Category Archives: Derechos Individuales

¿Por qué no fuimos Australia? (Parte I)

Por Iván Carrino. Publicado el 15/2/18 en: https://contraeconomia.com/2018/02/por-que-no-fuimos-australia-parte-i/

 

En el artículo de hoy, la primera parte de un profundo análisis sobre nuestra decadencia económica.

“Existen cuatro clases de naciones: países desarrollados, países en desarrollo, Japón y Argentina”

Simón Kuznets

10 de diciembre de 2015. Era un día soleado y caluroso en Buenos Aires, con una temperatura que alcanzó los 33 grados centígrados. Tras doce años de kirchnerismo, asumía un  nuevo presidente en Argentina.

El nuevo presidente, Mauricio Macri, tenía la característica de no ser militar, peronista ni radical. Un evento único en la historia de los últimos 100 años.

La ceremonia de asunción tuvo todos los condimentos protocolares y otros que no tanto. Tal vez el dato que quedará en la historia es que el mandatario saliente (en este caso, la presidente Cristina Fernández de Kirchner), no asistió a la ceremonia puesto que no le pareció correcto el lugar elegido para realizar la entrega del bastón y la banda presidencial.

Otra anécdota que recordaremos será la de la vicepresidente, Gabriela Michetti, cuando, micrófono en mano, deleitó a sus seguidores desde el balcón de la Casa Rosada cantando las canciones de la popular Gilda. El presidente acompañó con sus célebres pasitos de baile.

Tal vez una historia que pasó desapercibida dentro de la gran cantidad de pequeños eventos que compusieron la ceremonia inaugural fue el saludo cordial que tuvieron el presidente Macri y el embajador de Australia en Argentina, Noel Campbell.

En medio de una ronda de saludos a los enviados extranjeros, se produjo el siguiente diálogo entre ambos:

– Felicitaciones presidente, somos países parecidos – lo saludó el embajador.

– Éramos – respondió Macri con gesto de añoranza, para luego seguir – Ya vamos a volver.

– ¿Usted conoce Australia? – pregunto Campbell

– Nunca he estado, pero soy admirador… en los últimos 30 años nosotros hicimos todo al revés y ustedes hicieron todo correcto.

En menos de diez segundos de charla, Macri tocó uno de los temas más sensibles de la historia económica de nuestro país. ¿Es cierto que fuimos parecidos a Australia y que ahora los miramos “desde abajo”? ¿Por qué Australia hace “todo bien” hace treinta años? ¿Qué le pasó a Argentina?

Australia, país exitoso

Australia es el país más grande del hemisferio sur. Con 7,7 millones de kilómetros cuadrados, tiene todos los climas, prevaleciendo el desértico, pero con grandes extensiones donde predomina el tropical y el templado. En cuanto al terreno, si bien tienen algunas montañas y cordones montañosos, se trata de un país principalmente llano.

Esta combinación hace de Australia un importante productor y exportador de productos primarios, como carne, leche, trigo, cebada y sorgo. Australia cuenta, además, con un importante sector minero que está en los primeros puestos del mundo en cuanto a exportación y producción de oro, carbón, aluminio y cobre. Sin embargo, se trata de una economía principalmente dedicada a los servicios.

Una de las curiosidades de la economía australiana es que hace 25 años que su PBI no muestra variaciones negativas. Es decir, hace 25 años que su economía crece de manera ininterrumpida y no hay señales de que eso vaya a cambiar en el corto plazo.

Gráfico 2.1. Crecimiento económico de Australia

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial y FMI

En contraste, en Argentina la volatilidad del crecimiento es muy superior, y en los últimos 25 años atravesamos al menos 3 crisis distintas: la de la convertibilidad; la de las hipotecas subprime y el conflicto con el campo, y la del fin del kirchnerismo.

Pero la historia del éxito australiano no tiene que ver solo con los últimos 25 años, sino que viene de largo.

Por este motivo conversé personalmente con Kris Sayce, quien dirige en Australia la compañía de análisis económico y financiero Port Phillip Publishing y tiene una amplia trayectoria en el análisis de los mercados y administración de portafolios.

– ¿Por qué Australia se convirtió en un país tan rico? – Le pregunté a Kris en enero de 2017.

– Creo que lo primero que debe mencionarse es que Australia empezó su desarrollo mucho después de América del Norte o América Central. Lo segundo es que el establecimiento de la colonia británica, con una clara historia y tradición del respeto por la ley y respeto por los derechos de propiedad fue un elemento clave. Los derechos de propiedad son el punto clave.

Tener un buen respeto por los derechos de propiedad es un elemento de vital importancia para el desarrollo. Si uno es dueño de su casa, tiene incentivos para cuidarla, mejorarla, etc. Pero si uno no sabe si el día de mañana la pueden expropiar u ocupar, entonces probablemente a la casa la deje un poco abandonada.

A este marco de respeto por la ley se le sumó otro factor en 1960. Kris me explicó que hasta los años ‘60, el país tenía una política de “Australia Blanca”, que no permitía la inmigración a personas asiáticas, negras… que era muy restrictiva. Sin embargo, a partir de los ’60, esa política se terminó y el país oceánico recibió una gran inmigración del sur de Europa.

En paralelo con la llegada de los inmigrantes, comenzaron los descubrimientos de los yacimientos de mineral de hierro, así que la combinación de esos nuevos descubrimientos con un gran influjo de mano de obra posibilitó un salto en el crecimiento económico.

Derechos de propiedad, grandes extensiones de terreno, recursos naturales para explotar, inmigración… suena todo muy similar a la Argentina del siglo XIX y principios del XX. Y, efectivamente, por algunos años nuestra performance económica fue comparable a la australiana.

Gráfico 2.2. PBI per cápita relativo de Argentina y Australia

Fuente: Elaboración propia en base a Angus Maddison y FMI en dólares internacionales.

En el gráfico que se observa arriba aparece el resultado dividir el PBI per cápita de Argentina por el de Australia. Esto da una medida relativa de los ingresos de un argentino promedio en comparación con el de un australiano promedio. Así, si el resultado es 100%, quiere decir que el argentino ingresa lo mismo que el australiano. Si es 50%, quiere decir que los ingresos nuestros son la mitad del de la persona con quien nos estamos comparando.

En el gráfico se observa cómo, a partir de la década de 1880, el ingreso promedio de los argentinos se fue acercando de manera vertiginosa al de los australianos. Con fuertes tasas de crecimiento económico, Argentina competía de igual a igual con los países desarrollados, y llegamos a ser el undécimo país en el mundo en 1913.

Así, al compararnos con Australia vemos que pasamos de tener un ingreso del 37,4% del australiano en 1880 a tener uno de 97,3% en 1896. Es decir, éramos casi igual de prósperos.

Por los siguientes 90 años, la relación osciló entre el 60% y el 80%, aunque siempre con una tendencia levemente declinante. Finalmente, a partir de mediados de los ‘70, la tendencia de caída se profundizó. En 1975, si un australiano ganaba 100, un argentino ingresaba 61,7. En 2016, estábamos 20 puntos más abajo, ganando el 41,3% de lo que ganaba un australiano.

