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Argentina: obra pública y política fiscal

Por Gabriel Boragina Publicado  el 16/7/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/07/argentina-obra-publica-y-politica-fiscal.html

 

En declaraciones recientes, el presidente Macri ha expresado que “los impuestos nos están matando”.

Sin duda que la afirmación es acertada. Lo que es llamativo que sea un presidente desarrollista el que la formule. Repasemos la definición de desarrollismo según el diccionario de economía:

“desarrollismo. Término poco preciso que estuvo en boga en los años sesenta y que se refería a la ideología que postula como meta de la sociedad y de la acción estatal la obtención de un acelerado crecimiento económico. El desarrollismo latinoamericano hacía énfasis en la transformación de las economías atrasadas de la región, concentrando los esfuerzos en la creación de una base industrial y la superación de la condición de países exportadores de materias primas. En la mayoría de los casos este desarrollismo asumió como modelo de crecimiento la llamada sustitución de importaciones, la que se intentó lograr mediante un elevado nivel de proteccionismo. (V. DESARROLLO; PROTECCIONISMO; SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES).”[1]

Si ninguna vacilación –al menos para mí- se trata esta de la política económica encarada por el gobierno de Cambiemos que, sin ser demasiado explicito en cuanto a precisiones ideológicas, se encamina en la dirección dada por la definición. Su distinción con el liberalismo –como ya lo indicáramos en ocasiones anteriores- consiste en que ese “acelerado crecimiento económico” se persigue a través de la acción estatal, en tanto que en el liberalismo el mismo objetivo se busca a través de la iniciativa y empresa privada.

También en forma coincidente con la definición que adoptamos, Cambiemos esta “concentrando los esfuerzos en la creación de una base industrial”. En este sentido, destaca la promoción de la industria de infraestructura emprendida. Veamos seguidamente que se entiende por tal en economía:

infraestructura. Término poco riguroso teóricamente que engloba los servicios considerados como esenciales para el desarrollo de una economía moderna: transportes, energía, comunicaciones, obras públicas, etc. La infraestructura de un país está constituida por todo el capital fijo, o capital público fijo, que permite el amplio intercambio de bienes y servicios así como la movilidad de los factores de producción. Se considera que la creación de infraestructura es básica en el proceso de desarrollo económico, pues en ausencia de ésta se limitan seriamente los incrementos en la productividad y no es posible, tampoco, atraer capitales. Muchos bienes de capital que integran la infraestructura son bienes públicos más o menos puros, como las carreteras, puentes y otras obras, en tanto que muchos otros son claramente privados. Ello ha llevado a una discusión con respecto al papel del Estado en la creación y desarrollo de una infraestructura adecuada: se entiende que éste puede hacerse cargo de construirla cuando no hay suficientes capitales privados para emprender determinados proyectos, y que puede proveer aquellos servicios y bienes que son públicos. Pero, en general, la experiencia histórica indica que, para el resto de los casos, resulta más eficiente la presencia de empresas privadas que compitan entre sí cuando ello es posible.”[2]

A nuestro juicio, no cabe incertidumbre en cuanto a que este es el espíritu que anima al gobierno de Cambiemos. Lo que resulta difícil conciliar, es la expresión del presidente Macri, señalada al principio, con el financiamiento de toda esa obra de infraestructura que se está realizando. Y ello, porque va de suyo que el gobierno solamente podrá costear estos emprendimientos mediante impuestos, esos mismos impuestos que el mismo gobierno estima elevados y asfixiantes. Si el Ejecutivo fuera sincero en su deseo de bajar la carga fiscal ¿cómo se sufragarán todos los proyectos de obra pública y habitacional que se están realizando más los que se han prometido para el futuro inmediato? Esto no aparece claramente explicado.

Por la teoría económica básica sabemos que los gobiernos carecen de recursos propios. Todos los fondos de los que disponen provienen indefectiblemente del sector privado, y en última instancia del contribuyente. De allí, es lógico derivar que, si los impuestos se reducen esto implicará infaliblemente menores recursos para destinar a la obra pública ya iniciada y la venidera. Cabria entonces pensar que el plan del gobierno podría consistir en una reducción de impuestos acompañada por un incremento de la deuda púbica, que reemplazaría en una proporción similar aquella reducción, y permitiría continuar con el plan de obras de infraestructura.

Si este fuera el propósito, surgirían a primera vista dos escollos inmediatos, uno de tipo político y otro económico.

Desde el punto de vista político, una reforma impositiva como la propuesta o sugerida por el poder ejecutivo, sólo podría ser legalmente materializada por el Congreso. Esto, porque así lo dispone la Constitución de la Nación Argentina (a tal respecto, véanse los incisos 1º y 2º del art. 75 de la Carta Magna, Capítulo IV, titulado “Atribuciones del Congreso”). En lo inmediato, parece bastante remota esta posibilidad, al menos durante el curso del presente año, dado que el oficialismo necesita de mayoría parlamentaria –que no tiene- como para aspirar a conseguir la aprobación de una reforma impositiva, que el mismo gobierno admite como necesaria y prioritaria. En el ínterin ¿qué podría hacer el Ejecutivo? Podría contraer deuda, pero aquí brota la segunda dificultad:

Desde lo económico, el obstáculo surge en cuanto se repara que todo incremento de deuda estatal significará que se están trasladando hacia el futuro los efectos financieros de la misma. Llegado el vencimiento del empréstito -o de los empréstitos que se contraen- habrá que cancelar el principal con más sus intereses, y para ello no habrá más remedio que subir impuestos, con lo cual cualquier rebaja que se haga hoy será transitoria, e implicará una nueva escalada en lo futuro.

Finalmente, el gobierno podría cubrir su proyecto desarrollista mediante inflación, mecanismo que siempre termina tentando a todos los poderes constituidos. No obstante, también figura entre las metas del oficialismo reducirla. En suma, es bastante difícil de explicar –hoy por hoy- cómo piensa Cambiemos llevar adelante su proyecto desarrollista.

[1] Carlos SABINO; Diccionario de Economía y Finanzas. Contiene léxico inglés-español y traducción de los términos al inglés. Consultores: Emeterio Gómez; Fernando Salas Falcón; Ramón V. Melinkoff. CEDICE. Editorial Panapo. Caracas. Venezuela. Voz respectiva.

[2] Carlos Sabino, Diccionario de Economía y Finanzas, Ed. Panapo, Caracas. Venezuela, 1991. Voz pertinente.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Flexibilización Laboral y Desempleo de Largo Plazo

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 14/7/17 en: https://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2017/07/14/flexibilizacion-laboral-y-desempleo-de-largo-plazo/

 

Mientras revisaba material del curso de principio de economía, encontré un gráfico que muestra la relación entre rigidez laboral y desempleo de largo plazo. Dados los conflictos en una de las centrales de PepsiCO y la reciente discusión sobre los costos laborales (el “negocio del litigio laboral”) me pareció oportuno twittear el gráfico sugiriendo que Argentina debía tener una mayor flexibilización laboral. Difícilmente un enunciado controversial en economía. El motivo es que una barrera a la salida (aumentar costos de despido) es también un costo de entrada (nuevas contrataciones). Nadie entra a donde no le dejan salir…

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A mayor flexibilidad laboral, menor desempleo de largo plazo.

Argentina necesita mayor flexibilización laboral, no más regulaciones.

