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Subsidios a la pesca en alta mar

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 19/6/18 en: https://www.eldiarioexterior.com/subsidios-a-la-pesca-en-49754.htm

 

Hay seis países cuyas flotas pesqueras salen regularmente en busca de capturas en alta mar porque sus respectivos mares domésticos ya han sido absolutamente depredados.

China, España, Japón, Rusia, Taiwán y Corea del Sur. En conjunto, ellos pescan el 85% de lo que se captura en alta mar. Se trata de obtener unas 4,4 millones de toneladas de pescado.

Pero, cuidado, no se trata tan sólo de ambiciones, a veces desmedidas, de los propietarios de esas flotas. Ocurre que todas ellas reciben importantes subsidios de sus respectivos gobiernos. Algunos de ellos son abiertos. Otros, en cambio, como ocurre con China, son escondidos, y se canalizan generalmente a través de suministros de combustible que se hacen con precios por debajo de los del mercado. Sin esos subsidios, generalmente las operaciones no tendrían viabilidad comercial.

China es el principal país entre aquellos cuyas flotas pescan activamente en alta mar. No solo pesca para consumo interno. También para procesar y exportar las capturas.

Japón dedica a esos subsidios unos 841 millones de dólares anuales. España unos 600 millones. Y China unos 450 millones. Para reducir costos, las tripulaciones, frecuentemente de nacionalidades distintas del país de la bandera del respectivo buque, se contratan y mantienen en condiciones normalmente lamentables.

Estas actividades suelen generar incidentes fronterizos desde que, cuando persiguen los cardúmenes, los buques no siempre respetan las jurisdicciones soberanas, sino que furtivamente las invaden. Por ello, ocurren incidentes. Como sucede en los mares de Argentina, Guinea, o Ecuador, cuando los buques de guerra de esos países que vigilan el mar propio advierten que el mismo ha sido invadido clandestinamente por enormes buques pesqueros que carecen de los permisos necesarios.

Buques de guerra argentinos mantienen regularmente encuentros armados con pesqueros de altamar chinos que, naturalmente, al ser descubiertos tratan de darse a la fuga. Por esto, en uno de esos incidentes frecuentes, uno de ellos –que pescaba calamar- resultó hundido.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

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El Derecho (8° parte)

Por Gabriel Boragina Publicado el 24/6/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/06/el-derecho-8-parte.html 

 

“G. Derecho y moral. Otro de los temas trascendentales en lo que al Derecho se refiere es su vinculación con la moral. El hombre, de acuerdo con el concepto de Thomasio, actúa en una esfera externa que afecta al bien público, y en la cual el Estado puede ejercer su coacción, y en otra interna, en la que no cabe la coacción, porque atañe al bien individual. Aquélla es la esfera del Derecho y ésta es la de la moral. Relaciónanse ambos campos con la conducta humana y es ése su punto de conexión, tanto más evidente por cuanto que uno y otro se han de asentar en principios de ética, pues, así como resulta inconcebible una moral inmoral, tampoco es admisible un Derecho inmoral. Con este concepto no se está propugnando ni la inmutabilidad ni la uniformidad del Derecho, ya que los principios éticos son diferentes en el espacio y cambiantes en el tiempo. El divorcio, la poligamia, la poliandria, e incluso la prostitución, serán juzgados de distinta manera en los países que los admiten y en los que los rechazan, sin que tampoco los puntos de vista al respecto sean hoy iguales a los de las edades pasadas.”[1]

Parece que el autor citado (a la sazón, Thomasio) identifica la moral y la ética exclusivamente con las actividades sexuales, a juzgar por los ejemplos citados en el último apartado de la cita. Pero, en el mismo diccionario analizado, aparece la definición de moral, que la indica con un campo mucho más amplio[2]. Distingue entre dos “esferas”. La externa, que “afecta” el “bien público” como órbita del Derecho (que identifica con el “estado”), y otra interna que “atañe” al “bien individual” que asocia con la moral. Agrega que, en el primer campo (“bien público”) cabe la coacción del “estado”, en tanto en el segundo (bien individual) la misma se encuentra excluida. En realidad, como ya tuvimos oportunidad de aclarar antes, no sólo existe una coacción externa, sino otra interna, esta última es la que ejerce el mismo individuo sobre su propia conducta, por ejemplo, restringiendo o absteniéndose de acciones que no aprecia como correctas, sin que sea necesario ningún tipo de acción coactiva que provenga de su entorno, mediato o inmediato. En el caso, ha de decirse que la persona se autocoacciona.

En este supuesto, sus principios morales se confunden con sus principios jurídicos, incluso, con el ordenamiento jurídico, cuyas normas se orientan en el mismo sentido en que lo hacen sus convicciones morales. En este aspecto, existe una completa identificación entre la moral y el Derecho desde el punto de vista subjetivo. Ahora bien, hay casos en donde la coincidencia no es tal. Donde los principios morales del individuo no van en consonancia con los del ordenamiento jurídico que rige donde vive. Aquí no hay colisión posible, siempre y cuando esos principios morales discordantes con el ordenamiento jurídico no afecten ni ingresen en la esfera externa a la que alude Thomasio, es decir, no agredan al “bien público”.

Pero ¿qué sucede cuando las normas legales invaden el área del bien individual al que el autor referido denomina moral? ¿O -en otras palabras- cuando el “estado” o el Derecho (que para nuestro autor serian sinónimos) absorben todo o parte de la esfera interna e intentan incorporarla a la esfera externa donde el “derecho-estado” (sinteticémoslo así) puede ejercer su coercitividad? El caso no está tratado en el texto, pero si este fuera el hecho nosotros respondemos que normas semejantes no debe ser acatadas, porque el “derecho” que viola la moral individual no es Derecho exigible. Donde hay conflicto entre el Derecho y la moral ha de prevalecer esta última por sobre el primero ya que no puede haber Derecho alguno allí donde se pretenda violentar la moral individual. El tema del relativismo moral que es al que se refiere la parte final de la cita no lo abordaremos en este momento.

“La diferencia entre la moral y el Derecho está, a juicio de Recasens Siches, en que “la norma moral enjuicia la conducta a la luz de los valores supremos hacia los cuales debe orientarse la vida humana”, a la cual “toma en sí misma, en su plenitud, centrándola en su auténtica y más radical significación, atendiendo a su supremo destino o misión y contemplándola en su auténtica realidad, que es siempre la realidad individual, única, singular e intransferible”, en tanto que “la norma jurídica enjuicia y regula el comportamiento humano desde el punto de vista de las repercusiones de éste en otras personas y en la sociedad”.”[3]

Lo que aquí se explica son las diferentes funciones entre la norma moral y la jurídica. La primera se orienta hacia lo individual y la segunda hacia lo social, en analogía clara con las distintas esferas (externa e interna) de las que nos hablaba Thomasio. Esta sería la síntesis de lo que se dice en el párrafo. Tales caracterizaciones constituyen una ayuda para distinguirlas. La moral -según esta visión- atañe al individuo y a su vida propia, y es ajena al Derecho. Pero el Derecho -agregamos nosotros- debe respetar esa moral que, como muy bien dice Recasens Siches, “es siempre la realidad individual, única, singular e intransferible”, para poder ser considerado un Derecho moral, de lo contrario se transformaría en un Derecho inmoral. El Derecho no es moral por sí mismo, sino en cuanto y en tanto respeta la moral que siempre es individual. No hay tal cosa como una moral social o colectiva.

[1] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial Heliasta-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 294 y sigtes.

[2] Moral. Dícese de lo que no cae bajo la jurisdicción de los sentidos, por ser de la apreciación del entendimiento o de la conciencia, y también de lo que no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno o al respeto humano (Dic. Acad.). Lo anterior, como adjetivo, poco orientador del substantivo. Como tal, entiende por moral, la misma corporación del idioma, la ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. | Además, conjunto de las facultades del espíritu, por contraposición a físico. En cuanto a la diferencia, oposición y nexos entre moral y Derecho, v. esta última voz. (Ossorio p. 606)

[3] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

DEL ABORTO CLANDESTINO AL TOTALITARISMO CLANDESTINO.

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 20/6/18 en: http://gzanotti.blogspot.com/2018/06/del-aborto-clandestino-al-totalitarismo.html

 

El argumento sobre el problema de los abortos clandestinos es uno de los más importantes a favor del aborto legal. Pero es una lástima que a partir de esa genuina preocupación, haya habido otro tema que se filtró en la clandestinidad.

