El Banco Central tiene que ocuparse más por bajar la inflación que por reactivar la economía

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 21/12/2019 en: https://www.infobae.com/economia/2020/01/21/el-banco-central-tiene-que-ocuparse-mas-por-bajar-la-inflacion-que-por-reactivar-la-economia/?fbclid=IwAR3a7ztw8J7TK2cUEnGe_5b5-IdwuZq2mZ4Gs4uLzT5nqh0XZMxlNIewND0

 

Las políticas de sintonía fina, como la baja gradual de las tasas de interés de política monetaria, a niveles reales negativos, son tan inconsistentes como las del gobierno anterior que mantuvo disparatadas tasas reales positivas

Edificio del banco central de Argentina en Buenos Aires, Foto de archivo Oct 16. REUTERS/Enrique Marcarian (ARGENTINA - Tags: BUSINESS POLITICS)

Edificio del banco central de Argentina en Buenos Aires, Foto de archivo Oct 16. REUTERS/Enrique Marcarian (ARGENTINA - Tags: BUSINESS POLITICS)

El Banco Central viene acelerando la reducción de la tasa de interés de referencia del mercado tratando de estimular el crédito para reactivar la economía. En rigor, este tipo de recetas de sintonía fina son para países con tasas de inflación sustancialmente inferiores al de la Argentina. Hoy la Argentina se ubica en el cuarto lugar de países con mayor tasa de inflación en 2019, luego de Venezuela y Zimbabwe.

Puesto en otras palabras, el BCRA, que debería estar velando por bajar la tasa de inflación, se ocupa de reactivar la economía, bajando la tasa de interés por debajo de la tasa de inflación anual actual.

Es cierto, como dice el comunicado del BCRA, que “las altas tasas de interés reales fueron inefectivas en generar una desinflación sostenible en el pasado reciente”. El problema es que cuando un país no tiene moneda, porque esos papeles que emite la autoridad monetaria no son reserva de valor; no hay tasa de interés que convenza a la gente de demandar dinero de largo plazo, sólo pesos para transacciones corrientes.

Diferencia entre demanda de dinero y de pesos

Es más, las anteriores autoridades del BCRA y algunos economistas, confundieron demanda de moneda con demanda de activos monetarios remunerados. La primera se refiere a tener dinero inmovilizado sin remuneración (sin cobrar una tasa de interés). Cuando aumenta la demanda de moneda disminuye la compra de todos los otros bienes y servicios de la economía y el nivel general de precios tiende a bajar.

Cuando disminuye la demanda de moneda (dinero que la gente tiene inmovilizado y que está fuera del circuito económico) se produce un exceso de moneda, se demandan más bienes y el nivel general de precios tiende a subir.

Diferente es cuando el BCRA aumenta la tasa de interés para que los particulares compren Letras, haga depósitos a plazo fijo para que los bancos, con ese dinero, compren Leliq o cuando se venden bonos para absorber liquidez del mercado. En ese caso no hay aumento en la demanda de moneda. Lo que hay es aumento del interés por activos financieros.

Demanda de dinero es tenerlo debajo del colchón, en una caja de galletas o en el cajón del escritorio. En ese caso, no se percibe remuneración alguna por el dinero que se tiene guardado y está fuera del circuito económico. Cuando la gente busca obtener un rendimiento con su dinero, entonces eso es demanda de activos financieros.

Lo que hicieron las autoridades anteriores del BCRA fue ofrecer activos financieros para retirar dinero de circulación, pero pagando una tasa de interés que era inconsistente con el rendimiento de cualquier actividad económica lícita. Si la tasa de interés ofrecida al ahorrista supera la tasa de rentabilidad promedio de la economía, entonces seguro que el BCRA se está metiendo en un problema porque ese dinero no se podrá devolver.

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, parece querer intentar el camino inverso al del gobierno anterior: baja la tasa de interés de referencia para que los bancos tengan que pagar menos por los plazos fijos y, al reducir la tasa pasiva, disminuya la tasa activa (NA)

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, parece querer intentar el camino inverso al del gobierno anterior: baja la tasa de interés de referencia para que los bancos tengan que pagar menos por los plazos fijos y, al reducir la tasa pasiva, disminuya la tasa activa (NA)

Ahora Miguel Pesce parece querer intentar el camino inverso. Baja la tasa de interés de referencia para que los bancos tengan que pagar menos por los plazos fijos y, al reducir la tasa pasiva (la que paga una entidad para captar dinero), paralelamente disminuya la tasa activa (la que cobra el banco al prestar dinero), y de ese modo se reactiva la economía.

Si el sistema anterior de tasas de interés disparatadamente altas era inconsistente, la estrategia inversa de reducir la tasa de interés por debajo de la inflación también es inconsistente.

Materia prima escasa

Es que el crédito que las autoridades del BCRA pretenden que aparezca tiene que tener como contrapartida el aumento del ahorro, esto es la porción del ingreso no consumido. Pregunta: ¿quién va a generar ahorro para colocarlo a tasa de interés real negativa y perder su capital?

Con esta medida lo que está asegurando el Central es desestimular el ahorro en el sistema financiero y, por lo tanto, no conseguirá la meta de aumentar el nivel de préstamos a las familias y empresas y reimpulsar la economía.

Hay que recordar que la tasa de interés no es el precio del dinero, sino la recompensa que pide una persona o empresa por postergar consumo presente por futuro más otros ingredientes, tales como:

1. Para que alguien no consuma hoy, es decir ahorre, le tienen que ofrecer alguna compensación por esa postergación. Lo que se llama tasa de interés originaria;

2. El ahorrista, evaluará el riesgo de la persona a la que le prestaría sus ahorros¿Es buen pagador? ¿Reconoce sus deudas?, etc.

