Category Archives: Política Fiscal

Argentina: obra pública y política fiscal

Por Gabriel Boragina Publicado  el 16/7/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/07/argentina-obra-publica-y-politica-fiscal.html

 

En declaraciones recientes, el presidente Macri ha expresado que “los impuestos nos están matando”.

Sin duda que la afirmación es acertada. Lo que es llamativo que sea un presidente desarrollista el que la formule. Repasemos la definición de desarrollismo según el diccionario de economía:

“desarrollismo. Término poco preciso que estuvo en boga en los años sesenta y que se refería a la ideología que postula como meta de la sociedad y de la acción estatal la obtención de un acelerado crecimiento económico. El desarrollismo latinoamericano hacía énfasis en la transformación de las economías atrasadas de la región, concentrando los esfuerzos en la creación de una base industrial y la superación de la condición de países exportadores de materias primas. En la mayoría de los casos este desarrollismo asumió como modelo de crecimiento la llamada sustitución de importaciones, la que se intentó lograr mediante un elevado nivel de proteccionismo. (V. DESARROLLO; PROTECCIONISMO; SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES).”[1]

Si ninguna vacilación –al menos para mí- se trata esta de la política económica encarada por el gobierno de Cambiemos que, sin ser demasiado explicito en cuanto a precisiones ideológicas, se encamina en la dirección dada por la definición. Su distinción con el liberalismo –como ya lo indicáramos en ocasiones anteriores- consiste en que ese “acelerado crecimiento económico” se persigue a través de la acción estatal, en tanto que en el liberalismo el mismo objetivo se busca a través de la iniciativa y empresa privada.

También en forma coincidente con la definición que adoptamos, Cambiemos esta “concentrando los esfuerzos en la creación de una base industrial”. En este sentido, destaca la promoción de la industria de infraestructura emprendida. Veamos seguidamente que se entiende por tal en economía:

infraestructura. Término poco riguroso teóricamente que engloba los servicios considerados como esenciales para el desarrollo de una economía moderna: transportes, energía, comunicaciones, obras públicas, etc. La infraestructura de un país está constituida por todo el capital fijo, o capital público fijo, que permite el amplio intercambio de bienes y servicios así como la movilidad de los factores de producción. Se considera que la creación de infraestructura es básica en el proceso de desarrollo económico, pues en ausencia de ésta se limitan seriamente los incrementos en la productividad y no es posible, tampoco, atraer capitales. Muchos bienes de capital que integran la infraestructura son bienes públicos más o menos puros, como las carreteras, puentes y otras obras, en tanto que muchos otros son claramente privados. Ello ha llevado a una discusión con respecto al papel del Estado en la creación y desarrollo de una infraestructura adecuada: se entiende que éste puede hacerse cargo de construirla cuando no hay suficientes capitales privados para emprender determinados proyectos, y que puede proveer aquellos servicios y bienes que son públicos. Pero, en general, la experiencia histórica indica que, para el resto de los casos, resulta más eficiente la presencia de empresas privadas que compitan entre sí cuando ello es posible.”[2]

A nuestro juicio, no cabe incertidumbre en cuanto a que este es el espíritu que anima al gobierno de Cambiemos. Lo que resulta difícil conciliar, es la expresión del presidente Macri, señalada al principio, con el financiamiento de toda esa obra de infraestructura que se está realizando. Y ello, porque va de suyo que el gobierno solamente podrá costear estos emprendimientos mediante impuestos, esos mismos impuestos que el mismo gobierno estima elevados y asfixiantes. Si el Ejecutivo fuera sincero en su deseo de bajar la carga fiscal ¿cómo se sufragarán todos los proyectos de obra pública y habitacional que se están realizando más los que se han prometido para el futuro inmediato? Esto no aparece claramente explicado.

Por la teoría económica básica sabemos que los gobiernos carecen de recursos propios. Todos los fondos de los que disponen provienen indefectiblemente del sector privado, y en última instancia del contribuyente. De allí, es lógico derivar que, si los impuestos se reducen esto implicará infaliblemente menores recursos para destinar a la obra pública ya iniciada y la venidera. Cabria entonces pensar que el plan del gobierno podría consistir en una reducción de impuestos acompañada por un incremento de la deuda púbica, que reemplazaría en una proporción similar aquella reducción, y permitiría continuar con el plan de obras de infraestructura.

Si este fuera el propósito, surgirían a primera vista dos escollos inmediatos, uno de tipo político y otro económico.

Desde el punto de vista político, una reforma impositiva como la propuesta o sugerida por el poder ejecutivo, sólo podría ser legalmente materializada por el Congreso. Esto, porque así lo dispone la Constitución de la Nación Argentina (a tal respecto, véanse los incisos 1º y 2º del art. 75 de la Carta Magna, Capítulo IV, titulado “Atribuciones del Congreso”). En lo inmediato, parece bastante remota esta posibilidad, al menos durante el curso del presente año, dado que el oficialismo necesita de mayoría parlamentaria –que no tiene- como para aspirar a conseguir la aprobación de una reforma impositiva, que el mismo gobierno admite como necesaria y prioritaria. En el ínterin ¿qué podría hacer el Ejecutivo? Podría contraer deuda, pero aquí brota la segunda dificultad:

Desde lo económico, el obstáculo surge en cuanto se repara que todo incremento de deuda estatal significará que se están trasladando hacia el futuro los efectos financieros de la misma. Llegado el vencimiento del empréstito -o de los empréstitos que se contraen- habrá que cancelar el principal con más sus intereses, y para ello no habrá más remedio que subir impuestos, con lo cual cualquier rebaja que se haga hoy será transitoria, e implicará una nueva escalada en lo futuro.

Finalmente, el gobierno podría cubrir su proyecto desarrollista mediante inflación, mecanismo que siempre termina tentando a todos los poderes constituidos. No obstante, también figura entre las metas del oficialismo reducirla. En suma, es bastante difícil de explicar –hoy por hoy- cómo piensa Cambiemos llevar adelante su proyecto desarrollista.

[1] Carlos SABINO; Diccionario de Economía y Finanzas. Contiene léxico inglés-español y traducción de los términos al inglés. Consultores: Emeterio Gómez; Fernando Salas Falcón; Ramón V. Melinkoff. CEDICE. Editorial Panapo. Caracas. Venezuela. Voz respectiva.

[2] Carlos Sabino, Diccionario de Economía y Finanzas, Ed. Panapo, Caracas. Venezuela, 1991. Voz pertinente.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Las propuestas de Cristina nos llevarán a la ruina

Por Iván Carrino. Publicado el 13/7/17 en: http://contraeconomia.com/2017/07/13/las-propuestas-de-cristina-nos-llevaran-a-la-ruina/

 

A través de Unidad Ciudadana, la ex presidente presenta sus propuestas para el país. Son las mismas recetas fracasadas del pasado.

Argentina se metió de lleno en la campaña electoral para las PASO. Si bien la fecha oficial de inicio es el viernes 14, lo cierto es que los candidatos están desfilando hace rato por los medios de comunicación más importantes.

Las PASO, que no serán unas “Primarias” propiamente dichas, funcionarán como antesala para la elección legislativa de octubre. Así que es oportuno comenzar a analizar qué propuestas económicas tiene cada uno de los candidatos.

