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LA IMPORTANCIA DE LOS CONTRATOS

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Uno de los pilares de mayor peso en la sociedad abierta consiste en las relaciones contractuales. Desde que nos levantamos a la mañana se hacen patentes los contratos: abrimos la heladera, usamos el microondas, engullimos mermelada, tostadas y queso que son todos fruto de contratos de compra-venta. Tomamos un colectivo (contrato de transporte), llevamos a nuestros hijos al colegio (contrato de educación), si voy en el automóvil al trabajo cargo nafta (contrato de compra-venta de energía), lo dejo en una playa de estacionamiento (contrato de locación), llego al trabajo (contrato laboral), voy al banco (contrato de depósito) o solicito un crédito (contrato de mutuo), concedo una garantía (contrato de fianza), entrego una suma de dinero a una Fundación (contrato de donación), encargo aun funcionario que gestione un trámite (mandato) etc.

 

El contrato presupone la propiedad ya que significa intercambio de valores entre las partes para lo cual usan y disponen de lo propio o por encargo de terceros. Depende del valor de que se trate, el contrato puede ser escrito o tácito (de adhesión como, por ejemplo, cuando se adquiere un boleto en el subterráneo o una entrada al cine se presupone que la contrapartida del contrato es prestar el servicio correspondiente.

 

Como la característica medular de los bienes económicos es su escasez, es decir, no hay para todos, de lo contrario no serían bienes económicos y, como el aire, en este planeta en este momento simplemente se usa sin que se pague precio alguno. La propiedad y el precio son términos correlativos. No hay lo uno sin lo otro. Donde se ha abolido la propiedad no hay precios y, por ende, no hay posibilidad alguna de contabilidad ni evaluación de proyectos, situación que consecuentemente no permite saber cual es el estado de la economía: cuanto se consume de capital.

 

El respeto al contrato permite la civilización, la cual se ha derrumbado cada vez que los megalómanos de turno la han emprendido contra esta institución vital. En realidad, dejando de lado las horribles masacres, la falta de respeto al contrato explica la caída del Muro de la Vergüenza en Berlín: el caos económico que siempre repercute sobre aspectos cruciales de lo social.

 

Vía la asignación de derechos de propiedad,  las diferencias patrimoniales se van estableciendo según sean las votaciones diarias en el supermercado y afines. Como se ha reiterado tantas veces, el que da en la tecla sobre los gustos de su prójimo obtiene ganancias y el que yerra incurre en quebrantos. Las posiciones patrimoniales no son irrevocables, antes al contrario proceden de los gustos y preferencias del consumidor. Este proceso permite optimizar las tasas de capitalización que son la única causa de la elevación en el nivel de vida de la gente, muy especialmente de los más necesitados.

 

Por supuesto que este proceso no ocurre cuando operan pseudoempresarios que viene a expensas de los demás quienes son explotados por quienes acrecientan sus fortunas no por servir mejor a su prójimo sino merced a los privilegios que le otorga el poder de turno en un intercambio de favores siempre trubio.

 

En la medida en que los aparatos estatales intervienen en el mercado, en esa media se deteriora el contrato y, por tanto, necesariamente se va perdiendo el rumbo de la economía puesto que los operadores no cuentan con la información que se requiere para invertir o desinvertir en las distintas áreas.

 

Debilitar el contrato definitivamente destruye incentivos al atacar el derecho de propiedad. Por ejemplo, si no se asignan derechos de propiedad en un edificio los que viven allí actuarán en línea con “la tragedia de los comunes”, es decir, como lo que es de todos no es de nadie, habrá conflictos sin resolver entre los que habitan ese edificio (incluso los modales serán poco corteses e incluso la basura se tratará de modo muy poco conveniente en cuyo contexto todos se echarán la culpa recíprocamente y se tenderá a que nadie asuma costos al pretender ser free-rider del vecino). Sin embargo, si cada uno tiene su propiedad, el titular cuidará de lo suyo con esmero y, a menos que se trate de un ladrón para lo cual hay otras soluciones, no se inmiscuirá en lo ajeno e intentará lograr un clima de concordia.

 

El derecho de propiedad y, por tanto el cumplimiento del contrato son inseparables de la justicia ya que su definición clásica es el “dar a cada uno lo suyo” y también inseparable de la libertad ya que de este modo cada uno puede elegir como proceder con el fruto de su trabajo.

 

Varias son las teorías que atentan abiertamente contra la propiedad y los contratos. En primer lugar, la llamada teoría del “abuso del derecho” lo cual constituye una logomaquia ya que un mismo acto no puede ser simultáneamente conforme y contrario al derecho. Como ha dicho M. Planiol el abuso comienza cuando termina el derecho. M.A. Risolía a su vez subraya la peligrosidad de otorgar al juez la facultad de distinguir un abuso dentro de la misma regulación jurídica.

 

La teoría de “la lesión” está también en línea con el llamado “abuso del derecho” suponiendo una posible lesión aun dentro de la norma vigente (en todo caso si esto fuera así habría que sustituirla por otra norma a través del Poder Legislativo pero no otorgar al juez la posibilidad de modificar de facto la ley) y, a su vez, la teoría de “la imprevisión” difiere de la lesión respecto a la temporalidad (la lesión se juzga al momento de celebrarse el contrato, mientras que la imprevisión en un momento futuro porque una de las partes no previó lo que iba a ocurrir). J. A. Bibiloni ha escrito en este sentido que “no hay sociedad posible si por circunstancias no previstas se pretende resarcimiento. El contrato exige que el deudor respete sus compromisos, arruinándose si fuera necesario”.

 

En cuarto lugar, la teoría del “enriquecimiento ilícito” no en el sentido de quien se enriqueció con el fraude lo cual debe ser castigado sino en un sentido bien diferente: el que se enriqueció más allá de lo que el juez arbitrariamente considera excede “lo razonable”, situación que ignora el sentido mismo del contrato.

 

Finalmente, la novel teoría de “la penetración” por la que se sostiene que los accionistas de una sociedad anónima son responsables con sus bienes, respondiendo por los actos de la empresa de la que son copropietarios. Se consideran solidaria e ilimitadamente responsables por los actos de las personas de existencia ideal que han emitido los títulos, lo cual de hecho extingue la personería jurídica de las sociedades anónimas.

 

De más está decir que cuando nos referimos al derecho de cada cual no estamos aludiendo a la supuesta facultad de saquear al vecino, lo cual lamentablemente hoy día en no pocos lares estos pillajes se conocen como “nuevos derechos”, situación, claro está, que significa pretender un pseudoderecho contra el derecho, es decir, de arremeter contra el bolsillo del prójimo con el apoyo del aparato estatal. En otros términos, cuando se concluye que el sentido del monopolio de la fuerza es para garantizar y proteger derechos de los gobernados se alude principalmente al derecho de propiedad comenzando por el propio cuerpo, la libertad de expresar el propio pensamiento y el uso y disposición de lo adquirido lícitamente a través de contratos implícitos o escritos al efecto de intercambiar valores libre y voluntariamente entre las partes.

 

Antes he escrito parcialmente sobre lo que sigue pero ilustra nuestro tema de hoy. Cuenta Paul Johnson que le informaron a Jorge iv que su peor enemigo había muerto, “¿no me diga que finalmente ha muerto Carolina?” interrogó sorprendido el rey (aludiendo a su mujer, por lo menos oficialmente) a lo que el informante respondió “No su majestad, ha muerto Napoleón”. He aquí un malentendido. Salvo contadas excepciones parecería que estamos metidos hasta el tuétano en un tejido espeso de malos entendidos y conversaciones entre sordos. El segundero pasa rápido y no tenemos siete vidas como los gatos. ¿Estaremos destinados a repetir lo mismo ad nauseam una y otra vez? Si fueran errores, pero por lo menos nuevos, tendría la ventaja de generar debates que estimulan la imaginación. Pero repetir y repetir produce bostezos que entumecen al más despabilado e inquieto de los mortales. Siempre entre la ciénaga de la corrupción y los manotazos estatistas de los gobiernos que bajo una u otra etiqueta hacen más o menos lo mismo con distintas modalidades y modales.

 

Es que no hay magias. Seguramente sería atractivo que los problemas se pudieran arreglar con la mera expresión de deseos y con el decreto o decretazo. Pero, lamentablemente, las cosas no son así. Existen nexos causales que no pueden ignorarse sin pagar un precio muy alto. Rompiendo el termómetro no se baja la temperatura. Hay que tomarse el asunto con calma y analizar las causas de los males con un poco mas de enjundia. Subas incesantes en el gasto público, astronómicos incrementos en la deuda gubernamental y déficit fiscal incontenible, en el contexto de la degradación de organismos de contralor, “robos para la corona”, corrupciones de toda índole y una agraviante farandulización. Esto y no un movimiento mecánico explica las vueltas del péndulo. Afortunadamente hay signos de una revitalización de la justicia en diversos lares,  es de esperar que se confirmen para no limitarnos a repetir aquello de la herencia recibida.

 

Cuando éramos niños, nos han preguntado muchas veces “¿quiere que le cuente el cuento del gallo pelado?”. Si uno respondía “bueno” nos decían “No le digo que diga bueno, le pregunto si quiere que le cuente el cuento del gallo pelado”. Cuando uno replicaba “si” para introducir una variante, el interlocutor insistía “No le digo que diga si, pregunto si quiere que le cuente el cuento del gallo pelado” y así sucesivamente, no había forma de entrarle al asunto. No había diálogo posible. Esto está pasando hoy. Al repetir recetas anacrónicas y perimidas estamos contándonos el cuento del gallo pelado. Hay que salir de la trampa y retomar sendas que han dado resultado y que nos sacarán de encima el pesado lastre que llevamos. No está a nuestro alcance corregir los acontecimientos alejados, pero por lo menos pongamos un poco de entusiasmo para enmendar lo que tenemos a la mano. Como escribió Einstein “los problemas no pueden resolverse con quienes los han creado”.

