Category Archives: Economía

Que todo cambie para que nada cambie

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado  el 3177/17 en: https://alejandrotagliavini.com/2017/07/17/que-todo-cambie-para-que-nada-cambie/

 

 

Objetivamente el rumbo de la economía, más allá de discursos y matices, es el mismo que, desde hace décadas, sigue Argentina. Veamos algunos tips.

Hasta hoy, “Cambiemos” tomó créditos por casi US$ 100.000 millones. Un nivel de endeudamiento similar al del gobierno anterior. Dicen en la Rosada que el 70% fue para cancelar compromisos preexistentes. Pero ¿por qué no ahorraron bajando el gasto? Y responden que hubiera significado “un ajuste brutal”: el mismo discurso que el gobierno anterior.

En cuanto al consumo, el oficialismo se defiende argumentando que cambiaron los hábitos, antes se hacía mucho “shopping” y ahora se toman créditos hipotecarios y autos premium. Pero este cambio se debe a créditos, también, apalancados desde el Estado.

En los últimos 15 años, creció casi 80% el empleo público y hoy suman 3,6 millones de personas, según el Ministerio de Trabajo. Si bien entre 2003 y 2015, el empleo del sector público nacional (excluye provincias y municipios) creció más de 60%, a un ritmo anual promedio del 4%, en 2016 creció 1% lo que no es poco dada la crisis.

Entretanto la población aumentó 17,5% en ese período, mostrando que el crecimiento estatal es superior tanto que hoy el costo del empleo público, según FIEL, es de $1.452.000 millones anuales, es decir, 58,5% de la recaudación tributaria neta de Nación y provincias.

Con todo esto, resulta que, según los analistas, el déficit 2017 terminaría siendo el tercero más elevado de la historia, después de Rodrigazo y del “pico” de Alfonsín. Y, la meta anual del presupuesto nacional de déficit primario (4,2%) será incumplida en al menos el 1% del PIB; y el déficit financiero (que incluye intereses por 2,7% del PIB) terminaría superando el 8% del PIB en 2017.

Aunque ya no hay dólar oficial, la política monetaria del BCRA está fijando un cambio artificialmente barato. El viernes la rentabilidad de las Letras del BCRA a más corto plazo, 33 días, cerró a 26,5%, superando el 26,25% actual de la tasa de Política Monetaria, fijada de forma quincenal por la autoridad.

Lo que pasa es que este martes vencen Lebac por casi $ 530.000 millones, equivalente a mas del 60% de la base monetaria. Recordemos que, en la anterior licitación de estos papeles, el 19 de junio, caducó una cifra que marcó el récord histórico de $547.042 millones, y el BCRA pudo renovar solo $ 424.000 millones.

Por esto, no puede bajar las tasas y el mes pasado para el más corto plazo fue de 25,5%, unos 100 puntos básicos menos de lo que se operó el viernes en la plaza secundaria. En otras palabras, está obligado a mantener las tasas altas con lo que logra que la gente se desprenda de dólares, abaratándolo, para invertir en estos papeles. Por lo que en el mercado se barajaba con mucha fuerza que el BCRA convalidará esta semana estas nuevas referencias que rondarán el 27% anual para incentivar a los ahorristas y poder incrementar las colocaciones de Lebac.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Argentina: obra pública y política fiscal

Por Gabriel Boragina Publicado  el 16/7/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/07/argentina-obra-publica-y-politica-fiscal.html

 

En declaraciones recientes, el presidente Macri ha expresado que “los impuestos nos están matando”.

Sin duda que la afirmación es acertada. Lo que es llamativo que sea un presidente desarrollista el que la formule. Repasemos la definición de desarrollismo según el diccionario de economía:

“desarrollismo. Término poco preciso que estuvo en boga en los años sesenta y que se refería a la ideología que postula como meta de la sociedad y de la acción estatal la obtención de un acelerado crecimiento económico. El desarrollismo latinoamericano hacía énfasis en la transformación de las economías atrasadas de la región, concentrando los esfuerzos en la creación de una base industrial y la superación de la condición de países exportadores de materias primas. En la mayoría de los casos este desarrollismo asumió como modelo de crecimiento la llamada sustitución de importaciones, la que se intentó lograr mediante un elevado nivel de proteccionismo. (V. DESARROLLO; PROTECCIONISMO; SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES).”[1]

Si ninguna vacilación –al menos para mí- se trata esta de la política económica encarada por el gobierno de Cambiemos que, sin ser demasiado explicito en cuanto a precisiones ideológicas, se encamina en la dirección dada por la definición. Su distinción con el liberalismo –como ya lo indicáramos en ocasiones anteriores- consiste en que ese “acelerado crecimiento económico” se persigue a través de la acción estatal, en tanto que en el liberalismo el mismo objetivo se busca a través de la iniciativa y empresa privada.

También en forma coincidente con la definición que adoptamos, Cambiemos esta “concentrando los esfuerzos en la creación de una base industrial”. En este sentido, destaca la promoción de la industria de infraestructura emprendida. Veamos seguidamente que se entiende por tal en economía:

infraestructura. Término poco riguroso teóricamente que engloba los servicios considerados como esenciales para el desarrollo de una economía moderna: transportes, energía, comunicaciones, obras públicas, etc. La infraestructura de un país está constituida por todo el capital fijo, o capital público fijo, que permite el amplio intercambio de bienes y servicios así como la movilidad de los factores de producción. Se considera que la creación de infraestructura es básica en el proceso de desarrollo económico, pues en ausencia de ésta se limitan seriamente los incrementos en la productividad y no es posible, tampoco, atraer capitales. Muchos bienes de capital que integran la infraestructura son bienes públicos más o menos puros, como las carreteras, puentes y otras obras, en tanto que muchos otros son claramente privados. Ello ha llevado a una discusión con respecto al papel del Estado en la creación y desarrollo de una infraestructura adecuada: se entiende que éste puede hacerse cargo de construirla cuando no hay suficientes capitales privados para emprender determinados proyectos, y que puede proveer aquellos servicios y bienes que son públicos. Pero, en general, la experiencia histórica indica que, para el resto de los casos, resulta más eficiente la presencia de empresas privadas que compitan entre sí cuando ello es posible.”[2]

A nuestro juicio, no cabe incertidumbre en cuanto a que este es el espíritu que anima al gobierno de Cambiemos. Lo que resulta difícil conciliar, es la expresión del presidente Macri, señalada al principio, con el financiamiento de toda esa obra de infraestructura que se está realizando. Y ello, porque va de suyo que el gobierno solamente podrá costear estos emprendimientos mediante impuestos, esos mismos impuestos que el mismo gobierno estima elevados y asfixiantes. Si el Ejecutivo fuera sincero en su deseo de bajar la carga fiscal ¿cómo se sufragarán todos los proyectos de obra pública y habitacional que se están realizando más los que se han prometido para el futuro inmediato? Esto no aparece claramente explicado.

Por la teoría económica básica sabemos que los gobiernos carecen de recursos propios. Todos los fondos de los que disponen provienen indefectiblemente del sector privado, y en última instancia del contribuyente. De allí, es lógico derivar que, si los impuestos se reducen esto implicará infaliblemente menores recursos para destinar a la obra pública ya iniciada y la venidera. Cabria entonces pensar que el plan del gobierno podría consistir en una reducción de impuestos acompañada por un incremento de la deuda púbica, que reemplazaría en una proporción similar aquella reducción, y permitiría continuar con el plan de obras de infraestructura.

Si este fuera el propósito, surgirían a primera vista dos escollos inmediatos, uno de tipo político y otro económico.