3. Compensación de la inflación. Si alguien va a dejar de consumir hoy para consumir dentro de un año, además de pedir las dos coberturas anteriores, querrá que tener garantías de que no perderá poder adquisitivo;

4. Condiciones institucionales. Finalmente, la persona que posterga consumo presente para ofrecerlo como ahorro, evalúa que países como la Argentina en que el acreedor siempre es mal visto por la justicia y el deudor es visto como víctima del acreedor, porque en caso de pleitio, correrá en desventaja;

5. Posible confiscación. Pero más allá del riesgo que la justicia le falle en contra, la incertidumbre mayor se origina en que los gobiernos argentinos se caracterizan por ser confiscadores seriales del ahorro privado. No es casualidad que el argentino ahorre en el extranjero. Además de huir de la feroz carga tributaria, busca colocar sus ahorros en lugares que los protejan de las manos de un Estado confiscador: Plan Bonex; corralito; corralón; pesificación asimétrica (un fenomenal invento argentino); confiscación de los ahorros en las AFJP; Impuesto a los Bienes Personales, etc.

Si se junta la historia confiscatoria argentina con tasas de interés reales negativas, dudo seriamente que las autoridades del BCRA logren aumentar la oferta de ahorro para hacer crecer el consumo.

Esas políticas basadas en simples manejos de la tasa de interés pueden tener un vuelo muy corto, pero no es un sistema sostenible de más ahorro y más crédito. Es más, el sector público, en particular la autoridad monetaria, sigue siendo una aspiradora de cuanto peso anda circulando por el mercado. Si se suma el stock de pases pasivos más el remanente de stock de Leliq, se llega a $1,5 billones, superando el máximo que existía Lebac y Leliq que llegó a tener el BCRA, y una equivalencia del 95% de la base monetaria. Casi récord. De manera que es poco comprensible la baja de tasa y simultáneo aumento del endeudamiento del Central.

En síntesis, ni las disparatadas tasas reales positivas sirven para resolver los problemas económicos, porque llega un punto en que no hay tasa que cubra el riesgo de estar en pesos, ni las tasas reales negativas sirven para dar crédito genuino.

Sería más prudente que la autoridad monetaria se concentrara en bajar la inflación reduciendo la expansión de dinero primario y empezar a recorrer el largo proceso de recuperación del crédito creando confianza para atraer nuevamente los ahorros argentinos. Eso no se consigue con crecientes cargas impositivas y políticas redistributivas que hacen pensar que en cualquier momento se viene una nueva confiscación de ahorros.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE. Síguelo en @RCachanosky

Copiar a aquellos con quienes compartimos una visión política: es cierto, para ciertas cosas es ridículo…., pero no todas

Por Martín Krause. Publicado el 21/1/20 en: https://bazar.ufm.edu/copiar-aquellos-quienes-compartimos-una-vision-politica-cierto-ciertas-cosas-ridiculo-no-todas/

 

Seguramente conocerán a Cass Sunstein, co-autor con Richard Thaler, del best seller sobre behavioral economics, Nudge.

En fin, podríamos conversar sobre esto, pero ahora me quiero referir a este paper:

“Epistemic Spillovers: Learning Others’ Political Views Reduces the Ability to Assess and Use Their Expertise in Nonpolitical Domains”, por Joseph Marks*,1, Eloise Copland*,1, Eleanor Loh1, Cass R. Sunstein2, Tali Sharot1^

  1. Affective Brain Lab, Experimental Psychology, University College London, London, UK
  2. Harvard Law School, Harvard University, Cambridge, MA, USA

Marks, Joseph and Copland, Eloise and Loh, Eleanor and Sunstein, Cass R. and Sharot, Tali, Epistemic Spillovers: Learning Others’ Political Views Reduces the Ability to Assess and Use Their Expertise in Nonpolitical Domains (April 13, 2018). Harvard Public Law Working Paper No. 18-22. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3162009 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3162009

Esto dice el resumen:

En cuestiones políticas, muchas personas son especialmente propensas a consultar y aprender de aquellos cuyas opiniones políticas son similares a las suyas, creando así un riesgo de cámaras de eco o capullos de información. Aquí, probamos si la tendencia a preferir el  conocimiento del políticamente afín se generaliza a dominios que no tienen nada que ver con la política, incluso cuando la evidencia indica que la persona tiene menos habilidades en ese dominio que alguien con opiniones políticas diferentes. Los participantes tuvieron múltiples oportunidades para aprender sobre los demás (1) opiniones políticas y (2) capacidad de categorizar formas geométricas. Luego decidieron a quién pedir consejo al resolver una tarea de categorización de forma incentivada. Encontramos que los participantes concluyeron falsamente que otros con ideas afines políticamente eran mejores para categorizar formas y, por lo tanto, eligieron saber de ellos. Los participantes también fueron más influenciados por ideas políticamente de afines, incluso cuando tenían buenas razones para no serlo. Los resultados demostraron que conocer las opiniones políticas de los demás interfiere con la capacidad de aprender sobre su competencia en tareas no relacionadas, lo que lleva a una búsqueda de información subóptima y decisiones y errores de juicio. Nuestros hallazgos tienen implicaciones para la polarización política y el aprendizaje social en medio de divisiones políticas.”

Claro, es como escuchar las opiniones políticas y económicas de Diego Armando Maradona y entonces pensar que son correctas, tal vez porque fue el mejor jugador de fútbol de la historia.

