ASALTOS EN NOMBRE DEL CAPITALISMO

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Como he consignado antes la expresión “capitalismo” no es la que más me entusiasma puesto que remite a lo material y la sociedad libre se base en valores que van mucho más allá de lo crematístico. Se base ante todo en principios éticos. Por eso prefiero la tan atractiva e ilustrativa palabra “liberalismo” que como lo he definido hace tiempo en uno de mis primeros libros es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. De todos modos autores como Michael Novak derivan de caput la idea de capitalismo en el sentido de creatividad, iniciativa, emprendimientos, imaginación y conceptos equivalentes.

 

En  cualquier caso lo que intento demostrar en esta nota periodística es que resulta esencial comprender que el capitalismo definido como la libertad contractual y la consiguiente preservación de los derechos de las personas, comenzando con su propia vida y siguiendo con la libertad de expresar sus ideas y usar y disponer de lo adquirido legítimamente, se contrapone en el sentido más riguroso a cualquier alianza entre el poder político y mal llamados empresarios (mal llamados porque no compiten en mercados abiertos sino que apuntan a mercados cautivos al efecto de esquilmar a sus semejantes).

 

En este sentido tienen razón los críticos del capitalismo cuando observan que en su nombre se cometen todo tipo de asaltos a los miembros de la comunidad. Por las razones expresadas, la crítica se dirige a un blanco equivocado puesto que no se trata de capitalismo sino de un aparato infame de intervencionismo estatal y una lesión grave a los procesos de mercado y a los marcos institucionales civilizados.

 

Ya Adam Smith proclamó en 1776 en su libro más conocido que “Siempre está en interés del comerciante ampliar su mercado y reducir la competencia. La ampliación del mercado es frecuentemente del agrado del público, pero reducir la competencia es contrario a sus intereses y sólo sirve para que los comerciantes aumenten sus ganancias sobre lo que naturalmente hubieran  sido  así imponer, para su propio beneficio, un impuesto absurdo sobre el resto de sus compatriotas”. Y más contundente aun en la misma obra Smith declara sobre el empresario prebendario “tiene generalmente interés en engañar e incluso en oprimir al público y que por ello lo han engañado y oprimido efectivamente en muchas ocasiones”.

 

En la actualidad, en pleno siglo xxi, tal vez el libro más gráfico sobre lo dicho sea Bought and Paid For de Charles Gasparino, periodista que escribe en el Wall Street Journal, en Newsweek y comentarista senior de Fox News. En este libro se detallan con nombre propios las empresas y los ejecutivos que reiteradamente se alían con el poder de turno en Estados Unidos para sacar tajada a expensas de su prójimo y tejer los más sucios negociados, algo que no puede menos que definirse como un pantano hediondo en perjuicio de los trabajadores que no tienen poder de lobby. Transcribo de esta obra una de las conclusiones más relevantes del autor: “Me he dado cuenta que a menos que algo cambie (y pronto), a menos que el contribuyente estadounidense – el votante ordinario- actúe para revertir la expansión sin precedentes del gobierno que está convirtiendo lo que solía ser el bastión del capitalismo en un estado intervencionista, a menos que esto ocurra el presente siglo no será el siglo estadounidense”.

 

Algo está muy podrido en Dinamarca diría Shakespeare. En la medida en que se generalice esta alianza infernal las bases de la sociedad libre se carcomen a pasos agigantados y, como queda dicho, se desdibuja y se confunde el capitalismo con su opuesto. Es realmente bochornoso que se critique el capitalismo en un mundo donde no solo avanzan los ladrones de guante blanco mal llamados comerciantes donde  se incrementa la deuda estatal, se hacen más pesadas las cargas tributarias, se manipula la moneda, se eleva el gasto público a niveles elefantiásicos y se incrementan las regulaciones en proporciones insostenibles.

 

Sin duda que todas las críticas no son inocentes, en muchos casos lo que se pretende es debilitar aun más el sistema que resulta claro hace agua por los cuatro costados debido al avance de las ideas socialistas.

 

En este último sentido, es del caso subrayar que el método más eficiente para la penetración socialista es el sistema fascista que significa que se permite el registro de la propiedad pero usa y dispone el gobierno, a diferencia del socialismo más abierto que usa y dispone la propiedad directamente el gobierno sin atajo alguno. El  fascismo hace de precalentamiento y prepara el camino a la socialización total. Esto es así no solo porque resulta en general más digerible para la gente la manipulación desde el gobierno respecto a la expropiación lisa y llana, sino que frente a los desaguisados que provoca el sistema el gobierno se escuda en el hecho de que los responsables son los titulares aunque se deba al intervencionismo.

 

Esto del fascismo puede aparecer como una receta alejada pero está encima nuestro diariamente. Veamos los sistemas educativos en los que las denominadas instituciones privadas en verdad están privadas de decidir en su totalidad la estructura curricular que debe ser aprobada por ministerios de educación y similares. Veamos algo tan pedestre como los taxis en la mayor parte de las ciudades: el color con que están pintados, los horarios de trabajo y las tarifas están determinadas por los gobiernos con lo que la propiedad es otra vez nominal y así sucesivamente en los sectores y áreas más importantes.

 

Mi libro titulado Las oligarquías reinantes, que lleva un muy generoso prólogo de Jean-François Revel que subraya la tesis que expongo, está prácticamente dedicado a las componendas de estos barones feudales y sus socios para el saqueo de sus semejantes con la careta del empresariado. A continuación voy a reproducir parte de un pequeño relato de este libro al efecto de ilustrar el tema grave que estamos comentando.

 

Estaba caminando por un terragal en Chichicastenango, era un día de feria de modo que incluso las calles alejadas estaban abarrotadas (casi más turistas que locales). En Guatemala cada pueblito tiene sus atuendos particulares. Los más vistosos y atractivos son los huípiles, una especie de poncho de largo variado con coloridos y dibujos trabajados cuidadosamente en telares caseros y que usan las mujeres en combinación con faldas más bien lisas. En el huípil de Chichicastenango predomina el violeta, matizado con verdes fuertes y un negro retinto con algunos bordados de pájaros de la zona. Algunos turistas recalcitrantes los ponen en bastidores y los cuelgan en sus livings iluminados por las consabidas dicroicas.