Para ello, qué mejor que empezar con lo que Unidad Ciudadana (el partido por el que se presentan Cristina Fernández de Kirchner y la economista Fernanda Vallejos) tiene para ofrecer.

Así no se puede seguir

El eslogan principal de la campaña de la ex presidenta es que “así no se puede seguir”. Esto lleva a la necesidad de “ponerle un freno a las políticas de ajuste que se están llevando adelante en nuestro país”.

A los ojos del kirchnerismo más radical, la economía se desploma, el aumento de los precios está “descontrolado”, el salario se derrite y la industria nacional se va fundir en cualquier momento. Por ello sugieren que estamos en una situación de urgencia y emergencia.

Tal vez esto sea lo primero que llame la atención del equipo de Unidad Ciudadana. Cristina Fernández fue presidenta por 8 años, en 4 de los cuales la economía se mantuvo estancada pero los precios se multiplicaron por tres.

O sea, cuatro años de estancamiento con inflación, ¿pero la urgencia llega recién en 2017? Curioso como mínimo.

Inflación: pasaje a Caracas

Yendo a las propuestas concretas de la plataforma cristinista, lo primero que aparece es su remedio para curar el aumento descontrolado de precios.

Para Unidad Ciudadana, la inflación “pulverizó el poder de compra del salario, de las jubilaciones, de los ingresos de los profesionales y de las clases medias”. Siendo esto así: ¿por qué Cristina, cuando fue presidenta, multiplicó el déficit fiscal y la emisión monetaria? ¿No sabía que éste era el final inevitable de dichas políticas?

Lo sabe, pero elige otra estrategia. Para frenar la inflación, pide “volver a aplicar seriamente programas como Precios Cuidados, Ahora 12 y profundizar la intervención del Estado a través de acciones que regulen la formación de precios”.

En resumidas cuentas, lo que propone Unidad Ciudadana es aplicar todavía más controles de precios. Es decir, una receta que viene fracasando hace 4.000 años y que volvió a hacerlo durante la “década K”.

Desde la presidencia de Néstor Kirchner que se controlan precios. Sin embargo, la inflación se multiplicó por 8 (de 3,7% en 2003 a 27,8% en 2015).

Los controles de precios no bajan la inflación pero destruyen los incentivos a producir. Unidad Ciudadana, desde el congreso, buscará emular el modelo venezolano. Una pésima idea.

Remedios que enferman

El diagnóstico que hace el partido de Cristina Fernández es aterrador. La economía colapsa y “medio millón de personas han perdido su trabajo”. Es por eso que no hay mejor solución que “declarar la emergencia laboral, prohibir los despidos por un año e impulsar un aumento de emergencia del salario mínimo vital y móvil”.

Esta propuesta no solo mágicamente frenaría los despidos y aumentaría el ingreso, sino que, además, redundaría en el “fortalecimiento de la demanda, el mercado interno y la reactivación de la economía”.

Obviamente, todos estos supuestos son falsos.

En primer lugar, si se presentara un proyecto de ley que prohibiera los despidos y éste tuviera altas probabilidades de resultar votado, entonces automáticamente los empresarios que estuvieran analizando tomar dicha decisión, acelerarían el paso.

Sería conveniente para ellos despedir “ahora” que pueden, que intentar hacerlo cuando sea ilegal. Finalmente, la propuesta terminaría aumentando el desempleo en lugar de reducirlo. Un remedio peor que la enfermedad.

Otro desatino es la propuesta de subir el salario mínimo vital y móvil. Si los bajos ingresos se resolvieran con la ley del salario mínimo, bastaría escribir que éste debe ser de USD 10.000 al mes y listo. No obstante, con dicha ley no solo no se “fortalecería la demanda”, sino que el sector productivo colapsaría y el desempleo y la informalidad se dispararían.

Por último, el “estímulo a la demanda” Cristina Fernández ya lo probó cuando fue presidente. Durante su segundo mandato, el déficit fiscal se multiplicó por 7 en términos nominales y por 2 en términos del PBI. Es decir, se llevó adelante un mega-estímulo keynesiano a la demanda. Sin embargo, la economía no solo no creció, sino que en términos per cápita, cayó 3 puntos porcentuales.

Más gasto y déficit no estimularán la economía, sino todo lo contrario.

Cazadores de zoológico

Una de las últimas propuestas económicas del espacio kirchnerista es la de volver a “proteger la industria nacional”. Como si esta no siguiera protegida con aranceles, licencias no automáticas y acuerdos comerciales casi inexistentes, el cristinismo plantea que debe haber una “administración efectiva del comercio exterior”.

Es decir, seguir y profundizar un proteccionismo que defiende a algunos empresarios pero a costa de las grandes masas consumidoras.

¿Cómo concilia Unidad Ciudadana su “defensa de los trabajadores” con el proteccionismo, que obliga a esos mismos trabajadores a pagar entre 2 y 5 veces más por electrónica y textiles?

No hay respuesta posible.

El programa económico de Unidad Ciudadana no se diferencia casi nada de los lineamientos generales que gobernaron al país durante los años previos a diciembre de 2015. Es por eso que no pueden ofrecer nada nuevo. Es que los problemas a los que la economía se enfrenta hoy, como la inflación, el estancamiento económico y el alto déficit fiscal fueron todos creados por el kirchnerismo.

Profundizar el modelo “K” es agravar todos los problemas que ellos generaron. Por lejos, se trata de una de las peores alternativas de estas elecciones legislativas.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

Planes sociales e industria del juicio laboral

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 3/7/17 en: http://economiaparatodos.net/planes-sociales-e-industria-del-juicio-laboral/

 

La legislación laboral argentina está hecha para que las empresas tengan pánico de contratar personal

El presidente Macri insiste, a mi juicio correctamente, en luchar contra la industria del juicio laboral. Es cierto lo que dice Macri cuando afirma que un juicio laboral puede llevar a la quiebra a un pequeño empresario. Es que no tiene las espaldas económicas y financieras para aguantar un juicio laboral que, aunque tenga razón, seguro la justicia le va a fallar en contra porque el empleado siempre tiene razón para el fuero laboral. La legislación laboral argentina está hecha para que las empresas tengan pánico de contratar personal.

De acuerdo a un interesante trabajo del Ministerio de Producción, en Argentina hay 605.000 empresas privadas de las cuales el 99% son PYMES, considerando PYMES aquellas empresas que emplean hasta 200 empleados. Ese 99%, que son 602.079 empresas emplean al 64% del empleo formal en Argentina. Las grandes empresas, que representan el 0,6% del total, emplean el 36% del personal formal.

De lo anterior no se desprende que tiene que haber una legislación laboral para las pequeñas empresas y otra para las grandes empresas. En primer lugar porque se rompería el principio de igualdad ante la ley y en segundo lugar porque lo que debe buscar la legislación laboral es crear las condiciones para que las empresas, PYMES y grandes empresas, estén estimuladas a contratar personal. Para eso hace falta que el costo de salida, si el proyecto de inversión no funciona, no sea tan elevado que las empresas tengan pánico de contratar personal. Hoy la legislación laboral es como el cepo cambiario. Nadie quiere contratar gente porque después no puede salir si las ventas se caen, y si sale se funde pagando indemnizaciones. Esta legislación laboral desprotege al trabajador porque desestimula la demanda de trabajo. En nombre de la justicia social millones de personas están condenadas a no tener trabajo o a tener trabajo en negro.

