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El conflicto entre Bolivia y Chile por la salida boliviana al mar

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 11/10/18 en: https://www.lanacion.com.ar/2180681-el-conflicto-bolivia-chile-salida-boliviana-al

 

El 1º de octubre pasado, la Corte Internacional de Justicia dictó un esperado fallo
contra Bolivia en el litigio que el país del altiplano iniciara contra Chile respecto de la
presunta obligación trasandina de negociar una posible salida soberana al Océano
Pacífico para el país demandante.
Esa decisión es bien dura para el presidente de Bolivia, que había mantenido una
equivocada actitud triunfalista sobre el tema. Y hasta podría amenazar seriamente sus
pretensiones autoritarias de continuar eternizándose en el poder de su país. Su cerebro
y veterano compañero de ruta, el vicepresidente Álvaro García Linera, lo acompaña
ciertamente en la responsabilidad por el desastre judicial, desde que hasta pronosticó
equivocadamente “una gran derrota para Chile”.
Después de lo sucedido, el gobierno de Bolivia haría bien en restablecer las relaciones
diplomáticas con Chile, que han estado interrumpidas desde 1978. Y dejar de lado las
bravatas.
Para Evo Morales es hora de mirar cuidadosamente hacia adentro, desde que la
repentina candidatura presidencial del veterano Carlos Mesa tiene ciertamente
posibilidades de vencerlo el año que viene en una confrontación electoral limpia. Las
encuestas hoy dan a Mesa como posible ganador, en segunda vuelta.
En Chile, como consecuencia del fallo favorable, el respaldo al presidente Sebastián
Piñera subió tres puntos la semana pasada, alcanzando los nueve puntos de alza en las
últimas tres semanas. Como cabía esperar, por cierto.

Hoy, a estar a las encuestas de opinión, Sebastián Piñera tiene un significativo 51% de
apoyo popular y tan sólo un 37% de rechazo. Cuando ocurriera el inolvidable rescate de
los mineros chilenos atrapados, su apoyo -recordemos- fue del 73% y su rechazo de
apenas el 20%.
Otro ganador también claro es el ex Canciller de Chile, el incansable Heraldo Muñoz.
Las cifras muestran que su imagen es, en la actualidad, aún mejor que la del presidente
Piñera y que la del actual Canciller, Roberto Ampuero. Políticamente, esto es un
empujón nada desdeñable para quien parece seguir teniendo futuro en el escenario
político grande de Chile.
Pese a la meridiana claridad del reciente fallo del alto tribunal de La Haya, el 74% de los
chilenos sigue pensando que aún “hay temas pendientes” con Bolivia. Y es
probablemente así. Por lo menos hay que avanzar en dirección a tratar de normalizar la
relación bilateral y en imaginar cómo, de pronto, se puede mejorar el sistema de acceso
boliviano a los puertos oceánicos chilenos.
Sólo un 22% de los chilenos supone que, en esto, el diálogo con Bolivia “se acabó”. La
imagen de Evo Morales en Chile es realmente mala. Apenas un 24% de los chilenos cree
que su gobierno acatará el fallo. En espejo, un 70% de los chilenos supone que los
problemas con Bolivia no han terminado.
Ocurre que la impresión general externa respecto de Evo Morales, que no es buena, en
Chile es aún peor. Un 82% de los chilenos tiene una mala opinión de él y tan sólo un
escuálido 9% de los entrevistados chilenos manifiesta tener una opinión positiva sobre
Evo Morales. Casi nadie, queda visto.
En paralelo, un 93% de los entrevistados chilenos cree que Evo Morales “usó” el
conflicto con Chile para tratar de mejorar su deteriorada imagen doméstica. Hablamos
de una enormidad de respuestas. A lo que se suma que el 87% de los chilenos lo tilda de
ser “agresivo” y que, peor aún, el 74% lo califica de “hostil”. Quizás por todo esto, hoy un
sugestivo 39% de los chilenos se inclina por “no darle nada” a Bolivia respecto de sus
pretensiones territoriales.
En síntesis, respecto de Evo Morales no hay confianza, ni simpatía alguna, entre sus
vecinos del oeste. Lo que no es poca cosa, desde que sin un mínimo de confianza
recíproca no se podrá construir un camino común entre las dos naciones, de cara al
futuro.

Por esto la hora aparentemente llama ahora a examinar caminos de fomento de la
confianza que acerquen con generosidad a dos países que están distanciados y con una
negativa dosis de alta desconfianza recíproca.
La región, con actitud pacificadora, puede -y debe- colaborar en esto, aunque sólo si
cuenta con la buena voluntad y la buena fe de los dos países involucrados a los que el
conflicto sobre la salida al mar que Bolivia persigue parece haber separado
profundamente. Para Evo Morales, la hora además llama a dar, de una vez, un paso al
costado y dejar pasar lealmente a otros a los que el electorado boliviano legitime con sus
votos.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y fue Vice Presidente de ESEADE.

Contra la tiranía del statu quo

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 9/10/18 en: https://www.lanacion.com.ar/2179770-contra-tirania-del-statu-quo

 

Los beneficios sociales de eliminar el despilfarro son mayores que los costos, hay que usar la imaginación para salir del letargo en el que estamos desde hace 70 años

Los beneficios sociales de eliminar el despilfarro son mayores que los costos, hay que usar la imaginación para salir del letargo en el que estamos desde hace 70 años.

 

 

La cobertura por parte del FMI respecto a problemas que surgieron como consecuencia de la demora en adoptar medidas necesarias y urgentes por parte de la actual administración, brinda una oportunidad para meditar sobre el futuro de la economía de nuestro país aunque por el momento se pretenda paliar parte de lo que viene ocurriendo con tasas de interés explosivas.

 

En primer lugar subrayamos que tal como han señalado numerosos autores de la tradición de pensamiento liberal, el Fondo Monetario Internacional es una entidad financiada coactivamente con los recursos detraídos de los contribuyentes al efecto de brindar apoyo a gobiernos fallidos debido a políticas estatistas. Y cuando los gobernantes del caso están en plena crisis y a punto de verse obligados a rectificar sus conductas inapropiadas, irrumpe el FMI con carradas de dólares con préstamos a tasas de interés inferiores a las que corresponden al mercado y con períodos de gracias y eventualmente waivers lo cual en definitiva permite continuar con políticas desacertadas.

 

Estos han  sido los casos de Tanzania, Zaire, Sri Lanka, Nigeria, Mozambique, Indonesia, Rusia, Turquía, Haití, Bolivia, México, Rumania, Egipto y en repetidas ocasiones de Argentina. Es por ello que, por ejemplo, el premio Nobel  en economía James M. Buchanan junto a Anna Schwartz han sugerido la inmediata liquidación del FMI, una entidad que estiman sumamente contraproducente.

 

Es por eso que economistas de la talla de Doug Bandow y Ronald Vauvel destacan que esa organización internacional es responsable de fomentar la pobreza, en muy documentados ensayos que llevan respectivamente los sugestivos títulos “The IMF: A Record of Addiction and Failure” y “The Moral Hazard of IMF Lending”.

 

De todos modos en nuestro caso se trata de un hecho consumado por lo que,  como queda dicho,  dada la situación intentemos sacar partida del tiempo disponible para apuntar en una dirección que nos vuelva a colocar en las posiciones relevantes antes de que hicieran estragos los populismo vernáculos. Para este ejercicio sugiero no nos concentremos en los obstáculos para adoptar medidas de fondo -en muchos casos pretextos para la inacción- sino en su conveniencia puesto que elaborar sobre las vallas es un modo de obviar el debate. Por el contrario, es indispensable dar la discusión en primer término para luego esforzarnos en difundir la idea en dirección a su aplicación cuando le llegue el turno, pero nunca le llegará el turno si no enfrentamos el debate.

