Obligación e igualdad fiscal

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2020/10/obligacion-e-igualdad-fiscal.html

“c) La obligación que tienen los ciudadanos de pagar impuestos radica en el hecho de formar parte de una comunidad política organizada: la obligación afecta no sólo a los “nacionales”, sino a los “extranjeros”, aunque con diversa intensidad, los nacionales son miembros “permanentes” de la comunidad: su obligación es “integral” y “constante”, es decir: obligación de pagar “todos” los impuestos y durante “todo” el tiempo que conserven el vínculo de nacionalidad; los extranjeros son miembros “accidentales” de la comunidad, ya por residir su “persona” en el territorio nacional, ya por radicar en él sus “bienes”: su obligación es “temporal” y “parcial”, o sea: sólo durante el periodo de residencia o con respecto a los bienes nacionalizados. La tasa carece de estos atributos políticos.”[1]

Excepto aquellos que hubieran prestado su previo y libre consentimiento, nadie forma parte de ninguna comunidad de manera forzada, o sea, sin que se viole su libertad de asociación al obligárselo al ingreso forzoso a una comunidad a la que no se le ha consultado sobre sus deseos de pertenecer a ella y -para peor- se lo compele a financiar a aquellos que se dicen sus “titulares” o “representantes”.

En consecuencia, el punto c) de la cita anterior no nos brinda “fundamento” alguno, ya que deja sin base esa falsa “obligación”.

Esta conclusión se hace extensiva a los extranjeros, excepto que hubieran dado (como en el caso de los locales) su previa aceptación a contribuir económicamente con el gobierno al ingresar al pais. En caso contrario, tampoco deberían ser forzados a pagar nada, porque el elemento coactivo carece de base legal y si se argumenta -desde el positivismo jurídico– que la tiene, nosotros -desde nuestra postura iusnaturalista– lo negaremos, y agregaremos que, aunque se la acepte desde el positivismo, no hay desde la moral y la ética ningún respaldo de este tipo para sostener esa actitud.

El fundamento de nuestra posición ya fue dado: la mayoría no puede obligar a la minoría so pretexto de “democracia” a ser sujeto pasivo de actos inmorales como es el de dejarse robar por quienes alegan “representar” a un mítico “estado”, “pais”, “gobierno”, “nación” o, en su caso, rey, monarca, déspota, jefe de estado, director supremo o el título que quiera auto arrogarse. Bien dijo Herbert Spencer que el derecho divino de los reyes devino en el derecho divino de los parlamentos, pero los liberales creyentes no reconocemos más derecho divino que el de Dios mismo. Ningún derecho creado por el hombre puede reclamar para si divinidad alguna. El derecho humano es solo una improvisada herramienta de convivencia y nada más. Allí se agota su función. Si no la cumple, no sirve para nada.

No existe ninguna obligación moral de pagar tributos, impuestos, tasas, contribuciones o el nombre ficticio que se le quieran dar. No es moral violar la libertad de las personas, ni siquiera en nombre de esa falsa “divinidad” que llaman “estado”.

“1. La noción de la igualdad. Hay algunos rasgos esenciales del impuesto que la doctrina ha recogido para convertir en verdaderas reglas. Así, el carácter de la Igualdad en la aplicación y distribución del impuesto. En su amplia exposición sobre materia de impuestos, John Stuart Mili se pregunta: “¿Por qué motivo la igualdad debe ser la regla en materia de impuesto?” Y agrega que la respuesta debe ser que ella debe constituir la regla en todas las materias de gobierno. Como un gobierno no debe establecer distinciones de personas y de clases, y debe reconocer un derecho a todos a sus servicios, los sacrificios que él reclama se deben hacer gravitar, poco más o menos, del mismo modo sobre todos los habitantes, siendo de subrayar que de esta manera se reclama el menor sacrificio de los interesados. Si alguno no soporta su parte de la carga común, hay alguien que soporta más que su parte, y todas las cosas iguales por otra parte, la exoneración de uno no es igual a la sobrecarga que pesa sobre el otro. Entonces, cuando se dice en política, igualdad en materia de impuestos, esto significa, igualdad de sacrificio: vale decir, que la parte en la cual cada uno contribuye a los gastos del gobierno, debe ser reglada de modo que una persona no sufra más que otra, de la obligación de contribuir a sus gastos. Este ideal, como todos los otros, no puede ser realizado completamente; pero lo que es necesario buscar, ante todo, en toda discusión práctica, es determinar en qué consiste la perfección.”[2]

Antes que preguntarse por qué “la igualdad debe ser la regla en materia de impuestos”, la pregunta fundamental debería ser ¿Por qué los impuestos? Pero ciertamente las respuestas que recibiríamos serían las que ya examinamos: nos hablarían de la “necesidad” de un mítico “estado” lo que nos han enseñado a todos en la escuela, si, a todos, incluyendo a quien esto escribe. La diferencia es que, una amplia mayoría se ha conformado con esa respuesta, la ha admitido sin mayor análisis ni examen crítico. En cambio, otros, como nosotros, han pretendido ir más allá, al fondo del asunto. Y cuando se llega al fondo del asunto la conclusión no puede ser otra: los impuestos no tienen razón de ser.

Pero si la mayoría (como sucede) ha aceptado la existencia de los impuestos ¿no deberían ser estos iguales para todos?

La respuesta es simple: no. Porque si la mayoría impone impuestos en contra de una minoría (que no los admite) aquella mayoría no tiene ningún derecho para someter a la minoría a algo que afecta a su derecho de propiedad. Este es el punto central del debate que está casi ausente en toda la discusión sobre los impuestos: la importancia de la propiedad y su carácter de derecho. Nos dicen que es uno de los casos donde la propiedad “debe ceder”. ¿Qué argumento es este? Y ¿por qué “debería ceder” en materia de impuestos y no en otros casos? Simplemente porque los impuestos son el alimento de la burocracia que es la que detenta el poder real. Y todo lo demás que se diga es puro palabrerío vacuo.


[1] Mateo Goldstein. Voz “IMPUESTOS” en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15, letra I, Grupo 05.

[2] Goldstein, M. ibidem.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

Soberanía, pueblo e impuestos

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2020/10/soberania-pueblo-e-impuestos.html

Difícilmente exista un ser humano que domine todos (absolutamente todos) los aspectos de una misma materia (por lo menos nosotros no conocemos ninguno), ya que cualquier materia es objeto de diferentes enfoques, según quien la estudie y la divulgue. Somos partidarios de la convicción de que el conocimiento nunca está acabado, sino que es un proceso continuamente evolutivo, sin fin, caso contrario seguiríamos creyendo que la Tierra es plana como antigua y popularmente se creía, y desconoceríamos la ley y gravedad como sucedía antes de que Newton la descubriera. Pero decimos notar cierta arrogancia del autor citado[1] cuando dice que las definiciones diferentes a la suyas “pecan …porque son parciales, así como lo es su propio enfoque de la materia”, porque daría la impresión que el sí posee el enfoque totalizador de la materia y no simplemente uno parcial.

