¿Qué es mejor, un ministro o seis ministros en economía?

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 24/7/16 en: http://economiaparatodos.net/que-es-mejor-un-ministro-o-seis-ministros-en-economia/

 

Macri quiere bajar la pobreza, la inflación y poner en funcionamiento la economía, pero no tiene un plan económico global que le permita alcanzar esos objetivos

A diferencia de otros presidentes, Macri optó por poner 6 ministros en el área económica. A saber, en Hacienda está Prat Gay, el ministro de Producción es Francisco Cabrera, el de Transporte Guillermo Dietrich, en Modernización está Andrés Ibarra, Energía José Aranguren y en Agricultura Ricardo Buryaile.

A diferencia de Macri, Memen delegó esa cartera en diferentes personas que ejecutaban una política económica determinada. Empezó ensayando con el plan Bunge y Born que fracasó a los pocos meses, luego probó con Erman Gonzalez, posteriormente llegó Domingo Cavallo con su equipo de colaboradores y en 1996 Roque Fernández reemplazó a Domingo Cavallo quien renunció al cargo. Es decir, tuvo un solo ministro fuerte en el área de economía.

Por su parte Néstor Kirchner aceptó tener como ministro de Economía a Lavagna, pero la prepotencia y las locuras económicas del entonces presidente hicieron que Lavagna renunciara y a partir de ese momento tanto él como Cristina Fernández tuvieron a ministros insignificantes. El ministro era Néstor Kirchner que no sabía nada de economía y no dejaba de cometer horrores económicos y luego Cristina Fernández siguió con el mismo esquema pero al final lo mantuvo a Kicillof que más que ministro era una especie de agitador político de barricada, acorde al perfil de la entonces presidente Cristina Fernández.

Si bien cada presidente puede optar por el esquema que más le agrade para el área de economía, mi impresión es que siempre es más conveniente tener una sola cabeza que tenga bien el claro el plan económico a seguir y, de esa manera, evitar contradicciones en el discurso o en la implementación de las medidas. Incluso en la secuencia de las medidas que deben ir tomándose y particularmente en con herencias tan terroríficas como las que dejaron los Kirchner.

Es frecuente que me pregunten si el esquema elegido por Macri respecto al área económica es correcto. Obviamente cada uno usa el sistema que más le gusta, de manera que esta es solo mi opinión. Mi punto de vista, pero lejos está de ser mi opinión la verdad revelada.

Algunos argumentan que Macri no quiere tener los líos que tuvo Menem con Cavallo cuando le renunció en 1996. No sé si esto es cierto o no, pero si uno elige un buen economista, me parece que uno solo resuelve el problema mejor que varios descoordinados.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, Ludwig Erhard implementó las reformas económicas que llevaron al milagro alemán. No fue el plan Marshall el que sacó adelante a Alemania, sino la política económica que aplicó Erhard a pesar de las restricciones que le ponían Adenauer y los aliados que estaban enamorados de los controles. Eran los tiempos del intervencionismo y el estatismo en Inglaterra con los laboristas.

En Chile, Hernán Büchi logró implementar las reformas económicas que llevaron al milagro económico chileno. O el caso de Ruth Richardson que logró otro milagro económico en Nueva Zelanda con profundas reformas pro mercado en la década de los 90.

En todos los casos fue un ministro de economía el que tenía el plan en la cabeza y lideraba el cambio comunicando muy bien a la población los beneficios de la política económica que aplicaba, al tiempo que el presidente lo apoyaba incondicionalmente.

Luego de 7 meses de gobierno de Cambiemos, todo parece indicar que no hay un plan económico o, más bien, el plan económico es el no plan. Esto significa que Macri sabe que quiere bajar la pobreza, la inflación y poner en funcionamiento la economía, pero no tiene un plan económico global que le permita dominar la terrible herencia k que recibimos y lograr los objetivos planteados. Es como si cada mañana trataran de resolver de a uno los problemas, lo cual los llevan a cometer errores no forzados, a mandar de a uno los soldados al frente de batalla con lo cual se los van liquidando de a uno y, además, genera incertidumbre en los agentes económicos, sobre todo los que tienen que invertir, ante la ausencia de un plan económico global y consistente.

