El pecado económico de Cambiemos y la cruz pesada del populismo

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 2/10/18 en: http://www.visionliberal.com.ar/nota/5571-el-pecado-economico-de-cambiemos-y-la-cruz-pesada-del-populismo/

 

La complicada situación económica por la que estamos transitando es consecuencia de haber subestimado la herencia recibida del kirchnerismo y sobreestimar la imagen de Mauricio Macri como factor que iba a atraer inversiones con su sola presencia en la Casa Rosada. De todas maneras, justo es reconocer que el conjunto de la dirigencia política también delira cuando dice que de este problema económico se sale con crecimiento. Claramente no entienden la relación entre crecimiento e instituciones. Todos creen que retocando el tipo de cambio, haciendo una banda cambiaria o hablando de atender al mercado interno, como si mágicamente la gente pudiera consumir más por una simple disposición política, todo se soluciona.

Para Cachanosky, el deterioro institucional es un factor clave para entender por qué nadie quiere invertir en Argentina

Pero, ¿por qué digo que sobreestimaron la imagen de Macri para atraer inversiones? Porque no evaluaron el profundo deterioro institucional para atraer inversiones.

Para poder entender el pecado económico original de Cambiemos, primero hay que comprender dos cuestiones básicas: 1) qué es la tasa de interés y 2) bajo qué condiciones alguien hunde una inversión.

Todos creen que retocando el tipo de cambio, haciendo una banda cambiaria o hablando de atender al mercado interno, como si mágicamente la gente pudiera consumir más por una simple disposición política, todo se soluciona

Por empezar hay que entender que la tasa de interés no es el precio del dinero, como comúnmente se conoce, sino que tiene varios componentes.

La tasa de interés de mercado es la suma de:

1) El interés originario

2) La expectativa inflacionaria

3) El riesgo crediticio

4) El riesgo institucional

El interés originario es la compensación que pide el ahorrista para sacrificar consumo presente por consumo futuro. Una persona tiene un determinado ingreso, para que genere ahorro (no consuma una parte de su ingreso) y se lo preste a otro para que invierta o consuma, pide a cambio que lo compensen por postergar su consumo. De manera que la tasa de interés de mercado nunca puede ser cero porque eso supondría que la gente no le otorga valor al tiempo y le es lo mismo consumir hoy que dentro de un año.

En un país en que el Estado puede aplicar impuestos sobre los ahorros en forma retroactiva, el riesgo institucional es tan alto que quien está dispuesto a prestar sus ahorros en ese país va a cargar una tasa muy alta de riesgo institucional

Pero quien deja de consumir una parte de su ingreso para prestarlo, además de pedir que lo compense por sacrificar consumo presente por consumo futuro, también pide que lo compense por la expectativa inflacionaria que tiene. Si espera que en el año la inflación va a ser del 10% y presta sus ahorros a un año de plazo, al cabo del año querrá poder comprar la misma cantidad de bienes que al inicio del período, de manera que le cargará a la tasa de interés originaria, la expectativa inflacionaria del 10%.

También considerará el riesgo de cobrarle al que le presta sus ahorros. Es decir, puede pedir compensación por el riesgo crediticio.

Finalmente, está el componente riesgo institucional. En un país en el que no se respeta el derecho de propiedad. Un país en el que el estado puede confiscar los ahorros (Argentina tiene una larga tradición en este rubro como es el caso del plan Bonex, el corralito, el corralón, la pesificiación asimétrica, la confiscación de los ahorros en las AFJP, etc.). Un país en que el Estado puede decidir de la noche a la mañana que si uno prestó dólares tiene la obligación de recibir pesos devaluados.

En fin, en un país en que el Estado puede aplicar impuestos sobre los ahorros en forma retroactiva, el riesgo institucional es tan alto que quien está dispuesto a prestar sus ahorros en ese país va a cargar una tasa muy alta de riesgo institucional. Esto quiere decir que la tasa de interés tiende a subir en los países con alto riesgo institucional, entiendo por riesgo institucional que el Estado no respeta las reglas de juego. Que es arbitrario en su manejo.

Ahora bien, ¿cuándo alguien está dispuesto a hundir una inversión en alguna actividad diferente a la financiera? En la medida que la tasa de rentabilidad esperada supere la tasa de interés de un bono. ¿Por qué voy a asumir el riesgo de invertir en una fábrica de hamburguesas, lidiando con el riesgo que mi producto no se venda, los problemas de cobranza, los temas fiscales, laborales, etc., si la tasa de rentabilidad esperada es menor o igual a la tasa de interés que rinde un bono del gobierno? No tiene sentido invertir si puedo hacer la plancha teniendo el mismo riesgo país pero sin hundir la inversión y comprando un bono con el cual estoy líquido. De manera que solo invierto en una fábrica de hamburguesas si la tasa de rentabilidad de la fábrica supera la tasa el rendimiento de un bono.

El error de Cambiemos fue creer que la sola presencia de Macri en la presidencia podía borrar nuestra historia de irresponsables

Si se acepta este punto de partida, es obvio que cuanto mayor sea el riesgo institucional de un país, mayor será la tasa de interés y mayor la tasa de rentabilidad que el inversor le va a pedir a su proyecto de inversión. Cuánto más alto sea el riesgo institucional, menor será la cantidad de proyectos de inversión que superen la tasa de interés. Es decir, a mayor riesgo institucional, menor inversión hundida en el sector real de la economía.

Justamente este fue el punto clave en el que se equivocó Cambiemos creyendo que la sola presencia de Macri en el sillón de Rivadavia iba a atraer una lluvia de inversiones que conduciría al crecimiento.

Así, mágicamente la economía iba a crecer, el crecimiento se traduciría en más recaudación y con el gasto público congelado en términos reales, la brecha fiscal cerraría por mayor crecimiento. El mismo discurso que utiliza ahora la oposición para decir que esto no cierra con ajuste sino con crecimiento.

Grosero error tanto de Cambiemos como de la oposición, nuestra cruz es arrastrar una tradición de país defaulteador que no paga sus deudas y la mayoría de su dirigentes políticos aplauden de pie esa decisión. Nuestra cruz es ser confiscadores con los impuestos, con los ahorros en el sistema financiero, con reglas de juego en los que está ausente el derecho de propiedad o limitado significativamente en nombre de la solidaridad social.

¿Por qué en un país de saqueadores de riqueza iban a llover inversiones si el nuevo gobierno y la oposición no mostraban una actitud y discurso de cambio en el sentido de apostar a la cultura del trabajo?