 

Un modo de comenzar a revertir nuestros problemas consiste en respetar los contratos, lo cual conlleva otras consideraciones vitales para el futuro de la sociedad libre.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

La corrupción es inherente a la falta de límites al poder

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 9/8/18 en:  http://economiaparatodos.net/la-corrupcion-es-inherente-a-la-falta-de-limites-al-poder/

 

Los escándalos que últimamente vienen destapándose en América Latina, en general están asociados a gobiernos de izquierda, progresista o populistas, como los de Correa, Lula y los Kirchner, por no hablar del chavismo

Los escándalos de corrupción que últimamente vienen destapándose en América Latina, en general están asociados a gobiernos de izquierda, progresista o populistas, como los de Correa, Lula y los Kirchner, por no hablar del chavismo. No es casualidad que estos tipos de gobiernos sean los más ligados a grandes casos de corrupción. La razón fundamental para que la corrupción florezca en estos tipos de gobiernos tiene que ver con la falta de límites al poder del gobernante o, si se prefiere, al poder que vuelve a tener una dirigencia política que es un retroceso institucional a la época de las monarquías absolutas.

En una conferencia que Hayek dictó en 1976 en el Instituto de Asuntos Públicos, Nueva Gales del Sur, titulada ¿Adónde va la democracia? Afirma: “El advenimiento de la democracia en el siglo pasado (habla del siglo XIX) provocó cambios decisivos en el ámbito de los poderes de gobierno. Durante siglos los esfuerzos habían sido dirigidos hacia la limitación de dichos poderes, y la evolución gradual de las constituciones no había servido a otro propósito que éste”, pero enseguida agrega: “Súbitamente se creyó que la limitación del gobierno por los representantes electos de la mayoría tornaba innecesario el control de los poderes gubernamentales, de modo que podía hacerse caso omiso de las distintas garantías constitucionales desarrolladas con el transcurso del tiempo”.

Puesto en otras palabras, el esfuerzo de limitar el poder surgido de la democracia liberal dio paso a que ignoraran todo tipo de restricción aquellos que tenían una circunstancial mayoría de votos, volviéndose al tipo de gobierno de los días de las monarquías absolutas. La democracia degeneró en una competencia populista en la que el que tiene más votos se siente con derecho a no respetar los límites que debe tener todo gobierno. Basta recordar aquella famosa frase de Cristina Fernández, diciendo: si no les gusta, armen un partido político y ganen las elecciones, para advertir que para ellos el voto da derecho a todo. O sea, para este tipo de gobiernos, los votos dan derecho a ejercer el poder sin límites, lo que Hayek llamó la democracia ilimitada.

El gran crecimiento económico a partir del siglo XIX tiene que ver no tanto con los inventos sino con la mejora en la calidad institucional de los países que adoptaron democracias liberales en que se restringía el poder de los monarcas.

La nueva ola de democracias ilimitadas, en las que el voto de la mayoría es considerado como el pasaporte al poder absoluto del gobierno electo, nos retrotrae institucionalmente y eso impacta en el crecimiento económico. Por eso hay toda una corriente de análisis de la economía y las instituciones en que se analiza el marco institucional de los países para explicar su crecimiento o su decadencia. La decadencia está en los países con gobiernos que no tienen límites en el poder.

La corrupción es consecuencia de esa decadencia institucional. ¿Cuándo hay corrupción? Cuando el gobernante tiene el poder de decidir arbitrariamente ganadores y perdedores dentro de una política económica. Cuando el ingreso de las personas no depende tanto de su capacidad de abastecer a sus semejantes de bienes y servicios de buena calidad, sino de los favores del funcionario público, surgen las razones para “comprar” el favor del funcionario público. Los controles de precios son un ejemplo claro de una de las puertas a la corrupción. Si la vida de mi empresa depende de que un funcionario público firme una autorización para que pueda aumentar los precios de mis productos, enseguida pueden aparecer las coimas para autorizar esos aumentos de precios de los cuales depende la vida de mi empresa. El funcionario pasa a tener el poder de “vender” la supervivencia de un sector o su muerte. Pero en el caso del kirchnerismo, tal vez el negocio de las autorizaciones de aumentos de precios haya sido un kiosco menor. El intervencionismo estatal fue lo más amplio posible para generar muchas fuentes de ingresos.

Hoy todos hablamos de los cuadernos de la obra pública, pero atención que en la época kirchnerista se asignaron U$S 161.000 millones a subsidios económicos, de los cuales U$S 139.000 millones fueron destinados a subsidiar transporte y energía, donde hay sospechas tan grandes de corrupción como en la obra pública. Ni que hablar de los subsidios sociales, tema sobre el que vengo insistiendo que tienen que ser revisados. No puede ser que el kirchnerismo haya dejado un millón de beneficiarios de pensiones por invalidez entre 2003 y 2015 sin que hubiese habido una guerra, un terremoto o un tsunami. Nuevamente, quien tiene el poder de otorgar esos subsidios, los otorga a gente que puede competir en las olimpíadas a cambio del correspondiente peaje.

¿Qué control puede uno esperar de un Congreso que tiene 80 empleados por cada senador y 24 empleados por cada diputado y dónde la biblioteca tiene 1.700 empleados? ¿Esos van a ser los que van a controlar al Ejecutivo?

¿Qué control puede uno esperar de un congreso de la provincia de Buenos Aires en el que se van a gastar $ 6.800 millones este año sin que el ciudadano sepa en qué se gasta ese dinero porque el presupuesto de la provincia de Buenos Aires es un secreto de estado? Y si vamos a niveles municipales el escándalo de los concejos deliberantes es parecido pero en escala menor a los del Congreso de la Nación y de las provincias.

Todo este negocio de la política tiene un costo que hay que mantener y ese costo se transforma en impuestos que deben pagar los sufridos contribuyentes. Pero como además la política se ha transformado en un negocio, hay que conseguir el favor del votante ofreciéndole todo tipo de subsidios y “beneficios” de un estado benefactor que en realidad es una pantalla para esconder la corrupción más descarada que uno pueda imaginar.

No es casualidad que en Argentina hayamos llegado a tener 8 millones de personas que trabajamos en blanco y 20 millones de personas que todos los meses pasan a buscar su cheque por la ventanilla de pagos del estado.

El destrozo económico que genera ese corrupto armado institucional es enorme. Las razones son varias: 1) se dilapidan miles de millones de pesos de los contribuyentes en mantener el aparato del funcionamiento de la  política. Hay que nombrar en cargos públicos a punteros que nunca van a sus puestos de trabajo y se quedan “trabajando” en su provincia para el diputado o senador que los nombró, 2) ¿cómo se bancaba a la militancia de La Campora? Con miles de puestos de trabajo que son retribuciones a la “militancia” que paga el contribuyente, 3) los subsidios económicos dieron lugar a que se manejaran millones de dólares en barcos que traían gas a precios desorbitados y a que se manejaran fortunas en efectivo para subsidiar el transporte público, 4) mantener a miles de piqueteros, “inválidos” y demás beneficiarios de planes sociales tiene un costo fenomenal para el contribuyente.

En definitiva, hay corrupción cuando en, nombre de la solidaridad social y los “precios justos”, los funcionarios públicos tienen poderes propios de la época de las instituciones arbitrarias de los monarcas absolutos. Con el Kirchner llegó a niveles impensados porque armaron toda su carrera política como si fuera una sociedad anónima cuyo objetivo fuera delinquir.

No es casualidad que regalaran millones de jubilaciones a personas que nunca habían aportado, el fútbol para todos, las tarifas de servicios públicos baratas y demás “beneficios sociales”. Entretuvieron a la masa del pueblo con el televisor en cuotas y mientras tanto robaban a cuatro manos.

Pero esto que estamos viviendo hoy con los famosos cuadernos, debería dejar como enseñanza que detrás de toda política populista no solo se esconde una fenomenal ineficiencia económica que tiene como contrapartida impuestos, regulaciones y controles que espantan la inversión y retrasan el nivel de vida del país. Además, es la pantalla perfecta para la corrupción. La ineficiencia económica es doble. Por el lado de la ineficiencia económica y por el lado de lo que se roba detrás de la escenografía de las políticas de solidaridad social.

La lección debería ser no creer que el voto soluciona todo. No es cierto que con la democracia se come, se cura y se educa. Se come, se cura y se educa con calidad institucional. Limitando el poder de los gobernantes Con el voto sin restricciones al gobierno se puede volver al poder las monarquías absolutas y despóticas. Limitar el poder del estado, es decir el grado de discrecionalidad con que los funcionarios declaran ganadores y perdedores de la economía, debe ser reducido a su mínima expresión. Por algo todos estos populistas hablan con desprecio del mercado y se erigen en la reserva moral del país que van a redistribuir con justicia social la riqueza que se genera. Es su manera de conseguir poder político vía los votos para robar y la excusa para establecer regulaciones, subsidios y demás controles que son la puerta para abrir el negocio de la corrupción.

La combinación de la ineficiencia económica que genera el populismo junto con la corrupción que conlleva el populismo, hacen económicamente inviable un país, destruyen la cultura del trabajo y las mafias terminan apoderándose del control del monopolio de la fuerza, llegándose a extremos como es el caso del chavismo en Venezuela.

El origen del mal está en no limitar el poder del estado. Una vez que no se limita al gobierno, la corrupción se enquista en el poder y eso lleva a violar los derechos individuales. Y si hay que matar a un fiscal, se lo mata con tal que la verdad no salga a la luz.

