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Cuba hoy: ¿Más de lo mismo o evolución?

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 19/7/18 en: https://www.lanacion.com.ar/2154467-cuba-hoy-mas-de-lo-mismo-o-evolucion

 

Cuba, más allá de la presencia de su nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, sigue estando efectivamente en poder de los dinosaurios castristas. El Comité Central de su Partido Comunista y su Politburó, de 17 miembros, siguen incluyendo al veterano Raúl Castro, de 87 años, como su primer Secretario General. Y a su compañero de toda la vida, José Ramón Machado Ventura, también de 87 años de edad, como su segundo Secretario General. Díaz-Canel es tan sólo el tercero en el escalafón del poder. La “guardia vieja” comunista histórica cubana continúa entonces con el timón del poder firmemente en sus manos. Entre ellos, siguen encaramados en la cima del poder cubano tanto el llamado “comandante” Ramiro Valdés, de 85 años. Como Guillermo García Frías, otro “comandante” de la primera hora, que hoy tiene 90 años de edad.

Díaz-Canel es sólo más de lo mismo. Un continuador y no un reformista. Un gestor del momento y no un líder distinto. De aspecto duro, tiene mirada de pocos amigos. Con ojos fríos, duros, que no expresan sentimientos y que son hasta amenazadores. Por esto, por el momento al menos no enciende a una juventud que, como la cubana, busca un futuro que no aparece y vive sumergida en un nivel de vida lamentable, con pocas esperanzas ciertas de mejora. Lo cierto es que esa juventud ha vivido en medio del prologado estancamiento cubano y esa es su “normalidad”, la de la postergación.

Con su pelo plateado, Díaz-Canel no porta el uniforme verde oliva, el de la disconformidad. Y el de la soberbia. Tampoco usa saco, normalmente. De profesión ingeniero eléctrico, se mueve con indisimulada comodidad con su “I-pad” y con su “I-phone”, como cualquier funcionario ejecutivo moderno. Habla poco. Y hasta es algo enigmático, por elección.

Suele actuar con un estilo reservado. Como si de pronto no quisiera necesariamente liderar. Se sospecha que nunca visitó los EE.UU. y que conoce al país del norte apenas por dichos y referencias indirectas. Trabajó, en cambio, algún tiempo en la atribulada Nicaragua, que no está ciertamente entre los países que, por avanzados, deslumbran en el mundo moderno. No es, entonces, un hombre “de mundo”, sino uno de escenarios chicos y angostos.

Nacido en 1960, después de la revolución comunista, Díaz-Canel lleva en su mochila una curiosa experiencia militar, desde que estuvo tres años a cargo de los misiles defensivos con los que cuenta Cuba. Su padre fue, recordemos, un temprano y prominente miembro del Partido Comunista cubano.

Desde 1987 está actuando en la política. Siempre en el único andarivel posible cubano: el del Partido Comunista. No hay otro.

Originario de Villa Clara -emplazada en el centro mismo del país, a unas tres horas de La Habana- sus primeros pasos en la política fueron en la provincia de Holguín, en el este de su país. Ha sido vicepresidente del país desde el 2013. Y tiene un hijo músico, que curiosamente reside en la República Argentina. Entre sus éxitos políticos tiene el de haber defendido con éxito a un club gay que en su momento fuera objeto de persecución: “El Mejunje”.

En 2003, con mucha precocidad, Díaz-Canel devino el miembro más joven del Politburó del Partido Comunista de Cuba. Una estrella que estaba entonces en curso de comenzar a nacer, desde la opacidad. No es, ni aspira a ser, fulgurante, pretensión que, por lo demás, en el ambiente político de la isla caribeña evidenciaría una actitud peligrosa.

Se lo tiene por sólido, tenaz, y por serio en su accionar. Por un hombre circunspecto. Es confiable, al menos para los dirigentes cubanos comunistas. Para muchos es -por sobre todo- el delfín y, más aún, el protegido -cercano y dilecto- de Raúl Castro, del que fuera uno de sus allegados guarda-espaldas.

Su prioridad en materia de política exterior es la de privilegiar la relación con la Venezuela bolivariana, la de Nicolás Maduro. La que increíblemente le da de comer a Cuba, por encima de a los venezolanos. Ocurre que Cuba, que alguna vez estuviera literalmente “colgada” de la Unión Soviética, hoy está -en cambio- “colgada” de Venezuela. Es su insólita “mantenida”. Como si ello fuera normal o digno. Lo que conlleva que Cuba comparte el riesgo del repentino “colapso” de Venezuela, que no es menor atento la incapacidad e ineficacia de su liderazgo actual.

Habrá que ver qué es lo que finalmente Díaz-Canel hace con las casi 600.000 pequeñas empresas que nacieron (especialmente el en sector de los servicios turísticos) durante la opaca gestión presidencial de su mentor, Raúl Castro. Si las sofoca o si, en cambio, las promueve, alimenta y aumenta. Cuba está económicamente empantanada, sin crecer. Paralizada. Y Díaz-Canel no luce como un reformador audaz sino, más bien, todo lo contrario.

Ocurre que Cuba está repleta de ineficiencia, inundada por la corrupción y que la productividad de su economía es pésima. Hasta la producción tradicional cubana, la del azúcar, parece haber colapsado por los constantes errores de gestión y los malos manejos. La pobreza y las desigualdades son cada vez más evidentes. Dos sectores claves, el de la educación y el de la salud están también en una suerte de caída libre. Y la población -en promedio- ha envejecido mucho.

La masa universitaria, por su parte, está disminuida y las Universidades hoy prácticamente vegetan. Casi sin ideas, ni recursos.

El sector estatal sigue siendo enorme y muy poco se ha hecho por reducirlo, de modo que sigue drenando recursos a una economía obsoleta y sin diversificar, atada a una receta del pasado que poco tiene que ver con el mundo actual, ni con el del futuro.

La inversión extranjera sigue siendo mínima, desde que nadie parece confiar demasiado en el futuro de una Cuba frustrada como experiencia dispar. Se habla de la necesidad de atraer un flujo de capitales externos del orden de los 2.000 millones de dólares anuales, que simplemente no existe. Ese es, apenas, el valor de las cuatro de las canchas de golf que el gobierno cubano está tratando de construir para, con ellas, defender un tímido flujo turístico, hoy en disminución. En lo que va del año, ese flujo cayó casi un 7%.

Díaz-Canel es, entonces, esencialmente parte del pasado, pese a que pertenece presuntamente a una “nueva” generación de políticos cubanos que, en rigor, es sólo “más de lo mismo”. Es un continuista y no un revolucionario. Dice “defender la revolución”, lo que supone, en los hechos, aferrarse al fracaso. Podría, de pronto, permanecer en el poder por dos mandatos seguidos. O sea hasta el 2021. Y frustrar desgraciadamente la necesidad de cambio que tiene Cuba, para poder modernizarse.

La dictadura cubana ha estado en el poder desde 1959. Fidel Castro, que falleciera a los 90 años de edad, es historia. Pero su familia es aún muy poderosa en la isla. Se dice que Alejandro Castro Espín, el único hijo varón de Raúl Castro, es hoy una de las personas más influyentes y poderosas, como parte de una oligarquía política que no ha abandonado, sino retenido, el timón del poder económico en Cuba.

Por el momento, el presidente norteamericano Donald Trump no ha embestido contra Cuba. Pero no la ayudará, obviamente. A lo que cabe agregar que Trump no deja de señalar que seguirá “ocupándose” de ella. Mensaje elíptico que ciertamente no es de simpatía, ni de apoyo.

A estar por lo ya adelantado por el diario “Granma”, Cuba va camino a establecer una nueva Constitución. Ella, que deberá aprobarse por un referendo, instituirá la figura del Presidente de la República, con un mandato máximo de dos períodos consecutivos de cinco años cada uno; esto es una presencia presidencial total máxima de no más de diez años consecutivos. El presidente, no obstante, no será elegido directamente por el pueblo, sino indirectamente por los miembros de la Asamblea Nacional. Todo un cambio, particularmente si no nos olvidamos que Fidel Castro estuvo en el poder durante casi cinco décadas. Desde 1959 hasta el 2008. Una frustrante eternidad.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

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Bastiat y la competencia

Por Gabriel Boragina Publicado el 15/7/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/07/bastiat-y-la-competencia.html

 

Hay autores que -en el tiempo- nos producen admiración por su agudeza de observación intelectual y su perspicacia. Uno de esos extraordinarios ejemplos es el de Frederic Bastiat, cuya asombrosa pluma supo combinar una suspicacia brillante con una fina ironía y, de paso, nos revela la antigüedad de los debates que -aun hoy día en nuestra época- acaloraron los ánimos más exaltados. Uno de esos temas (que en nuestro tiempo seguimos discutiendo casi en los mismos términos en que Bastiat los plantea) es el de la competencia. Veamos:

“En todo el léxico de la economía política no hay otra palabra que haya provocado más la ira de los modernos reformadores del mundo que: la competencia, o como se la suele determinar con mayor precisión para hacerla más odiosa, la competencia anárquica. ¿Qué significa competencia anárquica? No lo sé. ¿Qué se quiere poner en su lugar? Lo sé menos aún. Oigo, es cierto, que me gritan: ¡Organización! ¡Asociación! ¿Pero qué quiere decir eso? Debemos entendernos de una vez por todas. ¡Debo saber perfectamente qué clase de autoridad estos escritores quieren ejercer sobre mí y sobre todo el mundo! Porque, en efecto, yo reconozco sólo una, la de la razón.”[1]