 

El aire en ese lugar es de una pureza que acaricia los pulmones, probablemente debido a la altura y, en esa época del año, el cielo está casi siempre azul sin nubes a la vista. La temperatura acoge a los transeúntes con la más amable de las hospitalidades. En realidad estaba yo en busca de un San Juan Bautista tallado en un palo de procesión. Pero no logré mi cometido, puesto que ni siquiera llegué a la plaza principal donde se desplegaban las largas mesas con los cachivaches de la feria (mucho más adelante mi María me consiguió lo que ese día andaba buscando).

 

Confieso que el turismo más bien me disgusta y que los tumultos me trasmiten una mezcla de desconcierto y de temor irrefrenable. En cualquier caso, me llamó la atención la cara de un hombre mayor que estaba conversando con un chiquito en una de las maltrechas veredas del lugar por donde se filtraba pasto y algún arbusto que tozudamente se abría paso empujando piedras y otros materiales de construcción evidentemente colocados sin escuadra y, aparentemente, sin mucho esmero. No soy muy afecto a la conversación con extraños (incluso en mis viajes en avión si me toca de vecino un entusiasta de lo cotorril, de inmediato alego problemas en las cuerdas vocales), pero en este caso no sé si por la mirada tierna de esta persona o por la gracia que me hizo el chico, el hecho es que me detuve frente a la solicitud del anciano para que lo atendiera. Hablaba un español por momentos atravesado con su dialecto maya (Chomsky dice que la diferencia entre un dialecto y una lengua estriba en que esta última es impuesta por las armas).

 

No soy bueno para calcular edades pero tendría poco más de ochenta primaveras sobre los hombros. Pude constatar un cuadro de situación que no es nuevo pero al recibirlo de primera mano se torna más patético. Más dramático resultaba el cuento cuando uno miraba los profundos y significativos surcos cincelados por una vida ruda en el rostro de este indito anciano y anfitrión de la jornada.

 

Según parece este personaje, en sus épocas mozas, trabajaba mediodía en casa de un conocido empresario en la ciudad. Por ese entonces no vivía en Chichicastenango sino a unos diez kilómetros al sur de Guatemala. Tenía otros compinches que hacían diariamente el mismo recorrido. Todos en bicicleta. Entre algunos pobladores estaba muy generalizado este medio de locomoción. Si mal no recuerdo, las bicicletas costaban poco menos de ciento veinte quetzales hasta que se produjo el desastre para esta gente laboriosa y cumplidora: los rodados de ese tipo subieron a bastante más del doble del precio. Al principio las reposiciones se fueron estirando con arreglos en general precarios, pero finalmente la situación se hizo insostenible especialmente para las nuevas generaciones que debían trabajar y no les resultaba posible mudarse a la ciudad. Aquel instrumento de trabajo se tornaba inaccesible. Antes de la abrupta suba, las bicicletas eran en su mayoría importadas de Taiwan. Ahora una de las cámaras locales de empresarios convenció al gobierno que prohibiera la importación a los efectos de permitir que los guatemaltecos abastecieran sus propios requerimientos y así “promover la industria nacional y el pleno empleo”.

 

Además se recurrió al anzuelo envenenado al argüir que de ese modo el país podría contribuir a su independencia y, pasado un tiempo, después de acumular experiencia, la industria local podría mostrar su competitividad y consolidar beneficios para todos.

 

¿Cuáles beneficios? Si antes compraban un artículo más barato y de calidad superior evidentemente estarán peor. Si había empresarios que consideraban que podían mejorar la marca, nada les impedía poner manos a la obra y si la evaluación de ese proyecto mostraba que habría pérdidas en los primeros períodos que serían más que compensadas en los siguientes, debieron darse cuenta que nada justifica que los referidos quebrantos sean trasladados, a través de aranceles, sobre las espaldas de los consumidores ajenos al negocio. Lo que sucede es que resulta más cómodo que buscar socios para financiar el emprendimiento y más provechoso contar con un mercado cautivo que facilita las más ambiciosas aventuras, ya que si se toma como parámetro la rentabilidad frecuentemente resulta en un cuento chino (con perdón de los chinos).

 

Ocurre que para esos fantoches como los de nuestra historia -acotada para esta nota periodística- resulta más atractivo explotar a los demás que servirlos en competencia. Esta acrobacia verbal de la que hacen alarde estos pseudoempresarios está en alguna medida sustentada por algunos ingenuos capaces de tragarse cualquier sapo y por quienes despliegan ideas que con desfachatez llaman “proteccionistas”.

 

Aquel tipo de empresarios requiere de estos apoyos, puesto que sería insostenible la argumentación basada en que necesitan mejores mansiones, automóviles más confortables y adornar con joyas a sus mujeres o amantes. El apoyo logístico es indispensable. Los intereses creados tienen que escudarse en presentaciones de apariencia filosófica para poder prosperar. Sin duda que allí donde se ofrecen privilegios habrá largas filas para solicitarlos. De lo que se trata es de producir cambios institucionales de características tales que imposibiliten o por lo menos obstaculicen en grado sumo la dádiva. Para ser ecuánimes debemos cargar más las tintas en el clima de ideas que hace posible el mercado cautivo que en la voracidad empresarial que sólo responde a los accionistas quienes no demandan filosofía sino retorno sobre la inversión, en este caso mal habido.

 

Esta parte del relato que estampo en el mencionado libro muestra apenas un rincón de los avatares de los bandidos que se refugian en la figura del empresario que nada tiene que ver con el significado del empresario en una sociedad libre donde cada uno debe esforzarse por atender a su prójimo y si da en la tecla obtiene ganancias y si yerra incurre en quebrantos, siempre sin privilegio alguno. Es obligación moral de todos desenmascarar aquellos filibusteros que arruinan nuestras vidas aunque el costo resulte alto porque como ha dicho José Martí con volcánica temperatura moral: “mas vale un minuto de pie que una vida de rodillas”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba.