Esperemos que, a partir de estos cuadernos, en la Argentina tengamos un Nuremberg de la corrupción. Tal vez sea un buen punto de partida como base fundacional de una nueva Argentina. O de la Argentina que una vez fuimos hasta que llegó el populismo con su ineficiencia y corrupción.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

SE HA QUEBRADO EL PACTO POLÍTICO

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 12/8/18 en: http://gzanotti.blogspot.com/2018/08/se-ha-quebrado-el-pacto-politico.html

 

El pacto político no tiene nada que ver con las teorías contractualistas, que por lo demás no sé si alguna vez existieron como las presentan sus críticos. Esto es, no creo que nadie haya pretendido decir alguna vez que la sociedad humana es un conjunto de individuos que estaban lo más bien solos, hicieron un curso de Public Choice y luego decidieran unirse para defenderse mejor de algún atacante externo y-o porque decidieran que era la mejor manera de administrar ciertos bienes públicos.

El pacto político tiene que ver con un momento constitucional decisivo, que implica un consenso tácito sobre las obligaciones políticas, la limitación del poder y los derechos individuales que esa constitución va a proteger.

Me parece que el único pacto político realmente tal fue la Constitución de los EEUU. Los demás fueron intentos de imitación, muy buenos, algunos.

El pacto político garantiza la convivencia pacífica entre todos los ciudadanos, precisamente porque ese pacto presupone un horizonte cultural que los hace pre-suponer ciertos derechos en común.

Lo peculiar y extraordinario de los EEUU fue que su gran diversidad cultural pre-suponía que los individuos se reconocían los unos a los otros la libertad religiosa, de asociación y de expresión, que les garantizaba mutuamente su derecho a vivir según su propia conciencia, sin que nadie pudiera imponer sus convicciones a los demás.

Por ello, “……………Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances”.

Ahora bien, los “colectivos” de las ideologías totalitarias impiden el pacto político. Si un grupo de personas se cree representante de “la clase explotada”, o “la nación”, “el pueblo”, “la raza” (versiones diversas de la clase explotada) entonces obviamente NO admitirá en los otros, en los opresores, en los traidores a la patria, en los traidores a la raza o al pueblo, ningún tipo de libertad de expresión. Son los enemigos de un esquema intrínsecamente revolucionario.

Cuando Lenin lleva todo ello a su cruel revolución, al menos es coherente. No pretende imitar a los EEUU por fuera y ser totalitario por dentro.

Pero cuando en una democracia constitucional, gobierno u oposición se creen representantes de esos colectivos, surge una “grieta”, como aquí decimos, inevitable, esto es, se corta la gobernabilidad del sistema, y obviamente desaparecen los derechos individuales a la libertad de expresión y religiosa. Los otros ya no son ciudadanos que piensan diferente bajo el consenso de un mismo pacto político, sino que son los enemigos que hay que destruir. Y ello pasa al lenguaje: las disputas son violentas, son ellos o nosotros, se da el insulto, la manifestación violenta callejera, y el perseguirse mutuamente con un sistema judicial que ha degenerado hacia nuevos “derechos del explotado”: a no ser discriminado, a no ser ofendido, a no padecer el discurso del odio del otro, etc.

Por eso la Argentina no logró nunca un pacto político estable, y especialmente a partir de Perón, donde el antiperonista es el explotador que se opone a los derechos del pueblo. Perdón sabía perfectamente que lo suyo era incompatible con cualquier tipo de república constitucional. Por eso los peronistas más coherentes, por izquierda y por derecha, ven en la Constituciòn de 1853 (un fallido intento de imitar a EEUU, mal por fallido, bien por intento) una estructura “burguesa”, digna de las oligarquías locales adheridas al imperialismo yanqui.

Con esto se entiende bien, espero, que los nuevos colectivos explotados, esto es, las feministas radicales, los gays, los trans y los pueblos originarios contra el hetero-patriarcado capitalista explotador, quiebran el pacto político. Ellos no se consideran a sí mismos (como si lo hizo Martin Luther King) ciudadanos de una república liberal que plantean su derecho a la libertad de expresión, su derecho a la intimidad, su derecho de propiedad y de asociación, como cualquier otro ciudadano. Si esa fuera su lucha, son sencillamente parte del liberalismo clásico. Pero no: ellos creen que los que los demás somos miembros del hetero-patriarcado blanco capitalista explotador. Por ende, ¿por qué reconocernos libertad de expresión? No, debemos ser callados y prohibidos, porque nosotros, con nuestra sola presencia, odiamos y discriminamos violando estos nuevos y singulares “derechos”.

Se ha quebrado el pacto político. Tengamos conciencia de ello. Está pasando en EEUU, cosa especialmente terrible, porque es su origen, pero allí aún hay resistencias para “volver”. Los demás, que nunca “comenzamos”, ¿cómo vamos a explicar lo que sucede? Y los católicos, que aman, en público o en secreto, a Fidel Castro, Franco o Mussolini, ¿qué libertades van a defender cuando estos auto-considerados explotados intenten quitárselas? ¿Por qué van a defender libertades individuales que les son extrañas a su discurso, excepto se conviertan en los herejes del Instituto Acton?

Se ha quebrado el pacto político y por ello vamos muy mal. Lo terrible de la ley del aborto que estuvo a punto de sancionarse no era tanto el tema de la despenalización, sino el avance de una práctica obligatoria para los institutos privados. Lo mismo rige para la educación sexual, y lo mismo se viene ya para el uso de pronombres neutros. Lo que estos nuevos explotados quieren es que respetemos sus supuestos derechos so pena de ir presos. Y que aún demos gracias que no vamos directo hacia nuevas guillotinas.

Si no vemos bien este diagnóstico, los nuevos explotados nos pasarán por encima sin que siquiera sepamos por qué. Que nos pasen por encima, ok. Finalmente, en el mundo de Caín, el que tiene la fuerza es el que avanza. Bajar de un tiro a los que estamos parados sobre la primera enmienda de los EEUU, es morir dignamente como un samurai. Pero que bajen de un tiro a gente parada sobre su odio al liberalismo clásico, es otra cosa. Es matar a quien podría haber sido un aliado, que sólo pide libertad para su propio autoritarismo.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

Derecho a la seguridad jurídica

Por Gabriel Boragina Publicado el 12/8/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/08/derecho-la-seguridad-juridica.html

 

“Las principales condiciones que se concitan en el concepto de seguridad jurídica podrían englobarse en dos exigencias básicas: Corrección estructural, en cuanto garantía de disposición y formulación regular de las normas e instituciones integradoras de un sistema jurídico; y corrección funcional; que comporta la garantía del cumplimiento del derecho por todos sus destinatarios y regularidad de actuación de los órganos encargados de su aplicación. Se trata de asegurar la realización del derecho mediante la sujeción al bloque de la legalidad por parte de los poderes públicos (principio de legalidad) y también de los ciudadanos.” (Pérez Luño A.)”[1]

Este es un concepto formal, que no nos dice nada del aspecto sustancial o del contenido del orden jurídico. Nótese que estas condiciones podrían cumplirse en cualquier estado totalitario como lo fueron la Alemania nazi, el socialista soviético, o el cubano, donde permanentemente y bajo su régimen jurídico formal se han quebrantado y se siguen violando -en el caso cubano- los derechos más elementales. Los tiranizados en regímenes opresivos también tienen la certeza (seguridad) de que se dictarán normas por parte de los organismos “legalmente” facultados para ello que vulnerarán sus derechos individuales. El mal de nuestro tiempo es la plena identificación que se hace entra la norma y la justicia de la norma, cuando no necesariamente ambas han de coincidir.

Por caso, si la norma no respeta el derecho de propiedad del individuo habrá seguridad jurídica respecto de que ese derecho no será reconocido, o será transgredido por medio de una norma. La ley y el Derecho van por caminos separados. El objetivo de toda sociedad es (o debería serlo) unirlos e integrarlos.

Pero la seguridad jurídica no siempre va de la mano con la seguridad personal, y cuando se disocian hay que elegir entre una o la otra.

Si hay “seguridad jurídica” de que la norma legal infringe o atropellará el derecho individual, entonces no existe seguridad individual, porque la primera se contrapone (y ataca) a la segunda. En tal caso, el orden moral impone la prevalencia de la personal por sobre la jurídica. Si el orden jurídico amenaza la seguridad personal debe primar está por sobre aquel.

La siguiente otra definición de seguridad jurídica tampoco arroja demasiada luz sobre el problema que estamos intentando analizar:

“La seguridad jurídica, en un caso concreto, es un valor de la conducta en su alteridad. La seguridad como valor está presente en situaciones ciertas, firmes, y tranquilas, de modo tal que la certidumbre, la firmeza y la tranquilidad en la conducta certifican su polo positivo.””[2]

Si la primera definición citada es de orden formal, la actual daría la impresión de ser algo más sustancial, ya que alude a la conducta en su alteridad. Pero no aclara a la conducta de quien lo hace, si a la del legislador a la del legislado. Parece que lo más apropiado -a esta altura- es diferenciar estabilidad jurídica de seguridad jurídica, porque el grado de ambigüedad de la primera expresión es muchísimo menor al de la última.

Decimos esto basados en las definiciones que nos da la Real Academia Española:

estabilidad

Del lat. stabilĭtas, -ātis.

  1. f.Cualidad de estable. Estabilidad atmosférica, económica, de un coche.

estable

Del lat. stabĭlis.

  1. adj. Que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer. Temperatura, economía estable.
  2. adj. Que permanece en un lugar durante mucho tiempo. Inquilino estable.
  3. adj. Que mantiene o recupera el equilibrio. Un coche muy estable.

seguridad jurídica

  1. f. Cualidad del ordenamiento jurídico que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación.