“4. Diferencias entre impuestos y tasas. Se suele caer en confusionismo al analizar las raíces de ambas instituciones. Probablemente más de una errónea calificación del impuesto se origina en la confusión que se introduce, si no en la doctrina, en la práctica, al intentar la caracterización del impuesto y de la tasa. Ruzzo nos da la línea separatoria de la que es tan fácil desviarse. “Las diferencias entre impuesto y tasa nacen de este concepto fundamental: en el caso del impuesto, el Estado lo aplica en virtud de soberanía política, y en el caso de la tasa procede como empresario de ciertas actividades que, a menudo, tienen carácter industrial.”[2]

Para analizar esta cita primero debemos enmarcar el concepto de soberanía. Procedamos a hacerlo:

“Soberanía.

Para la Academia, calidad de soberano. | Autoridad suprema del poder público.

En el terreno jurídico, el problema de vieja y tradicional discusión es el de determinar en quién recae la soberanía, solución que depende del punto de vista que se adopte.

Sánchez Viamonte, escribiendo sobre el constitucionalismo, ha explicado con acierto y claridad que, en las repúblicas democráticas, no puede haber más soberanía interna o externa que la popular, por lo que, desde un punto de vista político, la soberanía es la voluntad de la mayoría, si bien la validez de la expresión de la voluntad mayoritaria ha de estar sujeta a su conformidad con el ordenamiento jurídico, precisamente porque la democracia es el Estado de Derecho, sometido a éste en la totalidad de su existencia y manifestación, de modo que la soberanía política quede subordinada a la soberanía jurídica, problema vinculado con los de la vigencia constitucional y de la supremacía de la Constitución. El mismo autor llega a definir la soberanía diciendo que es “la plenitud lograda por la voluntad política del pueblo para determinarse y para manifestarse, de suerte que está comprendida en ella la autolimitación o la sujeción de determinadas normas, establecidas como condición para su validez, y así, las formas jurídicas adquieren la importancia y jerarquía de condiciones impuestas a la soberanía… y de cuyo cumplimiento depende la legitimidad y validez de la voluntad política”.[3].

Siendo esto así, la soberanía política recae en el pueblo y no en el “estado” con lo que la definición de Ruzzo es equivocada. Pero hay más para decir a este respecto. El “pueblo” -como tal- tampoco existe como no existe el “estado”. Se trata de otra entelequia.

“Pueblo.

 En una acepción equivalente a población, ciudad, villa o lugar. | También conjunto de personas que componen un pueblo, provincia o nación. | Gente común y humilde de una población.

Este último sentido va perdiendo su importancia conforme van nivelándose las clases sociales.”[4]

La clave que nos da la definición anterior está en las palabras personas y gente. De donde la soberanía política que se dice reside en el pueblo significa -en último grado- que la unidad mínima de esa soberanía se localiza en cada individuo (persona, gente) que conforma esa etiqueta (pueblo) que es tal simplemente para designar a un conjunto de personas que viven en un determinado lugar, de igual manera que la palabra sociedad (de alcance más amplio) es otra etiqueta para designar a un grupo de personas en el sentido anterior (lugar) o temporal (por ejemplo cuando se habla de la sociedad antigua, contemporánea, etc.).

Entonces, y derivado de todo lo anterior, la soberanía política no es más que la suma de las soberanías individuales, y no puede ser al revés, ni puede ser independiente una de la otra sin caer en contradicción.

La unidad soberana es el individuo. Con lo que nuevamente Ruzzo está doblemente equivocado.

Ahora bien, si la soberanía política no es otra cosa que la suma de las soberanías individuales (personas, gente) no puede ser -al mismo tiempo- solamente la soberanía de la mayoría, con lo que Sánchez Viamonte también está equivocado, aun cuando pretenda subordinar esa soberanía mayoritaria a otra soberanía de orden jurídico.

Olvida el ilustre jurista que el ordenamiento jurídico no es un dato, no es algo “dado”, sino que su origen reside precisamente en la soberanía política, que es la que crea y -eventualmente- modifica ese mismo orden jurídico.

La historia de los numerosísimos derrocamientos, golpes de estado, revoluciones, tiranías y demás dictaduras desconociendo el orden jurídico preexistente a su establecimiento deberían ser prueba suficiente para convencerse que el “orden jurídico” no es un absoluto inamovible, y que no todos, ni en todos los tiempos se ha coincidido en el mismo. Es que hablar del “orden jurídico” en abstracto es irrealista. Lo que importa es estudiar el contenido de eso que se llama “orden jurídico” porque a este rótulo recurrieron todos los dictadores del mundo de todas las épocas para calificar al conjunto de las “leyes” dadas por sus regímenes despóticos. Si es por caso, ni la Alemania nazi, ni la Italia fascista, ni la Rusia comunista carecieron de un régimen legal, y a este régimen legal sus dictadores les llamaron del mismo modo “orden jurídico”.

Pero volviendo al tema, y para no extendernos sobre lo que pareciera una digresión, pero no lo es, porque es fundamental definir términos y aclarar conceptos, por todas estas razones Ruzzo se equivoca y su definición es inaceptable. Menos aun cuando -en función de la misma- autoriza a su entelequia (“estado”) a actuar como empresario.


[1] Mateo Goldstein. Voz “IMPUESTOS” en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15 letra I Grupo 05.

[2] Goldstein M. Ibidem.

[3] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial HELIASTA-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553

[4] Ossorio, ibidem.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

Una cuestión vital acerca del aborto

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 14/9/20 en: https://www.lanacion.com.ar/opinion/una-cuestion-vital-acerca-del-aborto-nid2447524


Lo que en gran medida ocurre hoy en el denominado mundo libre presenta facetas preocupantes en diversos planos pero en esta nota periodística aludimos a un aspecto que estimamos vital, no en sentido figurado sino literal. Nos referimos a un ser humano en acto con la carga genética completa desde el momento de la fecundación del óvulo, distinta del padre y de la madre por lo que su exterminación resulta un despropósito mayúsculo e injustificable para cualquiera que considera que lo primero es respetar la vida.

A veces se ha mantenido que esto no debe plantearse de este modo puesto que “la madre es dueña de su cuerpo”, lo cual es absolutamente cierto, pero no es dueña del cuerpo de otro, y como las personas no aparecen en los árboles y se conciben y desarrollan en el seno materno, mientras no exista la posibilidad de transferencias a úteros artificiales u otro procedimiento es inexorable respetarlo. Es cierto que está en potencia de muchas cosas igual que todo ser humano independientemente de su edad, por lo que constituye una arbitrariedad superlativa inventar un momento de la gestación para proceder a la liquidación de esa vida humana como si se produjera una mágica mutación en la especie, lo cual, dicho sea de paso, es una lógica tan arbitraria que puede conducir a la justificación del infanticidio.

En este sentido y antes de seguir adelante con este tema -sin perjuicio de otras muchas declaraciones científicas procedentes de distintas partes del mundo- es pertinente reproducir la muy oportuna declaración oficial en el medio argentino por parte de la Academia Nacional de Medicina de la que transcribo lo siguiente resuelto por su Plenario el 30 de septiembre de 2010 donde concluye: “Que el niño por nacer, científica y biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza al momento de su concepción. Desde el punto de vista jurídico es un sujeto de derecho como lo reconoce la Constitución Nacional, los tratados internacionales anexos y los distintos códigos nacionales y provinciales de nuestro país. Que destruir a un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser humano. Que el pensamiento médico a partir de la ética hipocrática ha defendido la vida humana como condición inalienable desde la concepción. Por lo que la Academia Nacional de Medicina hace un llamado a todos los médicos del país a mantener la fidelidad a la que un día se comprometieron bajo juramento.”

