Category Archives: Empresa

La Curva de Phillips y la tasa de interés

Por Adrián Ravier.  Publicado el 16/2/18 en: https://www.lagaceta.com.ar/nota/761474/opinion/curva-phillips-tasa-interes.html

 

La autoridad monetaria se debate desde hace meses si subir o bajar la tasa de interés. El debate está en el premio que le vamos a dar a los agentes por mantener sus activos pesificados. Subir la tasa, contribuye a pesificar la economía; Bajar la tasa, contribuye a dolarizarla. La demanda de dinero en pesos resultante es una de las claves para contener la inflación.

Otro modo de ver la cuestión es si privilegiar la lucha contra la inflación o la actividad económica, lo que nos conduce, en definitiva, a la lógica de la Curva de Phillips. Phillips planteó un trabajo empírico en 1958 donde mostraba la relación inversa que existe entre inflación y desempleo. En términos prácticos, si Argentina decide acelerar su lucha contra la inflación, por ejemplo subiendo las tasas, tendrá que aceptar en el corto plazo un nivel de actividad menor, con impacto negativo sobre el empleo. Si decide postergar esta lucha para otro momento bajando las tasas, entonces puede recalentar la economía, pero el costo será una mayor inflación.

Desde mi punto de vista la autoridad monetaria debería privilegiar el objetivo de tener una moneda sana, lo que sólo se puede conseguir limitando la asistencia que el BCRA le ofrece al Tesoro. Esto, a su vez, tiene dos soluciones, o se eleva la tasa de interés lo suficiente, o bien, se controla los agregados monetarios (una propuesta que viene ganando adherentes).

Probados hechos hay en la historia económica que sólo una moneda sana fomenta el ahorro, la inversión, la formación de capital, la generación de empleo, el aumento de productividad, los mejores salarios reales y el aumento en el bienestar. Sólo de ese modo se soluciona el problema de la inflación, y se fomenta actividad económica y empleo.

El gobierno, sin embargo, decide priorizar recurrentemente el nivel de actividad y empleo, poniendo el carro delante del caballo. Lo más grave es que el margen de acción se acorta porque las elecciones se acercan, y entonces ya no hay opción para bajar a tiempo la inflación y que en 2019 la actividad económica y el empleo despeguen fortalecidos. Son los costos del gradualismo, y nadie puede decir que los economistas no lo hemos advertido.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

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La magia comunista

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 14/2/18 en: http://www.carlosrodriguezbraun.com/articulos/la-razon/la-magia-comunista/

 

Uno de los esfuerzos más notables de prestidigitación en el mundo de las ideas ha sido y sigue siendo la propaganda comunista. Lo primero que hicieron los comunistas fue insistir en que su sistema era mejor que el capitalismo, porque brindaba no solo libertades políticas sino beneficios económicos. En serio. Y, en serio, durante décadas numerosos intelectuales occidentales difundieron semejante patraña (puede verse: Paul Hollander, Los peregrinos políticos).

Finalmente, y con increíble retraso, el camelo se reveló como tal, y se vio que el comunismo había sido lo contrario de lo que pregonaban sus epígonos: sistemáticamente se tradujo en dictadura política y miseria económica. Entonces, la estrategia cambió. Los comunistas se volvieron defensores de los derechos humanos, del feminismo, del medio ambiente, de los pueblos indígenas y de la democracia, es decir, de todos los objetivos que se ocuparon de masacrar en todos los países donde se aplicó el comunismo. Ese esfuerzo de engaño también tuvo éxito: mucha gente lo cree, igual que mucha gente cree que lo malo del comunismo es solo el estalinismo, o que el comunismo es bueno porque combatió al fascismo.

Otro variante de la magia comunista es alegar, créase o no, que lo malo del comunismo es culpa del capitalismo: en serio, hablan de “capitalismo de Estado”. O aseguran que el comunismo, a pesar de sus innegables crímenes, sirvió para “suavizar el capitalismo” mediante la intervención del Estado, un camelo sin base alguna, precisamente porque dicha intervención no tuvo que ver con la protección del capitalismo sino con la usurpación política de la riqueza creada por empresarios y trabajadores.

Cuando se les enfrenta a la realidad criminal en que se concretan sus ideas, y se rechaza la treta habitual de considerar al capitalismo solo en sus peores resultados, y al socialismo solo en sus mejores objetivos, los comunistas perpetran el arte supremo de la negación de la realidad: proclaman que los crímenes no fueron cometidos por comunistas. Un líder de la izquierda en España dijo que si un comunista era un asesino, entonces no era comunista. El blindaje tramposo es entrañable.

Pero en los países comunistas no se aplicó el capitalismo sino el comunismo, porque se limitaron o extirparon la propiedad privada y los contratos voluntarios del mercado. Millones de trabajadores, por eso, murieron de hambre. La magia no puede ocultarlos. Intentarán atribuírselos al capitalismo, cuando fueron víctimas de políticas claramente anticapitalistas. El espectáculo continuará. ¡Ale hop!

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.

What balance will we make in 2019 of the Macri administration?

Por Adrián Ravier.  Publicado el 9/2/18 en: http://en.libertadyprogresonline.org/2018/02/09/what-balance-will-we-make-in-2019-of-the-macri-administration/

 

Doing futurology and projecting the economy of these two years 2018-2019, we ask ourselves -in balance mode- how it would end Mauricio Macri his first government in the National Executive and how much he could have made in correcting the inherited imbalances. In what areas would be considered successful, in which we will speak of inaction and in which we would have major problems.

Progress

Beginning with the good news, we should remember that one of the first measures was the removal of the fixed exchange rate, which made it possible to eliminate the black market (blue dollar) from the usual jargon of Argentinians, enabling the access to purchase foreign currency, both for tourism and for imports. This also allowed the elimination of the bottleneck where industrial production was stuck.

This contributed ending an economic stagnation that lasted all the previous government (2011-2015), in which the economy grew one year to fall the next, according to the political cycle. Between 2017 and 2019 it is expected moderate and stable growth of between 2 and 4 percent with improvements in consumption and investment levels. Here, a fundamental role will play labor reform to reduce the obstacles and excessive costs that companies face today to generate jobs and investment projects.