La Argentina pide a gritos un plan económico consistente

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 19/2/19 en: https://www.infobae.com/opinion/2019/02/19/la-argentina-pide-a-gritos-un-plan-economico-consistente/

 

El Acuerdo con el FMI es sólo un programa de estabilización de la inflación

La economía requiere mucho más que anuncios aislados de baja de los costos para las pymes regionales

La economía requiere mucho más que anuncios aislados de baja de los costos para las pymes regionales

 

Es bastante obvio que las medidas adoptadas a partir del acuerdo con el FMI solo apuntan a tratar de llegar a las elecciones sin sustos en el mercado de cambios. Claro que el costo fue una fenomenal recesión difícil de digerir para una sociedad que está agobiada por la carga tributaria y el reajuste de las tarifas de los servicios públicos.

Se supone que la estrategia es tratar de mover algo la economía con las exportaciones, dado que tanto el consumo interno como la inversión no serán motores durante este año. Tal vez las exportaciones aumenten algo por la mejor cosecha que se espera y lo que veamos sea una sustitución de importaciones más que un impulso exportador, con lo cual la reactivación sería moderada.

Ahora bien, se supone que luego del salto cambiario, el BCRA debería evitar que caiga el tipo de cambio real, en otras palabras, que el tipo de cambio nominal no crezca a un ritmo menor al de la tasa mensual de inflación.

El gráfico muestra la evolución del tipo de cambio a pesos constantes de enero de 2019 desde noviembre 2015 que fue el último mes completo del gobierno kirchnerista. En otra escala, pero está repitiéndose el mismo dibujo que cuando se salió del cepo cambiario en diciembre de 2015.

En febrero de 2016 el tipo de cambio pegó un salto y luego el tipo de cambio real tuvo una clara tendencia  decreciente que no fue producto de la esperada lluvia de inversiones, sino que fue el resultado de un fuerte arbitraje o especulación tasa versus dólar que ofreció el BCRA vía las Lebac y que algunos economistas aplaudieron como una genialidad de política monetaria.

Cualquiera que hubiese vivido las crisis cambiarias anteriores o al menos hubiese leído algo de historia económica reciente, sabía en qué podía terminar semejante arbitraje. Y terminó como era previsible.

Algunos atribuyen la corrida cambiaria del año pasado a los anuncios de diciembre de 2017, cuando dijeron que iban a bajar la tasa de interés para reactivar la economía. Puede ser que ese haya sido el disparador, pero si no formulaban esos anuncios el famoso 28 de diciembre de 2018, cualquier otro factor hubiese disparado la crisis cambiaria.

Al fin del cuentas, y salvando las distancias de magnitud del problema, el famoso 6 de febrero de 1989, cuando Machinea anunció que el BCRA no vendía más dólares, no fue la causa de la hiperinflación, ese 6 de febrero era previsible en cuanto al hecho, más allá de la fecha. Lo mismo pasa con la tan mentada fecha del 28 de diciembre de 2017. ¿Acaso no había una clara
inconsistencia técnica en la política económica?

Solo un improvisado en temas económicos podía comparar la tasa de interés con la tasa de inflación y llegar a la conclusión de que el modelo convergía al equilibrio porque la apuesta a la tasa no era que le ganara a la inflación sino al aumento del tipo de cambio . Solo un improvisado podía sostener que la deuda de las Lebac se licuaba porque la tasa de interés era negativa en términos reales versus la inflación.

Volviendo al tema del tipo de cambio actual, en el gráfico previo vemos como desde el pico que alcanzó en agosto de 2018 cayó en términos reales 18% y está 52% por arriba del de noviembre de 2015.

Si uno toma los últimos 48 años de evolución mensual del tipo de cambio real a pesos de enero de 2019, se encuentra con que está en uno de los puntos más bajos de la serie histórica, quitando los picos del 75, de la crisis del 82 y de la hiperinflación del 89. Sin embargo, este tipo de cambio actual que está algo más alto que el de enero de 1981 con el fin de la tablita cambiaria de Martínez de Hoz y del fin de la convertibilidad, no responde a reformas estructurales que hayan generado un flujo de inversiones en el sector real de la economía ni a una explosión de exportaciones que  justifiquen su baja respecto a períodos anteriores.

Es más, hoy tenemos más ineficiencia en la economía por el nivel récord del gasto público consolidado. Por lo tanto, en mi opinión acá tenemos un tema de altas tasas de interés que siguen generando especulación entre el tipo de cambio y la tasa de interés .

El primer problema es, entonces, que se desarmó el tema de las Lebac pero sigue con las Leliq. El segundo problema es que no queda muy claro cómo piensa cerrar la brecha fiscal el Gobierno con un nivel de actividad que se desplomó por las altísimas tasas de interés que aplicó para frenar la suba del tipo de cambio. En otras palabras, el costo de frenar la suba del dólar implica menor actividad y menos recaudación.

En efecto, si uno toma los ingresos fiscales de enero de 2019 y los compara contra enero de 2018 ve que aumentaron el 39%, unos 10 puntos porcentuales menos que la inflación. Ahora, si quita los derechos de exportación que subieron notablemente por el aumento del tipo de cambio, el incremento interanual es del 35%, 14 puntos por debajo de la inflación.

Puesto en otras palabras, la dinámica de esta estrategia económica no es consistente con la meta de reducir el déficit fiscal primario porque la recesión genera menos ingresos fiscales y obliga a bajar el gasto público, cosa que el Gobierno no está haciendo cuando se incluyen los intereses de la deuda pública . Con esta política se achica al sector privado que es el que mantiene la estructura del sector público.

Yo diría que a esta altura del partido, Nicolás Dujovne hace lo que puede dentro de las restricciones políticas que tiene. El gran interrogante es si ese hacer es suficiente para llegar a las elecciones de octubre sin sobresaltos cambiarios . Después de octubre se escribirá otra historia económica que nadie tiene la más mínima idea de cuál puede ser considerando la incertidumbre política existente.