Desde el punto de vista político, una reforma impositiva como la propuesta o sugerida por el poder ejecutivo, sólo podría ser legalmente materializada por el Congreso. Esto, porque así lo dispone la Constitución de la Nación Argentina (a tal respecto, véanse los incisos 1º y 2º del art. 75 de la Carta Magna, Capítulo IV, titulado “Atribuciones del Congreso”). En lo inmediato, parece bastante remota esta posibilidad, al menos durante el curso del presente año, dado que el oficialismo necesita de mayoría parlamentaria –que no tiene- como para aspirar a conseguir la aprobación de una reforma impositiva, que el mismo gobierno admite como necesaria y prioritaria. En el ínterin ¿qué podría hacer el Ejecutivo? Podría contraer deuda, pero aquí brota la segunda dificultad:

Desde lo económico, el obstáculo surge en cuanto se repara que todo incremento de deuda estatal significará que se están trasladando hacia el futuro los efectos financieros de la misma. Llegado el vencimiento del empréstito -o de los empréstitos que se contraen- habrá que cancelar el principal con más sus intereses, y para ello no habrá más remedio que subir impuestos, con lo cual cualquier rebaja que se haga hoy será transitoria, e implicará una nueva escalada en lo futuro.

Finalmente, el gobierno podría cubrir su proyecto desarrollista mediante inflación, mecanismo que siempre termina tentando a todos los poderes constituidos. No obstante, también figura entre las metas del oficialismo reducirla. En suma, es bastante difícil de explicar –hoy por hoy- cómo piensa Cambiemos llevar adelante su proyecto desarrollista.

[1] Carlos SABINO; Diccionario de Economía y Finanzas. Contiene léxico inglés-español y traducción de los términos al inglés. Consultores: Emeterio Gómez; Fernando Salas Falcón; Ramón V. Melinkoff. CEDICE. Editorial Panapo. Caracas. Venezuela. Voz respectiva.

[2] Carlos Sabino, Diccionario de Economía y Finanzas, Ed. Panapo, Caracas. Venezuela, 1991. Voz pertinente.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Flexibilización Laboral y Desempleo de Largo Plazo

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 14/7/17 en: https://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2017/07/14/flexibilizacion-laboral-y-desempleo-de-largo-plazo/

 

Mientras revisaba material del curso de principio de economía, encontré un gráfico que muestra la relación entre rigidez laboral y desempleo de largo plazo. Dados los conflictos en una de las centrales de PepsiCO y la reciente discusión sobre los costos laborales (el “negocio del litigio laboral”) me pareció oportuno twittear el gráfico sugiriendo que Argentina debía tener una mayor flexibilización laboral. Difícilmente un enunciado controversial en economía. El motivo es que una barrera a la salida (aumentar costos de despido) es también un costo de entrada (nuevas contrataciones). Nadie entra a donde no le dejan salir…

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A mayor flexibilidad laboral, menor desempleo de largo plazo.

Argentina necesita mayor flexibilización laboral, no más regulaciones.

Algunos comentarios sobre el gráfico, que lo tomé del manual de principios de macroeconomía de Tyler Cowen y Alex Tabarrok.

En primer lugar, el gráfico muestra que a menor flexibilidad en el mercado laboral mayor el desempleo de largo plazo. El gráfico no muestra la relación con el desempleo. Un motivo es que la tasa de desempleo es independiente de la regulación laboral, pero el ingreso real no lo es (el ingreso per cápita es mayor en economías más libres.) Otro motivo es que las estadísticas pueden esconder desempleados en trabajo improductivo (por ejemplo empleo público que no agrega valor económico.)

El desempleo de largo plazo es la proporción de desempleados que se encuentran sin empleo por lo menos 12 meses (o un plazo definido) sobre el total de desempleados, no sobre el total de la fuerza laboral. Según el gráfico, por ejemplo, el 40% de los desempleados en Francia lo han estado por lo menos por 12 meses. El desempleo de largo plazo es un indicador de la estructura del desempleo. A mayor tiempo en en situación de desempleado, más difícil es re-insertarse en el mercado laboral.

En segundo lugar, no todos los países proveen información de desempleo de largo plazo, de allí que la muestra sea “limitada.” De hecho, agregar más países puede ser problemático si sus estadísticas no son confiables y agregan más ruido que información. El gráfico no está buscando sesgar los resultados.

En tercer lugar, vi varias objeciones del estilo “correlación no es causalidad.” Por supuesto, es una de las primeras lecciones en cualquier curso de estadística. Pero eso no quiere decir que correlación es no causalidad. El gráfico en sí no es el motivo por el cual se habla de correlación, simplemente muestra la relación entre dos variables. De dónde viene la causalidad? De principios básicos de economía (por ejemplo, que un costo de salida es en sí un costo de entrada.) La causalidad vienen informada por la economía, no por la estadística. Como decía al principio, esto es material de un curso introductorio de economía, no te una tesis doctoral sobre economía laboral.

Si en lugar de ver un gráfico de flexibilización laboral con desempleo de largo plazo vemos un gráfico de correlación entre altura de una persona y su peso diríamos que no hay causalidad dado que “correlación no es causalidad”?

Por último, los problemas de empleo en Argentina y la crisis del 2001 no se debieron en sí a la “flexibilización laboral de los 90”, sino a salir de una economía crónicamente cerrada e improductiva y a un déficit fiscal insostenible. La correlación es un análisis básico, no controla otras variables que también tengan efectos. Para hacer este análisis es necesario un análisis econométrico y no meramente visual de dos variables.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE). Fué profesor de Finanzas Públicas en UCA y es Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

Las propuestas de Cristina nos llevarán a la ruina

Por Iván Carrino. Publicado el 13/7/17 en: http://contraeconomia.com/2017/07/13/las-propuestas-de-cristina-nos-llevaran-a-la-ruina/

 

A través de Unidad Ciudadana, la ex presidente presenta sus propuestas para el país. Son las mismas recetas fracasadas del pasado.

Argentina se metió de lleno en la campaña electoral para las PASO. Si bien la fecha oficial de inicio es el viernes 14, lo cierto es que los candidatos están desfilando hace rato por los medios de comunicación más importantes.

Las PASO, que no serán unas “Primarias” propiamente dichas, funcionarán como antesala para la elección legislativa de octubre. Así que es oportuno comenzar a analizar qué propuestas económicas tiene cada uno de los candidatos.

Para ello, qué mejor que empezar con lo que Unidad Ciudadana (el partido por el que se presentan Cristina Fernández de Kirchner y la economista Fernanda Vallejos) tiene para ofrecer.

Así no se puede seguir

El eslogan principal de la campaña de la ex presidenta es que “así no se puede seguir”. Esto lleva a la necesidad de “ponerle un freno a las políticas de ajuste que se están llevando adelante en nuestro país”.

A los ojos del kirchnerismo más radical, la economía se desploma, el aumento de los precios está “descontrolado”, el salario se derrite y la industria nacional se va fundir en cualquier momento. Por ello sugieren que estamos en una situación de urgencia y emergencia.

Tal vez esto sea lo primero que llame la atención del equipo de Unidad Ciudadana. Cristina Fernández fue presidenta por 8 años, en 4 de los cuales la economía se mantuvo estancada pero los precios se multiplicaron por tres.

O sea, cuatro años de estancamiento con inflación, ¿pero la urgencia llega recién en 2017? Curioso como mínimo.

Inflación: pasaje a Caracas

Yendo a las propuestas concretas de la plataforma cristinista, lo primero que aparece es su remedio para curar el aumento descontrolado de precios.

Para Unidad Ciudadana, la inflación “pulverizó el poder de compra del salario, de las jubilaciones, de los ingresos de los profesionales y de las clases medias”. Siendo esto así: ¿por qué Cristina, cuando fue presidenta, multiplicó el déficit fiscal y la emisión monetaria? ¿No sabía que éste era el final inevitable de dichas políticas?

Lo sabe, pero elige otra estrategia. Para frenar la inflación, pide “volver a aplicar seriamente programas como Precios Cuidados, Ahora 12 y profundizar la intervención del Estado a través de acciones que regulen la formación de precios”.

En resumidas cuentas, lo que propone Unidad Ciudadana es aplicar todavía más controles de precios. Es decir, una receta que viene fracasando hace 4.000 años y que volvió a hacerlo durante la “década K”.

Desde la presidencia de Néstor Kirchner que se controlan precios. Sin embargo, la inflación se multiplicó por 8 (de 3,7% en 2003 a 27,8% en 2015).

