Algo más sobre la apropiación de YPF:

Por Enrique Aguilar: Publicado el 25/4/12 en: http://www.elimparcial.es/america/algo-mas-sobre-la-apropiacion-de-ypf-103239.html

Fue el político y pensador alemán Ferdinand Lassalle (1825-1864) quien, cuestionando las definiciones jurídicas y formalistas en uso, señaló que una Constitución es apenas una “hoja de papel” cuando no es reflejo de los factores reales de poder imperantes en una sociedad.

La expresión viene a cuento a raíz de la confiscación de la empresa petrolífera YPF o, más precisamente, del 51 % de su paquete accionario que estaba en manos de Repsol, hecha en nombre de “la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”, según reza el título del proyecto enviado al Congreso.

La aprobación se da por descontada y los grandes bloques mayoritarios han anticipado su voto positivo. Muchos de los que votarán a favor son los mismos que, en su momento, avalaron la privatización. En cualquier caso, más allá de la inconsistencia, la lección que deja todo este asunto es, entre otras, que tanto la Constitución como los derechos y garantías que en ella se consagran se han visto una vez más mancillados por un gobierno que, en esta oportunidad, cuenta con la adhesión explícita de algunos partidos que históricamente invocaron esos mismos derechos y garantías como principios orientadores de sus programas. (“Ser radical es ser republicano y la base de la república es el respeto a la ley. Ninguna política sectorial es más importante”. Lamentablemente, este concepto vertido en un comunicado de dirigentes de la Unión Cívica Radical no es compartido por otros tantos miembros del partido que darán apoyo a la ley.)

Un extemporáneo nacionalismo “rentré” pudo más que la Constitución y que las reglas del debido proceso. Tal vez ni siquiera eso. Tal vez todo se reduzca a un mero cálculo político, a la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento que preserven el “modelo” o, de parte de la oposición, al temor de contradecir una decisión que, a juzgar por los sondeos, es avalada por un importante porcentaje de la población.

En una reciente resolución, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que “Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia y Nicaragua enfrentan un patrón de adversidades comunes a manos de presidentes arbitrarios e intolerantes que buscan acallar a la prensa crítica”. Quiérase o no, al avalar la confiscación de YPF, la oposición también quedará pegada a esa arbitrariedad y a una manera de gobernar que considera que la Constitución, en palabras de Lassalle, es meramente una hoja de papel.

Enrique Edmundo Aguilar es Doctor en Ciencias Políticas. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la UCA y Director, en esta misma casa de estudios, del Doctorado en Ciencias Políticas. Profesor titular de teoría política en UCA, UCEMA, Universidad Austral y FLACSO,  es profesor de ESEADE y miembro del consejo editorial y de referato de su revista RIIM.

Impuestos, desempleo, y fraude

Por Carlos Rodríguez Braun: Publicado el 28/4/12 en http://www.larazon.es/posts/show/impuestos-desempleo-y-fraude

La lucha del Estado contra el fraude, al revés de lo parece, suele ser un señuelo. Se trata de revestir de mérito lo que es un vicio, de presentar como valiente lo que es cobarde. Así, cuando los políticos, esos socialistas de todos los partidos, alegan que van a luchar contra el fraude fiscal, lo que hacen es ocultar que, como a ellos les conviene más subir los impuestos que bajar los gastos, entonces subirán los impuestos a pesar de que es lo peor que se puede hacer ante una crisis económica; pero los subirán y lo intentarán tapar con la excusa de la intensificación de la lucha contra el fraude fiscal, como si aquí el fraude fiscal se produjera por la maldad humana y no por los impuestos; como si el asunto a resolver radicara en los que no pagan impuestos y no en los que efectivamente los pagamos, y cada vez más.