La debacle es inocultable.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

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Azafatas, escándalos, certezas

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 13/2/18 en: http://www.carlosrodriguezbraun.com/articulos/expansion/azafatas-escandalos-certezas/

 

Una periodista del Financial Times desveló el escándalo del Presidents Club de Londres y su fiesta benéfica, en la cual los asistentes, sólo hombres, se propasaron con las azafatas de forma reprochable siempre y repugnante en algunos casos. El asunto se cobró una dimisión entre las autoridades, y el club se ha disuelto. Algunas de las organizaciones receptoras de las donaciones procedieron a devolverlas.

El asunto parecía tan claro que nadie percibió que la redistribución de los recursos es objeto de certezas morales en unos casos, pero no en otros.

Supongamos que alguien hubiese dicho que tampoco fue para tanto y, después de todo, el resultado del manoseo de las azafatas fueron miles de libras esterlinas destinadas a causas nobles y solidarias en el Reino Unido.

Jamás habríamos aceptado ese argumento. De hecho, nos llenaría de cólera que alguien nos enfrentara a semejante chantaje, y recurriríamos a una venerable delimitación moral: el fin no justifica los medios. En efecto, no los justifica, y la ayuda a los más pobres es inaceptable como excusa de conductas impúdicas y vejatorias. El manoseo a las azafatas fue inmoral, independientemente de si se produjo en un contexto que a su vez se tradujo en la promoción de una buena causa.

Fue inmoral por una razón obvia: cada azafata es propietaria de su cuerpo, y nadie puede manosear a nadie que no desee ser manoseado por esa persona en concreto. No importan los efectos benéficos que los tocamientos puedan generar en terceros, por más necesitados que estén. Tituló un periódico sobre la bacanal en cuestión: “El pecado de la City”. Eso es lo que fue. Y no hay más discusión. No puede haberla. Punto final.

Naturalmente, toda esta invulnerable certeza moral se derrumba si en vez de manosear a las azafatas se hubiese tratado de manosear sus carteras con objeto de redistribuir a la fuerza su dinero hacia las personas más vulnerables de la sociedad.

Un momento, dirá usted. La moral es la moral, siempre. La cartera de las azafatas es propiedad suya igual que su cuerpo, y nadie puede violarla. ¿Está claro?

Pues no sé qué decirle, la verdad, porque esa violación es la que perpetran los Estados redistribuidores, particularmente en Europa; más aún, esa violación es el principal instrumento por medio del cual legitiman política, democrática y hasta éticamente su propio poder coercitivo, y reclaman por ello el aplauso sincero de la comunidad, una comunidad que en su mayoría no desea pagar los impuestos que los Estados le cobran.

Dirá usted: si unos indecentes se propasan con unas azafatas, ello es muy diferente de si viene Montoro, que es un santo, y solo se propasa con sus carteras. En ambos casos se trata de infringir un derecho, en contra de la voluntad de las víctimas, y por una buena causa social. Pero no es lo mismo, moralmente no es lo mismo, lo que resulta muy claro porque, porque, porque, porque.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.

La legislación laboral nazi argentina

Por Gabriel Boragina Publicado  el 4/2/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/02/la-legislacion-laboral-nazi-argentina.html

 

Son notables las semejanzas entre la legislación laboral del partido de Hitler y las vigentes a hoy día en la República Argentina. Dos expertos nos cuentan como eran las leyes laborales de los nazis:

“El hecho curioso fue que los sindicatos organizados se mantuvieran tan fuertes a pesar de la depresión. Tal acontecimiento fue el resultado de 10 años de legislación, comenzando en 1918, cuyo objetivo apuntaba a “ampliar el alcance, la fuerza y la autoridad de los sindicatos”. Estas leyes incluían un sistema de mediación y arbitraje mediante el cual las discusiones paritarias tenían lugar entre los sindicatos y los empleadores y organizaciones de empleadores; este sistema de relaciones laborales se consagró como el sistema más deseado y apropiado que regulara las relaciones laborales.”[1]

Lo que implica a decir que los sindicatos se mantienen, en realidad, artificialmente. No estaban sostenidos en el respaldo de una enorme masa de afiliados, sino que su único sostén era todo un entramado de leyes que se crearon específicamente para apuntalarlos como instrumentos del poder de turno. Sorprendería la similitud de la organización sindical nazi con la de la Argentina de nuestros días si no se supiera -como ya se sabe- que fue el régimen de Juan Domingo Perón quien copió la ordenación laboral nazi y la adaptó a la Argentina. Lo que si sorprende es que esta se hubiera mantenido casi sin tocar desde los años 1940 hasta el día de la fecha. Sigue vigente en este país la ley N° 14250 de asociaciones profesionales y la ley 20744 de Contrato de Trabajo (LCT) que, básicamente, responden a las mismas directrices que se señalan en la cita de arriba.

“El corolario de esta práctica fue que la ley no reconocía a los sindicatos de una empresa o a las asociaciones gremiales independientes que actuaban como delegadas de los trabajadores. Más aún, los trabajadores no estaban autorizados a celebrar acuerdos individuales con los empleadores y no se les permitía permanecer en sus empleos en caso de perder la afiliación a sus sindicatos.”[2]

Esta figura, que en Argentina la ley mencionada (N° 14250) designa con el nombre de personería gremial, esta, en realidad, tomada de la Carta dil Lavoro de Benito Mussolini de 1922. En los hechos, implica que el gobierno otorga un monopolio artificial a un sindicato por encima de cualesquiera otros, para “negociar” (en rigor, imponer) las “condiciones de trabajo” que el sindicato (con el beneplácito del gobierno, obviamente) desea al resto de los empleadores del país. El efecto económico de este tipo de organizaciones es sumamente claro: elevación de los salarios nominales por medio de leyes o acuerdos de salarios mínimos y su consecuencia ineluctable: altas tasas de desocupación.

“Existían comisiones oficiales de arbitraje cuya función consistía en resolver las discrepancias entre los empleadores y los sindicatos, cuando fracasaban los acuerdos entre dichas partes. Poco tiempo después, la participación del gobierno se incrementó.”[3]

Nuevamente, aparecen las similitudes con la legislación laboral actual en Argentina. La función de las comisiones oficiales de arbitraje nazis es exactamente la misma que cumplen los ministerios de trabajo en Argentina, los que -entre otras regulaciones- tiene la facultad de homologar (o no hacerlo) esos supuestos “acuerdos colectivos” a los que llegan las partes. Y en caso de no llegar a ningún entendimiento, imponer el propio a criterio del ministro del ramo de turno. En rigor, no se “resuelven” las discrepancias (las que quedan latentes) sino que se impone la decisión última de un tercero ajeno al conflicto (el gobierno mediante el ministerio de trabajo). Sigamos con los nazis:

“El gobierno se otorgó la facultad para extender mediante un decreto la obligatoriedad de un acuerdo celebrado con una empresa en un determinado distrito a todas aquellas empresas de la misma rama de la industria ubicadas en ese distrito. Esta atribución aumentó considerablemente el poder de los sindicatos que seleccionarían a la empresa más poderosa del distrito desde el punto de vista financiero para establecer los términos que los empleadores más pobres estaban obligados a aceptar.”[4]

Continúan aquí las notables analogías entre la legislación nazi y la Argentina de nuestros días. La misma facultad otorga la legislación argentina al ministerio de trabajo cuando decreta la homologación de lo que la ley denomina “convenciones colectivas de trabajo” y que no son otra cosa más que esos pseudo-acuerdos que se dicen “lograr” en las también llamadas “negociaciones paritarias”. La homologación predicha no es más que una resolución del ministerio de trabajo que extiende los alcances y efectos del “acuerdo” homologado a todas las empresas de la misma rama o del sector por actividad con alcance nacional (en el caso nazi parece que era más limitado y solo abarcaba y se limitaba al distrito).