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Con todo, se nota que estable y seguro son casi sinónimos. Pero el vocablo estable(como surge de las definiciones transcriptas) da un cierto sentido de prolongación en el tiempo, que el término seguridad no denota tan marcadamente. De tal suerte que, algo puede ser seguro y estable, o no estable.

Volviendo a los ejemplos históricos ya dados, en los regímenes nazi-fascistas-comunistas sus normas eran ciertas y previsibles de ser aplicadas. De hecho, lo fueron. Como vemos, cumplen con las condiciones necesarias que definen la seguridad jurídica.

“Si se comprende que los derechos de las personas son consubstanciales a la dignidad del ser humano, no tiene sentido sostener que pueden violarse siempre y cuando otro necesite mucho lo que pertenece a un tercero. De este modo se desmorona el respeto a la propiedad, lo cual constituye el aspecto medular del marco institucional que sirve, precisamente, para maximizar tasas de capitalización que, a su vez, permiten aumentar salarios e ingresos en términos reales. La inseguridad jurídica que se crea con la introducción de figuras como la comentada, constituyen el medio más potente para extender los estados de extrema necesidad y de extrema desesperación.”[3]

El problema real es cuando la doctrina jurídica que campea en los corazones de la gente es la del positivismo jurídico, que considera que el Derecho es idéntico a la ley, y que la ley es exclusivamente todo aquello que emane del organismo legislativo. En el caso, tendremos la seguridad jurídica que el sistema es positivista, lo que -a su turno- nos garantiza que no estaremos viviendo en un marco de estabilidad jurídica. Los “derechos” -en tal encuadre-se limitan a aquellos que el legislador determine que lo son, excluyendo a los que -según su arbitrio- no lo son o no deben serlos. El derecho fundamental es el de propiedad, que implica el derecho al propio cuerpo, del que se deriva el derecho a la libertad para usar y disponer de lo que es propio. En otras palabras, lo que es inherente a la persona misma, y lo que esa persona produce con su trabajo. En la cita, la inseguridadalude a la falta de certeza o estado de duda sobre la legitimidad o no del derecho de propiedad. Es decir, presupone la previa existencia de tal derecho en el ordenamiento jurídico que se analice, y la posibilidad (actual o futura) que el mismo sea disminuido o desaparezca por obra y gracia del legislador.

[1] http://www.dicciobibliografia.com/Diccionario/Definition.asp?Word=DERECHO%20A%20LA%20SEGURIDAD%20JURIDICA

[2] Ver voz “Derecho a la seguridad jurídica” artículo de los Dres. Miguel Herrera Figueroa y Zulema Julia Escobar. Enciclopedia jurídica OMEBA, Tomo 21 letra O, Grupo 5

[3] Alberto Benegas Lynch (h). El juicio crítico como progreso. Editorial Sudamericana. Pág.237

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

El orden internacional después de Helsinski

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 2/8/18 en: https://www.lanacion.com.ar/2158533-el-orden-internacional-despues-de-helsinski

 

Desde la segunda post-guerra el orden internacional prohijado por Occidente estuvo basado en dos pilares centrales: (i) la promoción de la democracia; y (ii) alentar la apertura del comercio internacional, en el mundo entero. Después de la reciente reunión “cumbre” de Helsinski entre los presidentes de los EEUU y de la Federación Rusa, las cosas son hoy aparentemente algo distintas.

Esos dos pilares antes mencionados han sido ahora sustituidos por Donald Trump por otros cuatro. Distintos, por cierto.

Ellos han sido recientemente identificados nítidamente por Gideon Rachman, como sigue. Primero: lo económico tiene una prioridad absoluta. Lo que deriva en que las relaciones de los EEUU con aquellos países o regiones con los que los EEUU tienen un déficit comercial son ahora tensas y apuntan, esencialmente, a tratar de corregir los desequilibrios comerciales. Segundo: el mundo debe edificarse sobre los Estados y no sobre entes o instituciones multilaterales. Por esto, la abierta antipatía y hasta el rechazo del presidente norteamericano al G-7; a las Naciones Unidas; a la Organización Mundial del Comercio; y a la Unión Europea. También su rechazo a las negociaciones multilaterales y su predilección por el bilateralismo, donde supone que maximiza su peso relativo en el mundo. Y, más aún, sus discrepancias con sus diferentes esquemas reglamentarios, esto es con las reglas que las organizaciones multilaterales, dentro de sus respectivas competencias, dictan. Para Trump, presumiblemente las reglas las debiera dictar siempre el más fuerte. Tercero: El mundo debe edificarse sobre las identidades y sobre sus respectivas culturas y valores. Poco importan, entonces, los principios o valores comunes, como los que tienen que ver con la defensa universal de los derechos humanos o con la promoción de la democracia. Occidente, para él, no es tanto un conjunto de valores, como la suma de las identidades y culturas a defender contra todos quienes procuran desteñirlas. Por todo esto, su notoria aversión a la inmigración.

Las influencias de las naciones más poderosas, los EEUU, China y Rusia, debieran, para Trump, primar en sus respectivas “esferas de influencia”. Por esto, precisamente, su sospechoso rechazo a condenar explícitamente la ilegal anexión rusa de la península de Crimea.

Lo que, en los hechos, quiera o no, significa promover no sólo la supremacía relativa de los EEUU, sino también las respectivas supremacías regionales de China y Rusia, esto es nada menos que reconocer la “multipolaridad” del mundo actual, donde ya los EEUU no aparecen solos en el centro del escenario.

Que el secretario de Estado Mike Pompeo haya recientemente asegurado ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano que los EE.UU. “no reconocen la anexión de Crimea” a Rusia y que, por ende las sanciones económicas impuestas por ello no se levantarán hasta que Rusia “devuelva” Crimea a Ucrania aclara un tanto las cosas. Pero el presidente Trump sigue sin condenar con toda la necesaria claridad la invasión rusa de 2014, lo que es por lo menos sugestivo, particularmente si a ello se suma a su coqueteo personal con Vladimir Putin.

 

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

La Argentina debe retomar la senda del liberalismo

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 30/7/18 en: https://www.lanacion.com.ar/2157472-la-argentina-debe-retomar-la-senda-del-liberalismo

 

Se trata de crear una sociedad abierta, sin privilegios, en la que se produzca riqueza y los bienes se usen en forma eficiente

Se trata de crear una sociedad abierta, sin privilegios, en la que se produzca riqueza y los bienes se usen en forma eficiente

 

Al contrario de lo que desafortunadamente muchos sostienen, es de desear que nuestro país retome la senda del liberalismo iniciada por el padre de nuestra Constitución fundadora, Juan Bautista Alberdi. La aplicación de estas recetas nobles permitieron que la Argentina se ubicara entre las naciones más prósperas del planeta.

Desde la Constitución de 1853 hasta los golpes fascistas, primero del 30 y luego del 43, nuestros salarios e ingresos en términos reales de los peones rurales y de los obreros de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España. Los inmigrantes a estas costas competían con los ámbitos atractivos estadounidenses. Las exportaciones se encontraban a la altura de las de Canadá y Australia. En el Centenario, miembros de la Academia de Francia comparaban los debates de esa entidad con los que tenían lugar en nuestro Parlamento dada la versación y elocuencia de sus integrantes.

Luego vino el derrumbe estatista, provocado por gastos públicos siderales, déficit fiscales monumentales, regulaciones asfixiantes, impuestos exorbitantes y deudas gubernamentales galopantes. Y las crisis se sucedieron sin solución de continuidad.

A pesar de este cuadro de situación lamentable hay quienes critican un liberalismo inexistente al que pretenden sustituir por el adefesio de un denominado “neoliberalismo” con el que ningún intelectual serio acepta identificarse. Bajo tamaña etiqueta fantasiosa, irrumpen en escena timoratos que aconsejan no prestar atención a las pocas voces liberales y machacan con la mediocridad del estatismo. El liberalismo es nada más y nada menos que el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. Por su lado, todos formamos parte del mercado cuando en libertad llevamos a cabo nuestras transacciones diarias.

Veamos el tema medular de los derechos de propiedad. Lo primero es entender que la preservación de la vida es una condición indispensable para subsistir. Es una verdad de Perogrullo, es una tautología. Para alimentar y desarrollar la vida en plenitud se hace necesario proteger lo que cada cual produce y lo que recibe legítimamente, es decir, el uso y la disposición de lo propio.

Como no vivimos en Jauja y no hay de todo para todos todo el tiempo, se hace necesario, por una parte, respetar el derecho de propiedad para evitar invasiones y usurpaciones y, por otra, para que los usos y disposiciones sean los más eficientes posibles. Esto último es así en una sociedad abierta, por definición ausente de privilegios, puesto que cada uno para progresar y mejorar su estado patrimonial inexorablemente debe atender las necesidades de su prójimo. En este contexto el que acierta en las demandas de sus congéneres obtiene ganancias y el que yerra incurre en quebrantos.

El que vende naturalmente lo hará al precio más alto que pueda, no el que quiera puesto que si excede lo que resulta posible la demanda decaerá o será nula. Del mismo modo, el que percibe una retribución por su trabajo intentará que sea la mayor posible. Esto último depende exclusivamente del volumen de inversiones que, a su turno, proceden de ahorros internos y externos al país en cuestión y no de la voluntad de las partes contratantes. Y este proceso tiene lugar allí donde los marcos institucionales son confiables y predecibles, no donde el derecho se confunde con el pseudoderecho, a saber, la facultad de asaltar el fruto del trabajo ajeno.