Por supuesto -agregamos nosotros- que el argumento central es de carácter científico y no legal puesto que puede que la ley diga lo contrario a lo estipulado a la fecha de la antedicha declaración, lo cual no modifica un ápice el sustento científico-moral de lo expresado.

Como queda dicho, un embrión humano contiene la totalidad de la información genética: ADN o ácido desoxirribonucleico. En el momento de la fusión de los gametos masculino y femenino -que aportan respectivamente 23 cromosomas cada uno- se forma una nueva célula compuesta por 46 cromosomas que contiene la totalidad de las características del ser humano.

Como queda dicho, solo en base a un inadmisible acto de fe en la magia más rudimentaria puede sostenerse que diez minutos después del nacimiento estamos frente a un ser humano pero no diez minutos antes. Como si antes del alumbramiento se tratara de un vegetal o un mineral que cambia súbitamente de naturaleza. Quienes mantienen que en el seno materno no se trataría de un humano del mismo modo que una semilla no es un árbol, confunden aspectos cruciales. La semilla pertenece en acto a la especie vegetal y está en potencia de ser árbol, del mismo modo que el feto pertenece en acto a la especie humana en potencia de ser adulto.

De Mendel a la fecha, la genética ha avanzado mucho, Jérôme Lejeune, el célebre profesor de genética de La Sorbona, escribe: “Aceptar el hecho de que con la fecundación comienza la vida de un nuevo ser humano no es ya materia opinable. La condición humana de un nuevo ser desde su concepción hasta el final de sus días no es una afirmación metafísica, es una sencilla evidencia experimental”.

La evolución del conocimiento está inserta en la evolución cultural y, por ende, de fronteras móviles en el que no hay límite para la expansión de la conciencia moral. Constituyó un adelanto que los conquistadores hicieran esclavos a los conquistados en lugar de achurarlos. Más adelante quedó patente que las mujeres y los negros eran seres humanos, que se les debía el mismo respeto que a otros de su especie. En nuestro caso, la secuencia embrión-mórula-blastocisto-feto-bebe-niño-adolecente-adulto-anciano no cambia la naturaleza del ser humano. La implantación en la pared uterina (anidación) no implica un cambio en la especie, lo cual, como señala Ángel S. Ruiz en su obra sobre genética “no añade nada a la programación de esa persona”, y dice que sostener que recién ahí comienza la vida humana constituye “una arbitrariedad incompatible con los conocimientos de neurobiología”. La fecundación extracorpórea y el embarazo extrauterino subrayan este aserto.

Se ha dicho que el feto es “inviable” y dependiente de la madre, lo cual es también cierto, del mismo modo que lo son los inválidos, los ancianos y los bebes recién nacidos, de lo cual no se sigue que se los pueda exterminar impunemente. Lo mismo puede decirse de supuestas malformaciones: justificar las matanzas de fetos justificaría la liquidación de sordos, mudos e inválidos. Se ha dicho que la violación justifica el mal llamado aborto, pero un acto monstruoso como la violación no justifica otro acto monstruoso como el asesinato. Se ha dicho, por último, que la legalización del aborto evitaría las internaciones clandestinas y antihigiénicas que muchas veces terminan con la vida de la madre, como si los homicidios legales y profilácticos modificaran la naturaleza del acto.

Entonces, en rigor no se trata de aborto sino de homicidio en el seno materno, puesto que abortar significa interrumpir algo que iba a ser pero que no fue, del mismo modo que cuando se aborta una revolución quiere decir que no tuvo lugar. De más está decir que no estamos aludiendo a las interrupciones naturales o accidentales sino a un exterminio voluntario, deliberado y provocado.

Tampoco se trata en absoluto de homicidio si el obstetra llega a la conclusión -nada frecuente en la medicina moderna- de que el caso requiere una intervención quirúrgica de tal magnitud que debe elegirse entre la vida de la madre o la del hijo. En caso de salvar uno de los dos, muere el otro como consecuencia no querida, del mismo modo que si hay dos personas ahogándose y solo hay tiempo de salvar una, en modo alguno puede concluirse que se mató a la otra.

Se suelen alegar razones pecuniarias para abortar, el hijo siempre puede darse en adopción pero no matarlo por razones crematísticas, porque como se ha hecho notar con sarcasmo macabro, en su caso “para eso es mejor matar al hijo mayor ya que engulle más alimentos”. Como ha dicho Ronald Reagan: “Tienen suerte los abortistas de que no se les haya aplicado las recetas que ellos patrocinan”.

La lucha contra este bochorno en gran escala reviste mucha mayor importancia que la lucha contra la esclavitud, porque por lo menos en este caso espantoso hay siempre la esperanza de un Espartaco exitoso, mientras que en el aborto no hay posibilidad de revertir la situación.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

¿Qué son peores? ¿Gobiernos desbocados, empresarios prebendarios o ladrones de bancos?

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 12/9/20 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/09/12/que-son-peores-gobiernos-desbocados-empresarios-prebendarios-o-ladrones-de-bancos/

FOTO DE ARCHIVO: Una bandera argentina flamea sobre el Palacio Presidencial Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina 29 octubre, 2019. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

FOTO DE ARCHIVO: Una bandera argentina flamea sobre el Palacio Presidencial Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina 29 octubre, 2019. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Para una evaluación que responda al interrogante que plantea el título de esta nota periodística, es indispensable remitirnos al significado de la ley. Para ello nada mejor que aludir al texto del decimonónico Frederic Bastiat titulado precisamente La Ley, publicado originalmente en 1850 y traducido por vez primera al castellano de la versión francesa en 1959 por el Centro de Estudios sobre la Libertad de Buenos Aires, antes incluso que la versión inglesa de 1964. Desde entonces se han publicado varias ediciones en distintos idiomas, la última en 2005 en castellano por Alianza Editorial de Madrid.

Bastiat fue un prolífico escritor, fundador de la célebre Asociación Francesa de Libre Comercio, frecuente colaborador del Journal des Economistes, diputado en las cortes francesas, gran amigo del notable polemista inglés Richard Cobden y ferviente estudioso de los clásicos del liberalismo. Sus abultados textos están recopilados en tres obras: Armonías económicasSofismas económicos y Ensayos de política económica. En el prólogo que el premio Nobel en economía Friedrich Hayek escribe para este último libro, concluye que Bastiat “tenía un don especial para ir al corazón de los problemas” y Joseph Schumpeter en su Historia del análisis económico lo considera “el periodista económico más brillante de la historia”. Se han publicado numerosas tesis doctorales sobre este eminente pensador, tal vez la más difundida sea la de Dean Russell presentada y aprobada en el Instituto de Estudios Internacionales para Graduados de la Universidad de Ginebra, en 1959, titulada Frederic Bastiat. Ideas and Influences.

Vamos entonces a un introito sobre significado de la ley que desafortunadamente pocos graduados de abogacía entienden hoy, puesto que la gran mayoría no son abogado -que significa defensores del derecho- y son en cambio estudiantes de legislaciones que pueden recitar sus números, incisos y párrafos pero se desentienden de los mojones o puntos de referencia extramuros de la ley positiva. En este sentido, salvo honrosas excepciones, en nuestra época el positivismo legal ha hecho estragos lo cual, entre otras cosas, no permite ver que la igualdad ante la ley está indisolublemente atada a la noción de Justicia en el contexto clásico de “dar a cada uno lo suyo” y lo suyo remite a la propiedad privada que a su vez está anclada a los procesos de mercado abierto y el consecuente respeto recíproco.