While they may not meet the goals, they may offer data that shows a low of the inflation from 41% registered in 2016 to a rate close to 15% in 2019. Critics will say that inflation in 2015 was lower than the 41% indicated, but this does not take into account the expansive monetary policy of 2015 that generates a lag effect on the next year. Here we must highlight, in addition, the controversy of the future dollar left by the management of Alejandro Vanoli and on which he is still giving explanations before the Courts of Comodoro Py.

The drop in inflation will allow reducing poverty that reached 31% in 2015, was 28% in 2017 and would be around 25-26% by the end of 2019, a structural level that can only be reduced with savings and investment and continuous growth.

An important aspect, which political cost was not lower, will have been ending the tariff delay, removing subsidies to public services. The energy policy managed by Juan Jose Aranguren will be qualified as successful, in addition, by correcting investment deficit in energy infrastructure.

Finally, Argentina will have come out of isolation thanks to the efforts of the ruling that separates it from Iran and Venezuela and build ties with China and the West, seeking investments, of course, but also strengthening political ties. It will not be considered a minor issue that Argentina has abandoned a long default on its public debt, which allowed it to return to financial markets and, among other things, it has accumulated international reserves to support its weakened local currency.

Inaction

Where we hardly see significant progress will be on the fiscal front. Although it removes and lowers export with-holdings and a raise of the non-taxable minimum for the income Tax were a significant first step, in terms of taxes the reform that Congress passed does not raise reduce the tax pressure until after 2020.

In terms of public expenditure, although it removes it from subsidies it is already and will have been significant, there are and there will be other increases that show that spending grew at a rate similar to inflation. The decrease in economic subsidies was compensated with an increase in social subsidies.

The public over-employment had minimal corrections that were compensated with other hirings. Holding it up during these four years will transform a current problem into a structural problem.

Mauricio Macri’s commitment throughout his government was to take care of public employment and try to reduce the fiscal deficit via improvements in tax collection. While the government may show some compliance with its fiscal targets (the primary deficit will probably be below 3%), it is also important to note that it will have maintained the financial deficit at a level similar to that inherited. The decreases of the primary deficit will have been compensated by increases in the interest on debt that had gradualism as a cost.

Negative aspects

The greatest cost of gradualism is the accumulation of public debt. Argentina will present at the end of 2019 a level of worrying debt and a financial deficit that will need a liquid global macroeconomic context that will hardly be sustained until 2020.

The heterodoxy in politics of disinflation who manages Federico Sturzenegger will leave an arsenal of Lebac that will extend the problem of inflation for longer than necessary. Lowering inflation to a single digit will remain a difficult problem in the next government if orthodox reform is to be avoided.

Finally, the more than 30,000 million dollars that Argentina will have received each year in the form of public debt will feed a foreign exchange delay that will represent one more obstacle for the development of its productive activity. The current account deficit will be an obvious consequence.

Those who expected to see a correction of the inherited macroeconomic imbalances in these four years will see important, but partial progress. But those who expected to observe a structural reform of the economy will have to keep waiting.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

El desánimo global pesa más en Argentina

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 11/2/18 en: https://www.eldiarioexterior.com/el-desanimo-global-pesa-mas-49612.htm

 

A pesar de que los organismos internacionales siguen tirando expectativas optimistas con respecto a la economía global, los mercados parecen desanimados y desconfiados.

 

 

Wall Street intenta tranquilizarse tras vivir una semana de vértigo que iba camino de ser la peor desde octubre de 2008, en plena crisis financiera. El índice Dow Jones logró cerrar el viernes pasado con un repunte del 1,4% aunque con mucha volatilidad. Aun así, se produjo una caída acumulada del 5,2% desde el lunes, la peor desde enero de 2016. El impulso final volvió a colocar al índice por encima de los 24.000 puntos y lo sacó de la zona de corrección. Pero ha visto evaporarse 2.200 puntos -casi 10%- desde el máximo histórico del 26 de enero.

Los mercados estadounidenses vivieron una auténtica montaña rusa que hacía subir y bajar las acciones durante toda la sesión. El lunes perdió, de un plumazo, 1.175 enteros, el mayor desplome en puntos de la historia. En porcentaje fue del 4,6%, la mayor caída desde 2011. El martes rebotó el 2,33%. El miércoles, cerró equilibrada. El jueves perdió otro 4,15%, el segundo mayor descenso histórico, en puntos. Durante toda la semana, las Bolsas europeas y asiáticas bailaron al ritmo que marcaba Wall Street y todas las grandes plazas cerraron el viernes con pérdidas.

Entretanto, los bonos del Tesoro, donde la tasa de interés de las letras a 10 años supera el 2,8%, su nivel más alto en cuatro años, se convierten en el puerto seguro para los inversores cuando sube el precio del dinero. Este trasvase del mercado de acciones al de renta fija se ve alimentado por una escalada del índice de volatilidad Cboe, que se movió entre los 30 y los 40 puntos, frente a menos de 10 a comienzos de año.

Los tres índices de referencia de Wall Street -Dow Jones, Nasdaq y S&P- entraron en zona en negativa para el año, al bajar a niveles de mediados de noviembre del pasado año. El desplome provocó que se evaporara el equivalente a 2,6 billones de valor bursátil en el S&P 500. En perspectiva, el desplome suma 3,5 billones en valoración desde las elecciones presidenciales.

La volatilidad se comió el 40% de lo ganado en la era Trump. Google, la segunda compañía cotizada, es el mayor perdedor en términos absolutos con más de 114.000 millones desde el máximo. Le sigue Apple, la mayor del parqué, con 83.000 millones. Las dos están en zona de corrección. Microsoft les sigue con 69.000 millones, Berkshire Hathaway con 63.000 millones y Exxon Mobil con 54.000 millones.

La remontada -por no decir burbuja- de los últimos nueve años en Wall Street estuvo, de hecho, subvencionada por una política monetaria extremadamente laxa por parte de la Fed. Y esta política se aleja cada vez más, ya que el dato de empleo de enero estaría mostrando que el crecimiento es sólido y que los salarios suben, lo que se interpreta como un incentivo para subir las tasas -según ya anticipan todos los analistas- con más agresividad para “contener la inflación”.

Por cierto, tras los sobresaltos de los últimos días, los inversores “clásicos”, los que creen en las perennes reglas del mercado bursátil, se preguntan en qué momento deberían comprar. “Las correcciones en los mercados suelen ser del 10%”, dice Levitt de Oppenheimer. “Estamos cerca de ese punto y después, las acciones suelen subir durante los siguientes meses”, concluye.