Algunos comentarios sobre el gráfico, que lo tomé del manual de principios de macroeconomía de Tyler Cowen y Alex Tabarrok.

En primer lugar, el gráfico muestra que a menor flexibilidad en el mercado laboral mayor el desempleo de largo plazo. El gráfico no muestra la relación con el desempleo. Un motivo es que la tasa de desempleo es independiente de la regulación laboral, pero el ingreso real no lo es (el ingreso per cápita es mayor en economías más libres.) Otro motivo es que las estadísticas pueden esconder desempleados en trabajo improductivo (por ejemplo empleo público que no agrega valor económico.)

El desempleo de largo plazo es la proporción de desempleados que se encuentran sin empleo por lo menos 12 meses (o un plazo definido) sobre el total de desempleados, no sobre el total de la fuerza laboral. Según el gráfico, por ejemplo, el 40% de los desempleados en Francia lo han estado por lo menos por 12 meses. El desempleo de largo plazo es un indicador de la estructura del desempleo. A mayor tiempo en en situación de desempleado, más difícil es re-insertarse en el mercado laboral.

En segundo lugar, no todos los países proveen información de desempleo de largo plazo, de allí que la muestra sea “limitada.” De hecho, agregar más países puede ser problemático si sus estadísticas no son confiables y agregan más ruido que información. El gráfico no está buscando sesgar los resultados.

En tercer lugar, vi varias objeciones del estilo “correlación no es causalidad.” Por supuesto, es una de las primeras lecciones en cualquier curso de estadística. Pero eso no quiere decir que correlación es no causalidad. El gráfico en sí no es el motivo por el cual se habla de correlación, simplemente muestra la relación entre dos variables. De dónde viene la causalidad? De principios básicos de economía (por ejemplo, que un costo de salida es en sí un costo de entrada.) La causalidad vienen informada por la economía, no por la estadística. Como decía al principio, esto es material de un curso introductorio de economía, no te una tesis doctoral sobre economía laboral.

Si en lugar de ver un gráfico de flexibilización laboral con desempleo de largo plazo vemos un gráfico de correlación entre altura de una persona y su peso diríamos que no hay causalidad dado que “correlación no es causalidad”?

Por último, los problemas de empleo en Argentina y la crisis del 2001 no se debieron en sí a la “flexibilización laboral de los 90”, sino a salir de una economía crónicamente cerrada e improductiva y a un déficit fiscal insostenible. La correlación es un análisis básico, no controla otras variables que también tengan efectos. Para hacer este análisis es necesario un análisis econométrico y no meramente visual de dos variables.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE). Fué profesor de Finanzas Públicas en UCA y es Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

Las propuestas de Cristina nos llevarán a la ruina

Por Iván Carrino. Publicado el 13/7/17 en: http://contraeconomia.com/2017/07/13/las-propuestas-de-cristina-nos-llevaran-a-la-ruina/

 

A través de Unidad Ciudadana, la ex presidente presenta sus propuestas para el país. Son las mismas recetas fracasadas del pasado.

Argentina se metió de lleno en la campaña electoral para las PASO. Si bien la fecha oficial de inicio es el viernes 14, lo cierto es que los candidatos están desfilando hace rato por los medios de comunicación más importantes.

Las PASO, que no serán unas “Primarias” propiamente dichas, funcionarán como antesala para la elección legislativa de octubre. Así que es oportuno comenzar a analizar qué propuestas económicas tiene cada uno de los candidatos.

Para ello, qué mejor que empezar con lo que Unidad Ciudadana (el partido por el que se presentan Cristina Fernández de Kirchner y la economista Fernanda Vallejos) tiene para ofrecer.

Así no se puede seguir

El eslogan principal de la campaña de la ex presidenta es que “así no se puede seguir”. Esto lleva a la necesidad de “ponerle un freno a las políticas de ajuste que se están llevando adelante en nuestro país”.

A los ojos del kirchnerismo más radical, la economía se desploma, el aumento de los precios está “descontrolado”, el salario se derrite y la industria nacional se va fundir en cualquier momento. Por ello sugieren que estamos en una situación de urgencia y emergencia.

Tal vez esto sea lo primero que llame la atención del equipo de Unidad Ciudadana. Cristina Fernández fue presidenta por 8 años, en 4 de los cuales la economía se mantuvo estancada pero los precios se multiplicaron por tres.

O sea, cuatro años de estancamiento con inflación, ¿pero la urgencia llega recién en 2017? Curioso como mínimo.

Inflación: pasaje a Caracas

Yendo a las propuestas concretas de la plataforma cristinista, lo primero que aparece es su remedio para curar el aumento descontrolado de precios.

Para Unidad Ciudadana, la inflación “pulverizó el poder de compra del salario, de las jubilaciones, de los ingresos de los profesionales y de las clases medias”. Siendo esto así: ¿por qué Cristina, cuando fue presidenta, multiplicó el déficit fiscal y la emisión monetaria? ¿No sabía que éste era el final inevitable de dichas políticas?

Lo sabe, pero elige otra estrategia. Para frenar la inflación, pide “volver a aplicar seriamente programas como Precios Cuidados, Ahora 12 y profundizar la intervención del Estado a través de acciones que regulen la formación de precios”.

En resumidas cuentas, lo que propone Unidad Ciudadana es aplicar todavía más controles de precios. Es decir, una receta que viene fracasando hace 4.000 años y que volvió a hacerlo durante la “década K”.

Desde la presidencia de Néstor Kirchner que se controlan precios. Sin embargo, la inflación se multiplicó por 8 (de 3,7% en 2003 a 27,8% en 2015).

Los controles de precios no bajan la inflación pero destruyen los incentivos a producir. Unidad Ciudadana, desde el congreso, buscará emular el modelo venezolano. Una pésima idea.

Remedios que enferman

El diagnóstico que hace el partido de Cristina Fernández es aterrador. La economía colapsa y “medio millón de personas han perdido su trabajo”. Es por eso que no hay mejor solución que “declarar la emergencia laboral, prohibir los despidos por un año e impulsar un aumento de emergencia del salario mínimo vital y móvil”.

Esta propuesta no solo mágicamente frenaría los despidos y aumentaría el ingreso, sino que, además, redundaría en el “fortalecimiento de la demanda, el mercado interno y la reactivación de la economía”.

Obviamente, todos estos supuestos son falsos.

En primer lugar, si se presentara un proyecto de ley que prohibiera los despidos y éste tuviera altas probabilidades de resultar votado, entonces automáticamente los empresarios que estuvieran analizando tomar dicha decisión, acelerarían el paso.

Sería conveniente para ellos despedir “ahora” que pueden, que intentar hacerlo cuando sea ilegal. Finalmente, la propuesta terminaría aumentando el desempleo en lugar de reducirlo. Un remedio peor que la enfermedad.

Otro desatino es la propuesta de subir el salario mínimo vital y móvil. Si los bajos ingresos se resolvieran con la ley del salario mínimo, bastaría escribir que éste debe ser de USD 10.000 al mes y listo. No obstante, con dicha ley no solo no se “fortalecería la demanda”, sino que el sector productivo colapsaría y el desempleo y la informalidad se dispararían.