Los controles de precios no bajan la inflación pero destruyen los incentivos a producir. Unidad Ciudadana, desde el congreso, buscará emular el modelo venezolano. Una pésima idea.

Remedios que enferman

El diagnóstico que hace el partido de Cristina Fernández es aterrador. La economía colapsa y “medio millón de personas han perdido su trabajo”. Es por eso que no hay mejor solución que “declarar la emergencia laboral, prohibir los despidos por un año e impulsar un aumento de emergencia del salario mínimo vital y móvil”.

Esta propuesta no solo mágicamente frenaría los despidos y aumentaría el ingreso, sino que, además, redundaría en el “fortalecimiento de la demanda, el mercado interno y la reactivación de la economía”.

Obviamente, todos estos supuestos son falsos.

En primer lugar, si se presentara un proyecto de ley que prohibiera los despidos y éste tuviera altas probabilidades de resultar votado, entonces automáticamente los empresarios que estuvieran analizando tomar dicha decisión, acelerarían el paso.

Sería conveniente para ellos despedir “ahora” que pueden, que intentar hacerlo cuando sea ilegal. Finalmente, la propuesta terminaría aumentando el desempleo en lugar de reducirlo. Un remedio peor que la enfermedad.

Otro desatino es la propuesta de subir el salario mínimo vital y móvil. Si los bajos ingresos se resolvieran con la ley del salario mínimo, bastaría escribir que éste debe ser de USD 10.000 al mes y listo. No obstante, con dicha ley no solo no se “fortalecería la demanda”, sino que el sector productivo colapsaría y el desempleo y la informalidad se dispararían.

Por último, el “estímulo a la demanda” Cristina Fernández ya lo probó cuando fue presidente. Durante su segundo mandato, el déficit fiscal se multiplicó por 7 en términos nominales y por 2 en términos del PBI. Es decir, se llevó adelante un mega-estímulo keynesiano a la demanda. Sin embargo, la economía no solo no creció, sino que en términos per cápita, cayó 3 puntos porcentuales.

Más gasto y déficit no estimularán la economía, sino todo lo contrario.

Cazadores de zoológico

Una de las últimas propuestas económicas del espacio kirchnerista es la de volver a “proteger la industria nacional”. Como si esta no siguiera protegida con aranceles, licencias no automáticas y acuerdos comerciales casi inexistentes, el cristinismo plantea que debe haber una “administración efectiva del comercio exterior”.

Es decir, seguir y profundizar un proteccionismo que defiende a algunos empresarios pero a costa de las grandes masas consumidoras.

¿Cómo concilia Unidad Ciudadana su “defensa de los trabajadores” con el proteccionismo, que obliga a esos mismos trabajadores a pagar entre 2 y 5 veces más por electrónica y textiles?

No hay respuesta posible.

El programa económico de Unidad Ciudadana no se diferencia casi nada de los lineamientos generales que gobernaron al país durante los años previos a diciembre de 2015. Es por eso que no pueden ofrecer nada nuevo. Es que los problemas a los que la economía se enfrenta hoy, como la inflación, el estancamiento económico y el alto déficit fiscal fueron todos creados por el kirchnerismo.

Profundizar el modelo “K” es agravar todos los problemas que ellos generaron. Por lejos, se trata de una de las peores alternativas de estas elecciones legislativas.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

Ideales contrapuestos

Por Alberto Benegas Lynch (h).

 

Es de interés reflexionar sobre el contraste que en general se observa entre la perseverancia y el entusiasmo que suscita el ideal autoritario y totalitario correspondiente a las variantes comunistas-socialistas-nacionalistas que aunque no se reconocen  como autoritarios y totalitarios producen llamaradas interiores que empujan a trabajar cotidianamente en pos de esos objetivos (al pasar recordemos la definición de George Bernard Shaw en cuanto a que “los comunistas son socialistas con el coraje de sus convicciones”).

Friedrich Hayek y tantos otros intelectuales liberales enfatizan el ejemplo de constancia y eficacia en las faenas permanentes de los antedichos socialismos, mientras que los liberales habitualmente toman  sus tareas, no digamos con desgano, pero ni remotamente con el empuje, la preocupación y ocupación de su contraparte.

Es del caso preguntarnos porqué sucede esto y se nos ocurre que la respuesta debe verse en que no es lo mismo apuntar a cambiar la naturaleza humana (fabricar “el hombre nuevo”) y modificar el mundo, que simplemente dirigirse al apuntalamiento de un sistema en el que a través del respeto a los derechos de propiedad, es decir, al propio cuerpo, a la libre expresión del pensamiento y al uso y disposición de lo adquirido de manera lícita. Esto último puede aparecer como algo frívolo si se lo compara con el emprendimiento que creen majestuoso de cambiar y reinventar todo. Se ha dicho que  la quimera de ajustarse a los cuadros de resultado en la contabilidad para dar rienda suelta a los ascensos y descensos en la pirámide patrimonial según se sepa atender o no las necesidades del prójimo, se traduce un una cosa muy menor frente a la batalla gigantesca que emprenden los socialismos.

Este esquema no solo atrae a la gente joven en ámbitos universitarios, sino a políticos a quienes se les permite desplegar su imaginación para una ingeniería social mayúscula, sino también a no pocos predicadores y sacerdotes que se suman a los esfuerzos de modificar la naturaleza de los asuntos terrenos.

Ahora bien, esta presentación adolece de aspectos que son cruciales en defensa de la sociedad abierta. Se trata ante todo de un asunto moral: el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros que permite desplegar el máximo de la energía creadora al implementar marcos institucionales que protejan los derechos de todos que son anteriores y superiores a la existencia del monopolio de la fuerza que denominamos gobierno. El que cada uno siga su camino sin lesionar iguales derechos de terceros, abre incentivos colosales para usar y disponer del mejor modo posible lo propio para lo cual inexorablemente debe atenderse las necesidades del prójimo. En otros términos, el sistema de la libertad no solo incentiva a hacer el bien sino que permite que cada uno siga su camino en un contexto de responsabilidad individual y, en el campo crematístico, la asignación de los siempre escasos recursos maximiza las tasas de capitalización que es el único factor que permite elevar salarios e ingresos en términos reales.

Hay quienes desprecian lo crematístico (“el dinero es el estiércol del diablo” y similares) y alaban la pobreza material al tiempo que la condenan con lo que resulta difícil adentrarse en lo que verdaderamente se quiere lograr. Si en realidad se alaba la pobreza material como un virtud, habría que condenar con vehemencia la caridad puesto que mejora la condición  material de receptor.

Algunos dicen aceptar el  sistema de la libertad pero sostienen que los aparatos estatales deben “redistribuir ingresos” con lo que están de hecho contradiciendo su premisa de la libertad y la dignidad del ser humano puesto que operan en una dirección opuesta de lo que las personas decidieron sus preferencias con sus compras y abstenciones de comprar para reasignar recursos en direcciones que la burocracia política considera mejor. En la visión redistribucionista se trata a la riqueza como si estuviera ubicada en el contexto de la suma cero (lo que tiene uno es porque otro no lo tiene), es decir, una visión estática como si el valor de la riqueza no fuera cambiante y dinámica. Según Lavoisier todo se transforma, nada se consume pero de lo que se trata no es de la expansión de la materia sino de su valor (el teléfono antiguo tenía mayor cantidad de materia que el moderno pero el valor de éste resulta mucho mayor).

Lo primero para evaluar la moralidad de un sistema es resaltar que no puede existir siquiera idea de moral si no hay libertad de acción puesto que, por un lado, a punta de pistola no hay posibilidad de considerar un acto moral y, por otro, la compulsión para hacer o no hacer lo que no lesiona derechos de terceros es siempre inmoral. En la sociedad abierta  o liberal solo cabe el uso de la fuerza de carácter defensivo, nunca ofensivo. Sin embargo en los estatismos, por definición, se torna imperioso el uso de la violencia a los efectos de torcer aquello que la gente deseaba hacer, de lo contrario  no sería estatismo.