 

La banca central puede operar solo en una de tres direcciones: expandir, contraer o dejar inalterada la base monetaria. En cualquiera de estos caminos inexorablemente deteriorará los precios relativos, es decir, los únicos indicadores que tiene la economía para asignar los siempre escasos recursos, con lo que el consecuente derroche reduce salarios e ingresos en términos reales. No hay forma de salir del mencionado atolladero y si suponemos que los banqueros centrales tuvieran la bola de cristal y supieran que es lo que la gente prefiere en cuanto a oferta monetaria, no tendría tampoco sentido su existencia puesto que harían lo mismo que la gente reclama en cuanto a activos monetarios y no tendría sentido superponer decisiones con el consiguiente engrosamiento de gastos. Para saber que es lo que la gente demanda hay que dejarla que opere.

 

Resulta vital que la gente pueda elegir los instrumentos financieros con los que lleva a cabo todos sus contratos para lo cual, un primer paso consiste en abrogar el curso forzoso de la moneda local y si, además, se elimina el sistema bancario de reserva fraccional, la situación mejoraría grandemente al dejar sin efecto la producción secundaria de dinero.

 

No es pertinente ser arrastrados por declamaciones nacionalistas en cuanto a machacar con la idea de la denominada soberanía monetaria que no solo contiene una trampa letal para mantener presos a los ciudadanos a través de la apropiación del fruto del trabajo ajeno, sino que deja de lado que, en última instancia, la soberanía radica en las autonomías individuales y no en un trozo de papel con o sin respaldo.

 

Por su parte el tipo de cambio es un precio como cualquier otro y debe responder a las valorizaciones cruzadas de las partes contratantes y no decretar la flotación como si fuera una gracia que otorgan los aparatos estatales (dicho se de paso, generalmente flotación sucia).

 

Y resulta tragicómico cuando burócratas la emprenden contra la especulación sin percatarse que no hay acción humana que no sea especulativa,  esto es, que tenga como horizonte atender el interés personal del sujeto actuante cualquiera sea la naturaleza de los actos que se lleven a cabo. En el fondo se trata de una tautología puesto que no es concebible un acto que no esté en interés de quien lo ejecuta, con lo que se abre paso la especulación en el sentido de apuntar siempre a una situación más favorable que la anterior al acto desde el punto de vista de quien lo realiza.

 

En este contexto me parece de una importancia decisiva mostrar que estrictamente no hay tal cosa políticas monetarias y cambiarias adecuadas. Conviene reiterar lo que han escrito los premios Nobel en economía Friedrich Hayek y Milton Friedman.

 

El primero ha consignado que “Hemos tardado doscientos años en darnos cuenta del bochorno de unir a la religión con el poder político, es de desear que no demoremos otro tanto en darnos cuenta que la unión del dinero con el poder político es solo para succionar el fruto del trabajo ajeno” y  el segundo escribió que “El dinero es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de banqueros centrales”.

 

El  paréntesis en el que entramos en esta etapa por las razones apuntadas, además de que es hora de comenzar la campaña para desmitificar aquello de “la autoridad monetaria” (ninguna banca central de la historia ha preservado el poder adquisitivo de la unidad monetaria), también nos permite sopesar la necesidad de liberar recursos esterilizados en actividades gubernamentales incompatibles con un sistema republicano, lo cual es otra manera de aludir a la necesidad de cortar el elefantiásico gasto público.

 

Sin duda que esta medida conlleva costos pero el engrosamiento de los bolsillos de los recipiendarios permite reasignar factores productivos con lo que los salarios se elevan puesto que las tasas de capitalización constituyen la única causa de enriquecimiento. Los beneficios sociales netos de eliminar el despilfarro son infinitamente mayores que los costos, por lo que no es cuestión de pontificar acerca de la enfermedad y negarse a aceptar los medicamentos.

 

La eliminación de funciones (y no simplemente podas y enroques circunstanciales de funcionarios) permitirán encarar reformas sustanciales en la insoportable presión tributaria y el colosal endeudamiento público.

 

Necesitamos subir la vara de la excelencia y dejar de lado el espíritu conservador en el peor sentido de la expresión, dejar de lado lo que el antes citado Friedman ha condenado una y otra vez: la tiranía del statu quo y usar la imaginación para salir del letargo en el que nos encontramos sumidos desde hace siete largas décadas. Todos tenemos que contribuir en esta batalla cultural al efecto de correr la agenda hacia temarios de una sociedad abierta, lo cual resulta trascendental para nuestro futuro.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid).

El derecho de propiedad y su violación

Por Gabriel Boragina Publicado el 23/9/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/09/el-derecho-de-propiedad-y-su-violacion.html

 

Desde todos los ángulos imaginables se reclaman con urgencia “políticas públicas” como supuesta y única panacea a los males sociales. En rigor, las “políticas públicas” se encaminan más a la violación de la propiedad que a su defensa, y por eso bien se ha dicho al respecto que:

“La propiedad puede violarse tomando el producto que cualquier propietario debe a sus tierras, a sus capitales, o a su trabajo. La propiedad se viola poniendo frenos al libre uso de las propiedades, pues las leyes establecen que la propiedad implica el derecho de uso. “[1]

Este derecho de uso debe entenderse en sentido amplio, que incluya lo que jurídicamente se distingue como uso por un lado y disposición por el otro. La propiedad, considerada desde el punto de vista económico, comprende ambos, es decir, tanto el uso como la disposición. Jurídicamente, en cambio, la disposición implica desprenderse de la propiedad del bien en cuestión mediante cualquier acto legalmente idóneo para tal fin, como pueden ser la venta, comodato, permuta, darlo en usufructo, etc.

“Igualmente, la propiedad es violada cuando se obliga a un propietario a cultivar algo, o a impedirle hacer cierto cultivo. Cuando se fuerza cierto modo de cultivo, o se prohíbe.”[2]

Hay muchos instrumentos sutiles mediante los cuales los derechos de propiedad pueden ser vulnerados. La manera en que la propiedad puede ser menoscabada encuentra diferentes graduaciones, que van desde un mínimo a un máximo total o absoluto, que es cuando se afirma que la propiedad ha sido por completo abolida.

Pero también lo puede ser en parte. Esta parte puede ser mayor o menor, y fuerza es reconocer que -hoy en día- la propiedad no es absoluta en ninguna parte.

Si solamente consideramos la mera existencia de impuestos en todos los países del orbe, tenemos que llegar a la forzosa conclusión que cualquier impuesto (por mínimo que sea) implica detraer en forma compulsiva todo o parte del fruto del trabajo de un particular. En esa misma proporción se puede decir que el derecho de propiedad del sujeto afectado se encuentra violado. Y esto es así porque el elemento compulsivo es inseparable del concepto de impuesto.

La propiedad implica que, todo propietario tiene el derecho a desprenderse de todo o parte de su propiedad de manera voluntaria. Este elemento (el de la volición) está ausente si en su lugar se incorpora su antítesis (la compulsión)- y esta última es de la esencia más pura del impuesto, cuyo mismo nombre resulta significativo en cuanto a denotar la privación del componente de voluntariedad.  Donde hay un impuesto hay un ataque al derecho de propiedad. Cuestión distinta es que algunos consideren ese ataque necesario. Resulta bastante difícil, hoy en día, encontrar personas que apoyen o sostengan que los impuestos han de ser suprimidos.