Por último, el “estímulo a la demanda” Cristina Fernández ya lo probó cuando fue presidente. Durante su segundo mandato, el déficit fiscal se multiplicó por 7 en términos nominales y por 2 en términos del PBI. Es decir, se llevó adelante un mega-estímulo keynesiano a la demanda. Sin embargo, la economía no solo no creció, sino que en términos per cápita, cayó 3 puntos porcentuales.

Más gasto y déficit no estimularán la economía, sino todo lo contrario.

Cazadores de zoológico

Una de las últimas propuestas económicas del espacio kirchnerista es la de volver a “proteger la industria nacional”. Como si esta no siguiera protegida con aranceles, licencias no automáticas y acuerdos comerciales casi inexistentes, el cristinismo plantea que debe haber una “administración efectiva del comercio exterior”.

Es decir, seguir y profundizar un proteccionismo que defiende a algunos empresarios pero a costa de las grandes masas consumidoras.

¿Cómo concilia Unidad Ciudadana su “defensa de los trabajadores” con el proteccionismo, que obliga a esos mismos trabajadores a pagar entre 2 y 5 veces más por electrónica y textiles?

No hay respuesta posible.

El programa económico de Unidad Ciudadana no se diferencia casi nada de los lineamientos generales que gobernaron al país durante los años previos a diciembre de 2015. Es por eso que no pueden ofrecer nada nuevo. Es que los problemas a los que la economía se enfrenta hoy, como la inflación, el estancamiento económico y el alto déficit fiscal fueron todos creados por el kirchnerismo.

Profundizar el modelo “K” es agravar todos los problemas que ellos generaron. Por lejos, se trata de una de las peores alternativas de estas elecciones legislativas.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

Planes sociales e industria del juicio laboral

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 3/7/17 en: http://economiaparatodos.net/planes-sociales-e-industria-del-juicio-laboral/

 

La legislación laboral argentina está hecha para que las empresas tengan pánico de contratar personal

El presidente Macri insiste, a mi juicio correctamente, en luchar contra la industria del juicio laboral. Es cierto lo que dice Macri cuando afirma que un juicio laboral puede llevar a la quiebra a un pequeño empresario. Es que no tiene las espaldas económicas y financieras para aguantar un juicio laboral que, aunque tenga razón, seguro la justicia le va a fallar en contra porque el empleado siempre tiene razón para el fuero laboral. La legislación laboral argentina está hecha para que las empresas tengan pánico de contratar personal.

De acuerdo a un interesante trabajo del Ministerio de Producción, en Argentina hay 605.000 empresas privadas de las cuales el 99% son PYMES, considerando PYMES aquellas empresas que emplean hasta 200 empleados. Ese 99%, que son 602.079 empresas emplean al 64% del empleo formal en Argentina. Las grandes empresas, que representan el 0,6% del total, emplean el 36% del personal formal.

De lo anterior no se desprende que tiene que haber una legislación laboral para las pequeñas empresas y otra para las grandes empresas. En primer lugar porque se rompería el principio de igualdad ante la ley y en segundo lugar porque lo que debe buscar la legislación laboral es crear las condiciones para que las empresas, PYMES y grandes empresas, estén estimuladas a contratar personal. Para eso hace falta que el costo de salida, si el proyecto de inversión no funciona, no sea tan elevado que las empresas tengan pánico de contratar personal. Hoy la legislación laboral es como el cepo cambiario. Nadie quiere contratar gente porque después no puede salir si las ventas se caen, y si sale se funde pagando indemnizaciones. Esta legislación laboral desprotege al trabajador porque desestimula la demanda de trabajo. En nombre de la justicia social millones de personas están condenadas a no tener trabajo o a tener trabajo en negro.

Si a los costos de salida en caso que no funcione la empresa se le suman los impuestos al trabajo, la mano de obra es artificialmente cara en Argentina y hay pocos estímulos para contratar personal.

Pero hay un tercer elemento que influye para disminuir la oferta de trabajo. Hay personas que cobran varios planes sociales y, por lo tanto, no tienen estímulo para trabajar y mucho menos para trabajar en blanco. Cada vez que viajo a dar una charla al interior del país, también ocurre en Buenos Aires y en CABA, pregunto si se consigue mano de obra para trabajar en los campos. La respuesta sistemática es: sí, pero en negro. Nadie quiere trabajar en blanco porque pierde el plan social y como hay personas que cobran más de un plan social, que encima no tienen vencimiento en el tiempo, prefieren hacer algunas changas en negro a tener un trabajo formal.

Sin duda que Argentina necesita un verdadero tsunami de inversiones para poder absorber los 250.000 jóvenes que se incorporan al mercado laboral por año y además absorber los empleados públicos que sobran en el estado y los que viven de un plan social. Eso requiere de un plan económico completo (reforma tributaria, del estado, eliminar regulaciones absurdas, etc.) que incluye una reforma laboral.

De todas maneras, el primer paso para bajar el gasto público y reestablecer la cultura del trabajo consistiría en ponerle un límite a los llamados subsidios sociales. Primero hay que reempadronar a todos los beneficiarios. Segundo hay que establecer un solo plan social al desempleo y nada más, con un límite de tiempo. En el mientras tanto, para aquellas personas que no tienen habilidades laborales, el gobierno puede reestablecer las viejas escuelas de artes y oficios. Hay infinidad de oficios que tienen salida laboral: gasista, plomeros, carpinteros, electricistas, pintores, repostería, cocina y tantos oficios que se han perdido. Y atención que hay trabajo para esos oficios. Cualquier persona habrá tenido que suplicar para que vaya a su casa un plomero o un electricista para hacer un trabajo de reparación. La idea es que el contribuyente, vía el estado, financie estos cursos de oficios que pueden dictare en escuelas municipales, templos religiosos que pueden ser católicos, evangelistas, etc. El contribuyente paga el costo de los profesores y los materiales para aprender, los municipios e iglesias proporcionan el lugar físico y quien recibe un plan social está obligado a realizar alguno de estos cursos. Si quiere ser ingeniero nuclear que se consiga un trabajo y vaya a la universidad de Buenos Aires. El contribuyente ayuda a financiar solo una salida laboral. Una vez matriculado, quien recibe un plan social sale a buscar clientes como los buscamos cada uno de nosotros todos los días. No se le pide nada extraordinario. Solo que haga lo que hacemos el común de los mortales. Mientras va construyendo su clientela, el estado sigue pagando el subsidio por desempleo pero con una reducción en el monto a medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, un 20% menos cada 2 meses hasta que se extingue el subsidio.

Se sabe que los llamados planes sociales se han convertido en gran medida en el financiamiento de fuerzas de choque de grupos kirchneristas y de izquierda que cortan las calles todo el tiempo perjudicando a las personas que van a trabajar y son los que, encima, pagan los subsidios que reciben los piqueteros. Por eso, otra de las medidas debería ser: piquetero que corta una calle, piquetero que pierde el subsidio. Y, finalmente, cada persona que recibe un plan social, hasta que se termine, va a recibir directamente el dinero en una cuenta personal en una caja de ahorro. No hay puntero que decida sobre el subsidio de esa persona. Lo recibe directamente del estado por el aporte del contribuyente. Quiero ver cuántos piqueteros van a conseguir para cortar calles si la policía detiene a uno y el estado le quita el plan social.

En síntesis, el tema laboral es mucho más complejo que solo los juicios laborales, que por cierto son muy importantes a la hora de desestimular la contratación de personal. Pero hay todo un mundo de subsidios sin límite de tiempo que hace que los beneficiarios no tengan estímulos para ir a trabajar.