En el contexto de la sociedad abierta, como consecuencia de resguardar los derechos de propiedad se estimula la cooperación social, esto es, los intercambios libres y voluntarios entre sus participantes lo cual necesariamente mejora la situación de las partes en un contexto de división del trabajo ya que en libertad se maximiza la posibilidad de detectar talentos y las vocaciones diversas (todo lo contrario de la guillotina horizontal que sugieren los socialismos igualitaristas). Y en este estado de cosas se incentiva también la competencia, esto es, la innovación y la emulación para brindar el mejor servicio y la mejor calidad y precio a los consumidores.

Como hemos apuntado en otras ocasiones, la libertad es indivisible, no es susceptible de cortarse en tajos, es un todo para ser efectiva en cuanto a los derechos de la gente. Los marcos institucionales que aseguran el antedicho respeto resultan indispensables para proteger el uso y la disposición diaria de lo que pertenece a cada cual. Los marcos institucionales constituyen el continente y las acciones cotidianas son el contenido, carece de sentido proclamarse liberal en el continente y no en el contenido puesto que lo uno es para lo otro. Entonces, ser “liberal de izquierda” constituye una flagrante contradicción en los términos, lo cual para nada significa que la posición contraria sea “de derechas” ya que esta posición remite al fascismo y al conservadurismo, la posición contraria es el liberalismo (y no el “neoliberalismo” que es una etiqueta con la que ningún intelectual serio se identifica puesto que es un invento inexistente).

Incluso para ser riguroso la expresión “ideal” que hemos colocado de modo un tanto benévolo en el título de esta nota, estrictamente no le cabe a los estatismos puesto que esa palabra alude a la excelencia, a lo mejor, a lo más elevado en la escala de valores, por lo que la compulsión y la agresión a los derechos no puede considerarse “un ideal” sino más bien un contraideal. Es un insulto torpe a la inteligencia cuando se califica a terroristas que achuran a sus semejantes a mansalva como “jóvenes idealistas”.

Lo dicho sobre la empresa arrogante, soberbia y contraproducente de intentar la modificación de la naturaleza  humana, frente a los esfuerzos por el respeto recíproco no justifican en modo alguno la desidia de muchos que se dicen partidarios de la sociedad libre pero se abstienen de contribuir día a día en la faena para que se comprenda la necesidad de estudiar y difundir los valores de la sociedad abierta e incluso las muestras de complejos inaceptables que conducen al abandono de esa defensa renunciando a principios básicos del mencionado respeto que permite que cada uno al proteger sus intereses legítimos mejora la condición del prójimo.

La sociedad abierta hace posible que las personas dejen de preocuparse solamente por cubrir sus necesidades puramente animales y puedan satisfacer sus deseos de recreación, artísticos y en general culturales. De más está decir que esto no  excluye posibles votos de pobreza, lo que enfatizamos es que la libertad otorga la oportunidad de contar con medicinas, comunicaciones, transportes, educación e innumerables bienes y servicios que no pueden lograrse en el contexto de la miseria a que conducen los sistemas envueltos en aparatos estatales opresivos.

Lo dicho en absoluto significa que deban acallarse las posiciones estatistas por más extremas que parezcan. Todas las ideas desde todos los rincones deben ser sometidas al debate abierto sin ninguna restricción al efecto de despejar dudas en un proceso de prueba y error que no tiene término. En eso estamos. Lo peor son las ideologías, no en el sentido inocente del diccionario, ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino como algo terminado, cerrado e inexpugnable que es lo contrario al conocimiento que es siempre provisional y abierto a posibles refutaciones. De lo que se trata es de pisar firme en los islotes de lo que al momento estimamos son verdades, en medio del mar de ignorancia que nos envuelve. Y esto no suscribe en nada la contradictoria postura del relativismo epistemológico que además de ser relativa esa misma posición, abriría la posibilidad de que una cosa al tiempo pueda ser y no ser lo que es y derribaría toda posibilidad de investigación científica puesto que no habría nada objetivo que investigar.

El concepto mismo de Justicia es inseparable de la libertad y de la propiedad. Según la definición clásica se trata de “dar a cada uno lo suyo” y lo suyo remite a la propiedad. El aludir a la denominada “justicia social” se traduce en una grosera redundancia puesto que la justicia no es mineral, vegetal o animal o, de lo contrario, apunta a sacarles por la fuerza sus pertenencias para entregarlas a quienes no les pertenece, lo cual constituye una flagrante injusticia.

Los socialismos proclaman que sus defendidos son los trabajadores (y los limitan a los manuales) pero precisamente son los más perjudicados con sus sistemas ya que el desperdicio de capital por políticas desacertadas recae principalmente sobre sus bolsillos. El liberalismo en cambio, cuida especialmente a los más débiles económicamente al atribuir prioritaria importancia que a cada trabajador debe respetársele el fruto de su trabajo sin descuentos o retenciones de ninguna naturaleza y en un ámbito donde se maximizan las tasas de capitalización y, consecuentemente, los salarios. El nivel de vida no se incrementa por medio del decreto sino a través del ahorro y la inversión, lo cual solo puede florecer en un clima de respeto recíproco y no someterse a megalómanos que imponen sus caprichos sobre las vidas y haciendas ajenas.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Planes sociales e industria del juicio laboral

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 3/7/17 en: http://economiaparatodos.net/planes-sociales-e-industria-del-juicio-laboral/

 

La legislación laboral argentina está hecha para que las empresas tengan pánico de contratar personal

El presidente Macri insiste, a mi juicio correctamente, en luchar contra la industria del juicio laboral. Es cierto lo que dice Macri cuando afirma que un juicio laboral puede llevar a la quiebra a un pequeño empresario. Es que no tiene las espaldas económicas y financieras para aguantar un juicio laboral que, aunque tenga razón, seguro la justicia le va a fallar en contra porque el empleado siempre tiene razón para el fuero laboral. La legislación laboral argentina está hecha para que las empresas tengan pánico de contratar personal.

De acuerdo a un interesante trabajo del Ministerio de Producción, en Argentina hay 605.000 empresas privadas de las cuales el 99% son PYMES, considerando PYMES aquellas empresas que emplean hasta 200 empleados. Ese 99%, que son 602.079 empresas emplean al 64% del empleo formal en Argentina. Las grandes empresas, que representan el 0,6% del total, emplean el 36% del personal formal.

De lo anterior no se desprende que tiene que haber una legislación laboral para las pequeñas empresas y otra para las grandes empresas. En primer lugar porque se rompería el principio de igualdad ante la ley y en segundo lugar porque lo que debe buscar la legislación laboral es crear las condiciones para que las empresas, PYMES y grandes empresas, estén estimuladas a contratar personal. Para eso hace falta que el costo de salida, si el proyecto de inversión no funciona, no sea tan elevado que las empresas tengan pánico de contratar personal. Hoy la legislación laboral es como el cepo cambiario. Nadie quiere contratar gente porque después no puede salir si las ventas se caen, y si sale se funde pagando indemnizaciones. Esta legislación laboral desprotege al trabajador porque desestimula la demanda de trabajo. En nombre de la justicia social millones de personas están condenadas a no tener trabajo o a tener trabajo en negro.

Si a los costos de salida en caso que no funcione la empresa se le suman los impuestos al trabajo, la mano de obra es artificialmente cara en Argentina y hay pocos estímulos para contratar personal.

Pero hay un tercer elemento que influye para disminuir la oferta de trabajo. Hay personas que cobran varios planes sociales y, por lo tanto, no tienen estímulo para trabajar y mucho menos para trabajar en blanco. Cada vez que viajo a dar una charla al interior del país, también ocurre en Buenos Aires y en CABA, pregunto si se consigue mano de obra para trabajar en los campos. La respuesta sistemática es: sí, pero en negro. Nadie quiere trabajar en blanco porque pierde el plan social y como hay personas que cobran más de un plan social, que encima no tienen vencimiento en el tiempo, prefieren hacer algunas changas en negro a tener un trabajo formal.