“A pesar de ello, aún existían ciertas instancias en las que el acuerdo fracasaba y la solución se dilataba. Para resolver esta situación, el gobierno anunció que un mediador podía proponer una posible solución que definiría el monto del jornal a percibir en caso de que una de las partes en desacuerdo diera su consentimiento. Esta medida se utilizaba sólo excepcionalmente en el comienzo, pero pronto se generalizó.”[5]

Por supuesto, y esto es lo importante, no se aceptaba o se desconocía el mecanismo de fijación de salarios del propio mercado libre que es el único que determina realmente los salarios justos. Los nazis tenían como propósito desmantelar todo vestigio de libre mercado en todas las áreas que dominaban. Y procedieron al principio en forma gradual, si bien en el corto y mediano plazo extendieron sus tentáculos hacia toda forma de manifestación (sea económica o no económica). En suma, era el gobierno que, al final del camino, termina imponiendo el salario que -a juicio del burócrata de turno- “correspondía” o era el “justo”. Nuevamente, son notables los paralelismos con lo que hoy en día sucede en la legislación laboral argentina, donde hay mediadores en instancias previas y en casos colectivos el mediador es el propio ministerio de trabajo. Igualito que los nazis.

[1] ROBERT L. SCHUETTINGER – EAMONN F. BUTLER. 4000 Años de Control de Precios y Salarios. Cómo no combatir la inflación. Prólogo por David L. Meiselman. Primera Edición. The Heritage Foundation. Editorial Atlántida – Buenos Aires. Pag. 97-98

[2] Ibidem, p. 97-98

[3] Ibidem, p. 97-98

[4] Ibidem, p. 97-98

[5] Ibidem, p. 97-98

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Sobre la moneda y los sistemas bancarios

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 7/2/18 en: http://www.libertadyprogresonline.org/2018/02/07/sobre-la-moneda-y-los-sistemas-bancarios/

 

El tema monetario es de gran importancia puesto que está indisolublemente atado a los patrimonios de la gente. Trastornos en  ese campo repercuten de inmediato en el nivel de vida de todos, muy especialmente de los más necesitados puesto que la característica central de esos barquinazos se traducen en consumo de capital, lo cual, a su turno, significan disminuciones en salarios e ingresos en términos reales.

Desde tiempo inmemorial los aparatos estatales se han querido apoderar del instrumento monetario al efecto de hacerse de recursos. Ningún gobierno en la historia de la humanidad ha preservado el poder adquisitivo del dinero, siempre lo ha derretido. El premio Nobel en economía Friedrich Hayek fue un pionero contemporáneo en señalar la imperiosa necesidad de apartar a los gobiernos de la administración de la moneda, a lo cual han seguido numerosos autores, tema que en la actualidad ha producido una muy prolífica bibliografía. Hayek escribe que su esperanza estriba en que no ocurra con el dinero lo que sucedió con la inconveniente unión entre el poder y la religión que tardó siglos en percibirse los daños que provocaba esa unión. Del mismo modo, sigue diciendo Hayek que el dinero debe separarse cuanto antes de todo vestigio de contacto político y que la independencia de la banca central no hace más que trasladar los problemas a otro sector apoyado por el poder.

Otro premio Nobel también en economía, Milton Friedman, en su último trabajo sobre temas monetarios sostiene que “el dinero es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de banqueros centrales”. Es cierto que Friedman antes sugería la implantación de una “regla monetaria” que analizamos  más abajo.

Este cambio  no solo ocurrió con Friedman, el propio Hayek en una obra anterior sostenía que es “la administración de la moneda constituye función indelegable del gobierno”. Esto es solo una muestra de la evolución del pensamiento para quienes están atentos a nuevos conocimientos.

Antes de entrar de lleno en el tema, tengamos en cuenta que el dinero no calza en la definición de bien público puesto que no incorpora los principios de no-excusión y no-rivalidad. Por otra parte, se ha sostenido la conveniencia de la moneda estatal partiendo de la arbitraria premisa que se trata de un monopolio técnico aunque en este caso resulta de la imposición de un monopolio artificial (es de interés en este contexto atender un ensayo de otro premio Nobel en economía, Gary Becker, titulado “There is Nothing Natural about Natural Monopoly”), de lo contrario, liberado el mercado de regulaciones se brinda la posibilidad de elegir en competencia con todos los controles cruzados que de ello se deriva. También llama poderosamente la atención que se alegue que la politización de la moneda pueda suplir la asimetría de la información cuando, precisamente,  cuanto menos críptico y cerrado sea el mercado menor es la exposición y la transparencia. Por último, se ha pretendido desacreditar la competencia abierta de monedas recurriendo a una interpretación equivocada de la Ley de Gresham al afirmar que la moneda mala desplaza a la buena sin tener en cuenta que eso ocurre cuando el gobierno impone tipos de cambio forzosos.

La inflación es uno de los problemas económicos y sociales más graves. Es siempre producida por los aparatos estatales que con el curso forzoso y la banca central no dan salida a la gente para defenderse de ese flagelo. Es realmente llamativo que a esta altura del partido, con toda la bibliografía moderna disponible a la que nos hemos referido más arriba, no se haya decidido cortar amarras con los gobiernos en materia monetaria y no se haya percibido que la única razón por la cual el Leviatán administre la moneda es para succionar poder adquisitivo de la gente al efecto de financiar sus propios desbordes.

Se ha dicho que la inflación es el aumento general de precios, lo cual revela dos errores garrafales de concepto. En primer lugar, pretende aludir a la causa de la inflación la cual consiste en la expansión exógena del mercado y, en segundo término, el efecto estriba en la alteración de los precios relativos y no en un aumento general. Si produjera un incremento generalizado, no se produciría el problema central de la inflación cual es la angustia por el desequilibrio entre precios e ingresos. Si mi salario (uno de los precios) se incrementara en un 50% mensual y el resto de los precios lo hace en la misma forma, no hay problema. Eventualmente habrá que modificar las columnas en los libros de contabilidad, habrá que expandir los dígitos en las máquinas de calcular y, tal vez, acarrear el dinero en carretillas pero no hay el problema central señalado.

La alteración en los precios relativos reviste la mayor de las importancias ya que se distorsionan todas las señales en el mercado, que son las únicas que muestran donde conviene invertir y donde desinvertir en los diversos sectores con lo que se consume capital y, por ende, bajan los salarios e ingresos en términos reales puesto que las tasas de capitalización son la únicas causas del nivel de vida.