La institución de la propiedad privada existe no solo referida a la personalidad de cada cual y a su vida sino a lo adquirido de modo legítimo. Tal como se ha consignado en otras oportunidades, la asignación de derechos de propiedad se torna indispensable a los efectos de darle el mejor empleo posible a los siempre escasos factores de producción: los que aciertan en las necesidades del prójimo obtienen ganancias y los que yerran incurren en quebrantos.

En esta línea argumental, el mayor aprovechamiento de esos recursos se traduce en incrementos en los salarios e ingresos en términos reales. En la visión opuesta Marx y Engels en el Manifiesto Comunista sostienen que “todo el programa comunista puede resumirse en la abolición de la propiedad privada”. Ludwig von Mises, al contrario, en Liberalismo explica que “todo el programa del liberalismo se traduce en el respeto a la propiedad privada”. Es del caso recordar que este último autor demostró que como la abolición de la propiedad significa la eliminación de los precios de mercado, en un sistema socialista coherente no hay forma de evaluar proyectos, calcular y llevar contabilidad. Las consideraciones técnicas carecen de sentido sin precios, como explica Mises: puede fabricarse agua sintética desde el punto de vista técnico con dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno pero se necesitan precios para saber si es viable.

Pasado este introito, veamos el análisis magistral de Bastiat en torno al corazón de la ley como sinónimo de derecho y no mera legislación (de paso recordemos que Juan Bautista Alberdi -el autor intelectual de la Constitución fundadora en tierras argentinas- resume la idea al escribir que “saber leyes, pues, no es saber derecho”). Bastiat se pregunta y responde: “¿Qué es la ley? Es la organización colectiva del derecho individual de legítima defensa”. A continuación escribe: “Tal como la fuerza de un individuo no puede legítimamente atentar contra la persona, la libertad o la propiedad de otro individuo, por la misma razón la fuerza común no puede aplicarse legítimamente para destruir la persona, la libertad o la propiedad de individuos”.

Bastiat conocía bien a los autores de la Escuela Escocesa, Adam Smith, Ferguson y Hume en cuanto a la trascendencia del orden espontáneo y la incipiente idea en cuanto a que el conocimiento está fraccionado y disperso entre millones de personas que se coordinan cada uno persiguiendo su interés personal sin lesionar derechos de terceros y, asimismo, la ignorancia se concentra cuando megalómanos intervienen en el mercado provocando desabastecimientos y desajustes varios que redundan en perjuicio de todos pero muy especialmente en el bolsillo de los más necesitados. Así nuestro autor, siempre en su trabajo sobre la ley, nos dice: “Puede afirmarse aún que gracias a la no intervención del Estado en los asuntos privados, las necesidades y las satisfacciones se desarrollarían en el orden natural”. Pero afirma que desafortunadamente los gobiernos han “procedido en forma contraria a su propia finalidad, han destruido su propia meta: se han aplicado a aniquilar aquella justicia que debían hacer reinar, a borrar, entre los derechos, aquellos límites que era su misión hacer respetar, ha puesto la fuerza colectiva al servicio de quienes quieren explotar” y concluye que se trata de la “completa perversión de la ley” ya que “no podía pues introducirse en la sociedad un cambio más grande y una mayor desgracia que esto: la ley convertida en instrumento de expoliación”. Y cómo reconocer el robo legal, se pregunta Bastiat y responde: “Es muy sencillo. Hay que examinar si la ley quita a alguno lo que le pertenece para dar a otros lo que no les pertenece”.

El pensador francés afirma que toda esta flagrante tergiversación y degradación de la ley coloca a las personas en una encrucijada: “Cuando la ley y la moral se encuentran en contradicción, el ciudadano se encuentra en la cruel disyuntiva de perder la noción de la moral o de perder el respeto a la ley”. Más adelante en su estudio sustancioso sobre la ley señala la fenomenal incomprensión que revela la equivocada noción que cuando se apuntan los desaguisados de los aparatos estatales metidos en áreas que exceden su misión específica de protección de los derechos de todos “que son anteriores y superiores a la existencia de los gobiernos” para nada quiere decir que se está en contra de tal o cual emprendimiento, solo se dice que no le compete al monopolio de la fuerza llevarlo a cabo ya que inexorablemente contradice lo que hubiera hecho o de que modo lo hubiera hecho la gente si hubiera podido utilizar libremente el fruto de su trabajo.

En este sentido, Bastiat subraya en una última cita que hacemos, también muy jugosa: “Hay que decirlo: hay en el mundo exceso de grandes hombres, hay demasiados legisladores, organizadores, instituyentes de sociedades, conductores de pueblos, padres de naciones etc. Demasiada gente que se coloca por encima de la humanidad para regentearla, demasiada gente que hace oficio de ocuparse de la humanidad. Se me dirá: usted que habla, bastante se ocupa de ella. Cierto es. Pero habrá de convenirse que lo hago en un sentido y desde un punto de vista muy diferentes y que si me entrometo con los reformadores, es únicamente con el propósito de que suelten el bocado”.

Recién después de haber marcado estas fundamentalísimas disquisiciones sobre la ley y los engendros que se provocan cuando se aparta del derecho, recién ahora entonces podemos responder y evaluar el interrogante con que titulamos esta nota. Nada cambia por el hecho de que una multitud apruebe un desatino, no por eso deja de ser desatino. Tal como ha escrito Benjamin Constant, que tanto inspiró a Bastiat: “La voluntad de todo un pueblo no puede hacer justo lo que es injusto”, por otra parte un concepto que viene desde Cicerón, quien destacó: “El imperio de la multitud no es menos tiránico que la de un hombre solo” y, entre nosotros, Juan González Calderón ha dicho que “los demócratas de los números ni de números entienden puesto que parten de dos ecuaciones falsas: 50% más 1%=100% y 50% menos 1%=0%”.

Entonces los gobiernos desbocados traicionan abiertamente el sentido de la ley y la convierten en robo legal, en usurpación y en expoliación al fruto del trabajo ajeno, es decir, le dan la espalda a la misión por la que existen los aparatos estatales de garantía y protección a los derechos. Este es el sentido del derecho a la resistencia a la opresión intolerable desde John Locke en adelante inscripta en muchos declaraciones de independencia comenzando por la estadounidense, es decir la legitimidad de un contragolpe para frenar los golpes extremadísimos y repetidos a las instituciones republicanas, lo cual se hizo en muchos casos, unos con suerte como la antedicha independencia norteamericana y otros con desvíos atroces como el contragolpe de Castro a los reiterados golpes perpetrados por Batista contra las instituciones republicanas en lo que hoy es la isla-cárcel cubana.

La usurpación con apoyo electoral no modifica la usurpación en todos los actos en los que el Leviatán da manotazos vía impuestos insoportables, inflaciones colosales y deudas astronómicas al efecto de financiar gastos gubernamentales elefantiásicos empleados para aplastar a súbitos indefensos.