Sin duda que Argentina necesita un verdadero tsunami de inversiones para poder absorber los 250.000 jóvenes que se incorporan al mercado laboral por año y además absorber los empleados públicos que sobran en el estado y los que viven de un plan social. Eso requiere de un plan económico completo (reforma tributaria, del estado, eliminar regulaciones absurdas, etc.) que incluye una reforma laboral.

De todas maneras, el primer paso para bajar el gasto público y reestablecer la cultura del trabajo consistiría en ponerle un límite a los llamados subsidios sociales. Primero hay que reempadronar a todos los beneficiarios. Segundo hay que establecer un solo plan social al desempleo y nada más, con un límite de tiempo. En el mientras tanto, para aquellas personas que no tienen habilidades laborales, el gobierno puede reestablecer las viejas escuelas de artes y oficios. Hay infinidad de oficios que tienen salida laboral: gasista, plomeros, carpinteros, electricistas, pintores, repostería, cocina y tantos oficios que se han perdido. Y atención que hay trabajo para esos oficios. Cualquier persona habrá tenido que suplicar para que vaya a su casa un plomero o un electricista para hacer un trabajo de reparación. La idea es que el contribuyente, vía el estado, financie estos cursos de oficios que pueden dictare en escuelas municipales, templos religiosos que pueden ser católicos, evangelistas, etc. El contribuyente paga el costo de los profesores y los materiales para aprender, los municipios e iglesias proporcionan el lugar físico y quien recibe un plan social está obligado a realizar alguno de estos cursos. Si quiere ser ingeniero nuclear que se consiga un trabajo y vaya a la universidad de Buenos Aires. El contribuyente ayuda a financiar solo una salida laboral. Una vez matriculado, quien recibe un plan social sale a buscar clientes como los buscamos cada uno de nosotros todos los días. No se le pide nada extraordinario. Solo que haga lo que hacemos el común de los mortales. Mientras va construyendo su clientela, el estado sigue pagando el subsidio por desempleo pero con una reducción en el monto a medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, un 20% menos cada 2 meses hasta que se extingue el subsidio.

Se sabe que los llamados planes sociales se han convertido en gran medida en el financiamiento de fuerzas de choque de grupos kirchneristas y de izquierda que cortan las calles todo el tiempo perjudicando a las personas que van a trabajar y son los que, encima, pagan los subsidios que reciben los piqueteros. Por eso, otra de las medidas debería ser: piquetero que corta una calle, piquetero que pierde el subsidio. Y, finalmente, cada persona que recibe un plan social, hasta que se termine, va a recibir directamente el dinero en una cuenta personal en una caja de ahorro. No hay puntero que decida sobre el subsidio de esa persona. Lo recibe directamente del estado por el aporte del contribuyente. Quiero ver cuántos piqueteros van a conseguir para cortar calles si la policía detiene a uno y el estado le quita el plan social.

En síntesis, el tema laboral es mucho más complejo que solo los juicios laborales, que por cierto son muy importantes a la hora de desestimular la contratación de personal. Pero hay todo un mundo de subsidios sin límite de tiempo que hace que los beneficiarios no tengan estímulos para ir a trabajar.

La combinación ideal es un plan económico consistente para atraer inversiones y crear puestos de trabajo con un plan que vaya desactivando estos nefastos planes sociales que se han transformado en una fuente de clientelismo político y cultura de la dádiva.

 

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Gobierno, gasto, pobreza y educación

Por Gabriel Boragina Publicado  el 9/7/17 en: http://www.accionhumana.com/#!/2017/07/gobierno-gasto-pobreza-y-educacion.html

 

¿Cuáles serán los parámetros que deberíamos tener en cuenta para poder calificar a un gobierno de “exitoso” o de “efectivo”?. Ha habido –por supuesto- muchos autores que han intentado contestar esta pregunta:

“En primer lugar, los gobiernos efectivos buscan lograr un consenso entre la población acerca de los objetivos que se persiguen, así como crear un entorno de certidumbre que logre credibilidad en el gobierno y sus programas de desarrollo. En segundo lugar, los gobiernos exitosos han logrado un equilibrio entre la centralización de ingresos y la descentralización del gasto público.”1

Claro que, la opinión anterior admite varias interpretaciones. El juicio del “consenso” resulta aplicable tanto a gobiernos que aspiran a un programa de dirigismo económico como a aquellos que prefieren orientarse hacia el libre mercado. En rigor, todo gobierno, ya sea que coquetee con el totalitarismo o con el liberalismo, siempre trata de lograr “consensos” entre la población y aquellas políticas que anhela emprender. La primer parte de la cita –en tal sentido- es perfectamente adaptable a dirigistas como a librecambistas. Ambos reclamarán para sí el apelativo de “efectivos”. Si un jefe de estado consigue convencer a sus gobernados que su proyecto –sea ya totalitario o liberal- es el mejor y el más conveniente al país en cuestión, podrá decirse -desde el punto de vista de los poderes políticos y subalternos de esa nación- que el gobierno ha sido “efectivo”. Todo dependerá de la perspectiva predominante en ese país.

Lo que el autor señala como “En segundo lugar”, es algo bastante diferente, en cuanto no es ajustable por igual –indistintamente- a políticos amigos o enemigos del libre mercado. Los gobiernos estatistas tenderán siempre a centralizar, tanto los ingresos como los egresos estatales. Y para este tipo de “estados” un gobierno será “exitoso” únicamente en el caso que tal objetivo sea vea cumplido, o se lo perciba así en un porcentaje bastante importante. Por su contrario, para un poder político que elija inclinarse hacia estrategias de libre mercado, la clave del éxito será una descentralización, tanto de entradas como de salidas.

“El problema de la pobreza y falta de equidad es multidimensional, por lo que va a requerir soluciones privadas y públicas, mecanismos de protección a los perdedores (por ejemplo, a los desempleados) más que a las empresas que entran en problemas, subsidios, gasto público e incentivos.”2

Este enfoque es típico de la socialdemocracia, también conocida con el nombre de progresismo. Tal corriente de pensamiento -amiga de un lenguaje alambicado y ampuloso, con frecuencia carente de un significado preciso- se presenta como enemiga de los procesos de mercado, y tiende a contemplar el problema de la pobreza como causado -ya sea de manera directa o indirecta- por parte de estos procesos. Cuando, en realidad, son los mecanismos de libre mercado los únicos que posibilitarán la solución al problema de la pobreza y la falta de equidad. No se trata, pues, de una problemática “multidimensional”, y menos aun cuando no se describen ni detallan los elementos componentes de esa supuesta “multidimensión”. La pobreza se muestra en todo lugar donde se impongan estructuras burocráticas y se cercenen los mecanismos de libre competencia. Allí adonde se combate el libre mercado es donde aparecen indefectiblemente los perdedores, ya que en contextos de mercados regulados todos, a larga, pierden, reguladores y regulados. Aun cuando los reguladores sean los únicos que -en la etapa inicial- comiencen cosechando los beneficios netos de sus regulaciones.

Lo que en términos claros y sencillos propone el párrafo citado es subsidiar a quienes -en forma arbitraria y completamente discrecional- el gobierno decide rotular con el nombre de “perdedores”, los que, después de la ayuda estatal, resultarán mas perdedores que antes de la llegada de la misma. Cabe hacer notar que, el fenómeno del desempleo es generado -en casi su totalidad- por causa de las regulaciones estatales que interfieren con la armónica dinámica del libre mercado laboral.

“En Chile, la alteración de los patrones de gasto en la educación y, sobre todo, su sujeción a criterios de mérito académico, medidos a través de un examen anual a nivel nacional, llevó a un cambio radical en el desempeño de las escuelas y, con ello, de los grupos de interés que operan alrededor de éstas. En la medida en que el cambio en la estructura de gasto público para la educación generó nuevos ganadores “los maestros y las escuelas exitosas” los viejos intereses creados se vieron divididos y, con ello, incapacitados para impedir el avance de las reformas.”3

Entendemos que este párrafo alude a la educación estatal (mal llamada “pública”). En el mismo, se nos da cuenta de la experiencia chilena por la cual –según se dice- existió un cambio en la asignación del gasto público, el que aparentemente fue direccionado hacia “los maestros y las escuelas exitosas”, los que parecen haber sido optados a los efectos de la asignación de partidas presupuestarias por sobre los que no fueron elegidos como tales.