Lo que tenemos por ahora, es algo muy precario y doloroso para el sector privado con el solo objeto de llegar a octubre. Veremos si alcanza, de lo que estamos seguros es que ni por casualidad este es un plan económico para ser pensado como el modelo de crecimiento de largo plazo. Argentina pide a gritos un plan económico en serio para salir de esta larga decadencia.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Inseguridad jurídica (3° parte)

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2019/02/inseguridad-juridica-3-parte.html

 

La regulación de los fenómenos económicos es una fuente de la inseguridad o inestabilidad jurídica. Se trata de un hecho que, lejos de esta localizado y ser extraño, se ha generalizado a nivel mundial:

“Ahora, año tras año, el gobierno expropia más de 40 por ciento de los ingresos de los productores privados, lo que hace que incluso la carga económica impuesta a los esclavos y siervos parezca moderada en comparación.”[1]

Si bien la cita alude a los Estados Unidos es dable imaginar que en el resto de los países -donde las regulaciones son mucho mayores que en el país del norte- la situación no puede ser mejor. Mas allá de la posible exageración en cuanto a la comparación con el régimen de esclavitud, debemos tener en cuenta que es bastante probable que el autor citado se esté refiriendo a los esclavos norteamericanos que, en comparación con el resto de los esclavos a nivel mundial, se encontraban en una posición relativamente mejor al de sus pares de otras latitudes.

“El oro y la plata han sido reemplazados por dinero de papel fabricado por el gobierno, y a los estadounidenses se les roba continuamente su dinero a través de la inflación.”[2]

Las monedas metálicas -especialmente durante la vigencia del patrón oro (hoy en día derogado en todo el mundo)- imponían severos límites a los gobiernos en su afán de manipular el dinero. Fueron, desde luego, también necesarios instrumentos legales para permitir semejante confiscación de activos. De tal suerte, los gobiernos dictaron legislaciones que derogaron el patrón oro e impusieron las tristemente célebres leyes de curso forzoso y legal para obligar a sus ciudadanos a aceptar dinero envilecido. Naturalmente el hecho de que el precio de la moneda quede al arbitrio de los bancos centrales mundiales es otra fuente de incertidumbre jurídica, porque implica que el gobierno se reserva la facultad de establecer el precio de las transacciones y su volumen.

“El significado de la propiedad privada, alguna vez aparentemente claro y fijo, se ha convertido en oscuro, flexible y fluido. De hecho, cada detalle de la vida privada, la propiedad, el comercio y la contratación está regulado y re-regulado por una creciente montaña de leyes de papel (la legislación).”[3]

Tal hemos adelantado, resulta inevitable que esta maraña de normas se superponga y se contradigan entre sí (como es lógico) si se tiene en cuenta que se estatuyen en el tiempo -y no instantáneamente- por diferentes gobiernos que -a su vez- se componen de distintas extracciones ideológicas, y que en oportunidad de ocupar el poder pujan por hacer valer en la legislatura sus proyectos, algunos de los cuales lucen como los más disparatados.

Estas leyes quedan sancionadas y promulgadas y perduran junto con las normas que prescribirá la próxima legislatura que, siguiendo el mismo patrón, vendrá a engrosar la lista de disposiciones legales que limitan, dificultan e impiden, en muchos casos, a los ciudadanos del llano disponer de sus bienes privados, los que pasarán a tener de privados únicamente el sentido retórico de la palabra.

“Con el aumento de la legislación, se ha creado cada vez más inseguridad jurídica y riesgos morales, y el caos ha sustituido a la ley y al orden.”[4]

 Resulta ser la tendencia mundial que, lejos de simplificar la legislación esta ha proliferado por donde se mire. Hay que agregar a la lista leyes que favorecen a ciertos grupos en detrimento de otros, por ejemplo, empresarios; sectores sociales considerados “marginales”; grupos de presión o de poder según alguna nomenclatura en boga, e incluso a algunos individuos determinados en perjuicio de otros. Todo lo cual nos lleva a recordar el famoso libro de Fréderic Bastiat que -titulado precisamente La Ley- daba cuenta tempranamente en el siglo XIX de este tipo de desastres, convirtiéndolo en un visionario de lo que estaba por venir. Y la temática de la seguridad jurídica va de la mano con lo que algunos autores dieron en llamar calidad institucional:

“Estados Unidos es un país que ocupa la novena posición en lo que se refiere a calidad institucional (ver cuadro 2, abajo) y muestra debilidades que son comunes a todos los países, ya que a partir de la eliminación del patrón-oro las instituciones monetarias implementaron políticas discrecionales o, en algunos casos, ataron sus monedas a otras de países que practicaban tales políticas.”[5]

Como dijimos, la inestabilidad monetaria -fruto de la inestabilidad jurídica- es la generadora de la mayor cuantía de los males sociales, porque de lo que se trata es del instrumento que permite o facilita la transacción de los derechos de propiedad de los particulares. Si la moneda está sujeta a la inestabilidad jurídica eso figura que toda la institución de la propiedad privada está afectada de la misma inestabilidad, lo que -en términos de Ludwig von Mises- simboliza lisa y llanamente su abolición. El caso de Estados Unidos se presenta como el más preocupante, porque en épocas no muy lejanas resultó ser un ejemplo de respeto irrestricto a la propiedad privada y un celoso defensor de las leyes que la protegían, situación que ha varado hasta la actualidad.

“Todo el sistema monetario internacional está sujeto a la discrecionalidad de las autoridades monetarias de los Estados Unidos, al ser el dólar la moneda internacional por excelencia y a las de otras monedas importantes como el euro, la libra esterlina o el yen. De la misma forma que la “discrecionalidad” jurídica significa inseguridad jurídica, la “discrecionalidad” monetaria significa inseguridad monetaria y financiera, lo cual representa una mala calidad institucional en esta área en particular.”[6]

En realidad, el sistema monetario mundial está regulado por leyes, por cuanto los conceptos de inseguridad o inestabilidad jurídica son enteramente aplicables a cualquier propiedad, incluyendo la monetaria. En un sistema donde los bienes se intercambian por dinero y este -a su vez- por bienes, que las leyes tengan la potestad de modificar a su antojo el precio del dinero (usualmente se habla del valor, pero esto no es técnicamente correcto) representa que esas mismas leyes deciden el precio de todos los bienes y servicios que componen una economía especifica donde las leyes confieran a las autoridades semejantes facultades.

