EL OLVIDADO CASO DE LUIGI STURZO, EL SACERDOTE QUE HUBIERA DERROTADO A LA ITALIA FASCISTA.

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 30/12/18 en: https://gzanotti.blogspot.com/2018/12/el-olvidado-caso-de-luigi-sturzo-el.html?fbclid=IwAR3V46PZvVtrf1QilRuPswu85Plwwma_b2U9WRTBf96UJsvEq7diUx2v3OE

 

De Judeo-cristianismo, civilización oriental y libertad, cap. 6.

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El caso de Luigi Sturzo nos plantea con tristeza los mundos paralelos posibles que hubieran sido, de no ser por la falta de visión histórica de quienes debían regir los destinos de la Iglesia. Como coherente injusticia, su figura excepcional sigue sumergida en el olvido, en medio del griterío del catolicismo ultramontano y el fanatismo anticatólico iluminista.

Luigi Sturzo[1], sacerdote católico nacido en 1871, fue nada más ni nada menos que el fundador del Partido Popular Italiano. Y dicho partido fue nada más ni nada menos que un partido democrático, anti-fascista, de orientación cristiana, aunque laical y anti-confesional. Con el pleno apoyo de Benedicto XV –quien como dijimos había levantado el non expedit– el partido popular va ganando el apoyo de los católicos y progresivamente va ganando elecciones y frenando el ascenso de los fascistas mussolinianos. Sí: una Italia no fascista, una Italia No aliada de los nazis, una Italia inspirada en una democracia cristiana –en un perfecto ejemplo de lo que hubiera sido una confesionalidad sustancial- laica, democrática, republicana, católica, hubiera sido perfectamente posible. Pero en Enero de 1922 fallece Benedicto XV y, como dijimos, Pío XI le retira su apoyo al Partido Popular. En 1924, Sturzo tiene que exiliarse de Italia, primero en Londres y luego en los EE.UU. Finalmente su proyecto renace con la democracia italiana de la post-guerra y en 1952 Luigi Einaudi lo nombre senador vitalicio. Muere en 1959. Durante su exilio escribe importantes obras que pocos católicos y pocos liberales han estudiado, entre ellas La Iglesia y el estado[2], monumental obra en cuya parte final destaca las figuras de los liberales católicos del s. XIX con gran fidelidad y detalle a las circunstancias históricas que hemos reseñado[3].

El caso Luigi Sturzo marca una tragedia permanente, intra-eclesial, de la cual aún no hemos salido. Podemos disculpar a Pío XI su falta de visión histórica, su ingenua alianza con Mussolini, pero evidentemente nada de ello hubiera sucedido si no se hubiera perseguido y descalificado con saña e injusticia a los liberales católicos del s. XIX, por parte de los católicos que luego forman el grupo de tradicionalistas ultramontanos de los cuales sale Lefebvre. Sí, es verdad que en esa guerra intelectual ganaron algunas batallas: las aclaraciones de Dupanloup, la moderación del magisterio de León XIII, las “no condenas” (si a eso se lo puede considerar victorias) de Lacordaire, Montalembert, Ozanam y Acton, pero la guerra, en su momento, fue perdida. Cómo fue posible que, a pesar de los esfuerzos visionarios de Benedicto XV, Pío XI hiciera una alianza con Mussolini; cómo fue posible que prácticamente la “doctrina oficial” de la Iglesia fuera en los 30 y los 40 una mezcla de corporativismo con autoritarismo; cómo fue posible que para revertir esa tendencia, Pío XII y Juan XXIII tuvieran que hacer ciclópeos esfuerzos que aún no han madurado… Sólo se explica por la imposibilidad de vacunas democráticas, para la mayoría de los católicos, ya sean laicos, sacerdotes, cardenales, teólogos o pontífices, luego del mazazo sin matices de la Mirari vos y la Quanta cura, donde Modernidad e Iluminismo no se distinguían en absoluto. Cómo puede ser posible que la Iglesia posterior, de los 60 en adelante, sucumbiera a los cantos de sirena del socialismo y del marxismo, problema en el cual aún estamos, se explica por el mismo motivo: la falta de vacunas intelectuales contra movimientos autoritarios que, ya de derecha o izquierda, desprecian absolutamente la institucionalidad liberal y la economía libre que el mismo Sturzo defiende con énfasis a partir de su regreso a Italia. En realidad los que comprendieron bien el vuelco del Vaticano II hacia la institucionalidad democrática fueron los que lo rechazaron, esto es, los lefebvrianos. Ellos sí se dieron cuenta de cuál fue el genuino resultado de los grandes Pío XII y Juan XXIII. Pero los demás, sólo repetían las notas, sin comprender lo que tocaban. Democracia, constitución, libertades civiles, derechos humanos, laicidad del estado, libertad religiosa, división de poderes, etc., sólo son palabras que se entienden –en el Catolicismo– a partir de los liberales católicos del s. XIX. De lo contrario, sólo son letra muerta que ocultan el permanente integrismo y clericalismo: la nación católica, el pueblo católico, ya sea en comunidades eclesiales de base, ya sea retornando a la Cristiandad Medieval de manos de algún dictador católico ilustrado. No hay ni debe haber “nación católica”, ya en alianza con Mussolini, en su momento, ya en alianza con Cuba, como hoy: esos proyectos no son compatibles con la libertad religiosa, con el debido pluralismo político y la legítima convivencia entre creyentes y no creyentes. Ya sea la alianza de Pío XI con Mussolini, ingenua en su momento y retrospectivamente vergonzosa, ya sea la alianza de los católicos de hoy con los populismos de izquierda filo-cubanos y marxistas, siempre es lo mismo: la carencia trágica de toda formación básica en los valores republicanos y en la economía de mercado[4].