La gran mayoría de nuestros congéneres (como postura extrema) se limita a postular su moderación en lugar de su más completa derogación. Resulta a la mayoría inimaginable siquiera sustituir el régimen impositivo y reemplazarlo por contribuciones voluntarias al sostén de los gastos que se derivan por la provisión de los llamados bienes públicos (concepto en sí mismo también objetable). Creen que, en falta de compulsión, nadie proveería de tales “bienes públicos” ignorando que la misma categoría de “bienes públicos” es utópica, porque -en definitiva- tales supuestos “bienes públicos” no son gratuitos, ni se generan espontáneamente, sino que son fruto de la producción de algún ente privado, sea unipersonal o societario. Pero, en definitiva, ningún bien económico se produce “colectivamente”, sino privadamente, y sólo entendiendo el término “colectivo” como la suma de esfuerzos privados resulta aceptable el vocablo.

Cuando un productor o comerciante está vendiendo su elaboración, está haciendo público lo que antes era privado. Toda producción tiene como destino final el consumo, es decir, el uso público. Lo que no implica necesariamente que sea el “estado” el que deba dirigir el proceso económico, tal como hoy en día se lo concibe ampliamente.

Se pierde de vista, en definitiva, que es el mercado libre el único proveedor de bienes públicos, y que cuando la actividad de dicho mercado se busca limitar a través de diferentes imposiciones legales, o sea, cuando se procura que sea menos libre de lo que debería ser, estas “políticas públicas”, en realidad, están en los hechos atentando en última consecuencia contra la provisión de bienes públicos en cantidad diferente a la que el mercado considera satisfactoria, y también se omite que el mercado está formado por dos grandes grupos de personas : compradores y vendedores, ambos englobados -a su vez- en la categoría de productores.

Los bienes públicos no son más que bienes de producción privada que se ponen a disposición del público voluntariamente por el propio mercado. El gobierno sólo puede entorpecer esta función típica e inherente del y al mercado.

“También se viola la propiedad cuando se niegan ciertos usos del capital o maneras de invertir. Cuando se prohíbe la construcción sobre sus tierras, o se le impone una manera de construcción.”[3]

Ejemplo de lo primero es cuando se restringen o -directamente- se impiden ciertas actividades financieras o productivas en desmedro de otras. La prohibición puede adoptar diferentes formas. Por modelo, puede ser mediante una imposición legal que cercene ciertas inversiones, o bien a través de impuestos, como los tristemente célebres tributos al capital, o a sus distintas manifestaciones.

 Las reglamentaciones a las actividades financieras, por caso, restricciones para operar como bancos a personas o instituciones son otras de las múltiples maneras de violar la propiedad.

El supuesto siguiente alude a la industria de la construcción, que incluye construir o no hacerlo en determinados lugares o zonas que quizás no sean rentables para el constructor (muestra común son los denominados “polos de desarrollo” que no son de mercado, sino que obedecen solamente a criterios burocráticos). So pretexto de ordenamiento urbanístico los gobiernos vulneran a menudo este derecho de propiedad, reduciéndolo a su mínima expresión.

“Hay violación del derecho de la propiedad cuando después de invertir en una cierta industria la autoridad prohíbe esa misma industria, o se le imponen impuestos tan grandes que son iguales a los de una prohibición.”[4]

Estos patrones dan cuenta de lo que -en palabras lisas y llanas- no se trata más que de una confiscación de bienes. Ya que, en el primer caso, se induce a pérdida al inversor en la actividad que a posteriori se veda, y en el segundo se produce una consecuencia análoga, sólo que por medio de otra vía. Pero, en suma, ambas son confiscaciones.

“Es violación de la propiedad el prohibir el uso de las facultades humanas y la aplicación de sus habilidades y talentos, a excepción de cuando ellos son usados en contra de los derechos de terceros. Viola a la propiedad el hacer que un hombre se dedique a ciertas actividades cuando él considera de más provecho dedicarse a otras labores, por ejemplo, obligándole a realizar un servicio militar.”[5]

En estos supuestos, lo que el gobierno confisca es el talento y la voluntad humana. Y se nota, con suma claridad, que lo que se violenta es -en resumidas cuentas- la libertad individual. El vínculo entre libertad y propiedad es indisoluble, al punto tal que, si se desconoce una se está automáticamente excluyendo también la restante. No puede haber propiedad sin libertad ni esta sin aquella. Anulando una desaparece la otra. El hombre que no es libre no puede ser propietario de nada, ya que no lo es siquiera de su propia libertad.

[1] Eduardo García Gaspar. Ideas en Economía, Política, Cultura-Parte I: Economía. Contrapeso.info 2007. pág. 66

[2] García Gaspar, E. ibidem

[3] García Gaspar, E. ibidem

[4] García Gaspar, E. ibidem

[5] García Gaspar, E. ibidem

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

LOS SINDICATOS: DEL DERECHO DE HUELGA A LA FUERZA DE LOS BESTIAS.

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 30/9/18 en: http://gzanotti.blogspot.com/2018/09/los-sindicatos-del-derecho-de-huelga-la.html

 

Nada está más incorporado al horizonte de pre comprensión de casi todos que los sindicatos deben tener el derecho de huelga, como habitualmente se lo entiende, para luchar contra el pérfido capitalismo. No es un fenómeno argentino, es un problema mundial.

El marxismo ha logrado convencer a casi todo el mundo, excepto a los que han leído y comprendido a Bohm-Bawerk, Mises y Hayek, que el aumento de salarios se debe la “lucha” sindical. Craso error. El aumento generalizado de salarios sólo puede deberse al aumento de la demanda de trabajo, y ello sólo se produce por el aumento de la inversión y la fabricación de nuevos bienes de capital que permitan producir más en menos tiempo. El subdesarrollo es el precio de todos los socialismos, marxismos e intervencionismos que aún no han logrado entender la relación entre la tasa de capital y el nivel de salarios.

Los sindicatos pueden, por la fuerza, hacer que: a) el gobierno emita moneda para pagar los salarios públicos, lo cual produce inflación y, por ende, menos salario; b) que los empleadores se vean forzados a subir los salarios, en cuyo caso baja la demanda de trabajo, produciendo ello desocupación, y, además, los gobiernos expanden el crédito para que los empleadores puedan absorber el salario más caro, y esa expansión del crédito produce también inflación y por ende una disminución del salario real.

Pero, como dije, los sindicatos hacen esto por la fuerza. Esto es, declaran una huelga e impiden a otros trabajadores que cubran sus puestos. Eso es lo que habitualmente se conoce como “derecho de huelga”, aceptado y protegido por todas las legislaciones de las naciones occidentales (excepto en aquellas donde “gobierna el proletariado”, por supuesto).

Ese derecho de huelga, así entendido, no sólo produce una baja en el salario real, como hemos explicado, sino que es en sí mismo un atentado contra el Estado de Derecho. Nadie tiene el derecho de impedir a otro ocupar un puesto de trabajo abandonado por otro. Ello es ilegal e inmoral. Pero como Occidente, putrefacto de marxismo, ha aceptado esa modalidad porque cree que ello es “en nombre de los trabajadores”, entonces la permite. Por eso los piquetes, que no son un invento del peronismo-kirchnerismo argentino, sino la modalidad obligada del derecho de huelga así entendido.