Primero parecía que el debate era la des-penalización, esto es, agregar causales de despenalización a las ya existentes hace muchas décadas. Hasta allí, ninguna sorpresa. Yo estaba en desacuerdo, pero era esperable.

Luego se agregó el debate de si los hospitales públicos debían prestar servicios de aborto como solución a la primera cuestión. Obviamente muchos dijimos que no, pero entendíamos que la mayor parte de los argentinos estuvieran de acuerdo con que los  hospitales públicos prestaran servicios aparentemente gratuitos. Nada es gratis pero hace varios milenios que los argentinos piensan que sí.

Hasta allí, toda era “esperable”. Yo podía estar en desacuerdo, pero no podía  asombrarme de nada.

Pero lo que subrepticiamente se agregó, ante la desinformación y el silencio adrede de muchos, es que la práctica iba a ser obligatoria para los hospitales privados, con una supuesta objeción de conciencia tan difícil de firmar como todos los clásicos trámites de la burocracia argentina, y sin ningún tipo de libertad institucional.

Allí tenemos al totalitarismo clandestino de la mayor parte de los abortistas, porque todos, o casi todos ellos, estuvieron de acuerdo con esto último como si no fuera nada, revelando con ello hábitos de pensamiento totalitarios típicos, lamentablemente, de la cultura argentina.

Desde luego, ninguna incoherencia hay que reclamar a la izquierda totalitaria de siempre, marxistas totales en su modo de pensar, para los cuales las libertades individuales no son más que la superestructura del pensamiento burgués explotador.

Pero vamos a pasar a examinar tres grupos, dos de los cuales conozco muy bien.

Muchos católicos, desde luego, están reaccionando con coherencia. Muchos de ellos son abogados constitucionalistas que siempre han defendido las libertades individuales clásicas y saben bien lo que significa la libertad religiosa, de asociación, etc.

Otros, en cambio, han defendido casi a muerte, como parte del Credo, a los llamados derechos sociales a la salud y la educación. Desde MUY arriba. Y han acusado permanentemente de herejía a los liberales católicos que hemos pensado siempre lo contrario.

Inútiles fueron las “heréticas” advertencias que los católicos liberales hemos hecho contra ese estado de bienestar. Esos derechos sociales tienen como sujeto pasivo de obligación al estado. Y si el estado pone los fondos, va a poner los contenidos y las condiciones.

Eso ya está pasando en educación hace tiempo en temas de educación sexual, donde hay planes obligatorios para todos los colegios, privados también, pero la sangre no llegó al río porque la solución que encontraron fue “a la argentina”: los colegios privados católicos hacen en el fondo lo que quieren (y está muy bien, se llama derecho a la resistencia a la opresión). Pero, cuidado, porque los tiempos están cambiando: ya sus propias alumnitas con pañuelos verdes se encargarán de denunciarlos a las autoridades correspondientes…

Y en salud, lo mismo. Todos muy tranquilos de que insólitas y carísimas cuestiones se agregaran al “plan médico obligatorio”, pero todos haciendo la venia porque todo ello era un “derecho social”.

Pero claro, ahora, con esto, no.

En fin: ¿no es un poco tarde?

¿Qué suponían que iba a pasar, con tanto poder otorgado al estado desde los años 30, donde el feliz Pío XI creía que todo se arreglaba pactando con Mussolini, ante la azorada vista de Mons. Montini, y Luigi Sturzo echado por el mismo Vaticano fuera de Italia? Igual que los católicos que pensaban que todo estaba bien con un ministro de educación “católico”, y por supuesto con Onganía y con Videla en primer lugar. Claro, las cosas han cambiado. El poder va ahora para otro lado. Con luchar SIEMPRE contra el poder, como siempre han hecho los “heréticos” católicos liberales –desde Lord Acton, Rosmini, Montalembert, hasta llegar a M. Novak, Leonad Liggio, Sirico, Gregg, Chafuén etc.- los católicos hubieran tenido mayor autoridad moral. Pero no, por supuesto. ¿Ellos son los herejes, no, nacionalistas católicos? ¿No, revista Cabildo?

¿Y qué decir de la objeción de conciencia? Cuando los testigos de Jehová se pudrían sistemáticamente en la cárcel, sólo yo, un irrelevante total, y si mal no recuerdo el gran Germán J. Bidart Campos, fuimos los únicos que defendimos su objeción de conciencia. ¿Los católicos? Mm….. Y sobre todo los que creían que los gobiernos militares eran “el estado católico”. ¿No, revista Cabildo?

¿Qué autoridad moral tienen ahora para hablar de “libertad”? (Ah me olvidaba: la libertad es sólo para la verdad, el error no tiene derechos, el liberalismo es pecado, la Quanta cura es ex catedra, la declaración de Libertad Religiosa del Vaticano II es herética y fuente de todos los males, etc etc etc……………).

Y por supuesto allí están los grandes partidarios de las teologías marxistas de la liberación (cuyo fundador es hoy un santo en vida en el Estado del Vaticano) y los grades teólogos de la teología del pueblo. Para ellos el aborto es fruto del capitalismo, y el capitalismo es igual al FMI. En eso piensan igual que los de Cabildo: para los primeros la nación católica se da en las villas; para los segundos, en las dictaduras católicas de derecha. Pero para unos y otros, sólo el pueblo católico, contra el liberalismo y el capitalismo, terminará con el aborto. Por ende, más poder al estado, por supuesto, pero cuando el estado es Macri, ah, allí se acuerdan de la liberación los unos, de la libertad los otros.

Pasemos ahora a un grupo más incoherente: los libertarios pro-aborto. Pero no, no me refiero a los que pedían la des-penalización y nada más, aunque cabe confesar que tardaron mucho en aclarar “y nada más”. Me refiero a esa grupo de jovencitos que salieron (y salen) a defender ESTA ley como si se tratara de los precios libres. Gente que dice estar en contra de todasalud pública, de toda prestación estatal de servicios de salud, salieron a defender alegremente un servicio estatal “gratuito” de aborto. ¡Santa coherencia Batman!!! Mama haceme grande, que cuando llegue el aborto, incoherente me hago solo. Y siguieron y siguen festejando ESTA ley,  que obliga a los privados a hacer lo mismo que el servicio estatal. Gente que dice defender la propiedad, la “no agresión”, etc.: cuando llega el aborto, ¡avanti con la agresión a los privados! ¿Y de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa? ¡Ni se acordaron!!!! ¿O en el fondo Ayn Rand los convenció de que mejor desaparezca esa sarta de místicos ridículos? ¿Saben en el fondo qué es la libertad religiosa, o la defienden sólo para que esos imbéciles creyentes se dejen de jorobar? ¿Por qué no se sinceran? ¿Cómo pueden no reconocer la aberrante contradicción en la que han caído, la aberrante falta de principios al no importarles en absoluto la libertad de conciencia? ¿O tenemos en todo esto una prueba de que estos jovencitos NO se salvan de la banalidad del mal y de la liviandad intelectual simplemente porque defiendan la libertad económica?

Y finalmente pasemos al tercer grupo, del cual voy a poder decir muy poco. Porque de los otros dos, por lo menos sé qué les pasa por la cabeza. Pero de Macri y los pro-aborto-pro, ya no puedo decir lo mismo, porque sencillamente ojalá les pasara algo por la cabeza. Comenzando por Macri. Si se trata de banalidad del mal, otro que bien baila, como comenzó a mostrar desde sus inefables globitos amarillos. Cabe reconocer, a los dos primeros grupos de incoherencia, la mínima seriedad de sus autores, desde Pío IX,  Gustavo Gutiérrez o Murray Rothbard. Pero en este caso, qué, ¿Durán Barba? OMG……..

¿Qué tenía en la cabeza cuando salió con “la necesidad del debate”? ¿Acaso en una democracia parlamentaria los diputados y senadores no pueden debatir lo que quieran, sin tener que esperar su aliento? Y si ese hubiera sido el caso, ¿ni siquiera su liderazgo presidencial podía salir en defensa de la no invasión del estado a los servicios privados? Obviamente, no. Macri no se da cuenta –como de infinitas cosas- de que al haber permitido, alentado y hasta negociado la ley del último jueves ha hecho algo tan grave como salir a defender a Maduro, si lo hubiera hecho. Lo que Macri ha hecho es una estupidez de lesa gravedad institucional y de lesa gravedad moral. Y de nula capacidad de liderazgo. Un horror. No sé quién tiene que competir con él en el 19 para que se lo pueda votar como mal menor –porque así fue votado por muchos-: si Idi Amín Dada, Stalin, Hitler, Pol Pot, Mao o Ho Chí Minh. No estamos lejos: por ahí Durán Barba se lo recomienda. Vayamos poniendo las Barbas en remojo.