[1] Sobre Sturzo, ver Antisieri, D.: Cattolici a difesa del mercato, Rubbettino, 2005.

[2] Church and State, New York, Longmans, Green And Co., 1939.

[3] Op. cit., cap. XII.

[4] Al respecto es muy ilustrativa la aguda crítica de Gustavo Irrazábal a la falta de conciencia institucional republicana de las conferencias episcopales latinoamericanas, y su aguda crítica también a la “teología del pueblo”, en Iglesia y democracia, Buenos Aires, Instituto Acton, 2014.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

Corrupción, ética y Constitución

Por Gabriel Boragina Publicado el 19/8/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/08/corrupcion-etica-y-constitucion.html

 

Es habitual analizar el tema de la corrupción -tan vigente siempre- desde el punto de vista exclusivamente económico. Será interesante, tal vez, prestar un poco de atención al ángulo jurídico del asunto, sin restar importancia, de ninguna manera, al económico, ya que ambos están intrínsecamente implicados. Nuestra Ley Fundamental toca directamente el tópico, y subsume -como se verá del siguiente examen- lo económico en lo ético:

“El último párrafo del art. 36 de la Constitución establece que el Congreso deberá sancionar una ley que regule la ética pública para el ejercicio de las funciones gubernamentales. Una ley semejante, siempre que sus disposiciones sean claras y precisas, constituirá una garantía sumamente eficaz para la consolidación de un sistema democrático constitucional. El incumplimiento de las normas éticas por los gobernantes ha sido y es uno de los factores más nocivos para la subsistencia del régimen constitucional, y uno de los argumentos que con mayor frecuencia han utilizado sus adversarios para pretender demostrar su inconsistencia en función del bien común de la sociedad.”[1]

La ética definida constitucionalmente comprende, por tanto, los comportamientos de los funcionarios públicos en su totalidad, sean estos en sus actos económicos como no económicos. Existe un enfrentamiento directo entre violación a la ética pública y la constitucionalidad. La cercana interrelación entre ética pública y economía viene dada por el hecho de que todo funcionario público maneja lo que se ha dado en llamar el erario público, lo que implica que, en el fondo, el funcionario público es (o debería ser) un mero administrador de recursos ajenos que, en el mejor de los casos, le han sido confiados por mandato legal a los únicos fines administrativos.

Sin embargo, también dispone de ellos muchas veces como si fueran propios. Tanto administrativa como dispositivamente estas amplias facultades que tiene el burócrata son una excelente oportunidad para verse tentado a aprovecharse de las mismas.

Nosotros preferimos la expresión de ética política a la de ética pública, porque opinamos que muchas conductas individuales de particulares también afectan a la ética pública, aun cuando esas personas estén fuera de órbita política.

“De todas maneras, cabe recordar que existen disposiciones legales que regulan, de manera parcial, la ética pública republicana. Por otra parte, antes de la reforma, en modo alguno la Constitución impedía la sanción de una norma de la especie que ahora enuncia el art. 36. La ética puede ser objeto de múltiples definiciones, atendiendo a la corriente filosófica en que se enrola el analista. Sin embargo, teniendo en cuenta que una Constitución no es una obra científica ni doctrinaria, sino una norma jurídica fundamental impregnada de realismo y sencillez, que es instrumento de gobierno y símbolo de unidad nacional, sus palabras deben ser explicadas a la luz del lenguaje y pensamiento del ciudadano común.”[2]

A pesar que la llamada ética pública tiene en mira los posibles desfalcos económicos que los burócratas tienen oportunidad de llevar a cabo en ocasión de los cargos políticos que ostentan (y de los cuales no son pocos los que no se privan de cometerlos), desde el ángulo constitucional no se limitan a ellos, como ya se ha aclarado. Pero, bien visto, lo ético tiene indisoluble vínculo con lo jurídico, y este con lo económico.

Desde el momento que una norma (como es la Constitución) se refiere a la ética como lo hace en su art. 36, ello implica incluir a esta en el campo de Derecho. Y no puede negarse que el Derecho tiene por objeto regular conductas que no dejarán de tener consecuencias económicas, dado que la aplicación de toda norma ha de dar por sentado que se cuenta o que se contará con los recursos necesarios para ello. De tal suerte que, queda claro (al menos para nosotros) el estrecho nexo entre ética-economía-derecho. Los actos de corrupción dañan por igual a este trípode.