Por otro lado, el paper parece presentar esto como si fuera un sesgo más de todos los que encuentra la behavioral economics, pero en verdad puede que sea un resultado desafortunado de una “heurística” resultado de la evolución y que resulta muy útil en muchísimos campos: esto es, imitar a los que les va bien. Es decir, no somos tontos, aunque la herramienta a veces no funciona.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fue Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade). Síguelo en @martinkrause

La lotería de la vida y el modo de atenuar la desdicha

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 18/1/20 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/01/18/la-loteria-de-la-vida-y-el-modo-de-atenuar-la-desdicha/

 

Durante mucho tiempo me he torturado pensando en la suerte que he tenido de haber nacido en las condiciones en que me ha tocado vivir. Podía haber resultado con deficiencias físicas de importancia, podía haber nacido en un remoto y miserable pueblo africano, podía haber nacido en una familia de padres malvados o de progenitores que no contaban con los recursos para enviarme a estudiar, podría haber sufrido accidentes irreversibles, me podrían haber sucedido tantas cosas desagradables que es fácil comprobar que a otros les ocurrieron sin que hayan hecho nada para merecerlo. Por supuesto que como todos he tenido problemas, pero no de la envergadura de otros realmente desdichados.

¿Por qué esta lotería de la vida? ¿A que se debe esta disparidad, estas ventajas o desventajas? En primer lugar debemos concluir que estrictamente la suerte no existe. Incluso cuando se arrojan dados, el resultado es debido al roce con el paño, a la velocidad y ángulo con que fueron arrojados, al peso de los dados, en otros términos se deben a una cadena de nexos causales, no casuales. Más aun solemos decir, por ejemplo, que tuvimos suerte de encontrarnos con fulano o mengana pero en verdad se deben a relaciones causales que no previmos y los motivos que desconocíamos y por eso le endilgamos el rótulo de “suerte” pero no hay tal.

Esto para nada contradice el libre albedrío como característica medular de lo humano. Son dos planos distintos. No estamos determinados. El premio Nobel en física Max Planck y los filósofos John Hospers y Antony Flew explican que debemos distinguir entre causas en el mundo material y motivos en la mente humana, de lo contrario, como también subrayan el filósofo de la ciencia Karl Popper y el premio Nobel en neurofisiología John Eccles, no habría tal cosa como argumentación, ideas autogeneradas, proposiciones verdaderas y falsas, responsabilidad y moral.

Una vez despejado lo anterior nos percatamos de que solo hemos cambiado la formulación de la pregunta pero no modificamos nada esencial. En otros términos nos debemos entonces preguntar y repreguntar por qué se dieron las concatenaciones causales que se dieron y no otras. En resumen, estamos en las mismas.

No vamos a poder contestar a este interrogante porque no somos omniscientes, somos ignorantes y limitados. Nos esforzamos en la incorporación de nuevos conocimientos pero no podemos tener la arrogancia de prender ser más que humanos pues la soberbia no nos llevará a buen puerto.

Entonces dadas las cosas como son en la naturaleza la pregunta relevante consiste en interrogarnos acerca de cuál es la manera de sacar el mejor provecho posible de lo que es, no lo que nos imaginamos que debiera ser. Pero antes de pasar a las dos vertientes que se presentan en las relaciones sociales, es menester que resulte claro que una parte sustancial de lo que nos ocurre se debe a nuestra responsabilidad, es como me dijo en una oportunidad mi entrañable amigo José Ignacio García Hamilton: “Lo importante en la vida no es lo que a uno le sucede sino como uno administra lo que le sucede”.

Entonces se abren aquí dos líneas posibles en el contexto social. Veamos la primera sugerida que analicé hace mucho tiempo en mi libro Socialismo de mercado. Ensayo sobre un paradigma posmoderno a la que ahora menciono muy parcial y telegráficamente y solo referida a dos de los once autores que analizo en ese libro. Se trata de Ronald Dworkin y John Rawls quienes son los autores que con mayor énfasis y difusión académica han tenido con la intención de remediar vía el gobierno los efectos de las desdichas de otros. La segunda línea argumental que exploramos queda patente a medida que glosamos y comentamos las tesis de los dos profesores mencionados y que sintetizo en la reflexión final.

En A Matter of Principle Dworkin modifica radicalmente el principio universal de la igualdad ante la ley por el “principio de igual preocupación” de los gobernados por parte de los aparatos estatales basado en una errada noción de las externalidades positivas, por ejemplo, cuando se financia coactivamente la música sin percatarse de los resultados negativos de quienes se ven privados del fruto de su trabajo por la fuerza. Escribe este autor que las entregas de recursos a los más débiles puede aparecer como perjudicial pero “ese daño será solo temporario puesto que una economía más dinámica producirá mayor prosperidad” con lo que Dworkin descarta los problemas que se suscitan debido a la mal asignación de los siempre escasos recursos que en definitiva perjudican a los que se ha querido favorecer debido al consecuente consumo de capital que es el único elemento que permite incrementar salarios. Más aun agrega: “Aunque las predicciones negativas fueran correctas, simplemente debemos ajustar las ambiciones para el futuro puesto que la obligación de la sociedad es en primer término hacia los ciudadanos que hoy viven en ella”.

Esto último adolece de una visión sumamente limitada ya que, por un lado, el sacrificar el futuro al presente hará que otras personas sufran los daños más adelante y, por otra, según sea la magnitud del despilfarro se afectará también las condiciones de vida en el presente.

Finalmente, a los efecto de centrar la atención en los ejes centrales del análisis dworkiniano, consigna que el gobierno no debiera permitir “salarios más bajos que cualquier línea de la pobreza realista o los que tienen desventajas diversas […] Las personas no deben tener diferentes cantidades de riqueza simplemente porque tienen diferentes capacidades innatas para producir aquello que otros reclaman o aquellos cuyas diferencias aparecen como consecuencia de la suerte”.

Esta conclusión no toma en cuenta que los salarios e ingresos en términos reales no dependen del voluntarismo sino de las tasas de capitalización. Por tanto, cuando se establecen por ley las entradas de la gente se los está condenando al desempleo y por ende a incrementar sus angustias a través de lo que Dowrkin propone en cuanto a la necesidad de “corregir el mercado” a través de políticas “redistribucionistas”. Esta receta contradice abiertamente las distribuciones que ha realizado al gente vía sus compras y abstenciones de comprar en el supermercado y afines, lo cual, como queda dicho, atenta contra el debido aprovechamiento de los recursos existentes que, a su turno, se traducen en mayor empobrecimiento. Por esto es que Thomas Sowell sostiene que “los economistas no deberíamos hablar de distribución de recursos, puesto que los ingresos no se redistribuyen se ganan”.