Esos piquetes son una quiebra del Estado de Derecho y, por ende, un estado dentro de otro estado. Si un estado limitado, constitucional, no puede hacer cumplir la ley, porque otra ley, contradictoria con la pirámide jurídica, se lo impide, o porque está temeroso de hacerlo por las amenazas sindicales, que son siempre amenazas delictivas, entonces se está enfrentando a un grupo que se ha salido del Estado de Derecho, ha organizado un grupo con sus propias normas y desafía al poder constitucional. O sea, una mafia, por definición, o un ejército paralelo.

Los intentos de distinguir entre el derecho de huelga, así entendido, y los abusos del derecho de huelga, son por ende conceptualmente vanos. Ya el derecho de huelga, así entendido, es ilegal, y por ende ni siquiera puede haber abuso, como su hubiera un uso racional o legal.

Por ende, todos los desmanes, amenazas, violencias y crueldades realizadas por los sindicalistas, ipso facto delincuentes organizados, ipso facto mafiosos aunque marchen a Luján y tengan las sacrílegas bendiciones de los obispos, forman parte de la misma naturaleza del sindicalismo entendido como lucha contra el capitalismo mediante el así llamado derecho de huelga.

Esto sucede en todo el mundo.

En el caso argentino, casi todos olvidan que Perón fue un fascista en sentido estricto (y por ende socialista), un seguidor de Mussolini que organizó a los sindicatos según la Carta Del Lavoro del dictador italiano. La violencia y la corrupción del sindicalismo argentino quedó por ende elevada a la enésima potencia por la organización sindical peronista, cáncer sacrosanto e intocable que nadie se atreve a enfrentar, pero fundamentalmente, que casi nadie entiende como lo que es: una mafia violenta, mediante la cual se conduce toda la hiel putrefacta de la pulsión de agresión de todo ser humano investido de semejante poder que, para colmo, está investido de aprobación moral. Porque muchos coinciden que el sindicalismo argentino está corrupto pero creen que se lo puede reemplazar por otros dirigentes, sin ver el problema del sistema en sí mismo. Como si la mafia de Chicago o New York se hubiera podido solucionar, en su momento, con dirigentes mafiosos “buenos”. No, el problema no son las personas, sino el sistema. Podrás encontrar un Don Corleone más dialogante, más racional, al cual sobornar mejor, o una bestia ideologizada que para colmo de mafioso sea pro-Maduro (otro mafioso), pero es mafia, gente: una banda de delincuentes, y con los años, uno más bestia que el otro, de los cuales, esperemos, Dios se apiade de su alma.

 

Mientras tanto, esto forma parte de esas pre-suposiciones  marxistas  que conducirán inexorablemente a la desaparición de este mal experimento llamado Argentina.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

El pecado económico de Cambiemos y la cruz pesada del populismo

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 2/10/18 en: http://www.visionliberal.com.ar/nota/5571-el-pecado-economico-de-cambiemos-y-la-cruz-pesada-del-populismo/

 

La complicada situación económica por la que estamos transitando es consecuencia de haber subestimado la herencia recibida del kirchnerismo y sobreestimar la imagen de Mauricio Macri como factor que iba a atraer inversiones con su sola presencia en la Casa Rosada. De todas maneras, justo es reconocer que el conjunto de la dirigencia política también delira cuando dice que de este problema económico se sale con crecimiento. Claramente no entienden la relación entre crecimiento e instituciones. Todos creen que retocando el tipo de cambio, haciendo una banda cambiaria o hablando de atender al mercado interno, como si mágicamente la gente pudiera consumir más por una simple disposición política, todo se soluciona.

Para Cachanosky, el deterioro institucional es un factor clave para entender por qué nadie quiere invertir en Argentina

Pero, ¿por qué digo que sobreestimaron la imagen de Macri para atraer inversiones? Porque no evaluaron el profundo deterioro institucional para atraer inversiones.

Para poder entender el pecado económico original de Cambiemos, primero hay que comprender dos cuestiones básicas: 1) qué es la tasa de interés y 2) bajo qué condiciones alguien hunde una inversión.

Todos creen que retocando el tipo de cambio, haciendo una banda cambiaria o hablando de atender al mercado interno, como si mágicamente la gente pudiera consumir más por una simple disposición política, todo se soluciona

Por empezar hay que entender que la tasa de interés no es el precio del dinero, como comúnmente se conoce, sino que tiene varios componentes.

La tasa de interés de mercado es la suma de:

1) El interés originario

2) La expectativa inflacionaria

3) El riesgo crediticio

4) El riesgo institucional

El interés originario es la compensación que pide el ahorrista para sacrificar consumo presente por consumo futuro. Una persona tiene un determinado ingreso, para que genere ahorro (no consuma una parte de su ingreso) y se lo preste a otro para que invierta o consuma, pide a cambio que lo compensen por postergar su consumo. De manera que la tasa de interés de mercado nunca puede ser cero porque eso supondría que la gente no le otorga valor al tiempo y le es lo mismo consumir hoy que dentro de un año.

En un país en que el Estado puede aplicar impuestos sobre los ahorros en forma retroactiva, el riesgo institucional es tan alto que quien está dispuesto a prestar sus ahorros en ese país va a cargar una tasa muy alta de riesgo institucional

Pero quien deja de consumir una parte de su ingreso para prestarlo, además de pedir que lo compense por sacrificar consumo presente por consumo futuro, también pide que lo compense por la expectativa inflacionaria que tiene. Si espera que en el año la inflación va a ser del 10% y presta sus ahorros a un año de plazo, al cabo del año querrá poder comprar la misma cantidad de bienes que al inicio del período, de manera que le cargará a la tasa de interés originaria, la expectativa inflacionaria del 10%.

También considerará el riesgo de cobrarle al que le presta sus ahorros. Es decir, puede pedir compensación por el riesgo crediticio.

Finalmente, está el componente riesgo institucional. En un país en el que no se respeta el derecho de propiedad. Un país en el que el estado puede confiscar los ahorros (Argentina tiene una larga tradición en este rubro como es el caso del plan Bonex, el corralito, el corralón, la pesificiación asimétrica, la confiscación de los ahorros en las AFJP, etc.). Un país en que el Estado puede decidir de la noche a la mañana que si uno prestó dólares tiene la obligación de recibir pesos devaluados.

En fin, en un país en que el Estado puede aplicar impuestos sobre los ahorros en forma retroactiva, el riesgo institucional es tan alto que quien está dispuesto a prestar sus ahorros en ese país va a cargar una tasa muy alta de riesgo institucional. Esto quiere decir que la tasa de interés tiende a subir en los países con alto riesgo institucional, entiendo por riesgo institucional que el Estado no respeta las reglas de juego. Que es arbitrario en su manejo.

Ahora bien, ¿cuándo alguien está dispuesto a hundir una inversión en alguna actividad diferente a la financiera? En la medida que la tasa de rentabilidad esperada supere la tasa de interés de un bono. ¿Por qué voy a asumir el riesgo de invertir en una fábrica de hamburguesas, lidiando con el riesgo que mi producto no se venda, los problemas de cobranza, los temas fiscales, laborales, etc., si la tasa de rentabilidad esperada es menor o igual a la tasa de interés que rinde un bono del gobierno? No tiene sentido invertir si puedo hacer la plancha teniendo el mismo riesgo país pero sin hundir la inversión y comprando un bono con el cual estoy líquido. De manera que solo invierto en una fábrica de hamburguesas si la tasa de rentabilidad de la fábrica supera la tasa el rendimiento de un bono.

