¿El camino ‘capitalista’ al socialismo?

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado  el 22/5/17 en: http://www.elterritorio.com.ar/nota4.aspx?c=0574253964826931

 

Mientras el escándalo en Brasil pega fuerte mostrando la fragilidad de la economía argentina, y lo inflada que está a partir de discursos y acciones del estado, Macri ya ha realizado una cantidad de viajes, todos con promesas de inversiones que no llegaron mostrando que estos periplos tienen poco sentido. Sobre todo hoy, cuando los operadores globales rastrean inversiones en los lares más recónditos, hasta con satélites, en tiempo real, es trivial que un funcionario viaje a explicar nada, basta con crear la oportunidad de negocios -bajos impuestos y mercado natural, desregulado- para que las inversiones se descuelguen solas.
A menos que quieran en aumentar el peso del Estado, profundizando el socialismo vigente en Argentina en términos de peso estatal e intervención en la vida de las personas.
Para lo que sí sirven estos traslados es para que una enorme burocracia viaje a costa de los contribuyentes, a comprar trajes de cien dólares al punto que, dicen las crónicas, el vocero presidencial recomendó vía WhatsApp “Vayan a Tony and Tony… y pregunten… de parte mía para conseguir descuentos.
Casi todo el viaje por Asia estuvo dedicado a obra estatal, aparentemente iniciada en la era K, como los 16 acuerdos por U$S 17 mil millones firmados en China. Lo “bueno” de la obra pública -que bien podría surgir del mercado natural- es que aumenta el PIB ya que conlleva consumo de materiales sin necesidad de ahorro previo sino financiado, en este caso, por el Estado chino.
Aun suponiendo que estos índices son reales, lo cierto es que el PIB no considera todas las transacciones sino sólo el consumo, como señalan Krause, Ravier y Cachanosky. Así, resulta falso el crecimiento basado en el PIB que solo muestra cómo se decide gastar el ingreso luego de haberlo producido, el destino de la producción, no su origen. Por esto, el Bureau of Economic Analysis ahora publica el Gross Output que considera las etapas del proceso y no sólo el consumo. Más acertado es el valor bruto de la producción (VBP) en el que el consumo privado y público representa el 50% contra el 86% de peso que le otorga el PIB.
Para remate la obra pública es ineficiente. Dice Steve Hanke que mediante la VA, el gobierno estadounidense opera el mayor sistema de servicios de salud… el costo de construcción por cama de la VA es 290% más que para hospicios privados… la administración
de construcción de la VA tiene 16 veces más empleados… y los proyectos de la VA requieren 3,5 veces más tiempo de construcción… el costo promedio de los hospitales de la VA es 70% superior para tratamiento agudo… 48% para cirugía, y 140% para tratamiento crónico. Así, creído capitalista por su pasado “empresario”, su discurso prooccidental y pro comercio libre, el gobierno está logrando agrandar el ineficiente y degradante sector estatal a costa de impuestos, inflación y endeudamiento que paga el privado cada vez más raquítico.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Venezuela es el ejemplo de una economía maniatada por los controles

Por Martín Krause. Publicada el 10/4/17 en: http://www.libertadyprogresonline.org/2017/04/10/martin-krause-venezuela-es-el-ejemplo-de-una-economia-maniatada-por-los-controles/

 

El azar, pero también la intensificación de la crisis política y económica de la Venezuela actual, hizo que Martín Krause, profesor de economía de la Universidad de Buenos Aires, Consejero Académico de Libertad y Progreso y académico asociado del Cato Institute, conversara en un foro acerca de los abusos del gasto público y la economía en el derecho en la sede de la Asamblea Nacional, un día después de que la máxima instancia judicial del país, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dictara una sentencia que anulaba al Parlamento.

“Es un momento negativamente histórico para este país y espero poder volver en un día positivo”, dijo Krause antes de iniciar su exposición en uno de los salones de la sede administrativa de la Asamblea Nacional, en la que se podía percibía cierto desconcierto por la medida que ejecutó la noche previa el TSJ.

Krause, que vino al país invitado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice), tanteó el panorama económico nacional no desde un abordaje simplemente teórico, sino que quiso comprobar en la dimensión real, desde la calle, conversando con taxistas, con la gente y mediante la observación, por qué Venezuela tiene el peor desempeño económico en la región.