El gasto en educación estatal es siempre distorsivo, pese a todos los argumentos pseudo-económicos y hasta extra-económicos con los cuales se lo pretende justificar. Implica -en términos claros- detraer recursos de los contribuyentes que hubieran escogido destinar a costear una educación desemejante, para que el gobierno los utilice en educar a su manera y con razones disímiles a sus hijos. En última instancia -y dado que el gobierno que dirige la educación a través del gasto público está compuesto por individuos- en los hechos no representa otra cosa que los burócratas son los que resuelven dónde, cuándo, en qué y con qué contenidos se deberán “educar” los hijos del contribuyente. La única medida válida de evaluación, en torno al mérito académico de determinados establecimientos educativos, es aquella que tiene en cuenta la estimación de los padres del alumno; y en el caso universitario, el de aquellos o –eventualmente- el de los propios estudiantes del instituto. La apreciación que haga el burócrata de turno en el asunto para nada cuenta.

1 Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC pág. 12
2 Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía ….ob. cit, pág. 21
3 Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía ….ob. cit, pág. 23

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

A 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

De las cuatro revoluciones que más han influido hasta el momento sobre los acontecimientos en el mundo, la inglesa de 1688 que destronó a Jaime II por Maria y Guillermo de Orange donde con el tiempo se recogieron en grado creciente las ideas de autores como Algernon Sidney y John Locke, la norteamericana de 1776 que marcó un punto todavía más profundo y un ejemplo para todas las sociedades abiertas en cuanto al respeto a las autonomías individuales, la Revolución Francesa de 1789 que consagró las libertades del hombre, especialmente referidas a la igualdad de derechos (art. 1), esto es, la igualdad ante la ley y la propiedad (art.2), aunque la contrarrevolución destrozó lo anterior y, por último la Revolución Rusa de 1917 que, desde la perspectiva de la demolición de la dignidad del ser humano, constituyó un golpe de proporciones mayúsculas que todavía perdura sin el aditamento de “comunismo” porque arrastra el recuerdo de cientos de millones de masacrados y otras tantas hambrunas.

 

A juzgar como está hoy la situación mundial con el notable avance del estatismo bajo la denominación de nacionalismo es la Revolución Rusa la que más influencia tiene en cuanto a los objetivos a seguir (recordemos entre otras la obra de Jean-François Revel La gran mascarada donde muestra al comunión de ideales entre el nacionalismo y el comunismo). En mayor o menor medida el estatismo, es decir, el aparato estatal metido en las vidas y haciendas de la gente que opera con cualquier etiqueta, necesariamente requiere de la fuerza para imponer su voluntad frente a las inclinaciones naturales de las personas a defender sus derechos al efecto de seguir sus caminos y proyectos. Por otro lado, tal como escribe el ex comunista Bernard-Henry Lévy en Barbarism with a Human Face “Aplíquese marxismo en cualquier país que se quiera y siempre se encontrará un Gulag al final”. Nótese el título de esta obra donde se subraya el rostro humano de la barbarie puesto que siempre se presenta para el bien de los gobernados, pero como subraya C. S. Lewis en God in the Dock “de todas las tiranías una ejercida para el bien de las víctimas suele ser la más opresiva. Puede ser mejor vivir bajo ladrones que hacerlo bajo la moral omnipotente de los otros. Los ladrones a veces descansan pero aquellos que nos tormentan para nuestro bien lo hacen sin descanso.” Y agregamos nosotros que además estos últimos llevan a cabo sus desmanes sin necesidad de usar antifaces porque lo hacen con el apoyo de la ley.

 

 

El eje central del comunismo es ponderado y alabado por numerosas personas a través de denominaciones varias como el socialismo, el populismo, el estatismo, el redistribucionismo y el ambientalismo, hasta el momento, esta última, la vertiente más moderna. En este caso es de interés destacar que, entre otras personalidades que he citado en su momento, el premio Nobel en física Ivan Guiaever, el fundador y ex CEO de Weather Channel, John Coleman, y el ex presidente de Greenpeace de Canadá, Patrick Moore, demuestran enfáticamente que el ambientalismo preponderante está rodeado de fraudes en las mediciones al efecto de recibir fondos gubernamentales para desarrollar tesis contrarias a las conclusiones científicas y así avanzar con los denominados “derechos difusos” y la “subjetividad plural” que desembocan en el contexto de “la tragedia de los comunes”: para salvar la propiedad del planeta se destruye la institución de la propiedad a través del esmerado apoyo de los aparatos estatales (otro ángulo para llegar a idéntica conclusión respecto a la mencionada institución).

 

El régimen zarista, implantado en 1547 por Iván IV (el terrible), con el tiempo se caracterizó por los atropellos de la policía política (Ojrana) con sus reiteradas requisas, prisiones y torturas, la censura, el antisemitismo, los siervos de la gleba en el contexto del uso y disposición de la tierra por los zares y sus acólitos sin ninguna representación de los gobernados en ninguna forma. Hasta que por presiones irresistibles y cuando ya era tarde debido a los constantes abusos, Nicolás II consintió la Duma (tres veces interrumpida) en medio de revueltas, cavilaciones varias y una influencia desmedida de Alejandra (“la alemana” al decir de la oposición en plena guerra) basada en consejos atrabiliarios de Rasputín. Finalmente, el zar abdicó primero y luego se constituyó un Gobierno Provisional que en última instancia comandaba Kerenski quien prometía “la instauración de la democracia” pero que finalmente se vio obligado a entregar el poder a los bolcheviques (cuando Hitler invadió la Unión Soviética en 1941, Kerenski, desde Nueva York, le ofreció ayuda a Stalin por correspondencia la cual no fue respondida, una señal de desprecio que merecen aquellos que pretenden actuar a dos puntas).

 

Imaginemos la situación de toda la población campesina en la Rusia de los zares, nada instruida que recibía de parte de las posiciones más radicalizadas del largo período desde 1905 que comenzaron las revueltas hasta 1917 en que estalló la revolución primero en febrero y luego en octubre cuando los soviets se alzaron con el poder bajo el mando de Lenin. Imaginemos a estas personas a quienes se les prometía entregarles todas las tierras de la nobleza frente a otros que proponían limitar el poder en un régimen de monarquía constitucional y parlamentaria. Sin duda para esa gente resultaba mucho más atractivo el primer camino y no el de “salvar a la monarquía del monarca”. Cuando hubo cesiones de algunas tierras se instauró el sistema comunal que algunos pocos dirigentes trataron sin éxito de sustituir por el de propiedad privada (en primer término debido a los denodados esfuerzos de Stolipin).

 

Es que la tierra en manos de la nobleza como una imposición hacía creer que la propiedad era una injusticia, esto se nota de modo destacado en el caso de Tolstoy que a pesar de sus extraordinarios escritos sobre lo detestable del poder político se consideraba comunista por las razones expresadas. Los escritos a que me refiero son principalmente las A Confession de Tolstoy, donde consigna que “La esencia del error de todas las doctrinas políticas, desde las más conservadores hasta las más avanzadas , que conducen a la más infortunadas situaciones para la gente, estriba en el hecho de que se consideraba y aun se considera que resulta posible, a través de la violencia, unificar a las personas para que todos se sometan sin resistencia a la misma estructura de vida y de la conducta que resulta de ello.” Y en su magnífico The Kingdom of God is Within You afirma que “Los hombres usualmente renuncian a lo que consideran sagrado y se someten a las demandas de los gobiernos porque no ven otro curso de acción […] La corrupción consiste en arrancar la riqueza de las personas industriosas y trabajadoras por medio de impuestos y distribuírlas para satisfacer la codicia de los funcionarios gubernamentales quienes como contrapartida mantienen la opresión sobre el pueblo.” Tolstoy tenía una idea muy desfigurada del concepto de propiedad privada ya que sus bienes originales antes de convertirse en una celebridad por sus novelas eran fruto de la entrega por parte de la nobleza.