El error de Cambiemos fue creer que la sola presencia de Macri en la presidencia podía borrar nuestra historia de irresponsables. Es más, el discurso de Cambiemos siguió alentando la cultura de la dádiva en vez de la cultura del trabajo. La competencia por ver quien ha dado más planes sociales estaba y está en cada debate entre la gente de Cambiemos y los K. Tanto prevaleció la cultura de la dádiva que el gobierno dio marcha atrás en la reducción de impuestos e incluso los aumento para sostener “planes sociales”.

¿Por qué en un país de saqueadores de riqueza iban a llover inversiones si el nuevo gobierno y la oposición no mostraban una actitud y discurso de cambio en el sentido de apostar a la cultura del trabajo?

Lo primero que hay que cambiar es el discurso y terminar con el populismo de la cultura de la dádiva. Lo segundo es reforzar ese discurso con medidas concretas. Lo tercero es comunicárselo con sencillez a la población

Esta historia que el gasto público era intocable, llevó al lío de la deuda externa, las LEBACs que hoy se transforma en el lío de las LELIQ, las LECAPs, el aumento de los encajes bancarios y las típicas corridas cambiarias producto de los arbitrajes tasa versus dólar que implementan los gobiernos cuando no quieren tocar el gasto público.

Tantas barbaridades institucionales cometidas en el pasado no se superan tan fácilmente. Lo primero que hay que cambiar es el discurso y terminar con el populismo de la cultura de la dádiva. Lo segundo es reforzar ese discurso con medidas concretas. Lo tercero es comunicárselo con sencillez a la población. Y lo cuarto es tratar de convencer a la oposición que el discurso populista espanta inversiones.

Si no se convence a la oposición hay que buscar primero el apoyo de la población para empezar a cambiar los valores que hoy imperan en la sociedad. Sin estos estos pasos previos ni diez Macri juntos van a genera una lluvia de inversiones.

Por su parte la oposición tiene que dejar de delirar con el verso que de esto se sale sin bajar el gasto público diciendo que se sale con crecimiento. Esa expresión es una contradicción porque mientras el gasto público siga siendo tan alto, la confiscación del trabajo y de los activos va a seguir, por lo tanto el riesgo institucional continuará siendo alto y las inversiones, el único camino de crecimiento de largo plazo, seguirán ausentes.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

 

“No es la economía, son las personas”

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 5/8/18 en: https://www.libremercado.com/2018-08-05/carlos-rodriguez-braun-no-es-la-economia-son-las-personas-85746/

 

Una publicidad a página entera en El País, bajo el título “No es la economía, son las personas”, atrajo mi atención. Era de Emasesa, la empresa municipal de aguas de Sevilla, y era el comienzo de una serie: “Los nuevos retos de la gestión pública del agua (I)”.

Al parecer, los retos estribaban en la posible privatización de la empresa. Hasta ahí podíamos llegar. Se nos avisaba que Emasesa es una empresa pública y de “su firme vocación de seguir siéndolo en el futuro”.

Esto ya es curioso, porque no se entiende bien qué es eso de tener una “firme vocación” de seguir ostentando el privilegio de ser un monopolio público impuesto por las autoridades a la población. Eso sí, afirmaba el anuncio que la empresa quiere responder a las demandas de la sociedad con “unas nuevas reglas del juego que imponernos a nosotros mismos”. Estos deben de ser los famosos enemigos de la autorregulación…

Palabras bonitas, siempre: “asegure el suministro de un recurso limitado, como el agua, reconocido como derecho humano”. El derecho de los usuarios a elegir recibir un bien en competencia no vale nada, como tampoco vale el derecho de propiedad sobre sus carteras, frente al “compromiso con nuestros usuarios que son, en último término, a quienes nos debemos y a quienes tenemos que rendir cuentas”. ¿Cómo va a rendir cuentas un monopolio cuyas cuentas el pueblo no puede elegir no pagar?

Al día siguiente, continuó el anuncio: “Una gestión pública responsable está enfocada más hacia las personas que a la cuenta de resultados de la empresa”.

Es decir, son las personas las que importan, y no la economía, no las cuentas de resultados de una empresa cuyos resultados dependen de que los sevillanos sean obligados a pagar. Pero entonces, ¿qué personas son las que importan?

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE

Derecho a la seguridad jurídica

Por Gabriel Boragina Publicado el 12/8/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/08/derecho-la-seguridad-juridica.html

 

“Las principales condiciones que se concitan en el concepto de seguridad jurídica podrían englobarse en dos exigencias básicas: Corrección estructural, en cuanto garantía de disposición y formulación regular de las normas e instituciones integradoras de un sistema jurídico; y corrección funcional; que comporta la garantía del cumplimiento del derecho por todos sus destinatarios y regularidad de actuación de los órganos encargados de su aplicación. Se trata de asegurar la realización del derecho mediante la sujeción al bloque de la legalidad por parte de los poderes públicos (principio de legalidad) y también de los ciudadanos.” (Pérez Luño A.)”[1]

Este es un concepto formal, que no nos dice nada del aspecto sustancial o del contenido del orden jurídico. Nótese que estas condiciones podrían cumplirse en cualquier estado totalitario como lo fueron la Alemania nazi, el socialista soviético, o el cubano, donde permanentemente y bajo su régimen jurídico formal se han quebrantado y se siguen violando -en el caso cubano- los derechos más elementales. Los tiranizados en regímenes opresivos también tienen la certeza (seguridad) de que se dictarán normas por parte de los organismos “legalmente” facultados para ello que vulnerarán sus derechos individuales. El mal de nuestro tiempo es la plena identificación que se hace entra la norma y la justicia de la norma, cuando no necesariamente ambas han de coincidir.

Por caso, si la norma no respeta el derecho de propiedad del individuo habrá seguridad jurídica respecto de que ese derecho no será reconocido, o será transgredido por medio de una norma. La ley y el Derecho van por caminos separados. El objetivo de toda sociedad es (o debería serlo) unirlos e integrarlos.

Pero la seguridad jurídica no siempre va de la mano con la seguridad personal, y cuando se disocian hay que elegir entre una o la otra.

Si hay “seguridad jurídica” de que la norma legal infringe o atropellará el derecho individual, entonces no existe seguridad individual, porque la primera se contrapone (y ataca) a la segunda. En tal caso, el orden moral impone la prevalencia de la personal por sobre la jurídica. Si el orden jurídico amenaza la seguridad personal debe primar está por sobre aquel.