De modo similar Rawls en su Teoría de la justicia se basa en dos principios: el “principio de la diferencia” y el “principio de la compensación”. El primero estaría sustentado en los resultados que producen los “talentos naturales” (excluye los adquiridos pero no son susceptibles de escindirse puesto que dependen de los naturales) ya que agrega que “nadie merece una mayor capacidad natural ni tampoco un lugar inicial más favorable en la sociedad” por lo que “las desigualdades inmerecidas requieren una compensación.”

Pero es que precisamente la llamada “compensación” al distorsionar la asignación de los factores de producción empeora la situación de los que se pretende mejorar y, por otro lado, la clasificación de talentos naturales y adquiridos es pastosa por lo que dejamos dicho. Por otra parte, no resulta posible conocer la magnitud de los talentos de cualquier tipo que sean para ningún planificador, incluso no es posible para el propio titular ya que los talentos se ponen de manifiesto cuando se presentan las oportunidades lo cual no ocurrirá en la medida en que el proceso sea bloqueado por la intervención estatal. Además, es relevante señalar que no resultan posibles las comparaciones intersubjetivas de talentos en diferentes personas en diferentes actividades. Por último, las aludidas compensaciones darían lugar a diversos usos de esas compensaciones justamente debido a los diversos talentos para utilizarlos, con lo que habría que compensar la compensación y así sucesivamente.

En otros términos, a través de los comentarios a los dos autores mencionados se concluye que por más buenas intenciones en las que estarían inspiradas las políticas compensatorias, los resultados son negativos muy especialmente para las personas que se desea proteger.

Estas conclusiones en nada se oponen a la muy bienvenida solidaridad y ayuda a los más necesitados, pero debe destacarse que la caridad y la benevolencia por definición es realizada con recursos propios y de modo voluntario. La compulsión es absolutamente incompatible con la filantropía y, como apunta Tibor Machan en Generosity. Virtue in Civil Society, eso es solo posible con propiedad privada y en un libro que escribí en coautoría con Martín Krause titulado En defensa de los más necesitados mostramos las extraordinarias y múltiples obras de beneficencia (en su caso, asociaciones de inmigrantes, montepíos, cofradías, socorros mutuos, fondos comunes de ayuda, escuelas, hospitales, asistencia a discapacitados) en Estados Unidos, Inglaterra y Argentina antes de la irrupción de aquella contradicción en los términos conocida como “Estado Benefactor”. En este contexto es necesario enfatizar que la atmósfera para la ayuda debe llevarse a cabo haciendo uso de la primera persona del singular asumiendo propias responsabilidades y no echar mano a micrófonos endosando a otros la obligación de entregas recurriendo a la tercera persona del plural (y generalmente sugiriendo el uso de la fuerza).

Hay un estrecho correlato entre libertad y ayuda al prójimo, lo cual no aparece en lugares como Cuba o en otros lares que se asimilan más a campos de concentración que a países. También es oportuno apuntar que, como ha consignado Michael Novak en El espíritu del capitalismo democrático, debe comprenderse que la sociedad libre se alimenta del proceso de mercado abierto y competitivo puesto que sucumbe si se pretende vivir de la caridad sin la necesaria producción con lo que es posible el soporte voluntario a terceros.

Entonces, dadas las características de la naturaleza, el mejor modo de ayudar a que mejoren los más desfavorecidos y desdichados consiste en abrir de par en par la energía creadora al efecto de minimizar la pobreza y los problemas de los más carenciados. El mundo revela esta verdad puesto que en la medida en que hay libertad en esa media se genera prosperidad, especialmente para los más necesitados que en todas partes se convierten en agraciados cuando se muta de un régimen estatista a un clima liberal.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

La “propiedad” en el peronismo (2° parte)

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2020/01/la-propiedad-en-el-peronismo-2-parte.html

 

Continúa diciendo la “constitución” peronista el 49:

“Art. 39. El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino”.[1]

Se trata, como en el caso del artículo anterior, del modelo fascista que bien explicita L. v. Mises, y que persigue llegar al socialismo por una vía que, nominalmente, aparenta mantener la propiedad en cabeza de particulares, pero que deja de ser privada por cuanto quien substantivamente figura en los registros públicos como “propietario” no es libre de usar y disponer de lo “propio” que, por tal motivo, deja -en los hechos- de ser propio. Como en el caso anterior, no se define qué debe entenderse por “economía nacional” y cómo se cumple ese “bienestar social” y “común”. Queda implícito que tales contenidos el estado-nación se reserva el derecho a precisarlos a su entero arbitrio y decisión. La fórmula es lo suficientemente amplia como para dejar abierta la puerta a cualquier arbitrariedad.

Si el “estado” se reserva concretar que debe admitirse por “servicio” a “la economía nacional” va de suyo que es aquel quien determina cómo debe el teórico “dueño” del capital arbitrar sobre él. En la realidad, es el que manipula ese capital quien delimita en qué consiste ese “servicio a la economía nacional”, es decir, el gobierno peronista o -más precisamente- su líder, J. D. Perón, quien realmente decretaba dichos contenidos y los cambiaba a su gusto.

“Art. 40. La organización de la riqueza y «u explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la Justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá Intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los Intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la Importación y exportación, que estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre Iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios.”[2]

Este párrafo del artículo da cumplimiento al punto 7 del Manifiesto Comunista pese a que habla vagamente de “límites” los cuales no se explicitan. El gobierno se reserva (como en los casos anteriores) definir qué ha de interpretarse por “bienestar del pueblo”, “principios de la justicia social”, “intereses generales”, todas fórmulas deliberadamente nebulosas y vacías destinadas a que J. D. Perón las especificara a su exclusivo antojo y preferencia.