“Desde esta óptica, la ética no es tanto, una ciencia filosófica que estudia las normas a que debe someterse la conducta humana y las consecuencias que se derivan de su aplicación, sino un arte que tipifica comportamientos individuales y sociales encaminados al logro del bien.”[3]

Siguiendo las directrices del individualismo metodológico nos resulta bastante difícil poder reconocer la existencia de comportamientos “sociales”, excepto que se quisiera describir a una suma de conductas individuales, donde logramos visualizar mejor el concepto. Hecha esta salvedad, no podemos estar sino de acuerdo con lo expuesto en la cita. Lo característico, entonces, de la ética es -según este autor- la de ser un arte que tipifica comportamientos (para nosotros solamente individuales, dado que la responsabilidad tiene sentido únicamente respecto de la conducta de los individuos) encaminados al logro del bien.

“No se trata de la ética individual, positivista o religiosa, sino de la idea dominante en una sociedad sobre cuál debe ser el comportamiento de los gobernantes para alcanzar el bien común. En tal sentido, el concepto vulgar de la ética pública impone conductas al gobernante, tanto en su vida pública como en la privada cuando, esta última, adquiere relevancia social.”[4]

El autor analizado nos da a entender que habría distintas “éticas” como ya había esbozado en su párrafo anterior. Por un lado, distingue una ética individual (positivista o religiosa) y la separa de otra ética que califica como “idea dominante en una sociedad sobre cuál debe ser el comportamiento de los gobernantes para alcanzar el bien común”. Da la impresión que se apunta a lo que habitualmente se denomina por algunos como ética “social” pero más bien parece que desea aludir a una especie de “ética política” porque la hace dirigir exclusivamente a los gobernantes en su comportamiento. Existiría entonces -sintetizando, y en el concepto de nuestro autor- una ética individual por un lado y otra ética que podríamos llamar “política” por el restante. Pero no es cualquier “ética política”, sino que es una ética a cumplir en cabeza de los gobernantes y no de los gobernados. Para estos últimos parece quedar reservado el campo de la ética individual.

[1] Badeni, Gregorio. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo II- 2ª Edición Actualizada. Ampliada – 2a M. – Buenos Aires- La Ley, ISBN 987-03-0947-X (Tomo Ii)-ISBN 987-03-0945-3 (Obra Completa) “Las Garantías Institucionales” N° 457. Ética Pública Pág., 1347-1348

[2] Badeni, Gregorio, ibidem.

[3] Badeni, Gregorio, ibidem.

[4] Badeni, Gregorio, ibidem.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

¿QUÉ LES PASA A LOS LIBERTARIOS Y LIBERALES CLÁSICOS?

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 3/6/18 en:  http://gzanotti.blogspot.com/2018/06/que-les-pasa-los-libertarios-y.html

 

Una vez más (una vez más, una vez más, una vez más, una vez más, no sé si me explicoooooooooooooooooooooooooooo), mi defensa de valores morales, más allá de la legalidad del Estado de Derecho, me pone en una extraña vereda contra libertarios que, casi permanentemente, parecen los más escépticos y postmodernos al rechazar por completo un orden moral objetivo. Inútil que les distinga moralidad de legalidad. Inútil que les recuerde el art. 19 de la Constitución. Oyen hablar de ética objetiva y creen que los voy a perseguir con el estado. Y lo curioso es que me lo dicen a mí, como si yo NO fuera el liberal católico que la mayor parte de los católicos desprecia.

Hay una decadencia intelectual en los ambientes libertarios, últimamente, que me preocupa. Y no lo digo sólo de Argentina. Conozco el paño desde 1974. Por supuesto, siempre está el vaso medio lleno y el medio vacío. El medio lleno es honroso. Podría citar una enorme cantidad de insignes intelectuales y personas de altísimo nivel, gracias a Dios. Es más, permanentemente los cito y los subo a mi muro en Facebook. Pero ello no quiere decir que no me preocupe el resto, que hace un ruido muy desagradable. Nula formación en historia de la filosofía, en filosofía de las ciencias, en Historia, en humanidades en general. Han leído sólo un autor que endiosan como los marxistas a Marx, repiten sus manuales como loros, desprecian a toooooooooooooodo lo demás y se dan el lujo de pontificar sobre cualquiera de los temas  más espinosos de la filosofía y de la Teología que por supuesto exceden totalmente el pequeño conocimiento que puedan tener por haber leído un manualcito sobre economía libre (como el de Zanotti, por ejemplo J).

Se hacen los muy escépticos en materia moral. Ignoran que su misma defensa de la libertad es una decisión moral importante, objetiva, igual que otras que desprecian. Ignoran que el liberalismo clásico no es una tradición postmoderna. Dejando de lado la obvia moral católica de los escolásticos que defendían el mercado libre y la limitación del poder, era la moralidad, el más estricto convencimiento de valores morales objetivos, lo que movió la vida de Adam Smith, Ferguson, Kant, Locke, Tocqueville, Monstesquieu, Burke, Acton, los autores del Federalista, etc. Los utilitaristas podían ser muy escépticos cuando criticaban a la ley natural escolástica pero en su vida se jugaron el todo por el todo con un heroísmo moral que no tiene nadie que desprecie a los valores permanentes. Mises y Hayek fueron escépticos con respecto a la ley natural pero su vida fue un ejemplo de heroísmo moral. Mises, directamente, tendría que ser canonizado algún día.