Como hemos dicho en tantas ocasiones, la banca central solo puede decidir entre uno de tres caminos posibles: a que tasa contraer, a que tasa expandir o dejar inalterada la base monetaria. Pues bien, cualquiera de los tres caminos deterioran los precios relativos respecto de lo que hubieran sido de no haber intervenido (incluso, como decimos, si los banqueros centrales deciden no modificar la base monetaria habrán desfigurado los precios relativos en relación al mayor o menor volumen de moneda que se hubiera decidido en el mercado…y si se hace lo mismo que hubiera hecho la gente en el mercado no hay razón alguna para la irrupción de la banca central ahorrándose todos los gastos administrativos correspondientes).

Más aun, una banca central independiente del secretario del tesoro o de hacienda o del Parlamento inexorablemente errará el camino debido a las razones antes apuntadas que no cambian por el hecho de recibir instrucciones o proceder autónomamente, esto no modifica la naturaleza del problema. Sin duda, que si a la existencia de la banca central se agrega el curso forzoso la situación se agrava exponencialmente ya que no deja salida a la gente para sus transacciones diarias y deben absorber quitas permanentes en su poder adquisitivo.

Conviene también precisar que la cantidad de dinero de mercado, es decir, de los activos financieros que la gente elija para sus transacciones no tienen porqué ser constantes. Esto dependerá de las respectivas valorizaciones, del mismo modo que ocurre con cualquier bien o servicio, lo cual, en nuestro caso, si se decide expandir, se trata de una expansión endógena, a diferencia de la exógena al mercado, esto es, la que ocurre debido a decisiones políticas que son el origen del problema inflacionario.

No hay tal cosa como “expectativas inflacionarias” como causas de la inflación. Se podrán tener todas las expectativas que se quieran pero si no están convalidadas por la expansión monetaria exógena, no hay inflación. Tampoco “inflación de costos” por idénticos motivos, ni inflaciones provocadas por el incremento en el precio de un bien considerado estratégico como, por ejemplo,  el petróleo ya que si aumenta el precio de este bien y no hay expansión monetaria habrá dos posibilidades: o se reduce el consumo de otros bienes si se decidiera mantener el nivel de consumo del petróleo o se debe contraer el consumo de este bien al efecto de permitir el mismo consumo de otros bienes y servicios. En todo caso, no resulta posible consumir todo lo que se venía consumiendo si el precio del petróleo se incrementó.

La errada definición que hemos comentado, además, conduce a otras dos equivocaciones técnicas. En primer lugar, el consejo para la banca central de emitir a una tasa constante similar al crecimiento económico para “permitir la previsibilidad de los actores  en el mercado”. Este consejo pasa por alto el hecho de que si la expansión “acompaña” el crecimiento económico, manteniendo los demás factores constantes, por ejemplo, se anulará el efecto de algunos precios a la baja que generan las importaciones y al alza de las exportaciones ya que la masa monetaria en un caso disminuye y en el otro aumenta y así sucesivamente.

La segunda equivocación, aun más gruesa, es que la expansión a tasa constante no trasmite previsibilidad puesto que, precisamente, los precios no se incrementan de modo uniforme, sino, como queda dicho, se alteran los precios relativos de modo que una tasa anunciada de expansión no trasmite información a determinado sector como afectará en sus precios.

Este análisis, a su vez, se traduce en el pensamiento que es posible recomponer el problema inflacionario a través de indexaciones lo cual no es correcto ya que pretendidos índices de corrección solo suben los valores absolutos en los rubros del balance, pero las distorsiones relativas se mantienen inalteradas.

A toda esta situación debe agregarse que para contar con un sistema monetario saneado debe eliminarse el sistema bancario de reserva fraccional que no solo genera producción secundaria de dinero, sino que permite que los bancos operen en un contexto de insolvencia permanente, con lo que se hace necesario implementar el free banking o el sistema de encaje total para los depósitos en cuenta corriente y equivalentes.

En este último sentido, hay un jugoso debate que viene de hace cincuenta años sobre si es mejor el free-banking (y no digo “banca libre” porque tiene otro significado ya que alude a la entrada y salida libre al sistema bancario) o la reserva total, pero en todo caso cualquiera de los dos es infinitamente mejor que la reserva fraccional que genera inflaciones y deflaciones con el apoyo de la banca central.

Resultan tragicómicos los esfuerzos y las acaloradas discusiones sobre “metas de inflación” y las correspondientes manipulaciones monetarias y cambiarias que impone la banca central, en lugar de comprender que el problema estriba en esa institución, en el medio argentino creada por el golpe fascista de los años treinta.

Como han expresado tantos economistas de gran calado, es de esperar entonces que no transcurra mucho tiempo antes de que se  perciban los inmensos daños de la banca central y el sistema bancario de reserva parcial con todas sus consecuentes políticas. Cual es el dinero que preferirá la gente dependerá de las circunstancias ya que si todo es dinero no hay dinero y preguntarse cual es la cantidad de dinero que habrá es lo mismo que interrogarse cual es la cantidad de lechuga que habrá en el mercado.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Asesor del Institute of Economic Affairs de Londres

Cuando vale la doble moral

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 9/2/18 en: http://www.abc.com.py/lectores-opinan/cuando-vale-la-doble-moral-1673602.html

 

El Estado moderno impone arbitrariamente su doble moral. Y sus defensores no tienen justificación racional, simplemente dicen que “si el Estado lo dice, o lo necesita, es bueno…”, son esos mismos políticos que, muchas veces –muchísimas–, están acorralados por la corrupción. Quizás, el ejemplo más irritante sea el “servicio militar obligatorio” (SMO) que me recuerda a Mirabeau, uno de los padres de la Revolución Francesa, y su frase: “Prusia no es un Estado con ejército, sino un ejército con Estado”.

El presidente de Francia propone una especie de breve servicio cívico-militar, obligatorio, para ofrecer “una experiencia de la vida militar, de la mezcla social y de la cohesión”. Luego de que Jacques Chirac abolió el SMO en 1997, el proyecto actual que, insólitamente, cuenta con el apoyo del 80% de la población, contempla un mes de servicio para hombres y mujeres de 18 a 21 años. Según Le Monde, el costo anual –unos 3.000 millones– equivale al costo de la disuasión nuclear.

Hoy, debido al temor por el terrorismo –como siempre, el miedo provocando reacciones adversas– la idea se ha expandido por Europa al punto que el Bundestag propone un nuevo concepto de “defensa civil” incluyendo el SMO aduciendo, además, que Rusia tiene explícitas aspiraciones expansionistas, tanto que los países nórdicos también están promoviendo el retorno más o menos inminente del “servicio” (¿?) obligatorio.

Es el caso de Noruega y Suecia, cuyo ministro de Defensa parece dispuesto a promoverlo en 2019. España es distinta. Después de que José María Aznar eliminó la conscripción obligatoria en 2001 en oposición al Ministerio de Defensa, hoy prevalece la idea de que un ejército profesional es mejor alternativa.