 

Hubieron otros casos como el de Dostoievsky que se conjetura fue influído por dos estudiantes de la Universidad de Moscú becados accidentalmente por Isabel I en 1761 a Glasgow durante seis años para atender la cátedra de Adam Smith (los becarios fueron Seymon E. Desnitsky e Ivan A. Tretyakov). En este sentido es de interés reproducir un pasaje de Crimen y castigo: “Si a mi, por ejemplo, se me dice ´ama a tus semejantes´ y pongo este concepto en práctica ¿qué resultará? -se apresuró a decir Ludjin con demasiado calor- rasgaría mi capa y daría la mitad a mi prójimo y los dos nos quedaríamos medio desnudos […] todo el mundo está fundado en el interés personal. Añade la economía política que cuantas más fortunas privadas surjan en una sociedad, o en otros términos, cuantas más capas enteras hay, más sólida y felizmente está organizada la sociedad. Así pues, al trabajar únicamente para mi, trabajo también para todo el mundo; y resulta en última instancia que mi prójimo recibe más de la mitad de la capa y no solamente gracias a las liberalidades privadas e individuales, sino como consecuencia del progreso general”.

 

El enfoque moderno de la institución de la propiedad privada es radicalmente distinto al feudal y zarista, consiste en que dado que los bienes son escasos en relación a las necesidades, la asignación y reasignación de derechos de propiedad en manos privadas en un proceso competitivo y por completo ajeno a la politización despierta un potente mecanismo de incentivos que se traduce en que los que mejor administran sus patrimonios, es decir, los que mejor satisfacen las necesidades de los demás, son los que conservan o acrecientan sus riquezas y quienes yerran en los deseos del prójimo incurren en quebrantos. De modo tal que los que dan en la tecla respecto a las necesidades del prójimo son los que se benefician al tiempo que inexorablemente benefician a los demás lo cual, como queda dicho, es condición suficiente y necesaria para lograr ese objetivo.

 

Desde luego que esto no ocurre cuando comerciantes se alían con el poder político del momento para obtener mercados cautivos y otras prebendas en detrimento de la gente ya que se ven obligados a pagar precios más altos, recibir calidad inferior o las dos cosas al mismo tiempo.

 

En la medida en que los gobiernos intervienen en los millones de arreglos contractuales libres y voluntarios, a saber en el proceso de mercado, en esa medida, se afecta la propiedad y consecuentemente los precios que son los únicos indicadores para operar y, como resultado, se derrocha capital que es el único factor que eleva salarios e ingresos en términos reales, en otros términos, se ensancha el empobrecimiento.

 

En este contexto, al alterar el sistema de precios éstos van dejando de mostrar los caminos para invertir o desinvertir en los diversos campos y cada vez más los operadores se alejan de la realidad y no saben a ciencia cierta que materiales usar en sus producciones puesto que no pueden conocer cuales resultan más económicos y cuales desperdician capital. Es por eso que técnicamente no hay tal cosa como economía socialista puesto que no puede economizarse allí donde los precios están falseados. En el extremo, donde se abolió la propiedad (el objetivo de Marx y Engels) no hay contabilidad ni evaluación de proyectos. Por esto es que Ludwig von Mises escribe que todo el programa liberal puede resumirse en la propiedad privada (comenzando por el propio cuerpo, por la expresión del pensamiento y por el uso y disposición de los bienes propios siempre y cuando no se lesionen derechos de terceros).

 

Si bien desde Platón se ha recomendado la colectivización de la propiedad, como hemos apuntado, la Revolución Rusa marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad en cuanto a la ejecución de esa corriente de pensamiento que luego fue seguida por otros regímenes tiránicos y también por los que reniegan de los campos de exterminio y pretenden pasos menos extremos en la socialización pero al renegar parcialmente de la propiedad obtienen resultados parcialmente negativos. En todo caso Trotsky vaticinó que la idea de los comunistas era “volver el mundo del revés” y, por el momento, en gran medida, eso es lo que lograron a través de múltiples vertientes.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

El avance del populismo desafía ahora a algunos de los países de mejor calidad institucional: veremos si lo resisten

Por Martín Krause. Publicada el 5/7/17 en: http://bazar.ufm.edu/avance-del-populismo-desafia-ahora-los-paises-mejor-calidad-institucional-veremos-lo-resisten/#undefined.tijt.gbpl

 

El mundo está convulsionado, pero sus instituciones todavía no lo sufren. Se nota la tensión, están ante un desafío, deben mostrar que pueden cumplir su papel y sostener los elementos básicos que ha permitido el progreso de la sociedad como nunca antes se ha visto. Las ideas populistas avanzan y algún líder, como Donald Trump, incluso llega al gobierno. Otros esperan aprovechar una oportunidad en Europa. Curiosamente, en América Latina se han debilitado.

Es el momento, entonces, en que las instituciones republicanas son llamadas a mostrar que pueden poner freno a esos impulsos. En definitiva, el populismo es la antítesis de la institucionalidad, ya que el líder populista cree que una mayoría circunstancial le ha dado un mandato completo para reordenar la sociedad, sin límites a su voluntad.

Y si bien la amenaza está allí y el peligro es concreto, no hay país entre los de mayor calidad institucional que haya sufrido, hasta el momento, un fuerte deterioro. Entre los veinticinco primeros puestos del ICI, ninguno de ellos ha modificado su posición en más de dos puestos., salvo el excepcional caso de Lituania[1], que mejora siete posiciones. Es decir que, salvo esa, no ha habido caídas mayores a dos posiciones, tampoco avances superiores a eso.

Los cuatro países que han encabezado la calidad institucional en los últimos veinte años lo siguen haciendo, sólo que este año Nueva Zelanda desplaza a Suiza en el primer lugar. El país oceánico puede festejó en 2015 la obtención del Mundial de Rugby, su deporte nacional, y en 2016 (ya que a ese año se refieren el ICI 2017) el primer puesto mundial en calidad institucional. Junto a Suiza, Dinamarca y Finlandia, siguen dominando la tabla y se reparten regularmente el primer premio.

Suecia mejora dos posiciones, para alcanzar el 5° puesto, Canadá los pierde. Más atrás en la lista, Islandia recupera también dos posiciones, luego de su estrepitosa caída con la crisis de 2008; y Chile, ya en nuestra zona, pierde dos posiciones luego de varios años de estabilidad.

En síntesis: el populismo es una amenaza, pero las instituciones republicanas de los países de mejor calidad institucional todavía resisten. Se verá cuánto o, si, como en el caso de América Latina, las aventuras populistas terminan generando una reacción que, aunque lentamente, parece recuperar algo del terreno perdido. El fenómeno no deja de ser curioso, ya que América Latina siempre fue a la zaga de los primeros países y ahora que vuelve de una década populista es de esperar que no vuelva a copiar a quienes ahora la copian.

Las primeras posiciones del ICI 2017 son las siguientes:

Posición País ICI 2017 2016 2015 2014
1 Nueva Zelandia 0,9658 2 3 1
2 Suiza 0,9645 1 1 3
3 Dinamarca 0,9579 4 4 4
4 Finlandia 0,9451 3 2 2
5 Suecia 0,9384 6 6 5
6 Países Bajos 0,9364 8 9 8
7 Noruega 0,9361 7 5 9
8 Canadá 0,9336 5 7 7
9 Reino Unido 0,9257 9 10 10
10 Irlanda 0,9153 12 12 12
11 Australia 0,9152 10 8 6
12 Alemania 0,9141 11 11 13
13 Estados Unidos 0,9101 13 13 11
14 Luxemburgo 0,8918 17 15 15
15 Estonia 0,8880 16 18 18
16 Austria 0,8858 15 17 17
17 Hong Kong RAE, China 0,8818 18 16 16
18 Bélgica 0,8703 21 20 19
19 Islandia 0,8568 14 14 14
20 Taiwán, China 0,8521 20 21 21
21 Japón 0,8453 19 19 20
22 Lituania 0,8338 24 25 26
23 Singapur 0,8234 23 23 23
24 Chile 0,8198 22 22 22
25 República Checa 0,8181 25 29 37

[1] El avance de Lituania es el resultado de una constante mejora en el Índice de Libertad Económica en el Mundo, del Fraser Institute, que en verdad refleja datos de 2014, pero en el que ha avanzado desde la posición 33° en 2010 a la 15°, en este último año analizado por el índice, al tiempo que ha mejorado también en los demás indicadores, aunque no tan espectacularmente.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados. (Ciima-Eseade). Es profesor de Historia del Pensamiento Económico en UBA. 