La combinación ideal es un plan económico consistente para atraer inversiones y crear puestos de trabajo con un plan que vaya desactivando estos nefastos planes sociales que se han transformado en una fuente de clientelismo político y cultura de la dádiva.

 

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Gobierno, gasto, pobreza y educación

Por Gabriel Boragina Publicado  el 9/7/17 en: http://www.accionhumana.com/#!/2017/07/gobierno-gasto-pobreza-y-educacion.html

 

¿Cuáles serán los parámetros que deberíamos tener en cuenta para poder calificar a un gobierno de “exitoso” o de “efectivo”?. Ha habido –por supuesto- muchos autores que han intentado contestar esta pregunta:

“En primer lugar, los gobiernos efectivos buscan lograr un consenso entre la población acerca de los objetivos que se persiguen, así como crear un entorno de certidumbre que logre credibilidad en el gobierno y sus programas de desarrollo. En segundo lugar, los gobiernos exitosos han logrado un equilibrio entre la centralización de ingresos y la descentralización del gasto público.”1

Claro que, la opinión anterior admite varias interpretaciones. El juicio del “consenso” resulta aplicable tanto a gobiernos que aspiran a un programa de dirigismo económico como a aquellos que prefieren orientarse hacia el libre mercado. En rigor, todo gobierno, ya sea que coquetee con el totalitarismo o con el liberalismo, siempre trata de lograr “consensos” entre la población y aquellas políticas que anhela emprender. La primer parte de la cita –en tal sentido- es perfectamente adaptable a dirigistas como a librecambistas. Ambos reclamarán para sí el apelativo de “efectivos”. Si un jefe de estado consigue convencer a sus gobernados que su proyecto –sea ya totalitario o liberal- es el mejor y el más conveniente al país en cuestión, podrá decirse -desde el punto de vista de los poderes políticos y subalternos de esa nación- que el gobierno ha sido “efectivo”. Todo dependerá de la perspectiva predominante en ese país.

Lo que el autor señala como “En segundo lugar”, es algo bastante diferente, en cuanto no es ajustable por igual –indistintamente- a políticos amigos o enemigos del libre mercado. Los gobiernos estatistas tenderán siempre a centralizar, tanto los ingresos como los egresos estatales. Y para este tipo de “estados” un gobierno será “exitoso” únicamente en el caso que tal objetivo sea vea cumplido, o se lo perciba así en un porcentaje bastante importante. Por su contrario, para un poder político que elija inclinarse hacia estrategias de libre mercado, la clave del éxito será una descentralización, tanto de entradas como de salidas.

“El problema de la pobreza y falta de equidad es multidimensional, por lo que va a requerir soluciones privadas y públicas, mecanismos de protección a los perdedores (por ejemplo, a los desempleados) más que a las empresas que entran en problemas, subsidios, gasto público e incentivos.”2

Este enfoque es típico de la socialdemocracia, también conocida con el nombre de progresismo. Tal corriente de pensamiento -amiga de un lenguaje alambicado y ampuloso, con frecuencia carente de un significado preciso- se presenta como enemiga de los procesos de mercado, y tiende a contemplar el problema de la pobreza como causado -ya sea de manera directa o indirecta- por parte de estos procesos. Cuando, en realidad, son los mecanismos de libre mercado los únicos que posibilitarán la solución al problema de la pobreza y la falta de equidad. No se trata, pues, de una problemática “multidimensional”, y menos aun cuando no se describen ni detallan los elementos componentes de esa supuesta “multidimensión”. La pobreza se muestra en todo lugar donde se impongan estructuras burocráticas y se cercenen los mecanismos de libre competencia. Allí adonde se combate el libre mercado es donde aparecen indefectiblemente los perdedores, ya que en contextos de mercados regulados todos, a larga, pierden, reguladores y regulados. Aun cuando los reguladores sean los únicos que -en la etapa inicial- comiencen cosechando los beneficios netos de sus regulaciones.

Lo que en términos claros y sencillos propone el párrafo citado es subsidiar a quienes -en forma arbitraria y completamente discrecional- el gobierno decide rotular con el nombre de “perdedores”, los que, después de la ayuda estatal, resultarán mas perdedores que antes de la llegada de la misma. Cabe hacer notar que, el fenómeno del desempleo es generado -en casi su totalidad- por causa de las regulaciones estatales que interfieren con la armónica dinámica del libre mercado laboral.

“En Chile, la alteración de los patrones de gasto en la educación y, sobre todo, su sujeción a criterios de mérito académico, medidos a través de un examen anual a nivel nacional, llevó a un cambio radical en el desempeño de las escuelas y, con ello, de los grupos de interés que operan alrededor de éstas. En la medida en que el cambio en la estructura de gasto público para la educación generó nuevos ganadores “los maestros y las escuelas exitosas” los viejos intereses creados se vieron divididos y, con ello, incapacitados para impedir el avance de las reformas.”3

Entendemos que este párrafo alude a la educación estatal (mal llamada “pública”). En el mismo, se nos da cuenta de la experiencia chilena por la cual –según se dice- existió un cambio en la asignación del gasto público, el que aparentemente fue direccionado hacia “los maestros y las escuelas exitosas”, los que parecen haber sido optados a los efectos de la asignación de partidas presupuestarias por sobre los que no fueron elegidos como tales.

El gasto en educación estatal es siempre distorsivo, pese a todos los argumentos pseudo-económicos y hasta extra-económicos con los cuales se lo pretende justificar. Implica -en términos claros- detraer recursos de los contribuyentes que hubieran escogido destinar a costear una educación desemejante, para que el gobierno los utilice en educar a su manera y con razones disímiles a sus hijos. En última instancia -y dado que el gobierno que dirige la educación a través del gasto público está compuesto por individuos- en los hechos no representa otra cosa que los burócratas son los que resuelven dónde, cuándo, en qué y con qué contenidos se deberán “educar” los hijos del contribuyente. La única medida válida de evaluación, en torno al mérito académico de determinados establecimientos educativos, es aquella que tiene en cuenta la estimación de los padres del alumno; y en el caso universitario, el de aquellos o –eventualmente- el de los propios estudiantes del instituto. La apreciación que haga el burócrata de turno en el asunto para nada cuenta.

1 Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC pág. 12
2 Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía ….ob. cit, pág. 21
3 Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía ….ob. cit, pág. 23

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

A 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

De las cuatro revoluciones que más han influido hasta el momento sobre los acontecimientos en el mundo, la inglesa de 1688 que destronó a Jaime II por Maria y Guillermo de Orange donde con el tiempo se recogieron en grado creciente las ideas de autores como Algernon Sidney y John Locke, la norteamericana de 1776 que marcó un punto todavía más profundo y un ejemplo para todas las sociedades abiertas en cuanto al respeto a las autonomías individuales, la Revolución Francesa de 1789 que consagró las libertades del hombre, especialmente referidas a la igualdad de derechos (art. 1), esto es, la igualdad ante la ley y la propiedad (art.2), aunque la contrarrevolución destrozó lo anterior y, por último la Revolución Rusa de 1917 que, desde la perspectiva de la demolición de la dignidad del ser humano, constituyó un golpe de proporciones mayúsculas que todavía perdura sin el aditamento de “comunismo” porque arrastra el recuerdo de cientos de millones de masacrados y otras tantas hambrunas.