Si a los costos de salida en caso que no funcione la empresa se le suman los impuestos al trabajo, la mano de obra es artificialmente cara en Argentina y hay pocos estímulos para contratar personal.

Pero hay un tercer elemento que influye para disminuir la oferta de trabajo. Hay personas que cobran varios planes sociales y, por lo tanto, no tienen estímulo para trabajar y mucho menos para trabajar en blanco. Cada vez que viajo a dar una charla al interior del país, también ocurre en Buenos Aires y en CABA, pregunto si se consigue mano de obra para trabajar en los campos. La respuesta sistemática es: sí, pero en negro. Nadie quiere trabajar en blanco porque pierde el plan social y como hay personas que cobran más de un plan social, que encima no tienen vencimiento en el tiempo, prefieren hacer algunas changas en negro a tener un trabajo formal.

Sin duda que Argentina necesita un verdadero tsunami de inversiones para poder absorber los 250.000 jóvenes que se incorporan al mercado laboral por año y además absorber los empleados públicos que sobran en el estado y los que viven de un plan social. Eso requiere de un plan económico completo (reforma tributaria, del estado, eliminar regulaciones absurdas, etc.) que incluye una reforma laboral.

De todas maneras, el primer paso para bajar el gasto público y reestablecer la cultura del trabajo consistiría en ponerle un límite a los llamados subsidios sociales. Primero hay que reempadronar a todos los beneficiarios. Segundo hay que establecer un solo plan social al desempleo y nada más, con un límite de tiempo. En el mientras tanto, para aquellas personas que no tienen habilidades laborales, el gobierno puede reestablecer las viejas escuelas de artes y oficios. Hay infinidad de oficios que tienen salida laboral: gasista, plomeros, carpinteros, electricistas, pintores, repostería, cocina y tantos oficios que se han perdido. Y atención que hay trabajo para esos oficios. Cualquier persona habrá tenido que suplicar para que vaya a su casa un plomero o un electricista para hacer un trabajo de reparación. La idea es que el contribuyente, vía el estado, financie estos cursos de oficios que pueden dictare en escuelas municipales, templos religiosos que pueden ser católicos, evangelistas, etc. El contribuyente paga el costo de los profesores y los materiales para aprender, los municipios e iglesias proporcionan el lugar físico y quien recibe un plan social está obligado a realizar alguno de estos cursos. Si quiere ser ingeniero nuclear que se consiga un trabajo y vaya a la universidad de Buenos Aires. El contribuyente ayuda a financiar solo una salida laboral. Una vez matriculado, quien recibe un plan social sale a buscar clientes como los buscamos cada uno de nosotros todos los días. No se le pide nada extraordinario. Solo que haga lo que hacemos el común de los mortales. Mientras va construyendo su clientela, el estado sigue pagando el subsidio por desempleo pero con una reducción en el monto a medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, un 20% menos cada 2 meses hasta que se extingue el subsidio.

Se sabe que los llamados planes sociales se han convertido en gran medida en el financiamiento de fuerzas de choque de grupos kirchneristas y de izquierda que cortan las calles todo el tiempo perjudicando a las personas que van a trabajar y son los que, encima, pagan los subsidios que reciben los piqueteros. Por eso, otra de las medidas debería ser: piquetero que corta una calle, piquetero que pierde el subsidio. Y, finalmente, cada persona que recibe un plan social, hasta que se termine, va a recibir directamente el dinero en una cuenta personal en una caja de ahorro. No hay puntero que decida sobre el subsidio de esa persona. Lo recibe directamente del estado por el aporte del contribuyente. Quiero ver cuántos piqueteros van a conseguir para cortar calles si la policía detiene a uno y el estado le quita el plan social.

En síntesis, el tema laboral es mucho más complejo que solo los juicios laborales, que por cierto son muy importantes a la hora de desestimular la contratación de personal. Pero hay todo un mundo de subsidios sin límite de tiempo que hace que los beneficiarios no tengan estímulos para ir a trabajar.

La combinación ideal es un plan económico consistente para atraer inversiones y crear puestos de trabajo con un plan que vaya desactivando estos nefastos planes sociales que se han transformado en una fuente de clientelismo político y cultura de la dádiva.

 

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Gobierno, gasto, pobreza y educación

Por Gabriel Boragina Publicado  el 9/7/17 en: http://www.accionhumana.com/#!/2017/07/gobierno-gasto-pobreza-y-educacion.html

 

¿Cuáles serán los parámetros que deberíamos tener en cuenta para poder calificar a un gobierno de “exitoso” o de “efectivo”?. Ha habido –por supuesto- muchos autores que han intentado contestar esta pregunta:

“En primer lugar, los gobiernos efectivos buscan lograr un consenso entre la población acerca de los objetivos que se persiguen, así como crear un entorno de certidumbre que logre credibilidad en el gobierno y sus programas de desarrollo. En segundo lugar, los gobiernos exitosos han logrado un equilibrio entre la centralización de ingresos y la descentralización del gasto público.”1

Claro que, la opinión anterior admite varias interpretaciones. El juicio del “consenso” resulta aplicable tanto a gobiernos que aspiran a un programa de dirigismo económico como a aquellos que prefieren orientarse hacia el libre mercado. En rigor, todo gobierno, ya sea que coquetee con el totalitarismo o con el liberalismo, siempre trata de lograr “consensos” entre la población y aquellas políticas que anhela emprender. La primer parte de la cita –en tal sentido- es perfectamente adaptable a dirigistas como a librecambistas. Ambos reclamarán para sí el apelativo de “efectivos”. Si un jefe de estado consigue convencer a sus gobernados que su proyecto –sea ya totalitario o liberal- es el mejor y el más conveniente al país en cuestión, podrá decirse -desde el punto de vista de los poderes políticos y subalternos de esa nación- que el gobierno ha sido “efectivo”. Todo dependerá de la perspectiva predominante en ese país.

Lo que el autor señala como “En segundo lugar”, es algo bastante diferente, en cuanto no es ajustable por igual –indistintamente- a políticos amigos o enemigos del libre mercado. Los gobiernos estatistas tenderán siempre a centralizar, tanto los ingresos como los egresos estatales. Y para este tipo de “estados” un gobierno será “exitoso” únicamente en el caso que tal objetivo sea vea cumplido, o se lo perciba así en un porcentaje bastante importante. Por su contrario, para un poder político que elija inclinarse hacia estrategias de libre mercado, la clave del éxito será una descentralización, tanto de entradas como de salidas.