Cuando se producen quejas respecto a tal o cual precio de tal o cual producto o servicio no se contemplan dos aspectos cruciales. En primer lugar, el respeto a la propiedad, lo cual significa que el titular puede sugerir el precio que le venga en gana de lo que le pertenece, lo cual, como queda dicho, no quiere decir que logre concretar una venta. De lo que se trata en este contexto es de subrayar la libre disposición de lo propio y no dejarse atropellar por manifestaciones de quienes simplemente se quejan pero que son incapaces de producir lo que estiman es caro.

El mismo razonamiento debe aplicarse a las relaciones laborales. Quienes se emplean en no pocas ocasiones suponen que el lugar de trabajo les pertenece y actúan con la pretensión de disponer de lo que es de otros como si fueran los dueños del lugar, en lo que fuera una relación contractual mutuamente beneficiosa. Esto revela una tergiversación de valores, lo cual perjudica especialmente a los más necesitados. Derroches y ataques a la propiedad generan daños a todos pero sobre los más débiles la carga es más contundente y recae con mayor fuerza debido a la sensibilidad y repercusión en las franjas de ingresos bajos.

Por otra parte, como se ha señalado reiteradamente, a medida que las intromisiones de los aparatos estatales se intensifican se van deteriorando y desfigurando las únicas señales que tiene el mercado para operar. Esas señales indican dónde es más atractivo invertir y dónde no conviene hacerlo. Al fin y al cabo los precios no son más que transacciones de derechos de propiedad. Si se elimina la propiedad como reclaman los marxistas se derrumba el sistema de señales. En este sentido, como he ejemplificado otras veces, no se sabe si conviene construir caminos con oro o con asfalto cuando desaparecen las referidas señales. Y sin llegar a ese extremo, cuando los gobiernos intervienen en el sistema de precios se va deteriorando y desdibujando la contabilidad, la evaluación de proyectos y el cálculo económico en general.

En buena parte del llamado mundo libre, hoy observamos legislaciones que van a contracorriente de lo dicho y, por ende, ponen palos en las ruedas a la productividad y, consecuentemente, al progreso de las personas que se encuentran atrapadas en un laberinto infame. Es interesante detenerse a repasar conceptos vertidos por Alberdi, quien escribió en 1854, en Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853: “La propiedad sin el uso ilimitado es un derecho nominal […] El ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado en nombre de la utilidad pública”.

Por eso es que también James Madison, el padre de la Constitución estadounidense (en la que se inspiró Alberdi junto a la Constitución de Cádiz de 1812), ha consignado en 1792 en “Property” (compilado en James Madison: Writings): “El gobierno ha sido instituido para proteger la propiedad de todo tipo […] Este ha sido el fin del gobierno, solo un gobierno es justo cuando imparcialmente asegura a todo hombre lo que es suyo”. La misma Justicia es inseparable de la propiedad ya que como bien reza la definición clásica de Ulpiano se trata de “dar a cada uno lo suyo” y lo suyo remite a la propiedad de cada cual.

Mientras sigamos con la cantinela de la redistribución de ingresos no progresaremos puesto que la distribución cotidiana que todos hacemos de modo pacífico en el supermercado y afines contradice las antedichas asignaciones políticas que se llevan a cabo coactivamente. Recordemos una vez más a Alberdi en la obra ya citada: “¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro: que no le haga sombra”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

¿PORQUÉ OBEDECER A LA AUTORIDAD?

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

De entrada me parece que resulta conveniente precisar que hay básicamente dos tipos de autoridad. En primer lugar, la  en un sentido amplio es decir la que es reconocida por la rectitud de conducta o por los conocimientos o por ambas cosas a la vez. Este tipo de autoridad no necesita de aparatos compulsivos de la fuerza para acatarse, se adopta por la virtud implícita en el  ejemplo. En este sentido no hay obligación propiamente dicha de seguir los lineamientos estipulados, si se siguen es  por el reconocimiento de la razón de lo que se pone de manifiesto.

 

Pero hay otro tipo de autoridad que se sustenta para su cumplimiento en la fuerza, sea esta de un gobierno respaldado siempre en las botas policiales, una autoridad escolar respaldada en reprimendas varias o equivalentes. En estas líneas vamos a centrar nuestra atención en el primer tipo, esto es, la de los aparatos estatales.

 

Como enseñan algunos de los pensadores en la larga tradición del iusnaturalismo: Grotius, Pufendorf, R. Hooker, Francisco de Vitoria, Sidney, Locke,  Leo Strauss, Francis Lieber, Eric Mack, H. B. Veatch, Lon Fuller, Roscoe Pound, John Finnis -a contracorriente de los Kelsen, Hart y Raz contemporáneos- las disposiciones legales deben basarse en puntos de referencia extramuros de la norma positiva para ser justas. Y esos mojones a su turno derivan de lo que hace posible el desenvolvimiento de los seres humanos que del mismo modo que las piedras y las rosas tienen propiedades inherentes a su naturaleza.

 

De allí el derecho natural, que aunque en ciertos ámbitos se ha utilizado de modo caprichoso y degradado, sigue manteniendo su sentido original. Por esto es que juristas de la talla de Bruno Leoni insisten en que la conformación del derecho positivo está inmerso en un proceso de descubrimiento y no uno de ingeniería social o de diseño.

 

La autoridad del tipo ahora estudiado se basa en la ley, a saber, las disposiciones que son afines a la naturaleza del hombre para poder desarrollarse en la vida. Incluso David Hume escribe que “No es impropio recurrir a la expresión ley natural si por natural entendemos lo que es común a la especie” (en A Treatise on Human Nature) . Esto es lo que confiere autoridad a los gobiernos en una sociedad abierta, a diferencia de megalómanos que pretenden controlar vidas y haciendas ajenas.

 

Ahora bien, ¿que hacer cuando los aparatos estatales se salen de cauce y en lugar de proteger derechos los conculcan? Es una cuestión prudencial, cuando los atropellos son tolerables es mejor absorberlos y tratar de revertir la situación por medio de la persuasión. Pero cuando la situación se hace insoportable, tal como reza la Declaración de la Independencia estadounidense (en la que se han inspirado las naciones libres), es deber de los ciudadanos el deponer al gobierno e instaurar otro. Este es el derecho a la resistencia a gobiernos opresivos. Es un contragolpe de Estado cuando el gobierno ha dado un golpe contra las instituciones libres…son los casos hoy, por ejemplo, de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Corea del Norte. No hay que confundir al ciudadano con el súbdito ni un país con un Gulag.

 

Como queda dicho, de más está decir que la referida rebelión contra la opresión inaguantable debe hacerse con criterio prudencial para no caer en la misma situación (o peor) solo que con otros gobernantes como en la práctica han sido la mayor parte de las revoluciones, a diferencia de la norteamericana por la que se aplicó una política diametralmente opuesta a la autoritaria de Jorge III (de un tiempo a esta parte, Estados Unidos abandonó los principios de los Padres Fundadores para lo que recomiendo, entre la mucha literatura disponible, Dismantling America de Thomas Sowell). Hasta el momento en los otros ejemplos, en el mejor de los casos se produjo un alivio más o menos transitorio para luego, en mayor o menor medida, recaer en que los aparatos estatales atropellaran los derechos vitales a la libertad y a la propiedad.

Como he subrayado antes, incluso en otros casos, la situación después de la revolución fue muchísimo peor, como es el ejemplo de la revuelta de Castro contra las tropelías inaceptables de Batista. En otros casos, el alivio fue grande como es el ejemplo de Hitler. Salvando las distancias, la revolución popular contra Ferdinand Marcos también permitió un paréntesis en el totalitarismo.

Lo mismo va para el caso argentino de la tiranía rosista y, con independencia de los graves desbarranques posteriores, similar fenómeno ocurrió con la sublevación como consecuencia del sistema opresivo de Perón contra la libertad de prensa y las libertades básicas de las personas y también lo ocurrido con otros dictadores latinoamericanos de la misma época. Y mucho antes que eso los movimientos revolucionarios independentistas (por ejemplo, constituye una sandez oponerse a la Revolución de Mayo en lo que luego fue suelo argentino contra un déspota que había reemplazado a otro sátrapa en España). También los casos de Stroessner en Paraguay, de Somoza en Nicaragua, de Trujillo en la República Dominicana y similares. Las revueltas que desembocaron en el derrumbe del Muro de la Vergüenza en Berlín despertaron enormes esperanzas en los espíritus libres. Claro que hay cuestiones de grado que hacen diferencias por lo que no puede meterse todo en la misma bolsa.

El antes mencionado Sidney había escrito como burla a la monarquía absoluta que alegaba que su poder derivaba de Dios y otras sandeces que irónicamente “Dios ha causado que algunos nacieran con coronas en sus cabezas y todos los demás con monturas sobre sus espaldas”.

Especialmente en América latina ha sido costumbre el dirigirse a la autoridad gubernamental como su exceletísimo, su eminencia reverendísima y otros servilismos impropios de un sistema republicano y del recato, del pudor y la decencia más elemental. Incluso se hace alarde del título de “honorable” sin percatarse que el vocablo en gran medida proviene de la condición de ad honorem cosa que por el contrario es rechazada para en cambio percibir suculentas dietas (para no decir nada de los dineros mal habidos).

Benjamin Constant ha popularizado los conceptos de “libertad de los antiguos” y “libertad de los modernos” (noción rechazada por Fustel de Coulanges), entendiéndose lo primero como la mera participación de algunos gobernados en el gobierno, mientras que lo segundo alude a la preservación de las autonomías individuales. Del mismo modo, la tolerancia era concebida antes como una gracia del monarca o del sacerdote y, en cambio, modernamente es entendida no con tufillo inquisitorial de perdonar a los que se estimaba estaban equivocados sino que se ha transformado en la consideración por los derechos de todos.