Mientras tanto se vienen todos los demás totalitarismos clandestinos. Ya no es posible tener la propia opinión sobre la sexualidad sin caer en delitos de odio o discriminación, ya no será posible hablar con “o” sin caer en delitos del lenguaje, ya será delito una pareja heterosexual, ya será delito NO preguntarle al “ser humano” de qué sexo quiere ser. Y mientras tanto tenemos a los grandes genios en el “Ministerio de Economía”, tratando de “controlar al dólar”. ¿Qué harán, ponerle un bozal?

Argentina, un país inviable en medio de un mundo enloquecido.

¿Cuándo llega la abducción extraterrestre?

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

El Derecho (7° parte)

Por Gabriel Boragina Publicado en: http://www.accionhumana.com/2018/06/el-derecho-7-parte.html

 

“F. La coerción jurídica en la práctica. Saliendo ahora del aspecto puramente filosófico y emplazando el tema en su aspecto práctico, resulta evidente que, desde el punto de vista subjetivo, no existen derechos (de signo positivo o negativo) cuya realización no esté respaldada por la fuerza de una sanción, pues los ejemplos citados en contrario son poco convincentes. Se dice que un derecho no susceptible de coacción es el que se tiene frente al deudor insolvente o al delincuente prófugo, así como el que afecta a las obligaciones de hacer. El razonamiento es por completo erróneo: el deudor insolvente puede ser constreñido mediante apremios personales (como ya se hizo en épocas pasadas) o mediante inhabilitaciones para ciertos actos o para el ejercicio de ciertos derechos; el prófugo no es que no pueda ser constreñido, sino que no se lo encuentra para aplicarle la sanción, y en las obligaciones de hacer, la coacción queda determinada por la sustitución en indemnización de daños y perjuicios.”[1]

Comencemos aclarando que lo filosófico tiene consecuencias prácticas. No se trata de un mero elucubrar. No está clara la alusión a los Derechos subjetivos, ni tampoco la distinción entre positivos y negativos. Por lo pronto, los términos sanción y coacción no son sinónimos, en tanto la sanción es la declaración del castigo descripto en la norma, la coacción se refiere al plano de la acción efectivamente realizable por la cual se cumple el objeto de la sanción. Teniendo en cuenta esta distinción, si bien casi todas las normas prevén una sanción o castigo para su incumplimiento, es cierto que -en contraposición a lo expuesto por el autor- tal prevista sanción, en muchísimos casos, no puede ser efectivizada. Es lo que en doctrina se conoce como un Derecho ilusorio o de imposible cumplimiento. En el caso de los ejemplos dados, se omite que el deudor para ser constreñido debería ser hallado primero, y que las inhabilitaciones no logran el objetivo primario del acreedor, que es recuperar lo adeudado. Lo mismo puede decirse para los dos ejemplos restantes, el del prófugo y de las obligaciones de hacer. Si el obligado no es encontrado y además es insolvente la coacción no puede efectivizarse. Es decir, el hecho está sancionado legalmente pero no puede concretarse la sanción por una imposibilidad material de hacerlo. A pesar de los esfuerzos dialécticos del autor lo cierto es que existen situaciones de facto donde la coercibilidad no resulta posible de momento o de manera definitiva (por ejemplo, en los casos de prescripción de acciones y Derechos).

“Se alega también que otro caso de derecho sin coacción es el que afecta a la relación entre el Estado y los particulares, carente de fuerza coercitiva a favor de estos últimos. Esto tampoco es cierto, por lo menos de un modo absoluto; pues la jurisdicción contencioso-administrativa se encamina precisamente a que los tribunales de justicia impongan coactivamente al Estado el cumplimiento de sus obligaciones incumplidas o de las normas vulneradas en perjuicio de los particulares.”[2]

No obstante, la práctica jurídica indica que la mayoría de las sentencias que se dictan en el fuero mencionado -en caso que favorezcan al particular- son meramente declarativas, aun cuando condenen al “estado” y lo “sancionen”. Ya hemos aclarado previamente que -en los hechos- lo que sucede es que el “estado” se estaría sancionando a sí mismo, porque el poder judicial es nada más que una rama del poder político del “estado”, lo cual deviene en una incongruencia, no solamente desde el punto de vista formal, sino sustancial. Tengamos en cuenta además que el poder de policía no reside en el poder judicial, sino en el ejecutivo. Llegado el caso -y suponiendo una situación extrema- ¿echaría mano el poder ejecutivo de su propio poder policial para ejecutar una sentencia dictada contra quien controla ese poder policial, es decir, contra sí mismo? Nuevamente, se presenta la dicotomía entre la sanción legal contenida en la ley y declarada en la sentencia, por una parte, y la concreción efectiva de la pena o condena por la otra. Difieren el plano material del formal. Si se quiere describir cómo funciona la coerción jurídica en la práctica no puede desconocerse esta realidad de quienes hacen del Derecho profesión. ¿Qué poder coactivo tendrían los tribunales contenciosos administrativos contra el Poder Ejecutivo (Administrativo precisamente) formando ambos partes del “estado” y que no implique -desde un punto de vista del Derecho Constitucional- la intromisión de un “poder” u “órgano” del estado en otro poder u órgano del mismo “estado”??

“Y en lo que al Derecho Internacional se refiere, se puede sostener no que exista pese a no estar amparado por la coacción, sino que no existe un Derecho Internacional y que lo procedente sería hablar de hechos internacionales. Precisamente de lo que tratan juristas y políticos es de convertir esos hechos en un Derecho, creando a tal fin organismos internacionales que fijen las normas de relación entre los Estados, pero que tengan también la facultad de interpretarlas judicialmente y la fuerza material necesaria para imponer sus fallos (tribunales y ejércitos internacionales).”“[3]

Si aceptamos, como lo hemos hecho, que la coacción no constituye elemento fundamental del Derecho y que este existe con independencia de aquella, este principio general resulta aplicable a todo lo que reciba el nombre de Derecho, independientemente de la calificación que reciba; en el caso, es extensivo tanto al Derecho nacional como internacional. La existencia de un Derecho internacional sólo podría tener sentido en el supuesto de lo que se ha dado en llamar -por algunas materias- un Derecho internacional privado (en oposición a otro Derecho internacional “público”). Este Derecho internacional privado trata de regular los vínculos jurídicos y las relaciones establecidas entre ciudadanos de diferentes países, entre ellas temas tales como la adquisición o perdida de la ciudadanía, estado civil, relaciones comerciales entre ciudadanos de distintos países entrarían en el marco de su campo. Pero el autor en comentario, aunque no lo aclara en su definición, no estaría hablando de este Derecho sino del opuesto (el público).

[1] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial Heliasta-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 294 y sigtes.

[2] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.

[3] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

A RAÍZ DE MAQUIAVELO SOBRE EL PODER Y LA GUERRA

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Un personaje difícil de desentrañar. Hay autores que lo consideran un malvado, hipócrita y corrupto, otros imbuido de las mejores intenciones que deseaba el bienestar del pueblo y, por último, los que sostienen que se limitó a describir lo que consideró es la política. Tal vez haya una mezcla de estas visiones tripartitas pero lo que prima es la última interpretación.

 

Maquiavelo considera la política como la búsqueda del poder a cualquier costo con total independencia de toda consideración moral, lo cual es en gran medida ajustado a la realidad. Es la virtú que en el lenguaje del florentino significa precisamente la voluntad de alcanzar el poder. Es por ello que en esta instancia del proceso de evolución cultural los partidarios de la sociedad abierta se afanan por establecer límites adicionales al aparato estatal.

 

Sus tres obras más conocidas se dirigen a aquellos objetivos. Su meta era la unificación de las ciudades-estados como Venecia, Milán, Florencia, Génova, Bolonia y Ferrara y su modelo de príncipe era César Borgia (hijo del Papa Alejandro VI) por su crueldad y ambición, por más que aquí y allá se separa de la monarquía para intercalar loas al sistema republicano. En realidad Hobbes en cierto sentido sistematizó y llevó hasta sus últimas consecuencias la idea del positivismo y el poder absoluto sembrados por Maquiavelo un siglo antes.

Dado que una de las preocupaciones centrales de Maquiavelo para mantener el poder fueron los ejércitos y la guerra, reitero aquí parte de lo que he consignado en otra oportunidad sobre la materia bélica, que no solo viene al caso por lo escrito por el autor florentino sino debido a lo que en gran medida ocurre de un largo tiempo a esta parte en nuestro mundo. Es del caso entonces abrir este tema y descomponerlo en sus partes sobresalientes al efecto de calibrar adecuadamente su significado.