[1] Hans-Hermann Hoppe. “Sobre la Imposibilidad de un Gobierno Limitado y Perspectivas de una Segunda Revolución en América”. Artículo publicado en el Blog del Instituto Mises – Articulo Diario – junio 28 de 2008, Pág. 7

[2] Hoppe, H.H.  ibidem.

[3] Hoppe, H.H.  ibidem

[4] Hoppe, H-H. ibidem

[5] Martin Krause. Índice de calidad institucional 2009. Pág. 7

[6] Krause, M. ibidem.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

A la herencia K se le agrega ahora la herencia Cambiemos

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 12/2/19 en: https://www.infobae.com/opinion/2019/02/12/a-la-herencia-k-se-le-agrega-ahora-la-herencia-cambiemos/

 

El Gobierno ha desperdiciado 3 años y monedas con la historia del gradualismo

Ahora, en su último año de Gobierno de CambIemos, aparece de nuevo el fantasma de que el kirchnerismo pueda tener la posibilidad de acceder al poder. Sería imperdonable que luego del esfuerzo que tanta gente hizo para frenar a esa asociación ilícita que llegó al Ejecutivo, vació la Argentina a puro latrocinio, produciendo uno de los saqueos más grandes de su historia, esa legión de delincuentes tenga alguna chance de volver a revolear bolsos con euros gracias al inmovilismo del gobierno y, por sobre todas las cosas, por no haber denunciado en su momento la terrible herencia recibida.

Lo cierto es que si en octubre se produce la polarización esperada entre Cambiemos y el kirchnerismo y el primero retiene el poder, tendrá que lidiar de nuevo con la herencia recibida y con la propia herencia, ya que en estos 4 años habrán agregado otros problemas a los ya heredados por el kircherismo como es el caso de la deuda pública para financiar el déficit fiscal por el gasto público que no se animaron a bajar.

El desafío que la Argentina tiene por delante para entrar en serio en una senda de crecimiento sostenido es de una magnitud insospechada que no se resuelve con retoques en el tipo de cambio, en la tasa de interés o haciendo artilugios financieros ni aplicando aspirinetas al tema fiscal.

Los 163 impuestos nacionales, provinciales y municipales que detectó el IARAF implican un aumento sobre los 96 impuestos nacionales, provinciales y municipales que ya había detectado Antonio Margariti en 2015, si mal no recuerdo.

Pero esa maraña de impuestos se explica por el fenomenal aumento del gasto público consolidado a partir de la llegada del kirchnerismo al gobierno en 2003.

Como puede verse en el gráfico, el gasto público consolidado pasó de un promedio del 31,5% sobre el PBI en la década del 90, cuando ya el gasto público era alto, a un máximo de 47,1% en 2016. O sea que el gasto consolidado aumentó 15,6 puntos porcentuales del PBI. Para ponerlo de otra forma, si quisiéramos volver a los niveles de gasto público consolidado respecto al PBI de los 90, habría que bajar el gasto consolidado unos USD 77.000 millones o, si se prefiere, habría que reducir un 34% el gasto público consolidado actual.

Si eso no se quiere hacer, entonces habrá que soportar una carga tributaria consolidada que pasó del 23% del PBI en 2003 al 41,7% del PBI en 2018 y que tampoco alcanza para evitar el déficit fiscal.

Como consecuencia del aumento del gasto público, la carga tributaria casi se duplicó desde el inicio del kirchnerismo a la actualidad, haciendo estragos en el endeudamiento público, disparando el peso de los intereses de la deuda sobre la recaudación impositiva y afectando el nivel de empleo privado.

Deterioro de la economía real

La recesión de 2018 comienza en abril de ese año. Si tomamos la cantidad de puestos de trabajo del sector privado en blanco en marzo de 2018 y los comparamos con los de noviembre del mismo año vemos una caída de 158.000 puestos sin considerar a los autónomos ni a los monotributistas. En cambio, en el mismo período, el empleo público consolidado (nación, provincias y municipios) aumentó en 43.900 puestos. Todos estos datos son de la Secretaría de Trabajo.

Tomando todo el período de Cambiemos, el empleo privado en relación de dependencia cayó en 102.000 puestos de trabajo y el empleo público consolidado creció en 58.800 puestos de trabajo. Es muy clara la evidencia que es el sector privado el que está sufriendo los efectos del ajuste, mientras los tres niveles de gobierno tiemblan ante la posibilidad de reducir un solo puesto de trabajo en el Estado.

Por un lado el que pierde puestos de trabajo es el sector privado y, por otro lado, el único rubro en que el Gobierno bajó el gasto público fue en subsidios económicos que tienen como contrapartida el incremento de las tarifas de los servicios públicos.

Puesto de otra forma, como corresponde y apoyo, el gobierno fue eliminando los subsidios económicos, en particular los que mantenían artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos, y la gente empezó a pagar más por dichos servicios, pero al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo no bajó otros gastos del Estado para aliviar la carga impositiva.

De manera que el sector privado paga lo que corresponde por los servicios públicos pero no tiene alivio de la presión impositiva porque tiene que seguir sosteniendo a piqueteros, infinidad de planes sociales que Carolina Stanley decidió que son un derecho de los que reciben esos planes, sin aclarar de dónde surge ese derecho ni quién tiene la obligación de mantener a otro para que no trabaje y a legiones de empleados públicos que son intocables. Como si en Argentina hubiese prerrogativas de sangre y de nacimiento.

Para que tengamos una idea, el gasto público corriente (incluidos los intereses de la deuda pública) disminuyeron 3,6 puntos del PBI en la era Cambiemos, pero 2 puntos de esos 3,6 se explican por menos subsidios económicos, que es lo mismo que decir mayores tarifas de los servicios públicos pero no baja de impuestos.

Además, el Gobierno bajó 3,6 puntos el gasto corriente pero aumentó el gasto en intereses en 1,6 puntos del PBI que pasaron de 2% en 2015 a 3,6% en 2018, incluyendo los interés intrasector público.