En cuanto al caso de empresarios prebendarios, las alianzas con el poder de turno para explotar a sus congéneres constituyen también un atraco. Y cuando los privilegios se esgrimen debido a la necesaria protección, debe señalarse que no hay derecho a que endosen sus costos sobre las espaldas del resto de los habitantes puesto que si no contaran con los suficientes recursos para hacer frente a los primeros períodos de sus proyectos deberán vender su idea a otros en el mercado local o internacional, pero si nadie le compra ese proyecto es porque está mal evaluado lo cual tampoco justifica recurrir coactivamente al bolsillo ajeno.

Finalmente, el ladrón de bancos o sus equivalentes siendo a todas luces repudiables por lo menos tienen la idea de que lo que hacen contradice los valores de los asaltados. Por eso se cubren la cara y generalmente operan en la oscuridad de la noche, mientras que los gobernantes desbocados y los empresarios prebendarios asaltan a cara descubierta, de día y con el apoyo del monopolio de la fuerza convertida de contrabando con apariencia de ley disfrazada de derecho. Por eso es que el antes referido Alberdi escribió: “El ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado, en nombre de la utilidad pública”. A eso agrega su condena al proteccionismo empresario, que sostiene es “la protección a la estupidez y a la pereza, el más torpe de los privilegios” (Obras Completas, tomo IV, pp.165 y 182 respectivamente).

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Capital y reforma social “fiscal”

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2020/09/capital-y-reforma-social-fiscal.html

“En cuanto al “origen del capital”, señala Wagner, este puede originarse en el trabajo o en el ahorro, o puede haberse obtenido gratuitamente sin esfuerzo alguno. En lo que respecta a estos últimos capitales, la imposición es indispensable, pues traduce un propósito fiscal con miras de reforma social.

Relacionado con el “empleo” del capital menciona que puede ser improductivo, es decir, no destinarse a la producción de nuevas riquezas, en cuyo caso debe ser gravado como si fuera una porción de la renta. Por último, referente al “empleo del producto del capital”, cuando en lugar de ser destinado a gastos de consumo se destina a gastos de establecimientos, es gravable porque no destruye al capital, sino que transforma el capital “individual” en “capital nacional”. Verbigracia: cuando se destina el producto de los impuestos sobre el capital a la construcción de ferrocarriles, caminos, canales, etcétera.”[1]

¿De que “reforma social” habla Wagner? Bastante probablemente de la que tenía en mente él. Su propia “reforma social”. Cada socialista -es muy sabido- quiere modelar la sociedad a su gusto, ningún socialista ha escapado a esta tentación. Proudhon, Sismondi, Marx, Engels, Lenin. Stalin, Pol Pot, Castro, etc. todos ellos pretendieron “reformar” la sociedad de acuerdo a sus ideas. Es decir, imponer sus opiniones por sobre la voluntad de los demás mediante la fuerza o la amenaza de aplicarla. Y este autor no es una excepción como se puede apreciar. Obviamente que la fiscalidad es el remedio infalible para que cada ingeniero social de estos pueda amoldar la sociedad a su gusto y placer. Pero ello implica violar las preferencias de todos los demás, es decir, de aquellos a quienes aspiran a dirigir. Hitler y Mussolini, también fueron “reformadores sociales”, querían una sociedad aria, libre de impurezas raciales. Lenin, Stalin y sus sucesores en el poder deseaban una sociedad sin burguesía, donde sólo reinara el proletariado. No importa que proyecto tenga en mente el “reformador social”, siempre necesitará de acudir a la violencia para ver su sueño plasmado en la realidad social. Y los autores que venimos comentando no son excepciones a ese espíritu totalitario.

En el mercado, cuando el capital es improductivo deja de ser capital, o bien pasa a otras manos por medio del mercado libre que lo empleará productivamente. Si se lo grava se impide la acción productiva del mercado, y una vez en posesión de los burócratas fiscales dejará definitivamente de ser capital, porque el capital -por definición- sólo puede ser privado, nunca estatal. También únicamente el mercado puede decidir y definir qué es y no es riqueza, nunca el burócrata ni el sr. Wagner.

Cuando se grava el beneficio del capital se está gravando al capital indirectamente, por lo que es falso lo que afirma Wagner. El establecimiento forma parte del capital (o Wagner no sabe cómo se conforma el capital). El capital tiene que ser lo suficientemente grande como para que dé sus frutos, el propietario pueda abastecer sus consumos y los de su familia, salarios con los cuales posibilita el consumo de sus empleados y -además- reinvertir los beneficios, para que su capital pueda seguir rindiendo esos frutos y cumpliendo con esas metas.

El impuesto que propone Wagner (y todos aquellos que celebran sus ideas) impide todo este circuito. Parece que Wagner cree que el capital “crece en los árboles”, o que “el árbol” es el capital y que el árbol no nació, ni se formó nunca, sino que siempre estuvo plantado allí. No sabe que del fruto sale la semilla y de esta nace el árbol.

Pero el árbol no siempre estuvo allí, alguien primero debió plantarlo, abonar la tierra, fertilizarla, regarla constantemente. El impuesto es al capital como la sequía y la falta de cuidado del agricultor es al árbol. Terminan destruyéndolo.

No es posible saber si dicha visión socialista es ingenua o realmente malintencionada.

“3. Definición de los impuestos. Depende del contenido que se le asigne al impuesto, del objeto que grava, de su repercusión, la definición que la doctrina le ha dado. Desde la antigua definición de Montesquieu que dice que “las rentas del Estado (comprendiendo en ellas, naturalmente, al impuesto) son las partes de sus bienes que da cada ciudadano para tener seguro el resto o gozar de él agradablemente”, con lo que retrata la teoría del seguro, a la que ya nos hemos referido, hasta la novísima, como la de Eheberg que considera al impuesto como “las exacciones del Estado y demás corporaciones de derecho público que se perciben de un modo y en una cuantía unilateralmente determinada por el poder público, con el fin de satisfacer las necesidades colectivas” —hay definiciones de las más variadas y dignas de satisfacer los gustos más exigentes. Así, el español Colmeiro, expresa: “Llámase impuesto o contribución la cuotaparte de su fortuna, que el ciudadano pone en las manos del gobierno para atender a las cargas del Estado”. Carreras y González, del mismo origen, establece: “Llámase contribución, pecho, talla, tributo o subsidio aquella parte del haber de los particulares que se destina directamente a satisfacer las necesidades del Estado” y Piernas y Hurtado, define: “El impuesto puede definirse: la participación que legalmente toma la sociedad en los fines del Estado” (*).”[2]

Todas estas definiciones pecan de un mismo defecto. Tratan del “estado” como un ente “real” cuando es mítico y, por consiguiente, los mitos no pueden adolecer de “necesidades”; en segundo lugar ,todas dan por sentado la “necesidad” de que unos individuos (que a sí mismos se atribuyen la condición de “estado” cuando no son más que meros burócratas) violenten la propiedad de terceros (a quienes designan como “contribuyentes”) para robarles recursos que usufructuarán esos burócratas bajo la excusa de estar cumpliendo los fines del “estado” que -por lo ya visto- no puede tener “fines” ya que no es un ser real dotado de mente ni voluntad. Ellos usan la palabra “estado” para no tener que utilizar el vocablo “gobierno”, rótulo este que designa al conjunto de burócratas que mediante la potestad de dictar leyes y reglamentaciones persiguen someter al resto de son congéneres a sus dictados para satisfacer los deseos y voluntades de esos burócratas.


