Category Archives: Filosofía

Does Bitcoin Have the Right Monetary Rule?

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 15/2/18 en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3124359#.WoYCYtBKfG8.facebook

 

Abstract

Abstract
The growing literature on Bitcoin can be divided in two groups. One performs an economic analysis of Bitcoin focusing on its monetary characteristics. The other one looks takes a financial look at the price of Bitcoin. Interestingly, both of these groups have not given much more than passing comments to the problem whether or not Bitcoin has the right monetary rule. This paper argues that Bitcoin in particular, and cryptocurrencies in general, do not have a good monetary rule, and that this shortcoming seriously limits its prospect of becoming a well-stablished currency.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE). Fué profesor de Finanzas Públicas en UCA y es Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

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Azafatas, escándalos, certezas

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 13/2/18 en: http://www.carlosrodriguezbraun.com/articulos/expansion/azafatas-escandalos-certezas/

 

Una periodista del Financial Times desveló el escándalo del Presidents Club de Londres y su fiesta benéfica, en la cual los asistentes, sólo hombres, se propasaron con las azafatas de forma reprochable siempre y repugnante en algunos casos. El asunto se cobró una dimisión entre las autoridades, y el club se ha disuelto. Algunas de las organizaciones receptoras de las donaciones procedieron a devolverlas.

El asunto parecía tan claro que nadie percibió que la redistribución de los recursos es objeto de certezas morales en unos casos, pero no en otros.

Supongamos que alguien hubiese dicho que tampoco fue para tanto y, después de todo, el resultado del manoseo de las azafatas fueron miles de libras esterlinas destinadas a causas nobles y solidarias en el Reino Unido.

Jamás habríamos aceptado ese argumento. De hecho, nos llenaría de cólera que alguien nos enfrentara a semejante chantaje, y recurriríamos a una venerable delimitación moral: el fin no justifica los medios. En efecto, no los justifica, y la ayuda a los más pobres es inaceptable como excusa de conductas impúdicas y vejatorias. El manoseo a las azafatas fue inmoral, independientemente de si se produjo en un contexto que a su vez se tradujo en la promoción de una buena causa.

Fue inmoral por una razón obvia: cada azafata es propietaria de su cuerpo, y nadie puede manosear a nadie que no desee ser manoseado por esa persona en concreto. No importan los efectos benéficos que los tocamientos puedan generar en terceros, por más necesitados que estén. Tituló un periódico sobre la bacanal en cuestión: “El pecado de la City”. Eso es lo que fue. Y no hay más discusión. No puede haberla. Punto final.

Naturalmente, toda esta invulnerable certeza moral se derrumba si en vez de manosear a las azafatas se hubiese tratado de manosear sus carteras con objeto de redistribuir a la fuerza su dinero hacia las personas más vulnerables de la sociedad.

Un momento, dirá usted. La moral es la moral, siempre. La cartera de las azafatas es propiedad suya igual que su cuerpo, y nadie puede violarla. ¿Está claro?

Pues no sé qué decirle, la verdad, porque esa violación es la que perpetran los Estados redistribuidores, particularmente en Europa; más aún, esa violación es el principal instrumento por medio del cual legitiman política, democrática y hasta éticamente su propio poder coercitivo, y reclaman por ello el aplauso sincero de la comunidad, una comunidad que en su mayoría no desea pagar los impuestos que los Estados le cobran.

Dirá usted: si unos indecentes se propasan con unas azafatas, ello es muy diferente de si viene Montoro, que es un santo, y solo se propasa con sus carteras. En ambos casos se trata de infringir un derecho, en contra de la voluntad de las víctimas, y por una buena causa social. Pero no es lo mismo, moralmente no es lo mismo, lo que resulta muy claro porque, porque, porque, porque.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.

Liberalismo no es Ajuste

Por Iván Carrino. Publicado el 10/2/18 en: http://www.ivancarrino.com/liberalismo-no-es-ajuste/

 

La libertad económica es, por definición, expansiva de la creatividad y el emprendimiento humano.

A menudo, en los debates sobre economía y política, se acusa a los liberales de querer “ajustar a la gente”.

Hay que reconocerlo.  Tal vez algo de responsabilidad tenemos, puesto que si estamos analizando las cuentas públicas y, por ejemplo, éstas tienen un agujero, decimos que hay un “desajuste” que debe ser “ajustado”.

En este sentido, igualmente, la palabra ajuste no tiene nada de malo. Es que, simplemente, si venís por un camino que te va a hacer terminar mal, tenés que corregir, ajustar.

Ajustar una tuerca no es malo en sí mismo. De hecho, puede prevenir accidentes fatales: ¿cuál sería el problema?

Pero lo que los supuestos campeones de los pobres y abanderados de los trabajadores quieren decir cuando asocian liberalismo (o, peor aún, “neoliberalismo”) con ajuste, es que nosotros queremos “ajustar a los trabajadores”, que caiga el salario, que suba el desempleo, que “quede la gente afuera, pero con los números bien cerrados”.

Dentro de esta retórica, el neoliberalismo es el enemigo del pueblo, mientras que el populismo, el socialismo y el estado de bienestar son los verdaderos héroes de la sensibilidad social.

Contradicción en términos

Hecho el mea culpa sobre el uso de la palabra ajuste por parte de los economistas, queda claro que hay dos sentidos del término. Uno referido a corregir desequilibrios,  y otro referido a empeorar la calidad de vida de la gente.

En este último sentido, liberalismo y ajuste son claramente antónimos. Es decir, lo exactamente opuesto, por definición.

Piénsese en lo que quiere decir liberalismo. Liberalismo viene de libertad, así que implica que la gente es libre de perseguir sus sueños, sin ser coaccionada por terceros. En el ámbito de la economía, esa libertad es la que genera los incentivos para emprender, producir más y aumentar la riqueza.

La libertad está íntimamente relacionada con la propiedad privada. Y cuando la propiedad privada se respeta, los empresarios se lanzan a invertir, crear negocios y empresas que ofrecen bienes y servicios. Si éstos satisfacen las necesidades de los consumidores, los empresarios están creando riqueza.

Por si esto fuera poco, como efecto colateral, aumenta la demanda de trabajadores. Finalmente, mayor producción y mayor demanda de empleo suben los salarios en términos reales.

Lo que digo no es un cuento de hadas o una mera gimnasia mental. De acuerdo con la última publicación del Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage, los países más libres del mundo tienen un PBI per cápita 7,5 veces mayor al de los países considerados “reprimidos”, categoría en la que Argentina estuvo hasta hace poco.

Gráfico 1. PBI per cápita y Libertad Económica

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Fuente: 2018 Index of Economic Freedom – The Heritage Foundation

Uno podría argumentar que el PBI per cápita es una medida no del todo indicativa del bienestar de una sociedad y que, por tanto, la relación no es tan asombrosa.

Sin embargo, la libertad económica no solo está correlacionada con el PBI per cápita, sino también con el Índice de Desarrollo Humano, de la ONU (los países más libres tienen un promedio de 0,93 puntos vs. Un 0,57 de los países reprimidos).

