Por Roberto Cachanosky. Publicado el 16/9/12 en v
¿Cuál será la respuesta de Cristina Fernández de Kirchner tras el cacerolazo? ¿Habrá venganza? ¿Comienza una escalada de protestas civiles o volverá la calma? ¿Podemos esperar más totalitarismo y violación de libertades?
Cuando Friedrich von Hayek escribió “Camino de Servidumbre” trató de mostrar que una economía centralizada lleva, inevitablemente, al control de la vida de las personas, esto es, a un sistema totalitario.
Hayek, que había emigrado de Austria a Londres, veía cómo los laboristas y economistas formulaban propuestas económicas que, por su misma dinámica, tenían que terminar en el control de la vida de la gente.
Publicado en 1944, la tesis central de “Camino de Servidumbre” sigue teniendo vigencia casi 70 años más tarde y se verifica en Argentina.
A diferencia del cacerolazo del 2001 cuando se estableció el corralito o el del 2008 cuando estuvo el enfrentamiento por la 125, el cacerolazo del jueves pasado no parece responder a un solo motivo sino a una combinación de problemas económicos con crecientes restricciones a las libertades civiles junto con otros ingredientes como la inseguridad, los intentos del Gobierno de perpetuarse en el poder, la corrupción, la forma soberbia de comportarse del Gobierno y muchos temas más. Pero sí hay un hilo conductor entre economía y libertad individual que, me parece, irá agravándose considerando que el oficialismo, ante la adversidad, suele redoblar la apuesta e ir por más para ir por todo.
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Desde el punto de vista económico, siempre una regulación lleva a otra regulación y, si se insiste en ese camino, a la asfixia de la economía. Por ejemplo, el Gobierno viene emitiendo moneda a marcha forzada, esa emisión genera inflación. Al mismo tiempo ha dejado el tipo de cambio casi quieto y, por lo tanto, el tipo de cambio real se encuentra en niveles similares a los de la convertibilidad. ¿Qué hizo el Gobierno frente a este problema? Redobló la apuesta y primero estableció más burocracia para poder importar. Luego se le ocurrió que si una empresa importa un dólar tiene que exportar un dólar. Eso no le alcanzó y restringió arbitrariamente las importaciones. Tampoco le alcanzó y obligó a las compañías de seguro a traer las divisas que tenían en el exterior. Después prohibió el giro de utilidades y dividendos. Luego estableció una aprobación previa de la AFIP para poder comprar dólares y, finalmente, directamente prohibió la compra de dólares para atesoramiento. El tema cambiario fue escalando hasta llegar a limitar derechos individuales como poder viajar al exterior sin tener problemas para comprar divisas. Una regulación económica fue llevando a otra hasta terminar en una restricción a las libertades civiles.
Otro ejemplo es el de la inflación. El Gobierno niega la inflación real y a quienes hicieron sus propias estimaciones de inflación les inicio un absurdo juicio por difundir sus propios índices de inflación. Para frenar las expectativas inflacionarias y una mayor huida del peso tuvo que recurrir a intimidar a las consultoras que elaboraban sus propias estimaciones de inflación.
Los casos de empresarios que son apretados para que vendan a determinado precio sus productos, fabriquen determinados bienes y demás locuras intervencionistas no forman parte de una política económica errada, sino de un simple abuso del poder de los funcionarios públicos. Un amedrentamiento usando el monopolio de la fuerza.
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Si un empresario dice que la actividad inmobiliaria está paralizada, la presidente no averigua cómo vienen las escrituras, sino que le pide a la AFIP información reservada sobre la situación fiscal del empresario y luego lo escrachan públicamente y por cadena nacional.
Mi cuarta verificación de la AFIP en 5 años me llegó el mismo día en que publiqué una nota en La Nación criticando el discurso de la presidente en la apertura del Congreso. Ese día, una empleada de la AFIP, carta en mano, vino a entregarme la nota de verificación de ganancias, cuando ya había tenido otra verificación 6 meses antes.