No debe confundirse autoridad con autoritarismo, lo primero en el contexto de lo que estamos tratando alude al uso de la fuerza con carácter defensivo, nunca ofensivo en cuyo caso invariablemente irrumpe el autoritarismo.

Es por esto que en la actualidad resulta de gran  provecho recordar el célebre dictum del historiador decimonónico Acton en cuanto a que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente” al efecto de alertar frente a desvíos de la órbita política del momento.

Frente a todos los problemas siempre hay quienes proponen que intervengan los aparatos estatales, lo cual significa que se arrancará el fruto del trabajo ajeno para recurrir a la violencia. Muy paradójicamente esta maniobra se lleva a cabo en nombre del derecho cuando en verdad se trata de pseudoderechos ya que se echa mano al bolsillo del prójimo para imponer obligaciones injustas a terceros. Injustas porque violan la definición clásica de Justicia de “dar a cada uno lo suyo” puesto que “lo suyo” implica el respeto a la propiedad de cada cual, lo cual se ha violado al proceder en consecuencia.

Muy paradójicamente hoy en el denominado mundo libre la política más generalizada consiste en el fascismo, es decir, permitir el registro de la propiedad a nombre de particulares pero usa y dispone el gobierno. Es un modo más efectivo y encapuchado de debilitar la institución de la propiedad privada que los marxistas -más sinceros ellos- proponen abrogar de un plumazo. Pensemos en ejemplos cotidianos: los taxis en muchas de las grandes ciudades son manejados por los alcaldes en cuanto a la regulación de la tarifa, el color en que están pintados y el horario de trabajo. También los sistemas educativos, en general manipulados por ministerios de educación que establecen pautas curriculares y otras disposiciones para la mal llamada educación privada (en verdad privada de independencia). Todo esto sin contar las asfixiantes regulaciones en el comercio, la industria, el agro y la banca.

Según Etienne de la Boétie “Son pues, los propios pueblos los que se dejan, o, mejor dicho, se hacen encadenar, ya que con sólo dejar de servir romperían las cadenas” (en Discurso sobre la servidumbre voluntaria), que era la preocupación y ocupación de Henry David Thoreau respecto a la necesaria desobediencia civil para mantener en brete al Leviatán y para bloquear a los mandatarios con sed de transformarse en mandantes.

En lugar de estar permanentemente apuntando a lo menos malo en actitud timorata y rastrera, tengamos el coraje de subir la vara para encaminarnos al respeto recíproco. En el extremo miremos lo que se sugiere desde la vereda de enfrente al espíritu liberal, una postura que explica porqué las izquierdas marcan las agendas y habitualmente corren el eje del debate, lo cual está muy bien ilustrado en el título de una conferencia de Herbert Marcuse dirigida a estudiantes, en 1969, en Canadá: “Exijamos lo imposible”.

De todos modos y por último decimos que la secuencia siendo firme debe ser ordenada en una secuencia racional, por lo que la noción de autoridad centrada en el monopolio de la fuerza puede sin duda mutar en el futuro si es que quedaran resueltos los problemas esgrimidos básicamente en las teorías de los bienes públicos, la asimetría de la información, el dilema del prisionero, los free riders y la refutación del denominado equilibrio de Nash y el teorema de Kaldor-Hicks en el contexto de las inconsistencias de balances sociales explicados por Robert Nozick y la interpretación correcta de “la tragedia de los comunes” y el óptimo de Pareto. Estos temas no se han debatido aun con el suficiente detenimiento, aunque hay trabajos muy meritorios al respecto que no han  salido a la luz debido a que no se han resuelto temas mucho más básicos y, naturalmente, no puede construirse el techo de un edificio antes de que se encuentren listos los cimientos (lo que se traduce en otra metáfora más: no se puede colocar la carreta delante de los bueyes frente a la mediocridad de la mayor parte de los debates actuales que repiten las mismas falacias de antaño).

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Limitaciones al poder. Algunos economistas también han hecho propuestas “constitucionales” o más bien “sistémicas”

Por Martín Krause. Publicado el 9/7/18 en: http://bazar.ufm.edu/limitaciones-al-poder-economistas-tambien-hecho-propuestas-constitucionales-mas-bien-sistemicas/

 

Con los alumnos de Economía e Instituciones vemos algunas propuestas para limitar el poder, y al final de ese capítulo, las limitaciones “constitucionales” o sistémicas que hicieron algunos economistas. Luego de ver algunas propuestas específicas.

No obstante, algunas de estas fundamentales contribuciones no fueron suficientes para prevenirse contra el crecimiento del Estado y el avasallamiento de las libertades individuales; otras no fueron ni siquiera aplicadas. Algunos economistas han desarrollado modelos más generales y completos —si se quiere “utopías”— sobre cómo organizar una sociedad. En este sentido, analizaremos solo algunas, entre las que destacaremos las contribuciones de Hayek, Buchanan, Frey, Rothbard y David Friedman.

Hayek

Para Hayek, la separación de poderes y las otras medidas mencionadas solamente serán efectivas cuando los valores y la cultura predominantes en una sociedad así lo demanden. Ningún tipo de diseño constitucional podrá reemplazar estos valores sobre el poder gubernamental. Argentina es un ejemplo de esto: con la misma Constitución —aprobada en 1853—[1], el país recorrió setenta años en una dirección y los siguientes setenta en la dirección opuesta.

La evolución cultural es lo que en última instancia determina las limitaciones existentes al poder. En Suiza, aunque también ha habido cambios en el último par de siglos y el Estado benefactor ha crecido como en todos los demás países, ciertos principios básicos de limitación del poder siguen siendo parte importante de los valores y la cultura de sus habitantes[2].

No obstante, no descarta Hayek todo tipo de diseño constitucional, aunque dando prioridad a los procesos evolutivos, y presenta un modelo de organización que permitiría un predominio de las normas que son el resultado de esos procesos, a diferencia de las que son el resultado de decisiones políticas formales. Como las reglas formales que favorecen los procesos evolutivos son normas de carácter “general” que se aplican a todos los ciudadanos por igual, imagina un proceso legislativo que pueda aislar la elaboración de ese tipo de normas de las presiones de los grupos de interés que buscan un beneficio particular. Esta preocupación proviene de entender que las legislaturas modernas están sujetas a estos intereses desde que se han ocupado del diseño de políticas específicas. Una legislatura que tenga a su cargo ambas tareas —diseño de políticas y reglas generales— terminará dominada por las primeras. Para ello imagina un poder legislativo constituido por dos asambleas, que se acomode a la diferencia entre “leyes” y “comandos”. La primera, —la Asamblea Legislativa— se ocupa de las reglas generales y de la extensión del poder gubernamental, mientras la segunda, —Asamblea Gubernamental— se ocupa de las políticas públicas, teniendo primacía la primera sobre la segunda.

La Asamblea Legislativa debería estar constituida de tal forma que garantice el cumplimiento de esa función. Para ello Hayek considera un mecanismo de elección que evite la llegada de políticos profesionales, por lo que aquellos electos a la Asamblea Gubernamental no podrían acceder a la Legislativa. Sugiere que los miembros de esta deberían ser elegidos a una cierta “edad madura” y por periodos relativamente largos, como de quince años, debido a lo cual no estarían preocupados por su reelección. En cierta forma, como sucede con los miembros de una Corte Suprema de Justicia. También sugiere que los votantes que los elegirían sean mayores en edad que los que participan en la elección de las demás posiciones en el Ejecutivo o en la Asamblea Gubernamental. La experiencia y la sabiduría adquiridas con los años, más su independencia respecto a una “carrera política”, tenderían a centrar su atención en las reglas generales y en los beneficios a largo plazo.

Es decir: la Asamblea Gubernamental estaría formada por políticos profesionales que buscarían su reelección y estarían interesados en atender a los intereses inmediatos o puntuales de los votantes o de distintos grupos de interés, mientras que los de la Asamblea Legislativa constituirían algo así como un grupo de sabios y prudentes, que se ocuparían de velar por las normas que protegen los derechos de todos.

Buchanan

James Buchanan, por el contrario, fundamenta su análisis en la filosofía política contractualista, por lo que es más escéptico respecto a las normas de origen evolutivo espontáneo y, con un enfoque más racionalista, concentra su análisis en la forma de modificar los incentivos vigentes en la política, con especial énfasis en los niveles de mayorías necesarias para distinto tipo de normas. Inspirado en el análisis del economista sueco Knut Wicksell (1851-1926), sostiene que el óptimo sería la unanimidad. Ya hemos visto esto en el capítulo 4, cuando analizamos los problemas para la agregación de preferencias expresadas a través del voto. La unanimidad garantizaría que nadie se vería perjudicado por la aprobación de una cierta norma; es decir, ninguna mayoría podría violar los derechos de una minoría, incluso ni la de una sola persona. También vimos allí que la unanimidad generaría el statu quo total; sería prácticamente modificar cualquier norma, dados los altos costos de alcanzar la unanimidad. La respuesta de Buchanan es diferenciar entre normas de rango constitucional, que protegen derechos individuales y limitan las potenciales acciones abusivas de un gobierno, de aquellas que se refieren a cuestiones más coyunturales o de contenido administrativo, relacionadas con la gestión de tal gobierno. Para modificar las primeras, se requerirían mayorías especiales, mientras que para modificar las segundas bastaría con mayorías simples. Qué asuntos requerirían, según Buchanan, mayorías especiales lo veremos más adelante.