“El problema de la pobreza y falta de equidad es multidimensional, por lo que va a requerir soluciones privadas y públicas, mecanismos de protección a los perdedores (por ejemplo, a los desempleados) más que a las empresas que entran en problemas, subsidios, gasto público e incentivos.”2

Este enfoque es típico de la socialdemocracia, también conocida con el nombre de progresismo. Tal corriente de pensamiento -amiga de un lenguaje alambicado y ampuloso, con frecuencia carente de un significado preciso- se presenta como enemiga de los procesos de mercado, y tiende a contemplar el problema de la pobreza como causado -ya sea de manera directa o indirecta- por parte de estos procesos. Cuando, en realidad, son los mecanismos de libre mercado los únicos que posibilitarán la solución al problema de la pobreza y la falta de equidad. No se trata, pues, de una problemática “multidimensional”, y menos aun cuando no se describen ni detallan los elementos componentes de esa supuesta “multidimensión”. La pobreza se muestra en todo lugar donde se impongan estructuras burocráticas y se cercenen los mecanismos de libre competencia. Allí adonde se combate el libre mercado es donde aparecen indefectiblemente los perdedores, ya que en contextos de mercados regulados todos, a larga, pierden, reguladores y regulados. Aun cuando los reguladores sean los únicos que -en la etapa inicial- comiencen cosechando los beneficios netos de sus regulaciones.

Lo que en términos claros y sencillos propone el párrafo citado es subsidiar a quienes -en forma arbitraria y completamente discrecional- el gobierno decide rotular con el nombre de “perdedores”, los que, después de la ayuda estatal, resultarán mas perdedores que antes de la llegada de la misma. Cabe hacer notar que, el fenómeno del desempleo es generado -en casi su totalidad- por causa de las regulaciones estatales que interfieren con la armónica dinámica del libre mercado laboral.

“En Chile, la alteración de los patrones de gasto en la educación y, sobre todo, su sujeción a criterios de mérito académico, medidos a través de un examen anual a nivel nacional, llevó a un cambio radical en el desempeño de las escuelas y, con ello, de los grupos de interés que operan alrededor de éstas. En la medida en que el cambio en la estructura de gasto público para la educación generó nuevos ganadores “los maestros y las escuelas exitosas” los viejos intereses creados se vieron divididos y, con ello, incapacitados para impedir el avance de las reformas.”3

Entendemos que este párrafo alude a la educación estatal (mal llamada “pública”). En el mismo, se nos da cuenta de la experiencia chilena por la cual –según se dice- existió un cambio en la asignación del gasto público, el que aparentemente fue direccionado hacia “los maestros y las escuelas exitosas”, los que parecen haber sido optados a los efectos de la asignación de partidas presupuestarias por sobre los que no fueron elegidos como tales.

El gasto en educación estatal es siempre distorsivo, pese a todos los argumentos pseudo-económicos y hasta extra-económicos con los cuales se lo pretende justificar. Implica -en términos claros- detraer recursos de los contribuyentes que hubieran escogido destinar a costear una educación desemejante, para que el gobierno los utilice en educar a su manera y con razones disímiles a sus hijos. En última instancia -y dado que el gobierno que dirige la educación a través del gasto público está compuesto por individuos- en los hechos no representa otra cosa que los burócratas son los que resuelven dónde, cuándo, en qué y con qué contenidos se deberán “educar” los hijos del contribuyente. La única medida válida de evaluación, en torno al mérito académico de determinados establecimientos educativos, es aquella que tiene en cuenta la estimación de los padres del alumno; y en el caso universitario, el de aquellos o –eventualmente- el de los propios estudiantes del instituto. La apreciación que haga el burócrata de turno en el asunto para nada cuenta.

1 Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC pág. 12
2 Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía ….ob. cit, pág. 21
3 Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía ….ob. cit, pág. 23

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

A 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

De las cuatro revoluciones que más han influido hasta el momento sobre los acontecimientos en el mundo, la inglesa de 1688 que destronó a Jaime II por Maria y Guillermo de Orange donde con el tiempo se recogieron en grado creciente las ideas de autores como Algernon Sidney y John Locke, la norteamericana de 1776 que marcó un punto todavía más profundo y un ejemplo para todas las sociedades abiertas en cuanto al respeto a las autonomías individuales, la Revolución Francesa de 1789 que consagró las libertades del hombre, especialmente referidas a la igualdad de derechos (art. 1), esto es, la igualdad ante la ley y la propiedad (art.2), aunque la contrarrevolución destrozó lo anterior y, por último la Revolución Rusa de 1917 que, desde la perspectiva de la demolición de la dignidad del ser humano, constituyó un golpe de proporciones mayúsculas que todavía perdura sin el aditamento de “comunismo” porque arrastra el recuerdo de cientos de millones de masacrados y otras tantas hambrunas.

 

A juzgar como está hoy la situación mundial con el notable avance del estatismo bajo la denominación de nacionalismo es la Revolución Rusa la que más influencia tiene en cuanto a los objetivos a seguir (recordemos entre otras la obra de Jean-François Revel La gran mascarada donde muestra al comunión de ideales entre el nacionalismo y el comunismo). En mayor o menor medida el estatismo, es decir, el aparato estatal metido en las vidas y haciendas de la gente que opera con cualquier etiqueta, necesariamente requiere de la fuerza para imponer su voluntad frente a las inclinaciones naturales de las personas a defender sus derechos al efecto de seguir sus caminos y proyectos. Por otro lado, tal como escribe el ex comunista Bernard-Henry Lévy en Barbarism with a Human Face “Aplíquese marxismo en cualquier país que se quiera y siempre se encontrará un Gulag al final”. Nótese el título de esta obra donde se subraya el rostro humano de la barbarie puesto que siempre se presenta para el bien de los gobernados, pero como subraya C. S. Lewis en God in the Dock “de todas las tiranías una ejercida para el bien de las víctimas suele ser la más opresiva. Puede ser mejor vivir bajo ladrones que hacerlo bajo la moral omnipotente de los otros. Los ladrones a veces descansan pero aquellos que nos tormentan para nuestro bien lo hacen sin descanso.” Y agregamos nosotros que además estos últimos llevan a cabo sus desmanes sin necesidad de usar antifaces porque lo hacen con el apoyo de la ley.

 

 

El eje central del comunismo es ponderado y alabado por numerosas personas a través de denominaciones varias como el socialismo, el populismo, el estatismo, el redistribucionismo y el ambientalismo, hasta el momento, esta última, la vertiente más moderna. En este caso es de interés destacar que, entre otras personalidades que he citado en su momento, el premio Nobel en física Ivan Guiaever, el fundador y ex CEO de Weather Channel, John Coleman, y el ex presidente de Greenpeace de Canadá, Patrick Moore, demuestran enfáticamente que el ambientalismo preponderante está rodeado de fraudes en las mediciones al efecto de recibir fondos gubernamentales para desarrollar tesis contrarias a las conclusiones científicas y así avanzar con los denominados “derechos difusos” y la “subjetividad plural” que desembocan en el contexto de “la tragedia de los comunes”: para salvar la propiedad del planeta se destruye la institución de la propiedad a través del esmerado apoyo de los aparatos estatales (otro ángulo para llegar a idéntica conclusión respecto a la mencionada institución).