La siguiente otra definición de seguridad jurídica tampoco arroja demasiada luz sobre el problema que estamos intentando analizar:

“La seguridad jurídica, en un caso concreto, es un valor de la conducta en su alteridad. La seguridad como valor está presente en situaciones ciertas, firmes, y tranquilas, de modo tal que la certidumbre, la firmeza y la tranquilidad en la conducta certifican su polo positivo.””[2]

Si la primera definición citada es de orden formal, la actual daría la impresión de ser algo más sustancial, ya que alude a la conducta en su alteridad. Pero no aclara a la conducta de quien lo hace, si a la del legislador a la del legislado. Parece que lo más apropiado -a esta altura- es diferenciar estabilidad jurídica de seguridad jurídica, porque el grado de ambigüedad de la primera expresión es muchísimo menor al de la última.

Decimos esto basados en las definiciones que nos da la Real Academia Española:

estabilidad

Del lat. stabilĭtas, -ātis.

  1. f.Cualidad de estable. Estabilidad atmosférica, económica, de un coche.

estable

Del lat. stabĭlis.

  1. adj. Que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer. Temperatura, economía estable.
  2. adj. Que permanece en un lugar durante mucho tiempo. Inquilino estable.
  3. adj. Que mantiene o recupera el equilibrio. Un coche muy estable.

seguridad jurídica

  1. f. Cualidad del ordenamiento jurídico que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación.

Real Academia Española © Todos los derechos reservados

Con todo, se nota que estable y seguro son casi sinónimos. Pero el vocablo estable(como surge de las definiciones transcriptas) da un cierto sentido de prolongación en el tiempo, que el término seguridad no denota tan marcadamente. De tal suerte que, algo puede ser seguro y estable, o no estable.

Volviendo a los ejemplos históricos ya dados, en los regímenes nazi-fascistas-comunistas sus normas eran ciertas y previsibles de ser aplicadas. De hecho, lo fueron. Como vemos, cumplen con las condiciones necesarias que definen la seguridad jurídica.

“Si se comprende que los derechos de las personas son consubstanciales a la dignidad del ser humano, no tiene sentido sostener que pueden violarse siempre y cuando otro necesite mucho lo que pertenece a un tercero. De este modo se desmorona el respeto a la propiedad, lo cual constituye el aspecto medular del marco institucional que sirve, precisamente, para maximizar tasas de capitalización que, a su vez, permiten aumentar salarios e ingresos en términos reales. La inseguridad jurídica que se crea con la introducción de figuras como la comentada, constituyen el medio más potente para extender los estados de extrema necesidad y de extrema desesperación.”[3]

El problema real es cuando la doctrina jurídica que campea en los corazones de la gente es la del positivismo jurídico, que considera que el Derecho es idéntico a la ley, y que la ley es exclusivamente todo aquello que emane del organismo legislativo. En el caso, tendremos la seguridad jurídica que el sistema es positivista, lo que -a su turno- nos garantiza que no estaremos viviendo en un marco de estabilidad jurídica. Los “derechos” -en tal encuadre-se limitan a aquellos que el legislador determine que lo son, excluyendo a los que -según su arbitrio- no lo son o no deben serlos. El derecho fundamental es el de propiedad, que implica el derecho al propio cuerpo, del que se deriva el derecho a la libertad para usar y disponer de lo que es propio. En otras palabras, lo que es inherente a la persona misma, y lo que esa persona produce con su trabajo. En la cita, la inseguridadalude a la falta de certeza o estado de duda sobre la legitimidad o no del derecho de propiedad. Es decir, presupone la previa existencia de tal derecho en el ordenamiento jurídico que se analice, y la posibilidad (actual o futura) que el mismo sea disminuido o desaparezca por obra y gracia del legislador.

[1] http://www.dicciobibliografia.com/Diccionario/Definition.asp?Word=DERECHO%20A%20LA%20SEGURIDAD%20JURIDICA

[2] Ver voz “Derecho a la seguridad jurídica” artículo de los Dres. Miguel Herrera Figueroa y Zulema Julia Escobar. Enciclopedia jurídica OMEBA, Tomo 21 letra O, Grupo 5

[3] Alberto Benegas Lynch (h). El juicio crítico como progreso. Editorial Sudamericana. Pág.237

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

La Argentina debe retomar la senda del liberalismo

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 30/7/18 en: https://www.lanacion.com.ar/2157472-la-argentina-debe-retomar-la-senda-del-liberalismo

 

Se trata de crear una sociedad abierta, sin privilegios, en la que se produzca riqueza y los bienes se usen en forma eficiente

Se trata de crear una sociedad abierta, sin privilegios, en la que se produzca riqueza y los bienes se usen en forma eficiente

 

Al contrario de lo que desafortunadamente muchos sostienen, es de desear que nuestro país retome la senda del liberalismo iniciada por el padre de nuestra Constitución fundadora, Juan Bautista Alberdi. La aplicación de estas recetas nobles permitieron que la Argentina se ubicara entre las naciones más prósperas del planeta.

Desde la Constitución de 1853 hasta los golpes fascistas, primero del 30 y luego del 43, nuestros salarios e ingresos en términos reales de los peones rurales y de los obreros de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España. Los inmigrantes a estas costas competían con los ámbitos atractivos estadounidenses. Las exportaciones se encontraban a la altura de las de Canadá y Australia. En el Centenario, miembros de la Academia de Francia comparaban los debates de esa entidad con los que tenían lugar en nuestro Parlamento dada la versación y elocuencia de sus integrantes.

Luego vino el derrumbe estatista, provocado por gastos públicos siderales, déficit fiscales monumentales, regulaciones asfixiantes, impuestos exorbitantes y deudas gubernamentales galopantes. Y las crisis se sucedieron sin solución de continuidad.

A pesar de este cuadro de situación lamentable hay quienes critican un liberalismo inexistente al que pretenden sustituir por el adefesio de un denominado “neoliberalismo” con el que ningún intelectual serio acepta identificarse. Bajo tamaña etiqueta fantasiosa, irrumpen en escena timoratos que aconsejan no prestar atención a las pocas voces liberales y machacan con la mediocridad del estatismo. El liberalismo es nada más y nada menos que el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. Por su lado, todos formamos parte del mercado cuando en libertad llevamos a cabo nuestras transacciones diarias.