Otro tanto sucede con el plan contra el fraude en el ámbito del empleo y la Seguridad Social, aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Todo el plan traslada la responsabilidad a los ciudadanos, como si el paro y el fraude no tuvieran nada que ver con las autoridades. Veamos los objetivos del plan: afloramiento de la economía sumergida;  evitar fraudes en el acceso a prestaciones públicas, principalmente por desempleo; lograr que todas las empresas den de alta a sus trabajadores; y combatir los supuestos de aplicación y obtención indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y de otros incentivos relativos a las políticas de empleo. Es decir, no hay el más mínimo reconocimiento de que el paro no es culpa de la gente sino de la Administración, y de que el fraude es incentivado por la misma Administración que de cuando en cuando, y para distraer la atención, decide combatirlo.

El Dr. Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.

 

¿QUÉ LES PASA A LOS HOMOSEXUALES?

Por Gabriel J. Zanotti: Publicado el 22/4/12 en http://www.gzanotti.blogspot.com.ar/

Se preguntarán a qué me refiero. Muy simple. Ultimamente, si alguien dice que no está de acuerdo con la homosexualidad, así, in abstracto, prácticamente es denunciado penalmente. Pero, ¿dónde queda la libertad de expresión? ¿Qué nueva persecución, o inquisición, es esta?

Creo que se confunden varias cosas.

Una cosa es acusar a alguien de un delito. La homosexualidad no es delito. Luego, nadie que esté en contra de la homosexualidad acusa a nadie de nada.

Otra cosa es juzgar la conciencia del prójimo. Tampoco. Yo puedo estar en desacuerdo con “lo que Juan hace”, esto es, el contenido de su acción, pero ello no implica que juzgue la conciencia de Juan, que, como dice bien el art. 19 de la Constitución Argentina, queda sólo reservada a Dios.

Otra cosa es caer en un típico delito por calumnias e injurias, esto es, afirmar que alguien cometió algún delito; nuevamente, es la misma confusión. Decir “no estoy de acuerdo con la homosexualidad”, o juzgarla contraria al bien moral según la religión o cosmovisión donde me encuentre, no es calumniar a nadie.

Tampoco es discriminación en sentido legal. La discriminación negativa (porque siempre hay que discriminar en el sentido de distinguir) consiste en prejuzgar a alguien o juzgarlo en su desempeño profesional por algo externo a ese desempeño, como la religión, el sexo, la nacionalidad o la orientación sexual (lo que hace el estudio jurídico en la película “Philadelphia”, por ejemplo). Pero entonces un juicio moralmente negativo sobre la homosexualidad en sí misma, nada tiene que ver con discriminar. Por ejemplo, yo puedo considerar que la homosexualidad está moralmente mal pero ello no me autoriza a no aceptar, por ejemplo, homosexuales en las fuerzas armadas.

Excepto, claro, que sea un trabajo para el cual se requiera que no se presente a la homosexualidad como algo positivo, por ejemplo, un profesor de catequesis en una escuela católica. Ello es ejercer la libertad religiosa, nada más ni nada menos. No es atentar contra los derechos de nadie.

Y, finalmente, nuestros juicios negativos moralmente respecto a varias cosas (no sólo la homosexualidad) no nos tienen que llevar a no amar, a no respetar, a no comprender, a no dialogar, con los que piensen y actúen diferente, porque en ese caso demostramos que realmente no tenemos idea de lo que es amar, respetar, comprender y dialogar. Lo más importante de todo ello es precisamente con el diferente, no con el igual.

Por ende, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo?

¿O tenemos que pensar todos igual?

¿O será que no hay conciencia de lo que significan realmente la libertad de expresión y la libertad religiosa?

Gabriel J. Zanotti es Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA).  Es profesor full time de la Universidad Austral y en ESEADE es Es Profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE.