En cualquier caso, resulta evidente que “el optimismo que llevó a las acciones de EE.UU. a nuevos máximos se está agotando, al menos temporalmente”, explica Craig Burelle, analista de Loomis Sayles. Así, los inversores buscan activos de cobertura, prefiriendo los bonos del Tesoro a 10 años y para ello han desarmado posiciones, sobre todo en instrumentos de riesgo como el caso de las acciones y activos de emergentes al punto que los bonos de mercados emergentes soportaron la mayor salida de capitales en la historia.

Y, por cierto, en esta bajada global, los bonos argentinos vienen sufriendo una caída adicional como consecuencia de la mayor depresión local: en lo que va del año pierden 10% en la parte larga de la curva y 5,5% en los vencimientos a 2026. En tanto que los bonos brasileños, en la parte larga cayeron 7%, los mexicanos 4,85%, los de Perú 5,7% y los colombianos, puntualmente el bono a 2045, sufrieron una merma de 6,05% en lo que va del 2018.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Liberalismo no es Ajuste

Por Iván Carrino. Publicado el 10/2/18 en: http://www.ivancarrino.com/liberalismo-no-es-ajuste/

 

La libertad económica es, por definición, expansiva de la creatividad y el emprendimiento humano.

A menudo, en los debates sobre economía y política, se acusa a los liberales de querer “ajustar a la gente”.

Hay que reconocerlo.  Tal vez algo de responsabilidad tenemos, puesto que si estamos analizando las cuentas públicas y, por ejemplo, éstas tienen un agujero, decimos que hay un “desajuste” que debe ser “ajustado”.

En este sentido, igualmente, la palabra ajuste no tiene nada de malo. Es que, simplemente, si venís por un camino que te va a hacer terminar mal, tenés que corregir, ajustar.

Ajustar una tuerca no es malo en sí mismo. De hecho, puede prevenir accidentes fatales: ¿cuál sería el problema?

Pero lo que los supuestos campeones de los pobres y abanderados de los trabajadores quieren decir cuando asocian liberalismo (o, peor aún, “neoliberalismo”) con ajuste, es que nosotros queremos “ajustar a los trabajadores”, que caiga el salario, que suba el desempleo, que “quede la gente afuera, pero con los números bien cerrados”.

Dentro de esta retórica, el neoliberalismo es el enemigo del pueblo, mientras que el populismo, el socialismo y el estado de bienestar son los verdaderos héroes de la sensibilidad social.

Contradicción en términos

Hecho el mea culpa sobre el uso de la palabra ajuste por parte de los economistas, queda claro que hay dos sentidos del término. Uno referido a corregir desequilibrios,  y otro referido a empeorar la calidad de vida de la gente.

En este último sentido, liberalismo y ajuste son claramente antónimos. Es decir, lo exactamente opuesto, por definición.

Piénsese en lo que quiere decir liberalismo. Liberalismo viene de libertad, así que implica que la gente es libre de perseguir sus sueños, sin ser coaccionada por terceros. En el ámbito de la economía, esa libertad es la que genera los incentivos para emprender, producir más y aumentar la riqueza.

La libertad está íntimamente relacionada con la propiedad privada. Y cuando la propiedad privada se respeta, los empresarios se lanzan a invertir, crear negocios y empresas que ofrecen bienes y servicios. Si éstos satisfacen las necesidades de los consumidores, los empresarios están creando riqueza.

Por si esto fuera poco, como efecto colateral, aumenta la demanda de trabajadores. Finalmente, mayor producción y mayor demanda de empleo suben los salarios en términos reales.

Lo que digo no es un cuento de hadas o una mera gimnasia mental. De acuerdo con la última publicación del Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage, los países más libres del mundo tienen un PBI per cápita 7,5 veces mayor al de los países considerados “reprimidos”, categoría en la que Argentina estuvo hasta hace poco.

Gráfico 1. PBI per cápita y Libertad Económica

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Fuente: 2018 Index of Economic Freedom – The Heritage Foundation

Uno podría argumentar que el PBI per cápita es una medida no del todo indicativa del bienestar de una sociedad y que, por tanto, la relación no es tan asombrosa.

Sin embargo, la libertad económica no solo está correlacionada con el PBI per cápita, sino también con el Índice de Desarrollo Humano, de la ONU (los países más libres tienen un promedio de 0,93 puntos vs. Un 0,57 de los países reprimidos).

Además, los países que más medidas toman para incrementar la libertad de crear y emprender de sus ciudadanos, bajando impuestos, trabas y distorsiones, son los que terminan creciendo más rápido, algo que se relaciona directamente con la caída de la pobreza.

Gráfico 2. Mejoras en libertad económica y tasa de crecimiento per cápita.

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Fuente: 2018 Index of Economic Freedom – The Heritage Foundation

Vistos estos datos: ¿cómo se puede hablar de liberalismo como sinónimo de ajuste? La libertad económica es todo lo contrario a ajustar a los trabajadores.

Es el ingrediente necesario para aumentar la iniciativa empresarial, fomentar el crecimiento económico, y así aumentar los salarios y reducir la pobreza.

Ajuste es el populismo

Habiendo dejado claro que liberalismo no tiene nada que ver con “ajuste”, en el sentido de reducir el salario de los trabajadores, veamos qué es lo que verdaderamente causa eso.

Es acá donde nos encontramos con otra cosa muy distinta: el populismo.

A fines del a década del ’80, dos académicos de prestigio internacional recopilaron numerosas experiencias de países latinoamericanos, para un estudio que llamaron “El Populismo Macroeconómico en América Latina”.

Para Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards, el populismo macroeconómico, mediante el uso de “políticas fiscales y crediticias expansivas (…) destaca el crecimiento y la redistribución del ingreso” al tiempo que “menosprecia los riesgos de la inflación y el financiamiento deficitario, las restricciones externas y la reacción de los agentes económicos ante las políticas agresivas ajenas al mercado”.

Léase, políticas insostenibles que, a mediano o largo plazo, generan distorsiones tales que alejan la inversión y eliminan los incentivos para emprender, producir y crecer.

Los datos recopilados por los autores y el equipo que comandaron son contundentes.

Gráfico 3. Salario Real en Chile (1967-1977).