 

A juzgar como está hoy la situación mundial con el notable avance del estatismo bajo la denominación de nacionalismo es la Revolución Rusa la que más influencia tiene en cuanto a los objetivos a seguir (recordemos entre otras la obra de Jean-François Revel La gran mascarada donde muestra al comunión de ideales entre el nacionalismo y el comunismo). En mayor o menor medida el estatismo, es decir, el aparato estatal metido en las vidas y haciendas de la gente que opera con cualquier etiqueta, necesariamente requiere de la fuerza para imponer su voluntad frente a las inclinaciones naturales de las personas a defender sus derechos al efecto de seguir sus caminos y proyectos. Por otro lado, tal como escribe el ex comunista Bernard-Henry Lévy en Barbarism with a Human Face “Aplíquese marxismo en cualquier país que se quiera y siempre se encontrará un Gulag al final”. Nótese el título de esta obra donde se subraya el rostro humano de la barbarie puesto que siempre se presenta para el bien de los gobernados, pero como subraya C. S. Lewis en God in the Dock “de todas las tiranías una ejercida para el bien de las víctimas suele ser la más opresiva. Puede ser mejor vivir bajo ladrones que hacerlo bajo la moral omnipotente de los otros. Los ladrones a veces descansan pero aquellos que nos tormentan para nuestro bien lo hacen sin descanso.” Y agregamos nosotros que además estos últimos llevan a cabo sus desmanes sin necesidad de usar antifaces porque lo hacen con el apoyo de la ley.

 

 

El eje central del comunismo es ponderado y alabado por numerosas personas a través de denominaciones varias como el socialismo, el populismo, el estatismo, el redistribucionismo y el ambientalismo, hasta el momento, esta última, la vertiente más moderna. En este caso es de interés destacar que, entre otras personalidades que he citado en su momento, el premio Nobel en física Ivan Guiaever, el fundador y ex CEO de Weather Channel, John Coleman, y el ex presidente de Greenpeace de Canadá, Patrick Moore, demuestran enfáticamente que el ambientalismo preponderante está rodeado de fraudes en las mediciones al efecto de recibir fondos gubernamentales para desarrollar tesis contrarias a las conclusiones científicas y así avanzar con los denominados “derechos difusos” y la “subjetividad plural” que desembocan en el contexto de “la tragedia de los comunes”: para salvar la propiedad del planeta se destruye la institución de la propiedad a través del esmerado apoyo de los aparatos estatales (otro ángulo para llegar a idéntica conclusión respecto a la mencionada institución).

 

El régimen zarista, implantado en 1547 por Iván IV (el terrible), con el tiempo se caracterizó por los atropellos de la policía política (Ojrana) con sus reiteradas requisas, prisiones y torturas, la censura, el antisemitismo, los siervos de la gleba en el contexto del uso y disposición de la tierra por los zares y sus acólitos sin ninguna representación de los gobernados en ninguna forma. Hasta que por presiones irresistibles y cuando ya era tarde debido a los constantes abusos, Nicolás II consintió la Duma (tres veces interrumpida) en medio de revueltas, cavilaciones varias y una influencia desmedida de Alejandra (“la alemana” al decir de la oposición en plena guerra) basada en consejos atrabiliarios de Rasputín. Finalmente, el zar abdicó primero y luego se constituyó un Gobierno Provisional que en última instancia comandaba Kerenski quien prometía “la instauración de la democracia” pero que finalmente se vio obligado a entregar el poder a los bolcheviques (cuando Hitler invadió la Unión Soviética en 1941, Kerenski, desde Nueva York, le ofreció ayuda a Stalin por correspondencia la cual no fue respondida, una señal de desprecio que merecen aquellos que pretenden actuar a dos puntas).

 

Imaginemos la situación de toda la población campesina en la Rusia de los zares, nada instruida que recibía de parte de las posiciones más radicalizadas del largo período desde 1905 que comenzaron las revueltas hasta 1917 en que estalló la revolución primero en febrero y luego en octubre cuando los soviets se alzaron con el poder bajo el mando de Lenin. Imaginemos a estas personas a quienes se les prometía entregarles todas las tierras de la nobleza frente a otros que proponían limitar el poder en un régimen de monarquía constitucional y parlamentaria. Sin duda para esa gente resultaba mucho más atractivo el primer camino y no el de “salvar a la monarquía del monarca”. Cuando hubo cesiones de algunas tierras se instauró el sistema comunal que algunos pocos dirigentes trataron sin éxito de sustituir por el de propiedad privada (en primer término debido a los denodados esfuerzos de Stolipin).

 

Es que la tierra en manos de la nobleza como una imposición hacía creer que la propiedad era una injusticia, esto se nota de modo destacado en el caso de Tolstoy que a pesar de sus extraordinarios escritos sobre lo detestable del poder político se consideraba comunista por las razones expresadas. Los escritos a que me refiero son principalmente las A Confession de Tolstoy, donde consigna que “La esencia del error de todas las doctrinas políticas, desde las más conservadores hasta las más avanzadas , que conducen a la más infortunadas situaciones para la gente, estriba en el hecho de que se consideraba y aun se considera que resulta posible, a través de la violencia, unificar a las personas para que todos se sometan sin resistencia a la misma estructura de vida y de la conducta que resulta de ello.” Y en su magnífico The Kingdom of God is Within You afirma que “Los hombres usualmente renuncian a lo que consideran sagrado y se someten a las demandas de los gobiernos porque no ven otro curso de acción […] La corrupción consiste en arrancar la riqueza de las personas industriosas y trabajadoras por medio de impuestos y distribuírlas para satisfacer la codicia de los funcionarios gubernamentales quienes como contrapartida mantienen la opresión sobre el pueblo.” Tolstoy tenía una idea muy desfigurada del concepto de propiedad privada ya que sus bienes originales antes de convertirse en una celebridad por sus novelas eran fruto de la entrega por parte de la nobleza.

 

Hubieron otros casos como el de Dostoievsky que se conjetura fue influído por dos estudiantes de la Universidad de Moscú becados accidentalmente por Isabel I en 1761 a Glasgow durante seis años para atender la cátedra de Adam Smith (los becarios fueron Seymon E. Desnitsky e Ivan A. Tretyakov). En este sentido es de interés reproducir un pasaje de Crimen y castigo: “Si a mi, por ejemplo, se me dice ´ama a tus semejantes´ y pongo este concepto en práctica ¿qué resultará? -se apresuró a decir Ludjin con demasiado calor- rasgaría mi capa y daría la mitad a mi prójimo y los dos nos quedaríamos medio desnudos […] todo el mundo está fundado en el interés personal. Añade la economía política que cuantas más fortunas privadas surjan en una sociedad, o en otros términos, cuantas más capas enteras hay, más sólida y felizmente está organizada la sociedad. Así pues, al trabajar únicamente para mi, trabajo también para todo el mundo; y resulta en última instancia que mi prójimo recibe más de la mitad de la capa y no solamente gracias a las liberalidades privadas e individuales, sino como consecuencia del progreso general”.