Y si el problema es lo religioso, ok, ¿pero por qué no un poco más de diálogo? Comprendo que se entusiasmen con Ayn Rand, ¿pero por qué esa cerrazón, que nos hace tanto mal a todos los libertarios? ¿Cómo puede ser que ignoren y NO lean a Leonard Liggio, a Alejandro Chafuen, a Michel Novak, a Robert Sirico, a Sam Gregg, o a los clásicos Lord Acton, Montalembert o Rosmini? ¿Cómo puede ser que en el Instituto Acton nos matemos convenciendo a los cristianos de las bondades del libre mercado y de la libertad individual y luego aparezcan diatribas contra lo religioso, por parte de jovencitos y pequeñas Rand, dignas de un Robbespierre resucitado? ¿Están tan seguros de eso? Bueno, aquí tienen mi oferta: júntense todos de un lado, todos, todos juntos, preparen tooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooodas sus objeciones contra “lo” religioso y la Iglesia, pónganme a mí en otra mesa, solo, y yo dialogo con todos. ¡Vamos, háganlo!!!! Sólo digan dónde y cuándo.

Mientras tanto, seguiré prefiriendo El porvenir de una ilusión a cualquier otra cosa que se haya escrito contra Dios desde el lado libertario.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

 

Un anticipo del después, tras la reelección de Vladimir Putin

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 21/12/17 en: http://www.lanacion.com.ar/2094372-un-anticipo-del-despues-tras-la-reeleccion-de-vladimir-putin

 

En marzo de 2018 la Federación Rusa tendrá previsiblemente sus próximas elecciones presidenciales. El actual presidente, Vladimir Putin, es sumamente popular. Por esto ha anunciado que será nuevamente candidato a la primera magistratura. Lo cierto es que hoy luce invencible y que pareciera tener la carrera que se avecina ganada de antemano.

Por esto los principales analistas se están concentrando no ya en 2018, sino en que pudiera ocurrir en el período presidencial siguiente: aquel que recién comenzaría en 2024. Parece insólito, pero es efectivamente así. Ocurre que Vladimir Putin no podría aspirar a obtener un tercer período presidencial consecutivo. Porque la actual Constitución rusa se lo prohíbe expresamente.

Por el momento entonces, Putin sólo podría aspirar a ser cuatro veces presidente de su país. No es poco. Como consecuencia de ello, muchos tratan de identificar a quién podría ser su sucesor, pese a que lo cierto sea que aún queda un largo camino por recorrer.

Los encontronazos políticos parecen haber comenzado y nadie sabe, a ciencia cierta, quién podría ser el candidato “in pectore” del propio Putin, quien se cuida enormemente de no hacer señales de ningún tipo en ese sentido.

Hoy Putin tiene 65 años y goza de una salud absolutamente privilegiada, de la que, además, hace gala. Sin embargo, al fin de su tercer mandato consecutivo tendría 71 años, edad en la que hoy mucha gente sigue en plenitud. Por esto no hay que descartar que, cuando llegue el momento, Vladimir Putin intente (como tantos) cambiar las reglas que hoy cierran su camino, a su favor naturalmente. De modo de eliminar los obstáculos que pudieran impedirle seguir en su larga carrera política.

Por esto quienes, ante el escenario descrito, aspiran (o sueñan) con suceder a Vladimir Putin están inmersos en la prudencia, en un comprensible juego de preservación de sus posibilidades. Con la mirada fija en el hombre que puede impulsarlos o también, de pronto, detenerlos.

Las intrigas cortesanas y hasta los codazos abiertos pueden caracterizar al ambiente político ruso en los próximos seis años. Con todas sus tensiones, dramas y batallas esperados. Con ganadores y perdedores, naturalmente. Y habrá que tratar de escudriñar a quienes avancen y a quienes, en cambio, por las razones que fueren, queden en el camino.

Como ya sucediera en Rusia en 1996, enseguida después de que el entonces presidente Boris Yeltsin obtuviera electoralmente su último mandato con la seguridad de que -como también sucede ahora- legalmente ya no podía aspirar a obtener uno más. Tras el, precisamente, llegó Vladimir Putin al poder ruso.

Algunos de esos episodios parecen haber comenzado. Con ruidos sordos. Por ejemplo, en torno al cierre de una joven universidad, dedicada a la investigación. Me refiero a los episodios sucedidos respecto de la Universidad Europea de San Petersburgo, que pareciera concentrar el odio y los rencores de algunos grupos nacionalistas. O con relación a algunas acusaciones de corrupción -como la que ahora tiene como blanco al ex ministro de economía Aleksei Ulyukayev- que han estallado, las que hasta no hace mucho se habrían presumiblemente resuelto en un marco de cierta cercanía y discreción.

Aparentemente, Vladimir Putin -que en 2012 ampliara el término del mandato presidencial ruso de cuatro a seis años- estaría decidido a dejar el poder en manos de quien le garantizara un mínimo de confianza. No sólo respecto del futuro de Rusia. También con relación al suyo propio. Algo que, por cierto, no es fácil de implementar.