Por eso ante la pregunta referida en torno a cuál sería la distorsión más llamativa de la economía nacional, Krause no dudó en responder que anomalía económica más preponderante es el control de cambio existente en el país.

“Tres tipos de cambio es algo que no tiene ningún sentido. Es una mentira, además, que se hable de un dólar cuyo valor es de diez bolívares, cuando todo el mundo sabe que el dólar verdadero es el que cuesta tres mil bolívares porque es el que se usa para todo. ¿Quién puede tener un dólar a diez bolívares?, ¿quién puede vender un dólar a 700 bolívares cuando sabe que el valor real es el de 3 mil bolívares?. Esa es la mayor distorsión que pude ver, entre otras”, cuestionó.

El impacto económico de la política

Krause es el creador del Índice de calidad , un estudio que, entre otras cosas, se enfoca en la evaluación de las instituciones que promueven el crecimiento económico.

“La sociedad no puede soportar niveles del gasto público por encima de determinados límites. Hay incentivos que no contribuyen limitar el gasto público y eso genera una tendencia al endeudamiento de los países”, explicó.

Tal y como sucedido en Venezuela en al menos los últimos 15 años, el académico destacó que en la economía se generan ciclos políticos presupuestarios, como en los periodos electorales en los que se incrementan los niveles de gasto público, seguidos de ajustes poselectorales en los inicio de los mandatos gubernamentales.

De acuerdo con Krause, limitar el gasto público en los países de la región pasa por limitar el déficit fiscal, que debería ser 3% del PIB como norma. Limitar el crecimiento del sector público, pues el gasto público no puede crecer más de lo que crecerá la economía.

Cuatro elementos son fundamentales para lograr frenar el crecimiento desmedido del gasto púbico, cuatro aspectos ausentes en el caso venezolano: limitar la capacidad de endeudamiento del Estado; limitar la emisión de moneda y el financiamiento del sector público por parte del BCV; descentralizar los niveles del gasto y mantener una disciplina fiscal descentralizada.

El sistema de gobierno centralizado, como sucede en Venezuela de forma exacerbada, condena a las inversiones, de acuerdo con Krause.

El caso venezolano

El académico argentino comparó la crisis economía de Venezuela con la caída de una bomba neutrónica: “Las máquinas están, las estructuras están, las edificaciones se mantienen, pero lo que hace falta es que todo eso arranque de una vez por todas y comience la producción, pero para eso es necesario liberar las fuerzas productivas, desmontar los controles y generar confianza”.

De acuerdo con Krause, es inminente aplicar una política de shock rápido, el desmantelamiento de los controles de cambio y un proceso de financiamiento mediante ayuda internacional.

“Venezuela es un ejemplo típico de economía maniatada por los controles, que necesita con un urgencia liberarse de las ataduras para poder iniciar un proceso de ajustes que le permitan mejorar las condiciones de todos en el país”.

Los ingredientes que requiere la receta de la recuperación en el caso venezolano, aseguró, son los mismos que aplicaron los países con economías en recesión con gobiernos que acumulaban empresas con altos niveles de improductividad y que se transformaron en un peso excesivo.

La autonomía del Banco Central de Venezuela es clave, puntualizó Krause, así como la importancia de la estabilidad del signo monetario para generar confianza en las inversiones.

“Está clara la necesidad de que se pueda iniciar una política de shock, que permita desmantelar los controles de cambio. En el pasado, los países que padecieron situaciones parecidas y que lograron aplicar los ajustes de forma rápida, pudieron salir de la crisis y del rezago mucho más rápido, no así aquellos países que postergaron y retrasaron los cambios”.

Según Krause, en una eventual transición política, el gobierno deberá llevar a cabo un proceso de evaluación de las empresas en manos del Estado, que fueron expropiadas y que representan una carga.

Dolarización

Ante una situación económica en donde la depreciación de la moneda nacional es una constante, sobre todo en los últimos años, un reciente estudio de la firma Datin Corp señala que 62% de la población venezolana apoyaría una decisión del Ejecutivo que convirtiera el dólar en la moneda.

Krause advirtió que, de entrada, en un proceso de dolarización el Ejecutivo debe estar mucho más atento a los niveles de gasto público. “Tenés que cuidarte de que el gasto público no se eleve demasiado”.