Además, los países que más medidas toman para incrementar la libertad de crear y emprender de sus ciudadanos, bajando impuestos, trabas y distorsiones, son los que terminan creciendo más rápido, algo que se relaciona directamente con la caída de la pobreza.

Gráfico 2. Mejoras en libertad económica y tasa de crecimiento per cápita.

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Fuente: 2018 Index of Economic Freedom – The Heritage Foundation

Vistos estos datos: ¿cómo se puede hablar de liberalismo como sinónimo de ajuste? La libertad económica es todo lo contrario a ajustar a los trabajadores.

Es el ingrediente necesario para aumentar la iniciativa empresarial, fomentar el crecimiento económico, y así aumentar los salarios y reducir la pobreza.

Ajuste es el populismo

Habiendo dejado claro que liberalismo no tiene nada que ver con “ajuste”, en el sentido de reducir el salario de los trabajadores, veamos qué es lo que verdaderamente causa eso.

Es acá donde nos encontramos con otra cosa muy distinta: el populismo.

A fines del a década del ’80, dos académicos de prestigio internacional recopilaron numerosas experiencias de países latinoamericanos, para un estudio que llamaron “El Populismo Macroeconómico en América Latina”.

Para Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards, el populismo macroeconómico, mediante el uso de “políticas fiscales y crediticias expansivas (…) destaca el crecimiento y la redistribución del ingreso” al tiempo que “menosprecia los riesgos de la inflación y el financiamiento deficitario, las restricciones externas y la reacción de los agentes económicos ante las políticas agresivas ajenas al mercado”.

Léase, políticas insostenibles que, a mediano o largo plazo, generan distorsiones tales que alejan la inversión y eliminan los incentivos para emprender, producir y crecer.

Los datos recopilados por los autores y el equipo que comandaron son contundentes.

Gráfico 3. Salario Real en Chile (1967-1977).

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Fuente: Fuente: Macroeconomic Populism in Latin America. NBER Working Paper No. 2986

Gráfico 4. Salario Real en Perú (1980-1989)

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Fuente: Macroeconomic Populism in Latin America. NBER Working Paper No. 2986

El populismo destaca el corto plazo por encima del largo. Así, lleva adelante políticas totalmente desaconsejadas, como el déficit fiscal, la inflación, el control de precios,  el aumento de las regulaciones… Todo eso puede generar una ilusión de bienestar en un primer momento, como se observa en los gráficos anteriores, pero el final es cantado.

Para Edwards y Dornbusch, una fase inevitable del populismo macroeconómico es la de la estabilización ortodoxa, donde la realidad sale a la luz, el salario real cae, la inflación salta y la economía entra en recesión.

Obviamente, si la estabilización es exitosa, y el populismo se abandona, el país vuelve a crecer.

La Argentina de los últimos años es un caso claro de populismo. Es que si bien hubo  años de “crecimiento a tasas chinas”, dado que éstos estuvieron impulsados por expansionismo fiscal y monetario, llegó un día que la nafta se acabó y hubo que reconocer la realidad.

Tras años de alta inflación, déficit fiscal creciente, controles precios, de tarifas y del tipo de cambio, la inviabilidad de “el modelo” quedó expuesta. Obviamente, los salarios cayeron y los trabajadores se vieron ajustados.

¿Pero quién tuvo la culpa? ¿El que “prendió la luz y levantó la alfombra”, o el que venía intentando fracasadamente ocultar la realidad?

Gráfico 5. Salario Real Privado en Argentina (2013-2017)

liber5 Fuente: Ministerio de Trabajo e IPCBA.

En 2014, cuando aún gobernaba el kirchnerismo, el salario real llegó a caer 8,9% anual. En 2016, con el nuevo gobierno en funciones, éste volvió a caer, hasta 10,8%.

El ajuste contra los trabajadores no es responsabilidad del liberalismo, sino del populismo. Allí donde los países son más libres, la economía crece más y el ingreso de las personas es el más elevado de todos.

Pero donde rige el populismo, los salarios crecen a corto plazo, pero a costa de desplomarse a mediano-largo, producto de la inflación, el consumo de capital y la fuga de la inversión.

Por una vez, pongamos las cosas en su lugar. Liberalismo no es ajuste, ajuste es el populismo.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

El costo del empleo “público”

Por Gabriel Boragina Publicado  el 11/2/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/02/v-behaviorurldefaultvmlo.html

 

“El gobierno nacional emitió un decreto prohibiendo que los familiares hasta el segundo grado de los funcionarios con cargos de ministro o superior puedan ser designados como empleados de planta en el sector público nacional.”[1]

Lo primero que hay que aclarar es una cuestión terminológica. En el tema, hay que hablar estrictamente -y en buen lenguaje- de empleo estatal y de empleados estatales o del estado, porque, en rigor, todo empleo (privado o estatal) es siempre público, porque se trabaja para satisfacer una necesidad, tanto propia (como la del empleado y su empleador) como del resto de la gente (el público), dado que el objeto de todo empleo es remediar una carencia, no solamente laboral sino -fundamentalmente- de consumo. Se trabaja para obtener un ingreso que permita consumir; y se venden bienes y servicios para que otros puedan consumirlos. Por lo que, con el trabajo se satisfacen necesidades públicas. No obstante, en el caso del empleo estatal, solo una de las partes se satisface: la del empleado.

“La medida tiene alta carga simbólica debido a que en la cultura política argentina usar el empleo público como mecanismo para distribuir favores personales, familiares y políticos es una práctica muy arraigada.”[2]

Concordamos con el criterio expuesto en el informe que estamos citando y comentando. La incidencia de la medida en el presupuesto nacional es ínfima. y -por lo demás- es absolutamente cierto que el empleo estatal es la perfecta excusa que han tenido y seguirán, sin duda, teniendo todos los políticos de todos los partidos. El empleo estatal es uno de los principales ámbitos que sirve de caldo de cultivo a actos de corrupción. Cabe recordar que el empleo estatal no es propiamente un empleo, sino que en rigurosos términos económicos no es más que un subsidio encubierto al desempleo. Porque el empleo genuino es el que se genera en el sector privado de la economía. En tal sentido cada nuevo “puesto” de trabajo creado en sector publico implicará inexorablemente cierta cantidad de empleo que se pierden en el sector privado de la economía. La diferencia entre unos y otros será el equivalente al subsidio.

“La norma no resuelve los problemas ligados a la sobredotación y baja profesionalidad del empleo público. En el mejor de los casos, puede ser planteado como un gesto tendiente a romper con las malas prácticas enquistadas. Pero existe el riesgo de que se convierta en un mero acto de oportunismo que desvíe la atención respecto a un tema extremadamente importante.”[3]

Es que ninguna norma va a resolverlo, porque no se trata de una cuestión que se solucione con leyes, reglamentaciones, decretos, etc. es decir, con más burocracia, sino que es un problema de incentivos económicos. El estado-nación (y por ende sus agentes-empleados) carecen de incentivos y de parámetros para producir. De hecho, el “estado” como tal no produce nada, los únicos productores son los contribuyentes, que son los que aplican su esfuerzo (mental y/o físico) a la elaboración de bienes y servicios con el objeto de obtener ganancias. Todo lo demás que pueda decirse al respecto es anecdótico.