[1] Mateo Goldstein. Voz “IMPUESTOS” en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15 letra I Grupo 05.

[2] Goldstein, M. ibidem.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

El caos puede apoderarse pronto de Guyana

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 3/8/20 en: https://www.eldiarioexterior.com/el-caos-puede-apoderarse-pronto-50460.htm

La sombra de una posible guerra civil está lentamente apareciendo

Hace ya un poco más de cuatro meses que Guyana tuvo sus elecciones nacionales, en un marco relativo de orden y paz. No obstante, insólitamente aún no se han confirmado sus resultados.

Por ello, la sombra de una posible guerra civil está lentamente apareciendo en el mencionado país sudamericano, que luce comprensiblemente tenso. Más aún, bastante nervioso.

El actual presidente, David Granger, insólitamente aún no ha aceptado los resultados que, por lo demás, sugieren preliminarmente que ha salido perdidoso de la reciente compulsa electoral. Esto es, derrotado por el denominado Partido del Pueblo Progresista. Pero hoy, las acusaciones de fraude electoral pululan fértilmente en el pequeño ambiente político local.

Desde el CARICOM alertan -con meridiana claridad- que el mencionado David Granger está “jugando con fuego”, en su todavía silenciosa amenaza de desconocer el veredicto de las urnas. Y así parece, efectivamente.

Tanto desde la OEA, como desde los Estados Unidos, se descuenta que Granger fue efectivamente derrotado. Por escaso margen. Pero fue vencido.

Los norteamericanos, por su parte, en prueba de descontento, ya han iniciado medidas sancionatorias, por el momento limitadas a restricciones a la emisión de visas.

Lo que acontece está demorando al avance de la explotación de los hidrocarburos, emplazados en yacimientos “costa afuera”, que fueran descubiertos por Exxon en el yacimiento denominado Payará. Se estima que, por lo menos, esa demora será de un año, quizás más. Esto no es para aplaudir, desde que posterga la obvia mejora del nivel de vida local, puesto que hablamos de nada menos que unos 8 billones de barriles de crudo, de buena calidad.

Por todo lo antedicho se cierne una posible tormenta, cuya materialización dependerá, en definitiva, de que las autoridades actuales acepten que su pueblo les ha pedido desde las urnas, nada menos que dar un democrático “paso al costado”.

Alguna vez se dijo que si la honradez no fuera un deber, por lo menos debería ser un cálculo. De esto se trata en Guyana. Y el presidente David Granger debe comprenderlo. Si se transforma en dictador, todos en la multirracial Guyana sufrirán. Inexorablemente.

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Fue profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

El peligro inmenso de los empresarios prebendarios

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 1/8/20 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/08/01/el-peligro-inmenso-de-los-empresarios-prebendarios/

En una sociedad abierta, el empresario es un benefactor de la comunidad: lleva a cabo sus operaciones con el fin de mejorar su propio patrimonio, pero para lograr ese propósito está obligado a servir a su prójimo

Vista de la Casa Rosada (iStock)
Vista de la Casa Rosada (iStock)

Adam Smith en su obra cumbre de 1776 se refiere a las propuestas de comerciantes contrarios a la competencia y aliados al poder de turno de este modo: “Es preciso siempre escuchar con los mayores recelos cualquier proyecto de ley o de ordenanza nuevas que proponga esta clase de personas […] cuyo interés no coincide jamás con el del público, de una clase de personas que tiene generalmente interés en engañar e incluso en oprimir al público y que por ello han engañado y oprimido, efectivamente, en muchas ocasiones”.

Los problemas apuntados se redoblan para la comunidad cuando cámaras empresarias adhieren a las prebendas. Ya he escrito sobre el significado del peronismo en distintas ocasiones, lo cual no reiteraré en esta oportunidad pues nos desviaría del aspecto central que pretendo abordar en esta nota periodística, por lo que me limito a reproducir algunas de las declaraciones de cámaras empresarias durante el régimen que Roberto Aizcorbe transcribe en su libro titulado Revolución y decadencia. Así en 1946, la Bolsa de Comercio sostuvo respecto al primer Plan Quinquenal que “nadie podrá negarse a apoyar todo lo que se relaciona con los propósitos perseguidos”. En 1948 la Sociedad Rural afirmó que “la palabra del Primer Magistrado traduce todo un programa en la materia y merece el beneplácito de los productores agropecuarios”. En 1950 la Cámara de Industriales Metalúrgicos pontificó respecto a Eva Perón que “es dado advertir la bienhechora influencia de quien con verdadera veneración ha podido ser llamada la Dama de la Esperanza”. El primero de septiembre de 1955 un grupo empresario encabezado por Alfredo Fortabat insistió en que se “reclama la permanencia del general Perón en la presidencia de la república”.

Es que el empresario se caracteriza por desarrollar un sentido de oportunidad para detectar cuando los costos están subvaluados en términos de los precios finales y, por ende, sacar partida del arbitraje correspondiente. En un mercado libre cuando el comerciante da en la tecla con los gustos y preferencias de su prójimo obtiene ganancias y cuando yerra incurre en quebrantos. Pero el empresario como tal no está preparado en temas de filosofía política ni en los fundamentos de la economía por lo que si el monopolio de la fuerza que denominamos gobierno le ofrece prebendas en general las aceptará pues aparentemente resulta más cómodo y menos oneroso que esforzarse por competir en el mercado, aunque como veremos más abajo sus empresas quedan colonizadas por el poder político. Claro que además estos procedimientos tienen su contrapartida en el derroche de capital que implican cuando la gente se ve obligada a comprar más caro, de peor calidad o las dos cosas al mismo tiempo. Y, a su turno, el consecuente despilfarro inexorablemente conduce a la reducción de salarios e ingresos en términos reales puesto que estos dependen exclusivamente de las tasas de capitalización. Esto desde luego que no va para todos los empresarios, los hay que no solo comprenden los efectos negativos para la comunidad de las políticas de la prebenda sino que mantienen un sentido de la dignidad y de independencia.

Pero existe el riesgo de la tentación autoritaria y estatista, por lo que la actividad empresaria en una sociedad libre debe limitarse a operar en el mercado lejos de las redes políticas. Es común que los susodichos empresarios prebendarios argumenten que, por ejemplo, no debe abrirse la competencia internacional eliminando aranceles puesto que necesitan tiempo para ajustar sus actividades a la experiencia del exterior, sin percatarse de que no hay derecho a endosar sus costos sobre las espaldas de los consumidores. Si necesitan ese tiempo deben absorber los costos que demandan los primeros períodos con la idea de más que compensarse en las etapas subsiguientes y si mantienen que no tienen los recursos para afrontar semejante situación deben vender la idea a otros para lograr el objetivo. Y si nadie les compra la idea es porque el proyecto está mal evaluado, o estando bien presentado el negocio en cuestión si otros empresarios no aceptan el ofrecimiento es debido a que hay otros reglones que son aun más atractivos y como todo no puede llevarse a cabo al unísono puesto que los recursos son limitados, el proyecto de marras debe esperar a una mejor ocasión.