Hoy en día -y si bien aún se habla de la competencia “anárquica” como en tiempos de Bastiat- se ha popularizado otra que -al fin de cuentas- viene a ser equivalente: competencia “salvaje”. Respecto de ambas, podríamos formularnos los mismos interrogantes que se hacía Bastiat en su época.  No obstante, las preguntas que se plantea a si mismo Bastiat, son meramente retóricas. Él sabía muy bien a que se referían aquellos que acusaban a la competencia de “anárquica”. Hoy se sigue contendiendo a la “anarquía del mercado” como si este fuera una entelequia sin gobierno alguno ni control de ninguna índole. Conforme nos explica Bastiat, la misma idea era la que campeaba entre sus contemporáneos, lo que nos permite advertir los antecedentes remotos de las aspiraciones colectivistas y dirigistas. Bastiat lo expresa con su acostumbrado lenguaje vívido:

“¡Adelante! ¿quieren privarme de mi derecho a valerme de mi juicio cuando se trata de mi propia existencia? ¿Quieren impedirme evaluar por mí mismo la retribución que me corresponde por mis servicios? ¿Quieren obligarme a obrar como a ellos les agrade, y no como a mí me parezca? Si me dejan mi libertad, sigue en pie la competencia. Si me la quitan, no soy más que su esclavo.”[2]

Bastiat identifica la libertad con la competencia. Para él se tratan de sinónimos. A tal punto que nos dice que si se elimina la competencia se pierde la libertad y nos convertimos en esclavos. Esto es de suma actualidad en tiempos presentes donde -como gran novedad- se dictan profusas legislaciones con el título ostentoso de “defensa de la competencia”. Bastiat seguramente nos diría que defender la competencia es no otra cosa que defender la libertad. Pero ¿es que acaso existe la necesidad y alguna ley que defienda la libertad más allá de lo que la propia Constitución política de un país pueda reconocer? Paradójicamente, el análisis de los textos legales que dicen tener como objetivo la “defensa” de la competencia nos permiten ver que, de aplicarse obtendrán el resultado inverso: el ataque abierto a la competencia y la disminución paulatina de la misma.

“La asociación, dicen, será libre y voluntaria. ¡Magnífico! – pero entonces cada asociación guardará con las demás la misma relación que hoy guardan los individuos entre sí, y seguiremos teniendo la competencia. – La asociación será universal -. Eso ya pasa de broma. La competencia anárquica hunde en la miseria a la sociedad humana, y para remediar este mal, ¿hemos de esperar hasta que todos los seres humanos, franceses, ingleses, chinos, japoneses, cafres, hotentotes, lapones, patagones, se avengan en someterse a una de las formas de asociación inventadas por vosotros?”[3]

Plantea aquí Bastiat lo que se podría afirmar como una verdad de Perogrullo. Si las asociaciones que se proponen serán libres y voluntarias, entonces no hay nada que objetar, porque -por carácter transitivo- se regularán por si mismas, de análoga manera que los individuos espontáneamente se regulan por si mismos en sus relaciones con sus semejantes. Y, de idéntico modo que cada individuo compite con su semejante (lo quiera o no) cada asociación competirá con la otra. Será bueno recordar en este punto que la competencia -como ya lo sabía Bastiat- es un fenómeno inexorable de la naturaleza, que viene dado en razón de otro hecho innegable: el de la escasez de los recursos económicos en relación a las necesidades humanas. Nos vemos obligados a competir por dichos recursos, por la sencilla razón de que en la naturaleza no existe nada en cantidades suficientes para todo el mundo.

Bastiat ironiza en la cita con respecto a la contradicción entre la idea de una asociación universal que -a la vez- fuera “libre y voluntaria”. Resulta obvio que si se pretende que sea universal esto se opone a tal presumida libertad y voluntariedad de ingreso y de salida.

“Pero que andéis con ojo: con eso confesáis que la competencia no puede destruirse; ¿y querréis acaso afirmar que un fenómeno indestructible, es decir, que pertenece a la naturaleza misma de las cosas, pueda ser un mal?[4]

Tal vez en este párrafo Bastiat se refiera implícitamente a la cuestión de la escasez a la que hicimos alusión más arriba. Nosotros (en otra parte) hemos diferenciado la competencia como un hecho y como un derecho. Bastiat, no obstante, parece estar hablando de la primera. Brevemente, nuestra idea al hacer tal distinción es que la competencia -sin perjuicio de ser un hecho infalible de la naturaleza- cuando se circunscribe al campo humano se torna en un derecho, no creado por la ley, sino reconocido por ella. Como un hecho de la naturaleza, la competencia no puede ser tenida por un mal, ni tampoco como un bien, dado que con ello entraríamos en un plano ético o jus-valorativo, propios precisamente de la ética o bien del derecho, donde si caben esas valoraciones.

1 Frédéric Bastiat “LIBERTAD COMO COMPETENCIA”. Este artículo pertenece a su libro “Armonías Económicas”, publicado en el año 1849.

[2] Bastiat, ibidem.

[3] Bastiat, ibidem.

[4] Bastiat, ibidem.

 

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

¿PORQUÉ OBEDECER A LA AUTORIDAD?

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

De entrada me parece que resulta conveniente precisar que hay básicamente dos tipos de autoridad. En primer lugar, la  en un sentido amplio es decir la que es reconocida por la rectitud de conducta o por los conocimientos o por ambas cosas a la vez. Este tipo de autoridad no necesita de aparatos compulsivos de la fuerza para acatarse, se adopta por la virtud implícita en el  ejemplo. En este sentido no hay obligación propiamente dicha de seguir los lineamientos estipulados, si se siguen es  por el reconocimiento de la razón de lo que se pone de manifiesto.

 

Pero hay otro tipo de autoridad que se sustenta para su cumplimiento en la fuerza, sea esta de un gobierno respaldado siempre en las botas policiales, una autoridad escolar respaldada en reprimendas varias o equivalentes. En estas líneas vamos a centrar nuestra atención en el primer tipo, esto es, la de los aparatos estatales.

 

Como enseñan algunos de los pensadores en la larga tradición del iusnaturalismo: Grotius, Pufendorf, R. Hooker, Francisco de Vitoria, Sidney, Locke,  Leo Strauss, Francis Lieber, Eric Mack, H. B. Veatch, Lon Fuller, Roscoe Pound, John Finnis -a contracorriente de los Kelsen, Hart y Raz contemporáneos- las disposiciones legales deben basarse en puntos de referencia extramuros de la norma positiva para ser justas. Y esos mojones a su turno derivan de lo que hace posible el desenvolvimiento de los seres humanos que del mismo modo que las piedras y las rosas tienen propiedades inherentes a su naturaleza.

 

De allí el derecho natural, que aunque en ciertos ámbitos se ha utilizado de modo caprichoso y degradado, sigue manteniendo su sentido original. Por esto es que juristas de la talla de Bruno Leoni insisten en que la conformación del derecho positivo está inmerso en un proceso de descubrimiento y no uno de ingeniería social o de diseño.

 

La autoridad del tipo ahora estudiado se basa en la ley, a saber, las disposiciones que son afines a la naturaleza del hombre para poder desarrollarse en la vida. Incluso David Hume escribe que “No es impropio recurrir a la expresión ley natural si por natural entendemos lo que es común a la especie” (en A Treatise on Human Nature) . Esto es lo que confiere autoridad a los gobiernos en una sociedad abierta, a diferencia de megalómanos que pretenden controlar vidas y haciendas ajenas.

 

Ahora bien, ¿que hacer cuando los aparatos estatales se salen de cauce y en lugar de proteger derechos los conculcan? Es una cuestión prudencial, cuando los atropellos son tolerables es mejor absorberlos y tratar de revertir la situación por medio de la persuasión. Pero cuando la situación se hace insoportable, tal como reza la Declaración de la Independencia estadounidense (en la que se han inspirado las naciones libres), es deber de los ciudadanos el deponer al gobierno e instaurar otro. Este es el derecho a la resistencia a gobiernos opresivos. Es un contragolpe de Estado cuando el gobierno ha dado un golpe contra las instituciones libres…son los casos hoy, por ejemplo, de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Corea del Norte. No hay que confundir al ciudadano con el súbdito ni un país con un Gulag.

 

Como queda dicho, de más está decir que la referida rebelión contra la opresión inaguantable debe hacerse con criterio prudencial para no caer en la misma situación (o peor) solo que con otros gobernantes como en la práctica han sido la mayor parte de las revoluciones, a diferencia de la norteamericana por la que se aplicó una política diametralmente opuesta a la autoritaria de Jorge III (de un tiempo a esta parte, Estados Unidos abandonó los principios de los Padres Fundadores para lo que recomiendo, entre la mucha literatura disponible, Dismantling America de Thomas Sowell). Hasta el momento en los otros ejemplos, en el mejor de los casos se produjo un alivio más o menos transitorio para luego, en mayor o menor medida, recaer en que los aparatos estatales atropellaran los derechos vitales a la libertad y a la propiedad.

Como he subrayado antes, incluso en otros casos, la situación después de la revolución fue muchísimo peor, como es el ejemplo de la revuelta de Castro contra las tropelías inaceptables de Batista. En otros casos, el alivio fue grande como es el ejemplo de Hitler. Salvando las distancias, la revolución popular contra Ferdinand Marcos también permitió un paréntesis en el totalitarismo.

Lo mismo va para el caso argentino de la tiranía rosista y, con independencia de los graves desbarranques posteriores, similar fenómeno ocurrió con la sublevación como consecuencia del sistema opresivo de Perón contra la libertad de prensa y las libertades básicas de las personas y también lo ocurrido con otros dictadores latinoamericanos de la misma época. Y mucho antes que eso los movimientos revolucionarios independentistas (por ejemplo, constituye una sandez oponerse a la Revolución de Mayo en lo que luego fue suelo argentino contra un déspota que había reemplazado a otro sátrapa en España). También los casos de Stroessner en Paraguay, de Somoza en Nicaragua, de Trujillo en la República Dominicana y similares. Las revueltas que desembocaron en el derrumbe del Muro de la Vergüenza en Berlín despertaron enormes esperanzas en los espíritus libres. Claro que hay cuestiones de grado que hacen diferencias por lo que no puede meterse todo en la misma bolsa.