“¿Cuál es el compromiso que asume el Estado cuando ingresa un nuevo empleado?Tomando como ejemplo un empleado público provincial (66% del empleo público total) que ingresa con una categoría inicial a los 25 años de edad y asumiendo que son bajas las probabilidades de renuncia y casi imposible el despido, el costo estimado es el siguiente:

  • ·         Durante su vida activa habrá que pagarle $23 millones a precios actuales en concepto de salarios, cargas sociales y gratificaciones.
  • ·         Cuando se jubile habrá que pagarle $17 millones más a precios actuales en concepto de jubilación y la pensión derivada a su cónyuge cuando fallezca.
  • ·         Así, designar un empleado público implica comprometer unos $40 millones.”[4]

Costo de nombrar un empleado público con estabilidad


          

            Esto nos da la pauta del descomunal gasto público que representa mantener un ejército de burócratas en todos los niveles, cuya única función es vivir del erario público. Esta vez el vocablo “público” si viene a propósito, por cuanto toda esta inmensa masa de empleados vive del resto del público que somos los que en definitiva solventamos sus vidas y pasares. Si se multiplica esta fenomenal cifra por la cantidad de empleados públicos existentes al día de la fecha se puede tener una noción del nivel de despropósito que existe en materia de empleo estatal y -proyectándonos- en el del resto de los rubros del presupuesto nacional, además del impacto negativo severo que estos guarismos producen en el gasto público total. Fundamentalmente, lo más grave es lo que apuntamos anteriormente, y que es que toda esta gente no produce absolutamente nada, sino que -por el contrario- se dedican a hacernos cumplir tramites administrativos inacabables y costosísimos que hacen pesar sobre las espaldas del sector privado de la economía. 

“Estos datos son aproximados pero muy ilustrativos de la magnitud de recursos públicos que quedan comprometidos cuando ingresa un nuevo empleado al Estado. El principal determinante es la rígida aplicación de la estabilidad del empleo público. Aunque en la enorme mayoría de los casos el ingreso es bajo modalidades que no contemplan la estabilidad (pasantías, monotributo, contrato a plazo, etc.), una vez incorporado, prevalece la presión por la permanencia. Lo que inicia como un ingreso transitorio y precario, en los hechos deviene en un empleo de por vida.”

El principio de la estabilidad del empleado público es un agravante al cuadro de situación ya descripto antes. No tiene razón de ser, porque no rigen las mismas reglas que se deben enfrentar en el sector privado donde la competencia implacable hace que debamos mejorar cada vez más nuestro desempeño ofreciendo más y mejores bienes y servicios al menor precio posible. El sector estatal no está sujeto a estas reglas ¿cabe premiarlos además con estabilidad en sus asientos de oficina? En realidad, la presión existe en una doble dirección, porque el contratado por el gobierno presiona para quedar efectivo, y que el a fin lograr conseguir la efectividad en su puesto comenzará a presionar para no perderla. Se trata de un circulo vicioso porque ya sea en un sentido o en el otro la presión existirá.

[1] IDESA: “CADA NUEVO EMPLEADO PÚBLICO COMPROMETE $40 MILLONES”. 4 de febrero de 2018 – Número 742

[2] IDESA, Ibidem.

[3] IDESA, Ibidem.

[4] IDESA, Ibidem.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Sobre la moneda y los sistemas bancarios

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 7/2/18 en: http://www.libertadyprogresonline.org/2018/02/07/sobre-la-moneda-y-los-sistemas-bancarios/

 

El tema monetario es de gran importancia puesto que está indisolublemente atado a los patrimonios de la gente. Trastornos en  ese campo repercuten de inmediato en el nivel de vida de todos, muy especialmente de los más necesitados puesto que la característica central de esos barquinazos se traducen en consumo de capital, lo cual, a su turno, significan disminuciones en salarios e ingresos en términos reales.

Desde tiempo inmemorial los aparatos estatales se han querido apoderar del instrumento monetario al efecto de hacerse de recursos. Ningún gobierno en la historia de la humanidad ha preservado el poder adquisitivo del dinero, siempre lo ha derretido. El premio Nobel en economía Friedrich Hayek fue un pionero contemporáneo en señalar la imperiosa necesidad de apartar a los gobiernos de la administración de la moneda, a lo cual han seguido numerosos autores, tema que en la actualidad ha producido una muy prolífica bibliografía. Hayek escribe que su esperanza estriba en que no ocurra con el dinero lo que sucedió con la inconveniente unión entre el poder y la religión que tardó siglos en percibirse los daños que provocaba esa unión. Del mismo modo, sigue diciendo Hayek que el dinero debe separarse cuanto antes de todo vestigio de contacto político y que la independencia de la banca central no hace más que trasladar los problemas a otro sector apoyado por el poder.

Otro premio Nobel también en economía, Milton Friedman, en su último trabajo sobre temas monetarios sostiene que “el dinero es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de banqueros centrales”. Es cierto que Friedman antes sugería la implantación de una “regla monetaria” que analizamos  más abajo.

Este cambio  no solo ocurrió con Friedman, el propio Hayek en una obra anterior sostenía que es “la administración de la moneda constituye función indelegable del gobierno”. Esto es solo una muestra de la evolución del pensamiento para quienes están atentos a nuevos conocimientos.

Antes de entrar de lleno en el tema, tengamos en cuenta que el dinero no calza en la definición de bien público puesto que no incorpora los principios de no-excusión y no-rivalidad. Por otra parte, se ha sostenido la conveniencia de la moneda estatal partiendo de la arbitraria premisa que se trata de un monopolio técnico aunque en este caso resulta de la imposición de un monopolio artificial (es de interés en este contexto atender un ensayo de otro premio Nobel en economía, Gary Becker, titulado “There is Nothing Natural about Natural Monopoly”), de lo contrario, liberado el mercado de regulaciones se brinda la posibilidad de elegir en competencia con todos los controles cruzados que de ello se deriva. También llama poderosamente la atención que se alegue que la politización de la moneda pueda suplir la asimetría de la información cuando, precisamente,  cuanto menos críptico y cerrado sea el mercado menor es la exposición y la transparencia. Por último, se ha pretendido desacreditar la competencia abierta de monedas recurriendo a una interpretación equivocada de la Ley de Gresham al afirmar que la moneda mala desplaza a la buena sin tener en cuenta que eso ocurre cuando el gobierno impone tipos de cambio forzosos.

La inflación es uno de los problemas económicos y sociales más graves. Es siempre producida por los aparatos estatales que con el curso forzoso y la banca central no dan salida a la gente para defenderse de ese flagelo. Es realmente llamativo que a esta altura del partido, con toda la bibliografía moderna disponible a la que nos hemos referido más arriba, no se haya decidido cortar amarras con los gobiernos en materia monetaria y no se haya percibido que la única razón por la cual el Leviatán administre la moneda es para succionar poder adquisitivo de la gente al efecto de financiar sus propios desbordes.