Veamos el tema medular de los derechos de propiedad. Lo primero es entender que la preservación de la vida es una condición indispensable para subsistir. Es una verdad de Perogrullo, es una tautología. Para alimentar y desarrollar la vida en plenitud se hace necesario proteger lo que cada cual produce y lo que recibe legítimamente, es decir, el uso y la disposición de lo propio.

Como no vivimos en Jauja y no hay de todo para todos todo el tiempo, se hace necesario, por una parte, respetar el derecho de propiedad para evitar invasiones y usurpaciones y, por otra, para que los usos y disposiciones sean los más eficientes posibles. Esto último es así en una sociedad abierta, por definición ausente de privilegios, puesto que cada uno para progresar y mejorar su estado patrimonial inexorablemente debe atender las necesidades de su prójimo. En este contexto el que acierta en las demandas de sus congéneres obtiene ganancias y el que yerra incurre en quebrantos.

El que vende naturalmente lo hará al precio más alto que pueda, no el que quiera puesto que si excede lo que resulta posible la demanda decaerá o será nula. Del mismo modo, el que percibe una retribución por su trabajo intentará que sea la mayor posible. Esto último depende exclusivamente del volumen de inversiones que, a su turno, proceden de ahorros internos y externos al país en cuestión y no de la voluntad de las partes contratantes. Y este proceso tiene lugar allí donde los marcos institucionales son confiables y predecibles, no donde el derecho se confunde con el pseudoderecho, a saber, la facultad de asaltar el fruto del trabajo ajeno.

Cuando se producen quejas respecto a tal o cual precio de tal o cual producto o servicio no se contemplan dos aspectos cruciales. En primer lugar, el respeto a la propiedad, lo cual significa que el titular puede sugerir el precio que le venga en gana de lo que le pertenece, lo cual, como queda dicho, no quiere decir que logre concretar una venta. De lo que se trata en este contexto es de subrayar la libre disposición de lo propio y no dejarse atropellar por manifestaciones de quienes simplemente se quejan pero que son incapaces de producir lo que estiman es caro.

El mismo razonamiento debe aplicarse a las relaciones laborales. Quienes se emplean en no pocas ocasiones suponen que el lugar de trabajo les pertenece y actúan con la pretensión de disponer de lo que es de otros como si fueran los dueños del lugar, en lo que fuera una relación contractual mutuamente beneficiosa. Esto revela una tergiversación de valores, lo cual perjudica especialmente a los más necesitados. Derroches y ataques a la propiedad generan daños a todos pero sobre los más débiles la carga es más contundente y recae con mayor fuerza debido a la sensibilidad y repercusión en las franjas de ingresos bajos.

Por otra parte, como se ha señalado reiteradamente, a medida que las intromisiones de los aparatos estatales se intensifican se van deteriorando y desfigurando las únicas señales que tiene el mercado para operar. Esas señales indican dónde es más atractivo invertir y dónde no conviene hacerlo. Al fin y al cabo los precios no son más que transacciones de derechos de propiedad. Si se elimina la propiedad como reclaman los marxistas se derrumba el sistema de señales. En este sentido, como he ejemplificado otras veces, no se sabe si conviene construir caminos con oro o con asfalto cuando desaparecen las referidas señales. Y sin llegar a ese extremo, cuando los gobiernos intervienen en el sistema de precios se va deteriorando y desdibujando la contabilidad, la evaluación de proyectos y el cálculo económico en general.

En buena parte del llamado mundo libre, hoy observamos legislaciones que van a contracorriente de lo dicho y, por ende, ponen palos en las ruedas a la productividad y, consecuentemente, al progreso de las personas que se encuentran atrapadas en un laberinto infame. Es interesante detenerse a repasar conceptos vertidos por Alberdi, quien escribió en 1854, en Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853: “La propiedad sin el uso ilimitado es un derecho nominal […] El ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado en nombre de la utilidad pública”.

Por eso es que también James Madison, el padre de la Constitución estadounidense (en la que se inspiró Alberdi junto a la Constitución de Cádiz de 1812), ha consignado en 1792 en “Property” (compilado en James Madison: Writings): “El gobierno ha sido instituido para proteger la propiedad de todo tipo […] Este ha sido el fin del gobierno, solo un gobierno es justo cuando imparcialmente asegura a todo hombre lo que es suyo”. La misma Justicia es inseparable de la propiedad ya que como bien reza la definición clásica de Ulpiano se trata de “dar a cada uno lo suyo” y lo suyo remite a la propiedad de cada cual.

Mientras sigamos con la cantinela de la redistribución de ingresos no progresaremos puesto que la distribución cotidiana que todos hacemos de modo pacífico en el supermercado y afines contradice las antedichas asignaciones políticas que se llevan a cabo coactivamente. Recordemos una vez más a Alberdi en la obra ya citada: “¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro: que no le haga sombra”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

MÁS SOBRE LA PRIVACIDAD Y LA CULTURA

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 22/3/18 en: http://radiocadenasol.com.ar/portal/mas-sobre-la-privacidad-y-la-cultura/

 

Desde diversas corrientes de pensamiento hay la preocupación que señala Milan Kundera: “La persona que pierde su intimidad lo pierde todo”. Hoy observamos que la utilización de los formidables medios de comunicación se utilizan muchas veces para aniquilar a la persona y para quedar incomunicado. Así, se observa que algunos consideran que no han hecho nada si no exhiben lo vivido en las redes sociales, son seres vacíos en el sentido apuntado por T. S. Eliot en el libro que lleva por título Los hombres huecos. Son más bien simples megáfonos de la moda. También se constata la cantidad de jóvenes que están físicamente con un interlocutor, pero simultáneamente están mirando la pantalla de su teléfono, con lo cual, en definitiva, no están ni con uno ni con otro.

De más está decir que esto no es para cargar contra los medios de comunicación, del mismo modo que no es para cargar contra el martillo si en lugar de clavar un clavo se lo utiliza para romperle la nuca al vecino.

Hay dos libros de nuestra época que muestran la preocupación respecto de la privacidad y la cultura desde dos ángulos opuestos. Se trata de La sociedad del espectáculo, de Guy Debord y La civilización del espectáculo, de Mario Vargas Llosa. El primero pretende endosar la responsabilidad del asunto al sistema capitalista y hace una reinterpretación marxista de la sociedad con todo el tufo totalitario del caso, mientras que el segundo suscribe la importancia de la libertad y el respeto a las autonomías individuales propias del liberalismo, pero advierte respecto de conductas inconvenientes que, si bien no lesionan derechos de terceros, voluntariamente afectan aspectos relevantes del progreso cultural.