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Fuente: Fuente: Macroeconomic Populism in Latin America. NBER Working Paper No. 2986

Gráfico 4. Salario Real en Perú (1980-1989)

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Fuente: Macroeconomic Populism in Latin America. NBER Working Paper No. 2986

El populismo destaca el corto plazo por encima del largo. Así, lleva adelante políticas totalmente desaconsejadas, como el déficit fiscal, la inflación, el control de precios,  el aumento de las regulaciones… Todo eso puede generar una ilusión de bienestar en un primer momento, como se observa en los gráficos anteriores, pero el final es cantado.

Para Edwards y Dornbusch, una fase inevitable del populismo macroeconómico es la de la estabilización ortodoxa, donde la realidad sale a la luz, el salario real cae, la inflación salta y la economía entra en recesión.

Obviamente, si la estabilización es exitosa, y el populismo se abandona, el país vuelve a crecer.

La Argentina de los últimos años es un caso claro de populismo. Es que si bien hubo  años de “crecimiento a tasas chinas”, dado que éstos estuvieron impulsados por expansionismo fiscal y monetario, llegó un día que la nafta se acabó y hubo que reconocer la realidad.

Tras años de alta inflación, déficit fiscal creciente, controles precios, de tarifas y del tipo de cambio, la inviabilidad de “el modelo” quedó expuesta. Obviamente, los salarios cayeron y los trabajadores se vieron ajustados.

¿Pero quién tuvo la culpa? ¿El que “prendió la luz y levantó la alfombra”, o el que venía intentando fracasadamente ocultar la realidad?

Gráfico 5. Salario Real Privado en Argentina (2013-2017)

liber5 Fuente: Ministerio de Trabajo e IPCBA.

En 2014, cuando aún gobernaba el kirchnerismo, el salario real llegó a caer 8,9% anual. En 2016, con el nuevo gobierno en funciones, éste volvió a caer, hasta 10,8%.

El ajuste contra los trabajadores no es responsabilidad del liberalismo, sino del populismo. Allí donde los países son más libres, la economía crece más y el ingreso de las personas es el más elevado de todos.

Pero donde rige el populismo, los salarios crecen a corto plazo, pero a costa de desplomarse a mediano-largo, producto de la inflación, el consumo de capital y la fuga de la inversión.

Por una vez, pongamos las cosas en su lugar. Liberalismo no es ajuste, ajuste es el populismo.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

El costo del empleo “público”

Por Gabriel Boragina Publicado  el 11/2/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/02/v-behaviorurldefaultvmlo.html

 

“El gobierno nacional emitió un decreto prohibiendo que los familiares hasta el segundo grado de los funcionarios con cargos de ministro o superior puedan ser designados como empleados de planta en el sector público nacional.”[1]

Lo primero que hay que aclarar es una cuestión terminológica. En el tema, hay que hablar estrictamente -y en buen lenguaje- de empleo estatal y de empleados estatales o del estado, porque, en rigor, todo empleo (privado o estatal) es siempre público, porque se trabaja para satisfacer una necesidad, tanto propia (como la del empleado y su empleador) como del resto de la gente (el público), dado que el objeto de todo empleo es remediar una carencia, no solamente laboral sino -fundamentalmente- de consumo. Se trabaja para obtener un ingreso que permita consumir; y se venden bienes y servicios para que otros puedan consumirlos. Por lo que, con el trabajo se satisfacen necesidades públicas. No obstante, en el caso del empleo estatal, solo una de las partes se satisface: la del empleado.

“La medida tiene alta carga simbólica debido a que en la cultura política argentina usar el empleo público como mecanismo para distribuir favores personales, familiares y políticos es una práctica muy arraigada.”[2]

Concordamos con el criterio expuesto en el informe que estamos citando y comentando. La incidencia de la medida en el presupuesto nacional es ínfima. y -por lo demás- es absolutamente cierto que el empleo estatal es la perfecta excusa que han tenido y seguirán, sin duda, teniendo todos los políticos de todos los partidos. El empleo estatal es uno de los principales ámbitos que sirve de caldo de cultivo a actos de corrupción. Cabe recordar que el empleo estatal no es propiamente un empleo, sino que en rigurosos términos económicos no es más que un subsidio encubierto al desempleo. Porque el empleo genuino es el que se genera en el sector privado de la economía. En tal sentido cada nuevo “puesto” de trabajo creado en sector publico implicará inexorablemente cierta cantidad de empleo que se pierden en el sector privado de la economía. La diferencia entre unos y otros será el equivalente al subsidio.

“La norma no resuelve los problemas ligados a la sobredotación y baja profesionalidad del empleo público. En el mejor de los casos, puede ser planteado como un gesto tendiente a romper con las malas prácticas enquistadas. Pero existe el riesgo de que se convierta en un mero acto de oportunismo que desvíe la atención respecto a un tema extremadamente importante.”[3]

Es que ninguna norma va a resolverlo, porque no se trata de una cuestión que se solucione con leyes, reglamentaciones, decretos, etc. es decir, con más burocracia, sino que es un problema de incentivos económicos. El estado-nación (y por ende sus agentes-empleados) carecen de incentivos y de parámetros para producir. De hecho, el “estado” como tal no produce nada, los únicos productores son los contribuyentes, que son los que aplican su esfuerzo (mental y/o físico) a la elaboración de bienes y servicios con el objeto de obtener ganancias. Todo lo demás que pueda decirse al respecto es anecdótico.

“¿Cuál es el compromiso que asume el Estado cuando ingresa un nuevo empleado?Tomando como ejemplo un empleado público provincial (66% del empleo público total) que ingresa con una categoría inicial a los 25 años de edad y asumiendo que son bajas las probabilidades de renuncia y casi imposible el despido, el costo estimado es el siguiente:

  • ·         Durante su vida activa habrá que pagarle $23 millones a precios actuales en concepto de salarios, cargas sociales y gratificaciones.
  • ·         Cuando se jubile habrá que pagarle $17 millones más a precios actuales en concepto de jubilación y la pensión derivada a su cónyuge cuando fallezca.
  • ·         Así, designar un empleado público implica comprometer unos $40 millones.”[4]

Costo de nombrar un empleado público con estabilidad


          

            Esto nos da la pauta del descomunal gasto público que representa mantener un ejército de burócratas en todos los niveles, cuya única función es vivir del erario público. Esta vez el vocablo “público” si viene a propósito, por cuanto toda esta inmensa masa de empleados vive del resto del público que somos los que en definitiva solventamos sus vidas y pasares. Si se multiplica esta fenomenal cifra por la cantidad de empleados públicos existentes al día de la fecha se puede tener una noción del nivel de despropósito que existe en materia de empleo estatal y -proyectándonos- en el del resto de los rubros del presupuesto nacional, además del impacto negativo severo que estos guarismos producen en el gasto público total. Fundamentalmente, lo más grave es lo que apuntamos anteriormente, y que es que toda esta gente no produce absolutamente nada, sino que -por el contrario- se dedican a hacernos cumplir tramites administrativos inacabables y costosísimos que hacen pesar sobre las espaldas del sector privado de la economía. 