Gasto público, Estado y Poder

Por Gabriel Boragina Publicado  el 2/7/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/07/gasto-publico-estado-y-poder.html

 

Hay quienes parecen creer que un gasto público elevado queda “justificado” cuando los recursos de los que dispone el gobierno son mayores a ese gasto, es decir cuando existe un superávit primario. Una situación que se presentó en algún momento en -por ejemplo- el caso brasileño :
“Para un observador externo, podría parecerle que el gobierno brasileño lleva una vida consistente, ganando más de lo que gasta. Cada día el gobierno cuenta con más y más mecanismos técnicos para recolectar impuestos, y la lucha contra la evasión fiscal es cada vez más eficiente.
Sin embargo, todas estas mejoras en la eficiencia tributaria no parecen verse reflejadas en la calidad del gasto público. Las inversiones en educación básica, infraestructura y salud no han corregido un estilo de vida bastante desigual entre los brasileños.”1
El autor citado centra su critica en la “mala calidad” del gasto. Lo que permite inferir que, si -a criterio de él- la calidad del gasto fuera mejor, toda la parafernalia tributaria se encontraría -de alguna manera- “justificada”. De ser esta la interpretación correcta del párrafo anterior, ya hemos expresado de nuestro lado la opinión de que el superávit fiscal -cualquiera sea su causa- podría ser considerado un síntoma de “buena salud fiscal”, lo que significará -en todos los casos- otro en sentido contrario O sea, -por contrapartida- ha de ser visto como otro síntoma equivalente pero de mala salud en el sector privado.
La prensa, muchos académicos y -por supuesto- los políticos suelen presentar como una buena noticia la aparición de cualquier superávit fiscal, cuando -nuevamente- representa una buena noticia para el sector público, y la misma noticia sera muy mala para el sector privado. En cualesquier caso significará que se le están quitando a la gente más recursos de los que esa misma gente estaría dispuesta a entregar al gobierno, suponiendo que puedan tomarse los gastos previstos en el presupuesto como una “expresión” del voto de la ciudadanía (cuestión -a nuestro juicio- bastante alejada de la realidad).
“Si Brasil desea establecer un ejemplo exitoso para sus vecinos, deben seguirse algunos puntos:[…] aprobar instrumentos legales para contener el crecimiento del Estado, al tiempo que se fortalece su papel de guardián de la seguridad pública, proveedor de la educación básica y fuente de políticas para combatir problemas relacionados con la pobreza (por ejemplo, reducción del gasto público y/o disminución de la carga tributaria)”2
Un estado mínimo garantizará -en cualquier caso- una mayor eficiencia económica Pero, bien puede ocurrir que la sociedad y sus dirigentes -no especializados precisamente en materia económica- piensen en conjunto que es “misión” de los gobiernos proveer a todas las necesidades de la gente. Esta errónea concepción económica y legal (porque, asimismo, implica una determinada teoría sobre derechos y obligaciones que incluyen tanto al estado-nación como a sus miembros) es la que tiene -como inexorable consecuencia- los gobiernos elefantiásicos que estamos tan acostumbrados a ver. En nuestra opinión, el tamaño del “estado” no ha de medirse tanto por la cantidad de funciones que este cumple, sino más bien por la cuantía de los recursos que los gobiernos destinan a esas actividades.
Otro caso similar al antes analizado de Brasil se presenta en el Ecuador:
“Para que un país alcance una calificación alta, deberá proveer protección segura de la propiedad privada, asegurar el cumplimiento de los contratos y contar con una moneda estable. También debe mantener bajos impuestos, limitarse en la creación de barreras al comercio doméstico e internacional, y depender completamente en los mercados antes que en los gastos del gobierno y las regulaciones en la asignación de recursos y bienes.”3
Lamentablemente, estas sanas recomendaciones -que son enteramente aplicables, no solamente al Ecuador sino, a todos los países del mundo sin distinción de tiempos- son poco atendidas Por su propia naturaleza, los gobiernos tienden a crecer, y cuando esto ocurre el efecto que aparece indefectiblemente es el de una disminución de la actividad económica privada, presentándose el resultado de un juego de suma cero, es decir, un gobierno grande significará siempre un sector privado pequeño. Quienes más se perjudican de esta consecuencia serán las pequeñas y medianas empresas y los particulares, en especial los asalariados.
“En el Ecuador la función judicial ha estado influenciada por los partidos políticos que continuamente han forcejeado para conseguir una cuota de miembros de la Corte Suprema y otras organizaciones del sistema judicial a nivel regional, así como de los tribunales electorales y organismos de control del gasto público”.4
Algo similar ha ocurrido en la Argentina y -seguramente- lo indicado ha de ser un problema en varios países de la región. Aquí es oportuno recordar que, la esencia de un sistema republicano reside -precisamente- en la división de podres. Su vigencia -entre otros efectos- contribuye a mantener un gasto público en niveles reducidos, ya que, en el punto, un poder deberá hacer de balance y contrapeso de los restantes. Pero, cuando los políticos pujan por predominar en todos los poderes (no solamente el judicial, sino también el ejecutivo y el legislativo) el sistema republicano se resiente y se desvirtúa, toma dimensiones crecientes la corrupción y esto -obviamente- eleva a proporciones importantes el gasto estatal.
De alguna forma, la cita siguiente expresa lo anterior:
“La mayor parte de los gobiernos reconoce los nuevos retos pero enfrenta la realidad cotidiana de cotos de poder, presiones por aumentar el gasto público, llamadas a resolver problemas particulares y a aplicar conceptos que ya no operan, pero que siguen dominando el discurso político y el debate burocrático.”5
Hay una cierta uniformidad en la acción de todos los gobiernos que desdibuja sus posibles o declamadas diferencias ideológicas. Quien aspira a gobernar se ve -de cierta forma- condicionado por el estado cultural de su pueblo y las inclinaciones ideológicas dominantes dentro de la sociedad. Esto hace que los gobernantes (pese a tener conciencia de lo malo que significa encarar políticas de neto corte estatista) se inclinen, por razones de índole electoral y a pesar de sus intimás convicciones, a adoptarlas.
No estamos seguros que -como dice la cita- sea la situación de “La mayor parte de los gobiernos”. Quizás resulte un tanto exagerada la generalización si tenemos en cuenta que, dentro del vocablo “gobierno” englobamos los tres “poderes” del mismo (ejecutivo, legislativo y judicial). Quizás fuera más realista decir que muchos miembros de esos poderes reconocen la predicha problemática.
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1Claudio Djissey Shikida. Instituto Liberdade, Brasil, “Brasil: De la Substitución de Importaciones al siglo XXI: ¿Qué queda por hacer?”. En Libre Comercio en las Américas. Editado por Juan Carlos Hidalgo. ISBN 1-905041-11-X. publicado por International Policy Network, Reino Unido. pag. 23
2Djissey Shikida, C. Ob. Cit. Pág 24.
3Enrique Ampuero Pareja. Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Ecuador.“El Ecuador no puede prosperar con un Estado de Derecho Débil”. En Libre Comercio en las Américas. Editado por Juan Carlos Hidalgo. ISBN 1-905041-11-X. publicado por International Policy Network, Reino Unido. Pág 33
4Ampuero Pareja, E. Op. Cit. Pág 35
5Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC. Pág 3.
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.