 

El régimen zarista, implantado en 1547 por Iván IV (el terrible), con el tiempo se caracterizó por los atropellos de la policía política (Ojrana) con sus reiteradas requisas, prisiones y torturas, la censura, el antisemitismo, los siervos de la gleba en el contexto del uso y disposición de la tierra por los zares y sus acólitos sin ninguna representación de los gobernados en ninguna forma. Hasta que por presiones irresistibles y cuando ya era tarde debido a los constantes abusos, Nicolás II consintió la Duma (tres veces interrumpida) en medio de revueltas, cavilaciones varias y una influencia desmedida de Alejandra (“la alemana” al decir de la oposición en plena guerra) basada en consejos atrabiliarios de Rasputín. Finalmente, el zar abdicó primero y luego se constituyó un Gobierno Provisional que en última instancia comandaba Kerenski quien prometía “la instauración de la democracia” pero que finalmente se vio obligado a entregar el poder a los bolcheviques (cuando Hitler invadió la Unión Soviética en 1941, Kerenski, desde Nueva York, le ofreció ayuda a Stalin por correspondencia la cual no fue respondida, una señal de desprecio que merecen aquellos que pretenden actuar a dos puntas).

 

Imaginemos la situación de toda la población campesina en la Rusia de los zares, nada instruida que recibía de parte de las posiciones más radicalizadas del largo período desde 1905 que comenzaron las revueltas hasta 1917 en que estalló la revolución primero en febrero y luego en octubre cuando los soviets se alzaron con el poder bajo el mando de Lenin. Imaginemos a estas personas a quienes se les prometía entregarles todas las tierras de la nobleza frente a otros que proponían limitar el poder en un régimen de monarquía constitucional y parlamentaria. Sin duda para esa gente resultaba mucho más atractivo el primer camino y no el de “salvar a la monarquía del monarca”. Cuando hubo cesiones de algunas tierras se instauró el sistema comunal que algunos pocos dirigentes trataron sin éxito de sustituir por el de propiedad privada (en primer término debido a los denodados esfuerzos de Stolipin).

 

Es que la tierra en manos de la nobleza como una imposición hacía creer que la propiedad era una injusticia, esto se nota de modo destacado en el caso de Tolstoy que a pesar de sus extraordinarios escritos sobre lo detestable del poder político se consideraba comunista por las razones expresadas. Los escritos a que me refiero son principalmente las A Confession de Tolstoy, donde consigna que “La esencia del error de todas las doctrinas políticas, desde las más conservadores hasta las más avanzadas , que conducen a la más infortunadas situaciones para la gente, estriba en el hecho de que se consideraba y aun se considera que resulta posible, a través de la violencia, unificar a las personas para que todos se sometan sin resistencia a la misma estructura de vida y de la conducta que resulta de ello.” Y en su magnífico The Kingdom of God is Within You afirma que “Los hombres usualmente renuncian a lo que consideran sagrado y se someten a las demandas de los gobiernos porque no ven otro curso de acción […] La corrupción consiste en arrancar la riqueza de las personas industriosas y trabajadoras por medio de impuestos y distribuírlas para satisfacer la codicia de los funcionarios gubernamentales quienes como contrapartida mantienen la opresión sobre el pueblo.” Tolstoy tenía una idea muy desfigurada del concepto de propiedad privada ya que sus bienes originales antes de convertirse en una celebridad por sus novelas eran fruto de la entrega por parte de la nobleza.

 

Hubieron otros casos como el de Dostoievsky que se conjetura fue influído por dos estudiantes de la Universidad de Moscú becados accidentalmente por Isabel I en 1761 a Glasgow durante seis años para atender la cátedra de Adam Smith (los becarios fueron Seymon E. Desnitsky e Ivan A. Tretyakov). En este sentido es de interés reproducir un pasaje de Crimen y castigo: “Si a mi, por ejemplo, se me dice ´ama a tus semejantes´ y pongo este concepto en práctica ¿qué resultará? -se apresuró a decir Ludjin con demasiado calor- rasgaría mi capa y daría la mitad a mi prójimo y los dos nos quedaríamos medio desnudos […] todo el mundo está fundado en el interés personal. Añade la economía política que cuantas más fortunas privadas surjan en una sociedad, o en otros términos, cuantas más capas enteras hay, más sólida y felizmente está organizada la sociedad. Así pues, al trabajar únicamente para mi, trabajo también para todo el mundo; y resulta en última instancia que mi prójimo recibe más de la mitad de la capa y no solamente gracias a las liberalidades privadas e individuales, sino como consecuencia del progreso general”.

 

El enfoque moderno de la institución de la propiedad privada es radicalmente distinto al feudal y zarista, consiste en que dado que los bienes son escasos en relación a las necesidades, la asignación y reasignación de derechos de propiedad en manos privadas en un proceso competitivo y por completo ajeno a la politización despierta un potente mecanismo de incentivos que se traduce en que los que mejor administran sus patrimonios, es decir, los que mejor satisfacen las necesidades de los demás, son los que conservan o acrecientan sus riquezas y quienes yerran en los deseos del prójimo incurren en quebrantos. De modo tal que los que dan en la tecla respecto a las necesidades del prójimo son los que se benefician al tiempo que inexorablemente benefician a los demás lo cual, como queda dicho, es condición suficiente y necesaria para lograr ese objetivo.

 

Desde luego que esto no ocurre cuando comerciantes se alían con el poder político del momento para obtener mercados cautivos y otras prebendas en detrimento de la gente ya que se ven obligados a pagar precios más altos, recibir calidad inferior o las dos cosas al mismo tiempo.

 

En la medida en que los gobiernos intervienen en los millones de arreglos contractuales libres y voluntarios, a saber en el proceso de mercado, en esa medida, se afecta la propiedad y consecuentemente los precios que son los únicos indicadores para operar y, como resultado, se derrocha capital que es el único factor que eleva salarios e ingresos en términos reales, en otros términos, se ensancha el empobrecimiento.

 

En este contexto, al alterar el sistema de precios éstos van dejando de mostrar los caminos para invertir o desinvertir en los diversos campos y cada vez más los operadores se alejan de la realidad y no saben a ciencia cierta que materiales usar en sus producciones puesto que no pueden conocer cuales resultan más económicos y cuales desperdician capital. Es por eso que técnicamente no hay tal cosa como economía socialista puesto que no puede economizarse allí donde los precios están falseados. En el extremo, donde se abolió la propiedad (el objetivo de Marx y Engels) no hay contabilidad ni evaluación de proyectos. Por esto es que Ludwig von Mises escribe que todo el programa liberal puede resumirse en la propiedad privada (comenzando por el propio cuerpo, por la expresión del pensamiento y por el uso y disposición de los bienes propios siempre y cuando no se lesionen derechos de terceros).