El error de Cambiemos fue creer que la sola presencia de Macri en la presidencia podía borrar nuestra historia de irresponsables

Si se acepta este punto de partida, es obvio que cuanto mayor sea el riesgo institucional de un país, mayor será la tasa de interés y mayor la tasa de rentabilidad que el inversor le va a pedir a su proyecto de inversión. Cuánto más alto sea el riesgo institucional, menor será la cantidad de proyectos de inversión que superen la tasa de interés. Es decir, a mayor riesgo institucional, menor inversión hundida en el sector real de la economía.

Justamente este fue el punto clave en el que se equivocó Cambiemos creyendo que la sola presencia de Macri en el sillón de Rivadavia iba a atraer una lluvia de inversiones que conduciría al crecimiento.

Así, mágicamente la economía iba a crecer, el crecimiento se traduciría en más recaudación y con el gasto público congelado en términos reales, la brecha fiscal cerraría por mayor crecimiento. El mismo discurso que utiliza ahora la oposición para decir que esto no cierra con ajuste sino con crecimiento.

Grosero error tanto de Cambiemos como de la oposición, nuestra cruz es arrastrar una tradición de país defaulteador que no paga sus deudas y la mayoría de su dirigentes políticos aplauden de pie esa decisión. Nuestra cruz es ser confiscadores con los impuestos, con los ahorros en el sistema financiero, con reglas de juego en los que está ausente el derecho de propiedad o limitado significativamente en nombre de la solidaridad social.

¿Por qué en un país de saqueadores de riqueza iban a llover inversiones si el nuevo gobierno y la oposición no mostraban una actitud y discurso de cambio en el sentido de apostar a la cultura del trabajo?

El error de Cambiemos fue creer que la sola presencia de Macri en la presidencia podía borrar nuestra historia de irresponsables. Es más, el discurso de Cambiemos siguió alentando la cultura de la dádiva en vez de la cultura del trabajo. La competencia por ver quien ha dado más planes sociales estaba y está en cada debate entre la gente de Cambiemos y los K. Tanto prevaleció la cultura de la dádiva que el gobierno dio marcha atrás en la reducción de impuestos e incluso los aumento para sostener “planes sociales”.

¿Por qué en un país de saqueadores de riqueza iban a llover inversiones si el nuevo gobierno y la oposición no mostraban una actitud y discurso de cambio en el sentido de apostar a la cultura del trabajo?

Lo primero que hay que cambiar es el discurso y terminar con el populismo de la cultura de la dádiva. Lo segundo es reforzar ese discurso con medidas concretas. Lo tercero es comunicárselo con sencillez a la población

Esta historia que el gasto público era intocable, llevó al lío de la deuda externa, las LEBACs que hoy se transforma en el lío de las LELIQ, las LECAPs, el aumento de los encajes bancarios y las típicas corridas cambiarias producto de los arbitrajes tasa versus dólar que implementan los gobiernos cuando no quieren tocar el gasto público.

Tantas barbaridades institucionales cometidas en el pasado no se superan tan fácilmente. Lo primero que hay que cambiar es el discurso y terminar con el populismo de la cultura de la dádiva. Lo segundo es reforzar ese discurso con medidas concretas. Lo tercero es comunicárselo con sencillez a la población. Y lo cuarto es tratar de convencer a la oposición que el discurso populista espanta inversiones.

Si no se convence a la oposición hay que buscar primero el apoyo de la población para empezar a cambiar los valores que hoy imperan en la sociedad. Sin estos estos pasos previos ni diez Macri juntos van a genera una lluvia de inversiones.

Por su parte la oposición tiene que dejar de delirar con el verso que de esto se sale sin bajar el gasto público diciendo que se sale con crecimiento. Esa expresión es una contradicción porque mientras el gasto público siga siendo tan alto, la confiscación del trabajo y de los activos va a seguir, por lo tanto el riesgo institucional continuará siendo alto y las inversiones, el único camino de crecimiento de largo plazo, seguirán ausentes.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

 

La política y sus traidores

Por Sergio Sinay: Publicado el 3/9/18 en: http://sergiosinay.blogspot.com/2018/09/la-politica-y-sus-traidores-por-sergio.html

 

 

Un general avanza peligrosamente mientras el gobierno empantana al país con sus dislates y furcios económicos y la oposición peronista (toda) protege a la jefa espiritual de los corruptos. El que avanza es el general descontento. Sus tropas incluyen el enojo, el malestar, la decepción y la desesperanza. Varios estudios y encuestas conocidos en los últimos días indican que la imagen de gobernantes, funcionarios, opositores, virtuales candidatos y demás ejemplares de la fauna política no cesa de caer. En algunos casos más, en otros menos pero, como el peso, cotizan a la baja. Diecisiete años después de 2001, el descontento de hoy no aparenta ser explosivo como el de entonces. Por una parte, la realidad demostró cómo “que se vayan todos” se traduce en que todos se quedan, envueltos en sus trajes de amianto y confiados en la dureza de sus caras. Se quedan, transmutan (muchos ni eso) y reinciden. Según una de esas encuestas (Grupo de Opinión Pública) un 45% de los consultados busca en vano una alternativa fuera de las caras conocidas. Según otra (Opinaia), un 70% cree que todos los políticos son corruptos y no confía en la política. “Allí donde los hombres conviven en un sentido histórico-civilizatorio, hay y ha habido siempre política”, afirma la ineludible Hannah Arendt (1906-1975), en La promesa de la política (Paidós). Desconfiar de la política sería, entonces, como abdicar de la posibilidad humana de convivir. Desde el momento en que la diversidad es característica esencial de la especie, naturalmente habrá siempre ideas, opiniones, prioridades, intereses, creencias y cosmovisiones distintas. La supervivencia dependerá de la posibilidad de articularlas. Eso es la política. Su misión y su fin “es asegurar la vida en el sentido más amplio”, dice Arendt. “Es ella quien permite al individuo perseguir en paz y tranquilidad sus fines”. No puede haber libertad sin política y viceversa, señala la pensadora. La política es un ámbito que permite dar durabilidad a los asuntos humanos, continúa. Esto significa un ámbito que permita la trascendencia, ir más allá de lo inmediato, andar en dirección de una visión. La promesa de la política es la de aprender a vivir juntos en lo diverso, de organizar comunidades esenciales a partir del caos absoluto de las diferencias, Arendt dixit. Todo ámbito compartido (la pareja, la familia, un consorcio, el trabajo, un barrio, todo tipo de organización, independientemente de su fin) es un ámbito político en el que se toman decisiones políticas. Desentenderse de la política o no creer en ella es como autoexiliarse de lo humano o no creer en su posibilidad. Por esto es muy grave la traición a la promesa de la política. La corrupción es una traición imperdonable. La manipulación de los instrumentos políticos en función de intereses personales, corporativos o sectoriales también lo es. El sometimiento de la política a la economía (al totalitarismo de mercado) es una traición de alto grado. Del mismo modo que el desprecio por la política o el asumir funciones de gobierno (incluso las más altas) siendo políticamente ignorante y, más aún, exhibiendo esa ignorancia como un mérito. El general descontento avanza con sus tropas sobre el terreno previamente depredado por quienes traicionan y vienen traicionando a la política, desvirtuando su promesa, usando su nombre en vano. O peor, valiéndose de su nombre para empeorar y envilecer la vida de la comunidad. Quienes traicionan a la política no tienen pudor en usar palabras como “pueblo”, “felicidad”, “patria”, “gente”, “futuro”, “verdad”. Para ellos estas palabras son solo cebos, carnadas. Hay quienes pican porque, como dice Arendt, “sufrimos menos cuando quedamos atrapados en los movimientos totalitarios o en los ajustes de la psicología moderna”. O cuando compramos promesas de brotes verdes que nunca florecen. Pero, advertía la filósofa, con la facultad de sufrir se pierde también la virtud de resistir. Y perdida esa virtud, todo el campo es de los traidores a la política.