De acuerdo con Krause, en una dolarización de la economía las tasas de interés impactan los precios internos y éstos tienden a subir en dólares.
“Eso hace que la economía se vuelva poco competitiva, adicionalmente llega un punto en que es inminente la devaluación de la moneda, entre otras cosas el default, y todo lo malo. Esos sistemas cierran la canilla de la emisión monetaria, pero no del gasto público”.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Cómo desactivar la bomba fiscal que nos hereda el populismo

Por Pablo Guido. Publicado el 29/12/15 en: http://www.rionegro.com.ar/diario/como-desactivar-la-bomba-fiscal-que-nos-hereda-el-populismo-8034593-9539-nota.aspx

 

El nuevo gobierno asume en una situación delicada en materia económica: 1) nueve años consecutivos con alta inflación (25%); 2) retraso enorme de las tarifas de servicios públicos; 3) colapso del comercio exterior; 4) pobreza que ronda el 30% de la población, y 5) un ingreso por habitante en retroceso desde el 2012.

Sin embargo, hay un problema que se ha minimizado: la “bomba” fiscal que ha construido el gobierno saliente. El gasto público tuvo un nivel histórico del 30% del PBI en las últimas cuatro décadas. Dado que la carga tributaria históricamente se ubicó por debajo de aquel nivel, los gobiernos tuvieron que recurrir a fuentes de financiamiento complementarias: la emisión y el endeudamiento. Así es que terminamos en 1989 con la hiperinflación y en el 2001 con el default. En los últimos doce años el gasto ha llegado al récord del 48% del PBI. Este proceso ha llevado a su vez a otro récord: la presión tributaria es una de las más elevadas del planeta: 40% del PBI. ¿Es sostenible un nivel de carga tributaria como el actual?

Según datos de la OCDE y el FMI, los países desarrollados que enfrentan un nivel de presión tributaria similar al nuestro tienen un ingreso per cápita bastante mayor. Países como España, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda o Israel tienen un ingreso promedio un 50% mayor que el de la Argentina (u$s 33.000 vs. u$s 22.500, en términos de PPA).

¿Y cuál es el problema?, preguntarán algunos. Básicamente es que la presión tributaria que hay que pagar en nuestro país no es compatible con nuestro nivel de ingresos. Entonces, o suben nuestros ingresos un 50% o baja la presión tributaria unos 10 puntos porcentuales del PBI. Para subir los ingresos de la población tiene que generarse un “tsunami” de inversiones para poder incrementar la productividad y los salarios. Este proceso lleva tiempo. Pero la paradoja es que uno de los factores que retrasaría aquella “ola” de inversiones es el altísimo nivel de carga tributaria que enfrentan las empresas residentes en el país. Las que operan en el sector formal soportan una carga tributaria efectiva mayor al 60% de sus ingresos. No habría que esperar un “tsunami” de inversiones con este escenario. Vendrán, pero no las necesarias para crecer anualmente al 6% durante dos décadas y, así, alcanzar un ingreso como el de España o Nueva Zelanda. La otra estrategia para hacer sostenible el nivel de ingresos con una carga tributaria pagable es reducir esta última. ¿Cuál es el problema de disminuir la presión tributaria? Que el gasto se ubica casi en el 50% del PBI y tiene que ser financiado por tributos para no terminar emitiendo o endeudándose exageradamente como lo hicimos durante las décadas del 80 y 90.

No queda otra que bajar el gasto en términos del PBI. ¿Por dónde empezar? La respuesta sería motivo de otro artículo. Lo importante es comprender que un mayor gasto público implica siempre un nivel de presión tributaria más grande. “No hay magia”. Porque toda suba del gasto estatal confluye en más impuestos, siempre. Sea que emitamos dinero o que nos endeudemos. El nivel de gasto actual es incompatible con el nivel de ingresos de nuestros habitantes, porque el gasto se financia siempre con impuestos y este nivel de presión tributaria no puede ser pagado con los ingresos que hoy tienen los contribuyentes.

En otras palabras, para alcanzar los niveles de ingresos de los países desarrollados no se puede tener una carga tributaria como la actual. Por lo tanto, la salida eficiente es realizar una reforma del sector público seleccionando cuáles son las funciones que debe realizar el Estado y cuánto dinero asignar a las mismas con una presión tributaria pagable. No se pueden buscar “atajos” sustituyendo una rebaja tributaria mediante una política crónica de endeudamiento o emisión monetaria. La historia nos muestra que estos sustitutos de las reformas terminan en crisis fiscales que se “llevan puesta” la economía.