 

Si bien desde Platón se ha recomendado la colectivización de la propiedad, como hemos apuntado, la Revolución Rusa marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad en cuanto a la ejecución de esa corriente de pensamiento que luego fue seguida por otros regímenes tiránicos y también por los que reniegan de los campos de exterminio y pretenden pasos menos extremos en la socialización pero al renegar parcialmente de la propiedad obtienen resultados parcialmente negativos. En todo caso Trotsky vaticinó que la idea de los comunistas era “volver el mundo del revés” y, por el momento, en gran medida, eso es lo que lograron a través de múltiples vertientes.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Gasto público, Estado y Poder

Por Gabriel Boragina Publicado  el 2/7/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/07/gasto-publico-estado-y-poder.html

 

Hay quienes parecen creer que un gasto público elevado queda “justificado” cuando los recursos de los que dispone el gobierno son mayores a ese gasto, es decir cuando existe un superávit primario. Una situación que se presentó en algún momento en -por ejemplo- el caso brasileño :
“Para un observador externo, podría parecerle que el gobierno brasileño lleva una vida consistente, ganando más de lo que gasta. Cada día el gobierno cuenta con más y más mecanismos técnicos para recolectar impuestos, y la lucha contra la evasión fiscal es cada vez más eficiente.
Sin embargo, todas estas mejoras en la eficiencia tributaria no parecen verse reflejadas en la calidad del gasto público. Las inversiones en educación básica, infraestructura y salud no han corregido un estilo de vida bastante desigual entre los brasileños.”1
El autor citado centra su critica en la “mala calidad” del gasto. Lo que permite inferir que, si -a criterio de él- la calidad del gasto fuera mejor, toda la parafernalia tributaria se encontraría -de alguna manera- “justificada”. De ser esta la interpretación correcta del párrafo anterior, ya hemos expresado de nuestro lado la opinión de que el superávit fiscal -cualquiera sea su causa- podría ser considerado un síntoma de “buena salud fiscal”, lo que significará -en todos los casos- otro en sentido contrario O sea, -por contrapartida- ha de ser visto como otro síntoma equivalente pero de mala salud en el sector privado.
La prensa, muchos académicos y -por supuesto- los políticos suelen presentar como una buena noticia la aparición de cualquier superávit fiscal, cuando -nuevamente- representa una buena noticia para el sector público, y la misma noticia sera muy mala para el sector privado. En cualesquier caso significará que se le están quitando a la gente más recursos de los que esa misma gente estaría dispuesta a entregar al gobierno, suponiendo que puedan tomarse los gastos previstos en el presupuesto como una “expresión” del voto de la ciudadanía (cuestión -a nuestro juicio- bastante alejada de la realidad).
“Si Brasil desea establecer un ejemplo exitoso para sus vecinos, deben seguirse algunos puntos:[…] aprobar instrumentos legales para contener el crecimiento del Estado, al tiempo que se fortalece su papel de guardián de la seguridad pública, proveedor de la educación básica y fuente de políticas para combatir problemas relacionados con la pobreza (por ejemplo, reducción del gasto público y/o disminución de la carga tributaria)”2
Un estado mínimo garantizará -en cualquier caso- una mayor eficiencia económica Pero, bien puede ocurrir que la sociedad y sus dirigentes -no especializados precisamente en materia económica- piensen en conjunto que es “misión” de los gobiernos proveer a todas las necesidades de la gente. Esta errónea concepción económica y legal (porque, asimismo, implica una determinada teoría sobre derechos y obligaciones que incluyen tanto al estado-nación como a sus miembros) es la que tiene -como inexorable consecuencia- los gobiernos elefantiásicos que estamos tan acostumbrados a ver. En nuestra opinión, el tamaño del “estado” no ha de medirse tanto por la cantidad de funciones que este cumple, sino más bien por la cuantía de los recursos que los gobiernos destinan a esas actividades.
Otro caso similar al antes analizado de Brasil se presenta en el Ecuador:
“Para que un país alcance una calificación alta, deberá proveer protección segura de la propiedad privada, asegurar el cumplimiento de los contratos y contar con una moneda estable. También debe mantener bajos impuestos, limitarse en la creación de barreras al comercio doméstico e internacional, y depender completamente en los mercados antes que en los gastos del gobierno y las regulaciones en la asignación de recursos y bienes.”3
Lamentablemente, estas sanas recomendaciones -que son enteramente aplicables, no solamente al Ecuador sino, a todos los países del mundo sin distinción de tiempos- son poco atendidas Por su propia naturaleza, los gobiernos tienden a crecer, y cuando esto ocurre el efecto que aparece indefectiblemente es el de una disminución de la actividad económica privada, presentándose el resultado de un juego de suma cero, es decir, un gobierno grande significará siempre un sector privado pequeño. Quienes más se perjudican de esta consecuencia serán las pequeñas y medianas empresas y los particulares, en especial los asalariados.
“En el Ecuador la función judicial ha estado influenciada por los partidos políticos que continuamente han forcejeado para conseguir una cuota de miembros de la Corte Suprema y otras organizaciones del sistema judicial a nivel regional, así como de los tribunales electorales y organismos de control del gasto público”.4
Algo similar ha ocurrido en la Argentina y -seguramente- lo indicado ha de ser un problema en varios países de la región. Aquí es oportuno recordar que, la esencia de un sistema republicano reside -precisamente- en la división de podres. Su vigencia -entre otros efectos- contribuye a mantener un gasto público en niveles reducidos, ya que, en el punto, un poder deberá hacer de balance y contrapeso de los restantes. Pero, cuando los políticos pujan por predominar en todos los poderes (no solamente el judicial, sino también el ejecutivo y el legislativo) el sistema republicano se resiente y se desvirtúa, toma dimensiones crecientes la corrupción y esto -obviamente- eleva a proporciones importantes el gasto estatal.
De alguna forma, la cita siguiente expresa lo anterior:
“La mayor parte de los gobiernos reconoce los nuevos retos pero enfrenta la realidad cotidiana de cotos de poder, presiones por aumentar el gasto público, llamadas a resolver problemas particulares y a aplicar conceptos que ya no operan, pero que siguen dominando el discurso político y el debate burocrático.”5
Hay una cierta uniformidad en la acción de todos los gobiernos que desdibuja sus posibles o declamadas diferencias ideológicas. Quien aspira a gobernar se ve -de cierta forma- condicionado por el estado cultural de su pueblo y las inclinaciones ideológicas dominantes dentro de la sociedad. Esto hace que los gobernantes (pese a tener conciencia de lo malo que significa encarar políticas de neto corte estatista) se inclinen, por razones de índole electoral y a pesar de sus intimás convicciones, a adoptarlas.
No estamos seguros que -como dice la cita- sea la situación de “La mayor parte de los gobiernos”. Quizás resulte un tanto exagerada la generalización si tenemos en cuenta que, dentro del vocablo “gobierno” englobamos los tres “poderes” del mismo (ejecutivo, legislativo y judicial). Quizás fuera más realista decir que muchos miembros de esos poderes reconocen la predicha problemática.
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1Claudio Djissey Shikida. Instituto Liberdade, Brasil, “Brasil: De la Substitución de Importaciones al siglo XXI: ¿Qué queda por hacer?”. En Libre Comercio en las Américas. Editado por Juan Carlos Hidalgo. ISBN 1-905041-11-X. publicado por International Policy Network, Reino Unido. pag. 23
2Djissey Shikida, C. Ob. Cit. Pág 24.
3Enrique Ampuero Pareja. Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Ecuador.“El Ecuador no puede prosperar con un Estado de Derecho Débil”. En Libre Comercio en las Américas. Editado por Juan Carlos Hidalgo. ISBN 1-905041-11-X. publicado por International Policy Network, Reino Unido. Pág 33
4Ampuero Pareja, E. Op. Cit. Pág 35
5Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC. Pág 3.
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Gradualismo… al socialismo

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado  el 25/6/17 en: https://alejandrotagliavini.com/2017/06/30/gradualismo-al-socialismo/

 

Así como alentó el rumor de que se ascendería a emergente, faltando mucho, el gobierno enarbola un crecimiento dudoso. Así nos ve el mundo: las inversiones no llegan -salvo para bicicletear-, allí está la clasificación del MSCI y el riesgo país (EMBI +) está en 434 pb, y sube en tanto, Evo Morales, consiguió 189 y baja. La palabra de moda es “gradualismo” -la principal crítica al gobierno- cuando el problema es que va a contramano. Gradualista -fiel a su cultura milenaria- es China, cuyo PIB per cápita llegó a crecer más de 14% anual.