Lo cierto es que en torno a Vladimir Putin el ambiente de desconfianzas y pulseadas dentro de su elite política podría crecer rápidamente. Y que, previsiblemente, habrá alianzas reservadas “entre bambalinas” y toda suerte de arreglos discretos entre los contendores, con el objeto de no quedar, de pronto, fuera de concurso.

Como es natural. Nadie querrá ser visto como una amenaza o como una preocupación respecto de los planes que apunten a generar una transición ordenada del poder. Como le está sucediendo al presidente de la petrolera Rosneft, Igor Sechin. Y al arbitrario y dictatorial presidente de Chechenya, Ramzan Kadyrov, un hombre sin compasión, que ha adoptado un andar cada vez más independiente pese a que pareciera tener bastante pocas posibilidades de aspirar a un liderazgo de su país, más allá del de su propia región de influencia.

Vladimir Putin sabe que ya es una figura histórica en su país, al que logró sacar de la desordenada decadencia en la que había entrado luego de la caída del Muro de Berlín. Por esto, el ex agente de inteligencia podría tratar de reservar -para sí y para su círculo inmediato- algún importante rincón de poder, especialmente en materia de seguridad. De modo de no aparecer nunca como un mero “pato rengo”. Ello seguramente beneficiaría a toda la elite del poder.

De alguna manera, esto es algo que Vladimir Putin ha hecho en el pasado reciente. Cuando en 2008 se transformara en primer ministro del ex presidente Dimitri Medvedev, pese a que lo cierto haya sido que, más allá de la engañosa imagen de estar presuntamente en segunda fila, Vladimir Putin mantuvo efectivamente el carácter real de líder indiscutido de su país.

Putin, por su parte, seguramente no quiere arriesgarse a terminar de pronto como le ocurriera a otro conocido longevo del poder: el depuesto y también autoritario presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe. Menos aún, obviamente, como la le aconteciera al duro líder rumano, Nicolae Ceausescu, muerto en 1989, en las inmediaciones de Bucarest, luego de haber sido depuesto.

El último ciclo de la larga era de Vladimir Putin comenzará pronto. A comienzos del año próximo. Concretamente, después de su esperada reelección presidencial, que podría ser la última. ¿O no?

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

¿Es posible la unidad? ¿Es deseable?

Por Enrique Aguilar: Publicado en http://www.revistacriterio.com.ar/bloginst_new/2016/04/01/es-posible-la-unidad-es-deseable/

 

¿Es posible la unidad? ¿Es deseable?

En democracia, multiplicar las opiniones y facilitar el debate continuo son elementos fundamentales para evitar la concentración de poder.

Se habla mucho a estas horas de la necesidad de unir a los argentinos después de años de enfrentamientos provocados por la presunta “grieta” que el kirchnerismo habría abierto en una sociedad que, seamos francos, tampoco se encontraba demasiado “unida” con anterioridad.
Ahora bien, ¿es posible alcanzar esa mentada unidad? ¿Es realmente deseable? Por lo pronto, como no sea en un conjunto de reglas legales que salvaguarden nuestros derechos y la resolución pacífica de los conflictos, difícilmente podremos estar de acuerdo en todos y cada uno de nuestros fines (individuales o colectivos), nuestras creencias, o aun en las lecturas presentes o retrospectivas que nos merezca la realidad nacional. Pero una democracia que se diga pluralista no significa unanimidad en todas estas cuestiones. Lo que supone, en cambio, es el común respeto (fruto a la par de la coacción legítima y del consentimiento libre de los ciudadanos) a esas reglas que, por estar previstas en la Constitución, quedan de algún modo apartadas de la competencia electoral sirviendo de límite, además, a la acción de los gobernantes.
Si la democracia, entonces, presupone la búsqueda de un “consenso procedimental” que garantice su existencia, también requiere la aceptación de las discrepancias que, mientras no degeneren en violencia, contribuyen no menos a sostenerla en la medida en que conspiran contra la posibilidad de que un proyecto mayoritario pretenda encarnar por sí solo la voluntad soberana del pueblo considerado como una entidad indivisible, lo cual convierte ipso facto en “no pueblo” a los que piensan distinto, es decir, a las minorías.
Desde esta perspectiva, la unidad no resultaría deseable tampoco. Para alcanzarla, según un clásico argumento de James Madison, deberíamos suprimir la libertad o procurar, en su defecto, la conformidad de todas las opiniones, aspiración no menos perniciosa y al cabo inviable dada la fuerte “propensión de la humanidad a caer en animadversiones mutuas”, sea por motivos verdaderos o por imaginarios pretextos. Dos remedios peores, en suma, que los potenciales males que traerían consigo esos inevitables antagonismos.
Para no tentar al demonio, ¿qué mejor pues que multiplicar las opiniones, los canales de expresión y aun los centros de decisión? El poder tiene su lógica: cuando se lo ejerce, tiende a avanzar, no a retroceder. De ahí la necesidad de limitarlo ya que no somos ángeles (para evocar nuevamente a Madison) ni los ángeles nos gobiernan. De ahí también esas necesarias “precauciones” que completan la legitimidad democrática y que consisten en un reparto equilibrado de las funciones del Estado, tanto en sentido horizontal como vertical, para evitar que unas usurpen las atribuciones de las otras monopolizando de este modo la representación de los gobernados.
Multiplicar parece ser aquí la palabra clave. Porque, como lo ha explicado bien Bryan Garsten en un texto revelador, es procurando que existan “pretensiones en competencia” por representar al pueblo como se evita la “representación unificada”, vale decir, la concentración del poder en una de sus ramas con las consecuencias que están a la vista para la historia de nuestros países y la instauración de un buen gobierno republicano. Entendida así, por lo demás, no de manera unificada sino dividida en áreas en competencia que se fiscalizan unas a otras, la representación constituye de suyo una invitación al debate continuo que las variantes hegemónicas prefieren sustituir por la decisión precipitada hecha en nombre de una interpretación definitiva o totalizadora de la voluntad popular.
Con la opinión pública ocurre otro tanto. Porque es la pluralidad de pareceres el mejor antídoto contra el riesgo de que una posición mayoritaria constriña a los que no adhieren a ella o se resignan a callar sus desacuerdos. En este sentido, la experiencia histórica y una abundante literatura se dan cita para corroborar la existencia de una forma de opresión que irrumpe por fuera del poder político de la mano de una opinión que se cree sagrada y que se impone a expensas del ostracismo social de los disidentes. Los célebres reparos de J. S. Mill contra la “pacificación intelectual” que petrifica el pensamiento y desalienta la deliberación pública tienen origen, precisamente, en su temprana conciencia de esa coacción que lleva al conformismo y que Tocqueville ya había caracterizado como “una nueva fisonomía de la servidumbre”.
Ciertamente, nada de lo dicho hasta aquí implica negar la importancia y aun la necesidad del diálogo civilizado sobre todo en sociedades que, al no poder superar viejos enconos, se encuentran de alguna manera impedidas de abrirse al futuro. A este fin, cabría afirmar con Sartori que un consenso no sólo procedimental, que involucre valores fundamentales además de las reglas de juego, puede facilitar, como “condición coadyuvante” pero no necesaria, nuestra convivencia ciudadana. Sin embargo, si no reconocemos que existe un grado de conflicto compatible con la existencia de un régimen democrático, nuestro derecho al disenso y la sana alternancia entre mayorías cambiantes se verán siempre amenazados.