 

Pablo Guido se graduó en la Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Es Doctor en Economía (Universidad Rey Juan Carlos-Madrid), profesor de Economía Superior (ESEADE) y profesor visitante de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Investigador Fundación Nuevas Generaciones (Argentina).Director académico de la Fundación Progreso y Libertad.

Austeridad y autoridad.

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 13/9/14 en: http://www.carlosrodriguezbraun.com/articulos/la-razon/austeridad-y-autoridad/

 

A expensas del dato definitivo del porcentaje de deuda sobre el PIB, que conoceremos a fin de mes a través del INE, el monto de la deuda de las Administraciones Públicas en el segundo trimestre fue el mayor de toda la serie histórica, es decir, de prácticamente los últimos veinte años. Nada menos que 1,012 billones de euros. Su ritmo de crecimiento, sin embargo, ha disminuido.

Lo que nos han contado sobre la austeridad es básicamente ficción: las AA PP no han recortado mucho su gasto, y por eso pasan trimestre a trimestre a unas cifras mayores de endeudamiento, que, en el caso de las autonomías, llega a 228,2 miles de millones de euros: Cataluña lidera el pelotón dispendioso con casi 61,8 mm, muy por encima de las siguientes, que son Comunidad Valenciana (35 mm), Andalucía (26,5 mm) y la Comunidad de Madrid (25 mm).

Es habitual la indisciplina fiscal de las autonomías, y también la relativa contención de los ayuntamientos, aunque no es pequeña la deuda municipal de Madrid (6,9 mm), seis veces mayor que la ciudad siguiente, que es Barcelona con un endeudamiento de 1,0 mm.

Aunque el problema de la deuda de nuestro país es tanto privado como público, el desapalancamiento de los últimos tiempos lo ha protagonizado el sector privado. Y ¿por qué no lo ha acompañado el público?

La respuesta rápida es: porque el sector público puede, y la indisciplina fiscal es tanto mayor cuando más pueda: de ahí que haya más facilidades para las autonomías, facilidades que no dejan de aprovechar.

El mundo académico ha debatido mucho sobre qué limites tiene la expansión de la deuda soberana, teniendo en consideración variables como el crecimiento potencial o la moneda de denominación de sus títulos. El año pasado hubo un sonado escándalo por los errores cometidos por Reinhart y Rogoff a la hora de probar su tesis de que cuando la deuda pública supera el 90 % del PIB se registraba una apreciable caída en la tasa de crecimiento.

Independientemente del porcentaje exacto, parece claro que en las condiciones de España, con bajo crecimiento y una deuda denominado en una moneda que nuestras autoridades no controlan, no es que no sea aconsejable no hacer explotar la deuda pública: es que a las propias autoridades no les conviene, porque pasado cierto umbral el coste político en términos de mayores impuestos o reducción de algunos gastos para poder sufragar los de su servicio, supera la rentabilidad política del gasto efectuado, aumentado o mantenido gracias a dicho endeudamiento.

¿Autoridad = austeridad? Ojalá.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.

Democracia en venta

Por Carlos RODRÍGUEZ BRAUN Publicado el 04/10/2013 en: http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/33416/Democracia_en_venta

El autor se refiere al recientemente aparecido libro. “Democracia en Venta”, de la autora italiana Loretta Napoleoni:

Nos hemos ocupado en El Cultural del anterior éxito de la economista italiana Loretta Napoleoni (Roma,1955): Economía canalla (http://goo.gl/5s4D6). Vuelve ahora con otro, que también es un disparate, pero no carece de ton ni de son, porque todo apunta sistemáticamente a que la libertad es mala. Identifica el capitalismo occidental con el canibalismo, nada menos, y asegura que el pérfido euro “parece confirmar que también en la época posmoderna el capitalismo, para prosperar, sigue necesitando delinquir y ejercer la violencia”.