Se ha dicho que la inflación es el aumento general de precios, lo cual revela dos errores garrafales de concepto. En primer lugar, pretende aludir a la causa de la inflación la cual consiste en la expansión exógena del mercado y, en segundo término, el efecto estriba en la alteración de los precios relativos y no en un aumento general. Si produjera un incremento generalizado, no se produciría el problema central de la inflación cual es la angustia por el desequilibrio entre precios e ingresos. Si mi salario (uno de los precios) se incrementara en un 50% mensual y el resto de los precios lo hace en la misma forma, no hay problema. Eventualmente habrá que modificar las columnas en los libros de contabilidad, habrá que expandir los dígitos en las máquinas de calcular y, tal vez, acarrear el dinero en carretillas pero no hay el problema central señalado.

La alteración en los precios relativos reviste la mayor de las importancias ya que se distorsionan todas las señales en el mercado, que son las únicas que muestran donde conviene invertir y donde desinvertir en los diversos sectores con lo que se consume capital y, por ende, bajan los salarios e ingresos en términos reales puesto que las tasas de capitalización son la únicas causas del nivel de vida.

Como hemos dicho en tantas ocasiones, la banca central solo puede decidir entre uno de tres caminos posibles: a que tasa contraer, a que tasa expandir o dejar inalterada la base monetaria. Pues bien, cualquiera de los tres caminos deterioran los precios relativos respecto de lo que hubieran sido de no haber intervenido (incluso, como decimos, si los banqueros centrales deciden no modificar la base monetaria habrán desfigurado los precios relativos en relación al mayor o menor volumen de moneda que se hubiera decidido en el mercado…y si se hace lo mismo que hubiera hecho la gente en el mercado no hay razón alguna para la irrupción de la banca central ahorrándose todos los gastos administrativos correspondientes).

Más aun, una banca central independiente del secretario del tesoro o de hacienda o del Parlamento inexorablemente errará el camino debido a las razones antes apuntadas que no cambian por el hecho de recibir instrucciones o proceder autónomamente, esto no modifica la naturaleza del problema. Sin duda, que si a la existencia de la banca central se agrega el curso forzoso la situación se agrava exponencialmente ya que no deja salida a la gente para sus transacciones diarias y deben absorber quitas permanentes en su poder adquisitivo.

Conviene también precisar que la cantidad de dinero de mercado, es decir, de los activos financieros que la gente elija para sus transacciones no tienen porqué ser constantes. Esto dependerá de las respectivas valorizaciones, del mismo modo que ocurre con cualquier bien o servicio, lo cual, en nuestro caso, si se decide expandir, se trata de una expansión endógena, a diferencia de la exógena al mercado, esto es, la que ocurre debido a decisiones políticas que son el origen del problema inflacionario.

No hay tal cosa como “expectativas inflacionarias” como causas de la inflación. Se podrán tener todas las expectativas que se quieran pero si no están convalidadas por la expansión monetaria exógena, no hay inflación. Tampoco “inflación de costos” por idénticos motivos, ni inflaciones provocadas por el incremento en el precio de un bien considerado estratégico como, por ejemplo,  el petróleo ya que si aumenta el precio de este bien y no hay expansión monetaria habrá dos posibilidades: o se reduce el consumo de otros bienes si se decidiera mantener el nivel de consumo del petróleo o se debe contraer el consumo de este bien al efecto de permitir el mismo consumo de otros bienes y servicios. En todo caso, no resulta posible consumir todo lo que se venía consumiendo si el precio del petróleo se incrementó.

La errada definición que hemos comentado, además, conduce a otras dos equivocaciones técnicas. En primer lugar, el consejo para la banca central de emitir a una tasa constante similar al crecimiento económico para “permitir la previsibilidad de los actores  en el mercado”. Este consejo pasa por alto el hecho de que si la expansión “acompaña” el crecimiento económico, manteniendo los demás factores constantes, por ejemplo, se anulará el efecto de algunos precios a la baja que generan las importaciones y al alza de las exportaciones ya que la masa monetaria en un caso disminuye y en el otro aumenta y así sucesivamente.

La segunda equivocación, aun más gruesa, es que la expansión a tasa constante no trasmite previsibilidad puesto que, precisamente, los precios no se incrementan de modo uniforme, sino, como queda dicho, se alteran los precios relativos de modo que una tasa anunciada de expansión no trasmite información a determinado sector como afectará en sus precios.

Este análisis, a su vez, se traduce en el pensamiento que es posible recomponer el problema inflacionario a través de indexaciones lo cual no es correcto ya que pretendidos índices de corrección solo suben los valores absolutos en los rubros del balance, pero las distorsiones relativas se mantienen inalteradas.

A toda esta situación debe agregarse que para contar con un sistema monetario saneado debe eliminarse el sistema bancario de reserva fraccional que no solo genera producción secundaria de dinero, sino que permite que los bancos operen en un contexto de insolvencia permanente, con lo que se hace necesario implementar el free banking o el sistema de encaje total para los depósitos en cuenta corriente y equivalentes.

En este último sentido, hay un jugoso debate que viene de hace cincuenta años sobre si es mejor el free-banking (y no digo “banca libre” porque tiene otro significado ya que alude a la entrada y salida libre al sistema bancario) o la reserva total, pero en todo caso cualquiera de los dos es infinitamente mejor que la reserva fraccional que genera inflaciones y deflaciones con el apoyo de la banca central.

Resultan tragicómicos los esfuerzos y las acaloradas discusiones sobre “metas de inflación” y las correspondientes manipulaciones monetarias y cambiarias que impone la banca central, en lugar de comprender que el problema estriba en esa institución, en el medio argentino creada por el golpe fascista de los años treinta.

Como han expresado tantos economistas de gran calado, es de esperar entonces que no transcurra mucho tiempo antes de que se  perciban los inmensos daños de la banca central y el sistema bancario de reserva parcial con todas sus consecuentes políticas. Cual es el dinero que preferirá la gente dependerá de las circunstancias ya que si todo es dinero no hay dinero y preguntarse cual es la cantidad de dinero que habrá es lo mismo que interrogarse cual es la cantidad de lechuga que habrá en el mercado.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Asesor del Institute of Economic Affairs de Londres

Cuando vale la doble moral

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 9/2/18 en: http://www.abc.com.py/lectores-opinan/cuando-vale-la-doble-moral-1673602.html

 

El Estado moderno impone arbitrariamente su doble moral. Y sus defensores no tienen justificación racional, simplemente dicen que “si el Estado lo dice, o lo necesita, es bueno…”, son esos mismos políticos que, muchas veces –muchísimas–, están acorralados por la corrupción. Quizás, el ejemplo más irritante sea el “servicio militar obligatorio” (SMO) que me recuerda a Mirabeau, uno de los padres de la Revolución Francesa, y su frase: “Prusia no es un Estado con ejército, sino un ejército con Estado”.