Frey

Bruno Frey (2005) presenta una propuesta a la que llama FOCJ, por sus siglas en inglés: jurisdicciones funcionales, superpuestas, en competencia. Desde su perspectiva, el federalismo permite acercar la provisión de bienes públicos a las preferencias específicas de distintos grupos en la sociedad, pero para hacerlo deben cumplirse dos principios básicos: la equivalencia fiscal, es decir que los fondos para pagar el gasto público de una jurisdicción se obtengan de los ciudadanos de esa misma jurisdicción; y equivalencia política, o sea que los funcionarios sean electos nada más por los votantes de la misma jurisdicción.

Las jurisdicciones propuestas tendrían estas características:

Funcionales: se extenderían sobre áreas geográficas definidas por las tareas o funciones que cumplen.

Superpuestas: habría distintas jurisdicciones gubernamentales extendiéndose sobre distintas áreas.

En competencia: los gobiernos locales, y en algunos casos los ciudadanos, podrían elegir a qué jurisdicción pertenecer.

Jurisdicciones: serían jurisdicciones con poder gubernamental para cobrar impuestos.

El argumento básico es que las jurisdicciones geográficas no necesariamente coinciden con la extensión geográfica que propone la economía de escala de un cierto servicio. Por ejemplo: una red de electricidad puede abarcar una cierta zona, pero el servicio de defensa que brinda un regimiento puede abarcar otra, con lo cual cada una tendría un área geográfica diferente. Los servicios de un hospital podrían abarcar a ciudadanos de más de una jurisdicción política actual, creando problemas de usuarios gratuitos; la jurisdicción en este caso se extendería sobre la división política, para abarcar a todos los usuarios. Obviamente, distintas jurisdicciones se superpondrían, incluso brindando algunas de ellas el mismo tipo de servicios. Los ciudadanos podrían elegir entre las mismas, aunque “deberían” elegir, ya que se trata de jurisdicciones gubernamentales. La competencia sería fomentada por la acción de “salida”, aunque no tendría que ser geográfica: las personas o los gobiernos locales podrían cambiar de afiliación a esas diferentes jurisdicciones, sin tener que mudarse a otra jurisdicción geográfica para hacerlo.

El autor menciona como ejemplo a la Liga Hanseática, un grupo funcional que brindaba normas comerciales comunes, aunque no tenía ningún tipo de vinculación geográfica. Eran miembros de la liga ciudades como Lübeck, Bremen y Colonia (hoy Alemania), Stettin y Danzig (hoy Polonia), Kaliningrado (hoy Rusia), Riga (Letonia), Reval (hoy Tallinn, Estonia) y Dorpat (hoy Tartu, Estonia), Groningen y Deventer (hoy Holanda). Londres (Inglaterra), Brujas y Amberes (Bélgica) y Novgorod (Rusia) eran miembros asociados. En los Estados Unidos hay “distritos especiales”. En Suiza hay 26 cantones y unas 8,000 comunas de distinto tipo, de las cuales 2,940 definen la ciudadanía política (los ciudadanos lo son de las comunas, no de “Suiza”). Hay comunas educativas que ofrecen servicios a más de un gobierno local.

Esta profunda descentralización y división de poderes actuaría como un límite al abuso de poder y permitiría la participación ciudadana en la toma de decisiones, sobre todo asociado al uso de mecanismos de democracia directa.

Rothbard y Friedman

Finalmente, Murray Rothbard (2002) y David Friedman (1989) presentan un modelo también con jurisdicciones funcionales, en competencia y superpuestas, pero, a diferencia de Frey, se trata solamente de agencias privadas. Según esta visión “libertaria”, todos los bienes y servicios serían provistos por el mercado, ya que este puede hacerlo, si bien no en forma perfecta, superior a la provisión estatal. Así, ambos autores analizan cada uno de los servicios que actualmente proveen los Estados y cómo los podría proveer el mercado. Las propuestas de uno y otro son similares en cuanto a la provisión de todos los bienes y servicios por el mercado, con algunas diferencias, sobre todo relacionadas con los fundamentos filosóficos —una filosofía moral iusnaturalista, en el caso de Rothbard, y consecuencialista, en el de Friedman— y a una hipótesis sobre el posible nacimiento de una sociedad anarcocapitalista, como la que proponen —un contrato social, donde las partes consentirían un código legal, en el caso de Rothbard, y un enfoque incremental, en el caso de Friedman—.

En el caso tal vez más complejo de todos —la seguridad personal y la defensa—, critica la visión predominante de que el Estado debe proveer protección policial, como si fuera una entidad única y absoluta, consistente en una cantidad fija que se brinda a todos por igual. Ese tipo de bien general no existiría, de la misma forma que no existe un bien “comida” o “vivienda”[3]. Por lo tanto, el Estado debería asignar un recurso escaso, sujeto a las ineficiencias de la política y la burocracia. Para Rothbard, los individuos deberían contratar este servicio, como los demás, en el mercado, y lo harían según sus preferencias específicas: desde la patrulla de un policía cuando sea necesaria, hasta protección personal durante las veinticuatro horas. Se argumentará que, en tal caso, los consumidores deberían pagar algo que ahora reciben gratis, pero es necesario tener en cuenta que en el modelo libertario no habría impuestos, así que los recursos que la población destina, en un determinado momento, con ese fin, estarían disponibles directa o indirectamente para contratar ese tipo de servicios.

El modelo no considera que cada persona tendría que salir a contratar un agente privado, en caso de haber sido robada o atacada, sino que, como ocurre actualmente en muchos barrios abiertos o cerrados, contrataría una compañía que le brindaría ese servicio. Es bastante probable, además, que los servicios fueran ofrecidos por empresas de seguros, ya que, si se ha asegurado, por ejemplo, una casa contra robo, la protección podría ser parte del servicio del seguro[4]. La competencia se transformaría en eficiencia y control por parte de los consumidores, ya que podrían cambiar de agencia en caso de no estar contentos con el servicio que reciben, algo que no pueden hacer ahora por tratarse de un servicio monopólico, del cual se recibe simplemente lo que toque.

[1]. Dice Alberdi ([1854] 1993): “Al legislador, al hombre de Estado, al publicista, al escritor, sólo toca estudiar los principios económicos adoptados por la Constitución, para tomarlos por guía obligatoria y reglamentaria. Ellos no pueden seguir otros principios, ni otra doctrina económica que los adoptados ya en la Constitución, si han de poner en planta esa Constitución, y no otra que no existe. Ensayar nuevos sistemas, lanzarse en el terreno de las novedades, es desviarse de la Constitución en el punto en que debe ser mejor observada, falsear el sentido hermoso de sus disposiciones, y echar el país en desorden y en el atraso, entorpeciendo los intereses materiales, que son los llamados a sacarlos de la posición oscura y subalterna en que se encuentra” (p. 2).

 

[2]. Dice Willy Linder, editora económica del Neue Züricher Zeitung: “Los suizos siguen siendo suficientemente generosos y sensibles para votar a veces a favor de cuestiones que parecen ir en contra de su propio interés. Sin embargo, en el largo plazo, estas actitudes han contribuido a la estabilidad política y económica de Suiza. Durante los tres últimos años, por ejemplo, los suizos, por márgenes excediendo generalmente 3 a 1, han decidido en referéndums no cobrar impuestos especiales a los ricos y los que ganan altos sueldos, no otorgar a los trabajadores suizos participación en la administración de las empresas, no reducir la edad mínima para ingresar en el generoso sistema de pensiones, no permitir al gobierno central que recaude fondos para compensar tendencias locales recesivas, y finalmente no permitir al gobierno central que tenga déficit”. Fortune, diciembre 18 de 1978; citado en “President’s Essay”, Washington DC: The Heritage Foundation, 2011.

 

[3]. “A cualquier persona o negocio, la policía puede proveerle desde un oficial que haga una ronda una vez por noche, dos policías que patrullen constantemente cada cuadra, otros que lleven a cabo la vigilancia en un móvil, hasta uno o incluso varios guardaespaldas personales permanentes. Además, debe tomar muchas otras decisiones cuya complejidad se hace evidente tan pronto como levantamos el velo del mito de la “protección” absoluta. ¿Cómo podría la policía asignar adecuadamente sus fondos, que por supuesto son siempre limitados, como lo son los de todos los individuos, organizaciones y agencias? ¿Cuánto debería invertir en equipamiento electrónico? ¿En equipos para tomar huellas dactilares? ¿En detectives o en policías uniformados? ¿En patrulleros o en agentes que prestan servicio a pie, etcétera?”. (Rothbard 2002, p. 268).

 

[4]. “Esta debería ser la primera respuesta simple a la pregunta típica que expresa el temor de la gente a la que se le habla por primera vez de una policía totalmente privada: “Bueno, eso significa que si a uno lo atacan o le roban, tiene que apresurarse a encontrar un policía y comenzar a negociar acerca de cuánto le costará que lo defienda”. Bastaría un momento de reflexión para darse cuenta de que ningún servicio se suministra de esa manera en el libre mercado. Es obvio que la persona que quiere estar protegida por la Agencia A o la Compañía Aseguradora B pagará primas regulares en lugar de esperar a ser atacada antes de comprar la protección. “Pero supongamos que se produce una emergencia y el policía de la Compañía A ve que alguien es asaltado; ¿se detendría a preguntar si la víctima adquirió el seguro de la Compañía A?” En primer lugar, este tipo de asalto callejero estaría, como ya lo hemos señalado, dentro de la jurisdicción de la policía contratada por el dueño de la calle en cuestión. Pero ¿qué ocurriría en la situación, poco probable, de que un barrio no tuviera servicio policial, y que un policía de la Compañía A viera casualmente que alguien es atacado? ¿Saldría en defensa de la víctima? Eso, por supuesto, dependería de la Compañía A, pero es casi inconcebible que las compañías de policía privada no cultivaran la buena voluntad estableciendo, como política, la ayuda gratuita a las víctimas en situaciones de emergencia y, quizá, pidiendo luego a la persona rescatada un aporte voluntario. En el caso de un propietario que sufriera un asalto o un ataque, por supuesto recurriría a la compañía policial que hubiera contratado. Llamaría a la Compañía Policial A en lugar de a “la policía”, como lo hace ahora”. (Rothbard 2002, p. 270).