La norma decreta la estatización del comercio exterior y condiciona el interior a la directa intervención de la economía y su monopolización. La mención final -como al pasar- de la “libre iniciativa privada” luce risueña comparada con los textos de los arts. 38, 39 y este primer párrafo del 40, que instituyen por vía indirecta los arts. 1, 7 y 9 del Manifiesto Comunista. Los párrafos siguientes de este extenso art. 40 van demostrando como se acaba de aniquilar toda la hipotética “libre iniciativa privada” que concluye siendo derogada sin decirlo expresamente o -peor aún- negando dicha anulación. Sigamos:

“Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades Imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias.”[3]

Se destruye la propiedad provincial y se reserva a los privados la de los vegetales. Es decir, el suelo (excepto los vegetales) también pertenecía a la nación según este artículo. Conforme el ya visto art. 38 “Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e Intervenir con el objeto de desarrollar e Incrementar su rendimiento”, en tanto el art. 40 -en su primer párrafo- aclaraba que “podrá Intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad”. Es claro que no se deja margen alguno a la propiedad privada y -por ende- a la declamada “libre iniciativa individual”.

“Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado; y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado mediante compra o expropiación v con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine.”[4]

Como se observa, esta norma cumple con el art. 6 del Manifiesto Comunista y va más allá, porque incluye a todos los servicios públicos. El articulo decreta la estatización de jure de todos los servicios públicos, es más, se reserva el derecho a definir qué ha de considerarse un “servicio público” y qué no. Es decir, los servicios dejan de ser verdaderamente “públicos” para pasar a ser estatales. Nótese que la indemnización previa se condiciona a que una ley lo determine, lo que significa que hasta que esa ley no se dictara el gobierno podía expropiar sin indemnización alguna.

“El precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será, el de; costo de origen de los bienes afectados a la explotación menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido”.[5]

No sólo se ponía fin a la concesión, sino que -por encima de ello- se expropiaba a la empresa concesionaria también. Se obligaba la expropiación de las empresas de servicios públicos, con lo que prácticamente no había actividad privada alguna que pudiera escapar a la estatización de casi todos los bienes, posesiones y servicios privados. La fórmula indemnizatoria no preveía el ajuste por inflación que ya en esa época era una de las más altas de la región, ni los valores de mercado. Los registros históricos, no obstante, demuestran que las empresas se confiscaban, pese a la letra de la “constitución”,

[1] Dr. Carlos Sánchez Viamonte “DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS” EN LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA. Valoración y análisis. Su práctica. Enciclopedia Jurídica OMEBA-Tomo 5 Letra D Grupo 5.

[2] Sánchez Viamonte, C. ibidem.

[3] Sánchez Viamonte, C. ibidem.

[4] Sánchez Viamonte, C. ibidem.

[5] Sánchez Viamonte, C. ibidem.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

¿Quién daña más al mercado, Warren Buffet o Marx?

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 15/1/20 en: https://elnuevodiario.com.do/quien-dana-mas-al-mercado-warren-buffet-o-marx/?fbclid=IwAR0xRtPM20T06v6xEx7WHCvkkNdqtAqcUvK5hrDCLILPANHOZCISfL2SYyI

 

Según la derecha -por llamarlos de algún modo- personajes como Warren Buffet, son modelos. Hay que competir -pisando la cabeza de otros- para ganar y ser como el “bondadoso abuelo”, paradigma del capitalismo. Pero, en realidad, logró su fortuna gracias a irritantes privilegios estatales -en contra del mercado- literalmente, “explotando” a los pobres logrando una fortuna que no es natural.

El socialismo no es igualitario, ya que empobrece al pueblo y enriquece a los gobernantes. Pero en cambio, sí es igualitario el mercado ya que, por la curva de oferta y demanda, cuando un empresario gana mucho, inmediatamente -si el Estado no lo impide- surgen competidores que logran un equilibrio igualando la fortuna de todos.

Y sí que hay competencia, pero no es la del vale todo como vivir de privilegios del Estado -usar el monopolio estatal de la violencia- a costa de empobrecer al resto, sino la sana y libre donde cada jugador es un colega que incentiva al otro a esforzarse y ganar.

A Marx lo conocemos por sus fábulas que no resisten ningún análisis científico, y la ciencia existe y no tiene ideología. Y no creo que este poeta haya hecho mucho daño. Sí lo hicieron quienes, en nombre de su “ideología”, armaron revueltas violentas con el fin de esclavizar -imponerse por la fuerza desde un poder central- a millones de personas.

Warren Buffet sí ha hace mucho daño, porque hace negocios, y da una imagen del “capitalismo”, indigeribles. En dos artículos -uno del Wall Street Journal y otro reciente del Financial Times (FT)- muestra su desprecio por el mercado, y su elitismo: los ricos serían “más valiosos”.

“El abuelo capitalista”, por caso, ganó un referendo popular tras invertir fortunas promocionando que el Gobierno sostenga el monopolio eléctrico de su empresa, NV Energy, contra la liberalización que abarataría las tarifas dada la competencia. Así realiza su fortuna: ganado dinero con un monopolio “explotando” al pueblo, que tiene que pagar tarifas exageradas.

En otro de sus “brillantes negocios”, invirtió US$ 30 mil millones en aerogeneradores y, sin tapujos, le confesó al FT que “no lo haríamos sin el crédito fiscal a la producción que obtenemos”. O sea, que es “financiado” por el Estado, que cubre eso con impuestos que pagan los pobres dado que los ricos, necesariamente, los derivan subiendo precios o bajando salarios.