El presidente de Francia propone una especie de breve servicio cívico-militar, obligatorio, para ofrecer “una experiencia de la vida militar, de la mezcla social y de la cohesión”. Luego de que Jacques Chirac abolió el SMO en 1997, el proyecto actual que, insólitamente, cuenta con el apoyo del 80% de la población, contempla un mes de servicio para hombres y mujeres de 18 a 21 años. Según Le Monde, el costo anual –unos 3.000 millones– equivale al costo de la disuasión nuclear.

Hoy, debido al temor por el terrorismo –como siempre, el miedo provocando reacciones adversas– la idea se ha expandido por Europa al punto que el Bundestag propone un nuevo concepto de “defensa civil” incluyendo el SMO aduciendo, además, que Rusia tiene explícitas aspiraciones expansionistas, tanto que los países nórdicos también están promoviendo el retorno más o menos inminente del “servicio” (¿?) obligatorio.

Es el caso de Noruega y Suecia, cuyo ministro de Defensa parece dispuesto a promoverlo en 2019. España es distinta. Después de que José María Aznar eliminó la conscripción obligatoria en 2001 en oposición al Ministerio de Defensa, hoy prevalece la idea de que un ejército profesional es mejor alternativa.

Ahora, dice Alberto Medina Méndez que, aun suponiendo que las razones esgrimidas fueran legítimas, el hecho de conseguirlo a expensas de sojuzgar a los demás, exime de comentarios adicionales: aquello “impuesto por medio de la coacción no puede ser bueno… o no precisaría de semejante atropello”.

Por su parte, según el profesor colombiano Mario Madrid-Malo Garizábal, para el derecho internacional consuetudinario la esclavitud es el estado o la condición de una persona sobre la que se ejercen cualquiera de las potestades inherentes al derecho de propiedad o de dominio. El artículo 7, 2., c) del Estatuto de la Corte Penal Internacional entiende por esclavitud “el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos”.

Según el derecho internacional, existen prácticas análogas a la esclavitud tradicional como el trabajo infantil, el reclutamiento de niños como combatientes, la trata de mujeres y de niños, la servidumbre por deudas y la servidumbre conyugal. En ese catálogo falta, por cierto, una modalidad de esclavitud: el servicio militar obligatorio. Ahora, la causa de tal omisión fue explícitamente redactada por los interesados –los políticos y burócratas estatales que viven de la inimputabilidad del Estado– y se halla en el artículo 8°, 3., c) II) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, norma en la cual se establece que el SMO no se considerará como trabajo forzoso.

En fin, remata Madrid-Malo Garizábal, diciendo sobre el servicio obligatorio que de su horrendo carácter y de sus efectos perniciosos hablan claro las estadísticas sobre suicidio y enfermedad mental entre las personas sometidas.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

El economista en la academia, la política y la consultoría

Por Adrián Ravier.  Publicado el 31/1/18 en: https://www.cronista.com/columnistas/El-economista-en-la-academia-la-politica-y-la-consultoria-20180131-0073.html

 

El economista en la academia, la política y la consultoría

 

Se escucha con cierta frecuencia una broma hacia los economistas que afirma que si preguntamos a diez de ellos su opinión sobre un determinado problema, posiblemente tengamos once soluciones. ¿Por qué diferimos los economistas en nuestras recomendaciones de política económica? ¿Por qué en ocasiones tenemos más de una recomendación? ¿Carece esta ciencia joven de consensos científicos básicos?

Lo cierto es que la economía como ciencia ha desarrollado leyes sólidas que nos permiten enumerar cuantiosos consensos, pero cuando nos movemos hacia la recomendación de la política económica o ante un problema de políticas públicas los disensos son mayores.

“Por qué difieren los economistas en sus opiniones de política pública” es en definitiva un aspecto sociológico de la profesión que se ha debatido en numerosas oportunidades, pero el punto que quiero señalar aquí es que ganaríamos mucho los economistas, y con ello pienso que recuperaríamos parte del prestigio perdido de la profesión, si definiéramos con claridad los planos en los que trabajamos cuando hacemos nuestro análisis y nuestras recomendaciones. ¿A qué planos me refiero? Al plano del académico y al plano de la política.

Una anécdota que acostumbraba relatar Manuel Ayau, fundador y Rector de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, puede ayudar a mostrar el punto. Ocurrió en la reunión anual de la Mont Pelerin Society en St. Andrews. Estaba exponiendo Milton Friedman sobre su estudio de la moneda y Enoch Powell, entonces miembro de la Cámara de los Comunes en Londres, le preguntó si en su exposición había tenido en cuenta los factores políticos, a lo que Friedman se apresuró a contestar por la afirmativa. Powell dijo: “Entonces su paper no me sirve, pensaba que recibiría reflexiones de un académico, déjenos a nosotros la negociación política”.

Hace unos meses el mismo Federico Sturzenegger, Presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), exclamaba ante la Asociación Argentina de Economía Política que se reunió en Bariloche que la profesión debía contribuir a los debates de políticas públicas. Muchos se defendieron explicando que no son escuchados, y cuando se los escucha se exclama que trabajan en una torre de marfil.

Me parece que la profesión del economista se encuentra desprestigiada o devaluada ante la opinión pública precisamente porque los especialistas desconocen su rol ante la sociedad. No es lo mismo el rol científico del economista que el rol del político. Me apresuro a señalar, incluso, que cuando un economista se viste de político –sea como funcionario o como representante de un partido político- deja de ser economista.

Trabajar en diversos planos sin explicitarlo ante la opinión pública nos expone a debates innecesarios que sólo comprometen los consensos que la profesión ha alcanzado.

El economista como académico o científico

Su lugar natural es la universidad y los congresos científicos. Investiga, estudia, alcanza un doctorado y dedica tiempo a la docencia. El científico trabaja con modelos que en muchos casos se abstraen de la realidad política y social que le acompaña. La teoría que desarrollan es en general abstracta, universal, aplicable a todo tiempo y lugar. Sus trabajos científicos, que a la vez intentan publicar en revistas especializadas, no se preocupan por aquello que la opinión pública puede digerir.

Y está bien que así sea, porque eso los distraería de lo más relevante que es contribuir al cuerpo teórico de la disciplina. Cuando el académico deja un momento la frontera del conocimiento y analiza la actualidad y sus problemas, tiene en general un enfoque diferente, porque su rol -inmerso en óptimos y utopías- lo conducen, en definitiva, a imaginar nuevos mundos posibles, correr el eje del debate.

El economista como político

El político no puede distanciarse de la opinión pública. Su éxito depende de la apreciación que la opinión pública ejerce sobre la política económica que define el gobierno. Bien hará el político en escuchar a los científicos y a los técnicos, pero no pueden darse el lujo de abstraerse de las cuestiones culturales, políticas y sociales que acompañan a su gobierno. Si así lo hiciera, fracasaría como político.

Si el economista que se viste de político está más enfocado en lo que la opinión pública puede digerir que en las conclusiones que obtiene de sus observaciones, mal rol jugará este como economista. Su objetividad estará limitada a un fin último superior que son las elecciones.

El economista como consultor

Mientras el académico educa a sus alumnos en el aula, el consultor hace lo propio con sus clientes y ante la prensa. Su alcance es lógicamente mayor y allí cabe su responsabilidad.