En la antigüedad, los vencidos eran masacrados por las fuerzas victoriosas en la contienda. Los adultos eran degollados, las mujeres profetizaban con las entrañas de los muertos, se construían cercos con los huesos de los derrotados y los niños eran sacrificados para rendir culto a los dioses. Luego, en un proceso evolutivo, los ejércitos vencedores tomaban como esclavos a sus prisioneros (“herramientas parlantes” como se los denominaba, haciendo uso de una terminología que revelaba la barbarie del procedimiento).

Mucho mas adelante, se fueron estableciendo normas para el trato de prisioneros de guerra que finalmente fueron plasmadas en las Convenciones de Ginebra y, asimismo, fueron suscitándose debates aun no resueltos sobre temas tales como la “obediencia debida” y los “daños colaterales”. En el primer caso, algunos sostienen con razón que si bien en la cadena de mando no tiene sentido permitir la deliberación y la discusión de las órdenes emanadas de la jerarquía militar y menos en plena trifulca, hay un límite que no puede sobrepasarse. Es decir, tratándose de órdenes aberrantes no puede alegarse la “obediencia debida” como excusa para cometer actos inaceptables para cualquier conducta decente, aun en la guerra.

El segundo caso alude a la matanza, la mutilación o el daño a personas que nada tienen que ver en la contienda y la destrucción de bienes que pertenecen a inocentes. Esto se ha dado en llamar “daños colaterales” por los que se argumenta deben responder penalmente los agresores. Porque solo se justifica la defensa propia, esto es, el repeler un ataque pero nunca se justifica una acción ofensiva y tras la máscara de los daños colaterales se esconde no simplemente la mera acción defensiva, sino el uso de la fuerza para propósitos de agresión. En este sentido, el cuadro de situación es el mismo que cuando se asalta un domicilio: los dueños del lugar tienen el derecho a la defensa propia pero si llegaran a matar o herir a vecinos que nada tienen que ver con el atraco, se convierten de defensores en agresores por lo que naturalmente deben hacerse responsables.

Resulta que en medio de estos debates para limitar y, si fuera posible, eliminar las acciones extremas que ocurren en lo que de por sí ya es la maldición de una guerra, aparece la justificación de la tortura por parte de gobiernos considerados baluartes del mundo libre, ya sea estableciendo zonas fuera de sus territorios para tales propósitos o expresamente delegando la tortura en terceros países, con lo que se retrocede al salvajismo mas cavernario.

Cesare Beccaria, el pionero del derecho penal, afirmaba en De los delitos y de las penas que “Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez […] ¿Qué derecho sino el de la fuerza será el que otorgue potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es reo o inocente? […] Este abuso no se debería tolerar”.

Los fines no justifican los medios. En el fin están presentes los medios. No es posible escindir fines y medios. Descender al nivel de la canallada para combatir a la canallada en el caso terrorista (y en cualquier otro), convierte también en canallas a quienes proclaman la lucha contra el terror. Por este camino se pierde autoridad moral y la consecuente legitimidad. Incluso si se conjeturara que una persona posee la información sobre la colocación de una bomba que hará estallar el planeta no es justificable abusar de una persona. No caben análisis utilitarios sopesando unas vidas frente a otras. Nadie puede ser usado como medio para los fines de otros. Toda persona tiene un valor en si misma. No pueden sacrificarse algunos para salvar a muchos otros. Una vez que se acepta colocar a seres humanos en balanzas como si se tratara de una carnicería, se habrá perdido el sentido de humanidad y los valores éticos sobre los que descansa la sociedad abierta.

El caso hipotético de la bomba que hará estallar el planeta supone más de lo permisible. Supone que el torturado en verdad posee la información, que la bomba realmente existe, que no es una falsa alarma, que se puede remediar la situación, que el torturado trasmitirá la información correcta (la información recabada durante la tortura no es confiable, lo cual es confirmado por quienes manejan detectores de mentiras).

Michael Ignatieff explica que la tortura no solo ofende al torturado sino que degrada al torturador y sugiere que para evitar discusiones inconducentes sobre lo que es y lo que no es una tortura, deberían filmarse los interrogatorios y archivarse en los correspondientes departamentos de auditoria gubernamentales.

También en la actualidad se recurre a las figuras de “testigo material” y de “enemigo combatiente” para obviar las disposiciones de la antes mencionada Convención de Ginebra. Según el juez estadounidense Andrew Napolitano el primer caso se traduce en una vil táctica gubernamental para encarcelar a personas a quienes no se les ha probado nada pero que son detenidas según el criterio de algún funcionario del poder ejecutivo y, en el segundo caso, nos explica que al efecto de despojar a personas de sus derechos constitucionales se recurre a un subterfugio también ilegal que elude de manera burda las expresas resoluciones de la Convención de Ginebra que se aplican tanto para los prisioneros de ejércitos regulares como a combatientes que no pertenecen a una nación.

En diferentes lares se ha recurrido a procedimientos terroristas para combatir a las bandas terroristas. En lugar de la implementación de juicios sumarios, con la firma de actas y responsables, se optó por el asesinato y la inadmisible figura del “desaparecido” y la apropiación de bebes falsificando identidades. A través de estas formas tremebundas, eventualmente se podrá ganar una guerra en el terreno militar pero indefectiblemente se pierde en el terreno moral. El procedimiento de los encapuchados y la clandestinidad no solo conduce a que los supuestos defensores del derecho se equiparen a los terroristas sino que desaparece toda posibilidad de control una vez que se da carta blanca a la impunidad, con lo que los abusos se extienden en grado exponencial en todas direcciones.

De mas está decir que lo dicho no justifica la bochornosa actitud de ocultar y apañar la acción criminal del terrorismo que no solo tiene la iniciativa sino que pretende imponer el totalitarismo cruel y despiadado que aniquila todo vestigio de respeto recíproco. No solo esto, sino que estos felones tampoco reconocen ciertos terrorismos de estado, por ejemplo el impuesto a rajatabla en la isla-cárcel cubana durante el último medio siglo. Esta grotesca hemiplegia moral está basada en el desconocimiento más palmario del derecho y en una burla truculenta a la convivencia civilizada.

Curiosamente, en algunos casos, para combatir al terrorismo se opta por aniquilar anticipadamente las libertades a través de la detención sin juicio previo, el desconocimiento del debido proceso, se vulnera el secreto bancario, se permiten escuchas telefónicas y la invasión al domicilio sin orden de juez competente. Incluso se pretenden disminuir riesgos imponiendo documentos gubernamentales de identidad únicos, sin percibir que es el mejor método para acentuar la inseguridad ya que con solo falsificar esa documentación quedan franqueadas todas las puertas en lugar de aceptar registros cruzados y de múltiples procedencias. Tal como explica James Harper, posiblemente se perciba este error si se sugiere que el gobierno establezca obligatoriamente una llave única para abrir la puerta de nuestro domicilio, la caja fuerte, la oficina, el automóvil y, además, provisto por una cerrajería estatal.

En algunas oportunidades se suele hacer referencia a las sociedades primitivas con cierto dejo peyorativo, sin embargo, algunas de ellas ofrecen ejemplos de civilidad como es el caso de los aborígenes australianos que circunscribían los conflictos armados a las luchas entre los jefes, o los esquimales que los resolvían recitando frente a la asamblea popular según la resistencia de cada bando en pugna, tal como relata Martin van Creveld.

Las guerras aparecen hoy entre naciones, no sabemos si en el futuro tendrán cabida estas concepciones políticas ya que la aventura humana es un proceso en constante estado de ebullición y abierto a posibles refutaciones. Solo podemos conjeturar que las divisiones y fraccionamiento del planeta en jurisdicciones territoriales, por el momento, a pesar de las extralimitaciones observadas (lo relevante es imaginarse los contrafácticos), hacen de reaseguro para los fenomenales riesgos de concentración de poder que habría en caso de un gobierno universal. Desde luego que de este hecho para nada se desprende la absurda xenofobia por la que las fronteras se toman como culturas alambradas e infranqueables para el tránsito de personas y el comercio de bienes.

En 1869, en París, se organizó un concurso sobre la guerra. Juan Bautista Alberdi preparó El crimen de la guerra. En ese trabajo, entre otras cosas, leemos que  “La guerra no puede tener mas que un fundamento legítimo, y es el derecho de defender la propia existencia. Así, el derecho de matar, se funda en el derecho de vivir, y solo en defensa de la vida se pude quitar la vida”, pero advierte que fuera de ello “la defensa se convierte en agresión, el derecho en un crimen”.