El antes mencionado Sidney había escrito como burla a la monarquía absoluta que alegaba que su poder derivaba de Dios y otras sandeces que irónicamente “Dios ha causado que algunos nacieran con coronas en sus cabezas y todos los demás con monturas sobre sus espaldas”.

Especialmente en América latina ha sido costumbre el dirigirse a la autoridad gubernamental como su exceletísimo, su eminencia reverendísima y otros servilismos impropios de un sistema republicano y del recato, del pudor y la decencia más elemental. Incluso se hace alarde del título de “honorable” sin percatarse que el vocablo en gran medida proviene de la condición de ad honorem cosa que por el contrario es rechazada para en cambio percibir suculentas dietas (para no decir nada de los dineros mal habidos).

Benjamin Constant ha popularizado los conceptos de “libertad de los antiguos” y “libertad de los modernos” (noción rechazada por Fustel de Coulanges), entendiéndose lo primero como la mera participación de algunos gobernados en el gobierno, mientras que lo segundo alude a la preservación de las autonomías individuales. Del mismo modo, la tolerancia era concebida antes como una gracia del monarca o del sacerdote y, en cambio, modernamente es entendida no con tufillo inquisitorial de perdonar a los que se estimaba estaban equivocados sino que se ha transformado en la consideración por los derechos de todos.

No debe confundirse autoridad con autoritarismo, lo primero en el contexto de lo que estamos tratando alude al uso de la fuerza con carácter defensivo, nunca ofensivo en cuyo caso invariablemente irrumpe el autoritarismo.

Es por esto que en la actualidad resulta de gran  provecho recordar el célebre dictum del historiador decimonónico Acton en cuanto a que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente” al efecto de alertar frente a desvíos de la órbita política del momento.

Frente a todos los problemas siempre hay quienes proponen que intervengan los aparatos estatales, lo cual significa que se arrancará el fruto del trabajo ajeno para recurrir a la violencia. Muy paradójicamente esta maniobra se lleva a cabo en nombre del derecho cuando en verdad se trata de pseudoderechos ya que se echa mano al bolsillo del prójimo para imponer obligaciones injustas a terceros. Injustas porque violan la definición clásica de Justicia de “dar a cada uno lo suyo” puesto que “lo suyo” implica el respeto a la propiedad de cada cual, lo cual se ha violado al proceder en consecuencia.

Muy paradójicamente hoy en el denominado mundo libre la política más generalizada consiste en el fascismo, es decir, permitir el registro de la propiedad a nombre de particulares pero usa y dispone el gobierno. Es un modo más efectivo y encapuchado de debilitar la institución de la propiedad privada que los marxistas -más sinceros ellos- proponen abrogar de un plumazo. Pensemos en ejemplos cotidianos: los taxis en muchas de las grandes ciudades son manejados por los alcaldes en cuanto a la regulación de la tarifa, el color en que están pintados y el horario de trabajo. También los sistemas educativos, en general manipulados por ministerios de educación que establecen pautas curriculares y otras disposiciones para la mal llamada educación privada (en verdad privada de independencia). Todo esto sin contar las asfixiantes regulaciones en el comercio, la industria, el agro y la banca.

Según Etienne de la Boétie “Son pues, los propios pueblos los que se dejan, o, mejor dicho, se hacen encadenar, ya que con sólo dejar de servir romperían las cadenas” (en Discurso sobre la servidumbre voluntaria), que era la preocupación y ocupación de Henry David Thoreau respecto a la necesaria desobediencia civil para mantener en brete al Leviatán y para bloquear a los mandatarios con sed de transformarse en mandantes.

En lugar de estar permanentemente apuntando a lo menos malo en actitud timorata y rastrera, tengamos el coraje de subir la vara para encaminarnos al respeto recíproco. En el extremo miremos lo que se sugiere desde la vereda de enfrente al espíritu liberal, una postura que explica porqué las izquierdas marcan las agendas y habitualmente corren el eje del debate, lo cual está muy bien ilustrado en el título de una conferencia de Herbert Marcuse dirigida a estudiantes, en 1969, en Canadá: “Exijamos lo imposible”.

De todos modos y por último decimos que la secuencia siendo firme debe ser ordenada en una secuencia racional, por lo que la noción de autoridad centrada en el monopolio de la fuerza puede sin duda mutar en el futuro si es que quedaran resueltos los problemas esgrimidos básicamente en las teorías de los bienes públicos, la asimetría de la información, el dilema del prisionero, los free riders y la refutación del denominado equilibrio de Nash y el teorema de Kaldor-Hicks en el contexto de las inconsistencias de balances sociales explicados por Robert Nozick y la interpretación correcta de “la tragedia de los comunes” y el óptimo de Pareto. Estos temas no se han debatido aun con el suficiente detenimiento, aunque hay trabajos muy meritorios al respecto que no han  salido a la luz debido a que no se han resuelto temas mucho más básicos y, naturalmente, no puede construirse el techo de un edificio antes de que se encuentren listos los cimientos (lo que se traduce en otra metáfora más: no se puede colocar la carreta delante de los bueyes frente a la mediocridad de la mayor parte de los debates actuales que repiten las mismas falacias de antaño).

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

”YO NO SOY MARXISTA PERO….” Y EL LOBBY LGTB NOS PASA POR ENCIMA

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 15/7/18 en: http://gzanotti.blogspot.com/2018/07/yo-no-soy-marxista-pero-y-el-lobby-lgtb.html

 

Como hemos afirmado muchas veces, en los movimientos feministas radicales, en los LGTB, en el indigenismo, no está la defensa de derechos que en el liberalismo clásico ya tienen: a ser ellos mismos, a tener todos los derechos individuales que tiene cualquier persona y a hacer su propia vida según el derecho a la intimidad personal. No, ellos se sienten parte de “nuevos colectivos explotados” (las mujeres, los indígenas, los gay, los trans, las lesbians, etc.) por, a su  vez, “nuevos colectivos explotadores” como el patriarcado, los blancos, el patriarcado heterosexual, etc. O sea, es una re-edición perfecta de la teoría marxista de la explotación donde el explotador de siempre, el capitalismo, es ahora el capitalismo blanco patriarcal heterosexual, donde sus nuevos explotados son los grupos ya descriptos.

Por esto es totalmente coherente que estos grupos, tanto en Europa como en los EEUU, rompan el pacto político originario, esto es: individuos, personas, todos gozando de los mismos derechos individuales (libertad religiosa, de expresión, de enseñanza, de propiedad, de asociación) bajo una constitución limitante del poder político, donde cada uno, cada comunidad libremente organizada, pueda expresar libremente su concepción del mundo, hacer lo que quiera y decir lo que quiera sin que ello sea un delito para cualquier otra asociación libre. Pero no. Como ellos son los “explotados” inventan nuevos delitos (discurso de odio, discriminación, violar el derecho a ser tratado como lo que ellos dicen que son, violar el derecho a ser tratados según pronombres neutros, etc.) para finalmente llegar al poder (una excelente combinación de Gramsci, Hitler y Marx) para finalmente imponer absolutamente, como en toda revolución, su concepción del mundo por la fuerza y tirar al mar, si es necesario, a los pérfidos explotadores del capitalismo hetero-blanco-patriarcal (y si agregamos hetero-blanco-patriarcal-cristiano, ahí tienen la suma de todos los males).

Por eso el diálogo con ellos es imposible, porque el que no coincide es necesariamente un explotador, un agresor. Algunos, los más moderados, nos podrán tener lástima, nos mirarán como el pobre explotador que no sabe nada ni entiende nada, y nos concederán tal vez cinco minutos de paz. Pero no nos crucemos en una de sus marchas porque si pudieran nos quemarían vivos además del conjunto de golpes e insultos que nos van a propinar.

La noción filosófica que está detrás de esto es la de colectivismo metodológico, esto es, una metodología de análisis de lo social donde el que actúa no es la persona sino colectivos explotados u explotadores donde lo individual se subsume en esa dialéctica y por ende o estamos necesariamente de un lado o del otro y necesariamente pensamos como opresores o como oprimidos.

Para refutar esto se necesita ir al individualismo metodológico. Lo trágico es que la mayoría de los católicos, que no quieren saber nada con estas nuevas ideologías de género y etc., tampoco saben nada, en general, del individualismo metodológico, porque ha sido desarrollado por los “malos” liberales Mises, Hayek y Popper, que por ende son casi innombrables en sus universidades, con lo cual se pierden la única vacuna intelectual contra la teoría marxista de la explotación. Es más: repiten hasta el cansancio que no son marxistas pero que “en eso” Marx tenía razón… Y con esa débil armadura intelectual pretenden luego refutar las ideologías del género y etc.

Yo me he matado explicando que el individualismo metodológico es totalmente compatible con Santo Tomás de Aquino pero evidentemente soy sólo una gota no marxista en un océano marxista, océano compuesto por los que dicen “yo no soy marxista PERO…”.

 

PERO es así como estas nuevas ideologías nos están pasando por encima.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

TIBOR MACHAN, UN FILÓSOFO DE LA LIBERTAD

Por Alberto Benegas Lynch (h). 

 

Lo conocí a Tibor (1939-2016) en un seminario patrocinado por Liberty Fund en San Pablo, luego impartimos juntos clase en la Universidad de Aix-en-Provence propuestos por el hoy tan celebrado Jacques Garello y finalmente lo invité a pronunciar conferencias en Buenos Aires cuando me desempeñaba como rector de ESEADE.

 

Muy buen orador, fogoso polemista y gran conversador, provisto de un excelente sentido del humor. Sus libros y ensayos son innumerables pero en  esta nota periodística me referiré a lo que estimo son las mejores contribuciones de las múltiples que poseo en mi biblioteca, que no son ni remotamente todas sus producciones.