A veces el discurso se pone grandilocuente al referirse al comercio internacional, pero el concepto es exactamente el mismo si un vecino descubre un procedimiento más eficiente de producir un bien o prestar un servicio. Nadie en su sano juicio a esta altura del partido propondrá aduanas interiores para “protegerse” de la eficiencia. Los ríos, las montañas y los mares no modifican los nexos causales de las leyes económicas. Como hemos destacado antes, desde la perspectiva liberal la única razón por la que el globo terráqueo está dividido en naciones es para defenderse del riesgo fenomenal de la concentración de poder en un gobierno universal, pero tomarse en serio las fronteras constituye una sandez mayúscula. Las culturas alambradas son una muestra de regresión a la edad de piedra.

El empresario en una sociedad abierta es un benefactor de la comunidad, no porque haga las cosas por filantropía. Lleva a cabo sus operaciones con el fin de mejorar su propio patrimonio pero para lograr ese propósito en un mercado libre está obligado a servir a su prójimo. En este sentido, hay autores que han sostenido que debieran sustituirse en las plazas públicas los monumentos de militares y políticos y colocar monumentos a empresarios puesto que los primeros muchas veces ponen palos en la rueda mientras que los segundos son los que resuelven los problemas de los transportes, comunicaciones, alimentación, vestimenta, fármacos y todo cuanto se nos ocurra. Pero reiteramos que esto ocurre cuando el empresario opera en el terreno que le es propio sin politizarse y mucho menos combinarse en aquella cópula hedionda con el gobierno del momento para explotar miserablemente a la gente en cuyo contexto actúan como aplaudidores oficiales, es decir, agentes rastreros y serviles del aparato estatal.

El premio Nobel en economía George Stigler señala en Placeres y dolores del capitalismo que “han sido ellos, los empresarios, quienes han convencido a los gobiernos que iniciaran controles sobre las instituciones financieras, los sistemas de transportes, las comunicaciones, las industrias extractivas, etc.” y a continuación subraya que es ingenuo pensar que solo ellos serán los beneficiarios y no otros sectores pero “el Estado no es una concubina, sino una ramera”. Robert Nozick coincide en esta conclusión en su obra más divulgada: “Gran parte de la regulación gubernamental de la industria está originada y está dirigida a la protección contra la competencia que promueven las empresas establecidas”. Y Richard McKenzie en su libro que lleva el sugestivo título de Usando el poder gubernamental: los empresarios contra la libre empresa afirma que “cuando no hay límites en la acción gubernamental, los empresarios compiten por el uso del poder gubernamental. También el prominente empresario estadounidense Charles Koch declara: “¿Qué está pasando aquí? ¿Los dirigentes empresarios se han vuelto locos? ¿Por qué están autoaniquilándose debido a la voluntaria y sistemática entrega de ellos mismos y sus empresas a reglamentaciones gubernamentales? La contestación desde el luego es simple. No, los empresarios ejecutivos no comparten el deseo del suicidio colectivo. Ellos piensan que obtienen ventajas especiales para sus empresas, pero se están engañando. En realidad están vendiendo su futuro”.

Exactamente esta es la explicación: los empresarios prebendarios están rematando sus empresas, su familia y su futuro al entregar el sistema a las fauces del Leviatán. Como ha escrito el antes mencionado profesor McKenzie, “los empresarios necesitan la libre empresa porque es un sistema que los protege contra ellos mismos”, además de beneficiar a toda la comunidad, muy especialmente a los que menos tienen.

Dejando de lado las donaciones, solo hay dos formas de enriquecerse: sirviendo al prójimo o expoliándolo. En la sociedad libre, los arreglos contractuales voluntarios hacen posible obtener ventajas recíprocas, mientras que el robo al fruto del trabajo ajeno es característica medular del estatismo donde los gobiernos abandonan su misión de proteger las autonomías individuales y los consecuentes derechos de las personas que son anteriores y superiores a la existencia de los aparatos estatales. En la antigüedad, los reyes y emperadores otorgaban permisos y licencias para todas las actividades de sus súbitos, mientras que los mercados libres abolieron esos privilegios y barreras, una situación que los empresarios prebendarios apuntan a revertir al efecto de volver a las edades de las cavernas.

Resulta en verdad paradójico que muchos de los burócratas modernos la emprenden contra los genuinos empresarios mientras cobijan a los prebendarios, esto es, atacan a los benefactores de la humanidad y defienden a los explotadores. Esto es así en gran medida porque buena parte de los políticos nunca han tenido nada que ver con el trabajo honesto en una empresa y no tienen la más pálida idea de que significa. Esta es una razón adicional para adoptar sugerencias en cuanto a que, por ejemplo, los miembros del Poder Legislativo trabajen en ese campo tiempo parcial y de manera muy limitada para no solo poner coto al absurdo y contraproducente ímpetu legislativo sino para que los legisladores se ganen el sustento en el mercado y no vivan solamente a costa de los que trabajan en faenas legítimas y todavía se burlan de sus ocupaciones que consideran subalternas a sus designios imperiales.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Soberanía alimentaria: otra sandez

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 10/6/2020 en: https://eleconomista.com.ar/2020-06-la-soberania-alimentaria-otra-sandez/

 

Tal como hemos advertido en diversas circunstancias, hoy el Gobierno sigue los lineamientos del chavismo y si no se revierte a tiempo terminará en la misma tragedia venezolana.

Ahora se anuncia la expropiación de una empresa centenaria con gran presencia en la exportación agroindustrial, harinas, aceites, la ganadería, la industria frigorífica y la vitivinicultura. Se presentó en concurso de acreedores debido a un pasivo de más de US$ 1.000 millones con bancos y más de US$ 300 millones adeudados con el sector agrícola.

Como es de público conocimiento, el gasto estatal se encuentra a niveles astronómicos lo cual hace que la carga tributaria resulte descomunal, la deuda, hoy nuevamente en proceso de “renegociación”, ha escalado a niveles insostenibles a lo que se agrega una expansión monetaria colosal en un contexto de amenazas a la libertad de prensa, proyectadas reformas inauditas al Poder Judicial, querellas frenadas por sonados casos de corrupción y la pretensión de endosar el manejo presupuestario a la jefatura de gabinete lo cual es función primordial del Poder Legislativo. Como si esto fuera poco, este enjambre se lleva a cabo machacando con las fallidas recetas de controles de precios y embates contra comerciantes.

¿Será posible que en lugar de encaminarnos hacia los principios alberdianos que en su momento hicieron de nuestro país uno de los más prósperos del planeta, nos encaminemos a la profundización del estatismo que nos viene hundiendo en el fango desde hace ocho décadas? ¿Será posible que no nos hayamos dado cuenta de los estrepitosos fracasos que ha provocado el estatismo en todo el mundo donde se ensayó?

Si no fuera dramático podríamos decir que lo que ocurre es digno de una producción cinematográfica de Woody Allen. Se vuelve a repetir la cantinela que la expropiación de marras “es una decisión estratégica del Gobierno” y que “rescatará la empresa y preservará las fuentes de trabajo”, sin percatarse que es la población que debe agregar al ya gigantesco peso que debe soportar cotidianamente con el fruto de su trabajo para todavía tener que financiar una aventura adicional. Esto es lo ideal para que se derrumben aún más los salarios e ingresos en términos reales. No son los gobernantes los que contribuyen de su peculio a estas financiaciones (ni ninguna otra), son los habitantes que deben absorber semejantes gastos adicionales lo cual acentúa la bancarrota al tiempo que ahuyenta a inversores potenciales locales y del extranjero pues resulta un riesgo superlativo el atreverse a encarar actividades económicas en un clima semejante.