Según Buffet, los ricos se lo merecen porque han “contribuido con innovaciones brillantes”. Seguramente incluirá a su amigo Bill Gates, que hizo su patrimonio gracias al monopolio que le otorga el Estado con las leyes de “copyright”, o a “genios” como Thomas Edison que era un “patentador serial”: patentó unos mil inventos y no es creíble que fuera tan creativo.

De hecho, a la lámpara incandescente sólo la perfeccionó. Antes, Joseph Swan, obtuvo una patente en Gran Bretaña, en 1878, y llevó a su plagiador, Edison, a las cortes británicas, que le dieron la razón. Al teléfono móvil, por contra caso, no lo “inventó” nadie, es el resultado de miles de cerebros trabajando anónimamente, y es así como se hacen realmente los inventos.

En fin, Buffett mostrando su ignorancia asegura que la brecha entre ricos y pobres es una “consecuencia del mercado” y propone incrementar las ayudas estatales que, por cierto, pagan los pobres por vía impositiva en un círculo vicioso empobrecedor. “El gobierno”, dijo, “tiene que… modificar el sistema de mercado”.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE. Síguelo como @alextagliavini

Repartir lo ajeno no se llama solidaridad, se llama populismo

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 14/1/2020 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/01/14/repartir-lo-ajeno-no-se-llama-solidaridad-se-llama-populismo/

 

El político argentino, en general, piensa más en aumentar la presión tributaria que en preocuparse por la eficiencia del gasto público

El Gobierno ha decidido aplicar mayor carga tributaria sobre los sectores que trabajan en blanco y tienen propiedades con el argumento de que ahora se aplicará la solidaridad en vez de la meritocracia. Más específicamente, el Presidente afirmó: “A la meritocracia y al individualismo les vamos a imponer la solidaridad, somos un movimiento político que nació en la faz de la Tierra para ser solidarios con el prójimo”. En otras palabras, se intenta imponer un discurso en el cual el que protesta por la mayor carga tributaria pasaría a ser alguien que no tiene solidaridad.

Por empezar, la solidaridad es un acto voluntario. Alguien hace solidaridad con el fruto de su trabajo, con su tiempo, es decir con algo que le pertenece para ayudar a otro. Ahora, hacer solidaridad con el dinero de otros, lejos está de ser un acto de desprendimiento voluntario.

La dirigencia política trata de hacernos creer que ellos tienen el monopolio de la solidaridad y el resto de los habitantes somos personas con malos sentimientos que solo podemos ser solidarios por la fuerza. Es decir, el Estado cobrándonos más impuestos para repartir entre quienes los políticos consideran que deben recibir el fruto de nuestro trabajo, son solidarios y el resto somos un montón de malas personas.

El primer dato a tener en cuenta es que, en todo caso, la misma dirigencia política podría haber mostrado solidaridad bajando el gasto de la política para distribuir entre los que menos tienen. Se dice que el gasto destinado a la política, es decir el que se asigna a la administración del país, es muy poco y no se solucionaría nada si se los bajara.

El gráfico muestra la evolución del gasto público consolidado destinado a administración general, justicia, defensa y seguridad por parte de la Nación, las provincias y los municipios, y que en 1984, el primer año completo de la vuelta a la democracia, representaba 3,9% del PBI.

En 2017, último dato oficial disponible, ya había escalado al equivalente a 7,3% del PBI. Es decir, 3,4 puntos porcentuales más, que es lo que quieren recaudar ahora con el impuestazo anunciado a través de una ley ómnibus.

Mientras que los gastos de la administración general aumentaron 1,52 puntos del PBI, Justicia incrementó sus gastos en 0,92 puntos del producto y seguridad y defensa se elevó 1,05 puntos del PBI.

Solo con hacer un esfuerzo de austeridad en los tres niveles de gobierno, se podrían haber bajado, mínimo, 2 puntos del PBI y aliviar el impuestazo que se le está aplicando a la gente que produce. Pero además, todo indica que cuánto más gasta el Estado en lo que se denomina gasto social, hay más pobreza, desocupación y problemas de educación.

Nuevamente, en 1984, el gobierno nacional gastaba 7,4% del PBI en lo que se llama Gasto Público Social. En 2018 llegó al 17% del PBI. Es decir, el Estado nacional gasta 10 puntos más del PBI en el rubro social, pero en educación las pruebas PISA dan cada vez peor; los jubilados están en las diez de última y crece la pobreza. Y atención que el llamado gasto social no se dio solo en el período de Cambiemos, también crece en los 90 y a partir del 2008 fundamentalmente.

Si tomamos el gasto público social consolidado, pasó de 13% del PBI en 1984 a 30,6% del PBI en 2017, de acuerdo a datos del Ministerio de Economía, es decir, 17,7 puntos más, con lo cual el gasto público social consolidado más que se duplicó.

Los rubros que más aumentaron fueron: jubilaciones, salud y educación básica. Luego el gasto público social se reparte en otros rubros como vivienda, promoción y asistencia social, trabajo, etc. En definitiva, los datos muestran que a más gasto público social, más problemas sociales, con lo cual es obvio que no es por este camino.

Dos formas de obtener ganancias

Pero, ¿qué tiene de malo el mérito? Hay dos formas de obtener utilidades: 1) ganándose el favor del burócrata de turno y 2) ganándose el favor del consumidor. Obtener ganancias ganándose el favor del burócrata de turno no tiene ningún mérito, es un simple negociado entre el que usa el poder en forma arbitraria y “empresarios” que logran obtener ganancias gracias al proteccionismo, subsidios y demás tipo de privilegios. O sea, obtienen utilidades castigando al consumidor con productos de menor calidad y a precios más altos de los que podría obtener en un mercado competitivo.