Ahora, dice Alberto Medina Méndez que, aun suponiendo que las razones esgrimidas fueran legítimas, el hecho de conseguirlo a expensas de sojuzgar a los demás, exime de comentarios adicionales: aquello “impuesto por medio de la coacción no puede ser bueno… o no precisaría de semejante atropello”.

Por su parte, según el profesor colombiano Mario Madrid-Malo Garizábal, para el derecho internacional consuetudinario la esclavitud es el estado o la condición de una persona sobre la que se ejercen cualquiera de las potestades inherentes al derecho de propiedad o de dominio. El artículo 7, 2., c) del Estatuto de la Corte Penal Internacional entiende por esclavitud “el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos”.

Según el derecho internacional, existen prácticas análogas a la esclavitud tradicional como el trabajo infantil, el reclutamiento de niños como combatientes, la trata de mujeres y de niños, la servidumbre por deudas y la servidumbre conyugal. En ese catálogo falta, por cierto, una modalidad de esclavitud: el servicio militar obligatorio. Ahora, la causa de tal omisión fue explícitamente redactada por los interesados –los políticos y burócratas estatales que viven de la inimputabilidad del Estado– y se halla en el artículo 8°, 3., c) II) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, norma en la cual se establece que el SMO no se considerará como trabajo forzoso.

En fin, remata Madrid-Malo Garizábal, diciendo sobre el servicio obligatorio que de su horrendo carácter y de sus efectos perniciosos hablan claro las estadísticas sobre suicidio y enfermedad mental entre las personas sometidas.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

“Hay que cambiar las leyes que permiten la corrupción sindical”

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 6/2/18 en: http://www.visionliberal.com.ar/nota/4882-hay-que-cambiar-las-leyes-que-permiten-la-corrupcion-sindical/

El problema son las leyes que sustentan el sistema fascista de los sindicatos

Una sociedad libre, aquella en donde se respetan las libertades y los derechos, donde la responsabilidad individual prima; promueve el derecho a asociarse o no, el derecho reunirse en torno a clubes, asociaciones y sindicatos es uno de sus postulados básicos. Los individuos podrán formar diversas asociaciones para cualquier fin que estimen conveniente, siempre y cuando no se vulneren los derechos de terceros.

Sin embargo, esta premisa no se cumple siempre y, lejos parece haber quedado esta expresión social, dando lugar a sistemas de coerción y corrupción, que con procedimientos violentos e intimidatorios pretenden marcar el rumbo del gobierno, sacando el mayor provecho a unos beneficios no ganados, perjudicando severamente a sus asociados.

Argentina dista mucho de tener un modelo sindical liberal. En un país donde los sindicatos parecen tomar más fuerza con el cambio de gobierno, existe un perverso proteccionismo hacia dichos grupos violentistas, quizá por miedo a enfrentarse a ellos o quizá porque los gobiernos necesitan de los sindicatos para continuar realizando reformas cómodamente.

Visión Liberal conversó con Benegas Lynch, para quien “todos los gobiernos civiles de distintos partidos y militares apuntaron a usar el movimiento obrero en provecho propio. Por eso es por lo que no abrogan la ley de asociaciones profesionales y convenios colectivos y la figura de la “personería gremial” que otorga el monopolio de la representación que introdujo Perón, junto al curro de las obras sociales que implantó Onganía y los ya tradicionales agentes de retención para manipular el fruto del trabajo ajeno. En otros términos, se necesitan sindicatos libres y voluntarios que por ahora no tenemos”.

Por otro lado, gracias a la manipulación de los sindicatos, a sus huelgas y piquetes constantes reclamando derechos que no les corresponden, que según una encuesta de la consultora Giacobbe y Asociados el sindicalismo argentino tiene un 81,6% de imagen negativa (marzo 2017). Pero, además, un 14,1% tiene una percepción “regular” de dicho sector. Tan solo un 3,4% ve con buenos ojos la gestión sindical en el país. La investigación revela que “corruptos” es la palabra con la que la mayoría de los encuestados asocia a los dirigentes gremiales.

Para Benegas Lynch (h) “las huelgas deben ser entendidas como el derecho a no trabajar en cualquier momento siempre y cuando se cumplan los preavisos estipulados si los hubiere. Pero el derecho a huelga no es la intimidación y la violencia que no permitan que otros ocupen puestos de trabajo. Una cosa es el derecho a no trabajar y otra bien distinta es imponer situaciones a otros contra la voluntad de los destinatarios. En el caso de procedimientos intimidatorios y violentos cuando se confunden con la huelga está implícita la equivocada idea de que constituye un procedimiento para elevar salarios”.

En el caso argentino, el sindicalismo argentino se sustenta en un sistema coactivo a través de la figura de la personería legal. Los dos pilares del sindicalismo recaen en: la personería gremial que reconoce un solo gremio por actividad y las obras sociales que da a los sindicatos el manejo de la salud de los afiliados. Esto, para Alberto Benegas Lynch es un régimen “de tanto en tanto se detienen a sindicalistas corruptos, pero hasta el momento no se han modificado las leyes que dan sustento a este sistema fascista de representación coactiva. Limitarse a arremeter contra la corrupción sindical fascista concentra la atención en los efectos, pero si no se abroga la legislación autoritaria, quedan sin tocar las causas del fenómeno”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Asesor del Institute of Economic Affairs de Londres

Democracias y democracias

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 31/1/18 en: https://elnuevodiario.com.do/democracias-y-democracias/

 

Días atrás dio la vuelta al mundo la muerte de Ingvar Kamprad que había nacido en una comarca rural sueca en 1926. Me llamó la atención cómo lo llamó María Fluxá en El Mundo de Madrid: “el hombre que al crear IKEA democratizó el diseño”.

Kamprad creó en 1943 una compañía que “democratizó” el diseño y que hoy consume el 1% de la madera que se comercializa en el globo.

Llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo (una fortuna de US$ 46.300 millones) vendiendo muebles originales y económicos.

Para IKEA, los clientes desempeñan un papel fundamental: la empresa empaqueta los productos, pero el comprador debe armarlos y, entonces, recibe las herramientas para montarlos.

A ver. Siempre nos han dicho que democracia era elegir por voto popular al gobierno, aunque luego éste imponga por la fuerza impuestos y leyes que no nos gustan, y ni que hablar de aquellos que no los votan y luego tienen que soportar leyes que no quieren.

Parece que ahora “democracia”, según este concepto de Ikea, es poner al alcance de una mayoría popular algo que antes era para pocos. No sé.

Pero me gusta es eso de que los clientes son los que mandan, esa “democracia” del mercado donde los usuarios imponen los productos y servicios que prefieren, como cuando con el comando del televisor “votan” por un programa u otro, aumentando o bajando el rating, y con ello despidiendo o encumbrando artistas.

Me gusta que el público, el cliente mande sin que se le impongan coactivamente ni leyes ni impuestos. Precisamente para eludir estos impuestos y que la empresa –“democrática”- fuera viable, Kamprad vivió en Luasana, Suiza, durante 40 años. Además, Ikea, hoy tiene sus bases fiscales en Holanda, Liechtenstein, Suiza y Luxemburgo a través de una estructura corporativa -Inter Ikea Holding- cuyo propietario es una fundación.