 

En primero lugar su libro titulado Generosity. Virtue in Civil Society que abre de este modo: “La generosidad es una virtud moral que no puede florecer en un Estado Benefactor ni en ninguna otra situación  de economía planificada porque ser generoso implica que voluntariamente se ayuda a otros de diferentes maneras. Solo puede florecer en una sociedad libre” y a continuación apunta que “Los actos generosos requieren el derecho de propiedad” puesto que debe entregarse lo suyo y no a la fuerza lo de los demás. Escribe Machan que “muchos son los que alardean de generosidad, compasión, bondad y caridad pero resisten el establecimiento del derecho de propiedad” y más bien pretenden solidaridad con el fruto del trabajo ajeno arrancado compulsivamente. Gran hipocresía por cierto, un latrocinio disfrazado de filantropía.

 

En otra parte de esta obra, el autor sostiene que hay una diferencia abismal entre generosidad y altruismo que según el diccionario es hacer el bien a otros a costa del propio bien, lo cual es un contrasentido puesto que cuando se hace el bien al prójimo es precisamente y exclusivamente porque está en interés del sujeto actuante en verdad una tautología puesto que si no está en interés de quien procede de ese modo ¿en interés de quien será? En este sentido, estaba en interés de la Madre Teresa de Calcuta el cuidado de los leprosos y así sucesivamente.

 

En este contexto Tibor aclara que a su juicio el interés personal tiene dos significados, uno amplio que abarca todas las acciones sean estas correctas o malvadas y otra acepción que se circunscribe a las primeras, es decir, a las que le hacen bien a quien las lleva a cabo. Consigna que “el autobeneficio proviene de ser una persona moralmente  buena”, esto es, como queda dicho, los actos buenos hacen bien a quines las llevan a cabo en el sentido que actualizan sus potencialidades en busca del bien.

 

También el autor se refiere en este libro con algún detenimiento al precepto bíblico de “amar al prójimo como a ti mismo” donde concluye por otra vía lo que a continuación presento a título personal. El adverbio conjuntivo “como” puede traducirse en que sea mayor, menor o igual. Si fuera igual la persona sería indiferente lo cual paralizaría la acción (hasta que haya preferencia), si fuera mayor el beneficio del otro no tendría razón de ser el acto puesto quedaría amputado el motivo, la razón o la necesaria prioridad ya que solo opera si la satisfacción propia es más fuerte o mayor que la del prójimo puesto que constituye el punto de referencia: toda acción es en beneficio personal.

 

Decir que es mayor psicológicamente la ganancia que obtiene el otro al  amarlo carece de sentido ya que, como queda dicho, el punto de referencia o el mojón extramuros de la acción es el amor propio. Quien ama es porque le satisface ese amor (el que se odia a si mismo es incapaz de amar). Tal vez Santo Tomás aclare este punto al afirmar en la Suma Teológica que “amarás a tu prójimo como a ti mismo: por lo que se ve que el amor del hombre para consigo mismo es como un modelo del amor que se tiene a otro. Pero el modelo es mejor que lo moldeado. Luego el hombre por caridad debe amarse más a si mismo que al prójimo” (Sec. Sec., q. xxvi, art. iv). Entonces el amor a otro es inexorablemente menor en intensidad y preferencia al que se profesa a uno mismo que, por los motivos señalados, es prioritario y el motor de la acción.

 

Finalmente, por su parte, dice Machan que “aquellos que demandan generosidad, caridad, compasión o bondad en base a la coerción de los aparatos estatales – Estado Benefactor y socialismos varios- destrozan los fundamentos de las virtudes morales”.

 

Otro de sus libros lleva por título Human Rights and Human Liberties un título un tanto redundante por partida doble: primero porque los derechos y las libertades no pueden ser otra cosa que humanos y segundo porque hablar de derechos y libertades constituyen la cara y la contracara del mismo asunto. De todos modos, gran parte del contenido resulta sumamente esclarecedor (nunca hay acuerdo total con ningún escritor, incluso lo que uno mismo escribe visto a la distancia seguramente demandará modificaciones sea por la redacción, por el  contenido o por las dos cosas).

 

En todo caso es pertinente detenerse en uno de los epígrafes de lo obra que cita uno de los fallos de la Corte Suprema de Justicia estadounidense. La cita es consigna de modo incompleto en el libro al efecto de destacar lo más importante pero nosotros la transcribimos completa. Dice así: “El propósito de una Declaración de Derechos fue el de sustraer ciertos temas de las vicisitudes de las controversias y colocarlos más allá de las mayorías y de funcionarios y establecer principios legales aprobados por las Cortes. Los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad en las transacciones y de asociación y otros derechos fundamentales no deben someterse al voto; ellos no dependen de los resultados de ninguna elección” (West Virgina Board of Education v. Barnette, 1943, 319 US, 624, 638).

 

Este fallo se dice redactado por el juez Robert Jackson es de una trascendencia difícil de traducir en palabras ya que del concepto allí vertido pone de manifiesto el aspecto medular de una República. Pone de relieve lo que grandes constitucionalistas de nuestro tiempo han considerado es el eje central de la democracia.

 

Una de las razones más relevantes del declive de regímenes democráticos de la actualidad descansa en la incomprensión de la filosofía inherente en el antedicho dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos. Hoy en día la democracia ha degenerado en cleptocracia, a saber, el gobierno de los ladrones de libertades, de propiedades y de sueños de vida. Desde la Carta Magna en adelante, las constituciones han sido concebidas para establecer límites claros y precisos al poder político, en cambio en la actualidad las constituciones reformadas y la legislación que la acompaña son muestras de abuso de poder. Como se ha explicitado tantas veces, es imperioso introducir nuevas barreras al poder si no se quiere que el planeta termine en un inmenso Gulag en nombre de una supuesta democracia.

 

La obra de Tibor Machan es básicamente un análisis pormenorizado de los equívocos de Thomas Hobbes en cuanto a su aplicación desviada de la noción de derecho natural que desemboca en el establecimiento de una monarquía absoluta en un contexto de extremo positivismo legal en el que no hay puntos de referencia fuera de la legislación escrita, esto es, que no habría la noción de Justicia fuera de la norma positiva.

 

Asimismo, elabora una cuidadosa y contundente crítica a las teorías esbozadas por John Rawls en cuanto a su redistribución de ingresos basada en talentos naturales de modo desigual sin ver, entre otras cosas, que los talentos adquiridos son consecuencia de los naturales y que la susodicha redistribución altera la asignación de los siempre escasos recursos y, por tanto, empobrece de modo muy especial a los más necesitados. También el autor en gran medida se apoya en algunos aspectos del andamiaje conceptual de Robert Nozick en cuanto al establecimiento de un gobierno con poderes limitados a la protección de derechos, entendidos estos no como pseudoderechos que significan un asalto al bolsillo del prójimo.

 

Por su parte en otro de sus libros, Individual and their Rights se detiene a considerar al valor del individualismo como el respeto a las autonomías individuales en franca oposición al tratamiento de expresiones colectivistas que tratan a lo grupal como un antropomorfismo con lo que se deglute a los derechos de las personas, lo cual completa con un estudio riguroso de la historia de uno y otro concepto a través del tiempo. En una parte final, Machan analiza el fundamento de la institución de la propiedad privada desde la  perspectiva de muy diversos autores antiguos y contemporáneos.

 

Tibor ha editado y compilado muchos trabajos de gran valor. El ejemplo más sobresaliente es el muy citado The Libertarian Alternative. Como es sabido, la palabra “liberal” ha sido expropiada en Estados Unidos por los estatistas por lo que se ha inventado la expresión “libertarianismo” a disgusto por muchos que siguen definiéndose como liberales clásicos como Milton Friedman, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises y muchos otros. En esta cuestión que puede aparecer como mero asunto semántico hay dos problemas de fondo que deben ser aclarados. En primer lugar, destacar que tras la batalla por las ideas hay una batalla del lenguaje. No se trata de simplemente mudar de palabra cuando esta es renegada por la mayoría o utilizada mal para seguir como si tal pues la nueva palabra será también expropiada o estigmatizada en el corto plazo. Por otra parte, quienes recurren a una nueva palabra para referirse a la libertad debido a que descubren otras facetas no parecen comprender que el liberalismo está siempre en ebullición y atento a nuevas contribuciones puesto que descansa en la ida de que el conocimiento tiene la característica de la provisonalidad abierto a refutaciones.

 

Por último menciono la extraordinaria obra titulada The Pseudo Science of B. F. Skinner donde Machan pone de relieve su mayor destreza al criticar el corazón de cuarenta trabajos de Skinner, muy especialmente el que lleva el sugestivo título de Beyond Freedom and Dignity. El objetivo de Machan consiste en la demolición de la tesis del materialismo filosófico (o determinismo físico para recurrir a terminología popperiana).

 

Así demuestra que los estados de conciencia, la psique o la mente con distintos de la materia, específicamente del cerebro y que sin esa cualidad no habría tal cosa como el libre alberdrío y, por ende, la propia libertad sería una mera ficción. Tampoco tendría sentido la responsabilidad individual ni la moral, ni las ideas autogeneradas,  ni las proposiciones verdaderas y las falsas. Los humanos seríamos como loros, más complejos pero loros al fin de cuentas. Skinner afirma que “la libertad del hombre quien es considerado responsable del comportamiento de su organismo biológico es solo una noción precientífica que sustituye a los tipos de causas que son descubiertas en el curso del análisis científico”. Lo mismo había dicho Sigmund Freud con anterioridad.