El ansia de poder político, los nacionalismos y la intolerancia religiosa han sido y son las causas principales de las guerras. Finalmente tengamos muy en cuenta que, como bien dice el actor principal de Lord of War, “nada hay mas costoso para un traficante de armas de guerra que la paz”.

En resumen, la forma en que se expresa Maquiavelo sobre la guerra y el  poder conducen en definitiva a la liquidación de las autonomías individuales, pero no quiero terminar sin mencionar el excelente título del capítulo 23 de El príncipe: “Como huir de los aduladores” (“los más sumisos, serviles, estúpidos y abyectos de los hombres” escribe Erasmo).

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Milton Friedman desafía: el objetivo de los empresarios es ganar dinero; John Mackey, de Whole Foods, lo discute

Por Martín Krause. Publicado el 9/6/18 en: http://bazar.ufm.edu/milton-friedman-desafia-al-objetivo-los-empresarios-ganar-dinero-john-mackey-whole-foods-lo-discute/

 

Los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I leyeron a Milton Friedman: “La responsabilidad social de los empresarios es incrementar sus ganancias”.

El artículo, publicado en la revisa del New York Times es claramente desafiante, típico de Friedman. Con un título agresivo busca llamar la atención de los lectores. Así lo comenta una alumna:

“Friedman hace hincapié en su rechazo a la responsabilidad social de la empresa. Friedman establece que no puede hablarse estrictamente sobre RSE ya que, quienes adquieren responsabilidades son las personas y no una corporación artificial. Quienes deben ser responsables son las personas y no una corporación artificial. Quienes deben ser responsables son los empresarios, dueños, o quienes representan a las compañías, es decir, los ejecutivos corporativos. Ahora bien, ¿en qué consiste esa responsabilidad?”

“El ejecutivo corporativo es también una persona en su propio derecho y, como tal, puede que tenga muchas otras responsabilidades que reconozca o asuma de forma voluntaria: para con su familia, su conciencia, sus sentimientos de caridad, su iglesia, sus clubes, su ciudad, su país. Puede que se sienta obligado por dichas responsabilidades a dedicar parte de sus ingresos a causas que considera respetables, a rechazar trabajar para ciertas corporaciones, e incluso a abandonar su trabajo, por ejemplo, para incorporarse al ejército de su país. Si lo deseamos, podemos referirnos a algunas de estas responsabilidades como “responsabilidades sociales”. Sin embargo, en este sentido el ejecutivo corporativo está actuando como principal y no como agente; está gastando dinero, tiempo o energía, y no el dinero de sus empleadores o el tiempo o la energía que por contrato se comprometido a dedicar a los objetivos de los mismos.”

El tema es tan sensible que muchos no llegan a ver los argumentos de Friedman. No digo estar de acuerdo, sino simplemente entenderlo. Lo mismo debe haber sucedido con muchos de sus lectores.

Pero los alumnos no leen solamente esto, sino también un muy interesante debate organizado por la Reason Foundation donde John Mackey, fundador y presidente de Whole Foods, la exitosa cadena de supermercados naturistas sostiene:

“Estoy muy en desacuerdo. Soy un empresario y un libertario del libre mercado, pero creo que la empresa inteligente debe crear valor para todos sus socios. Desde la perspectiva del inversor, el fin de los negocios es maximizar las ganancias. Pero no es el fin de otros stakeholders –clientes, empleados, proveedores y la comunidad. Cada uno de estos grupos definirá el objetivo de la firma en términos de sus propias necesidades y deseos, y cada perspectiva es válida y legítima.

Mi argumento no debería interpretarse como hostil hacia las ganancias. Creo que conozco algo sobre cómo crear valor para los accionistas. Cuando co-fundé Whole Food Markets hace 27 años comenzamos con $45.000 de capital, tuvimos ventas por $250.000 en nuestro primer año. En los últimos doce meses hemos tenido ventas por más de $4.600 millones, ganancias netas de más de $160 millones y una capitalización de mercado superior a los $8.000 millones

Pero no hemos logrado ese tremendo aumento en el valor de los accionistas haciendo que el valor de las acciones sea nuestro objetivo principal. En mi matrimonio, la felicidad de mi mujer es un fin en sí mismo, no solamente un medio para mi propia felicidad; el amor me lleva a poner la felicidad de mi mujer en primer lugar, pero al hacerlo soy feliz también yo. Igualmente, los negocios más exitosos ponen al cliente en primer lugar, antes que los inversores. En una empresa centrada en las ganancias la felicidad de los clientes es simplemente un medio para un fin: maximizar las ganancias. En una empresa centrada en los clientes, su felicidad es un fin en sí mismo, y será buscado con mayor interés, pasión y empatía de lo que puede hacerlo una empresa centrada en las ganancias.”

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

El Derecho (6° parte)

Por Gabriel Boragina Publicado en: http://www.accionhumana.com/2018/06/el-derecho-6-parte.html

 

“Contrariamente, otros muchos autores, entre ellos Jellinek, Giner de los Ríos, Merkel, Posada, Windscheid y Bonilla San Martín, han negado que la coercibilidad sea indispensable al Derecho. Cathrein ha sostenido concretamente que “si la coacción viene detrás del Derecho, teniéndolo como fin y como objeto, no será nunca un elemento esencial del mismo, sino algo que desde fuera se le asocia y viene en su ayuda”. Otros argumentos apoyan esta tesis, como el que señala la existencia de un Derecho Internacional, que regula o trata de regular las relaciones entre los diversos Estados, pese a carecer de elementos coactivos, porque la guerra no sólo no es el elemento coactivo en que se apoya el Derecho Internacional, sino que tampoco representa precisamente la negación de tal Derecho.”[1]

Esta es pues, al fin, la postura correcta. Como ya expusimos: la coacción es un elemento natural, es, en suma, un hecho, que puede o no acompañar al Derecho, pero también se presenta en situaciones claramente antijurídicas, como el ejemplo ya dado del delincuente que echa mano de ella para perpetrar sus crímenes, donde -desde luego- no sólo el Derecho está ausente, sino que su accionar es contra todo Derecho, ya que no existe un “Derecho” a violar el Derecho. La fuerza (coacción) existe como elemento natural o connatural, en tanto el Derecho no, porque este es una construcción mental primero, y social después cuando se generaliza y se expande entre un grupo o sociedad. La guerra es, ciertamente, un elemento coactivo -quizás el peor de todos ellos- pero también resulta muy claro que no forma parte del Derecho -más bien es su más perfecta negación- y no se aplica de ninguna manera al caso de la violación de un tratado internacional. La guerra no implica que el Derecho no existe ni que no deba cumplirse con él.

“Se dice también que la coacción no entra en apoyo del Derecho sino cuando éste es perturbado, sin que sea necesario que esa perturbación se produzca. Es decir que el Derecho existe sin el elemento coaccionante mientras la infracción no tiene lugar.”[2]

Naturalmente, esto es absolutamente correcto. Como ya dijimos, la coacción existe de manera independiente al Derecho, y aquella puede emplearse, incluso, en forma contraria al Derecho, como sucede típicamente en los casos de comisión de delitos. Notemos que la coacción es esencial al delito en la mayoría de los casos, pero tampoco es inherente al delito. Ciertos tipos de delitos se cometen sin el concurso de la coacción (muchos tipos de estafas o amenazas son ejemplos de esto último). Es más, el Derecho puede ser conculcado sin que, necesariamente, se reaccione con el sustrato coactivo que lo complementa.

“No faltan tampoco quienes, con dudoso acierto, tratan de probar que la coercibilidad no es esencial al Derecho, basándose en la circunstancia de que, pese a la realidad de las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares, éstos no tienen medios coactivos de obligar a aquél al cumplimiento de sus obligaciones.”[3]

No obstante, las dudas del autor citado nosotros consideramos muy plausible esta crítica. Resulta cierto que, quien muchas veces es el principal violador del Derecho es el estado-nación mismo. Y también es correcto que, cuando ello ocurre, el particular queda inerme frente a tal infracción, porque carece del elemento coercible para ver resarcido su Derecho a la sazón, lesionado. Puede ser que el autor citado diga “con dudoso acierto” porque quizás esté pensando en que, en tal caso, el ciudadano tiene la posibilidad de ocurrir a los tribunales de Justicia para ver reconocido su Derecho y reclamar que sean estos quienes ejecuten la coercibilidad contra el infractor (en dicho supuesto el “estado” mismo). Pero, si recordamos que la Justicia es un órgano del “estado” deviene la paradoja que -en este caso- el “estado” se estaría coaccionando a sí mismo, sólo que, a instancias de un particular, de donde queda incólume la tesis de que el particular carece de coercibilidad propia contra el estado, y sólo puede lograr -como hipótesis de máxima- que el estado consiga (a través de su rama judicial) coaccionarse e a sí mismo. La práctica indica que esto último muy rara vez ocurre, por lo que acogemos la tesis referida en la cita anterior.