Su formación como economista, casi siempre complementado con estudios de posgrado, les permite aplicar la teoría económica, y si bien no contribuyen a expandir la frontera del conocimiento, son los que mejor entienden la coyuntura, además de intentar predecir escenarios futuros.

El consultor tampoco puede prescindir de la política, porque los escenarios futuros dependen de las decisiones que se toman en ese plano, pero en la medida que se mantiene independiente del gobierno y los partidos políticos, puede evaluar las políticas económicas con objetividad.

La profesión del economista en Argentina

En la Argentina, la opinión pública conoce nuestra profesión a través de los economistas que ocupan cargos en el poder político y los consultores que comparten columnas de opinión y son entrevistados por la prensa. Naturalmente, en esos espacios la economía está cargada de política, lo que en definitiva impide mostrar los consensos básicos que la profesión ha alcanzado en el plano científico.

No quiero negar con esto que existan amplios debates también en el mundo académico, pero ¿qué ciencia no los tiene?

Como cierre, creo necesaria una reflexión acerca de Cambiemos. Nada ansía más el Presidente que ser recordado como un estadista. Si eso desea, será mejor que escuche a aquellos economistas que pueden abstraerse de lo urgente y por un momento piense en aquello que es importante y estructural.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Legislación sindical, el caso argentino

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 26/1/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/01/26/legislacion-sindical-el-caso-argentino/

 

Lo primero es subrayar que en una sociedad abierta el derecho a asociarse o no asociarse constituye uno de los postulados básicos a los efectos de la cooperación social. Cómo deben ser las asociaciones es algo que no compete a quienes están fuera de ellas; en primer lugar, los gobiernos, que solo deben velar porque no haya lesiones de derechos, en caso de que las hubiera, dicha agrupación se convierte en una asociación ilícita.

Pero antes de otras consideraciones sobre el tema sindical, es menester aclarar con toda precisión que los salarios y los ingresos en términos reales de deben exclusivamente a la cuantía y la calidad de ahorros internos y externos invertidos en un contexto de conocimientos relevantes, lo cual hace de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Esa es la diferencia entre zonas de mayores o menores salarios basadas en el primer caso en marcos institucionales respetuosos de la propiedad de cada cual.

El nivel de salarios no es solo monetario, es también no monetario, como lo son todas las condiciones laborales que rodean al caso desde los períodos de descanso a la música funcional. En rigor, estas condiciones no pueden ser legisladas, como queda dicho, son consecuencia de los niveles de las tasas de capitalización. Más aun, si se legislan más allá de demandas civiles o penales por incumplimientos contractuales o delitos, los resultados indefectiblemente son el desempleo, en primer lugar, de aquellos que más necesitan trabajar y, en segundo lugar, de todos a quienes las condiciones laborales son superadas por las normas legales respecto a las antedichas tasas de inversión. El voluntarismo no cuadra.

Mientras que los recursos sean limitados en relación con las necesidades, nunca bajo ningún concepto puede haber sobrante de aquel factor esencial que es escaso, esencial, puesto que no se concibe la producción de ningún bien ni la prestación de ningún servicio sin el concurso de trabajo manual e intelectual.

La vida es una transición, todo lo que piensan todos en todas las oficinas consiste en mejorar, lo cual, a su vez, se traduce en reasignaciones humanas y materiales. La mayor productividad libera factores humanos y materiales al efecto de trabajar en otros emprendimientos. En un mundo idílico donde hay de todo para todos todo el tiempo, naturalmente no hay necesidad de trabajar, lo cual significa que se está en Jauja, situación que sería una bendición para todos. Pero las cosas no son así, hay necesidades insatisfechas, por lo que hay que aplicar faenas para atenderlas.

 Nuevos métodos que elevan la productividad, nuevos bienes y servicios importados del exterior más baratos y de mejor calidad, la robotización y equivalentes liberan trabajo, el empresariado, atento a nuevos negocios, busca capacitar a nuevo personal al efecto de lograr sus arbitrajes adicionales. Como hemos dicho antes, ese fue el sentido y el destino del hombre de la barra de hielo cuando apareció la refrigeradora o el del fogonero cuando irrumpió la locomotora Diesel.

Lo peor que puede hacerse si se desea elevar el nivel de vida es destruir capital, con ello no habrá aumentado el empleo, sino que provoca disminuciones en los salarios en términos reales.

Por su parte, las huelgas deben ser entendidas como el derecho a no trabajar en cualquier momento siempre y cuando se cumplan los preavisos estipulados si los hubiere. Pero el derecho a huelga no es la intimidación y la violencia que no permitan que otros ocupen puestos de trabajo. Una cosa es el derecho a no trabajar y otra bien distinta es imponer situaciones a otros contra la voluntad de los destinatarios.

En el caso de procedimientos intimidatorios y violentos cuando se confunden con la huelga está implícita la equivocada idea de que constituye un procedimiento para elevar salarios. Si esto fuera cierto, habría que incrementar los métodos violentos de igual manera que si se considera que el nivel de vida puede incrementarse por decreto, las legislaciones, en este sentido, habría que redoblarlas. Pero como queda dicho, los salarios dependen solo de la inversión per cápita, que si disminuyen, disminuirá el salario, si se mantiene el stock de capital descontadas las respectivas amortizaciones, el salario mantendrá su nivel y si se incrementa el capital, consecuentemente aumentarán los salarios.

Tampoco tiene sentido alegar que los gobiernos deben interferir en las relaciones laborales para evitar “el desequilibrio en el poder de contratación”. En esta línea argumental, se sostiene que no es permisible que contrate un millonario con una persona que no tiene para llegar a fin de mes, al fin de semana o al fin del día. Es del todo irrelevante cómo sean las características patrimoniales o el volumen de sus respectivas cuentas corrientes, lo relevante son las tasas de capitalización. Si un millonario pretendiera pagar menos de lo que establece el mercado, simplemente se queda sin colaboradores. Un empleador puede contar con una situación patrimonial boyante y otro estar quebrado, pero ambos, si desean contratar trabajo manual e intelectual, deben abonar lo que exige el mercado. En lugares en donde los salarios son altos, no se debe a la generosidad de empleadores ni a la mezquindad de salarios bajos en otras zonas, sino, como hemos repetido, al volumen de capitalización.

De más está decir que los incumplimientos contractuales, los engaños o las lesiones de derechos deben ser adecuadamente castigados, pero los arreglos contractuales libres y voluntarios no deben ser interferidos por los aparatos estatales ni por bandas ocultas en máscaras sindicales.

Idéntico razonamiento se aplica a todos los servicios que preste la asociación sindical, en primer lugar, de salud o cualquier otro servicio que debe estar abierto a la competencia y en ningún caso consecuencia de aportes obligatorios y mucho menos a través de llamados “agentes de retención” que echan mano al fruto del trabajo ajeno.

Asimismo, las representaciones o no representaciones sindicales deben estar abiertas a todas las variantes, siempre y cuando se trate de arreglos libres y voluntarios en el contexto de contrataciones colectivas o individuales, según lo prefieran los interesados.