Siguiendo a la Real Academia Española, la palabra meritocracia está mal utilizada por el Presidente, porque la RAE la define como: “sistema de gobierno en que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales”. Pero suponiendo que Alberto Fernández quiso usar la palabra mérito, en mi opinión, aquél que obtiene utilidades gracias a su mérito como emprendedor, es una persona que debería tener todo nuestro respeto por lo que le aporta a la sociedad.

El empresario emprendedor que obtiene sus beneficios por mérito, es aquél que gana dinero gracias a que produce lo que la gente necesita logrando la combinación de precios y calidad que la gente demanda. En otras palabras, obtiene sus utilidades porque satisface las necesidades de la gente y le es útil a ella. Además, al obtener utilidades y crecer, crea puestos de trabajo, remunera a sus empleados compitiendo con otros empresarios para captar a los mejores y pagarles más, ofreciéndoles mejores condiciones laborales, etc.

Encuentro del Presidente con empresarios y sindicalistas

Encuentro del Presidente con empresarios y sindicalistas

El empresario emprendedor ayuda más a la sociedad que el burócrata que reparte el fruto del trabajo ajeno estimulando la cultura de la dádiva, cultura que denigra al ser humano. El empresario que da trabajo por el mérito de ser un buen emprendedor es alguien que respeta a la gente. El burócrata repartidor de dinero ajeno, castiga al que crea trabajo y denigra a las personas acostumbrándolas a vivir de lo ajeno y no tener espíritu de progreso. De mejorar. De tener la dignidad de mantener a su familia con el fruto de su trabajo.

Algunos pueden pensar que ese tipo de empresarios no existe en Argentina. En realidad los hay, pero abunda más los que son cortesanos del poder que buscan obtener utilidades de privilegios, que tampoco merecen ser llamados empresarios. Por eso somos un país decadente.

La función de los gobiernos y de sus legisladores es crear las condiciones para que puedan desarrollarse los empresarios que obtienen utilidades ganándose en favor del consumidor en vez de repartir privilegios entre “empresarios” que no podrían sobrevivir en un mercado competitivo.

"La función de los gobiernos y de sus legisladores es crear las condiciones para que puedan desarrollarse los empresarios que obtienen utilidades ganándose en favor del consumidor en vez de repartir privilegios" (Adrian Escandar)

El que obtiene utilidades gracias al mérito, ya sea por ser trabajador, empresario, profesional o cualquier otra actividad, no debería ser despreciado y menos castigado impositivamente. Al contrario debería ser respetado, porque seguramente hace más por la gente humilde ofreciéndoles la posibilidad de trabajar y progresar que el burócrata que reparte dinero ajeno. En definitiva, ganar dinero gracias al mérito es bueno para la sociedad.

Ser solidario con la plata propia es bueno dependiendo de los valores de cada uno y de cómo se haga solidaridad. Ahora, cuando los políticos reparten el dinero ajeno castigando a los que crean trabajo en nombre de la solidaridad, ni la hacen ni permiten que la economía pueda crecer para que la gente pueda vivir del su propio trabajo y progresar. Se castiga de tal manera a la gente productiva, se espantan las inversiones, se reducen los puestos de trabajo, baja la productividad de la economía y se genera más pobreza y desocupación.

Tal vez el Gobierno debería rever las reglas de juego que deberían imperar para salir de nuestra larga decadencia e invertir la ecuación premiando al empresario emprendedor en vez de castigarlo con mayor carga tributaria en nombre de algo que nunca va a ser solidaridad en manos del estado por más que se fuercen el sentido de las palabras. Repartir lo ajeno no se llama solidaridad. Se llama populismo.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE. Síguelo en @RCachanosky

Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva: otro salvavidas de plomo

Por Pablo Guido. Publicado el 5/1/20 en: https://www.rionegro.com.ar/ley-de-solidaridad-social-y-reactivacion-productiva-otro-salvavidas-de-plomo-1218417/

 

Independientemente de quién asumiera el gobierno nacional lo que requería la economía argentina era una rebaja significativa de la carga tributaria, menores costos laborales, menores niveles de inflación, una mayor apertura de la economía y un paquete de desregulación para todos los sectores productivos.

En las últimas semanas, el Gobierno dispuso varias medidas para intentar reactivar la economía.

No es necesario buscar datos desde mediados del siglo XX para registrar el proceso de decadencia que sufrimos.

Analicemos lo que sucedió en la última década en nuestro país. La economía argentina hace 35 trimestres que está estancada en el mismo nivel de actividad (IV trimestre 2010-III trimestre 2019). En dicho lapso la población creció aproximadamente un 10%, por lo que nuestro PIB per cápita cayó en esa magnitud en los últimos 9 años.

En las dos últimas gestiones presidenciales la inflación acumuló un incremento por encima del 1.000%, promediando un aumento anual del 35%. El empleo privado, en el mismo período, cayó en 65.000 puestos de trabajo y el empleo público aumentó en 650.000 personas). Inclusive los trabajadores autónomos se redujeron en 16.000.

La cantidad total de empleo registrado, público y privado, pasó de 10,9 millones a 12,1 millones (+10,8%). Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA los pobres en el país aumentaron, entre 2010 y 2019 del 28% al 40%.

¿Cuál es una de las explicaciones de este fracaso en términos de crecimiento, creación de empleo genuino y mejores condiciones de vida?

Recordemos que para que los ingresos de las personas se incrementen tiene que haber mayores niveles de producción per cápita, que a su vez son posibles mediante una mayor inversión por persona. En otras palabras, para generar un proceso de crecimiento es necesario que se inviertan más recursos por habitante.

¿Qué sucedió en la última década en nuestro país? Si lo medimos en dólares la inversión total ha disminuido un 21%: en el tercer trimestre del 2010 la “formación bruta de capital fijo”, según el INDEC, fue de U$S 70.000 millones (anualizada) y en el tercer trimestre de este año de U$S 55.000 millones. Dado que la población empleada, tanto en el sector público como privado, aumento casi 11%, podemos concluir que la inversión per cápita se desplomó en los últimos 10 años casi 30%.