Esta última visión es la que suscribo, en la que la cultura deriva de cultivarse, naturalmente como ser humano y no entrenarse a producir ruidos guturales, a gatear o retrotraerse a las cavernas. Sin embargo, notamos que, en la actualidad, el batifondo y la imagen sustituyen a la conversación y la lectura de obras que alimenten el alma.

Los lugares en donde en gran medida se reúnen los jóvenes están tan dominados por altísimos decibeles que apenas pueden intercambiar la hora y el nombre de pila, para no decir nada de la exploración de Ortega y Gasset (que a veces los sujetos en cuestión estiman que se trata de dos personas).

En la era digital, y a pesar de sus extraordinarias contribuciones adelantadas entre otros por Nicholas Negroponte desde MIT en Being Digitalhay estudiosos que se alarman con razón de la falta de concentración y la degradación del lenguaje que, por ejemplo, provoca la ametralla y el tartamudeo de tuits que con 140 caracteres limitan la comunicación y el lenguaje, por tanto, el pensamiento.

La mendicante solicitud de amistad por esas vías me parece poco serio y hasta un tanto ridículo. Ahora Facebook, la muy popular red social, se encuentra en un serio entredicho por la filtración de datos privados y por posibilitar la aparente falsificación de identidades, lo cual presenta un problema de seguridad para sus millones de usuarios.

Por su parte, muchas de las manifestaciones artísticas del momento no se basan en criterios estéticos elementales al mostrar, por ejemplo, un inodoro con un trozo de materia fecal como símbolo de arte y así sucesivamente.

Hay en general una tendencia marcada a divertirse, esto es, como la palabra lo indica a divertir, a separar de las faenas y las obligaciones cotidianas para distraerse, lo cual es necesario pero, si se convierte en una rutina permanente, se aparta de lo relevante en la vida para situarse en un recreo constante, lo cual naturalmente no permite progresar.

Pero hay todavía otro aspecto en este asunto de la intimidad que comentamos al principio de esta nota periodística. Según el diccionario etimológico, “privado” proviene del latín privatus, que significa en primer término ‘personal, particular, no público’. El ser humano consolida su personalidad en la medida en que desarrolla sus potencialidades, y la abandona en la medida en que se funde y confunde en los otros, esto es, se despersonaliza. La dignidad de la persona deriva de su libre albedrío, es decir, de su autonomía para regir su destino.

La privacidad o intimidad es lo exclusivo, lo propio, lo suyo, la vida humana es inseparable de lo privado, lo privativo de cada uno. Lo personal es lo que se conforma en lo íntimo de cada cual, constituye su aspecto medular y característico. Es la base del derecho. Es el primer paso del derecho de propiedad. Cada persona tiene el derecho de resguardar y preservar su privacidad y decidir qué parte de su ser prefiere compartir con otras personas y cuál hace pública para conocimiento de todos los que se interesen por esa faceta de la personalidad. El entrometimiento, la injerencia y el avasallamiento compulsivo de la privacidad lesionan gravemente el derecho de la persona.

La primera vez que el tema se trató en profundidad fue en 1890, en un ensayo publicado por Samuel D. Warren y Louis Brandeis en la Harvard Law Review, titulado “El derecho a la intimidad”. En nuestro días, Santos Cifuentes publicó el libro titulado El derecho a la vida privada, donde explica: “La intimidad es uno de los bienes principales de los que caracterizan a la persona”, “el desenvolvimiento de la personalidad psicofísica solo es posible si el ser humano puede conservar un conjunto de aspectos, circunstancias y situaciones que se preservan y se destinan por propia iniciativa a no ser comunicados al mundo exterior”, puesto que “va de suyo que perdida esa autodeterminación de mantener reservados tales asuntos, se degrada un aspecto central de la dignidad y se coloca al ser humano en un estado de dependencia y de indefensión”.

Tal vez la obra que más ha tenido repercusión en los tiempos modernos sobre la materia es La sociedaddesnuda, de Vance Packard y la difusión más didáctica y documentada de múltiples casos es probablemente el libro en coautoría de Ellen Alderman y Caroline Kennedy, titulado The Right to PrivacyLos instrumentos modernos de gran sofisticación permiten invadir la privacidad, sea a través de rayos infrarrojos, captación de ondas sonoras a larga distancia, cámaras ocultas para filmar, fotografías de alta precisión, espionaje de correos electrónicos y demás parafernalia que puede anular la vida propiamente humana, es decir, la que se sustrae al escrutinio público.

Lo verdaderamente paradójico es la tendencia a exhibir la intimidad voluntariamente, sin percatarse de que dicha entrega tiende a anular al donante.

Desde que el hombre es hombre ha habido la posibilidad de utilizar instrumentos para bien o para mal. El garrote del cavernícola podía utilizarse como defensa contra las fieras o para liquidar a un contendiente desprevenido. El asunto es que, en una sociedad abierta, las agencias defensivas y los árbitros en competencia prevengan y repriman las lesiones a los derechos de las personas en el contexto de un proceso evolutivo de descubrimiento de los mecanismos más idóneos para el logro de esos cometidos.

Sin duda que se trata de proteger a quienes efectivamente desean preservar su intimidad de la mirada ajena, lo cual, como queda dicho, no ocurre cuando la persona se expone al público. No es lo mismo la conversación en el seno del propio domicilio que pasearse desnudo por el jardín. No es lo mismo ser sorprendido por una cámara oculta que ingresar a un lugar donde abiertamente se pone como condición la presencia de ese adminículo.

Si bien los intrusos pueden provenir de agentes privados, que tienen que ser debidamente procesados y penados, hoy debe estarse especialmente alerta a los entrometimientos estatales, inauditos atropellos legales, a través de los llamados servicios de inteligencia, las preguntas insolentes de formularios impositivos, la paranoica pretensión de afectar el secreto de las fuentes de información periodística, los procedimientos de espionaje y toda la vasta red impuesta por la política del gran hermano orwelliano como burda falsificación de un andamiaje teóricamente establecido para preservar los derechos de los gobernados.

Todas las Constituciones civilizadas declaran preservar la privacidad de las personas, pero en muchos casos es letra muerta debido a la permanente acción avasalladora de las impertinentes estructuras gubernamentales que se hacen presentes en los vericuetos y los recovecos más íntimos del ser humano. Esa intimidad de la que nace su diferenciación y su unicidad, que, como escribe Julián Marías en Persona: “Es mucho más que lo que aparece en el espejo”.