En el caso argentino, de tanto en tanto se detienen a sindicalistas corruptos, pero hasta el momento no se han modificado las leyes que dan sustento a un sistema fascista de representación coactiva a través de la figura de la personería gremial que arrastra a todos los gremios desde la década del cuarenta, que está presente en la legislación de ese país, junto a los antes referidos agentes de retención (más bien estafas legales) y afiliación coactiva de facto, en el contexto de escandalosos negociados monopólicos de obras sociales y similares.

Limitarse a arremeter contra la corrupción sindical fascista concentra la atención en los efectos, pero si no se abroga la legislación autoritaria, quedan sin tocar las causas del fenómeno. Lo mismo ocurre con retoques de superficie a las normas vigentes en lugar de eliminar de cuajo el mal que afecta principalmente a los trabajadores.

En la época de gloria de los argentinos, cuando los salarios y los ingresos en términos reales de los peones rurales y de los obreros de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España, cuando la población se duplicaba cada diez años debido a la multitudinaria inmigración para “hacerse la América”, en ese período las relaciones laborales estaban regidas por los 4015 artículos del Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield, de los cuales seis estaban referidos específicamente a los contratos laborales.

Luego se promulgaron multiplicidad de leyes “para proteger al trabajador” referidas a los más variados temas “al efecto de dotar al trabajador de conquistas sociales” y con ello comenzó el derrumbe en el nivel de vida de la gente, muy especialmente de los más necesitados, por las razones antes apuntadas, en contexto de la sandez de “establecer adecuadas relaciones entre el capital y el trabajo”, sin percatarse de que el capital son instrumentos inanimados que no contratan y que, por ende, se trata de contrataciones entre distintos tipos de trabajo entre empleadores y empleados. Con el argumento de proteger a los trabajadores se los aniquiló, con la idea de protegerlos de supuestas explotaciones se los sacó de la órbita de la protección rigurosa del Código Civil, los tribunales ordinarios y posibles aseguradoras. Se fabricó el fuero laboral, con lo que se agregó a las referidas desgracias negocios fenomenales de la industria del juicio para beneficio de chicaneros del nuevo fuero.

En esta especie de rapsodia para el desastre se incluyeron algunas figuras que son tragicómicas, como el aguinaldo, es decir, la aparición como arte de magia de un treceavo mes en el año, sin percibir que si se paga un monto adicional en el año, manteniendo los demás factores constantes, habrá que pagar de menos durante los otros 12 meses. Si esto no fuera de este modo, habría que convertir el año en 40 meses o más para hacer a la gente más rica, lo cual no requiere comentarios adicionales.

Así se llegó en la Argentina a una verdadera e inaudita explotación de los trabajadores por los aparatos estatales a los que se enancó una maquinaria quebrada y fraudulenta de unas así denominadas jubilaciones insertas en el sistema de reparto en el que se estafa a quienes aportan el fruto de su trabajo para recibir cifras irrisorias que no guardan proporción alguna con las sumas que le han sido retenidas en su vida activa, muy lejos de cualquier cálculo de interés compuesto.

En este cataclismo se habla de “la clase trabajadora”, que supone que hay otra clase que la explota, sin percibir el origen marxista de la idea misma de clase que deriva de sostener que el proletario y el burgués tienen una estructura lógica distinta, lo cual da lugar a la teoría del polilogismo que nunca ni Marx ni ningún marxista han explicado en qué consisten esas estructuras que se diferencian de los silogismos aristotélicos.

Desde Adam Smith el asunto está resuelto, este autor ha consignado en 1776: “La propiedad que cada hombre tiene es su propio trabajo, ya que es el fundamento original de toda otra propiedad, por lo que es la más sagrada e inviolable” y Juan Bautista Alberdi, al comentar la Constitución liberal argentina de 1853, escribió: “Toda la grande escuela de Adam Smith está reducida a demostrar que el trabajo libre es el principio esencial de toda riqueza creada”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Asesor del Institute of Economic Affairs de Londres

Cuando no había piqueteros que demandaran ayuda social como un derecho, los argentinos se ayudaban entre sí

Por Martín Krause. Publicado el 30/1/18 en: http://bazar.ufm.edu/cuando-no-habia-piqueteros-demandaran-ayuda-social-derecho-los-argentinos-se-ayudaban/

 

Los pobres de entonces cubrían los riesgos resultantes de problemas de salud y previsión a través de un mecanismo comunitario, de seguro social, conocido como “socorro mutuo”. Estas organizaciones son definidas como: “toda organización formal de entrada y salida libre, producto de una decisión de un grupo inicial de individuos de asociarse de manera duradera para compartir o hacer juntos determinadas actividades, de acuerdo a reglas que ellos mismos se dan o a las que adhieren expresamente” (Di Stefano et al, 2002, p. 16). Nótese la importancia de la libertad asociada a la libre entrada y salida y al nacimiento voluntario de estas organizaciones. En un país de inmigrantes, los recién llegados se asociaron principalmente según sus colectividades nacionales para compartir los riesgos que pueden provenir de la pobreza: la falta de trabajo, salud, educación, vivienda. La legislación, además, libera a este tipo de organizaciones de la formal aprobación estatal, siendo ahora necesario solamente su constitución formal y su registro. Los gobiernos liberales de entonces favorecieron este tipo de asociaciones como un elemento esencial para el desarrollo de la sociedad civil y el fortalecimiento del espíritu republicano. Era el espíritu que transmitiera a la Constitución Nacional de 1853 quien fuera su principal inspirador, Juan Bautista Alberdi[1].

[1] “Observaré entretanto, para acabar de hablar del gasto público que no todo él consiste en el gasto con que la sociedad satisface sus necesidades de orden público por conducto del gobierno, sino también en el que hace ella directa e inmediatamente, por la mano de sus habitantes, en la mejora, comodidad y perfeccionamiento de sus ciudades, en el socorro y alivio de las clases desgraciadas, y en fin en todo ese orden de servicios que la sociedad se hace a sí misma, sin el intermedio de la autoridad, en el sentido de su prosperidad más rápida y completa. A este gasto pertenecen las calles, los empedrados, las calzadas, los caminos, puentes, desagües, mejoras locales, monumentos, socorros públicos y eventuales, que se hacen por suscripciones voluntarias levantadas en el vecindario” (Alberdi, [1854] 1993, p. 355).

Un destacado autor, Emilio Coni, escribe (1918, p. 544):

“La República Argentina, por el hecho de haber desarrollado y arraigado profundamente en sus habitantes el espíritu y la conciencia mutualista y cooperativista, puede ser considerada en éste, como en tantos otros aspectos, una nación grande y moderna. En efecto, están vinculados por la mutualidad y la cooperación 593.172 de sus habitantes”.

“La mutualidad se ocupa especialmente de los seguros contra los enfermos y contra la invalidez por enfermedad crónica o por vejez; de los seguros contra los accidentes de trabajo y sobre la vida. En todos estos casos, el capital que aporta el socio a la institución mediante las cuotas periódicas, no goza de un interés material, en efectivo, porque todas las utilidades líquidas pasan al fondo de reserva de la misma institución”. “En una sociedad mutualista, el capital se forma generalmente mediante cuotas periódicas, o bien los socios no desembolsan cuota alguna, pero se declaran solidaria e ilimitadamente responsables de las obligaciones que contrae la institución”.