Datos clave

1.5%
es el ahorro fiscal (en relación al PBI) que estima el gobierno con la aplicación de la ley de Emergencia.
2.000
son los millones de dólares que prevén recaudar con el aumento de las retenciones.

Conclusión: como cada uno de los trabajadores tenemos dos tercios de equipos y máquinas con los que contábamos hace 10 años entonces nuestros niveles de productividad son significativamente menores. Por lo tanto, los ingresos por trabajador son menores.

Ahora la pregunta clave: ¿por qué los niveles de inversión por trabajador se redujeron casi 30% en los últimos diez años?

Nadie que esté proyectando perder dinero invierte. Invierten los que tienen expectativas de generar una ganancia. Y en la Argentina esas expectativas son cada vez menores: la mayor presión tributaria, los altos costos laborales, las altas tasas de interés que hacen que el costo de financiamiento sea sideral, una economía cerrada que no permite adquirir bienes y servicios a precios internacionales, el entramado regulatorio que hace casi imposible el esfuerzo emprendedor, y niveles inflacionarios desorbitantes, son algunas de los principales factores que provocan la falta de inversiones.

Es en este contexto que el nuevo gobierno que asumió el 10 de diciembre pasado envió al Congreso el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (que ya es Ley), que no hace más que profundizar el problema. Independientemente de quién asumiera el gobierno nacional para los próximos cuatro años lo que requería la economía argentina era una rebaja significativa de la carga tributaria (acompañada en simultáneo con una reducción del gasto público para no aumentar el déficit fiscal), menores costos laborales, menores niveles de inflación, una mayor apertura de la economía y un paquete de desregulación para todos los sectores productivos.

¿Cuáles son los principales puntos de la ley recientemente aprobada el pasado 20 de diciembre en el Congreso?:

1) La declaración de la emergencia en nueve áreas (económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social), permitiéndole al gobierno no tener que recurrir al Congreso para aprobar cambios en dichos sectores.

2) Impuesto del 30% a la compra de pasajes al exterior y de gastos con tarjetas en otros países.

3) Ratificación del cepo cambiario e impuesto para la compra de dólares para atesorar.

4) Suspensión de aumentos tarifarios durante seis meses.

5) Suspensión del mecanismo de actualización de jubilaciones y pensiones por 6 meses, reemplazándose por aumentos trimestrales por decreto.

6) Pago de un bono de suma fija en diciembre y enero para jubilados que cobran el haber mínimo y beneficiarios de la AUH.

7) Aumento de las cargas patronales.

8) Suspensión de la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas.

9) Aumento de las alícuotas en el Impuesto a los Bienes Personales, permitiendo la aplicación de tasas hasta un 100% mayor para bienes registrados en el exterior. Además se congela el valor del mínimo no imponible.

10) Faculta al gobierno a incrementar las retenciones a las exportaciones y a disponer que el sector privado realice un incremento salarial (ya se publicaron los decretos presidenciales aumentando retenciones y obligando a las empresas a incrementar salarios).

11) Disponer la compra por parte al Banco Central de letras en dólares emitidos por la tesorería nacional, por un valor de U$S 4.500 millones.

12) Se incrementa la tasa de estadística para las importaciones.

13) Se aumenta el impuesto sobre los automóviles.

El ministro Guzmán busca equilibrar los indicadores macroeconómicos.

Como podemos observar la ley recientemente aprobada en el Congreso tiene como objetivos aumentar los ingresos y reducir los gastos, para mejorar la posición del resultado fiscal primario. Por el lado de los ingresos vía un aumento de la carga tributaria, continuar con el control de cambios. Por el lado del gasto público:

1) se supone que la suspensión del mecanismo de actualización de las erogaciones previsionales se hizo con el objetivo de reducir dicho gasto (45% del presupuesto nacional), si bien no se conoce cómo será el nuevo criterio de ajuste ni sobre quiénes recaerá el mismo;

2) incremento del gasto vía el pago del bono a jubilados, AUH y empleados públicos;

3) no está claro si la suspensión de aumentos tarifarios de los servicios públicos significará un aumento de subsidios a las empresas o serán estas las que financiaran la medida. Además le impone al sector privado mayores costos a través de un aumento de las cargas patronales y un incremento (vía decreto) de los salarios. Los aspectos positivos de la nueva ley son la supuesta mejora en el resultado primario de las cuentas públicas y la moratoria tributaria para las pymes.

Vale agregar que adicionalmente nos vamos a encontrar con un incremento de la carga tributaria a nivel provincial, dado que se suspendió el cronograma de rebajas de impuestos provinciales que se había acordado en el Consenso Fiscal 2017. Por lo tanto, las legislaturas provinciales estarán habilitadas para realizar aumentos en las alícuotas de los impuestos sobre los Ingresos Brutos y Sellos. En Neuquén dicho incremento en las alícuotas ya fue aprobado por la Legislatura provincial el 20 de diciembre.

Como podemos ver, el paquete de medidas económicas que por ahora lanzó el gobierno nacional no mejora la competitividad de las empresas argentinas, castiga al ahorro y las exportaciones, genera menores incentivos a contratar empleados en blanco, y ajusta los haberes reales de los jubilados que cobran por encima del mínimo (en principio). Así, la salida de este contexto económico de estancamiento y falta de creación de empleo, que ya lleva diez años, sigue siendo un escenario de muy baja probabilidad.

 

Pablo Guido se graduó en la Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Es Doctor en Economía (Universidad Rey Juan Carlos-Madrid), profesor de Economía Superior (ESEADE) y profesor visitante de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Investigador Fundación Nuevas Generaciones (Argentina).Director académico de la Fundación Progreso y Libertad.