 

El enfoque moderno de la institución de la propiedad privada es radicalmente distinto al feudal y zarista, consiste en que dado que los bienes son escasos en relación a las necesidades, la asignación y reasignación de derechos de propiedad en manos privadas en un proceso competitivo y por completo ajeno a la politización despierta un potente mecanismo de incentivos que se traduce en que los que mejor administran sus patrimonios, es decir, los que mejor satisfacen las necesidades de los demás, son los que conservan o acrecientan sus riquezas y quienes yerran en los deseos del prójimo incurren en quebrantos. De modo tal que los que dan en la tecla respecto a las necesidades del prójimo son los que se benefician al tiempo que inexorablemente benefician a los demás lo cual, como queda dicho, es condición suficiente y necesaria para lograr ese objetivo.

 

Desde luego que esto no ocurre cuando comerciantes se alían con el poder político del momento para obtener mercados cautivos y otras prebendas en detrimento de la gente ya que se ven obligados a pagar precios más altos, recibir calidad inferior o las dos cosas al mismo tiempo.

 

En la medida en que los gobiernos intervienen en los millones de arreglos contractuales libres y voluntarios, a saber en el proceso de mercado, en esa medida, se afecta la propiedad y consecuentemente los precios que son los únicos indicadores para operar y, como resultado, se derrocha capital que es el único factor que eleva salarios e ingresos en términos reales, en otros términos, se ensancha el empobrecimiento.

 

En este contexto, al alterar el sistema de precios éstos van dejando de mostrar los caminos para invertir o desinvertir en los diversos campos y cada vez más los operadores se alejan de la realidad y no saben a ciencia cierta que materiales usar en sus producciones puesto que no pueden conocer cuales resultan más económicos y cuales desperdician capital. Es por eso que técnicamente no hay tal cosa como economía socialista puesto que no puede economizarse allí donde los precios están falseados. En el extremo, donde se abolió la propiedad (el objetivo de Marx y Engels) no hay contabilidad ni evaluación de proyectos. Por esto es que Ludwig von Mises escribe que todo el programa liberal puede resumirse en la propiedad privada (comenzando por el propio cuerpo, por la expresión del pensamiento y por el uso y disposición de los bienes propios siempre y cuando no se lesionen derechos de terceros).

 

Si bien desde Platón se ha recomendado la colectivización de la propiedad, como hemos apuntado, la Revolución Rusa marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad en cuanto a la ejecución de esa corriente de pensamiento que luego fue seguida por otros regímenes tiránicos y también por los que reniegan de los campos de exterminio y pretenden pasos menos extremos en la socialización pero al renegar parcialmente de la propiedad obtienen resultados parcialmente negativos. En todo caso Trotsky vaticinó que la idea de los comunistas era “volver el mundo del revés” y, por el momento, en gran medida, eso es lo que lograron a través de múltiples vertientes.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

La mentira del “costo social”

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado  el 3/7/17 en: https://alejandrotagliavini.com/2017/07/03/la-mentira-del-costo-social/

 

Cuando un gobierno quiere hacer creer que es “market friendly” con el fin de atraer votos y, eventualmente, algún inversor despistado, utiliza la típica muletilla: “quisiera hacer ajustes, pero, dado el elevado costo social, es mejor postergarlas”. Postergación que, obviamente, nunca llega porque el gobierno está mintiendo.

Porque mantener al Estado grande le permite poner a los amigos a manejar empresas al estilo de YPF, dar empleo a millones de votantes, enormes ganancias a los empresarios amigos y, por cierto, seguir disfrutando de aviones privados, costosísimos viajes y demás. Porque lo cierto es que no existe tal “costo social”. Por el contrario, si las reformas no se realizan es inmediato el empobrecimiento y frustración de la gente.

La primera falacia es la de la desocupación. Naturalmente existe muchísimo trabajo para hacer, solamente el déficit habitacional llega a 12,2 millones de viviendas, y hay que sumar hospitales, escuelas, rutas, etc. No son los capitales -como se cree vulgarmente, como creen los economistas en este país de formación tan pobre- los que producen trabajo: el trabajo está allí, el capital solo aumenta la demanda de mano de obra -no el trabajo- provocando una suba en los salarios siendo el único modo de aumentarlos realmente, nunca por ley.

Las leyes que pretenden aumentar el salario provocan la desocupación porque, por ejemplo, prohíben que trabaje el que ganaría menos que el salario mínimo. O sea que, si el mercado no estuviera interferido por el poder de policía estatal (en base a su monopolio de la violencia, la violencia), el empleo sería naturalmente pleno y podrían despedirse todos los empleados estatales ya que serían inmediatamente absorbidos por el mercado.

La segunda de las grandes falacias es que no podría anularse el “asistencialismo” que realiza el Estado so pena de dejar desamparados a millones. Lo cierto es que este asistencialismo es pagado el gobierno que recauda por vía impositiva, inflacionaria y endeudándose. En cualquier caso, esta carga fiscal -por la ley de marginalidad- necesariamente es derivada hacia los extremos más pobres: o sea, el gobierno empobrece a los pobres para luego devolverles lo poco que queda tras pasar por una burocracia voraz.

Del 17% de presión tributaria que Argentina tenía hace 30 años, hoy llegaría a 32,6% del PIB. Según el World Economic Forum, los impuestos representan el 137,4% de las ganancias obtenidas por las empresas, o sea que el Estado gana 37,4% más que la misma empresa. Pero a esto hay que sumarle la inflación (lo que emite el Estado para sus gastos) y el endeudamiento que provoca un aumento en la tasa de interés que es pagado por el sector privado. Por caso, al menos el 38% del precio del pan son impuestos directos, a lo que hay que sumarle que la mano de obra y los insumos ya vienen inflados con impuestos. Así, no de otro modo, se llega a que en Argentina existan 5,6 millones de chicos pobres, según Unicef.

Para ver lo ridículo de las intervenciones coactivas -toda violencia destruye- del Estado miremos lo que ocurre con la vivienda. Gracias a los créditos hipotecarios apalancados desde el gobierno, aunque ya estaban caras, en un año las viviendas usadas aumentaron 7% y 12% las nuevas. Y se ha producido una burbuja: hoy conviene vender la casa propia, poner el dinero a plazo fijo y, con la renta, alquilar una propiedad más cara. Así, para “facilitar” el acceso a la vivienda, por vía impositiva -para financiar este sistema hipotecario- empobrecen a los más pobres y, encima, provocan un aumento artificial en el precio de las propiedades.

Por cierto, corresponde a la astucia política el ver cómo realizar estos ajustes. Por ejemplo, si bien hay que desregular completamente el mercado laboral antes de despedir empleados estatales, es muy probable que los gremios se opongan. Habrá que empezar, entonces, por liberar la actividad sindical, como hizo Reagan en EE.UU. provocando que el poder sindical se diluya en la competencia.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

La desigualdad no daña a las sociedades

Por Iván Carrino. Publicado el 2/7/17 en: http://contraeconomia.com/2017/07/01/la-desigualdad-no-dana-a-las-sociedades/?platform=hootsuite

 

Respuesta a Mr. Wilkinson.

Las redes sociales son un mundo realmente fascinante. Lo mismo que antes hacíamos en un grupo pequeño, en familia o solos en el living de nuestra casa, hoy podemos compartirlo con miles. Miramos un programa de TV, comentamos algo en Twitter, y otros pueden sumarse a nuestra idea o bien dar un punto de vista diferente.

A los que vivimos de analizar la coyuntura y las ideas que dan forma a nuestras sociedades, nos sirve tanto para difundir una mirada, como para nutrirnos de otras distintas.