Los descalabros económicos que hace el Gobierno tienen que ser escondidos a la opinión pública. Nadie puede opinar diferente porque aceleraría el descontento popular sobre la marcha de la economía y, para eso, necesitan amedrentar a la gente. Como dijo CFK, hay que tenerle un poco de miedo. El problema es que a medida que vaya creciendo el descontento por la situación económica, el Gobierno tendrá que apelar a mayores grados de amedrentamiento de la población. Tendrá que generar más miedo y, para eso, necesitará avanzar cada vez más sobre los derechos individuales.
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Veamos otro ejemplo sobre cómo las regulaciones económicas terminan avasallando los derechos individuales. Para que la gente pueda viajar al exterior y comprar divisas, tiene que informarle a la AFIP dónde viaja, por qué viaja, con quién viaja y otras informaciones que, al menos en un estado de derecho, la AFIP no tendría autoridad para pedirla. Es más, cuando se requería la autorización previa de la AFIP para comprar dólares, el ente recaudador no podía establecer como parámetro el ejercicio fiscal en curso porque no lo puede hacer y tampoco le sirve, por lo tanto tenía que recurrir a la información del ejercicio fiscal anterior que no necesariamente tiene que ser igual al corriente. Es decir, para comprar dólares intervenía la AFIP utilizando mecanismos arbitrarios cuando, en realidad, quien debería establecer las restricciones cambiarias tendría que haber sido el BCRA.
Los ejemplos que muestran cómo una regulación económica lleva a otra regulación económica y termina en la violación de derechos individuales son muchos.
El gran interrogante que se abre hacia el futuro es cómo reaccionará el Gobierno ante el cacerolazo del jueves pasado. Como decía antes, el kirchnerismo o cristinismo siempre redobla la apuesta, con lo cual no debe descartarse alguna medida que afecte a la clase media como venganza por la movilización y el cacerolazo. El dato que tenemos es que el Gobierno no tiene problemas en violar las más elementales normas de una democracia republicana. Si han logrado que un DNU pueda tener vigencia con la aprobación de una sola de las cámaras, lo cual es un disparate constitucional, de ahí para adelante pueden hacer cualquier cosa. Incluso desobedecer una sentencia de la Corte Suprema.
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Por otro lado, el problema del oficialismo es que si pierde el poder corre el riesgo de recibir un tsunami de juicios por corrupción, al tiempo que serán muchos los jóvenes de La Cámpora que perderán sus privilegios y tendrán que buscar un trabajo en serio. Una mezcla de negocio personal y riesgo de tsunami de juicios hace pensar que intentarán retener el poder a cualquier precio.
Y cuando digo a cualquier precio significa seguir avanzando sobre la libertad de expresión, más carga impositiva, menos propiedad privada y más intimidación para infundir temor en la población. Si se acepta este posible escenario, no debería descartarse que veamos una escalada de protestas como las del jueves pasado y más aprietes del Gobierno. El enfrentamiento podría seguir escalando porque el cristinismo quiere ir por todo y la gente percibe que no solo hay problemas económicos como la inflación, sino también las libertades individuales están en juego.
Si a esto le agregamos los insoportables discursos en cadena, la soberbia con que se manejan y los intentos de adoctrinamiento de los chicos en los colegios por parte de La Cámpora, mi impresión es que esto recién empieza. Y me parece que la reacción del Gobierno frente a la movilización del jueves será algún acto de venganza.
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Al poco tiempo de asumir la presidencia y durante un acto miliar, Néstor Kirchner les dijo gratuitamente a los soldados: “No les tengo miedo”. El jueves pasado la gente pareció decirle a Cristina: “No te tenemos miedo”.
Frente a un gobierno sin escrúpulos, lo peor que puede hacer la gente es tenerle miedo. Esa es la mejor defensa de su propiedad y libertad. Si tienen miedo, no solo perderán su propiedad y libertad, sino que terminarán aterrorizados, porque el cristinismo necesita del autoritarismo para poder sobrevivir.
Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA)y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.
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