  • En ese contexto y en tantos otros en los que se constatan tantos abusos de las maquinarias estatales, suele producirse un temor reverencial a la mal llamada “autoridad”. Mal llamada porque la expresión proviene del latín autor, para significar ‘el creador’, el que conoce de cierto tema, es decir, quien tiene autoridad moral e intelectual. Por una extensión ilegítima que ha ido aceptando la costumbre y por una expropiación contrabandeada, aquellos que son por naturaleza autoritarios puedan vestirse con plumas ajenas. Así es que se permite la aplicación del término al mandamás, esto es, al que se respalda en la fuerza bruta despojada de la cual queda desnudo de genuina autoridad y de peso propio. Esos personajes son los que en no pocos lares, debido a sus personalidades raquíticas, se hacen llamar “reverendísimo”, “excelencia”, “majestad” y otros dislates de calibre equivalente. Relata Kapuscinski en El Sha o la desmesura del poder que los títulos oficiales de ese gobernante eran “Rey de Reyes, Sombra del Todopoderoso, Nuncio de Dios y Centro del Universo” (sic).

James Bovard advierte, en La libertad encadenada, acerca de los estropicios provocados por aparatos políticos enmascarados en el ideario libertador que se inmiscuyen en las vidas y las haciendas de todos y van convirtiendo a la sociedad libre en un verdadero Gulag esclavizante. Y, como escribe Tocqueville en La democracia en América, todo comienza en lo que aparece como manifestaciones insignificantes: “Se olvida que en los detalles es donde es más peligroso esclavizar a los hombres. Por mi parte, me inclinaría a creer que la libertad es menos necesaria en las grandes cosas que en las pequeñas, sin pensar que se puede asegurar la una sin poseer la otra”. Eso, como se ha repetido, ocurre con la rana: si se la coloca en un recipiente con agua hirviendo, reacciona de inmediato y salta al exterior, pero si se le va aumentando la temperatura gradualmente, se muere incinerada sin que reaccione, fruto de un acostumbramiento malsano y a todas luces suicida.

Es de desear que se recuperen la cultura y la privacidad para bien de la sociedad abierta, nada puede hacerse en este sentido como no sea a través de la persuasión, ya que se trata de un proceso axiológico muy diferente al atropello del Leviatán, que es de una naturaleza muy distinta a la de los actos voluntarios. De lo contrario, como advierte Vargas Llosa: “Nos retrotraeremos a la condición de monos” (los humanos se convertirán en El mono vestido tal como titula su libro Duncan Williams).

En lo que se refiere al Leviatán, reitero lo dicho por el jeffersionano y doctor en leyes Leandro N. Alem en la legislatura argentina, en 1880: “Gobernad lo menos posible. Sí, gobernad lo menos posible porque mientras menos gobierno extraño tenga el hombre, más avanza la libertad, más gobierno propio tiene y más fortalece su iniciativa y se desenvuelve su actividad”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

El derecho de protesta en EE.UU.

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 30/3/17 en: http://www.lanacion.com.ar/2001370-el-derecho-de-protesta-en-eeuu

 

Las protestas callejeras y en los espacios públicos están creciendo en intensidad en toda la región. Hace pocos días, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez emitió un decreto por el que prohíbe los piquetes que comenzaron a cortar calles o rutas en su país, como si de pronto hubiera aparecido un repentino derecho a hacerlo. En paralelo, la ciudad de Buenos Aires se ha transformado en un despiadado infierno que por momentos tiene presos a sus habitantes en una madeja de maldades callejeras frecuentemente alimentada por los resentimientos. Mientras esto sucede, las más altas autoridades de la ciudad se rehúsan a hacer cumplir la ley. Como si esa fuera una opción válida y no una conducta vergonzosa con la que traicionan a sus mandantes. La consecuencia es el florecer de las anomia, con todos sus peligros y connotaciones.

Es como si de pronto no pudiera haber protestas sin que ellas provoquen molestias graves o hasta daños a terceros. Se procura generar no sólo inconvenientes menores, sino perjuicios graves. Para quienes protestan, los demás parecen apenas un blanco a impactar. Lo más duro posible. Sin mayores miramientos.

Ante ese estado de cosas, vale la pena reseñar, muy brevemente, cuáles son los “límites” de las protestas en otro universo. En uno de los países más apegados a la ley de nuestro hemisferio: los Estados Unidos. A la manera de ejemplo y de recordatorio de que el prójimo existe. Y que es nada menos que un conciudadano. Con derechos y urgencias incuestionables. A quien es realmente enfermizo tratar apuntar, en procura de lastimarlo todo lo que sea posible. Actitud que obviamente destierra la solidaridad social.

En los Estados Unidos, cuya Constitución -cabe recordar- inspirara a la nuestra, el derecho a protestar pacíficamente goza, como sucede también entre nosotros, de una clara protección constitucional. Pero tiene límites. La protección constitucional es importante, porque se trata de un derecho no menor, íntimamente vinculado con la libertad de expresión. Pero con límites, porque quienes lo ejercen deben respetar las normas que regulan su ejercicio.

 

Las protestas sociales pueden realizarse en los espacios públicos, tales como plazas, calles, o veredas. Por lo general, para poder realizarlas en los lugares públicos se requiere obtener previamente los permisos que en cada caso correspondan. Estos, en líneas generales, deben ser conferidos mediante el cumplimiento de requisitos siempre razonables y no pueden negarse en función de la razón o del contenido de la respectiva protesta, salvo que con ella se incite a la violencia o, de pronto, se convoque a cometer actos ilegales. Tampoco pueden denegarse en función de quien es la persona o la entidad específica que los solicitan.

Si la protesta se realiza en las calles o concentra a un número importante de personas o usa amplificadores o parlantes, los permisos previos son generalmente necesarios, salvo que la protesta responda a un incidente o a un episodio repentino, uno que efectivamente acaba de suceder.

Una protesta menor, que tenga lugar sólo en alguna parte de las veredas y que obedezca razonablemente las señales de tránsito, suele no requerir autorización alguna. Si con ello no se interrumpe, ni bloquea, la circulación. Quienes protestan pueden distribuir panfletos, llevar carteles y hasta solicitar firmas en su apoyo. Pero no pueden forzar, nunca, a otros a “tener que recibir” lo que ellos pretenden entregar a terceros. Menos aún por la fuerza.