“Si se examinan los argumentos aducidos en pro de la existencia de un Derecho sin coacción, parece que el único valido es el que sostiene que la coercibilidad no es el Derecho en sí, sino el elemento que garantiza su efectividad. Enunciado así el problema, se advierte en seguida la diferencia entre ambos conceptos: si una cosa garantiza a otra, es porque la primera existe, ya que no cabría dar efectividad a una cosa inexistente. Las fuerzas de la naturaleza son útiles al hombre en cuanto éste pueda captarlas en su beneficio, más el hecho de que no pueda emplearlas, y aun de que las desconozca, no quiere decir que no existan.”[4]

La coercibilidad es accidental al Derecho. Y puede usarse tanto en contra del Derecho como a favor del Derecho. Por consiguiente, la coercibilidad es un elemento instrumental y solamente eso. Como un martillo puede servir tanto para construir como para destruir. En realidad, la formulación es parcialmente correcta. No sólo la primera existe, sino también la segunda. Tanto la coercitividad como el Derecho existen como realidades, sólo que lo hacen por separado, y no se tratan meramente de la misma cosa (como sostienen erróneamente los positivistas). Pero planteado como lo hace la cita, pareciera que lo único existente es el Derecho y no la coercibilidad. La realidad es que, concurren ambos por separado, coercibilidad que -en el caso- viene a garantizar la efectividad del Derecho, como bien se dice. Y, por otro lado, el Derecho como elemento autónomo garantizado. Garante y garantizado respectivamente distintos, pero unidos para un fin específico, que es el fin (objeto) del Derecho.

[1] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial HELIASTA-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 294 y sigtes.

[2] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.

[3] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.

[4] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

El Derecho (5° parte)

Por Gabriel Boragina Publicado en: http://www.accionhumana.com/2018/06/el-derecho-5-parte.html

 

“El Derecho Objetivo es la norma agendi o norma para actuar, mientras que el Derecho subjetivo es la facultas agendi o facultad de actuar. Para Azcárate y Rosell, siendo el Derecho una tendencia a coordinar aspiraciones fundamentales, es lógico que contenga el instrumento armonizador, que es la norma o Derecho Objetivo, y las aspiraciones que son armonizadas o Derecho subjetivo.”[1]

Es decir, la norma crea la facultad, es la manera jurídica de decir que los individuos necesitan un permiso del estado-nación para actuar, de lo contrario, si la persona no lo tiene autorizado por este, lo tiene prohibido. Pero ¿Quién otorga la facultad de crear esa norma agendi? El positivismo responde: el estado-nación. Juzgamos esta teoría como inaceptable. Estamos convencidos que la norma fuente del Derecho es el Derecho Natural, del que derivan los derechos individuales, y sólo en una tercera instancia o grado aparece el derecho positivo, pese a que la corriente dominante del pensamiento jurídico insista que el real orden es el inverso, excluyendo -en la mayoría de los casos- al Derecho Natural.

“E. El elemento coactivo. Relacionado en cierto modo con lo dicho respecto a la condición del Derecho Natural, surge la cuestión, por cierto muy debatida en doctrina, de si la coactividad o coercibilidad constituyen requisito esencial del Derecho. Unos autores sostienen que no hay Derecho si no puede ser exigido coactivamente; otros entienden que ambos términos, Derecho y coacción, juegan con absoluta independencia. Es muy probable que la respuesta esté condicionada a que se considere tan sólo el Derecho Natural o tan sólo el Derecho positivo, pues, en un sentido filosófico y abstracto, cabe hablar de un Derecho que no requiera la coercibilidad, puesto que se trata de principios idealmente rectores de las relaciones humanas. Mas, si se habla del Derecho positivo, destinado a gobernar la convivencia social, es inadmisible que no necesite de la coacción; o sea, de la posibilidad de su imposición frente a quienes traten de desconocerlo. De otro modo sería letra muerta, porque carecería de eficacia, lo que equivale al reconocimiento de su inexistencia.”[2]

Lo cierto es que -como anticipamos más arriba- puede haber coacción sin que haya derecho (el ejemplo típico es el delincuente que coacciona a su víctima para lograr su propósito) lo que indica a las claras que la coacción no es en modo alguno “requisito esencial del Derecho” y esto sin entrar a considerar la cuestión del Derecho Natural. Mucha gente respeta las normas jurídicas sin coacción alguna, sino por su íntima convicción que es lo que corresponde y debe hacer, y no necesita de la cocción para reconocer y cumplir con el Derecho. Otros se auto-coaccionan. El ser humano puede someterse a normas voluntariamente y sin sentirse amenazado por alguna coerción externa. De manera tal que, la conclusión parece clara en el sentido que la coercibilidad no es elemento constitutivodel derecho. La coacción nace recién cuando el derecho se viola y -en algunos casos- ni siquiera se presenta. La coacción es un elemento complementario al Derecho (incluso considerado desde la óptica de un Derecho positivo) pero no inherente al mismo. Todo Derecho, incluyendo el Natural, esta “destinado a gobernar la convivencia social”. Pero no hay ninguna razón para excluir de plano el concepto de Derecho (en sentido amplio) cuando -aunque caso altamente improbable- toda la comunidad está de acuerdo con cumplir las normas jurídicas, y no se presentan violaciones al mismo. No es menos Derecho el que se cumple que aquel que se viola.

“Es ésa la opinión de Ihering cuando señala que “la coacción ejercida por el Estado constituye el criterio absoluto del Derecho, ya que una regla de Derecho desprovista de coacción jurídica es un contrasentido; es un fuego que no quema, una antorcha que no alumbra”. Para él no son Derecho las normas que no pueden exigirse coactivamente por la autoridad, aun cuando fueren universalmente obedecidas: “Sólo llegan a serlo cuando el elemento exterior de la coacción pública se les agrega”.”[3]

Como ya hemos adelantado, juzgamos que ihering se equivoca. El Derecho es lo que la sociedad -en última instancia- reconoce como tal, tanto cuando lo cumple, como cuando lo viola. El acatamiento o la desobediencia a la norma puede acarrear consecuencias en uno u otro sentido, con independencia de la conceptualización y aceptación de la condición de Derecho que se le está otorgando a la norma jurídica. La sanción complementa la norma, no la define. La integra, pero no como elemento esencial,sino suplementario. La corriente positivista (que es la que examina el autor que ahora nos encontramos estudiando) juzga lo contrario, a nuestro juicio, erróneamente. Las comparaciones con el “fuego” y la “antorcha” son claramente desafortunadas, e inaplicables al caso en examen. Y la cuestión que aquí planteamos no tiene nada que ver con la distinción entre Derecho Natural y Derecho positivo, aunque estos autores sólo aceptan la existencia de este último.

“Kant no es menos categórico cuando expresa que el Derecho es coactivo en sí mismo, porque, si no estuviese acompañado de la coacción, no cumpliría su objeto de mantener la unidad en el reino de los fines. En igual sentido, aunque con otras palabras, se pronuncian Del Vecchio. Recasens Siches, Stammler, Holzendorff, Geny, Kelsen y Kohier.”[4]

Por las mismas razones que hemos venido dando antes, todos estos autores -en nuestra opinión- se equivocan si pretenden sostener que la coactividad es intrínseca a la noción de Derecho, sino que es complementaria. Podríamos llegar a aceptar que se trata de una complementariedad necesaria para que el Derecho cumpla su fin, pero esto último es muy diferente a aseverar una esencialidad intrínseca para la definición de Derecho, sin negar que la coercibilidad acompaña normalmente a muchas normas. Consideramos que existen dos tipos de coercibilidades: una externa y otra interna. Esta última es la que se impone el propio individuo que, conociendo la norma jurídica acepta acatarla motu proprio y no por la amenaza de la coacción. La primera es la que trae la ley positiva emanada del legislador, y que se hace operativa cuando el agente viola la norma, lo que en el caso analizado puede no ocurrir nunca por la coercibilidad interna ya aludida.

[1] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial HELIASTA-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 294 y sigtes

[2] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.

[3] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.

