a ninguno de ellos (como el peronismo encubierto que encabeza Sergio Massa) quiera subvertir el orden constitucional como se deseó en esos días, no cabe ninguna duda que la única respuesta que debe dar la República es aplicarles todo el peso de la ley, lo que significa -en letras claras sencillas y conforme a derecho-: reprimirlos.

[1] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial Heliasta-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 842.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.