“Estos datos son aproximados pero muy ilustrativos de la magnitud de recursos públicos que quedan comprometidos cuando ingresa un nuevo empleado al Estado. El principal determinante es la rígida aplicación de la estabilidad del empleo público. Aunque en la enorme mayoría de los casos el ingreso es bajo modalidades que no contemplan la estabilidad (pasantías, monotributo, contrato a plazo, etc.), una vez incorporado, prevalece la presión por la permanencia. Lo que inicia como un ingreso transitorio y precario, en los hechos deviene en un empleo de por vida.”

El principio de la estabilidad del empleado público es un agravante al cuadro de situación ya descripto antes. No tiene razón de ser, porque no rigen las mismas reglas que se deben enfrentar en el sector privado donde la competencia implacable hace que debamos mejorar cada vez más nuestro desempeño ofreciendo más y mejores bienes y servicios al menor precio posible. El sector estatal no está sujeto a estas reglas ¿cabe premiarlos además con estabilidad en sus asientos de oficina? En realidad, la presión existe en una doble dirección, porque el contratado por el gobierno presiona para quedar efectivo, y que el a fin lograr conseguir la efectividad en su puesto comenzará a presionar para no perderla. Se trata de un circulo vicioso porque ya sea en un sentido o en el otro la presión existirá.

[1] IDESA: “CADA NUEVO EMPLEADO PÚBLICO COMPROMETE $40 MILLONES”. 4 de febrero de 2018 – Número 742

[2] IDESA, Ibidem.

[3] IDESA, Ibidem.

[4] IDESA, Ibidem.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

La legislación laboral nazi argentina

Por Gabriel Boragina Publicado  el 4/2/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/02/la-legislacion-laboral-nazi-argentina.html

 

Son notables las semejanzas entre la legislación laboral del partido de Hitler y las vigentes a hoy día en la República Argentina. Dos expertos nos cuentan como eran las leyes laborales de los nazis:

“El hecho curioso fue que los sindicatos organizados se mantuvieran tan fuertes a pesar de la depresión. Tal acontecimiento fue el resultado de 10 años de legislación, comenzando en 1918, cuyo objetivo apuntaba a “ampliar el alcance, la fuerza y la autoridad de los sindicatos”. Estas leyes incluían un sistema de mediación y arbitraje mediante el cual las discusiones paritarias tenían lugar entre los sindicatos y los empleadores y organizaciones de empleadores; este sistema de relaciones laborales se consagró como el sistema más deseado y apropiado que regulara las relaciones laborales.”[1]

Lo que implica a decir que los sindicatos se mantienen, en realidad, artificialmente. No estaban sostenidos en el respaldo de una enorme masa de afiliados, sino que su único sostén era todo un entramado de leyes que se crearon específicamente para apuntalarlos como instrumentos del poder de turno. Sorprendería la similitud de la organización sindical nazi con la de la Argentina de nuestros días si no se supiera -como ya se sabe- que fue el régimen de Juan Domingo Perón quien copió la ordenación laboral nazi y la adaptó a la Argentina. Lo que si sorprende es que esta se hubiera mantenido casi sin tocar desde los años 1940 hasta el día de la fecha. Sigue vigente en este país la ley N° 14250 de asociaciones profesionales y la ley 20744 de Contrato de Trabajo (LCT) que, básicamente, responden a las mismas directrices que se señalan en la cita de arriba.

“El corolario de esta práctica fue que la ley no reconocía a los sindicatos de una empresa o a las asociaciones gremiales independientes que actuaban como delegadas de los trabajadores. Más aún, los trabajadores no estaban autorizados a celebrar acuerdos individuales con los empleadores y no se les permitía permanecer en sus empleos en caso de perder la afiliación a sus sindicatos.”[2]

Esta figura, que en Argentina la ley mencionada (N° 14250) designa con el nombre de personería gremial, esta, en realidad, tomada de la Carta dil Lavoro de Benito Mussolini de 1922. En los hechos, implica que el gobierno otorga un monopolio artificial a un sindicato por encima de cualesquiera otros, para “negociar” (en rigor, imponer) las “condiciones de trabajo” que el sindicato (con el beneplácito del gobierno, obviamente) desea al resto de los empleadores del país. El efecto económico de este tipo de organizaciones es sumamente claro: elevación de los salarios nominales por medio de leyes o acuerdos de salarios mínimos y su consecuencia ineluctable: altas tasas de desocupación.

“Existían comisiones oficiales de arbitraje cuya función consistía en resolver las discrepancias entre los empleadores y los sindicatos, cuando fracasaban los acuerdos entre dichas partes. Poco tiempo después, la participación del gobierno se incrementó.”[3]

Nuevamente, aparecen las similitudes con la legislación laboral actual en Argentina. La función de las comisiones oficiales de arbitraje nazis es exactamente la misma que cumplen los ministerios de trabajo en Argentina, los que -entre otras regulaciones- tiene la facultad de homologar (o no hacerlo) esos supuestos “acuerdos colectivos” a los que llegan las partes. Y en caso de no llegar a ningún entendimiento, imponer el propio a criterio del ministro del ramo de turno. En rigor, no se “resuelven” las discrepancias (las que quedan latentes) sino que se impone la decisión última de un tercero ajeno al conflicto (el gobierno mediante el ministerio de trabajo). Sigamos con los nazis:

“El gobierno se otorgó la facultad para extender mediante un decreto la obligatoriedad de un acuerdo celebrado con una empresa en un determinado distrito a todas aquellas empresas de la misma rama de la industria ubicadas en ese distrito. Esta atribución aumentó considerablemente el poder de los sindicatos que seleccionarían a la empresa más poderosa del distrito desde el punto de vista financiero para establecer los términos que los empleadores más pobres estaban obligados a aceptar.”[4]

Continúan aquí las notables analogías entre la legislación nazi y la Argentina de nuestros días. La misma facultad otorga la legislación argentina al ministerio de trabajo cuando decreta la homologación de lo que la ley denomina “convenciones colectivas de trabajo” y que no son otra cosa más que esos pseudo-acuerdos que se dicen “lograr” en las también llamadas “negociaciones paritarias”. La homologación predicha no es más que una resolución del ministerio de trabajo que extiende los alcances y efectos del “acuerdo” homologado a todas las empresas de la misma rama o del sector por actividad con alcance nacional (en el caso nazi parece que era más limitado y solo abarcaba y se limitaba al distrito).

