Por Alejandra Salinas:
El Public Choice Society acaba de anunciar la muerte del Profesor Gordon Tullock, autor de numerosas obras sobre la lógica de las decisiones colectivas y del funcionamiento de la burocracia, entre otros aportes fundamentales que nos ayudan a entender mejor cómo funciona la toma de decisiones de gobierno.
Quisiera recordar aquí el aporte de Gordon Tullock y James Buchanan en El Cálculo del Consenso (1962), valioso libro donde desarrollan argumentos para justificar un orden constitucional liberal, asentado en los principios éticos del “imperativo moral del individualismo, la regla de la libertad igual” y en el método del consentimiento individual como criterio óptimo para la toma de decisiones colectivas.
Los autores presentan un modelo de cálculo racional individual para evaluar los costos y beneficios esperados al implementarse una decisión colectiva. Según este cálculo cada individuo intenta maximizar su utilidad reduciendo los costos esperados de la acción de terceros (costos externos) y los costos esperados de su participación en la decisión colectiva (costos de la decisión). En un nivel agregado, los autores evalúan los costos y beneficios que resultarán de las diferentes organizaciones institucionales para adoptar aquellas más compatibles con los valores de una sociedad libre. Por ejemplo, entre las opciones de reglas de decisión, la regla de unanimidad requiere el consentimiento de todos los votantes respetando así el principio liberal del intercambio voluntario, pero impone al mismo tiempo altos costos de decisión al individuo. Ello resulta toda vez que, al requerir un acuerdo general, la unanimidad introduce en el campo de las ‘negociaciones’ la necesidad de conductas estratégicas para asegurar el acuerdo de todos, conduciendo a una sobre-inversión en la implementación del mecanismo respecto de otras reglas (como la mayoría simple). De allí que se adopte la regla de mayoría para reducir los costos de la decisión, al reducir la cantidad de los agentes decisores. Otras maneras de reducir los mencionados costos son organizar la decisión en unidades pequeñas y descentralizarlas de modo de introducir alternativas en el proceso.
Buchanan y Tullock analizan la votación mayoritaria en dos modelos de decisión: el representativo y el de democracia directa. Un elemento central en su análisis es el “logrolling” o comercio de votos, en el cual un individuo apoya una coalición mayoritaria eventual a cambio de favores recíprocos. En su opinión, el modelo de democracia directa no permitiría el comercio de votos en al menos tres situaciones: cuando exista incertidumbre por parte de un votante individual de que otras cuestiones sean sometidas a votación, permitiendo que otros votantes se involucren en el comercio de votos; cuando la cantidad de votantes sea muy numerosa y convierta el esfuerzo en un proyecto financieramente inabordable, y cuando el voto secreto impida conocer si el compromiso electoral es respetado o no. La conclusión de los autores es que en un modelo de referéndum el voto tiende a orientarse por preferencias y no por intercambio de intereses, y que la preferencia de una mayoría prevalecerá. Por el contrario, en un modelo representativo un reducido número de votantes decide sobre una serie de medidas, posibilitando la negociación respecto de beneficios mutuos. Sin embargo, de aplicarse la regla de mayoría en este contexto algunos votantes pueden verse excluidos de la negociación y no recibir ningún beneficio. Por lo tanto, en los dos modelos puede suceder que una mayoría explote a una minoría al establecer impuestos generales para financiar beneficios especiales, o a la inversa, para establecer impuestos específicos que financien beneficios generales.
Un concepto crucial en la comparación del modelo representativo con el de democracia directa es el de costo interdependiente. Dado que este sería menor en el primer modelo, los autores hallan que la representación es más aceptable para arribar a decisiones de costos óptimos en el marco de unidades extensas, pero que en unidades pequeñas la democracia directa puede ser más eficiente dado que los costos de negociación son menores, por lo que el modelo se acercaría a uno de decisiones individuales voluntarias.
A pesar de la conclusión inicial a favor del modelo representativo, a lo largo del libro queda explicitado que este modelo tiende a imponer altos costos externos, lo que hace que la práctica del comercio de votos sea potencialmente condenable. Quizás por esta razón, los autores invitan a explorar cambios constitucionales que reduzcan los costos externos impuestos por la acción de grupos de intereses especiales en los sistemas representativos. Otro curso posible de acción, que no podemos explorar ahora por cuestiones de espacio, sería adoptar y utilizar algunos mecanismos de democracia directa como la iniciativa popular, para dificultar la acción de grupos de intereses especiales que operan en detrimento del interés general.
Alejandra M. Salinas es Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Doctora en Sociología. Fue Directora del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de ESEADE y de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas. Es Secretaria de Investigación y Profesora de las Asignaturas: Teoría Social, Sociología I y Taller de Tesis de ESEADE.
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