No espere usted ningún análisis del socialismo, ninguna comparación con lo que sucede cuando el capitalismo es aniquilado. Pero las alusiones son claras: aquí lo malo sobreviene tras la crisis del comunismo, porque el capitalismo “ha utilizado la Unión Europea para seguir creciendo de la única manera que sabe: con la violencia y la colonización”. Podía haber preguntado en muchos países de Europa cómo crece el socialismo. Pero no: su idea es probar que el liberalismo va contra la democracia, y eludir la ponderación del respeto a la democracia cuando no hay liberalismo. Es entretenida cuando dice, por ejemplo: “desde la caída del muro de Berlín, la idea de que un Estado deba mantenerse en pie mediante un sistema ininterrumpido de préstamos siempre se ha abierto camino”; desde la caída del Muro, no antes; le haría gracia a Felipe II. El papel lo aguanta todo: “hoy en día sólo tienen voz los países sin deudas”.

Asocia al euro con la libertad que detesta, sin percibir que ha venido asociado a un crecimiento del poder político; igual que lamenta que Europa esté arrasada por un curioso “liberalismo” que se traduce en impuestos cada vez más altos. Hay desvaríos insólitos como la alabanza de la prohibición de la usura, que hoy sólo mantienen, y de aquella manera, los regímenes islámicos; o inquietantes, como la identificación entre pueblo y Estado.Hay topicazos marxistas como que el trabajo es una mercancía, y fantasías comunistas basadas en las mismas falacias que tantas víctimas han ocasionado, tras la consigna de “derrocar la ecuación hombre = mercancía y subordinar la economía a las necesidades y exigencias de la población y no a las del mercado”. Semejantes dislates encajan con una teoría económica tan insolvente que le permite soltar perlas como las siguientes: “la calidad de nuestra vida está directamente relacionada con la capacidad del Estado para garantizar cierto nivel de servicios, lo cual sólo es posible con un gasto público adecuado…los principios de cooperación y de competencia son inconciliables…la comunidad crea bienestar mediante el gasto público”.

Y tras proclamar que la deuda podría resolverse utilizando las reservas de oro, pide salir del euro, como si ello constituyera el Bálsamo de Fierabrás: a ver si alguien le explica que si devaluar la moneda fuera la receta de la prosperidad, Argentina sería rica y Suiza paupérrima. Me ha gustado en particular su recomendación de “anexar al Estado entidades de control como el Banco Central, que deberá volver a manos públicas”, cuando la banca central no sólo es pública sino que es lo que más se parece a la planificación socialista.

El Dr. Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.

El gasto “social” europeo: ¿es sostenible en el tiempo?

Por Pablo Guido. Publicado el 27/11/12 en http://chh.ufm.edu/blogchh/

Los datos oficiales muestran que para los 27 países miembros de la Unión Europea el gasto en protección social se lleva casi un 30% del PIB, en promedio. ¿Qué representan dichos gastos? El pago en pensiones, salud, vivienda, subsidios para grupos “desprotegidos”, etc. Si sumamos todos los gastos que realizan los gobiernos europeos llegaríamos a un promedio del 50% del PIB, aproximadamente. La pregunta que hace mucha gente es si este nivel de gastos es sostenible en el tiempo. Porque las dudas no sólo se encuentran en el futuro inmediato, sino fundamentalmente en el mediano y largo plazo. El punto es que los mayores gastos de los gobiernos hoy van a parar a las pensiones y los gastos de salud. Y, teniendo en cuenta que los principales “clientes” de dichos rubros son las personas de mayor edad, podemos predecir que dichos gastos tienden irremediablemente a subir. Excepto que las promesas de pago no se cumplan, es decir, que se les diga a la gente que lamentablemente van a tener que comenzar a ahorrar no sólo para su vejez sino también que tendrán que pagar gran parte de sus gastos de salud. Tarde o temprano esto va a suceder, ya que la carga tributaria y el nivel de endeudamiento no pueden subir al infinito para financiar este gasto creciente. La gran duda es si en el momento de la verdad, cuando los políticos les tengan que comunicar las malas nuevas a los votantes, cómo reaccionarán estos últimos. Claro que, como nos dice el Public Choice, los políticos tratarán de dilatar ese momento lo más que puedan: emitiendo dinero y cobrando el impuesto inflacionario, intentando gravar tributariamente a grupos minoritarios, endeudándose o realizando cambios marginales en los sistemas de pensiones (elevando la edad de retiro, por ejemplo) y de salud (estableciendo co-pagos en las prestaciones, por ejemplo).