[4] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Dislate: ley en defensa de la competencia

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 30/5/18 en: http://www.libertadyprogresonline.org/2018/05/30/dislate-ley-en-defensa-de-la-competencia/

 

En el caso argentino al que ahora nos referimos, no es para nada una concepción nueva la legislación que alardea con defender la competencia, terreno que fue iniciado por Perón con sus conocidas amenazas al agio y la especulación, luego utilizado con distintas etiquetas por otros muchos gobiernos estatistas.

Igual que con la libertad de prensa, la mejor ley sobre el proceso competitivo es la que no se promulga. Para fraudes, abusos y corrupciones varias está el Código Penal y el Civil y Comercial, no solo no es necesaria sino del todo contraproducente una ley nacional en defensa de la competencia que, al igual que otros documentos de tenor equivalente, aparecen dirigidos a buenos propósitos pero esconden veneno bajo el poncho.

En el contexto de este gobierno no es de extrañar que semejante ley se promulgue puesto que varios de sus encumbrados funcionarios han despotricado contra empresas que mueven sus precios, en lugar de afrontar con el vigor necesario las causas de dichos movimientos como es el elefantiásico gasto público, el déficit fiscal y la consiguiente manipulación monetaria.

Lo primero es comprender que técnicamente no hay tal cosa como traslación a precios. El empresario siempre intenta cobrar el precio más alto que las circunstancias permitan, lo cual no significa que sean las que quieran, de lo contrario el vendedor de pollos colocaría sus precios a un billón de libras esterlinas por unidad pero, en ese caso, la demanda será cero.

Sería en verdad muy atractivo para el mundo empresario que no deba preocuparse por la altura de sus costos, total simplemente  los traslada a los precios. Pero las cosas no son así. Si el comerciante conjetura mal su negocio y eleva los precios más allá de lo que la demanda permite, verá afectadas sus ventas y no podrá optimizar la relación volumen-precio. Los procesos inflacionarios o la baja en la productividad generan el espejismo de la traslación.

Lo segundo que conviene precisar es la bondad del monopolio, esto es la venta de un bien o servicio por un solo oferente. Esto quiere decir que el pionero en el rubro ha ofrecido algo hasta el momento desconocido en el mercado. Este ha sido el caso desde el invento del arco y la flecha que dejó de lado el garrote. Una ley antimonopólica se traduce en la insensatez de no permitir un descubrimiento puesto que no podría existir el primer emprendimiento antes de que exista el segundo (?). Ningún producto farmacéutico, ninguna novedad en los equipos electrónicos  sería permitido bajo este absurdo legislativo. Es por eso que las leyes vigentes y sus aplicaciones en esta materia están llenas de rodeos, caminos tortuosos y referencias sibilinas para poder implantarse y satisfacer así la ignorancia de un público que injustificadamente se siente protegido por este aluvión legislativo en todas partes en las que tiene vigencia este esperpento.

Estas volteretas legislativas y ridículos enmascaramientos han sido denunciados por muchos autores de fuste, muy especialmente en el contexto del cuidadoso andamiaje analítico de Richard Posner en  Antitrust Law. An Economic Perspective, por Dominick Armentano en Antiturst and Monopoly. Anatomy of a Policy Failure, en el décimo capítulo del segundo tomo del tratado de economía de Murray Rothbard titulado “Monopoly and Competition” y en la cuarta parte del capítulo 16 del tratado de Ludwig von Mises bajo el título de “Los precios de monopolio”.

El problema no son los monopolios que surgen como consecuencia del mejor oferente a criterio de la gente en el mercado en un contexto de apertura total. El problema gravísimo son los monopolios legales sean estos estatales o privados, a saber, los que son artificialmente otorgados por el poder político en cuyo caso la gente es explotada por rufianes mal llamados empresarios con privilegios de diversa naturaleza como mercado cautivos, exenciones fiscales, tarifas aduaneras o lo que fuere. En estos casos inexorablemente los precios serán más altos de lo que hubieran sido de no haber mediado la dádiva, las calidades inferiores o las dos cosas al mismo tiempo.

La denominada cartelización constituye una pantalla cuyo ataque disimula otro desconocimiento medular: en la práctica es como si se tratara de un monopolio con lo que lo dicho para ese caso basta para concluir que si en lugar de operar bajo una razón social las empresas prefieren desenvolverse bajo varias razones sociales el caso anterior explica el fenómeno, situación que es del todo aplicable al oligopolio (pocos oferentes “grandes”) y el trust (fusión de varias empresas en una).

Es de interés destacar que lo que en economía se denomina el factor competitivo permanente hace que en un mercado abierto todas las empresas estén en competencia entre si aunque se trate de reglones diferentes en busca de los recursos de la gente. Aun en el caso irreal por cierto de que exista una sola empresa que satisfaga con un solo producto todas las necesidades de la totalidad de la población, aun en ese caso la ley de rendimientos decrecientes, que muestra la relación producto-capital, obliga a que la dimensión de esa empresa única sea limitada, precisamente por la limitación de recursos que torna la curva respectiva en decreciente.

En otros términos, carece por completo de sentido sostener que debe haber cierta cantidad de empresas en tal o cual ramo, que debe haber una o ninguna. Las circunstancias cambiantes modifican esta situación. Lo que si debe aceptarse es que si el monopolio ofrece bienes apetecidos por la gente (no es el caso, por ejemplo, del monopolio de los tornillos cuadrados) el precio será considerado alto, lo cual es absolutamente necesario al efecto de atraer otros oferentes en el rubro en cuestión. Ya sabemos que si se establecen precios máximos en este campo o en cualquier otro, la demanda se expandirá, la oferta se contraerá, la escasez irrumpirá inmisericorde y los  factores de producción se volcarán a otros reglones con el consiguiente consumo de capital que, a su vez, hace que los salarios e ingresos en términos reales disminuyan por el desperdicio involucrado.

También es hace necesario aludir al “dumping” que significa venta bajo el costo. Ahora bien, este es el caso en general de comerciantes cuando están en períodos de liquidación de su stock, también es el caso de empresarios cuando incurren en quebrantos y también si seguimos el procedimiento del costeo directo cuando en el período de lanzamiento de un producto su publicidad es frecuentemente subsidiada por otros de los productos. En ninguno de los casos comentados parece que puedan objetarse.

Sin embargo, se dice que el dumping malsano consiste en aquella situación en la que el empresario percibe que podría vender su producto a un precio dado pero decide venderlo a un precio menor al efecto de arruinar a sus competidores y luego subir el precio para más que compensar las pérdidas anteriores. Veamos este asunto de cerca, si esa fuera la circunstancia, los competidotes actuales y los potenciales compran el producto en cuestión que, como queda dicho, se ubica por debajo del precio de  mercado, y lo revenden haciéndose del arbitraje correspondiente.

Prestemos debida atención al ejemplo puesto que habitualmente se sigue el razonamiento sin tener en cuenta los mismos presupuestos en los que se basa al concluir que el empresario que hace dumping amplia sus instalaciones y ofrece cantidades mayores al efecto de que el nuevo precio sea el de mercado con lo cual desaparece el posible arbitraje antes referido. Pero es que aquí se cambiaron los presupuestos del ejemplo. Ahora el empresario del caso abastece todo el mercado que no es lo que sucede cuando se limita a reducir sus precios, si es así nada hay que comentar como no sea el agradecimiento al empresario que decide reducir precios. Claro que ni bien pretenda contraer nuevamente su oferta y volver a las andadas, surgirán nuevos participantes con la idea de hacer negocios.

El único caso de dumping verdaderamente malsano son las empresas estatales que sus pérdidas son absorbidas coactivamente por los contribuyentes sin posibilidad de anticuerpos de mercado. Cuando empresarios locales denuncian dumping de productos que vienen del exterior, habitualmente no se molestan en verificar los libros de contabilidad de los supuestos competidores extranjeros, su molestia se basa en que los precios resultan más bajos que los suyos. Y en el caso de que efectivamente hubiera dumping del exterior, como dice el premio Nobel en economía Milton Friedman, la maniobra resulta en una bendición para los locales que recibirían actos caritativos del extranjero.

Las teorías conspirativas de este tenor esconden incompetencia y la pretenden dramatizar con argumentos nacionalistas sin ver que los mismos razonamientos son aplicables al comercio dentro de las fronteras de un país cuando alguien vende más barato, lo cual no justifica aduanas interiores.

El una lástima que volvamos a actualizar legislaciones que constituyen un dislate como la comentada de defensa de la competencia, cosa que no mejora un ápice por el hecho de ser supervisada por supuestos expertos en un llamado tribunal, dignos representantes de la megalomanía autóctona.