 

Enrique Edmundo Aguilar es Doctor en Ciencias Políticas. Ex Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la UCA y Director, en esta misma casa de estudios, del Doctorado en Ciencias Políticas. Profesor titular de teoría política en UCA, UCEMA, Universidad Austral y FLACSO,  es profesor de ESEADE y miembro del consejo editorial y de referato de su revista RIIM. Es autor de libros sobre Ortega y Gasset y Tocqueville, y de artículos sobre actualidad política argentina.

La derrota de Evo

Por Mario Vargas Llosa. Publicado el 6/3/16 en: http://elpais.com/elpais/2016/03/03/opinion/1457026147_040257.html

 

La popularidad del presidente boliviano va apagándose y la opinión pública dejará de aplaudir a un régimen que es un monumento al populismo más desenfrenado

 

La derrota de Evo Morales en el referéndum con el que pretendía reformar la Constitución para hacerse reelegir por cuarta vez en el año 2019 es una buena cosa para Bolivia y la cultura de la libertad. Se inscribe dentro de una cadena democratizadora que va golpeando al populismo demagógico en América Latina de la que son jalones importantes la elección de Mauricio Macri en Argentina contra el candidato de la señora Fernández de Kirchner, el anuncio de Rafael Correa de que no será candidato en las próximas elecciones en Ecuador, la aplastante derrota —por cerca del 70% de los votos— del régimen de Nicolás Maduro en las elecciones para la Asamblea Nacional en Venezuela y el desprestigio creciente de la presidenta Dilma Rousseff y su mentor, el expresidente Lula, en Brasil, por el fracaso económico y los escándalos de corrupción de Petrobras que presagian también un fracaso catastrófico del Partido de los Trabajadores en las próximas elecciones.

A diferencia de los Gobiernos populistas de Venezuela, Argentina, Ecuador y Brasil, cuyas políticas demagógicas han desplomado sus economías, se decía de Evo Morales que su política económica ha sido exitosa. Pero las estadísticas no cuentan toda la verdad, es decir, el período enormemente favorable que vivió Bolivia en buena parte de estos 10 años de Gobierno con el auge del precio de las materias primas; desde la caída de estas, el país decrece y está sacudido por los escándalos y la corrupción. Esto explica en parte el descenso en picada de la popularidad de Evo Morales. Es interesante advertir que en el referéndum casi todas las principales ciudades bolivianas votaron contra él, y que, si no hubiera sido por las regiones rurales, las menos cultas del país y también las más alejadas, donde es más fácil para el Gobierno falsear el resultado de las urnas, la derrota de Evo habría sido mucho mayor.

