Archivo mensual: enero 2018

El ajuste “salvaje” anunciado es 0,47% de la masa salarial del sector público

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 31/1/18 en: http://economiaparatodos.net/el-ajuste-salvaje-anunciado-es-047-de-la-masa-salarial-del-sector-publico/

 

¿En cuánto contribuye a bajar el déficit fiscal las medidas anunciadas por el presidente Macri?

Sin duda los anuncios de reducción de gasto público que realizó el presidente Macri el lunes, apuntan en la dirección correcta. Si bien da para el debate el hecho de que parientes de funcionarios públicos no puedan ocupar puestos en el estado, lo cierto es que con el kirchnerismo el nepotismo era un escándalo y Cambiemos estaba copiando parte de esa mala costumbre. Digamos que la medida es una discriminación, ya que si yo fuera funcionario y un sobrino mío consiguiera un puesto por su capacidad y sin mi influencia, quedaría marginado solo por ser pariente. La medida se entiende solo como señal de frenar el nepotismo de los últimos años, pero no sé si debiera ser algo permanente. Hoy es una señal de comportamiento ético del gobierno de turno con esta medida. Se compromete a que no haya nepotismo, al menos a nivel nacional.

Respecto a los números veamos el impacto en cuanto al nivel de baja del gasto público. Si la reducción del gasto en salarios de funcionarios políticos es de $ 1.500 millones, como lo indicó el presidente, esto significa una reducción del 0,47% de la masa salarial de la Administración Pública Nacional que, según el presupuesto 2018, tiene previsto pagar sueldos entre la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de la Seguridad Social, por $ 319.128 millones. El ahorro sobre el gasto público total de la Administración Pública Nacional, que es de $ 2,9 billones, es del 0,052% del gasto total.

¿En cuánto contribuye a bajar el déficit fiscal las medidas anunciadas por el presidente Macri? El déficit fiscal, incluyendo los intereses de la deuda, como corresponde medirlo, fue del 5,9% de PBI en 2016 y del 6,1% del PBI en 2017. Los $ 1.500 millones de ahorro en sueldos de funcionarios políticos son equivalentes al 0,012% del PBI proyectado por el gobierno para 2018 y del 0,015% del PBI del PBI de 2017, tomando los datos del presupuesto 2018. Es decir, lejos se está de una reducción mínimamente significativa del déficit fiscal salvo que esto que se anunció hoy continúe en el tiempo. Es decir, que estas reducciones de gasto público, no solo en salarios, se vayan extendiendo en otros rubros del gasto público a lo largo de los años.

Recordemos también que lo anunciado por el presidente es como volver al 10 de diciembre de 2015 cuando asumió.

Cuadro 1

En efecto, como puede verse en el Cuadro 1, la estructura de la Administración Central aumentó un 18,2% entre 2015 y 2016. Si bien ahora hay un par de ministerios menos, reducir un 25% los cargos, si va acompañado con una reducción de la estructura del estado en el mismo porcentaje es casi como volver al punto de partida. Es decir, al nivel de estructura burocrática que dejó el kirchnerismo, que a su vez, ya había crecido enormemente respecto a 2003, momento en que ya el gasto público era alto. Por ejemplo, en 2003 había 12 ministerios, con el kirchnerismo treparon a 18 y con Cambiemos llegaron a 23  para luego bajar a 21. Siempre de acuerdo a datos de CIPPEC, en 2003 había 67 organismos descentralizados, en 2015 88 organismos y en 2016, 87. En 2003 había 44 empresas públicas, en 2015 habían trepado a 55 y en 2016 a 56. Es decir, el estado fue creciendo sistemáticamente incluso desde la primera Constitución Nacional de 1853/60 que establecía 5 ministerios. Con Roca se hace una reforma Constitucional y los eleva a 8 ministerios y hoy día la Constitución no marca cuántos ministerios puede haber. Quedó a gusto del gobierno de turno, lo cual hace que la estructura estatal no tenga diques de contención institucionales.

El kirchnerismo dejó un descalabro fiscal fenomenal con un déficit fiscal récord. Cambiemos profundizó ese problema en sus primeros 2 años de mandato incrementando el empleo público y la estructura estatal. Ahora vuelve hacia el punto de partida pero, aunque no luzca simpático decirlo, es fenomenal el nivel de esfuerzo fiscal que hay que hacer para tener una reducción del déficit a niveles manejables. Aclaremos que, además, el problema de fondo no es el déficit fiscal sino el nivel de gasto público. No es solo cuestión de cerrar las cuentas fiscales, sino de no ahogar al sector privado con mayor carga tributaria.

De los 4 mecanismos que tiene el estado para financiar el gasto público: 1) impuestos, 2) deuda interna, 3) deuda externa y 4) emisión monetaria, el gobierno está utilizando los 4 y aun así no pueden terminar de controlar el déficit fiscal. En definitiva, sin desmerecer la buena señal que ha dado el gobierno al controlar el gasto en los cargos políticos, de la modesta baja del gasto público que proponen, pero baja al fin, mi único punto es que esto es claramente insuficiente para dominar el fenomenal lío dejado por el kirchnerismo. El desmadre es muy grande y requiere de una audacia fenomenal para controlarla. Ahora, si esta baja del gasto se continúa en el tiempo, es decir, en varios años más, junto con otras medidas adicionales, vamos a estar en el camino adecuado, por más que el kirchnerismo y los progres hablen de ajuste salvaje por una baja del 0,47% de la masa salarial estatal. Entonces, los inversores empezarán a prestarle atención a la Argentina y podemos llegar a empezar a torcer 70 años de lacerante decadencia económica.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

¿Se terminó la inacción fiscal?

Por Adrián Ravier.  Publicado el 31/1/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/01/31/se-termino-la-inaccion-fiscal/

 

Las bajas de subsidios no tienen como fin bajar el gasto consolidado, sino que se destinan a otros incrementos de gastos como ya ha pasado en los dos años anteriores

En sus dos primeros años de gobierno, Mauricio Macri desarrolló avances graduales pero importantes en distintos ámbitos, pero prácticamente todo el arco de analistas destacó su inacción fiscal. Ni los impuestos, ni el gasto público, ni el déficit fiscal han bajado realmente.

Cambiemos se defiende. Después de las elecciones se dieron cuatro noticias relevantes: se sobrecumplieron las metas fiscales; se acordó un pacto fiscal con las provincias; continúa la baja del gasto al quitar subsidios a los servicios públicos, con sus consecuentes tarifazos en electricidad y gas; se recortará uno de cada cuatros cargos políticos del Poder Ejecutivo Nacional y durante 2018 los funcionarios no van a tener aumentos de sueldo para acompañar la inflación.

El mensaje, sin embargo, es bastante engañoso. Si bien las metas fiscales redujeron el déficit fiscal primario en relación con el PIB de 4,3% en 2016 a 3,9% en 2017, esto no contempla los intereses de deuda que se incrementaron en el mismo plazo del 1,6% al 2,2% del PIB. Con esta información el déficit fiscal financiero se incrementó entre 2016 y 2017 de 5,9% al 6,1% del PIB.

A este saldo habría que agregar también el déficit fiscal de las provincias estimado en 0,9% del PIB. Es por ello que el Gobierno enfatiza en la importancia del consenso fiscal en el que nación se compromete a ceder a las provincias 45 y 75 mil millones de pesos en 2018 y 2019, con la provincia de Buenos Aires como principal beneficiaria. Lo que el pacto fiscal nos está diciendo es que el esfuerzo por reducir el déficit de las provincias también proviene de nación con nuevas transferencias, y no de las jurisdicciones locales.

Al respecto, si bien continúan las quitas de subsidios, es precisamente ese dinero el que nación utilizará para ceder a las provincias por el pacto fiscal. En otros términos, las bajas de subsidios no tienen como fin bajar el gasto consolidado, sino que se destinan a otros incrementos de gastos como ya ha pasado en los dos años anteriores. Recordemos que solo en 2017 las quitas de subsidios económicos fueron de 65.500 millones de pesos, pero los subsidios sociales subieron en 82.300 millones de pesos.

La medida de hoy que recorta cargos y congela sueldos de funcionarios públicos de nación desde luego que va en el buen sentido de corregir el rojo fiscal, pero su impacto cuantitativo es marginal. El ahorro estimado en 1500 millones de pesos que comunicó hoy el presidente Mauricio Macri representaría apenas el 0,012% del PBI.

La noticia, sin embargo, debe tomarse como un gesto bien intencionado en el sentido de mostrar que los esfuerzos fiscales comienzan por casa, previo a un año de negociaciones paritarias de las que depende corregir los desequilibrios fiscal y monetario.

Si concluyó o no la inacción fiscal, es algo que sabremos en los próximos meses. Bien haría a esta Argentina que las provincias y los municipios replicaran el gesto o que la provincia de Buenos Aires aprovechara los nuevos recursos del pacto fiscal para reducir los ingresos brutos que tanto preocupa al oficialismo. Lo cierto es que en materia de impuestos tampoco ha habido avances, considerando que la reforma tributaria tiene impacto nulo de cara al presente y marginal recién después de 2020.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Democracias y democracias

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 31/1/18 en: https://elnuevodiario.com.do/democracias-y-democracias/

 

Días atrás dio la vuelta al mundo la muerte de Ingvar Kamprad que había nacido en una comarca rural sueca en 1926. Me llamó la atención cómo lo llamó María Fluxá en El Mundo de Madrid: “el hombre que al crear IKEA democratizó el diseño”.

Kamprad creó en 1943 una compañía que “democratizó” el diseño y que hoy consume el 1% de la madera que se comercializa en el globo.

Llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo (una fortuna de US$ 46.300 millones) vendiendo muebles originales y económicos.

Para IKEA, los clientes desempeñan un papel fundamental: la empresa empaqueta los productos, pero el comprador debe armarlos y, entonces, recibe las herramientas para montarlos.

A ver. Siempre nos han dicho que democracia era elegir por voto popular al gobierno, aunque luego éste imponga por la fuerza impuestos y leyes que no nos gustan, y ni que hablar de aquellos que no los votan y luego tienen que soportar leyes que no quieren.

Parece que ahora “democracia”, según este concepto de Ikea, es poner al alcance de una mayoría popular algo que antes era para pocos. No sé.

Pero me gusta es eso de que los clientes son los que mandan, esa “democracia” del mercado donde los usuarios imponen los productos y servicios que prefieren, como cuando con el comando del televisor “votan” por un programa u otro, aumentando o bajando el rating, y con ello despidiendo o encumbrando artistas.

Me gusta que el público, el cliente mande sin que se le impongan coactivamente ni leyes ni impuestos. Precisamente para eludir estos impuestos y que la empresa –“democrática”- fuera viable, Kamprad vivió en Luasana, Suiza, durante 40 años. Además, Ikea, hoy tiene sus bases fiscales en Holanda, Liechtenstein, Suiza y Luxemburgo a través de una estructura corporativa -Inter Ikea Holding- cuyo propietario es una fundación.

Comenzó siendo una empresa que solo vendía por correo. Recién en 1958 abría una tienda en Älmhult, la primera de las 412 que existen hoy en el mundo. Ahora, esto de vender sin locales físicos, en plan de ahorrar costos, me recuerda a Amazon cuyo éxito probablemente no descansa solo en el hecho de ser de una puntocom sino en que ahorra al no tener tiendas físicas, que suelen estar apresadas por regulaciones e impuestos estatales.

Ahora Amazon, el conglomerado Berkshire Hathaway y el banco JPMorgan Chase, anunciaron otra “democratización”, el lanzamiento de una nueva compañía de salud que apunta a reducir los costos. Una firma independiente dirigida inicialmente a los empleados y sus familiares, por lo que, en su primera etapa, ya alcanzaría a millones de beneficiarios, a los que se les proveería cobertura médica “a un costo razonable”.
El proyecto está en su fase inicial, pero ya causó conmoción en la industria sanitaria. La posibilidad de que el gigante del comercio electrónico, y sus socios, tome el control de la distribución de los medicamentos recetados ha causado que empresas del sector registren caídas importantes.
“Los costos de la atención médica actúan como un gran parásito para la economía”, dijo el presidente de Berkshire Hathaway, Warren Buffett.

Este nuevo proyecto apunta a “democratizar” la cobertura médica hoy demasiado costosa debido al excesivo peso del Estado en el sector. Si bien, en primera instancia los beneficiarios serán los empleados y familiares, el CEO de JPMorgan, señaló que la meta son todos los estadounidenses.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

El economista en la academia, la política y la consultoría

Por Adrián Ravier.  Publicado el 31/1/18 en: https://www.cronista.com/columnistas/El-economista-en-la-academia-la-politica-y-la-consultoria-20180131-0073.html

 

El economista en la academia, la política y la consultoría

 

Se escucha con cierta frecuencia una broma hacia los economistas que afirma que si preguntamos a diez de ellos su opinión sobre un determinado problema, posiblemente tengamos once soluciones. ¿Por qué diferimos los economistas en nuestras recomendaciones de política económica? ¿Por qué en ocasiones tenemos más de una recomendación? ¿Carece esta ciencia joven de consensos científicos básicos?

Lo cierto es que la economía como ciencia ha desarrollado leyes sólidas que nos permiten enumerar cuantiosos consensos, pero cuando nos movemos hacia la recomendación de la política económica o ante un problema de políticas públicas los disensos son mayores.

“Por qué difieren los economistas en sus opiniones de política pública” es en definitiva un aspecto sociológico de la profesión que se ha debatido en numerosas oportunidades, pero el punto que quiero señalar aquí es que ganaríamos mucho los economistas, y con ello pienso que recuperaríamos parte del prestigio perdido de la profesión, si definiéramos con claridad los planos en los que trabajamos cuando hacemos nuestro análisis y nuestras recomendaciones. ¿A qué planos me refiero? Al plano del académico y al plano de la política.

Una anécdota que acostumbraba relatar Manuel Ayau, fundador y Rector de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, puede ayudar a mostrar el punto. Ocurrió en la reunión anual de la Mont Pelerin Society en St. Andrews. Estaba exponiendo Milton Friedman sobre su estudio de la moneda y Enoch Powell, entonces miembro de la Cámara de los Comunes en Londres, le preguntó si en su exposición había tenido en cuenta los factores políticos, a lo que Friedman se apresuró a contestar por la afirmativa. Powell dijo: “Entonces su paper no me sirve, pensaba que recibiría reflexiones de un académico, déjenos a nosotros la negociación política”.

Hace unos meses el mismo Federico Sturzenegger, Presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), exclamaba ante la Asociación Argentina de Economía Política que se reunió en Bariloche que la profesión debía contribuir a los debates de políticas públicas. Muchos se defendieron explicando que no son escuchados, y cuando se los escucha se exclama que trabajan en una torre de marfil.

Me parece que la profesión del economista se encuentra desprestigiada o devaluada ante la opinión pública precisamente porque los especialistas desconocen su rol ante la sociedad. No es lo mismo el rol científico del economista que el rol del político. Me apresuro a señalar, incluso, que cuando un economista se viste de político –sea como funcionario o como representante de un partido político- deja de ser economista.

Trabajar en diversos planos sin explicitarlo ante la opinión pública nos expone a debates innecesarios que sólo comprometen los consensos que la profesión ha alcanzado.

El economista como académico o científico

Su lugar natural es la universidad y los congresos científicos. Investiga, estudia, alcanza un doctorado y dedica tiempo a la docencia. El científico trabaja con modelos que en muchos casos se abstraen de la realidad política y social que le acompaña. La teoría que desarrollan es en general abstracta, universal, aplicable a todo tiempo y lugar. Sus trabajos científicos, que a la vez intentan publicar en revistas especializadas, no se preocupan por aquello que la opinión pública puede digerir.

Y está bien que así sea, porque eso los distraería de lo más relevante que es contribuir al cuerpo teórico de la disciplina. Cuando el académico deja un momento la frontera del conocimiento y analiza la actualidad y sus problemas, tiene en general un enfoque diferente, porque su rol -inmerso en óptimos y utopías- lo conducen, en definitiva, a imaginar nuevos mundos posibles, correr el eje del debate.

El economista como político

El político no puede distanciarse de la opinión pública. Su éxito depende de la apreciación que la opinión pública ejerce sobre la política económica que define el gobierno. Bien hará el político en escuchar a los científicos y a los técnicos, pero no pueden darse el lujo de abstraerse de las cuestiones culturales, políticas y sociales que acompañan a su gobierno. Si así lo hiciera, fracasaría como político.

Si el economista que se viste de político está más enfocado en lo que la opinión pública puede digerir que en las conclusiones que obtiene de sus observaciones, mal rol jugará este como economista. Su objetividad estará limitada a un fin último superior que son las elecciones.

El economista como consultor

Mientras el académico educa a sus alumnos en el aula, el consultor hace lo propio con sus clientes y ante la prensa. Su alcance es lógicamente mayor y allí cabe su responsabilidad.

Su formación como economista, casi siempre complementado con estudios de posgrado, les permite aplicar la teoría económica, y si bien no contribuyen a expandir la frontera del conocimiento, son los que mejor entienden la coyuntura, además de intentar predecir escenarios futuros.

El consultor tampoco puede prescindir de la política, porque los escenarios futuros dependen de las decisiones que se toman en ese plano, pero en la medida que se mantiene independiente del gobierno y los partidos políticos, puede evaluar las políticas económicas con objetividad.

La profesión del economista en Argentina

En la Argentina, la opinión pública conoce nuestra profesión a través de los economistas que ocupan cargos en el poder político y los consultores que comparten columnas de opinión y son entrevistados por la prensa. Naturalmente, en esos espacios la economía está cargada de política, lo que en definitiva impide mostrar los consensos básicos que la profesión ha alcanzado en el plano científico.

No quiero negar con esto que existan amplios debates también en el mundo académico, pero ¿qué ciencia no los tiene?

Como cierre, creo necesaria una reflexión acerca de Cambiemos. Nada ansía más el Presidente que ser recordado como un estadista. Si eso desea, será mejor que escuche a aquellos economistas que pueden abstraerse de lo urgente y por un momento piense en aquello que es importante y estructural.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Legislación sindical, el caso argentino

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 26/1/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/01/26/legislacion-sindical-el-caso-argentino/

 

Lo primero es subrayar que en una sociedad abierta el derecho a asociarse o no asociarse constituye uno de los postulados básicos a los efectos de la cooperación social. Cómo deben ser las asociaciones es algo que no compete a quienes están fuera de ellas; en primer lugar, los gobiernos, que solo deben velar porque no haya lesiones de derechos, en caso de que las hubiera, dicha agrupación se convierte en una asociación ilícita.

Pero antes de otras consideraciones sobre el tema sindical, es menester aclarar con toda precisión que los salarios y los ingresos en términos reales de deben exclusivamente a la cuantía y la calidad de ahorros internos y externos invertidos en un contexto de conocimientos relevantes, lo cual hace de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Esa es la diferencia entre zonas de mayores o menores salarios basadas en el primer caso en marcos institucionales respetuosos de la propiedad de cada cual.

El nivel de salarios no es solo monetario, es también no monetario, como lo son todas las condiciones laborales que rodean al caso desde los períodos de descanso a la música funcional. En rigor, estas condiciones no pueden ser legisladas, como queda dicho, son consecuencia de los niveles de las tasas de capitalización. Más aun, si se legislan más allá de demandas civiles o penales por incumplimientos contractuales o delitos, los resultados indefectiblemente son el desempleo, en primer lugar, de aquellos que más necesitan trabajar y, en segundo lugar, de todos a quienes las condiciones laborales son superadas por las normas legales respecto a las antedichas tasas de inversión. El voluntarismo no cuadra.

Mientras que los recursos sean limitados en relación con las necesidades, nunca bajo ningún concepto puede haber sobrante de aquel factor esencial que es escaso, esencial, puesto que no se concibe la producción de ningún bien ni la prestación de ningún servicio sin el concurso de trabajo manual e intelectual.

La vida es una transición, todo lo que piensan todos en todas las oficinas consiste en mejorar, lo cual, a su vez, se traduce en reasignaciones humanas y materiales. La mayor productividad libera factores humanos y materiales al efecto de trabajar en otros emprendimientos. En un mundo idílico donde hay de todo para todos todo el tiempo, naturalmente no hay necesidad de trabajar, lo cual significa que se está en Jauja, situación que sería una bendición para todos. Pero las cosas no son así, hay necesidades insatisfechas, por lo que hay que aplicar faenas para atenderlas.

 Nuevos métodos que elevan la productividad, nuevos bienes y servicios importados del exterior más baratos y de mejor calidad, la robotización y equivalentes liberan trabajo, el empresariado, atento a nuevos negocios, busca capacitar a nuevo personal al efecto de lograr sus arbitrajes adicionales. Como hemos dicho antes, ese fue el sentido y el destino del hombre de la barra de hielo cuando apareció la refrigeradora o el del fogonero cuando irrumpió la locomotora Diesel.

Lo peor que puede hacerse si se desea elevar el nivel de vida es destruir capital, con ello no habrá aumentado el empleo, sino que provoca disminuciones en los salarios en términos reales.

Por su parte, las huelgas deben ser entendidas como el derecho a no trabajar en cualquier momento siempre y cuando se cumplan los preavisos estipulados si los hubiere. Pero el derecho a huelga no es la intimidación y la violencia que no permitan que otros ocupen puestos de trabajo. Una cosa es el derecho a no trabajar y otra bien distinta es imponer situaciones a otros contra la voluntad de los destinatarios.

En el caso de procedimientos intimidatorios y violentos cuando se confunden con la huelga está implícita la equivocada idea de que constituye un procedimiento para elevar salarios. Si esto fuera cierto, habría que incrementar los métodos violentos de igual manera que si se considera que el nivel de vida puede incrementarse por decreto, las legislaciones, en este sentido, habría que redoblarlas. Pero como queda dicho, los salarios dependen solo de la inversión per cápita, que si disminuyen, disminuirá el salario, si se mantiene el stock de capital descontadas las respectivas amortizaciones, el salario mantendrá su nivel y si se incrementa el capital, consecuentemente aumentarán los salarios.

Tampoco tiene sentido alegar que los gobiernos deben interferir en las relaciones laborales para evitar “el desequilibrio en el poder de contratación”. En esta línea argumental, se sostiene que no es permisible que contrate un millonario con una persona que no tiene para llegar a fin de mes, al fin de semana o al fin del día. Es del todo irrelevante cómo sean las características patrimoniales o el volumen de sus respectivas cuentas corrientes, lo relevante son las tasas de capitalización. Si un millonario pretendiera pagar menos de lo que establece el mercado, simplemente se queda sin colaboradores. Un empleador puede contar con una situación patrimonial boyante y otro estar quebrado, pero ambos, si desean contratar trabajo manual e intelectual, deben abonar lo que exige el mercado. En lugares en donde los salarios son altos, no se debe a la generosidad de empleadores ni a la mezquindad de salarios bajos en otras zonas, sino, como hemos repetido, al volumen de capitalización.

De más está decir que los incumplimientos contractuales, los engaños o las lesiones de derechos deben ser adecuadamente castigados, pero los arreglos contractuales libres y voluntarios no deben ser interferidos por los aparatos estatales ni por bandas ocultas en máscaras sindicales.

Idéntico razonamiento se aplica a todos los servicios que preste la asociación sindical, en primer lugar, de salud o cualquier otro servicio que debe estar abierto a la competencia y en ningún caso consecuencia de aportes obligatorios y mucho menos a través de llamados “agentes de retención” que echan mano al fruto del trabajo ajeno.

Asimismo, las representaciones o no representaciones sindicales deben estar abiertas a todas las variantes, siempre y cuando se trate de arreglos libres y voluntarios en el contexto de contrataciones colectivas o individuales, según lo prefieran los interesados.

En el caso argentino, de tanto en tanto se detienen a sindicalistas corruptos, pero hasta el momento no se han modificado las leyes que dan sustento a un sistema fascista de representación coactiva a través de la figura de la personería gremial que arrastra a todos los gremios desde la década del cuarenta, que está presente en la legislación de ese país, junto a los antes referidos agentes de retención (más bien estafas legales) y afiliación coactiva de facto, en el contexto de escandalosos negociados monopólicos de obras sociales y similares.

Limitarse a arremeter contra la corrupción sindical fascista concentra la atención en los efectos, pero si no se abroga la legislación autoritaria, quedan sin tocar las causas del fenómeno. Lo mismo ocurre con retoques de superficie a las normas vigentes en lugar de eliminar de cuajo el mal que afecta principalmente a los trabajadores.

En la época de gloria de los argentinos, cuando los salarios y los ingresos en términos reales de los peones rurales y de los obreros de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España, cuando la población se duplicaba cada diez años debido a la multitudinaria inmigración para “hacerse la América”, en ese período las relaciones laborales estaban regidas por los 4015 artículos del Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield, de los cuales seis estaban referidos específicamente a los contratos laborales.

Luego se promulgaron multiplicidad de leyes “para proteger al trabajador” referidas a los más variados temas “al efecto de dotar al trabajador de conquistas sociales” y con ello comenzó el derrumbe en el nivel de vida de la gente, muy especialmente de los más necesitados, por las razones antes apuntadas, en contexto de la sandez de “establecer adecuadas relaciones entre el capital y el trabajo”, sin percatarse de que el capital son instrumentos inanimados que no contratan y que, por ende, se trata de contrataciones entre distintos tipos de trabajo entre empleadores y empleados. Con el argumento de proteger a los trabajadores se los aniquiló, con la idea de protegerlos de supuestas explotaciones se los sacó de la órbita de la protección rigurosa del Código Civil, los tribunales ordinarios y posibles aseguradoras. Se fabricó el fuero laboral, con lo que se agregó a las referidas desgracias negocios fenomenales de la industria del juicio para beneficio de chicaneros del nuevo fuero.

En esta especie de rapsodia para el desastre se incluyeron algunas figuras que son tragicómicas, como el aguinaldo, es decir, la aparición como arte de magia de un treceavo mes en el año, sin percibir que si se paga un monto adicional en el año, manteniendo los demás factores constantes, habrá que pagar de menos durante los otros 12 meses. Si esto no fuera de este modo, habría que convertir el año en 40 meses o más para hacer a la gente más rica, lo cual no requiere comentarios adicionales.

Así se llegó en la Argentina a una verdadera e inaudita explotación de los trabajadores por los aparatos estatales a los que se enancó una maquinaria quebrada y fraudulenta de unas así denominadas jubilaciones insertas en el sistema de reparto en el que se estafa a quienes aportan el fruto de su trabajo para recibir cifras irrisorias que no guardan proporción alguna con las sumas que le han sido retenidas en su vida activa, muy lejos de cualquier cálculo de interés compuesto.

En este cataclismo se habla de “la clase trabajadora”, que supone que hay otra clase que la explota, sin percibir el origen marxista de la idea misma de clase que deriva de sostener que el proletario y el burgués tienen una estructura lógica distinta, lo cual da lugar a la teoría del polilogismo que nunca ni Marx ni ningún marxista han explicado en qué consisten esas estructuras que se diferencian de los silogismos aristotélicos.

Desde Adam Smith el asunto está resuelto, este autor ha consignado en 1776: “La propiedad que cada hombre tiene es su propio trabajo, ya que es el fundamento original de toda otra propiedad, por lo que es la más sagrada e inviolable” y Juan Bautista Alberdi, al comentar la Constitución liberal argentina de 1853, escribió: “Toda la grande escuela de Adam Smith está reducida a demostrar que el trabajo libre es el principio esencial de toda riqueza creada”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Asesor del Institute of Economic Affairs de Londres

Cuando no había piqueteros que demandaran ayuda social como un derecho, los argentinos se ayudaban entre sí

Por Martín Krause. Publicado el 30/1/18 en: http://bazar.ufm.edu/cuando-no-habia-piqueteros-demandaran-ayuda-social-derecho-los-argentinos-se-ayudaban/

 

Los pobres de entonces cubrían los riesgos resultantes de problemas de salud y previsión a través de un mecanismo comunitario, de seguro social, conocido como “socorro mutuo”. Estas organizaciones son definidas como: “toda organización formal de entrada y salida libre, producto de una decisión de un grupo inicial de individuos de asociarse de manera duradera para compartir o hacer juntos determinadas actividades, de acuerdo a reglas que ellos mismos se dan o a las que adhieren expresamente” (Di Stefano et al, 2002, p. 16). Nótese la importancia de la libertad asociada a la libre entrada y salida y al nacimiento voluntario de estas organizaciones. En un país de inmigrantes, los recién llegados se asociaron principalmente según sus colectividades nacionales para compartir los riesgos que pueden provenir de la pobreza: la falta de trabajo, salud, educación, vivienda. La legislación, además, libera a este tipo de organizaciones de la formal aprobación estatal, siendo ahora necesario solamente su constitución formal y su registro. Los gobiernos liberales de entonces favorecieron este tipo de asociaciones como un elemento esencial para el desarrollo de la sociedad civil y el fortalecimiento del espíritu republicano. Era el espíritu que transmitiera a la Constitución Nacional de 1853 quien fuera su principal inspirador, Juan Bautista Alberdi[1].

[1] “Observaré entretanto, para acabar de hablar del gasto público que no todo él consiste en el gasto con que la sociedad satisface sus necesidades de orden público por conducto del gobierno, sino también en el que hace ella directa e inmediatamente, por la mano de sus habitantes, en la mejora, comodidad y perfeccionamiento de sus ciudades, en el socorro y alivio de las clases desgraciadas, y en fin en todo ese orden de servicios que la sociedad se hace a sí misma, sin el intermedio de la autoridad, en el sentido de su prosperidad más rápida y completa. A este gasto pertenecen las calles, los empedrados, las calzadas, los caminos, puentes, desagües, mejoras locales, monumentos, socorros públicos y eventuales, que se hacen por suscripciones voluntarias levantadas en el vecindario” (Alberdi, [1854] 1993, p. 355).

Un destacado autor, Emilio Coni, escribe (1918, p. 544):

“La República Argentina, por el hecho de haber desarrollado y arraigado profundamente en sus habitantes el espíritu y la conciencia mutualista y cooperativista, puede ser considerada en éste, como en tantos otros aspectos, una nación grande y moderna. En efecto, están vinculados por la mutualidad y la cooperación 593.172 de sus habitantes”.

“La mutualidad se ocupa especialmente de los seguros contra los enfermos y contra la invalidez por enfermedad crónica o por vejez; de los seguros contra los accidentes de trabajo y sobre la vida. En todos estos casos, el capital que aporta el socio a la institución mediante las cuotas periódicas, no goza de un interés material, en efectivo, porque todas las utilidades líquidas pasan al fondo de reserva de la misma institución”. “En una sociedad mutualista, el capital se forma generalmente mediante cuotas periódicas, o bien los socios no desembolsan cuota alguna, pero se declaran solidaria e ilimitadamente responsables de las obligaciones que contrae la institución”.

El temprano desarrollo de estas organizaciones voluntarias, o de mercado, para reivindicar sus verdaderas características, es evidenciado por el mismo Coni (1918, op. cit., p. 547):

“En la Capital Federal la sociedad de socorros mutuos más antigua existente es ‘L’Union et Secours Mutuels’, fundada el año 1854; siguióle, en 1856, la sociedad ‘San Crispín’, denominada así porque el núcleo principal de sus fundadores pertenecía al gremio de operarios en la industria de calzado cuyo patrono es San Crispín. En 1857 se fundan la ‘Tipográfica Bonaerense’, ‘La Catalana’ y la hoy poderosa ‘Asociación Española de Socorros Mutuos’; en 1858 la ‘Unione e Benevolenza’, la ‘nonna’ de las sociedades italianas; en 1859 la ‘Francaise’; en 1861 la ‘Nazionale Italiana’, etc., etc.”. “Las mutualidades en ejercicio el 31 de diciembre de 1916 eran 1.205. De éstas, 1.202 son suciedades de socorros mutuos, y 3 sociedades de rentas y de seguros sobre la vida”.

El socorro mutuo floreció sobre todo en las comunidades de inmigrantes. No es de extrañar, el traslado a un país lejano había quebrado los lazos familiares con los que se contara durante siglos. Por mucho tiempo, en sociedades básicamente agrícolas, la relación familiar proveía un cierto seguro: los padres cuidaban de sus hijos cuando éstos no podían mantenerse por sí mismos y luego éstos hacían lo propio con sus padres. La emigración, tanto a las ciudades como al extranjero aunque mucho más en este caso,  rompe este vínculo y surge entonces una solución voluntaria para cubrir ese vacío. Evidentemente, la forma más sencilla de agruparse es alrededor de aquellos elementos que el grupo tenga en común, y en este caso era principalmente el origen nacional, también el lugar de trabajo o la profesión.

Resulta sumamente ilustrador mencionar las mutuales fundadas en los primeros años de este siglo en Buenos Aires: Club Sindical de Empleados, Sanatorio Mutualista para Empleados de Correos y Telégrafos, Sociedad Mutua de Obreros de la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad, Asociación Mutualista Argentina, Sociedad Mutual de Funcionarios y Empleados Judiciales, Ordenanzas Unidos, Sociedad de Socorros Mutuos entre Empleados de Ferrocarriles, Unione Alessandrina, Asociación Mutual de Empleados Públicos, Asociación Mariano Moreno, Banco de Seguros Mutualistas, Cantinas Maternales, Asociación Escolar Mutualista, Fédération des Mutualités Francaises en Argentine, Federazione delle Associazioni Italiane, Associazione Italiana di Mutualitá ed Istruzione, fusión de las siguientes sociedades de socorros mutuos: Camilo Benso, C. di Cavour, Fratellanza Militare, Giuseppe Garibaldi, La Patriottica, Le Italiane al Plata, Margherita di Savoia, Trionfo Ligure, Unione e Benevolenza, Unione Italiana al Plata.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

CÓMO HACER PARA QUE NO HAYA ERRORES EN EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA (Método infalible).

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 28/1/18 en: http://gzanotti.blogspot.com.ar/2018/01/como-hacer-para-que-no-haya-errores-en.html

 

Hace poco, gracias a la invitación de una ex alumna (Nani Sánchez) fui al colegio donde ella da clase para hablar de educación. Entonces hice el siguiente experimento.

Supongamos que quieren estudiar filosofía pero NO hay carreras de filosofía formales como las organizadas actualmente.

¿Qué harían?

De manera dialógica fueron saliendo las primeras respuestas.

Una, estudiarían por su cuenta. Ok.

¿Con qué?

Con libros, ya sea en papel o internet.

¿Qué libros? Y, correr el riesgo. Tal vez preguntar a alguien, tal vez preguntar a algún profesor que daba clases de filosofía.

¿Cómo seguir? Depende del objetivo. Supongamos que el objetivo es dar clases de filosofía en el terciario que ahora están estudiando.

Bueno, habría que seguir leyendo y ver qué vamos aprendiendo.

¿Cómo lo haríamos?

Bueno, de vuelta, anotaríamos todas nuestras dudas y las iríamos consultando, cada 10 días más o menos, a gente que dice saber filosofía o que daba clases de filosofía o a personas que digan que son filósofos. Habría que ver si nos cobran o no, si son confiables…… Iríamos probando.

Si nos gusta cómo nos tratan, volveríamos, en 10 días o 15, con más preguntas, con más textos leídos, con más cosas vistas en papel, on line, en youtube, etc.

Y así, ¿durante cuánto tiempo? Y, deberíamos ir practicando. Tal vez organizamos un grupo para darnos clase mutuamente, para ver cómo podemos responder, tal vez pedimos asesoramiento a alguien que diga que sabe de esas cosas.

Cada tanto, a su vez, podríamos ir escribiendo, en nuestros blogs, nuestras ideas filosóficas, compartirlas con los demás, recibir críticas, ver cómo nos ponemos ante el debate, ver si dialogamos o nos peleamos, etc.

¿Cuánto tiempo? No sabemos. En última instancia, alguna vez hay que comenzar. Suponiendo que no tengamos pánico escénico, un día podríamos ir a ver a una de las autoridades del instituto y decirle que queremos dar clases de filosofía a los alumnos que quieran escucharnos, y organizar un seminario, un taller, lo que fuere.

Alguien del instituto debería hablar con nosotros y considerar si estamos en condiciones o no. Puede equivocarse, pero él tiene que decidir.

Si nos dice que sí, hay que ver cómo nos llevamos con nuestros alumnos voluntarios: en qué medida somos nosotros ahora los que intentamos mover al entusiasmo por el camino recorrido.

Si nos dicen que no, podemos dar clase en nuestra casa a los que quieran escucharnos.

Si nadie quiere escuchar nuestras clases, entonces…… Nadie quiere escuchar nuestras clases.

Y si alguien quiere escucharnos, pues………….. Correrá el riesgo.

Y así, lentamente, habrá de vuelta lugares donde se estudia filosofía. Bien, mal, regular, Dios sabrá.

Dios sabrá: eso es lo importante.

Porque el problema se produce cuando alguien, que no es Dios,  dice “yo soy el que sé” y llama a la coacción del estado para que lo certifique.

Entonces me nombra Secretario de Humanidades de La Nación.

Y entonces organizo las carreras de filosofía. Y todo el que quiera enseñar filosofía deberá pasar por las carreras así organizadas, y nadie podrá estudiar o enseñar filosofía si no pasa por MI sistema que ahora se ha convertido en EL sistema aprobado por el estado y exigido a todos los que quieran estudiar filosofía.

Porque el otro sistema, claro, era caótico. Mucha gente se podía equivocar.

 

Ahora, claro, ya no.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

La falacia de los derechos sociales

Por Gabriel Boragina Publicado  el 28/1/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/01/la-falacia-de-los-derechos-sociales.html

 

Hemos escrito bastante sobre la gran tergiversación en los términos que significa la populista “derechos sociales” o “estado social”, “organizaciones sociales”, etc. Todas fórmulas y expresiones que ocultan un significado muy diferente al que quieren aparentar y que -en definitiva- esconden como objetivo el logro de porciones de riquezas que deberán ser detraídas a unos para ser entregadas al grupo que se oculta tras el adjetivo “social”.

“[…] los derechos individuales han pasado de ser “negativos”, una esfera protegida de acción, a “positivos” una exigencia de materialización de beneficios concretos que inevitablemente exige quitar a unos para dárselo a otros.”[1]

Antiguamente, la única noción concebible -tanto jurídica como filosófica y económicamente- era la de derechos individuales. Todo el mundo, en épocas ya idas, tenía clara conciencia de qué significaban estas palabras unidas, y nadie cuestionaba la claridad de su sentido, al punto que había un gran consenso en cuanto a que separados estos vocablos perdían total representación. Hoy en día las cosas al respecto han cambiado bastante.

“Las libertades sancionadas por las cartas constitucionales de los siglos XVIII y XIX proporcionaban espacios y garantías para la acción libre del hombre, pero no atribuían ventajas sustantivas a nadie. Eran derechos absolutos (incondicionales) porque no tenían “coste”, porque su satisfacción no exigía la cooperación forzosa de los demás.”[2]

No eran derechos positivos sino negativos, en el concepto de que tales garantías constitucionales aseguraban que nadie pudiera interferir con las acciones, libres, voluntarias y lícitas de toda persona, reconociendo la misma obligación negativa hacia los demás. En algunos casos, los autores se refieren a ellos como derechos naturales, propios e inherentes a la condición humana, y por esto recibían este nombre. Constituían la órbita de conducta donde cada uno -sin lesionar los iguales derechos del prójimo- podía hacer lo que se le viniera en gana.

“Si tengo derecho a trabajar y nadie quiere contratarme, alguien (el gobierno) debe forzar a otro para que lo haga. Así, los derechos iguales para todos del liberalismo clásico se han transmutado en desiguales, en discriminaciones. Los modernos derechos sociales son costosos y además generan expectativas de satisfacción crecientes que inexorablemente se traducen en un deterioro, por no decir, en un creciente quebranto de los primeros.”[3]

Los “derechos sociales” son la más pura expresión de la negación del Derecho mismo, y son la causa de todos los males sociales (aunque resulte paradójico). Se tratan -como han expresado profundos pensadores, como el Dr. Alberto Benegas Lynch (h)- de pseudoderechos. Sin embargo, es la corriente imperante y dominante, no sólo en el campo jurídico sino en el económico que es donde más daño causan, ya que para que se cumplan tales “derechos sociales” se deben violar los derechos naturales de otra persona o de un conjunto de ellas. La misma necesidad de tener que calificar la palabra derecho,que ha perdido su sentido univoco para pasar a adquirir otro equivoco, nos da la pauta del caos legislativo y económico en la materia en el que se vive.

“Los derechos, que resultan significativos, son los derechos naturales, no los que se confieren por una autorización legislativa. Los llamados “derechos sociales” de hoy en día no son “derechos” y, sin dudas, no son “programas de ayuda social” pues nadie tiene la facultad de ayudar a expensas de otro; son más bien demandas que la sociedad puede o no satisfacer.”[4]

Participamos de la utilización de la locución derechos naturales que consideramos auténtica y la adecuada para expresar la naturaleza y esencia de los verdaderos derechos a los que antiguamente no era necesario adjetivar. Como bien expresa el autor que ahora comentamos, los derechos jamás provienen de la ordenanza gubernamental, ni de decreto, ni aun de ley positiva alguna. El poder político ha de reconocer los derechos individuales o naturales, mas no puede crearlos y, por supuesto, mucho menos abolirlos. Así, la Constitución de la Nación Argentina reconoce tales derechos individuales, aunque -lamentablemente- después de la infortunada reforma sufrida en el año 1994 su texto se vio desnaturalizado por completo.

“Y no obstante, en las democracias industriales modernas, a un gran número de ciudadanos se les exige trabajar para mantener a otros: en Suecia, el Estado más retrógrado en este sentido, por cada ciudadano que se gana la vida, 1.8 son mantenidos completa o parcialmente por los impuestos que él debe pagar; en Alemania y Gran Bretaña la proporción es de 1:1, y en los Estados Unidos de 1:0.”[5]

Si este es el panorama de las democracias industriales modernas imagínese el lector cual será el de los populismos latinoamericanos, donde del asistencialismo social se ha hecho más que una cultura, sino un culto mismo, y en los cuales postular la diminución o eliminación de los programas sociales de “ayuda” (en el caso particular de Argentina conocidos como “planes sociales”) es un tema tabú y merecedor de la más severa condena social para quien siquiera lo insinúe.

“Los pensadores comunistas y fascistas insistieron en que las personas somos sólo títeres de los supuestamente inapelables “capitanes de la industria”, un argumento falaz pero atractivo y conveniente para justificar que la política nos recorte o arrebate la libertad. Podemos decir que estamos en manos de leyes históricas inapelables, como diría Marx, o de héroes imprescindibles, como diría Carlyle, o de sombríos poderes económicos, como han sostenido cientos de artistas.”[6]

Para evitar esto, los propios comunistas han propuesto -como lo aclara el mismo autor líneas más abajo- la creación de los denominados “derechos sociales”. Es justamente en esos falsos “males” invocados por socialistas y fascistas (como los nombrados) que se sostiene que estamos “necesitados” de “derechos sociales”. Lo que realidad quieren es suprimir los únicos derechos reales existentes: los individuales o naturales (como lo han hecho y lo continúan haciendo). La idea de fondo es que el gobierno pueda manejar nuestras vidas y recursos como mejor le parezca.

[1] Lorenzo Bernardo de Quirós “Las consecuencias políticas del liberalismo: La declaración de derechos y el debido proceso”. Seminario Internacional sobre la Democracia Liberal. Democracia, Libertad e Imperio de la Ley. Sao Paulo. 15/16 de mayo Pág. 18-19.

[2] Lorenzo Bernardo de Quirós …ibidem.

[3] Lorenzo Bernardo de Quirós …ibidem.

[4] Richard Pipes. “Propiedad y Libertad: La Piedra Angular de la Sociedad Civil”. Fundación Friedrich Naumann. México Business Forum Pág. 23-24

[5] Richard Pipes. …ibidem, Pág. 23-24

[6] Carlos Rodríguez Braun “Cultura y economía”. Revista Libertas 41 (octubre 2004) Instituto Universitario ESEADE Pág. 4

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Reducción de puestos políticos: Gestos vs política económica

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 29/1/18 en: https://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2018/01/29/reduccion-de-puestos-politicos-gestos-vs-politica-economica/

 

El día de hoy Mauricio Macri anunció un recorte del estado, que consiste en recorte de gastos, congelamiento de sueldos, y la prohibición (retroactiva) de contratar a familiares de ministros. En números fiscales, el ahorros fiscal es mínimo (en las redes vi estimaciones en torno al 0.008% del PBI.)

Hay dos críticas parecidas que se la han hecho a cambiemos, pero con una diferencia sutil. La primera consiste en no llevar adelante la baja del gasto necesaria para equilibrar la economía argentina. La segunda es la falta de la política de gestos que muestren que al menos los funcionarios públicos tienen consciencia del problema. Es fácil interpretar como una falta de respeto al contribuyente que mientras el déficit fiscal se encuentra en niveles récord y el contribuyente sufre una presión fiscal asfixiante las clase política despilfarra los recursos que tanto le han costado al ciudadano para el estado.

Podría decirse que congelar sueldos y no contratar familiares era prácticamente una cuestión de sentido común dada la herencia recibida. Tomar esta medida a medio mandato suena más a necesidad política que a verdadera convicción institucional por parte de Cambiemos. Para Cambiemos parece ser que el nivel de gasto es irrelevante, lo único que importa es la eficiencia del gasto público. Me pregunto como funcionaría una economía con 100% del PBI en gasto público.

No obstante, bienvenido es el gesto. Sin embargo, reconocer el gesto no implica que esta medida deba ser confundida con algo que no es. Este tipo de medidas no son (1) ni relevantes en términos de desequilibrio fiscal ni (2) reformas o soluciones. Son lo que son, gestos políticos que deben hacerse pero no deben confundirse con las medidas que el gradualismo nos sigue haciendo esperar. Una analogía que utilcé hace algunos meses era ver a Argentina como el Titanic y a Cambiemos preocupado por limpiar los muebles y ventanas del barco en lugar de tapar el agujero por el que entra agua, como si ese agujero se fuese a solucionar sólo con el paso del tiempo (congelar gasto y esperar a que crezca la economía.)

Sobre el gradualismo, una aclaración. No son pocos los defensores del gradualismo que argumentan que no es (políticamente) posible hacer más. Sin entrar a discutir en este post si ese es el caso, el punto es que no poder hacer más de ninguna manera transforma medidas insuficientes mágicamente en medidas suficientes. A Cambiemos lo veo más preocupado por justificas sus límites políticos que por expandirlos, es decir, trabajar en hacer que lo necesario y políticamente imposible sea políticamente posible.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE). Fué profesor de Finanzas Públicas en UCA y es Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

Cuando un daltónico mira un semáforo

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 25/1/18 en: https://alejandrotagliavini.com/2018/01/25/cuando-un-daltonico-mira-un-semaforo/

 

Mientras que la principal fuente de “crecimiento”, la deuda estatal, va camino de perjudicarse, ya que la Fed cambia de titular -la actual celebrará el 30 y 31 de enero su última reunión- y asume Jerome Powell confirmando el continuismo, o sea, la senda alcista de las tasas de interés, el gobierno ve “luces verdes”. La Fed elevó las tasas tres veces en 2017, hasta el rango de entre el 1,25% y el 1,5%, y aprobaría otras tres subas en 2018.

Nada menos que 15 luces, verdes ve el oficialismo, tres amarillas y dos rojas en su “Monitor de la Economía Real”, la última edición de un semáforo que prepara mensualmente el Ministerio de Producción, con indicadores de la actividad económica, oficiales y de consultoras privadas. Faltando los datos de diciembre, que se antojan peores, el más rojo es la caída de la industria textil, 8,6% entre enero y noviembre de 2017, y luego la química 1,5%. Los amarillos: la baja de 1% del consumo, el 24,8% de inflación anual y la caída de 0,9% de la producción de alimentos.

Ahora, entre lo verde estaría el mercado de créditos hipotecarios -desde 2016 ya alcanzaron los $ 56.300 M-, claro que apalancados desde el Estado. Así las cosas, no extraña que, en 2017, el “crecimiento” de la economía fue impulsado especialmente por la “inversión”, de la mano del agro y la construcción pública y privada, insisto, apalancada desde la deuda estatal.

Según el gobierno, la industria se expandió 1,9% en los primeros 11 meses de 2017: “Los primeros, durante el primer semestre del 2017 fueron metalmecánica, metales básicos, automotriz y minerales no metálicos, vinculados al crecimiento de la construcción, el agro y el consumo durable. Luego, caucho y plástico (que abastecen a los sectores automotriz y construcción principalmente)”.

Ahora, la producción automotriz cerró 2017 con 472.158 unidades salidas de las fábricas, según quién más sabe de esto, Adefa, 0,1% menos que en 2016. El cuarto año consecutivo de retroceso desde 2013 y casi la mitad del récord de 828.700 vehículos que se fabricaron en 2011.

Para el 2018, “las perspectivas son mejores… por el cambio en la meta inflacionaria, la recuperación de Brasil y la reforma tributaria”. Se recuperarían los salarios, impactando en el consumo, los precios de los productos primarios y la obra pública y el incentivo de la inversión a través de proyectos PPP, ambos apalancados por el Estado y su endeudamiento

Y la reforma tributaria que, según el Gobierno, mejoró la tasa de rentabilidad de las empresas demostrando que no entiende al mercado, cree que éste es manejado por las empresas cuando está conformado por las personas, los 45 M de argentinos. O sea, que unas empresas mejoren no hace al mercado, que crecerá cuando todo el conjunto de la sociedad crezca, para lo que hay que desregular a la economía y bajar la presión fiscal general, y no solo a las empresas ni manteniendo el nivel general con aumentos en otros lados.

Por caso, el gobierno tiene que desregular el sector energético permitiendo que cualquiera pueda producir, distribuir y vender en cualquier momento y lugar, y que el mercado fije tarifas competitivas. La revisión tarifaria en el sector eléctrico -que desde diciembre con el aumento de febrero acumulará casi 70%-, tenía como objetivo disminuir la cantidad de cortes y bajar los subsidios. Sin embargo, durante diciembre, el número de interrupciones en el servicio subió 28%, en relación al mismo mes de 2016, en el AMBA, aunque la duración de los cortes fue 13% inferior.

Según el Instituto Argentino de Energía, a noviembre del 2017, la balanza comercial reflejaba un déficit de US$ 7.656 M. De este total, el 41% se debe al déficit energético. Con este potencial de desarrollo y el Estado que les garantiza estas tarifas y privilegios monopólicos, de las acciones del Merval en lo que va del 2018, las mayores subas se dan en el sector energético que aumentó, en promedio 15%, destacando Central Puerto S.A. y Distribuidora de Gas Cuyana S.A. que subieron en solo 15 días 41 y 36% respectivamente.

En fin, el optimismo decae. Por caso, la última edición del Índice de Confianza, elaborado trimestralmente por Vistage Argentina desde 2006 entre líderes de empresas, bajó de 133 puntos en el tercer trimestre de 2017-récord- a 129 en el último. El 71% dijo que mejorará el escenario económico, 15 puntos menos que el 86% de la medición anterior. El 85% cree que su facturación crecerá en 2018, 80% espera ver crecer sus ventas, pero los que esperan que su rentabilidad aumente pasaron del 53% al 48%.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.