Comenzó siendo una empresa que solo vendía por correo. Recién en 1958 abría una tienda en Älmhult, la primera de las 412 que existen hoy en el mundo. Ahora, esto de vender sin locales físicos, en plan de ahorrar costos, me recuerda a Amazon cuyo éxito probablemente no descansa solo en el hecho de ser de una puntocom sino en que ahorra al no tener tiendas físicas, que suelen estar apresadas por regulaciones e impuestos estatales.

Ahora Amazon, el conglomerado Berkshire Hathaway y el banco JPMorgan Chase, anunciaron otra “democratización”, el lanzamiento de una nueva compañía de salud que apunta a reducir los costos. Una firma independiente dirigida inicialmente a los empleados y sus familiares, por lo que, en su primera etapa, ya alcanzaría a millones de beneficiarios, a los que se les proveería cobertura médica “a un costo razonable”.
El proyecto está en su fase inicial, pero ya causó conmoción en la industria sanitaria. La posibilidad de que el gigante del comercio electrónico, y sus socios, tome el control de la distribución de los medicamentos recetados ha causado que empresas del sector registren caídas importantes.
“Los costos de la atención médica actúan como un gran parásito para la economía”, dijo el presidente de Berkshire Hathaway, Warren Buffett.

Este nuevo proyecto apunta a “democratizar” la cobertura médica hoy demasiado costosa debido al excesivo peso del Estado en el sector. Si bien, en primera instancia los beneficiarios serán los empleados y familiares, el CEO de JPMorgan, señaló que la meta son todos los estadounidenses.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Cuando no había piqueteros que demandaran ayuda social como un derecho, los argentinos se ayudaban entre sí

Por Martín Krause. Publicado el 30/1/18 en: http://bazar.ufm.edu/cuando-no-habia-piqueteros-demandaran-ayuda-social-derecho-los-argentinos-se-ayudaban/

 

Los pobres de entonces cubrían los riesgos resultantes de problemas de salud y previsión a través de un mecanismo comunitario, de seguro social, conocido como “socorro mutuo”. Estas organizaciones son definidas como: “toda organización formal de entrada y salida libre, producto de una decisión de un grupo inicial de individuos de asociarse de manera duradera para compartir o hacer juntos determinadas actividades, de acuerdo a reglas que ellos mismos se dan o a las que adhieren expresamente” (Di Stefano et al, 2002, p. 16). Nótese la importancia de la libertad asociada a la libre entrada y salida y al nacimiento voluntario de estas organizaciones. En un país de inmigrantes, los recién llegados se asociaron principalmente según sus colectividades nacionales para compartir los riesgos que pueden provenir de la pobreza: la falta de trabajo, salud, educación, vivienda. La legislación, además, libera a este tipo de organizaciones de la formal aprobación estatal, siendo ahora necesario solamente su constitución formal y su registro. Los gobiernos liberales de entonces favorecieron este tipo de asociaciones como un elemento esencial para el desarrollo de la sociedad civil y el fortalecimiento del espíritu republicano. Era el espíritu que transmitiera a la Constitución Nacional de 1853 quien fuera su principal inspirador, Juan Bautista Alberdi[1].

[1] “Observaré entretanto, para acabar de hablar del gasto público que no todo él consiste en el gasto con que la sociedad satisface sus necesidades de orden público por conducto del gobierno, sino también en el que hace ella directa e inmediatamente, por la mano de sus habitantes, en la mejora, comodidad y perfeccionamiento de sus ciudades, en el socorro y alivio de las clases desgraciadas, y en fin en todo ese orden de servicios que la sociedad se hace a sí misma, sin el intermedio de la autoridad, en el sentido de su prosperidad más rápida y completa. A este gasto pertenecen las calles, los empedrados, las calzadas, los caminos, puentes, desagües, mejoras locales, monumentos, socorros públicos y eventuales, que se hacen por suscripciones voluntarias levantadas en el vecindario” (Alberdi, [1854] 1993, p. 355).

Un destacado autor, Emilio Coni, escribe (1918, p. 544):

“La República Argentina, por el hecho de haber desarrollado y arraigado profundamente en sus habitantes el espíritu y la conciencia mutualista y cooperativista, puede ser considerada en éste, como en tantos otros aspectos, una nación grande y moderna. En efecto, están vinculados por la mutualidad y la cooperación 593.172 de sus habitantes”.

“La mutualidad se ocupa especialmente de los seguros contra los enfermos y contra la invalidez por enfermedad crónica o por vejez; de los seguros contra los accidentes de trabajo y sobre la vida. En todos estos casos, el capital que aporta el socio a la institución mediante las cuotas periódicas, no goza de un interés material, en efectivo, porque todas las utilidades líquidas pasan al fondo de reserva de la misma institución”. “En una sociedad mutualista, el capital se forma generalmente mediante cuotas periódicas, o bien los socios no desembolsan cuota alguna, pero se declaran solidaria e ilimitadamente responsables de las obligaciones que contrae la institución”.

El temprano desarrollo de estas organizaciones voluntarias, o de mercado, para reivindicar sus verdaderas características, es evidenciado por el mismo Coni (1918, op. cit., p. 547):

“En la Capital Federal la sociedad de socorros mutuos más antigua existente es ‘L’Union et Secours Mutuels’, fundada el año 1854; siguióle, en 1856, la sociedad ‘San Crispín’, denominada así porque el núcleo principal de sus fundadores pertenecía al gremio de operarios en la industria de calzado cuyo patrono es San Crispín. En 1857 se fundan la ‘Tipográfica Bonaerense’, ‘La Catalana’ y la hoy poderosa ‘Asociación Española de Socorros Mutuos’; en 1858 la ‘Unione e Benevolenza’, la ‘nonna’ de las sociedades italianas; en 1859 la ‘Francaise’; en 1861 la ‘Nazionale Italiana’, etc., etc.”. “Las mutualidades en ejercicio el 31 de diciembre de 1916 eran 1.205. De éstas, 1.202 son suciedades de socorros mutuos, y 3 sociedades de rentas y de seguros sobre la vida”.

El socorro mutuo floreció sobre todo en las comunidades de inmigrantes. No es de extrañar, el traslado a un país lejano había quebrado los lazos familiares con los que se contara durante siglos. Por mucho tiempo, en sociedades básicamente agrícolas, la relación familiar proveía un cierto seguro: los padres cuidaban de sus hijos cuando éstos no podían mantenerse por sí mismos y luego éstos hacían lo propio con sus padres. La emigración, tanto a las ciudades como al extranjero aunque mucho más en este caso,  rompe este vínculo y surge entonces una solución voluntaria para cubrir ese vacío. Evidentemente, la forma más sencilla de agruparse es alrededor de aquellos elementos que el grupo tenga en común, y en este caso era principalmente el origen nacional, también el lugar de trabajo o la profesión.