¿Hasta cuándo continuará el singular mandatario echando la culpa al “imperialismo norteamericano” y a los “liberales” de todo lo que le sale mal? El último escándalo que ha protagonizado tiene que ver con China, no con Estados Unidos. Una examante suya, Gabriela Zapata, ahora presa, con la que tuvo un hijo en 2007, fue luego ejecutiva de una empresa china que ha venido recibiendo jugosos y arbitrarios contratos gubernamentales para construir carreteras y otras obras públicas por más de 500 millones de dólares. El favoritismo flagrante de estos contratos ilegales, denunciados por un gallardo periodista, Carlos Valverde, ha sacudido al país y los desmentidos y explicaciones del presidente sólo han servido para comprometerlo más con el enjuague. Y para que la opinión pública boliviana recuerde que este es sólo el último ejemplo de una corrupción que a lo largo de este decenio ha venido manifestándose en múltiples ocasiones aunque la popularidad de Evo sirviera para acallarla. Da la impresión de que aquella popularidad, que va apagándose, ya no bastará para que la opinión pública boliviana siga engañada, aplaudiendo a un mandatario y a un régimen que son un monumento al populismo más desenfrenado.

Ojalá que, al igual que los bolivianos, la opinión pública internacional deje de mostrar esa simpatía en última instancia discriminatoria y racista que, sobre todo en Europa, ha rodeado al supuesto “primer indígena que llegó a ser presidente de Bolivia”, una de las muchas mentiras que propala su biografía oficial, en todas sus giras internacionales. ¿Por qué discriminatoria y racista? Porque los franceses, italianos, españoles o alemanes que han jaleado al divertido gobernante que se lucía en las reuniones oficiales sin corbata y con una descolorida chompita de alpaca jamás habrían celebrado a un gobernante de su propio país que dijera las estupideces que decía por doquier Evo Morales (como que en Europa había tantos homosexuales por el consumo exagerado de la carne de pollo), pero, al parecer, para Bolivia, ese ignaro personaje estaba bien. Los aplausos a Evo Morales en Europa me recordaban a Günter Grass cuando recomendaba a los latinoamericanos “seguir el ejemplo de Cuba”, pero para Alemania y la culta Europa él no proponía el comunismo sino la socialdemocracia. Tener pesos y medidas distintas para el primer y el tercer mundo es, pura y simplemente, discriminatorio y racista.

Quienes creen que un personaje como Evo Morales está bien para Bolivia (aunque nunca lo estaría para Francia o España) tienen una pobre e injusta idea de aquel país del Altiplano. Un país al que yo quiero mucho, pues allí, en Cochabamba, pasé nueve años de mi infancia, una época que recuerdo como un paraíso. Bolivia no es un país pobre, sino, como muchas repúblicas latinoamericanas, empobrecido por los malos Gobiernos y las políticas equivocadas de sus gobernantes —muchos de ellos tan poco informados y tan demagogos como Evo Morales—, que han desaprovechado los ricos recursos de su gente y su suelo —sobre todo, cerros y montañas— y permitido que una pequeña oligarquía prosperara en tanto que la base de la pirámide, las grandes masas quechua y aymara, y la población mestiza, que es el grueso de sus clases medias, vivieran en la pobreza. Evo Morales y quienes lo rodean no han hecho avanzar un ápice el progreso de Bolivia con sus acuerdos comerciales con Brasil para la explotación del gas y sus empréstitos gigantes provenientes de China para la financiación de obras públicas faraónicas y, muchas de ellas, sin sustentación técnica ni financiera, que comprometen seriamente el futuro de ese país, a la vez que su política de nacionalizaciones, victimización de la empresa privada y exaltación de la lucha de clases (y, a menudo, de razas) incentivaba una violencia social de peligrosas consecuencias.

Bolivia cuenta con políticos respetables, realistas y valientes —conozco a algunos de ellos— que, pese a las condiciones dificilísimas en que tenían que actuar, arriesgándose a campañas innobles de desprestigio por parte de la prensa y los aparatos de represión del Gobierno, o a la cárcel y al exilio, han venido defendiendo la democracia, la libertad ultrajada, denunciando los atropellos y la política demagógica, la corrupción y las medidas erróneas e insensatas de Evo Morales y su corte de ideólogos, encabezados por el vicepresidente, el marxista Álvaro García Linera. Son ellos, y decenas de miles de bolivianos como ellos, la verdadera cara de Bolivia. Ellos no quieren que su país sea pintoresco y folclórico, una anomalía divertida, sino un país moderno, libre, próspero, una genuina democracia, como lo son ahora Uruguay, Chile, Colombia, Perú y tantos otros países latinoamericanos que han sabido sacudirse, o están a punto de hacerlo, mediante los votos de quienes, como los esposos Kirchner, el comandante Chávez y su heredero Nicolás Maduro, el inefable Rafael Correa, Lula y Dilma Rousseff los estaban o están todavía llevándolos al abismo.

La derrota de Evo Morales en el referéndum del domingo pasado abre una gran esperanza para Bolivia y ahora solo depende que la oposición mantenga la unidad (precaria, por desgracia) que esta consulta gestó, y no vuelva a dividirse, pues ese sería un regalo de los dioses para la declinante estrella de Evo Morales. Si se mantiene unida y tan activa como lo ha estado estas últimas semanas, Bolivia será el próximo país latinoamericano en librarse del populismo y recobrar la libertad.