 

Desafortunadamente en nuestra época el materialismo o fatalismo descripto hacen estragos en la cultura, especialmente en el terreno de la psiquiatría, el derecho penal y en el campo económico el denominado neuroeconomics. Viene al caso subrayar que en la compilación antes referida uno de los autores centra su atención  en el asunto ahora considerado. Se trata de Nathaniel  Branden quien en un ensayo bajo el nombre de “Free Will, Moral Responsability and the Law” donde apunta que “El determinismo declara que aquello que el hombre hace, lo tenía que hacer, aquello en lo que cree, tenía que creerlo […] Pero si esto fuera cierto, ningún conocimiento conceptual resultaría posible para el hombre. Ninguna teoría podría reclamar mayor validez que otra, incluyendo la teoría del determinismo”.

 

En resumen, Tibor Machan ha contribuido a fortalecer las bases de una sociedad abierta con sus escritos y sus clases que recuerdan con tanto agradecimiento sus numerosos discípulos.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

 

Limitaciones al poder. Algunos economistas también han hecho propuestas “constitucionales” o más bien “sistémicas”

Por Martín Krause. Publicado el 9/7/18 en: http://bazar.ufm.edu/limitaciones-al-poder-economistas-tambien-hecho-propuestas-constitucionales-mas-bien-sistemicas/

 

Con los alumnos de Economía e Instituciones vemos algunas propuestas para limitar el poder, y al final de ese capítulo, las limitaciones “constitucionales” o sistémicas que hicieron algunos economistas. Luego de ver algunas propuestas específicas.

No obstante, algunas de estas fundamentales contribuciones no fueron suficientes para prevenirse contra el crecimiento del Estado y el avasallamiento de las libertades individuales; otras no fueron ni siquiera aplicadas. Algunos economistas han desarrollado modelos más generales y completos —si se quiere “utopías”— sobre cómo organizar una sociedad. En este sentido, analizaremos solo algunas, entre las que destacaremos las contribuciones de Hayek, Buchanan, Frey, Rothbard y David Friedman.

Hayek

Para Hayek, la separación de poderes y las otras medidas mencionadas solamente serán efectivas cuando los valores y la cultura predominantes en una sociedad así lo demanden. Ningún tipo de diseño constitucional podrá reemplazar estos valores sobre el poder gubernamental. Argentina es un ejemplo de esto: con la misma Constitución —aprobada en 1853—[1], el país recorrió setenta años en una dirección y los siguientes setenta en la dirección opuesta.

La evolución cultural es lo que en última instancia determina las limitaciones existentes al poder. En Suiza, aunque también ha habido cambios en el último par de siglos y el Estado benefactor ha crecido como en todos los demás países, ciertos principios básicos de limitación del poder siguen siendo parte importante de los valores y la cultura de sus habitantes[2].

No obstante, no descarta Hayek todo tipo de diseño constitucional, aunque dando prioridad a los procesos evolutivos, y presenta un modelo de organización que permitiría un predominio de las normas que son el resultado de esos procesos, a diferencia de las que son el resultado de decisiones políticas formales. Como las reglas formales que favorecen los procesos evolutivos son normas de carácter “general” que se aplican a todos los ciudadanos por igual, imagina un proceso legislativo que pueda aislar la elaboración de ese tipo de normas de las presiones de los grupos de interés que buscan un beneficio particular. Esta preocupación proviene de entender que las legislaturas modernas están sujetas a estos intereses desde que se han ocupado del diseño de políticas específicas. Una legislatura que tenga a su cargo ambas tareas —diseño de políticas y reglas generales— terminará dominada por las primeras. Para ello imagina un poder legislativo constituido por dos asambleas, que se acomode a la diferencia entre “leyes” y “comandos”. La primera, —la Asamblea Legislativa— se ocupa de las reglas generales y de la extensión del poder gubernamental, mientras la segunda, —Asamblea Gubernamental— se ocupa de las políticas públicas, teniendo primacía la primera sobre la segunda.

La Asamblea Legislativa debería estar constituida de tal forma que garantice el cumplimiento de esa función. Para ello Hayek considera un mecanismo de elección que evite la llegada de políticos profesionales, por lo que aquellos electos a la Asamblea Gubernamental no podrían acceder a la Legislativa. Sugiere que los miembros de esta deberían ser elegidos a una cierta “edad madura” y por periodos relativamente largos, como de quince años, debido a lo cual no estarían preocupados por su reelección. En cierta forma, como sucede con los miembros de una Corte Suprema de Justicia. También sugiere que los votantes que los elegirían sean mayores en edad que los que participan en la elección de las demás posiciones en el Ejecutivo o en la Asamblea Gubernamental. La experiencia y la sabiduría adquiridas con los años, más su independencia respecto a una “carrera política”, tenderían a centrar su atención en las reglas generales y en los beneficios a largo plazo.

Es decir: la Asamblea Gubernamental estaría formada por políticos profesionales que buscarían su reelección y estarían interesados en atender a los intereses inmediatos o puntuales de los votantes o de distintos grupos de interés, mientras que los de la Asamblea Legislativa constituirían algo así como un grupo de sabios y prudentes, que se ocuparían de velar por las normas que protegen los derechos de todos.

Buchanan

James Buchanan, por el contrario, fundamenta su análisis en la filosofía política contractualista, por lo que es más escéptico respecto a las normas de origen evolutivo espontáneo y, con un enfoque más racionalista, concentra su análisis en la forma de modificar los incentivos vigentes en la política, con especial énfasis en los niveles de mayorías necesarias para distinto tipo de normas. Inspirado en el análisis del economista sueco Knut Wicksell (1851-1926), sostiene que el óptimo sería la unanimidad. Ya hemos visto esto en el capítulo 4, cuando analizamos los problemas para la agregación de preferencias expresadas a través del voto. La unanimidad garantizaría que nadie se vería perjudicado por la aprobación de una cierta norma; es decir, ninguna mayoría podría violar los derechos de una minoría, incluso ni la de una sola persona. También vimos allí que la unanimidad generaría el statu quo total; sería prácticamente modificar cualquier norma, dados los altos costos de alcanzar la unanimidad. La respuesta de Buchanan es diferenciar entre normas de rango constitucional, que protegen derechos individuales y limitan las potenciales acciones abusivas de un gobierno, de aquellas que se refieren a cuestiones más coyunturales o de contenido administrativo, relacionadas con la gestión de tal gobierno. Para modificar las primeras, se requerirían mayorías especiales, mientras que para modificar las segundas bastaría con mayorías simples. Qué asuntos requerirían, según Buchanan, mayorías especiales lo veremos más adelante.

Frey

Bruno Frey (2005) presenta una propuesta a la que llama FOCJ, por sus siglas en inglés: jurisdicciones funcionales, superpuestas, en competencia. Desde su perspectiva, el federalismo permite acercar la provisión de bienes públicos a las preferencias específicas de distintos grupos en la sociedad, pero para hacerlo deben cumplirse dos principios básicos: la equivalencia fiscal, es decir que los fondos para pagar el gasto público de una jurisdicción se obtengan de los ciudadanos de esa misma jurisdicción; y equivalencia política, o sea que los funcionarios sean electos nada más por los votantes de la misma jurisdicción.

Las jurisdicciones propuestas tendrían estas características:

Funcionales: se extenderían sobre áreas geográficas definidas por las tareas o funciones que cumplen.

Superpuestas: habría distintas jurisdicciones gubernamentales extendiéndose sobre distintas áreas.

En competencia: los gobiernos locales, y en algunos casos los ciudadanos, podrían elegir a qué jurisdicción pertenecer.

Jurisdicciones: serían jurisdicciones con poder gubernamental para cobrar impuestos.

El argumento básico es que las jurisdicciones geográficas no necesariamente coinciden con la extensión geográfica que propone la economía de escala de un cierto servicio. Por ejemplo: una red de electricidad puede abarcar una cierta zona, pero el servicio de defensa que brinda un regimiento puede abarcar otra, con lo cual cada una tendría un área geográfica diferente. Los servicios de un hospital podrían abarcar a ciudadanos de más de una jurisdicción política actual, creando problemas de usuarios gratuitos; la jurisdicción en este caso se extendería sobre la división política, para abarcar a todos los usuarios. Obviamente, distintas jurisdicciones se superpondrían, incluso brindando algunas de ellas el mismo tipo de servicios. Los ciudadanos podrían elegir entre las mismas, aunque “deberían” elegir, ya que se trata de jurisdicciones gubernamentales. La competencia sería fomentada por la acción de “salida”, aunque no tendría que ser geográfica: las personas o los gobiernos locales podrían cambiar de afiliación a esas diferentes jurisdicciones, sin tener que mudarse a otra jurisdicción geográfica para hacerlo.

El autor menciona como ejemplo a la Liga Hanseática, un grupo funcional que brindaba normas comerciales comunes, aunque no tenía ningún tipo de vinculación geográfica. Eran miembros de la liga ciudades como Lübeck, Bremen y Colonia (hoy Alemania), Stettin y Danzig (hoy Polonia), Kaliningrado (hoy Rusia), Riga (Letonia), Reval (hoy Tallinn, Estonia) y Dorpat (hoy Tartu, Estonia), Groningen y Deventer (hoy Holanda). Londres (Inglaterra), Brujas y Amberes (Bélgica) y Novgorod (Rusia) eran miembros asociados. En los Estados Unidos hay “distritos especiales”. En Suiza hay 26 cantones y unas 8,000 comunas de distinto tipo, de las cuales 2,940 definen la ciudadanía política (los ciudadanos lo son de las comunas, no de “Suiza”). Hay comunas educativas que ofrecen servicios a más de un gobierno local.

Esta profunda descentralización y división de poderes actuaría como un límite al abuso de poder y permitiría la participación ciudadana en la toma de decisiones, sobre todo asociado al uso de mecanismos de democracia directa.