Resulta sumamente ilustrador mencionar las mutuales fundadas en los primeros años de este siglo en Buenos Aires: Club Sindical de Empleados, Sanatorio Mutualista para Empleados de Correos y Telégrafos, Sociedad Mutua de Obreros de la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad, Asociación Mutualista Argentina, Sociedad Mutual de Funcionarios y Empleados Judiciales, Ordenanzas Unidos, Sociedad de Socorros Mutuos entre Empleados de Ferrocarriles, Unione Alessandrina, Asociación Mutual de Empleados Públicos, Asociación Mariano Moreno, Banco de Seguros Mutualistas, Cantinas Maternales, Asociación Escolar Mutualista, Fédération des Mutualités Francaises en Argentine, Federazione delle Associazioni Italiane, Associazione Italiana di Mutualitá ed Istruzione, fusión de las siguientes sociedades de socorros mutuos: Camilo Benso, C. di Cavour, Fratellanza Militare, Giuseppe Garibaldi, La Patriottica, Le Italiane al Plata, Margherita di Savoia, Trionfo Ligure, Unione e Benevolenza, Unione Italiana al Plata.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

La falacia de los derechos sociales

Por Gabriel Boragina Publicado  el 28/1/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/01/la-falacia-de-los-derechos-sociales.html

 

Hemos escrito bastante sobre la gran tergiversación en los términos que significa la populista “derechos sociales” o “estado social”, “organizaciones sociales”, etc. Todas fórmulas y expresiones que ocultan un significado muy diferente al que quieren aparentar y que -en definitiva- esconden como objetivo el logro de porciones de riquezas que deberán ser detraídas a unos para ser entregadas al grupo que se oculta tras el adjetivo “social”.

“[…] los derechos individuales han pasado de ser “negativos”, una esfera protegida de acción, a “positivos” una exigencia de materialización de beneficios concretos que inevitablemente exige quitar a unos para dárselo a otros.”[1]

Antiguamente, la única noción concebible -tanto jurídica como filosófica y económicamente- era la de derechos individuales. Todo el mundo, en épocas ya idas, tenía clara conciencia de qué significaban estas palabras unidas, y nadie cuestionaba la claridad de su sentido, al punto que había un gran consenso en cuanto a que separados estos vocablos perdían total representación. Hoy en día las cosas al respecto han cambiado bastante.

“Las libertades sancionadas por las cartas constitucionales de los siglos XVIII y XIX proporcionaban espacios y garantías para la acción libre del hombre, pero no atribuían ventajas sustantivas a nadie. Eran derechos absolutos (incondicionales) porque no tenían “coste”, porque su satisfacción no exigía la cooperación forzosa de los demás.”[2]

No eran derechos positivos sino negativos, en el concepto de que tales garantías constitucionales aseguraban que nadie pudiera interferir con las acciones, libres, voluntarias y lícitas de toda persona, reconociendo la misma obligación negativa hacia los demás. En algunos casos, los autores se refieren a ellos como derechos naturales, propios e inherentes a la condición humana, y por esto recibían este nombre. Constituían la órbita de conducta donde cada uno -sin lesionar los iguales derechos del prójimo- podía hacer lo que se le viniera en gana.

“Si tengo derecho a trabajar y nadie quiere contratarme, alguien (el gobierno) debe forzar a otro para que lo haga. Así, los derechos iguales para todos del liberalismo clásico se han transmutado en desiguales, en discriminaciones. Los modernos derechos sociales son costosos y además generan expectativas de satisfacción crecientes que inexorablemente se traducen en un deterioro, por no decir, en un creciente quebranto de los primeros.”[3]

Los “derechos sociales” son la más pura expresión de la negación del Derecho mismo, y son la causa de todos los males sociales (aunque resulte paradójico). Se tratan -como han expresado profundos pensadores, como el Dr. Alberto Benegas Lynch (h)- de pseudoderechos. Sin embargo, es la corriente imperante y dominante, no sólo en el campo jurídico sino en el económico que es donde más daño causan, ya que para que se cumplan tales “derechos sociales” se deben violar los derechos naturales de otra persona o de un conjunto de ellas. La misma necesidad de tener que calificar la palabra derecho,que ha perdido su sentido univoco para pasar a adquirir otro equivoco, nos da la pauta del caos legislativo y económico en la materia en el que se vive.

“Los derechos, que resultan significativos, son los derechos naturales, no los que se confieren por una autorización legislativa. Los llamados “derechos sociales” de hoy en día no son “derechos” y, sin dudas, no son “programas de ayuda social” pues nadie tiene la facultad de ayudar a expensas de otro; son más bien demandas que la sociedad puede o no satisfacer.”[4]

Participamos de la utilización de la locución derechos naturales que consideramos auténtica y la adecuada para expresar la naturaleza y esencia de los verdaderos derechos a los que antiguamente no era necesario adjetivar. Como bien expresa el autor que ahora comentamos, los derechos jamás provienen de la ordenanza gubernamental, ni de decreto, ni aun de ley positiva alguna. El poder político ha de reconocer los derechos individuales o naturales, mas no puede crearlos y, por supuesto, mucho menos abolirlos. Así, la Constitución de la Nación Argentina reconoce tales derechos individuales, aunque -lamentablemente- después de la infortunada reforma sufrida en el año 1994 su texto se vio desnaturalizado por completo.

“Y no obstante, en las democracias industriales modernas, a un gran número de ciudadanos se les exige trabajar para mantener a otros: en Suecia, el Estado más retrógrado en este sentido, por cada ciudadano que se gana la vida, 1.8 son mantenidos completa o parcialmente por los impuestos que él debe pagar; en Alemania y Gran Bretaña la proporción es de 1:1, y en los Estados Unidos de 1:0.”[5]

Si este es el panorama de las democracias industriales modernas imagínese el lector cual será el de los populismos latinoamericanos, donde del asistencialismo social se ha hecho más que una cultura, sino un culto mismo, y en los cuales postular la diminución o eliminación de los programas sociales de “ayuda” (en el caso particular de Argentina conocidos como “planes sociales”) es un tema tabú y merecedor de la más severa condena social para quien siquiera lo insinúe.

“Los pensadores comunistas y fascistas insistieron en que las personas somos sólo títeres de los supuestamente inapelables “capitanes de la industria”, un argumento falaz pero atractivo y conveniente para justificar que la política nos recorte o arrebate la libertad. Podemos decir que estamos en manos de leyes históricas inapelables, como diría Marx, o de héroes imprescindibles, como diría Carlyle, o de sombríos poderes económicos, como han sostenido cientos de artistas.”[6]

Para evitar esto, los propios comunistas han propuesto -como lo aclara el mismo autor líneas más abajo- la creación de los denominados “derechos sociales”. Es justamente en esos falsos “males” invocados por socialistas y fascistas (como los nombrados) que se sostiene que estamos “necesitados” de “derechos sociales”. Lo que realidad quieren es suprimir los únicos derechos reales existentes: los individuales o naturales (como lo han hecho y lo continúan haciendo). La idea de fondo es que el gobierno pueda manejar nuestras vidas y recursos como mejor le parezca.