“A pesar de ello, aún existían ciertas instancias en las que el acuerdo fracasaba y la solución se dilataba. Para resolver esta situación, el gobierno anunció que un mediador podía proponer una posible solución que definiría el monto del jornal a percibir en caso de que una de las partes en desacuerdo diera su consentimiento. Esta medida se utilizaba sólo excepcionalmente en el comienzo, pero pronto se generalizó.”[5]

Por supuesto, y esto es lo importante, no se aceptaba o se desconocía el mecanismo de fijación de salarios del propio mercado libre que es el único que determina realmente los salarios justos. Los nazis tenían como propósito desmantelar todo vestigio de libre mercado en todas las áreas que dominaban. Y procedieron al principio en forma gradual, si bien en el corto y mediano plazo extendieron sus tentáculos hacia toda forma de manifestación (sea económica o no económica). En suma, era el gobierno que, al final del camino, termina imponiendo el salario que -a juicio del burócrata de turno- “correspondía” o era el “justo”. Nuevamente, son notables los paralelismos con lo que hoy en día sucede en la legislación laboral argentina, donde hay mediadores en instancias previas y en casos colectivos el mediador es el propio ministerio de trabajo. Igualito que los nazis.

[1] ROBERT L. SCHUETTINGER – EAMONN F. BUTLER. 4000 Años de Control de Precios y Salarios. Cómo no combatir la inflación. Prólogo por David L. Meiselman. Primera Edición. The Heritage Foundation. Editorial Atlántida – Buenos Aires. Pag. 97-98

[2] Ibidem, p. 97-98

[3] Ibidem, p. 97-98

[4] Ibidem, p. 97-98

[5] Ibidem, p. 97-98

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

¿Se terminó la inacción fiscal?

Por Adrián Ravier.  Publicado el 31/1/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/01/31/se-termino-la-inaccion-fiscal/

 

Las bajas de subsidios no tienen como fin bajar el gasto consolidado, sino que se destinan a otros incrementos de gastos como ya ha pasado en los dos años anteriores

En sus dos primeros años de gobierno, Mauricio Macri desarrolló avances graduales pero importantes en distintos ámbitos, pero prácticamente todo el arco de analistas destacó su inacción fiscal. Ni los impuestos, ni el gasto público, ni el déficit fiscal han bajado realmente.

Cambiemos se defiende. Después de las elecciones se dieron cuatro noticias relevantes: se sobrecumplieron las metas fiscales; se acordó un pacto fiscal con las provincias; continúa la baja del gasto al quitar subsidios a los servicios públicos, con sus consecuentes tarifazos en electricidad y gas; se recortará uno de cada cuatros cargos políticos del Poder Ejecutivo Nacional y durante 2018 los funcionarios no van a tener aumentos de sueldo para acompañar la inflación.

El mensaje, sin embargo, es bastante engañoso. Si bien las metas fiscales redujeron el déficit fiscal primario en relación con el PIB de 4,3% en 2016 a 3,9% en 2017, esto no contempla los intereses de deuda que se incrementaron en el mismo plazo del 1,6% al 2,2% del PIB. Con esta información el déficit fiscal financiero se incrementó entre 2016 y 2017 de 5,9% al 6,1% del PIB.

A este saldo habría que agregar también el déficit fiscal de las provincias estimado en 0,9% del PIB. Es por ello que el Gobierno enfatiza en la importancia del consenso fiscal en el que nación se compromete a ceder a las provincias 45 y 75 mil millones de pesos en 2018 y 2019, con la provincia de Buenos Aires como principal beneficiaria. Lo que el pacto fiscal nos está diciendo es que el esfuerzo por reducir el déficit de las provincias también proviene de nación con nuevas transferencias, y no de las jurisdicciones locales.

Al respecto, si bien continúan las quitas de subsidios, es precisamente ese dinero el que nación utilizará para ceder a las provincias por el pacto fiscal. En otros términos, las bajas de subsidios no tienen como fin bajar el gasto consolidado, sino que se destinan a otros incrementos de gastos como ya ha pasado en los dos años anteriores. Recordemos que solo en 2017 las quitas de subsidios económicos fueron de 65.500 millones de pesos, pero los subsidios sociales subieron en 82.300 millones de pesos.

La medida de hoy que recorta cargos y congela sueldos de funcionarios públicos de nación desde luego que va en el buen sentido de corregir el rojo fiscal, pero su impacto cuantitativo es marginal. El ahorro estimado en 1500 millones de pesos que comunicó hoy el presidente Mauricio Macri representaría apenas el 0,012% del PBI.

La noticia, sin embargo, debe tomarse como un gesto bien intencionado en el sentido de mostrar que los esfuerzos fiscales comienzan por casa, previo a un año de negociaciones paritarias de las que depende corregir los desequilibrios fiscal y monetario.

Si concluyó o no la inacción fiscal, es algo que sabremos en los próximos meses. Bien haría a esta Argentina que las provincias y los municipios replicaran el gesto o que la provincia de Buenos Aires aprovechara los nuevos recursos del pacto fiscal para reducir los ingresos brutos que tanto preocupa al oficialismo. Lo cierto es que en materia de impuestos tampoco ha habido avances, considerando que la reforma tributaria tiene impacto nulo de cara al presente y marginal recién después de 2020.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Democracias y democracias

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 31/1/18 en: https://elnuevodiario.com.do/democracias-y-democracias/

 

Días atrás dio la vuelta al mundo la muerte de Ingvar Kamprad que había nacido en una comarca rural sueca en 1926. Me llamó la atención cómo lo llamó María Fluxá en El Mundo de Madrid: “el hombre que al crear IKEA democratizó el diseño”.

Kamprad creó en 1943 una compañía que “democratizó” el diseño y que hoy consume el 1% de la madera que se comercializa en el globo.

Llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo (una fortuna de US$ 46.300 millones) vendiendo muebles originales y económicos.

Para IKEA, los clientes desempeñan un papel fundamental: la empresa empaqueta los productos, pero el comprador debe armarlos y, entonces, recibe las herramientas para montarlos.

A ver. Siempre nos han dicho que democracia era elegir por voto popular al gobierno, aunque luego éste imponga por la fuerza impuestos y leyes que no nos gustan, y ni que hablar de aquellos que no los votan y luego tienen que soportar leyes que no quieren.

Parece que ahora “democracia”, según este concepto de Ikea, es poner al alcance de una mayoría popular algo que antes era para pocos. No sé.

Pero me gusta es eso de que los clientes son los que mandan, esa “democracia” del mercado donde los usuarios imponen los productos y servicios que prefieren, como cuando con el comando del televisor “votan” por un programa u otro, aumentando o bajando el rating, y con ello despidiendo o encumbrando artistas.

Me gusta que el público, el cliente mande sin que se le impongan coactivamente ni leyes ni impuestos. Precisamente para eludir estos impuestos y que la empresa –“democrática”- fuera viable, Kamprad vivió en Luasana, Suiza, durante 40 años. Además, Ikea, hoy tiene sus bases fiscales en Holanda, Liechtenstein, Suiza y Luxemburgo a través de una estructura corporativa -Inter Ikea Holding- cuyo propietario es una fundación.

Comenzó siendo una empresa que solo vendía por correo. Recién en 1958 abría una tienda en Älmhult, la primera de las 412 que existen hoy en el mundo. Ahora, esto de vender sin locales físicos, en plan de ahorrar costos, me recuerda a Amazon cuyo éxito probablemente no descansa solo en el hecho de ser de una puntocom sino en que ahorra al no tener tiendas físicas, que suelen estar apresadas por regulaciones e impuestos estatales.

Ahora Amazon, el conglomerado Berkshire Hathaway y el banco JPMorgan Chase, anunciaron otra “democratización”, el lanzamiento de una nueva compañía de salud que apunta a reducir los costos. Una firma independiente dirigida inicialmente a los empleados y sus familiares, por lo que, en su primera etapa, ya alcanzaría a millones de beneficiarios, a los que se les proveería cobertura médica “a un costo razonable”.
El proyecto está en su fase inicial, pero ya causó conmoción en la industria sanitaria. La posibilidad de que el gigante del comercio electrónico, y sus socios, tome el control de la distribución de los medicamentos recetados ha causado que empresas del sector registren caídas importantes.
“Los costos de la atención médica actúan como un gran parásito para la economía”, dijo el presidente de Berkshire Hathaway, Warren Buffett.

Este nuevo proyecto apunta a “democratizar” la cobertura médica hoy demasiado costosa debido al excesivo peso del Estado en el sector. Si bien, en primera instancia los beneficiarios serán los empleados y familiares, el CEO de JPMorgan, señaló que la meta son todos los estadounidenses.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Legislación sindical, el caso argentino

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 26/1/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/01/26/legislacion-sindical-el-caso-argentino/

 

Lo primero es subrayar que en una sociedad abierta el derecho a asociarse o no asociarse constituye uno de los postulados básicos a los efectos de la cooperación social. Cómo deben ser las asociaciones es algo que no compete a quienes están fuera de ellas; en primer lugar, los gobiernos, que solo deben velar porque no haya lesiones de derechos, en caso de que las hubiera, dicha agrupación se convierte en una asociación ilícita.

Pero antes de otras consideraciones sobre el tema sindical, es menester aclarar con toda precisión que los salarios y los ingresos en términos reales de deben exclusivamente a la cuantía y la calidad de ahorros internos y externos invertidos en un contexto de conocimientos relevantes, lo cual hace de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Esa es la diferencia entre zonas de mayores o menores salarios basadas en el primer caso en marcos institucionales respetuosos de la propiedad de cada cual.

El nivel de salarios no es solo monetario, es también no monetario, como lo son todas las condiciones laborales que rodean al caso desde los períodos de descanso a la música funcional. En rigor, estas condiciones no pueden ser legisladas, como queda dicho, son consecuencia de los niveles de las tasas de capitalización. Más aun, si se legislan más allá de demandas civiles o penales por incumplimientos contractuales o delitos, los resultados indefectiblemente son el desempleo, en primer lugar, de aquellos que más necesitan trabajar y, en segundo lugar, de todos a quienes las condiciones laborales son superadas por las normas legales respecto a las antedichas tasas de inversión. El voluntarismo no cuadra.

Mientras que los recursos sean limitados en relación con las necesidades, nunca bajo ningún concepto puede haber sobrante de aquel factor esencial que es escaso, esencial, puesto que no se concibe la producción de ningún bien ni la prestación de ningún servicio sin el concurso de trabajo manual e intelectual.

La vida es una transición, todo lo que piensan todos en todas las oficinas consiste en mejorar, lo cual, a su vez, se traduce en reasignaciones humanas y materiales. La mayor productividad libera factores humanos y materiales al efecto de trabajar en otros emprendimientos. En un mundo idílico donde hay de todo para todos todo el tiempo, naturalmente no hay necesidad de trabajar, lo cual significa que se está en Jauja, situación que sería una bendición para todos. Pero las cosas no son así, hay necesidades insatisfechas, por lo que hay que aplicar faenas para atenderlas.

 Nuevos métodos que elevan la productividad, nuevos bienes y servicios importados del exterior más baratos y de mejor calidad, la robotización y equivalentes liberan trabajo, el empresariado, atento a nuevos negocios, busca capacitar a nuevo personal al efecto de lograr sus arbitrajes adicionales. Como hemos dicho antes, ese fue el sentido y el destino del hombre de la barra de hielo cuando apareció la refrigeradora o el del fogonero cuando irrumpió la locomotora Diesel.

Lo peor que puede hacerse si se desea elevar el nivel de vida es destruir capital, con ello no habrá aumentado el empleo, sino que provoca disminuciones en los salarios en términos reales.

Por su parte, las huelgas deben ser entendidas como el derecho a no trabajar en cualquier momento siempre y cuando se cumplan los preavisos estipulados si los hubiere. Pero el derecho a huelga no es la intimidación y la violencia que no permitan que otros ocupen puestos de trabajo. Una cosa es el derecho a no trabajar y otra bien distinta es imponer situaciones a otros contra la voluntad de los destinatarios.