 

Sergio Sinay es periodista y escritor, columnista de los diarios La Nación y Perfil. Se ha enfocado en temas relacionados con los vínculos humanos y con la ética y la moral. Entre sus libros se cuentan “La falta de respeto”, “¿Para qué trabajamos?”, “El apagón moral”, “La sociedad de los hijos huérfanos”, “En busca de la libertad” y “La masculinidad tóxica”. Es docente de cursos de extensión en ESEADE.

 

Nicolás Maduro, “con el mazo dando”

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 13/9/18 en: https://www.lanacion.com.ar/2171553-nicolas-maduro-con-mazo-dando

 

América Latina desgraciadamente tiene en su hoy multicolor interior dos obvias y feroces dictaduras: las instaladas en Cuba y Venezuela .
Ambas generaron, como era de esperar, la emigración masiva de centenares de miles de ciudadanos que no estaban dispuestos a vivir sin libertad, es decir a deshumanizarse mansamente.
Por esto, ocurrió en su momento la inolvidable tragedia de los llamados “balseros”, y también por esto la deplorable huida actual de cientos de miles de desesperados venezolanos, que está perturbando la paz regional y pone a prueba la solidaridad en nuestra región.
La responsabilidad por generar olas masivas de desesperados emigrantes está ciertamente en cabeza de los gobernantes de turno y ella debiera -en mi entender- ser criminalizada internacionalmente. Sin demoras. La terrible tragedia humana que testimonian así parecería exigirlo.

Mientras tanto, Nicolás Maduro , un personaje desafiante, pero cada vez más tristemente grotesco, sigue empeñado en destruir a su país con las mismas políticas estatistas que ya lo enterraron inevitablemente en la pobreza, pese a la inmensa riqueza que debieran haber podido generar sus dilapidados recursos en materia de
hidrocarburos.
A cada rato, el mandatario venezolano pone en marcha un plan “nuevo” para tratar de corregir las que, en rigor, son sus propias e inocultables torpezas. Y debe usar la violencia y la mano dura para amedrentar e intimidar a sus conciudadanos. Y obligarlos a aceptar sus caprichos e irracionalidad. Las fuerzas armadas venezolanas, que a cambio
de ingresos suculentos sostienen a Nicolás Maduro, son en los hechos cómplices y partícipes necesarios de semejante desgracia.
Con las clásicas acusaciones perversas de “especulación y acaparamiento”, así como de desestabilización económica, Nicolás Maduro acaba de hacer encarcelar a un centenar de comerciantes, como alguna vez lo hiciera en la argentina Juan Domingo Perón, cuando -en sus primeras experiencias de gobierno- siguiera un derrotero “dirigista y
populista”, en línea con la actual visión económica de Nicolás Maduro. Que exige, queda visto, encarcelar a los demás y recurrir al uso del “mazo”, esto es a las amenazas y, peor, a los castigos.
Sus presuntos delitos fueron, esencialmente, los de no acatar sumisamente los absurdos niveles de precios impuestos por la administración de Nicolás Maduro, que los obligaban a vender pérdida.
Por esto, en Venezuela, como era de suponer, los productos básicos en materia de alimentación, higiene y limpieza desaparecieron rápidamente de los anaqueles de los comercios. Para muchos evidentemente es mejor la alternativa de simplemente salir disparados del mercado. Esto es, de no vender, en lugar de arriesgar ir preso,
presumiblemente. O actuar en la oscuridad del llamado “mercado negro” con todas sus implicancias y riesgos. Esta es una situación límite, pero conocida, que muy pronto genera desabastecimiento.

Entre la patología de las recientes medidas económicas de un Nicolás Maduro que comienza a lucir algo desesperado, estuvo un aumento del 3400% de los niveles salariales promedio. Es por cierto imposible, al menos para la gente común, poder vivir en un mínimo de paz y previsibilidad con semejante convulsión del lado de los ingresos.
Especialmente cuando el malherido sistema productivo venezolano trabaja con apenas el 30% de su capacidad.
De allí que la desesperación se haya apoderado ya de tantos venezolanos, alimentando una triste ola de resignados migrantes que pareciera no tener fin: aquella que sale – escapada- desde Venezuela y se abate sobre el resto de nuestra ya horrorizada, pero relativamamente impotente, región.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

LOS SÍMBOLOS RELIGIOSOS EN ESPACIOS ESTATALES SON TOTALMENTE COMPATIBLES CON EL PLURALISMO RELIGIOSO.

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 16/9/18 en: http://gzanotti.blogspot.com/2018/09/los-simbolos-religiosos-en-espacios.html

 

El Vaticano II, cuando define la libertad religiosa, afirma:

 “…Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, sólo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Declara, además, que el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón natural . Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse en un derecho civil” (1965). (http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_sp.html).

Más abajo, afirma:

 “…Si, consideradas las circunstancias peculiares de los pueblos, se da a una comunidad religiosa un especial reconocimiento civil en la ordenación jurídica de la sociedad, es necesario que a la vez se reconozca y respete el derecho a la libertad en materia religiosa a todos los ciudadanos y comunidades religiosas”.

 Esto implica que no es contrario a la libertad religiosa que se otorgue “…un especial reconocimiento civil en la ordenación jurídica de la sociedad”, dadas las tradiciones y circunstancias históricas, que pueden ser tan diversas. Eso implica distinguir entre laicismo y laicidad. La sana laicidad es el reconocimiento de la libertad religiosa y sus implicaciones políticas: estado e Iglesia autónomos en sus propios ámbitos, y la NO identificación entre ciudadanía y pertenencia a una determinada religión. Ello implica, a su vez, el reconocimiento de que el horizonte cultural de donde ha surgido la noción de dignidad humana y los derechos individuales es precisamente el judeocristianismo. Eso lo afirmó muy bien Benedicto XVI:

“…¿Dónde se encuentra la fundamentación ética de las deliberaciones políticas? La tradición católica mantiene que las normas objetivas para una acción justa de gobierno son accesibles a la razón, prescindiendo del contenido de la revelación. En este sentido, el papel de la religión en el debate político no es tanto proporcionar dichas normas, como si no pudieran conocerlas los no creyentes. Menos aún proponer soluciones políticas concretas, algo que está totalmente fuera de la competencia de la religión. Su papel consiste más bien en ayudar a purificar e iluminar la aplicación de la razón al descubrimiento de principios morales objetivos. Este papel “corrector” de la religión respecto a la razón no siempre ha sido bienvenido, en parte debido a expresiones deformadas de la religión, tales como el sectarismo y el fundamentalismo, que pueden ser percibidas como generadoras de serios problemas sociales. Y a su vez, dichas distorsiones de la religión surgen cuando se presta una atención insuficiente al papel purificador y vertebrador de la razón respecto a la religión. Se trata de un proceso en doble sentido. Sin la ayuda correctora de la religión, la razón puede ser también presa de distorsiones, como cuando es manipulada por las ideologías o se aplica de forma parcial en detrimento de la consideración plena de la dignidad de la persona humana. Después de todo, dicho abuso de la razón fue lo que provocó la trata de esclavos en primer lugar y otros muchos males sociales, en particular la difusión de las ideologías totalitarias del siglo XX. Por eso deseo indicar que el mundo de la razón y el mundo de la fe —el mundo de la racionalidad secular y el mundo de las creencias religiosas— necesitan uno de otro y no deberían tener miedo de entablar un diálogo profundo y continuo, por el bien de nuestra civilización.” (2010, https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2010/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20100917_societa-civile.html)   (Obsérvese la noción de “abuso de la razón”: muy similar a lo que afirmaba Hayek).