 

Mario Vargas Llosa es Premio Nobel de Literatura y Doctor Honoris Causa de ESEADE.

La consecuencia no intencional de un (otro) capricho presidencial

Por Alejandra Salinas: Publicado el 9/12/15.

 

La actual Presidente de los argentinos decidió no entregar el bastón de mando y la banda presidencial al Presidente electo que asumirá funciones mañana. Según Luis Alberto Romero, “… la ceremonia de transmisión del mando ha sido la parte más respetada de la vapuleada tradición republicana, quizá porque sus formas, rituales y símbolos remiten a otros que son muy viejos. En nuestra cultura occidental, llevan por vía directa a las monarquías medievales, y más atrás a la Roma republicana y a las polis griegas. Los antropólogos nos dicen que en cualquier sociedad humana el poder se ha organizado en torno de rituales semejantes” (“La reveladora telenovela del traspaso”, La Nación,  9-12-2015).

El acto tradicional de transmisión del mando ahora interrumpido es sin duda un simbolismo y no un requisito institucional, ya que la Constitución de la Nación Argentina sólo exige que “Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente prestarán juramento, en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea, respetando sus creencias religiosas, de: “desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente (o vicepresidente) de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina” (Artículo 93).

En estos días mucho se ha condenado y lamentado la decisión de la Presidente saliente de quebrar la tradición del traspaso de mando a raíz de sus motivaciones caprichosas, antes que por la falta de garantías o condiciones de seguridad y legalidad del acto en cuestión. La consecuencia más evidente de su decisión se traduce en la creación de un clima de inestabilidad para enturbiar la llegada al gobierno de un nuevo proyecto político, lo cual sumado a los discursos sobre la “resistencia” puede alimentar la confusión y el temor respecto del futuro político inmediato. Queda en manos del nuevo gobierno y de la ciudadanía argentina demostrar que un futuro de conciliación y respeto por la institucionalidad no sólo es necesario y deseable, sino también posible.

Independientemente de estas cuestiones, me interesa explorar aquí una consecuencia no intencional del capricho de la Presidente saliente, y que es la discontinuidad en la tradicional forma de transmisión del mando. Considerando que sólo se requiere constitucionalmente un juramento presidencial, debo admitir que no me resulta antipática la idea de abandonar las prácticas rituales que Romero asocia con el mundo antiguo, y de adoptar nuevas prácticas más a tono con una república moderna. Recordemos, a tal fin, que el espíritu de ésta es el auto-gobierno, la capacidad ciudadana para participar en la vida pública y la  institucionalización en rechazo del poder arbitrario o discrecional. Este espíritu se traduce en la soberanía de los derechos, la elección popular de los funcionarios públicos, la igualdad política, la publicidad y responsabilidad de los gobernantes por los actos que ejercieren durante su función, y la independencia de los poderes.

Por lo antedicho, imagino entonces a futuro una nueva ceremonia que no se base en el gesto de un Presidente entregando a otro el objeto-Gobierno de la Nación, simbólicamente representado en la banda y el bastón. A mi modo de ver esa transmisión refleja cierto personalismo y voluntarismo que históricamente ocasionó ya suficientes problemas en la vida política argentina. En cambio, una ceremonia donde el Presidente electo simplemente asuma sus funciones, con la Constitución en mano y de cara al pueblo, a mi juicio simbolizaría adecuadamente los dos ideales políticos de una república moderna: la fe institucional, la protección de derechos y los límites al poder personal (elemento Constitución), y el compromiso de conducir los asuntos públicos con un espíritu de transparencia, austeridad y rendición de cuentas ante quien constituye el evaluador y decisor político en última instancia (elemento pueblo). Como escenario de trasfondo de la ceremonia así entendida, ésta debiera celebrarse al aire libre, con la masiva presencia del público, de todos los legisladores de la Nación, y de otros funcionarios públicos locales y extranjeros.

Además de reflejar mejor los ideales republicanos, dejar de lado la transmisión y adoptar la simple asunción del mando evitaría repetir situaciones engorrosas como la que nos ocupa en estos días. Por último, el cambio sugerido apunta a evitar la confusión frecuente entre personalismo y fortaleza institucional. En este sentido la afirmación de que la situación argentina “ha puesto en evidencia la debilidad de las instituciones” (La Tercera, diario chileno), ilustra tal confusión: la situación argentina sólo refleja el capricho de una persona y el envejecimiento de ciertas tradiciones, pero no afecta en la menor medida la institucionalidad nacional. Mañana tendremos un nuevo Presidente, elegido por el voto de la mayoría, quien jurará de acuerdo a las normas y que intentará gobernar –al menos así lo ha anunciado- con criterios más republicanos y menos arbitrarios.

 

Alejandra M. Salinas es Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Doctora en Sociología. Fue Directora del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de ESEADE y de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas. Es Secretaria de Investigación y Profesora de las Asignaturas: Teoría Social, Sociología I y Taller de Tesis de ESEADE.