En los EEUU, el uso de tambores, instrumentos o cánticos está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución federal, aquella que expresamente garantiza la libertad de expresión. Existe asimismo el derecho a usar máscaras durante las protestas. Pero, si con ellas en la cara, de pronto se violan normas o se oculta la identidad en manifestaciones que no cumplen con la ley, puede incurrirse en conductas severamente penadas, de distinto tipo. Las protestas deben, por lo demás, respetar las normas sobre los niveles sonoros o de ruidos admisibles. Nunca pueden ser ensordecedoras, como algunos pretenden. No es lo mismo aturdir, que convencer, es evidente.

Cuando quienes protestan no son residentes permanentes de los EEUU, ellos pueden ser objeto de investigaciones especiales. Lo mismo ocurre cuando se trata de inmigrantes, a los que se aconseja siempre llevar con ellos -preventivamente- el teléfono de su abogado para cualquier contingencia que aparezca.

La protección al derecho constitucional a la protesta no se aplica cuando se violan domicilios o propiedades, o espacios de terceros. En ningún caso. Cede, entonces, frente al derecho de propiedad. Ni cuando se desobedecen o se interfiere con órdenes emanadas legalmente del personal policial, las que siempre deben respetarse. Ni tampoco existe ni se reconoce protección cuando quienes protestan realizan acusaciones falsas contra funcionarios públicos.

No puede haber protestas presuntamente pacíficas que, en la realidad, consistan en actos o en actividades ilegales. Si estas cosas suceden, los responsables no están a cubierto de tener que asumir todo lo que legalmente les corresponda como consecuencia de sus conductas antisociales.

Siempre en los EE.UU., toda protesta que, sin permiso previo, interrumpa la circulación de vehículos o de personas es, en principio, considerada como ilegal. Nadie tiene, por lo demás, derecho alguno a la protesta, si con ella pone en situación de peligro a los demás. Si esto sucede, los responsables son generalmente pasibles de arresto.

Tampoco se permiten las protestas con las que se bloquean efectivamente los accesos a edificios o instalaciones. Ellas son ilegales. Las protestas, por lo demás, no pueden consistir en generar molestias físicas a la gente. Nunca.

La regla general en el país del norte es que las protestas no pueden realizarse en terrenos o locales de propiedad privada, incluyendo a los malls o shopping centers. Para poder hacerlas, se requiere la autorización del respectivo propietario, quien no está obligado a conferirla. Nadie tiene el derecho de permanecer en protesta dentro de una propiedad perteneciente a un tercero, si éste le solicita específicamente que se retire.

Estos son los parámetros generales que gobiernan el derecho a la protesta en los EE.UU. Como siempre, su efectividad depende de cómo, dentro de la ley, se los protege y respeta.

En conclusión, salvando las obvias distancias, la reglamentación del derecho de protesta en los EE.UU. reconoce que se trata de un derecho sustantivo, al que cabe reglamentar definiendo sus fronteras y parámetros, para tratar de evitar los abusos.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

EL SÍNDROME PONCIO PILATO

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Primero un asunto gramatical. Es cierto que se acepta el uso de escribir Poncio Pilatos, es decir, el apellido en plural pero en rigor esto está mal puesto que deriva  Pontius Pilatus en latín donde las palabras terminadas en us significan masculino singular de modo que, estrictamente, la s no corresponde.

 

Dejemos de lado este aspecto de forma para ingresar brevemente en la historia: después de despejado un debate de jurisdicción, Pilato se declaró incompetente puesto que no podía juzgar sobre temas de religión ya que el cargo fue de blasfemia, debido a lo cual se modificó lo que hoy denominamos la carátula por la de sedición. Llevado ante Poncio Pilato quien fuera prefecto durante una década (26 a 36 DC) no lo encontró culpable pero frente a la presión de la multitud presente para que lo condene, decidió someter la resolución final al voto mayoritario para que opte entre un delincuente (Barrabás) y Jesús. Como es bien sabido, la turba decidió soltar al delincuente y condenarlo a muerte a Jesús, lo cual acata plenamente Pilato, no sin antes lavarse las manos en público diciendo: “No soy responsable por la sangre de este hombre”.

 

Hasta aquí la historia que con diferentes interpretaciones, el tema ha sido llevado al cine en no menos de veinte oportunidades y a la literatura (tal vez lo más sonado sea El procurador de Judea por el premio Nobel en literatura Anatole France). Por mi parte, en esta nota periodística tomo el caso para elaborar sobre la responsabilidad individual, la malicia de pretender endosarla a la multitud y la degradación de la democracia al usarla para cubrir reiteradas injusticias en nombre de la mayoría.

 

Ser responsable es ser conciente de las propias obligaciones y asumirlas. Lo primero en una sociedad civilizada es la obligación de respetar los proyectos de vida de terceros que no lesionen derechos. Es una obligación moral ineludible al efecto de la supervivencia de la cooperación social. Allí donde no existe la responsabilidad de cada cual de considerar y cuidar los derechos del prójimo se derrumba la sociedad.

 

El derecho básico es el derecho de propiedad, primero del propio cuerpo, luego de la libertad de expresar el propio  pensamiento y, finalmente, el derecho de usar y disponer de lo adquirido lícitamente. Esta es la columna vertebral de la civilización. Cuando aparece la tendencia a que los gobiernos o los grupos que el gobierno autoriza lesionan este derecho, irrumpe la tendencia al saqueo del fruto del trabajo ajeno y, como queda dicho, se desmoronan las relaciones interpersonales con el indefectible resultado de la miseria y el caos.

 

Lo peor son los aparatos estatales que alegan que son necesarias  sus intromisiones en las vidas y las haciendas ajenas “para bien de la sociedad”, es decir, la falta de respeto permanente a las personas que teóricamente están encargados de velar por sus derechos. Dentro del problema que crean, serían hasta mejores las acciones de los ladrones comunes porque saben que llevan a cabo un crimen, sin embargo los gobernantes ejecutan los atropellos con el apoyo de la ley, a cara descubierta y sistemáticamente. Tengamos en cuenta un sabio pensamiento de C. S. Lewis en el sentido de que “De todas las tiranías, una tiranía ejercitada para el bien de las víctimas puede resultar la más opresiva. Puede ser mejor vivir bajo la égida de ladrones comunes que bajo la omnipotencia moral de funcionarios. Los ladrones comunes a veces pueden descansar, su codicia en cierto punto puede estacionarse; pero aquellos que nos atormentan para nuestro bien nos atormentarán sin fin”.