En síntesis, el Gobierno ahorró 2 puntos del PBI en gastos corrientes cobrando más tarifas, pero otros 1,6 puntos del PBI se le fueron en intereses de la deuda para financiar el gradualismo. Puro costo para el sector privado.

Expectativas sin fundamentos 

Desde el Gobierno dicen que a medida que la economía crezca, se va a poder bajar el gasto público, y la oposición, que habla sin mirar los números, se espanta del ajuste salvaje y dice que esto se resuelve con crecimiento. Me permito advertir que ambos deliran. La Argentina no puede crecer con este gasto público ni carga tributaria. Así que decir que esto se resuelve bajando el gasto público y dejando de mentir con que la salida es el crecimiento sin que se baje el gasto previamente.

¿Cómo se resuelve este problema? ¿Cómo se rompe este círculo vicioso por el cual el Gobierno dice que no se puede bajar el gasto hasta que no haya inversiones y sabemos que no hará inversiones con esta carga impositiva? Lamentablemente, Cambiemos no sólo desperdició la oportunidad de contar la herencia recibida, sino que además se endeudó para no cambiarla. Se endeudó para pagar los sueldos en vez de endeudarse para financiar la reforma del estado. Si antes uno podía pensar en bajar los impuestos para atraer inversiones a un ritmo mayor al que se bajaba el gasto público y financiar el déficit hasta que hubiese equilibrio con endeudamiento, ahora ese instrumento no lo veo.

De manera que, desafortunadamente, el mayor ritmo de ajuste tendrá que venir por el lado del gasto público para poder reducir la carga tributaria y atraer inversiones para crecer. Una combinación de baja del gasto público, con reducción de impuestos y reforma laboral podría romper el círculo vicioso en el que estamos metido. Dicho de otra forma, el famoso gradualismo dejó una herencia más pesada que la que se recibió y tendrá costos políticos que pagar más altos que si se hubiese aplicado una política de shock desde el inicio contando la herencia recibida.

Las 3 bases para el mejor ajuste

¿Dónde bajar el gasto? En los programas sociales (ya he explicado varias veces cómo hacerlo), en las jubilaciones de aquellos que nunca aportaron al sistema y Cristina Fernández de Kirchner agregó terminando de quebrar a un sistema de reparto inviable, y en el empleo público.

Esto debería ser acompañado por el ajuste por inflación de los balances en una primera etapa y luego la reducción de las tasas impositivas. Tal vez habría que pensar en pasar de un Impuesto a las Ganancias a un flat tax. Considerando que la salida más rápida para crecer está en las exportaciones, la reducción de derechos de exportación hay que retomarla en forma inmediata.

Ronald Reagan y Margaret Tatcher consolidaron su liderazgo cuando pagaron el costo político de enfrentar a la mafia de los sindicatos. Reagan con los controladores aéreos y Tatcher con los mineros. Mostrada la convicción de avanzar en las reformas, la confianza renace y las inversiones pueden llegar.

En síntesis, para lograr romper el círculo vicioso de decadencia en el que estamos sumergido hace falta un plan económico consistente, ejecutado por personas de trayectoria y prestigio y una fuerte y clara convicción del presidente de pagar el costo político que haya que pagar para llevar adelante ese plan.

En ese contexto no hay lugar para funcionarios que sigan difundiendo la demagogia diciendo que quienes reciben un plan social no tienen que agradecer nada porque es su derecho a vivir del trabajo ajeno, ni tampoco hay para los especialistas en roscas políticas que pueden servir para ganar una elección pero luego no sirven para sacar al país de la decadencia, al contrario, lo terminan hundiendo.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE 

Inseguridad jurídica (2° parte)

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2019/02/inseguridad-juridica-2-parte.html

 

Revisemos el concepto actual de ley:

“Contemporáneamente se entiende la ley como un conjunto de disposiciones, mandatos y códigos. Frente a cualquier problema se propone la promulgación de una nueva ley por la asamblea legislativa. De este modo, además de adulterarse el concepto del derecho, se crea una gran inseguridad jurídica ya que si el legislador puede rápidamente promulgar una ley también la puede abrogar o modificar con la misma celeridad. Los resultados eran distintos en los comienzos de los mencionados casos del common law y del derecho romano en que los jueces eran espectadores más que actores de un proceso competitivo en el que se iban tamizando y contrastando resultados y en el que se conjugaban elementos dinámicos en un contexto de permanencia de principios generales del derecho (Epstein, 1980: 255-6 y 266). El criterio y la perspectiva con que se analiza el derecho es distinta si se piensa que los contratos tienen lugar porque hay una ley que, desde arriba, concibe, diseña e inventa los correspondientes mecanismos (Fullner, 1981: 174-5) sin percibir, por ejemplo, que el derecho comercial durante la Edad Media, en Inglaterra, se elaboró y ejecutó de modo totalmente privado (Wooldrige, 1970: cap. 5; Buckland, 1952; Berman, 1983: 333-356).” [1]

El contenido de esta cita es lo que nosotros hemos denominado estabilidad jurídica(fórmula que preferimos a la más usual de inseguridad jurídica por las razones ya dadas más arriba). La circunstancia cierta que los legisladores sancionen leyes con la misma velocidad con la que pueden derogar otras alude -más bien- a la estabilidad jurídica antes que a la inseguridad. Porque es de alguna manera la situación que vivimos actualmente, donde bien podemos tener la seguridad jurídica que así sucede en la práctica. Basta para comprobar esto último echarle una somera ojeada al Boletín Oficial, que es el diario donde se publican las leyes, los decretos reglamentarios, resoluciones, disposiciones, etc. para tener la seguridad jurídica de la enorme cantidad y parafernalia de normas que se promulgan diariamente.

No cabe la menor duda que la inflación legislativa destruye esta estabilidad jurídica de la misma manera que -en el campo de la economía- la inflación atenta contra la estabilidad monetaria y, de esta última manera, sea habitual al designar el fenómeno, aunque también (pero menos) se dice “inseguridad monetaria”. Es más apropiado denominar como inestabilidad, tanto monetaria como legislativa o legal. Por estas razones adoptamos la fórmula inestabilidad jurídica para el hecho que la mayoría rotula como de “inseguridad jurídica”

Con todo, somos conscientes que se encuentra más arraigada en el uso común la última expresión que la que proponemos nosotros.