Rothbard y Friedman

Finalmente, Murray Rothbard (2002) y David Friedman (1989) presentan un modelo también con jurisdicciones funcionales, en competencia y superpuestas, pero, a diferencia de Frey, se trata solamente de agencias privadas. Según esta visión “libertaria”, todos los bienes y servicios serían provistos por el mercado, ya que este puede hacerlo, si bien no en forma perfecta, superior a la provisión estatal. Así, ambos autores analizan cada uno de los servicios que actualmente proveen los Estados y cómo los podría proveer el mercado. Las propuestas de uno y otro son similares en cuanto a la provisión de todos los bienes y servicios por el mercado, con algunas diferencias, sobre todo relacionadas con los fundamentos filosóficos —una filosofía moral iusnaturalista, en el caso de Rothbard, y consecuencialista, en el de Friedman— y a una hipótesis sobre el posible nacimiento de una sociedad anarcocapitalista, como la que proponen —un contrato social, donde las partes consentirían un código legal, en el caso de Rothbard, y un enfoque incremental, en el caso de Friedman—.

En el caso tal vez más complejo de todos —la seguridad personal y la defensa—, critica la visión predominante de que el Estado debe proveer protección policial, como si fuera una entidad única y absoluta, consistente en una cantidad fija que se brinda a todos por igual. Ese tipo de bien general no existiría, de la misma forma que no existe un bien “comida” o “vivienda”[3]. Por lo tanto, el Estado debería asignar un recurso escaso, sujeto a las ineficiencias de la política y la burocracia. Para Rothbard, los individuos deberían contratar este servicio, como los demás, en el mercado, y lo harían según sus preferencias específicas: desde la patrulla de un policía cuando sea necesaria, hasta protección personal durante las veinticuatro horas. Se argumentará que, en tal caso, los consumidores deberían pagar algo que ahora reciben gratis, pero es necesario tener en cuenta que en el modelo libertario no habría impuestos, así que los recursos que la población destina, en un determinado momento, con ese fin, estarían disponibles directa o indirectamente para contratar ese tipo de servicios.

El modelo no considera que cada persona tendría que salir a contratar un agente privado, en caso de haber sido robada o atacada, sino que, como ocurre actualmente en muchos barrios abiertos o cerrados, contrataría una compañía que le brindaría ese servicio. Es bastante probable, además, que los servicios fueran ofrecidos por empresas de seguros, ya que, si se ha asegurado, por ejemplo, una casa contra robo, la protección podría ser parte del servicio del seguro[4]. La competencia se transformaría en eficiencia y control por parte de los consumidores, ya que podrían cambiar de agencia en caso de no estar contentos con el servicio que reciben, algo que no pueden hacer ahora por tratarse de un servicio monopólico, del cual se recibe simplemente lo que toque.

[1]. Dice Alberdi ([1854] 1993): “Al legislador, al hombre de Estado, al publicista, al escritor, sólo toca estudiar los principios económicos adoptados por la Constitución, para tomarlos por guía obligatoria y reglamentaria. Ellos no pueden seguir otros principios, ni otra doctrina económica que los adoptados ya en la Constitución, si han de poner en planta esa Constitución, y no otra que no existe. Ensayar nuevos sistemas, lanzarse en el terreno de las novedades, es desviarse de la Constitución en el punto en que debe ser mejor observada, falsear el sentido hermoso de sus disposiciones, y echar el país en desorden y en el atraso, entorpeciendo los intereses materiales, que son los llamados a sacarlos de la posición oscura y subalterna en que se encuentra” (p. 2).

 

[2]. Dice Willy Linder, editora económica del Neue Züricher Zeitung: “Los suizos siguen siendo suficientemente generosos y sensibles para votar a veces a favor de cuestiones que parecen ir en contra de su propio interés. Sin embargo, en el largo plazo, estas actitudes han contribuido a la estabilidad política y económica de Suiza. Durante los tres últimos años, por ejemplo, los suizos, por márgenes excediendo generalmente 3 a 1, han decidido en referéndums no cobrar impuestos especiales a los ricos y los que ganan altos sueldos, no otorgar a los trabajadores suizos participación en la administración de las empresas, no reducir la edad mínima para ingresar en el generoso sistema de pensiones, no permitir al gobierno central que recaude fondos para compensar tendencias locales recesivas, y finalmente no permitir al gobierno central que tenga déficit”. Fortune, diciembre 18 de 1978; citado en “President’s Essay”, Washington DC: The Heritage Foundation, 2011.

 

[3]. “A cualquier persona o negocio, la policía puede proveerle desde un oficial que haga una ronda una vez por noche, dos policías que patrullen constantemente cada cuadra, otros que lleven a cabo la vigilancia en un móvil, hasta uno o incluso varios guardaespaldas personales permanentes. Además, debe tomar muchas otras decisiones cuya complejidad se hace evidente tan pronto como levantamos el velo del mito de la “protección” absoluta. ¿Cómo podría la policía asignar adecuadamente sus fondos, que por supuesto son siempre limitados, como lo son los de todos los individuos, organizaciones y agencias? ¿Cuánto debería invertir en equipamiento electrónico? ¿En equipos para tomar huellas dactilares? ¿En detectives o en policías uniformados? ¿En patrulleros o en agentes que prestan servicio a pie, etcétera?”. (Rothbard 2002, p. 268).

 

[4]. “Esta debería ser la primera respuesta simple a la pregunta típica que expresa el temor de la gente a la que se le habla por primera vez de una policía totalmente privada: “Bueno, eso significa que si a uno lo atacan o le roban, tiene que apresurarse a encontrar un policía y comenzar a negociar acerca de cuánto le costará que lo defienda”. Bastaría un momento de reflexión para darse cuenta de que ningún servicio se suministra de esa manera en el libre mercado. Es obvio que la persona que quiere estar protegida por la Agencia A o la Compañía Aseguradora B pagará primas regulares en lugar de esperar a ser atacada antes de comprar la protección. “Pero supongamos que se produce una emergencia y el policía de la Compañía A ve que alguien es asaltado; ¿se detendría a preguntar si la víctima adquirió el seguro de la Compañía A?” En primer lugar, este tipo de asalto callejero estaría, como ya lo hemos señalado, dentro de la jurisdicción de la policía contratada por el dueño de la calle en cuestión. Pero ¿qué ocurriría en la situación, poco probable, de que un barrio no tuviera servicio policial, y que un policía de la Compañía A viera casualmente que alguien es atacado? ¿Saldría en defensa de la víctima? Eso, por supuesto, dependería de la Compañía A, pero es casi inconcebible que las compañías de policía privada no cultivaran la buena voluntad estableciendo, como política, la ayuda gratuita a las víctimas en situaciones de emergencia y, quizá, pidiendo luego a la persona rescatada un aporte voluntario. En el caso de un propietario que sufriera un asalto o un ataque, por supuesto recurriría a la compañía policial que hubiera contratado. Llamaría a la Compañía Policial A en lugar de a “la policía”, como lo hace ahora”. (Rothbard 2002, p. 270).

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Una “guerra” para dictadores

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 28/6/18 en: https://alejandrotagliavini.com/2018/06/28/una-guerra-para-dictadores/

 

Mientras la Corte Penal Internacional inicia un análisis de la “guerra antidroga” de Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, días atrás las fuerzas de seguridad de Bangladesh mataron a 11 supuestos narcotraficantes en una nueva operación que se ha cobrado 30 muertos en una semana, ante las críticas de activistas que la ven como un plan “al estilo” del presidente filipino, es decir, aprovechar la excusa para eliminar opositores.

Fuentes de la Policía y del Batallón de Acción Rápida (RAB, en inglés), un cuerpo policial de élite, confirmaron la muerte de 9 personas en 8 distritos en una operación nocturna, elevando a 30 el número de muertos solo durante esa semana. El portavoz del RAB agregó que han arrestado a más de 3.000 personas y sentenciado a 2.500 en tribunales especiales móviles desde el 4 de mayo.

El letrado del Supremo Jotiirmoy Barua ha dicho que estos asesinatos “ilegales” son una “amenaza para el Estado”. Por su parte, la ex directora del grupo por los derechos humanos Ain o Shalish Kendra, Sultana Kamal, asegura que la campaña “es inconstitucional e ilegal”. Las fuerzas de seguridad han sido reiteradamente acusadas de cometer asesinatos extrajudiciales que, según la organización de Derechos Humanos Odhikar, entre 2001 y la actualidad, superan las 3.000 muertes.

En fin, la verdad es que debido a la “guerra contra las drogas”, inhumana y cruel como pocas, desde que comenzó con Nixon fueron encarceladas 40 millones de personas y solo en México, desde 2006, murieron más de 80.000. Es la consecuencia de la represión al establecerse la prohibición que pareciera ser solo un negocio de políticos y burócratas. Cómo se explica sino que, en EE.UU., el país con las fuerzas de seguridad mejor equipadas del mundo, sea donde más consumidores existen, es decir, donde más tráfico hay. ¿Son tan ineficientes estas fuerzas o existe connivencia entre traficantes, políticos y policías?

Además, ¿es lícito utilizar la violencia para evitar que alguien se suicide? No lo es, no es lícita la teoría del mal menor como claramente lo dijo Juan Pablo II en su Encíclica “Veritatis Splendor”. Y, además, ¿son drogas tan nocivas? Sin dudas, pero curiosamente otras que son “legales” están causando más daño. Otro argumento es que se trataría del derecho a la legítima defensa ya que los drogadictos serían personas peligrosas para la sociedad.

En primer lugar, no está claro que sean de suyo peligrosos (salvo cuando consumen mezclas tóxicas dada la mala calidad de lo ilegal), más bien parecen disminuidos físicos y mentales; en cambio sí es creíble que, una vez criminalizados por el Estado (en lugar de quedar visibles para ayudarlos), se conviertan en delincuentes ante la imposibilidad de conseguir calmar su adicción por vías normales y a precios no monopólicos. Pero, aun en el caso de la legítima defensa los métodos moralmente aceptables son los pacíficos ya que son los eficientes.