Me parece que Macri trata de suplir la falta de un plan económico global con muchos ministros, suponiendo que cada uno le va a resolver los problemas de cada área y al final el problema global termina siendo resuelto por la acción de cada uno de sus ministros en forma aislada sin un plan preconcebido.

Todo parece indicar que más que aplicar un plan de reformas profundas, el presidente busca que varios ministros administren bien un sistema económico que por definición genera incentivos nefastos porque desestimulan el trabajo y la producción.

En síntesis, creo que la mejor opción es tener un solo ministro con un plan global que apunte a cambiar el nefasto sistema económico populista que se heredó.

Insistir con administrar “eficientemente” con varios ministros un sistema con incentivos nefastos, no es la opción que yo elegiría, porque un sistema con incentivos nefastos jamás va a transformarse en un sistema con incentivos positivos.

Un mal sistema económico no lo puede administrar eficientemente bien ni un ministro ni 6 ministros. Un sistema económico ineficiente hay que cambiarlo. Para eso se votó cambiemos.

PD: Por favor, no argumentar que no se puede cambiar de un día para otro. No digo eso en la nota. Solo resalto el rumbo a seguir sabiendo que llevará tiempo terminar con 70 años de populismo.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

LIBERALISMO CLÁSICO, CRISTIANISMO E ISIS

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 31/7/16 en: http://gzanotti.blogspot.com.ar/2016/07/liberalismo-clasico-cristianismo-e-isis_31.html

 

Los liberales clásicos y los libertarios siempre hemos sido partidarios de la libre entrada de capitales y de personas. Es una de las enseñanzas claves de Ludwig von Mises. Por ende siempre fuimos partidarios de la libre inmigración (de la libre emigración también, dado que últimamente no hay naaaaaaaaaaaaaaaaaaada que no tenga que aclarar……………………………….). Está en la esencia de los derechos individuales y es parte fundamental del libre mercado. Pero frente a los últimos acontecimientos que son de dominio público, frente al ISIS entrando a todos lados NO como un ejército, sino disfrazados de turistas cual mansas palomitas………….. ¿Qué queda de nuestra postura?

Esto es una ensalada de cosas que hay que aclarar y distinguir.

  1. Estamos hablando de estados-nación.

Muchos libertarios me van a decir que en una free-city no se puede entrar a la propiedad privada sin autorización del dueño. Pero me van a disculpar, estoy hablando del mundo actual, quelamentablemente derivó en los estados-nación actuales. Es allí donde proponemos que no haya aduanas y libre ingreso. Los que hemos estudiado a Mises incorporamos en el debate su distinción entre estado y nación, bien explicada en Liberalismo(1927) y Nation, State and Economy (1919), y que fue su solución cuando vio disolverse a su Imperio Austro-húngaro:nación como cultura unificada por un lenguaje, estado como unidad administrativa inter-cultural. Allí que él proponía la convivencia pacífica de naciones diferentes bajo un mismo estado. Eso no fue una utopía. Espontáneamente sucedió en los EEUU originarios y en la Argentina de fines del s. XIX, por ejemplo.

  1. Derechos in abstracto e in concreto.

Pero los derechos individuales tienen una definición in abstracto y, a la vez, una vida jurídica in concreto. Por eso siempre hay que ver la circunstancia histórica desde la que hablan los autores y por eso siempre he explicado desde dónde hablaba Mises. A parte de eso, lo que quiero decir es que todo derecho individual tiene una definición in abstracto (por ejemplo, la definición de libertad religiosa que da el Vaticano II) que funciona siempre como ideal regulativo (como aquello a lo cual la circunstancia histórica tiene que ir) pero, a la vez, vive concretamente en circunstancias jurídicas que, ya sean Common law (Hayek) o codificación, les marcan límites que siempre serán discutibles: lo importante es extender esos límites al ideal regulativo (como el proceso de mercado tiende a la coordinación total, SIN alcanzarla nunca).

Ahora bien, en ese sentido, si un derecho individual se enfrenta con una circunstancia histórica donde tiene jurídicamente un límite, el liberal clásico debe entender (hermenéuticamente) dicha circunstancia sin escandalizarse. Lo importante es que señale el ideal regulativo. Por ejemplo, si alguien dice que su libertad religiosa incluye el derecho a casarse con una niña de 8 años, lo lamentamos pero no: en el derecho de menores concreto de varios países, eso está prohibido y está muy bien. Nuestro conocimiento es limitado y por eso mismo está muy bien NO incurrir en un relativismo total y seguir las tradiciones de moralidad que nos parezcan correctas, jurídicamente concretadas, atendiendo siempre al harm principle de Mill.

Siguiendo esta misma línea, si por una guerra de terrorismo, como la que ISIS ha declarado, el derecho a la inmigración sufre alguna restricción, que la sufra. Podemos declarar abierta la frontera PERO lamentablemente podemos pedir pasaporte, antecedentes penales y visado únicamente a los que vengan de ciertos países, por ejemplo. Es lamentable pero no queda otra. Es la circunstancia que enfrentamos y que Dios nos juzgue.

  1. El terrorismo y el debido proceso.

Pero en esto se mezcla otro tema. Ante el terrorismo, sea islámico, ETA, ERP, Montoneros, Brigadas Rojas, etc., surge una pléyade de personas pidiendo el fin del debido proceso. La administración Buch ya lo hizo (siendo este el ejemplo más trágico de traición al Bill of Rights) ya lo hizo con la Patriot Act. Muchos argentinos en su momento apoyaron el método que propuso el Proceso y algunos aún lo siguen defendiendo. Ante eso volvemos a decir: no. La guerra NO da derecho a extra-limitarse en la legítima defensa. Por lo demás, una república democrática NO está indefensa: cuenta con recursos constitucionales ante situaciones de emergencia. La Constitución argentina de 1853, aunque violada e ignorada eternamente, establece las condiciones del estado de sitio, que NO incluye el asesinato, tortura o desaparición del enemigo. Claro, estamos hablando de las funciones de defensa militar del estado ante una guerra, que está en sus funciones legítimas, aunque ahora, en un país como el nuestro, totalmente inoperable. Las fuerzas armadas argentinas NO tienen ninguna capacidad operativa…

  1. El islam.

Por lo demás, volvemos a decir que no hay que demonizar a ningún grupo en general. Tampoco nadie de nosotros, creo, y yo menos, es experto en Sagradas Escrituras para afirmar que el Corán debe tener una interpretación necesariamente violenta. Claro, cualquier cosa se puede interpretar desde la violencia.Los grupos radicalizados de los teólogos de la liberación lo hicieron con las Escrituras Cristianas y nunca han pedido perdón. Así que el fanatismo religioso es una cosa y la religión, otra, y por lo demás, yo siempre diré del Islam lo que dice el Vaticano II en la Nostra aetate y nada más (ni nada menos). Lo que siempre agrego es: son ustedes, hermanos islámicos, los que deben ir hacia la libertad religiosa y la distinción entre Iglesia y estado (sana laicidad). Son ustedes los que deben recorrer el mismo camino intelectual que recorrió el Catolicismo hasta terminar en el Vaticano II. Nosotros, los liberales católicos occidentales, NO lo podemos hacer por ustedes. Pero: si lo hicieron, no parece. Y si no lo hacen, los que NO van a sobrevivir son ustedes.

  1. Europa y su des-cristianización.

Pero la Europa envejecida, indefensa, tonta, que vemos en este momento, no es fruto del Islam, sino de una ideología iluminista, anticristiana radical, que parece no aprender de sus errores. Europa tiene raíces cristianas. Negarlo conduce a su propia desaparición. Afirmarlo NO es caer en integrismos o clericalismos, NO es volver al Sacro Imperio. Es llegar naturalmente al Vaticano II, con libertad religiosa y distinción entre Iglesia y estado; es llegar a los discursos de Benedicto XVI en el parlamente inglés y alemán. Si dejaran de leer a Marx por un momento y leyeran todo eso, se enterarían de lo que hablo. Pero un reconocimiento de las raíces cristianas de Europa tiene que ser algo más que una declaración: tiene que ser un cristianismo que legítimamente reclame las libertades individuales del liberalismo clásico para afirmar su derecho a la libertad de enseñanza, de expresión, de asociación, sin ningún estado central que imponga las ideologías del género y la disolución obligatoria de las prescripciones cristianas sobre el matrimonio y la familia. Mucho sexo, droga y rock and roll han hecho olvidar el orden verdadero: matrimonio, sexo e hijos, en ese orden. Muchos casamientos, mucho sexo en el matrimonioy muchos hijos. Y por ende padres no imbéciles que sepan educar a sus muchos hijos en esos valores. De lo contrario, sí: esta Europa envejecida terminará siendo culturalmente superada por los pueblos que han sabido mantener el valor de los hijos. Así de simple.

  1. Conclusión.

 

Ni el liberalismo clásico es una utopía indefensa ante el terrorismo de ISIS ni el Cristianismo es hoy lo que son muchos cristianos adormecidos. La Iglesia, por lo demás, es indefectible para los creyentes; siempre ha respirado de la sangre de sus mártires y siempre ha sobrevivido a la vergüenza de muchos de sus miembros. Pero las civilizaciones, como tales, no son indefectibles. Occidente, ese maravilloso encuentro entre lo griego, lo romano y lo cristiano, puede desaparecer, por el olvido de sí mismo, por la banalidad y estupidez de sus supuestos líderes. Hoy, no sabemos qué pasará. Depende de nosotros. De todos nosotros.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

Políticas y “derechos sociales”

Por Gabriel Boragina: Publicado el 31/7/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/07/politicas-y-derechos-sociales.html

 

A veces se denomina “el estado social” a aquel estado-nación donde su política legislativa se orienta al establecimiento y jerarquización de los llamados “derechos sociales” instituyendo esta categoría como de rango superior a la de los clásicos derechos individuales. En alguna época ya pasada, aproximadamente entre los siglos XVIII y comienzos del XX, la noción de derecho se identificaba casi plenamente con la de los derechos individuales. No se concebía que la palabra “derecho” se refiriera a otra cosa. Fue cuando surgió la de los “derechos sociales” -que buscaban distinguirse de los individuales- cuando se hizo necesario aclarar, a todo instante, de qué clase de derechos se estaba hablando.

La expresión “derechos sociales” se impuso como una categoría que, no sólo pretendía separarse de la de los análogos individuales, sino que procuraba -por sobre todas las cosas- mostrarse como una “etapa evolutiva” desde estos hacia aquellos y –al mismo tempo- subordinar (y con el tiempo eliminar o suprimir) tales derechos individuales en pos de los “sociales” para siempre. Esta y no otra fue la pretensión del socialismo desde su aparición con los utópicos -como K. Marx los tildó- pasando por los socialistas “científicos” de este, hasta los actuales “socialistas del siglo XXI”.

Es por esta misma razón que, los países donde se ensaya el sistema comunista se declaran los “campeones” de los “derechos sociales”. Un buen ejemplo es el de Cuba, de la que se nos dice:

“Los mal llamados derechos sociales, se vinculan con la satisfacción de ciertos requerimientos propios de la vida humana, tales como salud, vivienda, educación, etc…..Quizás los dos ámbitos donde resulte más claro sean el educativo y el laboral. En el primer caso, el castrismo se jacta de un alto porcentaje de niños en las escuelas. Pero la realidad es que dichos establecimientos escolares son en primer lugar, instrumentos para controlar las ideas que estarán al alcance de los ciudadanos, e impedir que tengan acceso a otras, consideradas peligrosas. En el segundo caso, la estatización de la propiedad y el monopolio de la actividad económica, convierten al régimen en el único empleador, permitiéndole invocar el “pleno empleo” como una conquista social. Sin embargo, la dependencia de todos los ciudadanos de un único empleador y la consideración del desempleo o vagancia como manifestaciones de un estado de peligrosidad que se castiga con la prisión, buscan colocar a los ciudadanos bajo la dependencia económica absoluta del Estado.”[1]

Pero no ha de creerse que el concepto de “derechos sociales” exclusivamente triunfa en países de claro signo comunista. También lo hace mas solapadamente aunque en proporciones menores en otros lugares que se jactan orgullosamente de ser naciones “libres”. Algunos autores hacen una distinción importante entre las llamadas “políticas sociales” y los “derechos sociales”. El criterio de demarcación consiste en que una “política social” es una cuestión -en el fondo- meramente coyuntural. Confluye finalmente en una ayuda a personas o grupos que se catalogan como “necesitados” por parte de una autoridad. Pero este socorro es limitado, tanto en el tiempo, en el espacio, como en la cuantía de los recursos que se le otorgan a quienes se encuentran nominados para recibirlo.

La significación de “derechos sociales”, en cambio, tiene la misma base o motivación que las “políticas sociales”, pero con la muy importante diferencia que ya no se trata de una medida coyuntural limitada en el tiempo, en el espacio y en la cuantía de la ayuda a brindar. Sino que se plasma en una legislación que -por sus propias características- se halla destinada a pervivir en el tiempo y en el espacio, ofreciendo diversos tipos de ayudas -monetarias y en especie- a aquellos quienes, según la misma legislación tipifique, se encontraren cualificados para hacerse acreedores de los regímenes asistenciales que esas mismas leyes fundan:

“A comienzos del siglo XXI, en especial en el último gobierno de esta coalición, las políticas sociales tuvieron un matiz distinto teniendo un foco en la protección social. Con ello, varios subsidios y programas tendieron a entenderse como derechos sociales, incrementándose no sólo el nivel de asistencialismo sino también la cobertura de los programas y los montos de los subsidios, explicado principalmente por la reforma de pensiones. Las transferencias monetarias promedio por hogar para el primer decil entre el 2006 y 2009 pasaron de aproximadamente $55 a $105 dólares en el año 2011 (Henoch, Troncoso y Valdivieso, 2010).”[2]

A diferencia de las “políticas sociales”, los “derechos sociales” dan precisamente un “derecho” al reclamo por parte de aquellos que, no sólo se consideran sus beneficiarios sino que exigen que se los incluya en las nóminas de calificados para recibir los recursos del estado. Hay, pues, un giro cultural que hizo y hace que lo que anteriormente se tuviera como algo excepcional, limitado en tiempo, espacio y cuantía respecto de personas puntuales, se convirtiera y ampliara bajo el paraguas del rótulo “derechos sociales” en “otra cosa”, con el mismo fin, pero apuntando ya a un destinatario que aparece universalizado. Este nuevo enfoque cultural, que se ha apoderado de la mayoría de los países del mundo, hace que sean cada vez más las personas y los grupos sociales que se auto atribuyan la potestad de demandar su inserción dentro del amplio abanico de prestaciones asistenciales que -cada día más- ofrecen los gobiernos del mal llamado “mundo libre”. Como bien ha asentado de diversas ocasiones el profesor Alberto Benegas Lynch (h), los mal llamados “derechos sociales” o, como también se los designa a menudo, “conquistas sociales”, no son otra cosa, en realidad, más que pseudoderechos, que confunden (de manera deliberada o no) las que son simples necesidades con los verdaderos derechos.  Es hora de poner las cosas en claro de una vez y para siempre.

[1] Eneas Andrés Biglione “El embargo norteamericano al régimen castrista: Una perspectiva de Law & Economics”. Corporate Training. George Mason University. Diciembre 2009. Pág. 15-16

[2] Paulina Henoch I. y Rodrigo Troncoso O. “Transferencias Condicionadas en Chile: Una Positiva Evaluación al Programa Ingreso Ético Familiar” en Desarrollo económico y pobreza en América Latina. El rol de los Planes Sociales. Pág. 167-168

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Conclusiones sobre las Migraciones: son parte de la competencia institucional, buscan calidad

Por Martín Krause. Publicada el 28/7/16 en: http://bazar.ufm.edu/conclusiones-sobre-las-migraciones-son-parte-de-la-competencia-institucional-buscan-calidad/

 

Como parte del Índice de Calidad Institucional 2016, que prepare con la Fundación Libertad y Progreso, presentamos un informe sobre un tema de suma actualidad mundial: las migraciones. Una breve consideración primero y luego una evaluación de los temas que se debaten:

Refugiados

La primera conclusión es sencilla, y hasta obvia: refugiados e inmigrantes buscan dejar atrás aquellos países o jurisdicciones donde la mala calidad institucional da como resultado violencia, terror, hambrunas o pobreza; y pretenden alcanzar aquellos de mejor calidad institucional donde ésta permite la existencia de más y mejores oportunidades de progreso.

En definitiva es la verificación de una vieja ley de la economía: los recursos se trasladan en busca de sus usos más valiosos, y ese movimiento seguirá presente en tanto existan esas diferencias y hasta que desparezcan. Por supuesto, las cambiantes condiciones mantienen ese proceso en permanente movimiento, pero en el fondo con esa tendencia. En este caso, los seres humanos somos ese “recurso” productivo que se mueve buscando esas mejores condiciones. Si bien el estricto análisis económico focaliza su análisis en las diferencias de ingresos monetarios como el motor de esos movimientos, lo cierto es que tomamos nuestras decisiones en razón de una muy diversa variedad de motivos que nos impulsan a actuar para mejorar la situación en las que nos encontramos. Todas ellas, económicas o económicas, sea la búsqueda de mayores ingresos, de mejores oportunidades futuras, de paz y tranquilidad, de posibilidades educativas, de libertad religiosa, de mejor clima, de mayor sociabilidad, tienden a presentarse como más accesibles en los países que nuestro análisis muestra como de mayor calidad institucional.

Es que ésta es la que permite que estas condiciones existan. Por supuesto que hay algunas que son ajenas a la calidad institucional, tal el clima, por ejemplo; otras que a veces están más presentes en países de menor calidad institucional, tal como la sociabilidad; pero en términos generales la voluntad que manifiestan los migrantes para alcanzar estos países es la mejor señal de lo que están buscando.

Aunque muy lentamente, se produce a nivel global un proceso de competencia entre las distintas jurisdicciones de la que la salida y entrada de migrantes es un efecto y un indicador. La calidad institucional es un elemento fundamental en esa competencia y pone presión sobre los países, porque aquellos con buena calidad atraen recursos y los de peor calidad los expulsan, como a los migrantes. Parece haber una tendencia de largo plazo hacia una mejora de esa calidad institucional, aunque muchos eventos presentes o de un pasado cercano generan ciertas dudas y, sin dudas, retrocesos. Un proceso que parece impulsado por esa competencia. En el pasado, esa competencia tenía un contenido básicamente militar; con la llegada del capitalismo y la globalización es esencialmente comercial y económica. Aunque, como vemos, la primera no ha dejado de estar presente: los refugiados son el resultado de la competencia militar; los migrantes de la económica.

Cerrar las puertas a ambos limita esa competencia, arriesga reemplazar la competencia económica por la militar. Por cierto, el proceso no está exento de costos, pero podemos razonablemente esperar que continúe ejerciendo presión para lograr una mejora institucional en los países donde hoy no existe y mejoren así las oportunidades de progreso para sus habitantes.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

EL ESTADO ES EL VECINO

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Debe subrayarse con el mayor énfasis posible que cuando se dice que el Estado debe hacer tal o cual cosa son los miembros de la comunidad los que siempre y en toda circunstancia financian compulsivamente lo dicho con el fruto de sus respectivos trabajos. El elenco gobernante nunca pone nada de su peculio, más bien en no pocas oportunidades se lleva recursos públicos como si fueran de su pertenencia.

 

Hay una enorme hipocresía en todo esto, se parlotea como si el aparato estatal fuera un ente independiente y misterioso que genera recursos propios cuando en verdad todo lo que tiene lo ha succionado previamente de los bolsillos de la gente. Entonces, es más preciso, en lugar de insistir que el Estado debe financiar tal o cual cosa, decir que la gente debe hacerlo recurriendo a la fuerza para que lo lleve a cabo.

 

En la visión convencional desde Sidney y Locke hasta Robert Nozick, el monopolio de la fuerza que denominamos gobierno está circunscripto a la protección de los derechos de todos y lo demás no le incumbe ya que no debe jugar a un falso paternalismo. En lugar de declamar que el gobierno debe dedicarse a sacar recursos de la gente para entregárselos a otros (y frecuentemente quedarse con algunas diferencias), debería publicarse una lista voluntaria con los nombres de quienes consideran que hay que recaudar fondos y aportarlos directamente. No es pertinente recurrir a la tercera persona del plural para endosar el tema a otros sino utilizar la primera persona del singular y proceder en consecuencia y si quien propone el asunto no dispone de recursos suficientes que se ocupe de recabarlos.

 

Despegados de la referida visión convencional, ahora resulta que el aparato estatal debe inmiscuirse en todos los recovecos de la vida privada y administrar las haciendas ajenas como les venga en gana dando lugar a que mayorías circunstanciales se apoderen sin más de los bienes pertenecientes a las minorías con lo que la democracia degenera en mera cleptocracia.

 

Ahora como nunca antes los gobernantes sedientos de mayores ingresos se ponen de acuerdo entre ellos para dar caza a los patrimonios de la gente que pretende defender el resultado de sus denodados y legítimos esfuerzos a través de investigar cuentas bancarias e intentar eliminar el efectivo al efecto de martirizar a los gobernados. Todo por la creciente voracidad fiscal que incurre en procedimientos salvajes que en siglos no se han adoptado ni siquiera los sátrapas más extremos.

 

Y no se trata de los dineros malhabidos para lo cual muchos gobernantes constituyen un lamentable ejemplo de malversaciones, puesto que los fondos producto de quienes han atentado contra el derecho de otros deben ser castigados con todo el rigor necesario por la Justicia, en cambio, como queda dicho, se trata de dar caza al fruto del trabajo ajeno en base al llamado principio de nacionalidad en materia fiscal y otras manifestaciones de voracidad ilimitada que no contemplan que el principio de territorialidad es lo que corresponde y con la menor presión tributaria para cumplir con las funciones específicas de un gobierno republicano. Por su parte, los funcionarios de bancos privados operan según las omnicomprensivas disposiciones de la banca central con lo que esos funcionarios terminan siendo de facto empleados públicos en abierto contraste con lo que tradicionalmente ocurría con la banca privada. Hoy hasta puede esperarse que los llamados bancos privados bajen la persiana para que el sistema se quede con los depósitos de sus clientes tal como ha ocurrido en varios lares.

 

Todo esto no es en modo alguno hoy para proteger los derechos de la gente sino para conculcarlos en el contexto de una máquina infernal de gasto estatal, impuestos astronómicos y deuda pública sideral. Un Leviatán que todo lo atropella a su paso. Es imperioso reaccionar contra esta operación pinzas contra las libertades individuales antes de que la antiutopía orwellinana cierre su círculo fatal.

 

En otros términos, resulta que la gente debe proteger sus patrimonios de los constantes manotazos de los gobiernos en lugar de sentirse cubiertos en sus haciendas por la entidad que teóricamente se ha establecido para garantizar los derechos de los gobernados. Nos hemos retrotraído a la época de los faraones. El poder político en lugar de estar estrictamente limitado en sus funciones para garantizar Justicia y seguridad (lo cual en general no hace), ha avanzado en terrenos y jurisdicciones impropias de una sociedad abierta con lo que se ha arrogado facultades ilimitadas para entrometerse en las vidas y las propiedades de quienes en verdad se han convertido en súbditos, al tiempo que abandonan aquellas funciones primordiales.

 

Se torna insoportable una sociedad que se constituye como un inmenso círculo donde todos tienen metidas las manos en los bolsillos del prójimo a través de los permanentes subsidios cruzados que disponen los gobiernos.

 

Resulta trascendental comprender que es un peligroso espejismo el sostener que puede atacarse impositivamente la inversión sin que eso afecte el nivel de vida de los más necesitados. Hay una conexión directa entre uno y otro plano de ingresos. Los salarios en términos reales dependen exclusivamente de las tasas de capitalización , es decir, de la inversión per capita. No es para nada el resultado de algún voluntarismo propuesto por un decreto gubernamental ni por el deseo de tal o cual empleador, todo lo cual resulta del todo irrelevante a los efectos del referido salario.

Cuando aumentan las tasas de capitalización se incrementa la productividad con lo que el mercado laboral está obligado a subir salarios si se quiere mantener el trabajo manual e intelectual en operaciones. Esta es la diferencia central entre países que progresan y países que se estancan o retroceden: maximizar el ahorro interno y el externo para lo cual se requiere contar con marcos institucionales que respeten el derecho de cada cual.

 

En la media en que se establezcan impuestos que gravan la capacidad contributiva de modo directo como los impuestos a las ganancias, a los bienes personales, a la trasmisión gratuita de bienes y similares se está amputando el volumen de inversiones con lo cual se está, simultáneamente, reduciendo salarios en términos reales. Paradójicamente, esta política nefasta se ejecuta en nombre de los pobres cuando, precisamente, se los está esquilmando.

 

Empeora la situación cuando los aparatos estatales se empeñan en redistribuir ingresos, esto es, volver a distribuir por la fuerza lo que se realizó previamente de modo voluntario en el supermercado y afines. La política redistribucionista intensifica el derroche de capital puesto que inexorablemente se dirige a campos distintos de los que se hubieran asignado si los arreglos contractuales se hubieran respetado.

 

A este cuadro de situación se agrega la manía de la guadaña que apunta al igualitarismo que aniquila todos los incentivos para contribuir al mejoramiento de las estructuras de capital y se exterminan las ventajas de la división del trabajo y la consecuente cooperación social. En lugar de aprovechar la bendición de que cada persona es diferente con lo cual se saca partida recíproca de diversos talentos y conocimientos, se pretende uniformar en la miseria, proyecto que de llevarse a cabo convierte hasta la simple conversación en un aburrimiento colosal.

 

En general no se comprende el significado del mercado y se lo asimila a una cosa lejana a la vida de las personas en lugar de percatarse que todos somos el mercado puesto que se trata ni más ni menos de las millones de transacciones que diariamente tienen lugar desde que nos levantamos a la mañana hasta que nos acostamos a la noche (y durante la noche puesto que la cama, las sábanas y las frazadas han sido objeto de transacciones, para no decir nada del propio domicilio sea fruto de un contrato de alquiler o de compra-venta). Por eso, cuando se alude peyorativamente al “fundamentalismo de mercado” no se percibe que es lo mismo que hablar del “fundamentalismo de lo que la gente desea”.

 

Probablemente nada haya más peligroso y contraproducente que las llamadas “conquistas sociales” que apuntan (por lo menos en la articulación de discursos en campañas electorales) a mejorar los ingresos de la gente por una simple resolución gubernamental. Si esto fuera posible, sin duda que habría que lanzar un jugoso decreto para hacernos a todos multimillonarios y no andarse con timideces. Lamentablemente las cosas no son de esta manera y los aumentos por decreto barren del mercado laboral a los que más necesitan el empleo. No hay coartadas posibles,  como queda dicho, la inversión es lo que permite elevar salarios.

 

Y no se trata de alegar sobre la “desigualdad en el poder de contratación” puesto que lo abultada o lo debilitada de las respectivas cuentas corrientes no cambian el resultado de los ingresos percibidos ya que, nuevamente reiteramos, se debe a las tasas de capitalización. No se trata tampoco de “estimular el consumo” ya que no puede consumirse lo que no se produjo y la mayor producción proviene en gran escala de abstenerse de consumir para ahorrar e invertir. No es posible poner el carro delante de los caballos. No se puede comenzar por el final.

 

No se diga tampoco que el Estado debe proceder en esta o aquella situación para demostrar “solidaridad”, lo cual es un verdadero insulto a la inteligencia ya que la muy encomiable actitud solidaria se sustenta en actos voluntarios realizados con recursos propios. El que le arranca la billetera a un vecino para entregársela a un menesteroso no ha llevado a cabo un acto caritativo sino que ha perpetrado un atraco.

 

En resumen, en lugar de embarcarse los gobiernos en reducir el astronómico gasto público, de abrogar regulaciones que asfixian a la gente, de eliminar y simplificar la maraña impositiva y reducir la presión tributaria y clausurar la posibilidad de la deuda pública externa al efecto de no comprometer patrimonios de futuras generaciones que no han participado en la elección del gobierno que contrajo la deuda y solo contraer la deuda pública interna indispensable, en lugar de todo ello decimos, los gobiernos se alían para exprimir a los gobernados de todas las maneras posibles, mientras los distintos tipos de corrupciones gubernamentales están a la orden del día ya que constituye una corrupción alarmante el mero hecho de la extralimitación del poder puesto que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.