En el caso argentino (que es el que mejor conocemos) estamos en condiciones de hablar -más que de inestabilidad jurídica- de caos jurídico. Y más propiamente, podemos decir que sea consecuencia de un verdadero caos legislativo. Suelen recaer criticas justificadas sobre el accionar de la justicia. Las principales deficiencias del sistema (que no son nuevas, por cierto) reinciden sobre dos aspectos centrales: la lentitud de los procedimientos y sus finalizaciones y -lo que quizás sea más grave- la injusticia de las sentencias que se dictan sobre las distintas causas.

A esto se suma -como agravante- el de la retroactividad de las leyes, que afectan derechos adquiridos, algo desgraciadamente frecuente en materia fiscal:

“Piénsese por ejemplo en lo siguiente: en materia de efectos temporales de la norma, el Derecho Tributario distingue los hechos imponibles instantáneos de los hechos imponibles de ejercicio. Los primeros se configuran en un instante: una venta, para el impuesto al valor agregado. Los “de ejercicio”, en cambio, se perfeccionan al final de un período de tiempo determinado, y gravan el producto de una suma de situaciones acaecidas durante dicho lapso: piénsese en el impuesto a las ganancias. El Derecho Tributario argentino admite que una reforma impositiva sancionada durante el curso del ejercicio grave el resultado de operaciones anteriores a ella, violando la garantía de los derechos adquiridos. Consecuentemente, se tornó una constante de nuestra historia tributaria la costumbre de aprobar reformas impositivas en los últimos meses, cuando no en los últimos días, del ejercicio fiscal, […] que afectan el resultado del total de operaciones del año. Parece evidente el perjudicial efecto que sobre la planificación empresaria pueden ejercer, vía incertidumbre e inseguridad jurídica, principios normativos como la aceptación de la validez de ciertas retroactividades.”[2]

Múltiples son los factores que inciden en estos magros y negativos resultados.

La hiperinflación legislativa (que tampoco es un fenómeno novedoso) obliga a crear superestructuras burocráticas que se superponen unas a las otras y entorpecen tareas y procedimientos, todo lo cual conlleva a una mayor dilación de los plazos y términos procesales, que se extienden a veces mucho más allá de la voluntad de los jueces que, a su turno, dependen de esas superestructuras burocráticas.

La proliferación de normas y la frecuente contradicción entre las mismas genera un clima general de confusión y desconcierto entre la comunidad jurídica, que forman sustancialmente abogados litigantes y jueces.

Cuando se habla de desregular la economía -por ejemplo- suele no tenerse conciencia del aspecto señalado anteriormente, ya que para obtener tal objetivo habría que primero desandar todo el camino emprendido, es decir, desmontar legislativamente todo ese conjunto de normas (leyes, decretos, reglamentaciones, circulares, resoluciones, etc.) que no sólo alimenta la burocracia, sino que impide que esta brinde un servicio decente al ciudadano.

El parlamento se ha convertido en una suerte de campo de competencia donde los distintos partidos de diferentes extracciones ideológicas rivalizan en una carrera desenfrenada por ver quién es el legislador que propone y logra aprobar mayores cantidades de leyes de cualquier tipo, sin importar demasiado cual sea su contenido. Pero, como decía el genial Juan Bautista Alberdi, el Congreso debería dedicarse más a derogar las leyes que son barrera de la libertad que aprobar nuevas.

No obstante, tampoco pueden soslayarse casos de corrupción dentro del poder judicial, algunos muy sonados por la presa y que son de público conocimiento, que empeoran todavía más el panorama jurídico y legal.

[1] Alberto Benegas Lynch (h). El juicio crítico como progreso. Editorial Sudamericana. Pág. 697-698

[2] Alberto Benegas Lynch (h) Entre albas y crepúsculos: peregrinaje en busca de conocimiento. Edición de Fundación Alberdi. Mendoza. Argentina. Marzo de 2001. Pág. 330

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

El escritorio de una Pyme y las tres mochilas que la asfixian

Por Gustavo Lazzari. Publicado el 6/2/19 en:  https://www.cronista.com/columnistas/El-escritorio-de-una-Pyme-y-las-tres-mochilas-que-la-asfixian-20190206-0062.html

 

Para obtener ganancias el empresario debe procurar que los consumidores ofrezcan sus pesos en forma voluntaria. Eso es mercado. Por tanto, no tiene otra alternativa que satisfacer una necesidad ofreciendo un producto o servicio cuya utilidad sea mayor a la de los pesos que tiene en su bolsillo. Si el consumidor valora más el producto o servicio que sus pesos entonces
realizará la compra.

Es decir, la única forma que tiene el empresario de obtener el voto silencioso y diario de los consumidores es satisfaciendo sus necesidades. Es lo atractivo de hacer negocios. En el escritorio de una pyme o una gran empresa debería haber papeles o elementos que ayuden al empresario a tomar la decisión más sabia a fin de acertar los gustos, preferencias y presupuestos de los consumidores.
Los consumidores cambian, la tecnología vuela, los competidores juegan. ¿Qué produzco?, ¿cómo produzco? ¿con qué precio
salgo?, ¿a qué calidad?, ¿cómo debe ser el pack?, ¿cuál mercado priorizo? ¿cómo lo transporto? Son miles las preguntas que hay
que resolver. De esas respuestas depende el éxito de un negocio, la inversión, el empleo y el crecimiento.
En las pymes, y en particular las familiares, se agregan otros términos a la ecuación. No son pocas las veces que una empresa
sigue viva sólo porque los hijos “vinieron a jugar de pequeños”. Un político nunca comprenderá que un torno, una embutidora, un
horno, un compresor o cualquier máquina puedan ser parte de la familia.