Lo dicho también alude a una ridícula “soberanía alimentaria” que ha conducido a las hambrunas más espeluznantes en todos lados donde los aparatos estatales pretendieron inmiscuirse en la administración de alimentos, a lo que se acumulan las ya deficitarias empresas estatales. Como es sabido, la característica medular de una empresa es el arriesgar recursos propios, el dar un manotazo y poner en riesgo por la fuerza recursos de terceros no constituye una actividad empresarial. El mismo establecimiento de una empresa estatal significa que inexorablemente se altera la prioridad que establecen los consumidores con los siempre escasos recursos. Si, en cambio, la empresa estatal se ubicara en lo mismo que la gente prefiere no tiene sentido su intervención si va a hacer lo mismo que hubieran realizado las personas libremente con el consiguiente ahorro de gastos burocráticos.

Por lo dicho, politizar la actividad empresarial es lo peor para la salud de la economía. La asignación de los derechos de propiedad permite en una sociedad libre que obtengan ganancias los comerciantes que dan en la tecla respecto a los gustos de sus semejantes y que incurran en quebrantos los que no aciertan. Este proceso sanador contrasta con llamados empresarios, en verdad asaltantes, que se alían con el poder de turno para obtener privilegios que siempre atentan contra el bienestar de la población.

Es reconfortante la reacción y la preocupación por estas medidas alarmantes puestas en evidencia por destacados periodistas, sustanciosos colegas y la parte de la actual oposición liberada de los fracasos estrepitosos del Gobierno anterior. Es de desear que se recapacite antes de caer en el pestilente pozo venezolano donde el “exprópiese” resuena como un alarido mortal.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Argentina se “chaviza”, para eso se hizo la cuarentena

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 4/6/20 en:  https://alejandrotagliavini.com/2020/06/09/argentina-se-chaviza-para-eso-se-hizo-la-cuarentena/

 

El chavismo y el kirchnerismo hicieron de todo con la corrupción ...

 

“Hay quienes piensan distinto a mí, incluso yo, al cabo del tiempo, pienso distinto a mí”, J.L. Borges.

El mundo vive un “estado de miedo”. A partir del partido comunista chino y la OMS -burocracia dirigida por un ex integrante del gobierno marxista de Eritrea- se instaló el terror entre el público por una “pandemia” que muestra ser, como han dicho especialistas serios como Pablo Goldsmith, otra gripe. De hecho, al Covid 19 se le atribuyen unas 420.000 muertes mientras que la OMS estima que anualmente por influenza mueren hasta 650.000 (en Argentina, son 32.000 al año).

Y el miedo provoca a la violencia que sojuzga, por eso el ¡No tengáis miedo!, con el que Juan Pablo II saludó desde la Plaza de San Pedro, al iniciar su Pontificado, en 1978, fue el lema de su trabajo. Porque sabía que el coraje es el opuesto a la violencia al punto que volteó a la URSS, sin sangre, sin guerras, con acciones pacíficas.

Con el miedo han instalado “cuarentenas” forzadas por el monopolio de la violencia estatal y los ciudadanos viven entre el temor al virus y a ser encarcelados si desobedecen el confinamiento. Y las justifican ridículamente, como el “informe” del fallido Imperial College que asegura que el confinamiento en 11 países de Europa ha evitado más de tres millones de muertes. Un verdadero acto de ciencia ficción o de ficción ciencia.

Por su parte, economistas como Juan Ramón Rallo, sin que le importe el derecho humano de la libertad, dice que muchos pensarán “que han sido las medidas de distanciamiento físico decretadas por el Gobierno las que han hundido la economía… En ausencia de imposiciones gubernamentales, dirán, tal vez el número de muertos hubiese sido mayor, pero buena parte de la economía seguiría en funcionamiento… conclusión… esencialmente errónea: incluso sin medidas de distanciamiento físico impuestas… los propios ciudadanos las aplicarían… hundiendo… la actividad económica…”.

En primer lugar, no hay evidencia de que “el número de muertos hubiese sido mayor” sino lo contrario. Pero lo importante es que, aun si los ciudadanos aplicaran las mismas medidas voluntariamente, cosa que dudo que hicieran de no ser por el pánico difundido desde los gobiernos, la diferencia sería fundamental: en un caso es la violencia del Estado que reprime al mercado, en el otro es el mercado que busca su desarrollo y equilibrio.

Esta violencia, estas cuarentenas, han producido daños globales enormes y los desnutridos aumentarán en cientos de miles. En Argentina, por caso, el Estado se ha agrandado siendo su última acción la intervención y futura expropiación de Vicentin, la mayor comercializadora de soja, que es una de las mayores exportaciones del país, como el petróleo para Venezuela.

Como señalan I. Cachanosky y A. Etchebarne, “la palabra expropiación en los labios de un gobierno que ha elogiado… (a) Maduro… genera honda preocupación… no es la primera empresa expropiada, y lo más grave es que probablemente no será la última”.

José Luis Espert, destacado economista y político, escribió que el presidente “dijo con toda claridad que quieren… asegurarse la soberanía alimentaria”. Según Víctor Salmerón, en 2007, Chávez anunció la “soberanía alimentaria”, y hasta 2012 el Estado tomó el control de 26 empresas en el sector de alimentos y fundó compañías de helados, sardinas y atún, expropió silos, centros de acopio y seis millones de hectáreas.

La tendencia en Argentina es hacia el chavismo, mas allá de la ideología, por la misma inercia, porque con la cuarentena se ha agrandado enormemente el Estado mientras se destruye al sector privado y, en un círculo vicioso, a medida que las empresas privadas vayan quebrando, siguiendo la misma ideología serán expropiadas y Estado tendrá el peso, y el autoritarismo, del venezolano.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Asesor Senior de The Cedar Portfolio, Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE. Síguelo como @alextagliavini

Coronavirus: elecciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 2/6/20 en: https://www.lanacion.com.ar/opinion/coronavirus-elecciones-consejo-seguridad-naciones-unidas-nid2372522

 

Por decisión expresa de los 193 miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las elecciones de los cinco nuevos “Miembros No Permanentes” de su Consejo de Seguridad no tendrán lugar el próximo 17 de junio, como estuviera originalmente previsto.

Para ello, ahora no habrá plenario, sino un procedimiento “ad hoc”, especial y secreto, al que se habrá de recurrir para tratar de evitar los contagios en tiempos de la dura pandemia de coronavirus que nos golpea a todos.

Simultáneamente, el mismo día, tendrá asimismo lugar la elección de los miembros del Consejo Económico y Social de la organización multilateral. También sin reunión presencial plenaria, obviamente.

Originalmente, la fecha para la elección era el 17 de junio. Ahora será el 20 de junio, pero reitero, sin que se haga una reunión plenaria, como es hoy natural.

Lo más relevante este año, en mi entender, será el regreso de la India al Consejo de Seguridad de la organización, aunque sólo por los próximos dos años, desde que la India no es uno de los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad.

La India es uno de los Estados de las Naciones Unidas que más activamente sostiene que la composición del Consejo de Seguridad de la organización no representa en modo alguno la realidad geopolítica actual, por lo que entiende que debería reformarse, de modo de que ella también tenga permanencia y, a la vez, derecho de veto.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Fue profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.