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

‘Repartir el crecimiento’

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 7/7/18 en: https://sotograndedigital.com/repartir-el-crecimiento-por-carlos-rodriguez-braun/

 

Los políticos insisten en que ahora que la economía española crece, es el momento de subir los salarios, para “repartir el crecimiento”. Así ha sido interpretado el acuerdo firmado recientemente por los sindicatos y la patronal, que contempla una subida de salarios del 2 %, más otro 1 % variable, e incluye también el aumento de los salarios más bajos hasta los 1.000 euros mensuales por catorce pagas.

Nadie en su sano juicio puede lamentar que mejoren las retribuciones de los trabajadores, pero creer que esa mejoría se debe a acuerdos corporativistas o a medidas políticas y legislativas es una fantasía. El crecimiento de los salarios se basa en la productividad del trabajo: si ésta no aumenta, los intentos de elevar los sueldos mediante negociaciones y leyes rara vez darán un buen resultado colectivo.

Carlos Rodríguez Braun.
Carlos Rodríguez Braun.

En consecuencia, conviene facilitar la acción de los trabajadores y los empresarios, bajando los impuestos y removiendo los obstáculos que la legislación impone a sus actividades y negocios. Desgraciadamente, no son esos los vientos que soplan, sino más bien los contrarios, puesto que el acuerdo firmado apunta a revertir la flexibilización laboral lograda en los últimos años.

Políticos, sindicalistas y dirigentes empresariales pretenderán colgarse medallas por el llamado “diálogo social”, pero no está nada claro que una mayor rigidez vaya a beneficiar al empleo. Es posible, en cambio, que las subidas salariales no tengan un coste alto en términos de contratación, primero, porque los salarios se han contenido en la crisis, y, segundo, porque el horizonte inflacionario es mayor que antes.

Lo de “repartir el crecimiento” es una antigua falacia que nos remonta al gran economista inglés John Stuart Mill, que la planteó por primera vez en sus Principios de 1848. En realidad, la economía no crea primero riqueza y después la distribuye, sino que la distribuye cuando la crea. Por eso las personas más productivas ganan más que las menos productivas, y los empresarios que satisfacen mejor las necesidades de sus clientes ganan más que los que no lo hacen.

Actuar como si la riqueza se creara y estuviera allí, lista para que los políticos y los grupos de presión la repartan, acarrea el grave peligro de conspirar contra su crecimiento y, por tanto, contra el bienestar de todos.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE

Caps. 4 y 5: una introducción al análisis económico de la política. Las fallas del Estado pueden ser peores que las supuestas fallas de mercado

Por Martín Krause. Publicado el 24/6/18 en: http://bazar.ufm.edu/caps-4-5-una-introduccion-al-analisis-economico-la-politica-las-fallas-del-estado-pueden-peores-las-supuestas-fallas-mercado/

 

En toda sociedad hacen falta un mecanismo para permitir que se expresen las preferencias de los individuos y señales que guíen a los productores a satisfacerlas. En el caso de los bienes privados, hemos visto cómo el mercado cumple ese papel. También vimos que se presentan problemas para cumplirlo. En el caso de los bienes públicos, es la política: es decir, los ciudadanos expresan sus preferencias por bienes colectivos y hay un mecanismo que las unifica, resuelve sus diferencias (Buchanan 2009) y envía una señal a los oferentes —en este caso las distintas agencias estatales— para satisfacerlas. Como veremos, este también se enfrenta a sus propios problemas.

El siguiente análisis de las fallas de la política se basa en el espíritu de aquellas famosas palabras de Winston Churchill (1874-1965): “Muchas formas de gobierno han sido ensayadas y lo serán en este mundo de vicios e infortunios. Nadie pretende que la democracia sea perfecta u omnisciente. En verdad, se ha dicho que es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras que han sido ensayadas de tiempo en tiempo”.

Churchill nos dice que no hemos ensayado un sistema mejor, por el momento, pero que este no puede ser considerado perfecto. Por ello, cuando se ponen demasiadas esperanzas en él, pueden frustrarse, ya que la democracia no garantiza ningún resultado en particular —mejor salud, educación o nivel de vida—, aunque ciertas democracias lo hacen bastante mejor que las monarquías o las dictaduras.

Durante mucho tiempo, buena parte de los economistas se concentraron en analizar y comprender el funcionamiento de los mercados, y olvidaron el papel que cumplen los marcos institucionales y jurídicos de los Gobiernos. Analizaban los mercados suponiendo que funcionaban bajo un “gobernante benevolente”, definiendo como tal a quien persigue el “bien común”, sin consideración por el beneficio propio, y coincidiendo en esto con buena parte de las ciencias políticas y jurídicas[1]. Tal como define al Estado la ciencia política, tiene aquel el monopolio de la coerción, pero lo ejerce en beneficio de los gobernados.

Por cierto, hubo claras excepciones a este olvido. Inspirados en ellas, autores como Anthony Downs o James Buchanan y Gordon Tullock iniciaron lo que se ha dado en llamar “análisis económico de la política”, en el contexto de gobiernos democráticos, originando una abundante literatura. Su intención era aplicar las herramientas del análisis económico a la política y el funcionamiento del Estado, pues la teoría política predominante no lograba explicar la realidad de manera satisfactoria.

Uno de los primeros pasos fue cuestionar el supuesto del “gobernante benevolente” que persigue el bien común; porque, ¿cómo explicaba esto los numerosos casos en que los Gobiernos implementan medidas que favorecen a unos pocos? O más aún: ¿cómo explicar entonces que los gobernantes apliquen políticas que los favorecen a ellos mismos, en detrimento de los votantes/contribuyentes? Por último, ¿cómo definir el “bien común”[2]? Dadas las diferencias en las preferencias y valores individuales, ¿cómo se podría llegar a una escala común a todos? Esto implicaría estar de acuerdo y compartir dicha escala, pero el acuerdo que pueda alcanzarse tiene que ser necesariamente vago y muy general, y en cuanto alguien quiera traducir eso en propuestas específicas surgirán las diferencias. Por eso vemos interminables discusiones sobre la necesidad de contar con un “perfil de país” o una “estrategia nacional” que nos lleve a alcanzar ese bien común, pero, cuando se consideran los detalles, los “perfiles de país” terminan siendo más relacionados con algún sector específico o difieren claramente entre sí.

Los autores antes mencionados decidieron, entonces, asumir que en la política sucede lo mismo que en el mercado, donde el individuo persigue su propio interés, no el de otros. En el mercado, esa famosa “mano invisible” de Adam Smith conduce a que dicha conducta de los individuos termine beneficiando a todos. ¿Sucede igual en el Estado? Se piensa en particular en el Estado democrático, porque se supone que los Gobiernos tiránicos o autoritarios no le dan prioridad a los intereses de los gobernados.

Algunos economistas intentaron definir ese “bien común” en forma científica, como una “función de bienestar social”, pero sin éxito (Arrow 1951). Además, si hubiese alguna forma de definir específicamente ese bien común o bienestar general como una función objetiva, no importaría si es el resultado de una decisión democrática, de una decisión judicial o simplemente un decreto autoritario que lo imponga.

Como veremos, al cambiar ese supuesto básico, la visión que se tiene de la política es muy distinta: el político persigue, como todos los demás y como él mismo fuera de ese ámbito, su interés personal. No se puede definir algo como un “bien común”, un resultado particular que sea el mejor, pero sí se puede evaluar un proceso, en el que el resultado “bueno” sea aquél que es fruto de las elecciones libres de las personas. ¿Existe entonces un mecanismo similar a la “mano invisible” en el mercado, que guíe las decisiones de los votantes y las acciones de los políticos a conseguir los fines que persiguen los ciudadanos? Este enfoque, llamado en general “Teoría de la Elección Pública” (Public Choice) se centra en los incentivos. De ahí que también se le conozca como “análisis económico de la política”.

[1]. Esta visión, por supuesto, no es sorprendente. Madison (2001), por ejemplo, mostraba una posición clásica aun hoy muy popular, según la cual la búsqueda del “bien común” depende de la delegación del poder a los representantes correctos, no de la información y los incentivos existentes: “… un cuerpo de ciudadanos elegidos, cuya sabiduría pueda discernir mejor el verdadero interés de su país, y cuyo patriotismo y amor por la justicia harán muy poco probable que lo sacrifiquen a consideraciones parciales o temporales. Bajo tal regulación, puede bien suceder que la voz pública, pronunciada por los representantes del pueblo sea más consonante con el bien público que si fuera pronunciada por el pueblo mismo, reunido para tal propósito. Por otro lado, el efecto puede invertirse. Hombres de temperamento faccioso, prejuicios locales, o designios siniestros, pueden por intriga, corrupción u otros medios, primero obtener votos, y luego traicionar los intereses del pueblo”.

[2]. Muchos filósofos políticos han cuestionado este concepto. Entre los economistas, Hayek (1976 [1944]): “El ‘objetivo social’ o el ‘designio común’, para el que ha de organizarse la sociedad, se describe frecuentemente de modo vago, como el ‘bien común’, o el ‘bienestar general’, o el ‘interés general’. No se necesita mucha reflexión para comprender que estas expresiones carecen de un significado suficientemente definido para determinar una vía de acción cierta. El bienestar y la felicidad de millones de gentes no pueden medirse con una  sola escala de menos y más” (p. 89).Cap

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).