La alternativa es generar un flujo de inversiones de tal magnitud que permita incrementar los niveles de productividad mucho más. De esta manera la recaudación tributaria crecería como consecuencia del aumento en la base tributaria. La duda es si con las restricciones actuales que existen hoy en Europa (altos impuestos, incertidumbre fiscal y monetaria, elevada deuda pública, amplias regulaciones en los mercados laborales) las inversiones fluirán en los montos necesarios en los próximos años.

Pablo Guido se graduó en la Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Es Doctor en Economía (Universidad Rey Juan Carlos-Madrid), profesor de Economía Superior (ESEADE) y profesor visitante de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Investigador Fundación Nuevas Generaciones (Argentina). Director académico de la Fundación Progreso y Libertad.

 

Boden 2012: el capítulo del default aún no está cerrado

Por Aldo Abram.  Publicado el 2/8/12 en: http://www.cronista.com/contenidos/2012/08/02/noticia_0107.html

El Gobierno ha tomado el pago del último cupón del Boden 2012 como un hito que marca el fin de la deuda dejada por el “corralito”. Lo primero que hay que aclarar es que el origen de estos títulos fue la “pesificación” de las deudas bancarias en dólares en 2002, que tuvo como contrapartida la de los depósitos en moneda extranjera, cuyos dueños pagaron la mayor parte del costo de dicho subsidio a los deudores.  

También, marca un paso más en el proceso de “desendeudamiento” del sector público nacional; que, más allá de los medios, cabe reconocer va a ser una herencia muy positiva para el país. 

Sin embargo, es interesante tener en cuenta que desde 2001 el Gobierno no ha tenido acceso fluido al mercado voluntario de crédito; lo que implica que aunque hubiera querido no hubiera podido refinanciar sus vencimientos. 

Esto tiene diversos motivos. En primer lugar, la reestructuración de la deuda en cesación de pagos fue exitosa en términos de la quita realizada; pero fue percibida (correctamente) por los inversores mundiales como una imposición unilateral y no como una negociación con los acreedores. 

Además, la intervención del Indec  para dibujar a la baja la inflación, implicó subestimar el CER y, por ende, estafar a los tenedores de títulos públicos en pesos que actualizaban por ese índice. Por último, más allá de la infinidad de declaraciones oficiales, no parece haber mucha voluntad de negociar para normalizar los pasivos con el Club de París que permanecen en cesación de pagos; lo que recién permitiría hablar de cerrar el capítulo del “default”. 

Si el Estado se “desendeudó”, debería significar que fue austero y logró ahorrar lo necesario para poder pagar lo que debía. Sin embargo, sobre todo desde 2006, la solvencia fiscal se tendió a diluir. Este proceso de incremento excesivo del gasto se potenció con la crisis internacional y luego con la necesidad de ganar las elecciones presidenciales (2010 y 2011). Entonces, si los recursos no alcanzaban a seguirle el “tren” a las erogaciones, ¿de dónde salió la plata para el “desendeudamiento”?  

Una parte menor surgió del financiamiento a tasas “licuables”, que no eran de mercado,  proveniente  del Banco Nación, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad Previsional y otros organismos públicos. Pero fue el Banco Central el gran “proveedor” del Gobierno y, dado que los recursos no se lo dejó Papá Noel en el Arbolito de Navidad, debemos saber que lo aportamos todos los argentinos a través del altísimo impuesto inflacionario que hemos sufrido durante los últimos años. 

El Anses merece un análisis adicional, la eliminación del sistema de capitalización implicó transferirle ingentes recursos, que el Gobierno aprovechó para “cargarle” al organismo gastos que correspondía realizar con fondos de rentas generales (Asignación Universal por Hijo, moratoria previsional, etc.). Ahora, si midiéramos los pasivos netos que se están generando en el régimen de reparto por los compromisos jubilatorios asumidos con los actuales aportantes, no podríamos hablar de “desendeudamiento”; ya que le estamos dejando un gran problema a las futuras generaciones de contribuyentes que tendrán que enfrentar su segura quiebra. 

Cabe recordar que ya tuvimos un esquema similar que entró en crisis a finales de los ´80, porque sus fondos fueron despilfarrados de la misma forma que se hace actualmente; lo que permite prever que difícilmente tenga un final distinto.  

Aldo Abram es Lic. en Economía y director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) .