 Y, en el discurso al Parlamento Alemán (2011), afirmó:

“…¿Cómo se reconoce lo que es justo? En la historia, los ordenamientos jurídicos han estado casi siempre motivados de modo religioso: sobre la base de una referencia a la voluntad divina, se decide aquello que es justo entre los hombres. Contrariamente a otras grandes religiones, el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento jurídico derivado de una revelación. En cambio, se ha remitido a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del derecho, se ha referido a la armonía entre razón objetiva y subjetiva, una armonía que, sin embargo, presupone que ambas esferas estén fundadas en la Razón creadora de Dios. Así, los teólogos cristianos se sumaron a un movimiento filosófico y jurídico que se había formado desde el siglo II a. C. En la primera mitad del siglo segundo precristiano, se produjo un encuentro entre el derecho natural social, desarrollado por los filósofos estoicos y notorios maestros del derecho romano.[3] De este contacto, nació la cultura jurídica occidental, que ha sido y sigue siendo de una importancia determinante para la cultura jurídica de la humanidad. A partir de esta vinculación precristiana entre derecho y filosofía inicia el camino que lleva, a través de la Edad Media cristiana, al desarrollo jurídico de la Ilustración, hasta la Declaración de los derechos humanos y hasta nuestra Ley Fundamental Alemana, con la que nuestro pueblo reconoció en 1949 “los inviolables e inalienables derechos del hombre como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo”. (http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2011/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20110922_reichstag-berlin.html)

 O sea, el cristianismo no es un movimiento del cual derive directamente el régimen jurídico, sino que alimenta el horizonte de ideas a partir de las cuales nace un ordenamiento jurídico respetuoso de los derechos del hombre y la sana laicidad.

Por ende, en un estado que sea sanamente laico, donde sus circunstancias históricas, como Argentina o EEUU, han sido precisamente las de una cultura judeocristiana a partir de la cual ha nacido la idea de igual y derechos entre los seres humanos,los símbolos religiosos cristianos en sus propios espacios son un reconocimiento a esa tradición, a ese origen, que no pueden molestar ni ofender a nadie.

Es una mala interpretación de J. Rawls afirmar que el estado debe ser moralmente neutroEl estado nunca es moralmente neutro. Todos sus espacios son bienes públicos. Es esos bienes públicos siempre hay decisiones morales que tomar. En la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo pintamos sus paredes? ¿Con color blanco y además con una gran imagen de Hitler, o sólo con color blanco? Es una decisión moral. ¿Con un cuadro de San Martín o con la imagen de una actriz porno? Es una decisión moral. ¿Con una cruz cristiana o con la hoz y el martillo comunista? Es una decisión moral. Inútil es que los contribuyentes se quejen de que están pagando una u otra cosa. Una vez que hay un estado federal, toda decisión que se tome al respecto va a estar pagada por los contribuyentes. Por ende, que haya una cruz, que simboliza precisamente el origen del respeto a la libertad religiosa, no debería ofender ni molestar a nadie. Y si alguien dice que no quiere pagar la cruz, lo entiendo, peroentonces que sea coherente y que no quiera pagar nada: ni la pintura, ni los bancos, ni los escritorios, etc., porque todo ello es una decisión moral.

Si en las calles (bienes públicos) de la India hubiera una imagen de buda, ¿por qué yo, católico, debería ofenderme? Y si me voy a vivir a la India, debo saber que mis impuestos están pagando todo ello. ¿Y qué? Si no me gusta debería hacerme anarco-capitalista (cosa posible) e irme a vivir a Marte (cosa que si es posible ya no sé) en mi nave espacial, donde aún no habría bienes públicos.

Si estuviera viviendo en Japón, ¿por qué me debería ofender porque una prefectura mantuviera como patrimonio cultural a un templo sintoísta? Les cuento que luego de la Segunda Guerra ya no es así, pero si volviera a ser así, ¿cuál sería el problema? Muchos de los que hoy se están rasgando las vestiduras por las cruces en nuestras sedes judiciales estarían incoherentemente felices en un tour sacando fotos de una tradición que además no entienden en absoluto ni les importa.

Se olvida también que los EEUU fueron un ejemplo de una religiosidad pública no estatal. No estatal por la primera enmienda; pública, porque ello no fue obstáculo a que los bienes públicos municipales mantuvieran tradiciones religiosas cristianas que nunca fueron contradictorios con la libertad religiosa hasta que ideológicamente se comenzó a considerar lo contrario.

El laicismo es el problema. No la laicidad. El laicismo es la ideología que odia la inexorable influencia religiosa cristiana en el surgimiento jurídico y político de Occidente. El símbolo no podría ser más “símbolo”: lo que odian es la cruz. Son capaces de pagar impuestos para un poema de Borges en el obelisco o, peor, por el monumento al asesino Guevara. Pero no vaya a ser que exista una simple cruz de madera: ah no, eso no. Y los que piensen de buena voluntad que el Cristianismo y-o el Catolicismo es igual a intolerancia, lean, alguna vez, al magisterio de Juan XXIII (con sus antecedentes en León XIII, Benedicto XV y Pío XII); al Vaticano II, al magisterio de Juan Pablo II, y sobre todo a Benedicto XVI.

 

La cruz es el símbolo del gran acontecimiento de la Historia, de donde surge el reconocimiento de la dignidad humana y sus derechos fundamentales. El Imperio Romano es el que coherentemente no podía admitir la cruzY a los nuevos imperios romanos, ocultos ahora en la fachada de libertad, estamos volviendo. Ya casi no tenemos derecho a proclamar libremente nuestras ideas si estas se oponen al Lobby LGBT; ya casi no podemos hablar si no es como dicen las feministas radicales; ya no podemos educar libremente a nuestros hijos, sino que estos tienen que aprender lo que el estado dice y sobre todo en temas sexuales; ya casi no se puede ser médico si no haces abortos o no prescribes preservativos, y, por supuesto, no se puede ejercer el libre comercio, no se puede disponer de los propios bienes, somos esclavos vigilados por la AFIP o soviets diversos como la Coneau o el ministerio de educación, y el que se revela es un inadaptado que debe ser tratado con retalina primero y rivotril después. Eso sí, tranquilos: ya no habrá cruces en los tribunales. Eso sí que es libertad. Qué bien.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

DEL GUARDAPOLVO BLANCO A LA LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL OBLIGATORIA.

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 9/9/18 en: http://gzanotti.blogspot.com/2018/09/del-guardapolvo-blanco-la-ley-de.html

 

El problema NO es la educación sexual, sino que el estado imponga coactivamente una única educación sexual, so pena de criminalizar su no cumplimiento.

Pero en general a los argentinos les cuesta hacer esa distinción.

Porque la Argentina, junto con Francia, Italia, México y Uruguay, es uno de los cinco países que a fines del siglo XIX fueron un modelo de la intervención estatal en la educación con la intención de formar al ciudadano.