El temprano desarrollo de estas organizaciones voluntarias, o de mercado, para reivindicar sus verdaderas características, es evidenciado por el mismo Coni (1918, op. cit., p. 547):

“En la Capital Federal la sociedad de socorros mutuos más antigua existente es ‘L’Union et Secours Mutuels’, fundada el año 1854; siguióle, en 1856, la sociedad ‘San Crispín’, denominada así porque el núcleo principal de sus fundadores pertenecía al gremio de operarios en la industria de calzado cuyo patrono es San Crispín. En 1857 se fundan la ‘Tipográfica Bonaerense’, ‘La Catalana’ y la hoy poderosa ‘Asociación Española de Socorros Mutuos’; en 1858 la ‘Unione e Benevolenza’, la ‘nonna’ de las sociedades italianas; en 1859 la ‘Francaise’; en 1861 la ‘Nazionale Italiana’, etc., etc.”. “Las mutualidades en ejercicio el 31 de diciembre de 1916 eran 1.205. De éstas, 1.202 son suciedades de socorros mutuos, y 3 sociedades de rentas y de seguros sobre la vida”.

El socorro mutuo floreció sobre todo en las comunidades de inmigrantes. No es de extrañar, el traslado a un país lejano había quebrado los lazos familiares con los que se contara durante siglos. Por mucho tiempo, en sociedades básicamente agrícolas, la relación familiar proveía un cierto seguro: los padres cuidaban de sus hijos cuando éstos no podían mantenerse por sí mismos y luego éstos hacían lo propio con sus padres. La emigración, tanto a las ciudades como al extranjero aunque mucho más en este caso,  rompe este vínculo y surge entonces una solución voluntaria para cubrir ese vacío. Evidentemente, la forma más sencilla de agruparse es alrededor de aquellos elementos que el grupo tenga en común, y en este caso era principalmente el origen nacional, también el lugar de trabajo o la profesión.

Resulta sumamente ilustrador mencionar las mutuales fundadas en los primeros años de este siglo en Buenos Aires: Club Sindical de Empleados, Sanatorio Mutualista para Empleados de Correos y Telégrafos, Sociedad Mutua de Obreros de la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad, Asociación Mutualista Argentina, Sociedad Mutual de Funcionarios y Empleados Judiciales, Ordenanzas Unidos, Sociedad de Socorros Mutuos entre Empleados de Ferrocarriles, Unione Alessandrina, Asociación Mutual de Empleados Públicos, Asociación Mariano Moreno, Banco de Seguros Mutualistas, Cantinas Maternales, Asociación Escolar Mutualista, Fédération des Mutualités Francaises en Argentine, Federazione delle Associazioni Italiane, Associazione Italiana di Mutualitá ed Istruzione, fusión de las siguientes sociedades de socorros mutuos: Camilo Benso, C. di Cavour, Fratellanza Militare, Giuseppe Garibaldi, La Patriottica, Le Italiane al Plata, Margherita di Savoia, Trionfo Ligure, Unione e Benevolenza, Unione Italiana al Plata.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

CÓMO HACER PARA QUE NO HAYA ERRORES EN EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA (Método infalible).

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 28/1/18 en: http://gzanotti.blogspot.com.ar/2018/01/como-hacer-para-que-no-haya-errores-en.html

 

Hace poco, gracias a la invitación de una ex alumna (Nani Sánchez) fui al colegio donde ella da clase para hablar de educación. Entonces hice el siguiente experimento.

Supongamos que quieren estudiar filosofía pero NO hay carreras de filosofía formales como las organizadas actualmente.

¿Qué harían?

De manera dialógica fueron saliendo las primeras respuestas.

Una, estudiarían por su cuenta. Ok.

¿Con qué?

Con libros, ya sea en papel o internet.

¿Qué libros? Y, correr el riesgo. Tal vez preguntar a alguien, tal vez preguntar a algún profesor que daba clases de filosofía.

¿Cómo seguir? Depende del objetivo. Supongamos que el objetivo es dar clases de filosofía en el terciario que ahora están estudiando.

Bueno, habría que seguir leyendo y ver qué vamos aprendiendo.

¿Cómo lo haríamos?

Bueno, de vuelta, anotaríamos todas nuestras dudas y las iríamos consultando, cada 10 días más o menos, a gente que dice saber filosofía o que daba clases de filosofía o a personas que digan que son filósofos. Habría que ver si nos cobran o no, si son confiables…… Iríamos probando.

Si nos gusta cómo nos tratan, volveríamos, en 10 días o 15, con más preguntas, con más textos leídos, con más cosas vistas en papel, on line, en youtube, etc.

Y así, ¿durante cuánto tiempo? Y, deberíamos ir practicando. Tal vez organizamos un grupo para darnos clase mutuamente, para ver cómo podemos responder, tal vez pedimos asesoramiento a alguien que diga que sabe de esas cosas.

Cada tanto, a su vez, podríamos ir escribiendo, en nuestros blogs, nuestras ideas filosóficas, compartirlas con los demás, recibir críticas, ver cómo nos ponemos ante el debate, ver si dialogamos o nos peleamos, etc.

¿Cuánto tiempo? No sabemos. En última instancia, alguna vez hay que comenzar. Suponiendo que no tengamos pánico escénico, un día podríamos ir a ver a una de las autoridades del instituto y decirle que queremos dar clases de filosofía a los alumnos que quieran escucharnos, y organizar un seminario, un taller, lo que fuere.

Alguien del instituto debería hablar con nosotros y considerar si estamos en condiciones o no. Puede equivocarse, pero él tiene que decidir.

Si nos dice que sí, hay que ver cómo nos llevamos con nuestros alumnos voluntarios: en qué medida somos nosotros ahora los que intentamos mover al entusiasmo por el camino recorrido.

Si nos dicen que no, podemos dar clase en nuestra casa a los que quieran escucharnos.

Si nadie quiere escuchar nuestras clases, entonces…… Nadie quiere escuchar nuestras clases.

Y si alguien quiere escucharnos, pues………….. Correrá el riesgo.

Y así, lentamente, habrá de vuelta lugares donde se estudia filosofía. Bien, mal, regular, Dios sabrá.

Dios sabrá: eso es lo importante.

Porque el problema se produce cuando alguien, que no es Dios,  dice “yo soy el que sé” y llama a la coacción del estado para que lo certifique.

Entonces me nombra Secretario de Humanidades de La Nación.

Y entonces organizo las carreras de filosofía. Y todo el que quiera enseñar filosofía deberá pasar por las carreras así organizadas, y nadie podrá estudiar o enseñar filosofía si no pasa por MI sistema que ahora se ha convertido en EL sistema aprobado por el estado y exigido a todos los que quieran estudiar filosofía.

Porque el otro sistema, claro, era caótico. Mucha gente se podía equivocar.

 

Ahora, claro, ya no.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.