Precisamente eso es lo que me pasó hace unas semanas.

En un lapso de dos o tres días, dos usuarios de la famosa red del pajarito me compartieron el link a una charla TED protagonizada por el “epidemiólogo social” británico Richard Wilinkinson. El intrigante título de la misma era: “Cómo la desigualdad daña a las sociedades”.

En realidad, la presentación de 15 minutos realizada por Wilkinson es un resumen de la obra “The Spirit Level”, que escribió en conjunto con Kate Pickett en el año 2010. Dicho trabajo plantea que la desigualdad de ingresos entre las personas de un país es la responsable por una serie de diferentes “males sociales”.

Los autores miden la desigualdad como la diferencia entre lo que ingresa el 20% más rico y el 20% más pobre de un país. Luego crean un índice de “males sociales” que está compuesto por diversos indicadores, tales como: el nivel de confianza, las enfermedades mentales (incluyendo el alcoholismo y la drogadicción), la mortalidad infantil, la obesidad, el desempeño escolar de los niños, la cantidad de hijos de los adolescentes, la tasa de homicidios y de encarcelamientos y, por último, la movilidad social.

Al cruzar estos datos llegan a una alarmante conclusión: en cada una de estas variables, a los países más desiguales les va peor. Esto sería una muestra indiscutible de que la desigualdad es la responsable y de que es necesario combatirla.

¿Es esto así? Si bien la conclusión y el relevamiento de datos resultan asombrosos, lo cierto es que el argumento padece de una serie de falencias importantes.

A continuación, veremos por qué las conclusiones de Wilkinson son incorrectas.

Falla metodológica

El primer obstáculo insoslayable con el que se cruza el argumento de Wilkinson y Pickett es de índole metodológico. Es que lo que los autores intentan hacer es relacionar dos variables “macroagregadas” como si una determinara a la otra, algo que es incorrecto desde el punto de vista teórico.

En sendos lugares de su charla, Wilikinson sostiene que nos va a mostrar lo que “la desigualdad le hace” a “nuestras sociedades”. ¿Ahora qué es la desigualdad? ¿Cómo es que actúa? ¿Acaso se trata de una persona, con inteligencia y voluntad? No, de ninguna manera.

Decir que la desigualdad “hace” algo es como decir que la patria quiere tal o cual cosa. Sin embargo, eso es incorrecto. La patria, a lo sumo, es una suma de individuos, que a veces pueden ser varios millones, y que en ningún caso deberían tomarse como un todo homogéneo.

Aquí ocurre lo mismo. No podemos aceptar sin más la relación entre dos variables agregadas si no existe un mecanismo que nos explique cómo ellas afectan la conducta particular de los individuos.

Tomando un ejemplo de los propios autores de la obra: ¿cómo es que la desigualdad hace que una persona sea alcohólica? ¿Es que una persona decide tomar en exceso, o cae presa de esta adicción porque su vecino es 3, 4 o 50 veces más rico que él? ¿Cuál es el vínculo necesario entre una cosa y la otra?

La realidad es que no existe tal vínculo, y cualquiera que quiera establecerlo, o está forzando el argumento, o directamente nunca tuvo contacto con una persona alcohólica.

Esta falla metodológica es muy grave y por tanto debería hacernos dudar de la aparente solidez de las conclusiones de Wilkinson.

La movilidad social es clave

Cuando se habla de desigualdad, suele criticarse que “los de arriba” ganan mucho más que “los de abajo”. Sin embargo, este es un análisis estático. Después de todo, los que un día están “abajo”, en otro momento pueden terminar estando “arriba”. Es decir, una vez que consideramos la movilidad social, el fantasma de la desigualdad pierde un poco de sentido.

Si los pobres pueden mañana dejar de serlo, y si producto del crecimiento económico y la mejora de la tecnología, cada vez están mejor: ¿qué problema hay si entre las personas hay más o menos diferencia de ingresos?

Para Wilkinson, sin embargo, el caso es distinto. En uno de los cuadros que muestra en su presentación sostiene que a mayor desigualdad, menor es la movilidad social.

En dicho cuadro, Estados Unidos figura tanto como el extremo de la elevada desigualdad, como el de la baja movilidad social. Así, en el país del norte no solo las diferencias entre ricos y pobres serían las más elevadas, sino que la posibilidad de los pobres de convertirse en ricos serían las más bajas.

Esto choca con otros datos.

De acuerdo con estudios citados por Steven Horwitz, Estados Unidos tiene una elevada movilidad social. Por ejemplo, entre 1975 y 1991, los datos disponibles muestran que el 94,9% de los hogares que se encontraban en el quintil más bajo de ingresos, se movieron hacia arriba en la escalera social, con un 29% yendo a parar al quintil más rico del país.

Años posteriores otros analistas corrigieron estos datos. Si bien no tan asombrosos, entre 1996 y 2005, el 57,6% de los hogares de menores ingresos ascendieron en la escalera, con 9,9% llegando al segundo quintil de ingresos y 5,3% llegando a la cima de la pirámide.

A partir de estos números, suena extraño que se concluya que Estados Unidos tiene la menor movilidad social de todos los países analizados. El tema al menos amerita un poco más de investigación.

La violencia es consecuencia de los igualitaristas

Otra de las cuestiones que argumenta Wilkinson es que la mayor desigualdad se correlaciona con una mayor violencia o inseguridad.

Ahora de nuevo: ¿bajo qué mecanismo? ¿Qué explica que una persona salga de su casa para delinquir?

Una explicación que darían los autores es que a mayor brecha salarial, más frustración personal y más tendencia a hacer cosas ilegales.

Podría ser.

Pero también podría perfectamente encajar otra teoría. Cuanto más se sostiene que la desigualdad es injusta y que los ricos de alguna manera deberían darle a los pobres para reducir la brecha (cosa que Wilkinson hace sin tapujos), más se legitima la idea de que los pobres tienen derecho a asaltar el patrimonio de los ricos.

Una vez que esta idea está legitimada: ¿qué frenos morales tendrán las personas a la hora de convertirse en ladrones,  secuestradores o incluso asesinos?

Wilkinson establece una relación de causalidad desde desigualdad a violencia. Otra distinta es posible: cuanto más se insiste sobre los problemas que genera la desigualdad, menos tapujos a la hora de atacar a “los que más tienen”.

Conclusión

El argumento de Wilkinson puede sonar convincente en una primera lectura. Sin embargo, como hemos visto aquí, sufre de insoslayables problemas metodológicos, presenta datos que merecen mayor debate y, por último, dan por ciertas relaciones de causalidad que podrían ser completamente diferentes.

Los “males sociales” no son producto de la desigualdad, sino de lo que individuos de carne y hueso le hacen a los demás y a ellos mismos. Análisis de este tipo no contribuyen a resolver estos problemas.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

Empobrece este gasto público excesivo

Por Enrique Blasco Garma. Publicado el 23/6/17 en: http://www.libertadyprogresonline.org/2017/06/23/empobrece-este-gasto-publico-excesivo/

 

El trabajo productivo genera riqueza. Que se disfruta con el salario y ganancias percibidos. En bruto contraste, cuando se hacen pagos desvinculados de la creación de bienes y servicios se retacean los ingresos de quienes trabajan productivamente. No es entonces sorpresivo que resulte tan cuesta arriba crecer y encontrar actividades productivas realmente atractivas. Una sociedad que entrega una significativa parte del PBI a quienes no producen, automáticamente castiga a los que trabajan creativamente. En esa sociedad, los salarios son bajos, y los precios elevados, necesariamente. Y las oportunidades de trabajo e inversión escasas.