En el caso de procedimientos intimidatorios y violentos cuando se confunden con la huelga está implícita la equivocada idea de que constituye un procedimiento para elevar salarios. Si esto fuera cierto, habría que incrementar los métodos violentos de igual manera que si se considera que el nivel de vida puede incrementarse por decreto, las legislaciones, en este sentido, habría que redoblarlas. Pero como queda dicho, los salarios dependen solo de la inversión per cápita, que si disminuyen, disminuirá el salario, si se mantiene el stock de capital descontadas las respectivas amortizaciones, el salario mantendrá su nivel y si se incrementa el capital, consecuentemente aumentarán los salarios.

Tampoco tiene sentido alegar que los gobiernos deben interferir en las relaciones laborales para evitar “el desequilibrio en el poder de contratación”. En esta línea argumental, se sostiene que no es permisible que contrate un millonario con una persona que no tiene para llegar a fin de mes, al fin de semana o al fin del día. Es del todo irrelevante cómo sean las características patrimoniales o el volumen de sus respectivas cuentas corrientes, lo relevante son las tasas de capitalización. Si un millonario pretendiera pagar menos de lo que establece el mercado, simplemente se queda sin colaboradores. Un empleador puede contar con una situación patrimonial boyante y otro estar quebrado, pero ambos, si desean contratar trabajo manual e intelectual, deben abonar lo que exige el mercado. En lugares en donde los salarios son altos, no se debe a la generosidad de empleadores ni a la mezquindad de salarios bajos en otras zonas, sino, como hemos repetido, al volumen de capitalización.

De más está decir que los incumplimientos contractuales, los engaños o las lesiones de derechos deben ser adecuadamente castigados, pero los arreglos contractuales libres y voluntarios no deben ser interferidos por los aparatos estatales ni por bandas ocultas en máscaras sindicales.

Idéntico razonamiento se aplica a todos los servicios que preste la asociación sindical, en primer lugar, de salud o cualquier otro servicio que debe estar abierto a la competencia y en ningún caso consecuencia de aportes obligatorios y mucho menos a través de llamados “agentes de retención” que echan mano al fruto del trabajo ajeno.

Asimismo, las representaciones o no representaciones sindicales deben estar abiertas a todas las variantes, siempre y cuando se trate de arreglos libres y voluntarios en el contexto de contrataciones colectivas o individuales, según lo prefieran los interesados.

En el caso argentino, de tanto en tanto se detienen a sindicalistas corruptos, pero hasta el momento no se han modificado las leyes que dan sustento a un sistema fascista de representación coactiva a través de la figura de la personería gremial que arrastra a todos los gremios desde la década del cuarenta, que está presente en la legislación de ese país, junto a los antes referidos agentes de retención (más bien estafas legales) y afiliación coactiva de facto, en el contexto de escandalosos negociados monopólicos de obras sociales y similares.

Limitarse a arremeter contra la corrupción sindical fascista concentra la atención en los efectos, pero si no se abroga la legislación autoritaria, quedan sin tocar las causas del fenómeno. Lo mismo ocurre con retoques de superficie a las normas vigentes en lugar de eliminar de cuajo el mal que afecta principalmente a los trabajadores.

En la época de gloria de los argentinos, cuando los salarios y los ingresos en términos reales de los peones rurales y de los obreros de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España, cuando la población se duplicaba cada diez años debido a la multitudinaria inmigración para “hacerse la América”, en ese período las relaciones laborales estaban regidas por los 4015 artículos del Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield, de los cuales seis estaban referidos específicamente a los contratos laborales.

Luego se promulgaron multiplicidad de leyes “para proteger al trabajador” referidas a los más variados temas “al efecto de dotar al trabajador de conquistas sociales” y con ello comenzó el derrumbe en el nivel de vida de la gente, muy especialmente de los más necesitados, por las razones antes apuntadas, en contexto de la sandez de “establecer adecuadas relaciones entre el capital y el trabajo”, sin percatarse de que el capital son instrumentos inanimados que no contratan y que, por ende, se trata de contrataciones entre distintos tipos de trabajo entre empleadores y empleados. Con el argumento de proteger a los trabajadores se los aniquiló, con la idea de protegerlos de supuestas explotaciones se los sacó de la órbita de la protección rigurosa del Código Civil, los tribunales ordinarios y posibles aseguradoras. Se fabricó el fuero laboral, con lo que se agregó a las referidas desgracias negocios fenomenales de la industria del juicio para beneficio de chicaneros del nuevo fuero.

En esta especie de rapsodia para el desastre se incluyeron algunas figuras que son tragicómicas, como el aguinaldo, es decir, la aparición como arte de magia de un treceavo mes en el año, sin percibir que si se paga un monto adicional en el año, manteniendo los demás factores constantes, habrá que pagar de menos durante los otros 12 meses. Si esto no fuera de este modo, habría que convertir el año en 40 meses o más para hacer a la gente más rica, lo cual no requiere comentarios adicionales.

Así se llegó en la Argentina a una verdadera e inaudita explotación de los trabajadores por los aparatos estatales a los que se enancó una maquinaria quebrada y fraudulenta de unas así denominadas jubilaciones insertas en el sistema de reparto en el que se estafa a quienes aportan el fruto de su trabajo para recibir cifras irrisorias que no guardan proporción alguna con las sumas que le han sido retenidas en su vida activa, muy lejos de cualquier cálculo de interés compuesto.

En este cataclismo se habla de “la clase trabajadora”, que supone que hay otra clase que la explota, sin percibir el origen marxista de la idea misma de clase que deriva de sostener que el proletario y el burgués tienen una estructura lógica distinta, lo cual da lugar a la teoría del polilogismo que nunca ni Marx ni ningún marxista han explicado en qué consisten esas estructuras que se diferencian de los silogismos aristotélicos.

Desde Adam Smith el asunto está resuelto, este autor ha consignado en 1776: “La propiedad que cada hombre tiene es su propio trabajo, ya que es el fundamento original de toda otra propiedad, por lo que es la más sagrada e inviolable” y Juan Bautista Alberdi, al comentar la Constitución liberal argentina de 1853, escribió: “Toda la grande escuela de Adam Smith está reducida a demostrar que el trabajo libre es el principio esencial de toda riqueza creada”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Asesor del Institute of Economic Affairs de Londres