La disyuntiva, al fin de cuentas, es monopolio de los funcionarios o regulación natural del mercado. Por cierto, en contraposición con lo que ocurre en países represores, en Portugal -el país de mayor calidad de vida de Europa, según InterNations- donde la droga es más libre, el número de delitos y drogadictos es menor. Según la ONUDD (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), en Portugal ocurren 0.5 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes mientras que en EE.UU. son 4.7.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

El Derecho (9° parte)

Por Gabriel Boragina Publicado el 1/7/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/06/el-derecho-9-parte.html

 

“Partiendo de esa distinción, no es posible desconocer que pueda haber ciertos actos lícitos en el sentido de que la ley no los prohíbe, pese a que puedan ser inmorales: todos los actos que no excedan de la esfera del pensamiento son lícitos, aun cuando no todos los pensamientos son morales.”[1]

Sin embargo, hay actos que exceden la esfera del pensamiento que también son lícitos, aunque no guarden relación con el orden jurídico en sí mismo. Cuando una persona -por ejemplo- trabaja o hace una donación a otra persona o institución, ejerce una acción que excede al mero acto de pensar, aun cuando esa acción ha sido, sin duda, fruto de una idea suya o de otra persona. Hay actos, pues, que excediendo a la esfera del pensamiento son lícitos y morales. Se entiende que la licitud que menciona la cita se refiere a la jurídica porque de eso es precisamente de lo que trata el tema.

En cuanto a que “todos los actos que no excedan de la esfera del pensamiento son lícitos” es una expresión extraña que estaría aludiendo a la imaginación o a actos imaginados. Porque nosotros creemos que todo acto nace de un pensamiento consciente o inconsciente. El acto o la acción, siempre es fruto de un pensamiento, de un tipo o del otro.  El acto que no excede la esfera del pensamiento no llega a ser propiamente acto alguno. En este sentido, no hay pensamientos lícitos o ilícitos porque ni la ley ni el Derecho pueden juzgar el acto de pensar, aunque lo intenten. Lo serán morales o inmorales, malos o buenos, pero difícilmente lícitos o ilícitos.

“H. La órbita jurídica. De cuanto queda expuesto se deduce que las relaciones objetivamente reguladas por el Derecho y los derechos subjetivos que afectan a las personas físicas o jurídicas ofrecen diversos matices: regularán unas veces las relaciones entre personas particulares; otras, las de éstas con el Estado; otras, se derivaran de las infracciones punibles a la norma jurídica; otras, en fin, señalaran el procedimiento judicial para dirimir las discordias.”[2]

En materia de Derecho, ya hemos expuesto -en alguna oportunidad anterior- que, lo objetivo, a nuestro juicio, se refiere a todo aquello (hechos, personas, objetos, etc.) que son externos a nosotros o, más precisamente, a nuestro pensamiento. No le damos otro alcance que el indicado. Lo contrario a lo objetivo (entendido de la manera indicada) lo llamamos subjetivo. Pero en la cita, lo objetivo se refiere a otra cosa: a lo que la ley regula positivamente, en tanto y en cuanto para la corriente positivista -que es la dominante en el terreno científico-jurídico- lo “objetivo” es exclusivamente la ley positiva. La cita alude lo que en la jerga jurídica se denominan leyes de forma y de fondo. Nosotros resumimos todo lo dicho en cuanto el Derecho tiene una misión instrumental, que es mantener la convivencia civilizada entre las personas. Pero no ha sido siempre la idea de Derecho que se ha tenido en todas las épocas. Muchas veces -en la historia el Derecho- ha sido un arma peligrosa en manos de los gobernantes. Será oportuno señalar aquí que, por convivencia civilizada, entendemos el respeto mutuo a los Derechos de libertad, propiedad y de todos aquellos que se derivan de estos. Este concepto, si bien formalmente es declarado en muchas legislaciones y en la letra, no siempre se pone en práctica, ni se respeta en los hechos.

“Todavía todos esos aspectos pueden contener otras muchas subdivisiones, impuestas en ocasiones por la creciente complejidad de la vida, y otras por un excesivo prurito de especialización entre los juristas. A continuación, y no por orden de importancia sino alfabéticamente, se definen las ramas principales del Derecho y sus aspectos subjetivos capitales.”[3]

El segundo de los motivos dado aparece -para nosotros- como el más evidente. Los juristas poseen una tendencia a crear ramas y subramas dentro de las mismas disciplinas que cultivan. Cuando esta manía se traslada a los legisladores el resultado es lo que se ha denominado inflación legislativa que se traduce como una proliferación desenfrenada de leyes de todo tipo y color con el objetivo de solucionar todos los males del mundo. Pero de la misma manera que sucede en el ámbito de la economía, en el campo del Derecho la inflación y aun la hiperinflación legislativa genera más problemas que los que con su propagación intenta solucionar. La prudencia indica que pocas leyes generales son suficientes para garantizar el orden y la convivencia civilizada de los individuos, objetivo supremo -en nuestra opinión- de lo que verdaderamente merece el nombre de Derecho.

La inflación legislativa da lugar al nacimiento de muchas leyes, con el riesgo de continua contradicción de unas contra otras. Ello da pie a la elaboración y reelaboración de la doctrina judicial, fallos encontrados en el ámbito de los tribunales y, a lo que -en definitiva- merece la apropiada calificación de caos jurídico o judicial, expresión que preferimos, por ser más gráfica, que la habitual de inseguridad jurídica que se presta a muchas confusiones conceptuales. En los últimos tiempos el fenómeno ha adquirido tales dimensiones en países como Argentina que muchos jueces llegan a desconocer las normas más recientes, y cuando son conocidas, los fallos se dilatan, por cuanto los conflictos de leyes son tan frecuentes que los jueces se enfrentan con el dilema -casi diario- de la duda en torno a cuál es la norma que se debería aplicar al caso concreto.

Tal como dice la cita, siguen una cantidad numerosa de voces que dan buena cuenta de esa obsesión clasificatoria y sub-clasificatoria de muchos juristas. No será nuestro propósito -de momento- examinarlas todas. Quizás lo sea en alguna ocasión ulterior. Por lo que atiende a las nociones básicas del Derecho que era nuestro objetivo actual damos con lo dicho por concluido nuestro provisorio examen de la cuestión.

[1] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial Heliasta-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 294 y sigtes.

[2] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.

[3] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

El problema de los inmigrantes convulsiona a Europa

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 28/6/18 en: https://www.lanacion.com.ar/2148190-el-problema-de-los-inmigrantes-convulsiona-a-europa

 

La ola de inmigrantes africanos y de Medio Oriente que desde hace rato apunta a Europa está generando problemas de magnitud. La Unión Europea está considerando un plan que consiste en enviar a los migrantes rescatados en alta mar, a lo que se ha denominado “plataformas de desembarque”, emplazadas fuera del Viejo Continente. Una vez ubicados en dichas plataformas, se determinará cuáles migrantes necesitan protección internacional y cuáles, en cambio, migran por razones económicas, fundamentalmente y carecen de ella.

La preocupación está ahora empujada vigorosamente por el nuevo ministro del interior italiano, Matteo Salvini, un decidido opositor a la política de puertas abiertas, que acaba de impedir que un buque con 600 migrantes a bordo recalara, para desembarcarlos, en puertos italianos. La propuesta genera temores en el sentido de que de pronto esas plataformas se llenen de personas que no están en condiciones de seguir en dirección a Europa, pero que tampoco pueden volver a la que fuera su residencia.

 

Algunos, en cambio, postulan la necesidad de establecer un sistema de cuotas entre todos los miembros de la Unión Europea, así como definir con precisión cuáles serán las obligaciones de los Estados a los que los migrantes ingresan, respecto de ellos.

Aparentemente se está estudiando la posibilidad de establecer esas plataformas tanto en Túnez como en Albania.

Mientras tanto, el mencionado Matteo Salvini, ministro del interior de Italia, avanza con una propuesta de censar a todos quienes residen en Roma, para determinar así quiénes, por su situación de ilegalidad, enfrentan el riesgo real de ser deportados. Salvini fue responsable de haber tomado la decisión que impidió que el buque “Aquarius” desembarcara refugiados en Italia, los que finalmente desembarcaron en España. El 58% de los italianos está de acuerdo con esa decisión, evidentemente cansados de la ola de inmigración norafricana que -creen- amenaza con lastimar su identidad.

Otro de los países “duros” en materia de inmigración es Hungría, cuyo Parlamento acaba de considerar un paquete de normas en virtud de las cuales cualquier ayuda a los refugiados puede transformarse en un acto criminal, penado con prisión de hasta un año. Ello parece claramente excesivo y, más aún, inhumano.

Recordemos que el gobierno húngaro tiene un conflicto abierto con el millonario George Soros, al que acusa de querer “inundar” Europa de inmigrantes. Soros responde que esa acusación es simplemente fantasiosa.

Recordemos que el gobierno populista húngaro ha estado, desde hace meses, siendo observado de cerca por las autoridades comunitarias europeas, que no ocultan su preocupación por el debilitamiento de las instituciones democráticas en Hungría. Ahora la posición irreductible del italiano Matteo Salvini se agrega a la desconfianza que genera en Bruselas el gobierno húngaro.

Transformar conductas como la de suministrar alimentos o ropas a los refugiados u ofrecerles de pronto techo, no deben ser criminalizadas. Pero lo cierto es que la extrema derecha ha hecho de la oposición a la inmigración una de sus banderas centrales que, por lo demás, recibe apoyo más allá de aquellos que militan en ese rincón intemperante de la política europea.

Queda visto que el tema de la inmigración es una de las preocupaciones centrales europeas y uno que, por sus distintos impactos, está todavía muy lejos de haber sido resuelto.

En paralelo, el gobierno de Donald Trump acaba de corregir la decisión deplorable de separar a los niños refugiados de sus padres, concentrándolos en puntos distintos, con frecuencia emplazados en lugares alejados el uno del otro. Esta decisión debe ser aplaudida, pero no permite olvidar el trasfondo inhumano sobre la que previamente se edificó la política de separar a padres e hijos.