[1] Lorenzo Bernardo de Quirós “Las consecuencias políticas del liberalismo: La declaración de derechos y el debido proceso”. Seminario Internacional sobre la Democracia Liberal. Democracia, Libertad e Imperio de la Ley. Sao Paulo. 15/16 de mayo Pág. 18-19.

[2] Lorenzo Bernardo de Quirós …ibidem.

[3] Lorenzo Bernardo de Quirós …ibidem.

[4] Richard Pipes. “Propiedad y Libertad: La Piedra Angular de la Sociedad Civil”. Fundación Friedrich Naumann. México Business Forum Pág. 23-24

[5] Richard Pipes. …ibidem, Pág. 23-24

[6] Carlos Rodríguez Braun “Cultura y economía”. Revista Libertas 41 (octubre 2004) Instituto Universitario ESEADE Pág. 4

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Liberales versus libertarios

Por Adrián Ravier.  Publicado el 19/1/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/01/19/liberales-versus-libertarios/

 

¿Por qué es importante llamar la atención de los lectores acerca de las diferencias de estos movimientos? Porque el fracaso del kirchnerismo abrió la puerta en la Argentina para un aporte liberal que busque reducir los excesos de la política económica de los años 2003-2015, pero no demanda la Argentina hoy una posición radical anarquista que propone eliminar al Estado

El cambio ideológico que hubo en la Argentina a partir de 2015, tras el fracaso del kirchnerismo, en reducir la pobreza y resolver otros males como la inflación o el estancamiento económico, no solo ha llevado a Maurico Macri a la Presidencia, sino que además ha dado lugar a nuevas posiciones de filosofía política y económica que contribuyen hoy al debate público.

Liberales y libertarios, que tenían limitado acceso a los medios, hoy reciben una renovada atención, pero no queda claro para la mayoría de los televidentes y los lectores qué diferencia a estas posiciones.

La confusión proviene de una deformación que en Estados Unidos se le ha dado al término “liberal” frente al que utilizamos en América Latina. “Liberal” en Estados Unidos es, por ejemplo, John Rawls, un intelectual cuya obra se utiliza frecuentemente como fundamento de la redistribución del ingreso. Un liberal en América Latina defiende más bien la libertad individual, la economía de mercado, la propiedad privada y el gobierno limitado, por lo que se opone en general a la obra de John Rawls y a los distintos fundamentos que sugieren quitar a unos lo que le pertenece para darles a otros lo que no les pertenece.

Es por ello que en Estados Unidos han creado un nuevo término para denominar a lo que nosotros entendemos como liberal, y es el término libertarian o, en español, ‘libertario’.

El libertario incluiría en Estados Unidos a quienes defienden los cuatro principios recién mencionados, aunque habría una calurosa y abierta disputa respecto del último término, esto es, el gobierno limitado. Los libertarios norteamericanos se podrían dividir entre los libertarios minarquistas, que consideran útil y necesario al gobierno, aunque en funciones limitadas, y los libertarios anarco-capitalistas de propiedad privada, que piensan que es innecesario contar con el ente gubernamental no solo en materia de educación, salud, infraestructura y pensiones, sino también en cuanto a dinero, seguridad y justicia.

La escuela austriaca fundada en 1871 y consolidada en los años 1920 es quizás la más representativa del movimiento libertario, pero no es hasta los años 1970 que surge puertas adentro una línea anarquista que subdivide a su tradición de pensamiento. Es importante notar que los principales pensadores de la tradición como Ludwig von Mises y Friedrich Hayek defendieron una posición liberal o libertaria minarquista, mientras que Murray Rothbard defendió una posición libertaria anarquista.

Es curioso también notar que el Ludwig von Mises Institute, con base en Auburn, Alabama y que fuera creado por el mismo Rothbard junto a Lew Rockwell, le ha dado a esta tradición de pensamiento austriaca una mirada más anarquista de la que el propio Mises defendió a lo largo de su vida.

¿Por qué es importante llamar la atención de los lectores acerca de las diferencias de estos movimientos? Porque el fracaso del kirchnerismo abrió la puerta en la Argentina para un aporte liberal que busque reducir los excesos de la política económica de los años 2003-2015, pero no demanda la Argentina hoy una posición radical anarquista que propone eliminar al Estado.

El debate filosófico que plantea el anarco-capitalismo o anarquismo de propiedad privada es sumamente interesante para los ámbitos académicos, pero distraen y confunden a la opinión pública cuando se plantean ideas extremas en ausencia de un adecuado contexto para estas propuestas. El resultado es un lógico y total rechazo a estas ideas.

Que hoy aparezcan libertarios radicales afirmando que el impuesto es un robo o que todos los políticos son delincuentes contribuye poco, me parece, a los problemas urgentes que debemos resolver.

El liberal o libertario minarquista hace un llamado mucho más oportuno y relevante para la Argentina de hoy, que es, sin ánimo de ser exhaustivo, insistir en terminar con los controles de precios, dejar de monetizar el déficit público, no abusar del endeudamiento, reducir todo lo posible el gasto público o al menos congelar el número de empleados públicos, abrir la economía e integrarla al mundo, respetar la división de poderes y fortalecer las instituciones.

Un ejemplo puede mostrar la diferencia. El liberal sabe que la Argentina tiene que plantearse, como la mayoría de los países del mundo, un nuevo debate acerca del sistema de pensiones, modificar el sistema de reparto. Sin embargo, dado un déficit fiscal consolidado en torno al 8% del PBI, no es oportuno plantear la discusión, porque no hay forma de financiar la transición. Recordemos que cuando Chile planteó la privatización del sistema, acumuló muchos años de superávit fiscal del 5% para garantizar los medios necesarios para que los jubilados y los pensionados del momento pudieran contar con ingresos acordes con los aportes de las décadas anteriores. El mismo menemismo, y en esto tiene responsabilidad Domingo Cavallo, debería comprender que el fracaso de la convertibilidad es en gran parte un problema fiscal que proviene especialmente de no haber pensado una transición para la privatización del sistema de pensiones. De haber continuado con el sistema de reparto, el gobierno no habría tenido déficit fiscal, lo cual hubiera reducido las necesidades de financiamiento externo, con intereses de deuda muchos más bajos, y la situación del país habría sido mucho más sólida para afrontar los shocks externos que fueron el tequila de México en 1995, la crisis asiática de 1997, el default ruso de 1998 o la devaluación de Brasil en 1999. Está claro que el 2001 se pudo haber evitado.

Los libertarios hoy tenemos que plantear un debate inteligente. Hay un espacio para los debates puros que están en el aula, en los congresos académicos y en las revistas especializadas, pero hay otro debate que es el de los medios de comunicación, donde la preocupación está puesta en otros problemas más urgentes. Si Argentina tiene éxito en normalizar su situación institucional y macroeconómica, asemejándose a la situación de países vecinos que integran la Alianza del Pacífico, entonces seguramente surgirán nuevos espacios para discutir otros problemas que hoy lamentablemente están presentes, pero lejanos en la atención que se le puede dar.

Como cierre, me parece que el libertario debe insistir en que el gradualismo está justificado, en la medida en que lo caractericemos como reformismo permanente, pero el problema es que Cambiemos en muchas áreas ha transformado el gradualismo en inacción.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.