La Argentina encontró un atajo a esta disyuntiva. Para mantener pagos a quienes no contribuyen produciendo bienes y servicios, y para no castigar demasiado al trabajo efectivo, el Estado se endeuda en el exterior. Y, con esos fondos, les paga a las personas que no engendran los bienes y servicios necesarios para su sustento. Y todos contentos, engañados por un tiempo. Pero ya aprendimos. En algún momento, el pago de los bonos correspondientes nos empobrecerá a todos.

La producción se incentiva realmente favoreciendo que los ingresos los perciban quienes producen, en vez de los que reclaman subsidios. Adam Smith, en “La Riqueza de las Naciones”, obra fundacional de la economía, explica que obtenemos nuestros alimentos, vestimenta y demás bienes no de la buena voluntad de los proveedores si no de su codicia por nuestro pago. No es la misericordia si no la remuneración el propulsor principal de la prosperidad.

El actual elevadísimo nivel de gasto del Estado refleja demasiados pagos para sostener a personas que no contribuyen en la creación y provisión de los bienes y servicios que demanda nuestra gente. Por eso, este gasto exagerado es destructivo de la riqueza. Empobrece al conjunto. Y no constituye un programa solidario. Todo lo contrario. Mientras se mantenga, es un programa político que destruye, reduce, los ingresos conjuntos de los argentinos. No puede sorprender el menguado nivel de consumo e ingreso.

La Argentina fue un país enormemente solidario en su época de gloria, cuando encabezaba los primeros puestos en ingreso por habitante del mundo. En ese tiempo de bonanza los pagos se dirigían concentradamente a quienes creaban riqueza trabajando productivamente. En ese proceso, la Argentina incorporó millones de pobres, ineducados, de Europa y otras regiones, conformando un país de emprendedores motivados que construyeron nuestra nueva y gloriosa Nación. En tiempos más recientes quisimos torcer las enseñanzas bien fundadas, desviando ingresos a quienes no producen, empobreciendo a todos, hasta registrar porcentajes de pobreza vergonzantes.

La redistribución de los pagos, para premiar a quienes crean riqueza trabajando productivamente, y disminuyendo la exigencia de pagar a quienes obstruyen la producción, es la receta para superar la pobreza. No se puede demorar, justificando gastos estatales a quienes impiden producir, circular, aprender.

 

Enrique Blasco Garma es Ph.D (cand) y MA in Economics University of Chicago. Licenciado en Economia, Universidad de Buenos Aires. Es Economista del Centro de Investigaciones Institucionales y de Mercado de Argentina CIIMA/ESEADE. Profesor visitante a cargo del curso Sist. y Org. Financieros Internacionales, en la Maestria de Economia y C. Politicas, ESEADE.

Los valores “individuales” de los presos parecen ser distintos, pero los valores “sociales” no difieren de los del resto (I)

Por Martín Krause. Publicada el 1/7/17 en: http://bazar.ufm.edu/los-valores-individuales-los-presos-parecen-distintos-los-valores-sociales-no-difieren-los-del-resto-i/

 

Según un informe divulgado por el Ministerio de Justicia en Diciembre del año pasado hay en la Argentina 169 detenidos por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que no llega al 0,17% de todos los argentinos. Seguramente hay muchos delincuentes que no están detenidos. No sabemos cuántos son pero es muy probable que aún si los sumáramos el porcentaje sobre el total de la población sería muy bajo. Es decir, la abrumadora mayoría de los argentinos somos honestos. Al menos a ese nivel de delitos, porque si consideramos que los supermercados y los shoppings tienen que poner detectores magnéticos en prendas de vestir o en vinos, y cámaras de todo tipo para ver qué hace la gente recorriendo las góndolas, en fin, el porcentaje es ya mayor. No sumaré a ese grupo a los infractores de normas, porque en ese caso entramos casi todos, ya que la cantidad de normas nos hace imposible conocer cuántas estaremos violando en cada momento del día y muchas normas bien se lo merecen. Sostendré que la gran mayoría de los argentinos no cometemos delitos, mayores o menores. Esto daría a pensar que esa gran mayoría tiene valores individuales diferentes de los delincuentes y seguramente es así: no tomarían la propiedad de otros, no dañarían a esas personas violentamente, etc. Pero en cuanto a valores sociales se refiere, la diferencia no es mucha. Si mal no recuerdo, lo más cerca que me haya tocado estar de las fuerzas de seguridad ha sido entrar en una comisaría para pedir un certificado de domicilio, o para denunciar un choque o un robo. Tal vez por eso me atrajo la invitación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para dictar la materia Análisis Económico y Financiero en el Centro Universitario Devoto (CUD), una sede donde se dictan clases a los detenidos en ese Complejo Penitenciario. Al considerar las instituciones básicas y fundamentales para que la economía funcione tratamos el papel que cumplen los derechos de propiedad. Así, en términos generales, les parecía algo natural y lógico que los precios fueran resultados de intercambios y que éstos sean intercambios de derechos de propiedad por medio de contratos, formales o informales. No podía evitar pensar, sin embargo, que estaban allí precisamente por haberlo violado, ya sea la propiedad que cada uno tiene sobre su propia persona o sobre los bienes que ha producido o adquirido. Pero no parecía que ellos vincularan una cosa con la otra. ¿Qué piensan los detenidos sobre la organización social, sobre las desigualdades, sobre el trabajo y los mercados, sobre las políticas públicas? Sus opiniones sobre temas sociales no son diferentes de los que están afuera de esa cárcel. Ellos, que muchas veces toman en sus manos una “redistribución” forzada y violenta, también creen que es una función indelegable del estado tomar de unos para dar a otros. Y como la mayoría de los que están afuera, creen que al otorgar al estado ese poder, lo va a utilizar para redistribuir de ricos a pobres, para resolver los problemas de la pobreza. Pocos, adentro o afuera, piensan que una vez que se otorga al estado ese poder termina redistribuyendo en toda dirección, también de pobres a ricos, o de la clase media a la clase política. ¿A qué se debe este “instinto” redistributivo? Un grupo de científicos, y entre ellos un par de argentinos, expertos en el nuevo y prometedor campo de la psicología evolutiva plantean una respuesta. Los argentinos son Daniel Sznycer, de la Universidad de California Santa Bárbara y la Universidad de Arizona, y María Florencia López Seal, de la Universidad Nacional de Córdoba. Investigan y escriben con los ‘padres fundadores’ de esta nueva disciplina, Leda Cosmides y John Tooby, creadores del Center for Evolutionary Psychology. Según ellos el apoyo a la redistribución se basa en emociones, en particular la compasión, la envidia y el interés propio, no por alguna convicción general de justicia social. Esas emociones son el resultado de largos procesos evolutivos durante los miles de años que fuimos cazadores-recolectores. No descartan el impacto de las prácticas locales, las ideas y valores compartidos o la historia reciente, pero centran su atención en las primeras.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados. (Ciima-Eseade). Es profesor de Historia del Pensamiento Económico en UBA.