Como ha consignado el historiador decimonónico Lord Acton “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Se ha dicho con razón que esta ley es “la morenización de la economía” (por el fatídico secretario de comercio del kirchnerismo, Guillermo Moreno que falsificó las estadísticas del INDEC con la intención de que no se descubrieran sus dislates). Ahora se reiteran errores con esta ley solo que en lugar de exhibir la pistola arriba de la mesa, la pistola apoya la legislación ya que tras el incumplimiento de la norma se encuentra el rostro de la fuerza del aparato estatal.

Es una pena que un gobierno saturado de lo que se conoce por CEO (chief executiveofficer, es decir, el ejecutivo de línea de máximo nivel) no entienda el significado de la competencia, lo cual suele suceder ya que no siempre un banquero entiende que es el dinero ni el director de marketing lo que es el proceso de mercado y así sucesivamente. Una cosa es tener el talento para descubrir oportunidades de arbitraje y otra bien distinta es imbuirse de los fundamentos éticos, jurídicos y económicos de la sociedad abierta.

Con la designación de la Autoridad Nacional de la Competencia, régimen de clemencia para los que no cumplen con la norma y quieren reencauzarse, prácticas prohibidas, fusiones y adquisiciones no aprobadas, multas, sanciones y penas y otras sandeces se complica el funcionamiento del mercado, se traba la posibilidad de asignar eficientemente los factores de producción y se posibilita una mayor discrecionalidad en el uso del poder.

A esta maraña se agrega la figura de “la posición dominante” como si en un mercado libre el consumidor no fuera quien en última instancia decide la situación puesto que el comerciante que contradice su voluntad tiene los días contados como tal.

Como tantas veces hemos puntualizado y repetido al comienzo de esta nota, el verdadero peligro son los empresarios prebendarios que aliados al poder explotan a la gente con sus privilegios y el otorgamiento de facultades a burócratas y semi-burócratas que exceden sus funciones de respeto a los derechos de todos. Este “big-business” fue el responsable de la inmoralidad más llamativa de nuestro tiempo: el denominado “salvataje” del gobierno estadounidense a empresas ineptas e irresponsables financiadas coactivamente con el fruto del trabajo de los que no tienen poder de lobby. Eso si es una posición dominante inaceptable.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

El Derecho (4° parte)

Por Gabriel Boragina Publicado en: http://www.accionhumana.com/2018/05/el-derecho-4-parte.html

 

“C. Fines y funciones. Ihering, al abordar el problema relativo al fin del Derecho, afirma que, si se tiene en cuenta que el fin de los actos del ser animado es la realización de sus condiciones de existencia, se puede decir que el Derecho representa la forma de la garantía de las condiciones de vida de la sociedad. Cabría también referirse a las condiciones de vida del hombre en sociedad, siendo esta distinción de notoria importancia, puesto que se vincula con los criterios sociológico e individualista ya mencionados.”[1]

Nuevamente aparece el impropio antropomorfismo que hemos objetado ya anteriormente, dado que, se supone una “vida” distinta de “la sociedad” respecto de la de otro tipo de vida (del hombre). Una y otra vez surge en estos autores la falsa dicotomía entre una sociedad que “vive” autónomamente de la vida humana, y ésta como dependiente de aquella. Lo que más que un criterio sociológico luce como otro de tipo colectivista. La historia ha demostrado los peligros de fantasear con conceptos organicistas e hipóstasis del tipo analizado ahora. Nosotros corregiríamos la definición de esta manera: “el Derecho representa la forma de la garantía de las condiciones de vida EN la sociedad”. Donde las condiciones de vida se refieren a la única vida posible: la del individuo, y no a la de la sociedad, que carece de vida propia al contrario de cómo lo sostienen las doctrinas organicistas e hipostáticas. Ahora bien, cabe aclarar que, si por “sociedad” el autor se refiriera, simplemente, al conjunto de individuos que la integran donde el vocablo “sociedad” sólo refleja una mera comodidad gramatical, no hay objeción que hacer al respecto. Pero no es este el caso, dado que en párrafo aparte aclara que la vida del hombre depende de la vida de la sociedad, con lo cual nuestra crítica sobre la falsedad de esta última hipótesis, se mantiene.

“Cuestión importante es también la que afecta a la determinación de la función específica del Derecho, a cuyo respecto puede decirse que consiste en dirimir los conflictos que se suscitan entre personas físicas o jurídicas, particulares o públicas, y con arreglo a normas establecidas y de obligatorio cumplimiento, dentro de una sociedad organizada y como medio de impedir una resolución de las contiendas mediante el empleo de una violencia con la que el más fuerte se impondría a los más débiles. Bien se comprende que ese sistema basado en la mayor fortaleza mantendría a la colectividad en un régimen de barbarie, incompatible con la civilización y el progreso.”[2]

Este es un concepto instrumental del Derecho. Se le otorga (por la parte final de la cita) una función civilizadora al Derecho. Por nuestra parte, pensamos que la función “que consiste en dirimir los conflictos que se suscitan entre personas físicas o jurídicas, particulares o públicas, y con arreglo a normas establecidas y de obligatorio cumplimiento” corresponde a la justicia y no al derecho, en tanto que, las “normas establecidas y de obligatorio cumplimiento, dentro de una sociedad organizada” son el Derecho mismo. Cuando usamos el vocablo “justicia” en este contexto queremos hacer particular referencia al aparato judicial o jurisdiccional concretamente, y no a la justicia en abstracto. Es decir, creemos que la función de la justicia consiste, precisamente, en aplicar el derecho. Pero esta no nos parece una distinción esencial, y podemos aceptar -con estas reservas- la idea instrumental del Derecho como mecanismo para dirimir conflictos. En lo demás, en realidad, no es que la violencia “desaparezca”, sino que se transfiere su uso desde los particulares hacia el estado-nación quien -a partir de ese instante- será quien detente su monopolio y uso coactivo de la misma.

“D. Lo objetivo y lo subjetivo en lo jurídico. Naturalmente que cuanto queda dicho se halla referido al Derecho en sentido objetivo; es decir, a la existencia de principios y normas que regulan la convivencia humana, y que es considerado desde el punto de vista individual y colectivo. Ahora bien, del precitado Derecho Objetivo se desprende un Derecho subjetivo, que alude a la facultad que las personas físicas o jurídicas tienen no sólo para realizar determinados actos, sino también para exigir que otras personas de igual índole, sin excluir al Estado, no les impidan realizar lo que la ley permite o no prohíbe.”[3]

Dado que hasta el momento las definiciones en análisis vinieron refiriéndose tanto al Derecho Natural como al positivo, y si bien parecen haberle negado entidad al Derecho Natural, podría llegar a suponerse que -en el párrafo citado- engloba a ambos “derechos” dentro de la formulación de Derecho objetivo. Pero, si seguimos leyendo, esa primera impresión cae, porque habla de “la existencia de principios y normas que regulan la convivencia humana” en una clara alusión al Derecho positivo. Acerca de la distinción entre lo “individual y colectivo” nos remitimos a los comentarios que hemos hecho anteriormente. De nuestro lado, discrepamos con la definición, y nos inclinamos por considerar “Derecho objetivo” al Derecho Natural, al que reconocemos como auténtico Derecho. En apariencia, el autor citado diferencia entre los derechos subjetivos[4] y los derechos individuales[5]. Si esta distinción es correcta, podemos estar de acuerdo en cuanto a que los subjetivos se desprenden de los objetivos en una relación de causa-efecto, en donde los últimos son fuente de los primeros. Por eso, remarcamos cierta imprecisión cuando -en el contexto analizado- se utilizan como sinónimos los vocablos derecho subjetivo y derecho individual (ver las notas anteriores).

[1] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial HELIASTA-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 294 y sigtes.

[2] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.

[3] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.

[4] Derecho subjetivo Conjunto de facultades que corresponden al individuo y que éste puede ejercitar para hacer efectivas las potestades jurídicas que las normas legales le reconocen. (V. DERECHO OBJETIVO.) Ossorio, ob. Cit. p. 312

[5] Derechos individuales Conjunto de aquellos de que gozan los individuos como particulares y que no pueden ser restringidos por los gobernantes. Como medio de garantizarlos, a partir de la Revolución francesa (Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por la Asamblea Nacional de 1789), se consagran en las Cartas fundamentales de todos los países civilizados. Son Derechos individuales: el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad ante la ley, al trabajo, a la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de asociación, de circulación, de defensa enjuicio, entre otros. (Ossorio, ob. Cit. p. 313

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.