 

Los megalómanos no tienen límite en las demandas que les hacen a los gobernados (más bien súbditos) que se ven sometidos a trabajar buena parte del año para satisfacer la voracidad del Leviatán para, como contrapartida, entregar servicios de seguridad y justicia de muy mala calidad.

 

Para ilustrar el malentendido de lo que significa la responsabilidad, ponemos el ejemplo de la llamada “responsabilidad social del empresario” que consiste en la entrega de fondos a la comunidad en la que se desempeñan. Esto es más bien fruto de un  complejo de culpa por parte del empresariado que opera de este modo “para devolver algo de lo que se le ha sacado a la sociedad”, sin comprender que la obligación  del empresario es hacer lo posible por ser eficiente, es decir, atender las necesidades de los consumidores al efecto de incrementar sus ganancias y consecuentemente las inversiones que es lo que permite elevar salarios e ingresos en términos reales, de lo contrario, si no atiende las necesidades de su prójimo incurre en quebrantos.

 

Lo dicho, desde luego, no es para nada incompatible con la caridad que también  es realizada principalmente con lo generado por hombres de negocios, es decir con los que producen, nunca con los que arrebatan recursos de otros ni los que se limitan a declamar pero siempre recurriendo a la segunda persona del  plural, pero el plano en que se discute la antedicha “responsabilidad social” navega por los andariveles señalados. El mejor ensayo sobre este tema, de una claridad excepcional, lo expuso el premio Nobel en economía Milton Friedman en un trabajo que lleva un título que revela la tesis central: “The Social Responsability of Business is to Increase Profits” (The New York Times Magazine, septiembre 13, 1970). Las visiones contrarias están formuladas por personas que desconocen los fundamentos de la economía y por demagogos y predicadores que usan a los pobres para sus campañas y sus puestos y así pretenden justificarse a si mismos.

 

El segundo punto, alude a los que pretenden endosar su responsabilidad en el hecho de que la gente pide tal o cual desatino. Esta es generalmente la conducta de los políticos: hacen lo que piden los demás aunque se trate de saquear al vecino. Pues la responsabilidad individual no disminuye un ápice por el hecho  de que muchos demanden la insensatez. Y la responsabilidad no es de modo alguno solamente frente a los demás, es principalmente con uno mismo. Uno debe poder desenvolverse con tranquilidad de conciencia nunca evadiendo las propias obligaciones que, como mencionamos al principio, son la contracara de la responsabilidad que también está estrechamente vinculada con la libertad. No hay libertad sin responsabilidad por todo lo que uno hace o dice. En una sociedad libre cada uno puede hacer con lo propio lo que estime conveniente, siempre y cuando no invalide igual facultad de otros, lo cual  nos hace responsables por nuestras decisiones. Esa es la diferencia medular con los animales que no son responsables ante la justicia. La libertad y la correlativa responsabilidad, es lo que caracteriza a la condición humana.

 

Los actos reflejos no son materia de responsabilidad, por ejemplo, la respiración, el latido del corazón, los movimientos peristálticos, si lo son los actos deliberados es decir la acción humana. En un grupo de autómatas, a saber, de no-humanos, no hay libertad ni responsabilidad.

 

Donde se licua la responsabilidad se licua también la libertad y aparece junto con la irresponsabilidad el libertinaje. “Lavarse las manos” es volver al oscurantismo de las cavernas y a la inexistencia de vida propiamente humana donde se renuncia a la responsabilidad y consecuentemente la persona desaparece como tal y se subsume en el rebaño junto con la demolición de la división del trabajo y la cooperación social. La responsabilidad individual por las consecuencias de los propios actos resulta una condición indispensable para que tenga sentido la cooperación social y el respeto recíproco que es el aspecto esencial de la sociedad libre.

 

Para que perdure el tan decisivo binomio libertad-responsabilidad debe haber castigo para los actos que lesionen derechos de terceros, de los desvíos del cumplimiento de la palabra empeñada, del fraude y la trampa, todas maneras de invadir las autonomías individuales. Etimológicamente la responsabilidad proviene de responsum de responder por lo que uno hace o dice, en otros términos, responde cada uno por lo que le corresponde, asume su responsabilidad.

 

Por supuesto que la responsabilidad no se agota en las relaciones interindividuales, hay también responsabilidades intraindividuales pero que son del fuero íntimo de cada uno y nada tienen que ver con castigos  y las imposiciones. La imposición se limita a quienes han invadido derechos de otros para que cada uno pueda seguir su proyecto de vida sin intromisión de la fuerza. El otro ámbito, aunque esté incluso vinculado con nuestro prójimo por obligaciones que el sujeto actuante se autoimpone, no son materia que justifique el uso de la violencia, como queda dicho, en una sociedad abierta ésta solo puede llevarse a cabo cuando se atacan derechos.

 

Y el derecho no es cualquier cosa que se declame sino la facultad de hacer o no hacer algo con lo propio. Hoy en día lamentablemente se ha degradado la noción del derecho para equipararlo a la disposición coercitiva del bolsillo del prójimo, en otras palabras, la aniquilación del derecho de quienes se ven obligados a entregar sus patrimonios a quienes injustificadamente lo reclaman, es decir, son pseudoderechos.

 

Por último, lo que bautizamos como “el síndrome Poncio Pilato” también abarca el atropello por mayorías circunstanciales a los derechos de las minorías, paradójicamente en nombre de la democracia en lugar de denominarla por su verdadera identificación: cleptocracia, el gobierno de los ladrones de propiedades, de libertades y de sueños de vida. Para contar con una democracia genuina es indispensable entronizar la responsabilidad en el sentido definido y la libertad como ausencia de coacción por parte de otros hombres que va más allá de la contención de embestidas contra el derecho.

 

Poncio Pilato exhibió una patética irresponsabilidad y una cobardía mayúscula. Desafortunadamente pululan por doquier los Pilato de nuestra época: hacer daño y mirar para otro lado.  La forma de revertir esta situación es a través de procesos educativos que pongan de manifiesto los valores y principios del respeto recíproco. Y para que estos procesos educativos tengan lugar es menester que cada uno contribuya a defender los  valores de una sociedad libre, de allí la insistencia en que “el costo de la libertad es su eterna vigilancia”.

 

 

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.