Sin embargo, en los últimos años, los escritorios de las pymes han cambiado. Los temas importantes del día ya no son las decisiones de mercado sino la relación con el Estado nacional.
Podemos dividir el escritorio de una pyme en tres partes. Un tercio dedicado a la mochila fiscal, otro a la laboral no salarial y otro a la regulatoria. Un empresario debe estar atento a los 106 impuestos que los 2200 municipios, las 24 provincias y el estado nacional han legislado a lo largo de la historia. La única política de Estado en la Argentina es el impuesto.
Los impuestos no sólo son muchos sino que son complejos. La complejidad tiene solamente un motivo. Generar más multas.
Ingresos brutos es el ejemplo perfecto de una complejidad especialmente diseñada por políticos para aprisionar al sector privado. Demás está decir que IIBB representa el 9% del precio de un alimento, lo cual ya sería motivo suficiente para al menos estudiar su reforma. IIBB es complejo, hostil y sin dudas uno de los sepultureros de empresas. Resulta muy difícil de liquidar.
La mochila laboral ocupa otro tercio del escritorio. En el intento de proteger al trabajador se diseñó una hipertutela que ha impedido el normal desarrollo del mercado de trabajo. Incorporar y despedir a un trabajador se ha tornado burocrático y riesgoso. Si el costo de salida es elevado, el incentivo al ingreso es nulo. Eso explica buena parte del desempleo

Por último, las regulaciones nacionales, provinciales y municipales han terminado por tapar el escritorio de una pyme. En el rubro cárnico antes que un camión inicie el reparto necesitará 22 documentos al día, además de los 4 permisos electrónicos previos al despacho.
Hasta el 2015 para que una familia pueda acceder a una pechuga de pollo la industria debió cumplimentar 164 trámites en dependencias de todos los niveles de gobierno. Luego de quejas empresarias actualmente ese número se redujo a poco más de 120.
A este delirio se le suma las encuestas compulsivas de los organismos de estadística (so pena de multas por incumplimiento), los registros impositivos, las inscripciones y reinscripciones varias, pues muchos organismos cambian sus sistemas o terminan “perdiendo los papeles”.
Para peor, muchos servicios por los cuales el Estado cobra impuestos, establece registros y regulaciones, son ofrecidos en calidad deficiente. Por tal motivo las empresas deben pagar nuevamente “el gasto público” contratando custodias privadas, servicios de recolección privados, seguridad e higiene privada, etc. Multiplicando costos e ineficiencias.
Cada una de estas regulaciones tiene motivos y justificaciones. Cada una de ellas es impecable. Todas juntas es una mochila insalvable. Una verdadera religión estatal.
La sumatoria del peso de las tres mochilas que ocupan el 100% del escritorio de una pyme son más pesadas que la espalda. Por lo tanto asfixia a las empresas, desenfoca la atención y anula sueños y creatividad. La mochila estatal destruye empresas. No hay país posible si los empresarios en lugar de recorrer mercados, recorren ministerios, si en lugar de analizar qué producir solo atinan a preguntar “qué impuesto vence hoy”.

 

Gustavo Lazzari es Licenciado en Economía, (UCA), Fue Director de Políticas Públicas de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre, y fue investigador del Proyecto de Políticas Públicas de ESEADE entre 1991-92, y profesor de Principios de Economía de 1993 a 1998 y en 2002. Es empresario.

Trabajo infantil

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 8/2/19 en: http://www.carlosrodriguezbraun.com/articulos/expansion/trabajo-infantil/

 

En una nueva ratificación de la Ley de Spencer —cuanto más se resuelve un problema, más arrecian las quejas sobre su empeoramiento— el trabajo infantil empezó a ser un escándalo en el siglo XIX, o sea, cuando disminuyó por primera vez en la historia.

No concebimos hoy ese trabajo, olvidando que aquí en España muchos niños trabajaron de manera regular hasta los años cincuenta, e incluso más tarde. La prosperidad es, en este campo, como en tantos otros, lo fundamental. Por eso el trabajo infantil es un fenómeno habitualmente limitado a los países más pobres.

Los políticos, alarmados ante este problema, decidieron hacer lo normal: prohibirlo. Después de todo, todavía hay 168 millones de niños que trabajan, según la OIT. Parece indudable que es bueno prohibirlo, pero la economía tiene una larga tradición de advertencias sobre su complejidad y sobre las consecuencias no previstas ni deseadas de la intervención de las autoridades.

El trabajo infantil (menores de 14 años) fue prohibido en la India en 1986. La idea subyacente era que la prohibición incrementa el coste de contratar niños, a la vez que rebaja sus salarios, desanimando así tanto su oferta como su demanda. Pero un estudio  reciente observa: “Un mecanismo menos evidente actúa en la dirección contraria: si sólo las familias más pobres recurren al trabajo infantil para lograr la subsistencia, entonces una caída en los salarios de los niños debido a la prohibición puede de hecho llevarlas a ofrecer aún más trabajo infantil” —Prashant Bharadwaj, Leah K. Lakdawala, Nicholas Li,  “Perverse Consequences of Well-Intentioned Regulation. Evidence from India’s Child Labor Ban” (National Bureau of Economic Research: https://www.nber.org/papers/w19602).

Los autores analizan lo que sucedió en la práctica en la India, y comprueban que si la prohibición afecta a un solo sector (en la India, la industria), su resultado es el movimiento de mano de obra infantil a otros sectores, sin efecto alguno sobre el nivel global de trabajo infantil. La evidencia empírica indica que después de la prohibición bajó efectivamente el salario infantil pero aumentó la oferta, como lo sugiere el mayor número de niños que dejaron las escuelas. Era una señal clara de que iban a trabajar, lo que es perjudicial porque frena la acumulación de capital humano, y discrimina contra las familias pobres, puesto que las de mejor situación no envían a sus hijos a trabajar.

Estos profesores recuerdan que hay muchos más estudios de Law & Economics sobre países ricos que sobre países pobres, y “los efectos de las leyes pueden ser muy diferentes en países en desarrollo, donde no serán plenamente cumplidas por la debilidad de sus instituciones”. En resumen, parece que la prohibición no resuelve el  problema del trabajo infantil, “simplemente porque no afronta la principal razón por la cual los niños trabajan: la pobreza”.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE