La mala praxis política debería ser punible

Por Ricardo Rojas. Publicado el 21 de Octubre de 2021 en: https://www.infobae.com/opinion/2021/10/21/la-mala-praxis-politica-deberia-ser-punible/?fbclid=IwAR1w5yCaJc8v2cAQg–YVVE0BzioefFP-GBAke5ZjnEv0uYE0iv6XUgNZ_4

Quienes disponen medidas violatorias de derechos, conociendo de antemano que no sirven, tendrían que responder por tales acciones, ya que en definitiva constituyen formas de robo, estafa y falsificación

Martín Guzmán y Alberto Fernández

Cuando un gobierno incrementa innecesariamente el gasto y luego cubre el déficit con endeudamiento, suba de impuestos o emisión monetaria, lisa y llanamente está robando a los habitantes. Cada peso quitado por la fuerza o por obra de la inflación, para emplear en aquello que exceda las funciones del gobierno establecidas taxativamente en la Constitución, debería ser considerado un delito contra la propiedad.

Cuando un gobierno emite dinero de manera indiscriminada, para cubrir el déficit, en definitiva degrada la moneda a través de su falsificación masiva. Su acción supone quitar riqueza de los bolsillos de las personas sin siquiera tener que tocarlas. Cuando la presión tributaria se vuelve asfixiante, se recurre a esta maniobra de seguir quitándole el dinero a las personas sin que se den cuenta de ello, y encima echándole la culpa a los comerciantes a quienes se pretende responsabilizar por la suba de los precios. Esa acción del gobierno debería estar contemplada en el Código Penal entre los delitos de falsificación, y ser imputada a los funcionarios del Poder Ejecutivo y el Banco Central que promueven la emisión irregular para cubrir el déficit.

Por su parte, cuando un gobierno dispone controles de precios, sea de bienes y servicios, de alquileres, de cambios, etc., está produciendo una exacción contra las personas, que se trata de justificar como una protección que en realidad no existe. En definitiva, esos controles son formas de defraudación, engaños que producen serios perjuicios económicos a sus víctimas, y que deberían ser penados como delitos.

Todas esas acciones suponen violar derechos reconocidos y amparados por la Constitución. Fundamentalmente el derecho de propiedad, que no puede ser alterado por las leyes que reglamentan su ejercicio, de acuerdo con el artículo 28 de nuestra Carta Magna.

Desde hace décadas los gobiernos argentinos repiten una y otra vez estas acciones que, en definitiva, sólo tienen por objeto distraer a la gente de las verdaderas causas de los problemas, e inventar a quién echarle la culpa en el futuro.

Se está por cumplir un siglo desde aquella ley de alquileres sancionada en tiempos de Irigoyen, que no obstante la denodada disidencia del Juez Bermejo acabó siendo convalidada por la Corte Suprema. Por supuesto que esa ley provocó más problemas que soluciones, y al poco tiempo fue dejada sin efecto. Desde entonces, cada vez que el gobierno cae en una crisis –provocada por el mal manejo de las cuentas-, recurre a algún artilugio de ese tipo, a pesar de que aquellos que disponen las medidas saben que fracasarán. Lo hacen, en realidad, para ganar tiempo, para aparentar que se ocupan del problema, y para ir armando el personaje de a quién le van a echar la culpa cuando todo explote. Ludwig von Mises explicó a mediados del siglo pasado este fenómeno con su habitual claridad:

“Para evitar ser acusado de las nefastas consecuencias de la inflación, el gobierno y sus secuaces recurren a un truco semántico. Tratan de cambiar el significado de los términos. Llaman ‘inflación’ a la consecuencia inevitable de la inflación, es decir, al aumento en los precios. Ansían relegar al olvido el hecho de que este aumento se produce por un incremento en la cantidad de dinero y sustitutivos del dinero. Nunca mencionan este incremento. Atribuyen la responsabilidad del aumento del coste de la vida a los negocios. Es un caso clásico de ladrón gritando: ‘¡Al ladrón!’. El gobierno que produjo la inflación, multiplicando la oferta de dinero, incrimina a los fabricantes y comerciantes y disfruta del papel de ser un defensor de los precios bajos”.

El motivo principal de estas acciones, es la necesidad de cubrir de alguna manera el endémico déficit fiscal que todos los gobiernos ostentan. En lugar de llevar a cabo una política de austeridad y de limitación en los gastos a aquello que sea necesario –que más que una política es una exigencia constitucional-, prefieren mantener la orgía de gasto y corrupción, y finalmente buscar el medio de seguir esquilmando a los contribuyentes. Cuando esa práctica lleva al país al borde del estallido, sacan a relucir los inventados personajes que representan a los “culpables” por la crisis: los empresarios, los comerciantes, los productores agropecuarios, la “patria financiera”, etc.

El punto de partida de esta serie de delitos se produce todos los años en el Congreso cuando se discute el presupuesto –la ley de leyes, al decir de Alberdi-. Como en cualquier presupuesto doméstico, el cálculo de los gastos del gobierno debería hacerse teniendo en cuenta los ingresos previstos por las vías normales, y decidiendo de qué manera se distribuirán esos ingresos para cubrir los gastos. Para ello, normalmente habrá que ajustar los gastos para que las funciones esenciales del gobierno puedan ser satisfechas.

Sin embargo, nada de eso ocurre. La discusión del presupuesto se transforma habitualmente en la discusión de cómo repartir privilegios, donde todos van a exigir su parte. Una situación que es mucho peor que la de criminales repartiendo un botín. Los criminales están limitados por la magnitud del botín. El gobierno no tiene límites, decide sus gastos según su voluntad, y luego busca cómo hará para quitarle a la gente, directa o indirectamente, lo necesario para cubrir la diferencia.

Las consecuencias de ese déficit son trágicas, si se piensa en que uno de los países potencialmente más ricos del mundo, tiene a la mitad de su población en las puertas de la pobreza. Diariamente, estas medidas del gobierno crean nuevos pobres.

Los políticos que llevan a cabo maniobras de este tipo saben que están estafando y robando a las personas. A esta altura de la historia es inadmisible pretender que lo hacen de buena fe, pensando que su “política económica” podría tener éxito y resolver el problema. Ninguno de ellos puede desconocer además que está violando derechos fundamentales garantizados por la Constitución –y de esta circunstancia terminan siendo cómplices aquellos jueces que no han sabido estar a la altura de los requerimientos constitucionales, a la hora de establecer los límites expresos a los que se refiere el artículo 28-.

Si se repasan tan sólo las últimas décadas, Alfonsín fracasó al mantener un gasto público incontrolable al que trató de cubrir con una emisión de tal nivel que explotó en una hiperinflación. Menem mantuvo el déficit fiscal, y al no poder cubrirlo con emisión lo hizo con endeudamiento e impuestos, poniendo en peligro mortal, al fin de su mandato, la convertibilidad que él mismo había establecido. De la Rúa mantuvo la convertibilidad pero también el nivel de gasto, se endeudó aun más, e inevitablemente ello llevó al colapso.

Desde hace unos quince años se viene anunciando una nueva crisis. Los gastos del Estado nacional y de las provincias llegan a niveles obscenos, y las tres formas de cubrir el déficit han sido explotadas casi al límite de la extenuación. A ello contribuye al sistema de coparticipación de impuestos –que desde 1994 es norma constitucional-, que le permite a las provincias recibir enormes cantidades de dinero quitado por la fuerza a los trabajadores, para gastar de manera discrecional y muy poco clara. Esa gran ventaja hace que jamás los legisladores que representan a las provincias estén dispuestos a eliminar o disminuir la alícuota de impuestos coparticipables. Por su parte, el kirchnerismo revirtió en parte aquel proceso de privatización o eliminación de reparticiones estatales o las llamadas “empresas públicas”, que habían sido una sangría, y nuevamente obliga, a través de cajas separadas, a financiar las pérdidas de “empresas” como YPF o Aerolíneas Argentinas.

Cuando la anunciada nueva crisis se produzca, los políticos responsables de ella dirán que falló una “política económica” y nuevamente buscará culpables. Jamás admitirán que la culpa es del gasto excesivo e injustificado, que se podría haber resuelto con austeridad, y no con este tipo de medidas que, lejos de resolver la crisis, la agravan aun más.

La mala praxis de los gobernantes debería ser punible. No existe motivo para que quienes disponen medidas violatorias de derechos, conociendo de antemano que no sirven para obtener los resultados que invocan y que son simplemente un distractivo para no admitir sus fallas en la contención del gasto, no respondan por tales acciones que en definitiva constituyen formas de robo, estafa y falsificación.

Los ministros de Economía y funcionarios del área, así como legisladores, gobernadores o presidentes, conocen o deberían conocer las reglas básicas de la teoría económica. La economía, como ciencia social, depende de la acción humana, que por ser voluntaria es voluble e impredecible. Sin embargo, ello no impide que puedan deducirse un puñado de leyes económicas respecto de las consecuencias de las acciones. Ninguna persona que toma decisiones que imponen conductas de manera compulsiva y producen consecuencias económicas, debería ampararse en el desconocimiento de esas leyes. Y cuando deliberadamente imponen medidas que producirán perjuicios a los derechos amparados por la Constitución, deberían responder política, administrativa, civil y penalmente por ello.

Todos los gobiernos de los últimos tiempos son partícipes de tales delitos. Algunos en mayor medida que otros, pero ninguno de ellos tuvo la decencia de proponer rebajas en los gastos para no producir un déficit que necesariamente terminaría cubriendo de manera criminal.

En momentos en que la gente trata de predecir el momento en que se produzca una nueva crisis que casi todos consideran inevitable, creo que es hora de incluir en el Código Penal formas de responsabilidad para quienes las producen.

Ricardo Rojas es Abogado, Doctor en Historia Económica (ESEADE).
Ex Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(1986-1993). Ex Juez de Cámara en lo Criminal y Correccional (1993-2020). Profesor de Análisis económico del derecho penal en la Maestría en Derecho y Economía de la UBA. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín. Miembro del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho, autor de varios libros y ensayos sobre temas jurídicos, económicos y filosóficos.

Algunos tips del mercado, hoy

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 26/6/20 en:  http://www.elefete.com/opinion-algunos-tips-del-mercado-hoy/

 

Según el FMI -informe sobre la Estabilidad Financiera Global- los mercados de renta variable recuperan una media de 85% de sus niveles de mediados de enero. Existiría una desconexión entre los mercados financieros y la economía real que se visualiza con el reciente desacoplamiento entre Wall Street y la caída de la confianza del consumidor (dos indicadores que históricamente han operado en paralelo), dejando dudas sobre la sostenibilidad del repunte de no ser por el impulso de los bancos centrales. Es decir, tal como vengo escribiendo, las bolsas están sobrevaloradas por un exceso de liquidez en el mercado.

Los activos agregados de los 10 principales bancos centrales del mundo aumentaron en unos US$ 6 B desde mediados de enero, más del doble observado durante los dos años de la crisis financiera de diciembre de 2007, casi el 15% del PBI de sus países. A lo que debe sumarse los cerca de US$ 11 B en estímulos fiscales de emergencia de los gobiernos de todo el mundo.

Con el apoyo de los bancos centrales, el interés de los bonos soberanos de los países desarrollados cae en picada y así el 90% -el nivel más alto de la historia- de la deuda de estos, ofrece una rentabilidad inferior al 1%. Tomando toda la deuda soberana y no solo la desarrollada, el 60% ofrecería un rendimiento inferior al 1% y el 20% cotiza con rentabilidad negativa.

Dejo aclarado que, contra lo que es creencia popular, el FMI no solo que no es “promercado” sino que siempre actúa, finalmente, contra el sector privado como buen banco (multi) estatal. Como prueba vemos lo que hace en Argentina, que exige que se le devuelva todo aun cuando es co responsable del programa económico que nos trajo hasta aquí, y para ello alienta una fuerte quita a los acreedores privados y una suba de impuestos. Para remate, dice que el PBI argentino caerá 9,9% en 2020 y rebotará 3,9% en 2021. Lo que supone un espaldarazo al gobierno desde que, sin dudas, la caída será mayor y continuará en 2021 dado el programa estatizante represivo del sector privado -el sector productivo- en marcha.

Por cierto, como escribí en una nota anterior (Bolsas -robo advisors- y bitcoin: ¿llega la recuperación?), es inevitable el crecimiento de los “robo advisors” -o trading algorítmico- que son asesores financieros automatizados, que diseñan carteras con fondos, de bajo costo del orden del 0,4% anual y la mayoría utilizan fondos indexados o ETFs. Sus detractores dicen que agrava la recesión al ser los operadores sustituidos por máquinas inexpertas. Los defensores dicen que vivieron el “flash crash” del 6 de mayo de 2010 cuando el Dow Jones cayó 998,5 puntos -un 9%- en minutos para luego recuperarse el mismo día. En cualquier caso, su avance es inevitable al punto de que muchos gestores ya cerraron sus fondos y, según Wells Fargo, los robots reemplazarán 200.000 bancarios antes de 2030.

Hablando de ETFs, ya se puede seguir la carrera mundial por la vacuna y tratamiento del Covid-19. Desde el 18 de junio, se comercializa en Wall Street un ETF que incluye empresas de biotecnología. Lleva la firma de ETFMG, se llama Treatments, Testing and Advancements ETF y replica al índice PGERM que, desde su creación en diciembre de 2019, repunta cerca de 70%.

Incluye entre otros a ModernaQuidelVir Biotechnology o Novavax, que suben alrededor de 240%, 180%, 230% y hasta 1.500%, respectivamente, en 2020, y Zai Lab, que gana cerca de 100% en el mismo periodo. Están de moda, pero y si no consiguen la vacuna…

Dentro de la bolsa, por cierto, siguen los tres mayores valores tecnológicos por capitalización, Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) y Amazon (NASDAQ:AMZN), que han llevado al Nasdaq Composite a que, en lo que va de trimestre suba 32% y, desde los mínimos de marzo, casi 48%.

En cuanto a los commodities, hay cierto desconcierto. Según Ellen R Wald PhD hay demasiado petróleo crudo en el mercado. Aún con los fuertes recortes de la producción, las reservas mundiales estaban a finales de mayo 1.400 M de barriles por encima de lo que estuvieran a fines de 2019.

Crude Oil WTI Futures Weekly Chart

Crude Oil WTI Futures Weekly Chart

Y aunque la demanda de productos de petróleo crudo como la gasolina y el combustible para aviones está empezando a repuntar, el nivel de utilización de la capacidad de las refinerías del 70,6% en mayo de 2020, sigue siendo alto dada la caída en el consumo.

Por su lado “la plata a US$ 18 brilla más para algunos que el oro a 1.800” dice Barani Krishnan. En relación con el oro, la plata sólo ha estado tan subvaluada en dos ocasiones: durante la Segunda Guerra Mundial, y a principios de los 90. Así que para aquéllos que piensan que la plata volverá a la media, sería momento para comprarla.

Daily Silver Futures

Daily Silver Futures

La demanda tiene futuro dado el aumento en la producción de vehículos eléctricos y otras áreas que requieren conductores como la tecnología 5G. En lo que va de 2020, la inversión en plata física experimentó un tercer año de crecimiento, subiendo 16% hasta las 215 M de onzas y subiría otro 16% en lo que resta del año llegando a máximos de cinco años.

En cuanto al bitcoin (BTC), según Pinchas Cohen, cayó este jueves pero luego se recuperaba, todo explicado por el próximo vencimiento de US$ 1.000 M de las opciones de BTC, el más importante registrado. Como sea, dice Pinchas, algunos impulsores técnicos están funcionando:

Gráfico diario del BTC/USD

Gráfico diario del BTC/USD

Aunque la criptomoneda se ha alejado repetidamente de la cifra redonda psicológica de los US$ 10.000 y, tras no haber podido registrar nuevos máximos durante más de un mes y medio, parece que los alcistas se están perdiendo la fe.

En fin, en cuanto a Argentina, según el Indec el PBI se contrajo 5,4% en el primer trimestre, con poco menos de 15 días de confinamiento y ahora se endurece la represión -cuarentena- a los mercados con lo que la cosa emporará mucho más. Un gráfico de terror publicado por El Economista:

La inflación llegaría a 70% en doce meses, según SBS. Por el momento, la suba del IPC está contenida -entre reprimida, fuerte recesión y aumento en la demanda de dinero- pero el BCRA emitió $1,6 B para financiar al Tesoro Nacional desde agosto, generando una fuerte disparada de los agregados monetarios. Hasta junio, la base monetaria amplia que incluye pasivos remunerados del BCRA crece al 75% interanual mientras el M2 privado avanza al 100% interanual, un récord desde la salida de la hiperinflación a comienzos de los 90.

Así, me creo lo que twitteo Christian Buteler: “Si ya tenés bonos en cartera venderlos en u$s (mep)…  para luego ir al blue… está más que tentador. Mezclas blanco con negro pero…….te deja un 12%”. El siempre adorado blue.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Asesor Senior de The Cedar Portfolio, Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE. Síguelo como @alextagliavini