Veamos el crecimiento según el Indec. El PIB del primer trimestre 2017 habría subido 0,3% interanual. El aumento demográfico anual esta entre 1,3 y 1,8%, de donde el PIB per cápita -el mejoramiento personal- habría caído más de 1%. Dice que terminó la recesión al haberse sumado tres trimestres consecutivos con crecimiento respecto del anterior: 0,1%; 0,7% y 1,1%. Descontado el aumento poblacional, 0,4% trimestral, la progresión del PIB per cápita sería -0,3%; 0,3% y 0,7%.

Y veremos cómo sigue. El Indec, acaba de informar que el EMAE desaceleró su crecimiento en abril (0,6% contra 1,5% en marzo) y, por múltiples razones, contra todos los pronósticos, creo que seguirá cayendo hasta tornarse negativo.

De paso, mientras para el Indec la industria creció 2,7% interanual en mayo después de 15 meses, Ferreres -que esperaba una caída del PIB del 0,3% en el primer trimestre- dice que “en mayo, la industria creció 3,9%… tercer mes consecutivo positivo”. Mientras que para FIEL la industria creció 4,3% en mayo luego de tres caídas consecutivas. ¿Quién acierta?

El mejor argumento entre quienes dicen que el país crecerá, es tomar a la construcción -artificialmente apalancada desde el Estado- y aplicar el modelo auto regresivo. Pero esto supondría un crecimiento del Estado -y las empresas amigas- en detrimento del mercado: así, el de Macri, es el camino “capitalista” al socialismo. De hecho, según el gobierno, en abril el empleo creció solo 0,1%, gracias a 13.000 puestos nuevos en el Estado mientras caen en el sector privado.

En cualquier caso, por la ley de marginalidad, es imposible el crecimiento genuino si crece la pobreza, el desempleo y el delito. Dice la Real Academia que pueblo (Del lat. popŭlus.) es un “Conjunto de personas de un lugar…”, y eso es el mercado: personas normales trabajando y cooperando voluntariamente y atendiendo, primero, las necesidades primarias.

Por el contrario, según el profesor Peter Klein, las grandes firmas avasallantes surgen en mercados interferidos por los gobiernos, porque tienen gran capacidad de lobby y logran leyes que las benefician. Terminemos recordando que destacados profesores de Moral y Teología en la Salamanca del siglo XVI, desarrollaron la teoría del mercado y era un estudio del comportamiento moral (natural) del hombre común y sus relaciones pacíficas y voluntarias en pos del desarrollo social.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Cantillon Effects and Money Neutrality

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 29/6/17 en: https://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2017/06/29/smp-cantillon-effects-and-money-neutrality/

 

Money neutrality is a key principle in monetary economics. As might seem obvious, the amount of goods that can be produced depends on the availability of factors of production (such as capital and labor) and on technological knowledge. For instance, the fact that more dollars are in circulation does not mean we can produce more tables and chairs. But if we have better technology, more labor, or more wood, then we can produce more tables and chairs.

On the other hand, Cantillon Effects are equally plausible. The Cantillon Effect refers to the change in relative prices resulting from a change in money supply. The change in relative prices occurs because the change in money supply has a specific injection point and therefore a specific flow path through the economy. The first recipient of the new supply of money is in the convenient position of being able to spend extra dollars before prices have increased. But whoever is last in line receives his share of new dollars after prices have increased. This is why when the Treasury’s deficit is monetized, inflation is referred to as a non-legislated tax. In these cases, the government has seized purchasing power (rather than physical bills) from its citizens without congressional approval.

Can these two convincing intuitions be compatible with each other? In principle, it could be argued that Cantillon Effects focus on the short-term effect of changes in money supply, but that money neutrality is a long term characteristic of money. Short-run effects in resource allocation are typically not denied, usually due to the fact that they alter “sticky” prices, such as wages.

However, it is important to point to one key difference between the scope of Cantillon Effects and money neutrality. The Cantillon Effect refers to relative prices at the micro level. Money neutrality, on the other hand, refers to the aggregate production function, which means that relative prices are only captured in general terms, such as the real wage captured as a nominal wage index over a price-level index.

The first issue to note about this difference in scope is that the same wage and price-level indices could be attained with different relative prices at the micro level. It is possible that a change in money supply could trigger a change in relative prices at the micro level that ultimately results in the same wage and price levels. But this means that the composition of output would be different with and without the change in money supply. This composition of output is absent when money neutrality is envisioned as the level of output, independent of money supply.

Let us say that demand for each good is determined by consumers’ preferences and that supply is determined by the availability of factors of production and technology. If for some period of time a change in money supply alters resource allocation, then sustaining that money is neutral in the long-run (meaning that the economy always converges to the same equilibrium), then the equilibrium determinants should remain unchanged. In other words, the short-run effects of a change in money supply should not have an effect on either consumer preference or on factors of production. There are no reason for this to be the case. This means that money neutrality (at the micro level) is an assumption more than a fact.

Money neutrality might be a useful assumption in some cases. But money neutrality should not be taken as a fact, especially by policy-makers who might ignore the long-term consequences of monetary policy.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE). Fué profesor de Finanzas Públicas en UCA y es Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

Ni Macri ni Cristina: libre comercio

Por Iván Carrino. Publicado el 27/6/17 en: http://www.libertadyprogresonline.org/2017/06/27/ni-macri-ni-cristina-libre-comercio/

 

 

A pesar de las críticas, el comercio es deseable tanto desde el punto de vista económico como desde la óptica moral.

La apertura comercial no goza de buena prensa. Al menos no en Argentina. Por los últimos años, la economía se fue cerrando. Al principio con la estrategia del “dólar competitivo”. Luego con restricciones burocráticas. Finalmente, con el cepo y la arbitrariedad de las DJAI, terminamos construyendo un muro contra el comercio.

Con el cambio de gobierno, muchos se apresuraron a denunciar la salvaje apertura importadora que llegaría de la mano de Macri.

Sin embargo, esto no sucedió. Lo único que hizo el nuevo gobierno fue liberar el tipo de cambio (reduciendo los incentivos a importar, ya que con dólar a $ 15 es más caro que con dólar a $9) y sustituir las DJAI por un sistema aprobado por la Organización Mundial de Comercio. Pero lejos estamos de abrirnos.