La comunidad empresaria norteamericana no vaciló en calificar a la política del presidente Trump, antes de que fuera corregida, de una falta de sentimientos, cruel e inmoral.

La decisión final de Donald Trump coincide con la cuota de generosidad que, por décadas, ha caracterizado a la política exterior norteamericana, pese a que por la larga frontera que separa a los Estados Unidos de México, siguen llegando incesantemente miles de centroamericanos, desde países como El Salvador, Honduras o Nicaragua, huyendo de la violencia doméstica sembrada por las “maras” y otros grupos violentos.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

¿VUELTA A LA MORENIZACIÓN DE LA ECONOMÍA?

Por Alberto Benegas Lynch (h)

En un programa televisivo el nuevo ministro de producción del gobierno argentino acaba de declarar que desde la llamada Defensa de la Competencia habrá empresas que “serán penalizadas” ya que “vamos a garantizar que no hayan maniobras de conducta abusiva” y en ese sentido “necesitamos que la gente colabore y tenemos que tener todas las denuncias” para lo cual se facilita un 0800 para detectar subas “injustificadas” de precios.

Lo último que quiero hacer es un asunto ad hominem referido al nuevo ministro de producción argentino. Aunque no lo conozco personalmente, descuento que se trata de una muy buena persona con la mejor de las intenciones. Mi objetivo no es personalizar sino debatir ideas.  El asunto consiste en no desviar la atención de las causas de nuestros problemas y enfrentar de una buena vez el gasto público sideral, el déficit inaceptable y la deuda creciente. Solo así será posible combatir el flagelo de la inflación.

Es de esperar que no retornemos a los fenomenales trastornos del gobierno anterior a través de  una morenización abierta  o  encubierta, puesto que no resulta relevante si la pistola que amenaza se encuentre arriba o debajo de la mesa.

¿Será posible? ¿Otra vez a las andadas? ¿Todavía no aprendimos sobre las consecuencias nefastas de amenazar a los comerciantes por los precios de mercado desde hacen miles de años? Las amenazas y las denuncias a comerciantes han sido siempre un sistema solapado de control de precios.

Repasemos entonces los efectos de dichos controles. Un precio máximo es por definición uno que se establece por debajo del precio de mercado, sea por decreto o con la amenaza de multar a quienes incrementen precios por encima de lo que el burócrata del momento estima conveniente.

Los efectos son los siguientes siempre: primero, en la situación de ese instante hay más gente que puede adquirir el bien o el servicio  en cuestión respecto a lo que hubiera sido si el precio se hubiera incrementado, lo cual significa que la demanda se expande. Segundo, en ese instante no por el hecho mismo de expandirse la demanda aparece por arte de magia una oferta mayor con lo cual hace su aparición el faltante. Irrumpen las consabidas filas de personas para comprar pero henos aquí que no hay los suficiente para atender la demanda en cuestión, y tengamos en cuenta que demanda implica la necesidad más el poder de compra. Pues bien, están presentes ambas condiciones pero el producto no está.

Tercero, los márgenes operativos se alteran en el sentido que se mantienen artificialmente chatos respecto a lo que hubieran sido de no haber mediado la intervención estatal, con lo que aparecen también artificialmente atractivas las ganancias de otros sectores. Cuarto, esta distorsión hace que los siempre escasos recursos se dilapiden, es decir, se canalizan artificialmente hacia otros reglones menos urgentes, con lo que,  a su vez, disminuyen las tasas de capitalización que invariablemente se traducen en menores salarios  en términos reales ya que la inversión per capita es la única causa que explica la elevación de ingresos.

Quinto, el  fenómeno de controles, amenazas y multas incentiva a los funcionarios a que centren  su atención en el comportamiento en los precios de otros sectores los cuales habitualmente tienden a sufrir los mismos embates. Sexto, a medida que las intromisiones coactivas se van extendiendo, se va extendiendo también la distorsión en la contabilidad, en la evaluación de proyectos y el cálculo económico en general, situación que acelera el consumo de capital a medida que se imponen simples números dictados por la autoridad pero que nada significan desde la perspectiva económica. Y séptimo el achatamiento artificial en los márgenes operativos no solo genera faltantes como hemos mencionado sino que se agudiza debido a contracciones adicionales en la oferta del bien o servicio sujetos a control o bajo amenazas de clausuras o multas lo cual hace que la oferta resulte aun menor.

La inflación monetaria es la causante de la suba de precios ya que las bajas en la productividad resultan inocuas comparadas con la expansión del dinero por motivos políticos. Como hemos puntualizado tantas veces, las causas no son debido a las expectativas inflacionarias, ni por el aumento en el costo de productos clave, ni tampoco velocidades en la circulación dineraria.

Las expectativa podrán ser muchas pero si no son convalidadas por la emisión monetaria, aquellas se dan de bruces con la realidad y, por tanto, o vuelven los precios al nivel anterior a la suba o se deja de vender. Los costos, por ejemplo, del petróleo que están estrechamente vinculados con otros bienes no generan ningún efecto inflacionario: si siguiera consumiendo el idéntico volumen de ese bien tendrán que contraerse las compras de otros bienes y servicios puesto que, como decimos, no aumentó la masa monetaria y si se deseara consumir la misma cantidad de los otros bienes y servicios deberá demandarse menos petróleo. Por último, debe tenerse presente que la velocidad de circulación del dinero no opera en al vacío: si ésta aumenta también lo hace al mismo ritmo la velocidad de circulación de los bienes y servicios contra los cuales se intercambian por dinero. En verdad, la velocidad dineraria como un lado del binomio se suele mirar con independencia debido a la ilusión óptica que produce la inflación lo cual conduce a que la gente  tienda a desprenderse de dinero.

Desde tiempo  inmemorial ha habido la tendencia a endosar el problema inflacionario creado por los gobiernos sobre la espalda de los comerciantes. Todo empresario en toda circunstancia cobrará el precio más alto que pueda, es decir, el más elevado que permita la situación imperante, pero nunca podrá cobrar el precio que quiera, de lo contrario el vendedor de zanahorias cobrará cien millones de pesos por unidad, pero naturalmente la demanda seré cero en ese caso.

No es pertinente  consultar a los propios empresarios sobre este delicado asunto puesto que sus habilidades y talentos estriban en descubrir oportunidades en las que estiman que los  costos están subvaluados en términos de los precios finales y, por tanto, sacan partida del arbitraje correspondiente. Si aciertan obtienen ganancias y si yerran incurren en quebrantos. Sus especialidades no son el estudio de la filosofía política, ni los procesos de mercado, ni los fundamentos de los marcos institucionales.

Estamos claro refiriéndonos a empresarios genuinos, esto es, aquellos que para mejorar su situación patrimonial inexorablemente deben  satisfacer necesidades de su prójimo. No nos estamos refiriendo a los empresarios perbendarios que viven a expensas de la gente debido a los privilegios que obtienen merced a sus hediondas alianzas con el poder político de turno.

Debe también puntualizarse que los monopolios otorgados por los gobiernos sean estos privados o estatales constituyen siempre un problema grave puesto que venden a precios más elevados, calidad inferior o ambas cosas respecto a lo que hubiera ocurrido de no haber existido el privilegio de marras. Sin embargo, el monopolio que surge espontáneamente en le mercado como consecuencia de la preferencia del consumidor es siempre beneficioso. Más aun, esta última situación significa necesariamente un mejoramiento y un progreso ya que el monopolista de este tipo es quien fue pionero en alguna rama, lo cual ocurrió desde que se implantó el arco y la flecha que desplazó al garrote hasta los equipos electrónicos modernos o el descubrimiento de productos farmacéuticos innovadores.

Lo mismo va para los oligopolios o trusts que a los efectos prácticos y en este contexto deben analizarse como si fueran monopolios. Y es indispensable que los monopolios de esta naturaleza (si son considerados útiles ya que el monopolio de los tornillos cuadrados no parece que tenga futuro) resulten en precios elevados puesto que es la manera de atraer a otros operadores en el ramo. Tal es el caso,  por ejemplo, del primer cirujano que realiza un trasplante: sus honorarios deben ser muy jugosos a los efectos de atraer a otros profesionales al área en cuestión (si se controlaran sus honorarios se repetirían los siete efectos de los precios máximos que hemos visto más arriba con detenimiento).

Los ejemplos de situaciones extremas siempre están a la orden del día. Frente a una epidemia se sostiene que “por única vez” los aparatos estatales controlen precios de los medicamentos con lo que, reiteramos, habrán faltantes y se ahuyentará la inversión en ese reglón con lo que se estará matando más gente. Lo mismo se ha mantenido cuando ocurren terremotos devastadores que no solo termina con vidas sino que deja a muchas personas en la intemperie con lo que aparece la tentación de controlar los precios de venta y alquiler de vivienda sin percatarse que resulta indispensable la suba abrupta de precios,  precisamente para acelerar la reconstrucción, lo contrario condena a que la gente viva a la intemperie mientras los siempre escasos factores de producción se dirigen  a otros campos en verdad menos urgentes.

En resumen, el mecanismo de precios trasmite información fraccionada y dispersa que coordina la producción y cuando los aparatos estatales lo desarticulan indefectiblemente se producen desajustes sumamente perjudiciales, especialmente para los más necesitados quienes siempre son los que con más fuerza pagan los platos rotos. Hay sobrada experiencia en la materia como para volver a las andadas. El abuso significa una lesión al derecho pero nunca se traduce en el uso y disposición de lo propio que no lesiona derechos de terceros y menos aun si es como consecuencia de la inflación monetaria generada por gobiernos que no dan en la tecla. Es de desear que las medidas que consignamos al comienzo de esta nota queden sin efecto.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.