El modelo es la famosa educación formal estatal positivista, derivada del Iluminismo, cuando los estados, con la intención de “educar al ciudadano” asumieron la función de educar en las ciencias y en las letras, no en lo religioso, para que el ciudadano pudiera ser ese ser humano maduro con que el Kant soñaba, y el verdadero protagonista de las repúblicas secularizadas. Las escuelas sarmientinas fueron eso. Muy comprensibles, como todas ellas, en la época.

La educación privada existente tenía que “adscribirse al sistema oficial”, de algún modo.

El sistema no funcionó, claro. Un hombre educado no votará nunca a un tirano, decía Sarmiento. Pero en 1945, la única provincia argentina donde Perón NO ganó, fue Corrientes, donde el índice de analfabetismo era MAYOR.

Algo, evidentemente, no funcionaba en ese ingenuo racionalismo pedagógico.

Pero ingenuo al fin. Finalmente, era un socratismo moral pasado por el Iluminismo del s. XVIII. La escuela pública enseñará a los niños ciencia, matemáticas, letras, y con eso serán buenos ciudadanos. No lo fueron. Pero el contenido era ingenuo. Des-ideologizado. Leer y escribir, algo de Literatura, algo de ciencias, algo de Historia argentina, no mucho más.

Una primera advertencia fue el fascismo de Perón. El famoso dictadorzuelo usó el sistema educativo estatal para imponer la santa doctrina peronista y Miguel Cané fue sustituido por la gran escritora Eva Perón y su obra clásica de Literatura, La razón de mi vida. Algunos, entonces, se dieron cuenta. ¡Uy! ¿El santo sistema sarmientino utilizado para eso? ¡Qué horror!

Luego, claro, todos creyeron por un tiempo que “the end” y los “buenos” libros de lectura volvieron a las aulas.

Pero nadie, en este país estatista, advirtió el problema: la educación pública deja las herramientas legales a libre disposición para que sean usadas coactivamente para lo que fuere.

Ayer fue Miguel Cané, luego Eva Perón, ahora la ideología del género y cómo masturbarte bien. No importa que mañana el libro de lectura sea Mises me mima. El asunto es el mismo: diversos funcionarios, con formas de pensar diferentes, unas más ingenuas, otras más ideológicas, otras más horrorosas, utilizarán siempre las herramientas legales del sistema para imponer coactivamente sus ideas.

En la Argentina, por ende, nunca hubo libertad de enseñanza. La que hubo, si se puede llamar así, fue un empate, un compromiso, logrado por muchos católicos, para que pueda haber colegios “no estatales”, adscriptos al sistema, y en ese sentido estatales, claro, donde se tenía que seguir todo el plan estatal “más” religión. Y de 1955 al 60 lograron que hubiera universidades privadas que, por supuesto, son vigiladas, hoy más que nunca, totalmente por el soviet estatal. Y para colmo protestaban porque no tenían subsidio….

Pero libertad de enseñanza, esto es, que los institutos privados tengan derecho, como corresponde, a sus propios planes y programas de estudio, ah no, eso es “de los liberales”, malos, sucios y feos. La gente buena no dice esas cosas.

Fue inútil, por ende, que nosotros, la gente mala, advirtiera siempre contra la bomba de tiempo, ineficiente en acto, corrupta moralmente en potencia, que es la educación estatal. AHORA algunos se dan cuenta. AHORA algunos (muy pocos), aquellos que pueden comprender que el delicado tema sexual debe ser tratado por los padres con sus hijos, AHORA, reaccionan. Pero, gente, ya es tarde. Si en Argentina se hubiera respetado siempre la libertad de enseñanza, el Lobby LGBT, totalitario de pura cepa, hubiera tenido más dificultades.  Macri y su gente, en esto (y en muchas otras cosas), siguen estando gravemente equivocados, pero la ley, gente, es del 2006, cuando todo estaban muy entretenidos en las demagogias estatistas variadas de Néstor Kirchner.

Tarde, gente, tarde. Igual que con el gasto público. Los liberales –que en la década del 50 eran sólo dos o tres, exactamente- siempre lo dijimos. Pero es inútil. Somos los malos.

Los buenos, los que quieren que el estado cumpla con el “derecho a la educación”, han triunfado. Antes fue el derecho a ser educado en ciencias. Luego, en La razón de mi vida. Ahora, en la ideología de género. Mañana, mejor no digo más, para no dar malas ideas.

Y no sólo es la Argentina. Es todo el mundo.

Mientras tanto, lo único que queda es desobedecer la ley, y aprender a escuchar a los feos, sucios y malos. 

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

Ponerle fin al gatopardismo

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 7/9/18 en: https://www.cronista.com/economiapolitica/Ponerle-fin-al-gatopardismo-20180906-0081.html

 

Después de casi tres años de gestión, en estos días debido a repetidas idas y venidas y ciertas filtraciones sobre posibles medidas de fondo y candidatos a oxigenar el gabinete con ímpetu para renovar la confianza perdida, es desafortunado tener que reconocer que nada cambió. No solo eso sino que algunos aspectos empeoraron con los últimos anuncios oficiales.

 

Pensaba que se eliminarían funciones incompatibles con un sistema republicano de donde procede la insoportable exacción impositiva, el exponencial endeudamiento estatal, el creciente déficit total de las cuentas fiscales y las manipulaciones monetarias y cambiarias contraproducentes.

 

Lamentablemente las medidas anunciadas se concretaron en la suba de impuestos a las exportaciones, enroques varios de funcionarios en un organigrama que en definitiva no modifica el resultado neto, a contramano de propuestas de gran interés y fertilidad que con la mejor buena voluntad se han hecho llegar al gobierno desde diversos rincones. Ahora se sugieren podas circunstanciales que como hemos reiterado, igual que en la jardinería crecen con más vigor y también se incluyeron subas del gasto en otros rubros. Lo anunciado es básicamente gatopardismo.

 

Además, los incrementos de impuestos no solo constituyen un inaudito “llovido sobre mojado” en el país que cuenta con uno de las mayores presiones tributarias del planeta, sino que en rigor no puede anunciarse como un hecho consumado ya que se trata de una medida que debería pasar por el Congreso.

 

Sugerí que el Presidente declarara su abstención de participar en la próxima contienda electoral designando una candidata o candidato para el cargo, al efecto de trasmitir la clara decisión que el mandatario no ocupará su tiempo y energías en una campaña electoral.

 

De haber sido así, junto con medidas de fondo que mitigaran los antedichos problemas, las personas de bien hubieran considerado al Presidente como un estadista que está dispuesto a concentrar su atención exclusivamente en resolver la situación que tiene a todos preocupados.

 

Nunca es tarde para rectificar el rumbo. El tiempo apremia. Descuento que el Presidente está imbuido de los mejores propósitos, pero por el momento las medidas no se condicen con su afirmación en el sentido de que “esta vez el cambio es verdadero”.

 

Por último, subrayo la errada distinción presente en los últimos anuncios del ministro del ramo al sostener que “hablamos a la gente y no solo a los mercados”. El mercado es la gente, no es un aparato ajeno a sus acciones e intereses. Todas las transacciones cotidianas que cada persona lleva a cabo conforma el proceso de mercado. Es el resultado indefectible de compras y abstenciones de comprar.

 

A esta confusión también debe agregarse lo que el Presidente manifestó seguramente con la mejor de las intenciones pero que también se presta a equívocos en cuanto a que  “les hablo con el corazón”, lo cual trae a la memoria recuerdos sumamente ingratos.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.