En primer lugar, porque el 20% de la industria sigue protegido por el nuevo sistema “SIMI”, que implica licencias no automáticas para “sectores sensibles”. En segundo, porque el país está comercialmente integrado solo con el MERCOSUR, grupo dentro del cual todos son partidarios del proteccionismo. Por último, porque de acuerdo con el Banco Mundial, nuestro arancel para productos manufacturados (8,6%) es el doble que el de Colombia, cinco veces el de Perú, y 13 veces más alto que el de Chile.

La Argentina no es un país abierto al comercio. Ni con Cristina, ni con Macri.

Esta es una mala noticia. ¿Por qué? Porque tener más libertad no solo es bueno desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista moral.

Más libertad, más progreso

El argumento favorito de los enemigos del comercio es que la apertura comercial genera desempleo. Si así fuera, los países que menos trabas imponen a su comercio, más desempleo tendrían. Sin embargo, éste no es el caso.

Si tomamos tres de los países más comercialmente libres del planeta según la Fundación Heritage, comprobaremos que el desempleo allí es considerablemente bajo. Hong Kong, por ejemplo, mostró en 2016 un 3,4% de desocupación; Suiza, 4,6%; y Singapur, 1,8%. Envidiable.

Otro dato interesante es que, si ampliamos el análisis, la diferencia de riqueza entre los más abiertos y los más “protegidos” es sustancial. Los que abren sus fronteras tienen un PBI per cápita 5,3 veces más alto que los que las cierran.

La apertura comercial genera riqueza porque permite que la gente compre bienes más baratos y utilice lo que se ahorra para invertir en la economía local. Así, no solo mejora los salarios reales, sino que aumenta la capacidad de ahorro e inversión. A las empresas también les conviene, ya que tienen más facilidades para abastecerse de insumos y, al mismo tiempo, un mercado más grande para vender.

Como decía Adam Smith, la división del trabajo depende del tamaño del mercado, y a mayor división del trabajo, más especialización, eficiencia y riqueza. ¿Para qué cerrarse e impedir este proceso?

La dimensión moral

Los beneficios de la libertad no son solo económicos sino también morales. Imaginemos una pareja en una plaza siendo cariñosos el uno con el otro. Acto seguido, una persona le hace un tacle de rugby a uno de los integrantes de la pareja.

Claramente, a cualquier observador esto le parecería una verdadera atrocidad. O, como mínimo, una violenta falta de respeto.

Con el comercio sucede lo mismo: impedir los acuerdos comerciales no es otra cosa que impedir una transacción voluntaria en la cual ambas partes se están beneficiando. Eso implica violentar las decisiones de la gente: ¿con qué derecho?

Por si esto fuera poco, el proteccionismo implica discriminar a los extranjeros. Es como si la pareja de nuestro ejemplo fuera disuelta porque uno de los dos es inmigrante y el otro, en realidad, debería “comprar nacional”. Si no aceptamos este argumento para estos casos, ¿por qué lo aplaudimos en el marco de la economía?

Hay que abrir la economía y hacerlo con firmeza. Redundará en una mayor libertad para todos y en una mejora económica sustancial.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

¿Se puede controlar a la bestia indomable del gasto público? Dos ideas, entre otras, límites al déficit fiscal y al gasto

Por Martín Krause. Publicada el 26/6/17 en: http://bazar.ufm.edu/se-puede-controlar-la-bestia-indomable-del-gasto-publico-dos-ideas-otras-limites-al-deficit-fiscal-al-gasto/

 

Con los alumnos de la materia Economía e Instituciones vemos algunas de las conclusiones normativas del Public Choice, en particular propuesta para limitar el oportunismo político. Aquí van solamente dos:

1.            Límites al déficit fiscal

Se impone una prohibición o límite al déficit fiscal. En el primer caso no puede gastarse más de lo que ingresa, pero el Estado, como cualquier empresa, se maneja con un presupuesto anual que se espera cumplirá. Si el dinero recaudado no alcanzara a cubrir el gasto presupuestado, el Estado terminaría sin cumplir algunos contratos y paralizando ciertos servicios. Para evitar esto, se impone la necesidad que el presupuesto presentado para su aprobación no tenga déficit, luego puede haber algún desvío si durante el transcurso del ejercicio fiscal los ingresos o los gastos difieren de lo presupuestado.  Para que la prohibición de déficit tenga alguna credibilidad ese límite al desvío debe ser pequeño y también considerarse un mecanismo para que sea compensado. Es decir, si el ejercicio termina con déficit podría pensarse en que ese exceso se cubrirá en el ejercicio siguiente, o que si termina con superávit, pasa a formar una reserva que sirva para cubrir desvíos negativos en el futuro.

En cuanto a establecer un límite al déficit fiscal, se lo suele hacer en relación al PIB. Así, por ejemplo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, parte del  Tratado de Maastricht, establece un límite del 3% del PIB para los países miembros de la Unión Europea, un nivel superior impone la obligación de medidas correctivas. Argentina, promulgó una ley de “déficit cero” el 30 de Julio de 2001, pocos meses antes de que se desatara la peor crisis de su historia.

En este último caso la norma fue aprobada cuando ya era demasiado tarde. Pretendía ser más una señal que generara confianza en los mercados para que éstos siguieran financiado la renovación de la deuda argentina. En el primero, su incumplimiento por los países más importantes de Europa no generó suficiente credibilidad para las sanciones y no extraña que luego se desatara en la región una profunda crisis fiscal (2010-11) .

Una diferencia importante entre una y otra que analizaremos en mayor detalle adelante es el nivel constitucional de la norma. En el caso argentino era una ley aprobada por el Congreso, en el de la Unión Europea formaba parte de un tratado internacional. Algunos autores sostienen que cuanto más alto el nivel constitucional, mayor impedimento será para las conductas que se quieren evitar (mejor una ley a un decreto presidencial, mejor una cláusula constitucional a una ley, mejor un tratado internacional a una cláusula constitucional), pero la experiencia europea muestra que esto no es necesariamente así. Todo depende de dónde se encuentra el mayor poder de control sobre el cumplimiento de la norma. En el caso europeo, el tratado imponía un límite relativamente estricto pero con pocas posibilidades de control, generando un incentivo por parte de ciertos países a actuar como free riders de los esfuerzos de los demás. Ellos obtenían los beneficios de las garantías de estabilidad generadas por la UE, pero aplicaban políticas fiscales irresponsables con las que nunca podrían haber generado tal credibilidad por parte de los acreedores que financiaron esos déficits. El control más fuerte puede estar en manos de los votantes, como veremos en el punto 3.

La obligación de no incurrir en un déficit fiscal no necesariamente genera una restricción en el crecimiento del gasto público, ya que se lo puede aumentar al mismo tiempo que se aumenta la presión impositiva e igualmente se cumple con el requisito, y el Estado termina así llevándose una mayor parte de la riqueza producida por los ciudadanos. Para evitarlo se han propuesto límites al crecimiento del gasto y a la creación de nuevos impuestos o el aumento de las tasas de los existentes.

2.            Límites al crecimiento del gasto público

En este caso se establece un límite a su crecimiento, normalmente asociado a la evolución del PIB. Podría establecerse un límite algo por encima del crecimiento del PIB si se quiere que el gasto aumente en relación a ese indicador, igual para que se mantenga o menor para que se reduzca.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados. (Ciima-Eseade). Es profesor de Historia del Pensamiento Económico en UBA.