El límite está en la economía

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 21/4/12 en http://www.economiaparatodos.com.ar/ver_nota.php?nota=3443
 
La expropiación de YPF es solo un paso más de un gobierno que avanza sin límites sobre los derechos de propiedad y el orden republicano. La indiferencia de la gente frente a estos avances hace pensar que el límite está en la economía.
Si bien el gobierno no deja macana por hacer en materia de política económica, hay que reconocer que esas macanas apuntan a sostener su poder político. Hoy vemos como, encandilada por televisores, autos y celulares, una mayoría relativa le otorgó un cheque en blanco a Cristina Fernández que, por ahora, lo sabe usar muy bien. No porque esté generando políticas sustentables de largo plazo, sino porque está acumulando un poder que anula el sistema republicano y tiende a una autocracia cada vez más marcada.
Cristina Fernández tiene el monopolio de la fuerza. Muy pocos confían en la justicia y el parlamento está controlado por sus seguidores que votan sin chistar cuanto proyecto de ley le envía el Ejecutivo. En definitiva, Cristina Fernández detenta hoy un poder casi absoluto. Ese poder absoluto determina que aquellos que no comparten la política del gobierno tengan miedo de hablar. No digo en público solamente, sino por teléfono. Por mi profesión de asesor económico son muchas las charlas telefónicas que tengo y la gente tiene pánico a ser escuchada por miedo a tener sus teléfonos intervenidos. Hasta en los mails se observa ese temor. La gente se siente observada y controlada. La impunidad con que se mueve el gobierno puede llegar a límites inconcebibles. ¿Será cierto que en la Secretaría de Comercio, a los empresarios que van a tramitar un permiso de importación, los atiende el Sr. 12, 34, o 17? ¿Será cierto que no dan a conocer sus nombres y se manejan con números?
Lo concreto es que Cristina Fernández interpreta que el 54% de los votos que obtuvo en octubre pasado la autoriza a utilizar esa mayoría circunstancial para imponer leyes que pueden ser sancionadas por el Congreso pero que no tienen legitimidad. Y cuando digo que no tienen legitimidad quiero decir que una ley, por más que sea votada por la totalidad de los miembros de la Cámara de diputados y senadores, no pueden violar el derecho a la libertad y a la propiedad. Nadie decide pertenecer a una sociedad para ser sometido como un esclavo por el monopolio de la fuerza del Estado.
Las personas están dispuestas a sacrificar parte de sus ingresos y mantener un Estado para que éste defienda sus derechos, no para que los viole. El problema se presenta cuando, ya estando dentro de la sociedad, una mayoría relativa le otorga poderes a una persona para que use el monopolio de la fuerza a su antojo, por más que los fundamente en leyes ilegítimas, y someta a la población con el monopolio de la fuerza que le fue delegado para otra cosa. Y en este punto insisto una y otra vez: las leyes votadas por una mayoría no son legítimas cuando violan los derechos de las personas.
La estatización de YPF, más allá de si cumplió con las inversiones comprometidas o no, es solo un paso más en ese contante avance del Estado sobre la propiedad privada y explica la fuga de capitales que tiende a acelerarse. Basta con ver como escaló el dólar contado con liquidez para advertir que la gente entró nuevamente en pánico ante esta arremetida estatizadora. Puesto en otros términos, la estatización de YPF es otro paso más en la aplicación de políticas que buscan sostener el poder político del gobierno aún violando el derecho de propiedad.
Recordemos que los intentos por avanzar sobre los derechos de propiedad incluyen a la fallida 125, la confiscación de los ahorros en las AFJP, la apropiación de reservas del BCRA y luego la reforma de la Carta Orgánica, la prohibición de ejercer toda industria lícita como es la de importar o vender los bienes que uno produce al precio de mercado y mil formas más de intervencionismo y estatismo.
Cristina Fernández sabe que solo puede sostenerse en el poder si mantiene económicamente conforme a unos 10 u 11 millones de electores. Si uno mira la última elección, sobre 28,7 millones de electores, Cristina Fernández obtuvo 11,6 millones de votos que representan el 40% del electorado. Es decir, entre los votos en blanco, los impugnados y los que no van a votar, Cristina Fernández necesita el apoyo de unos 10 millones de personas para alzarse con la victoria. El resto, por una oposición incompetente, por desidia de la gente o lo que sea, queda sometida a los caprichos del kirchnerismo.
Debo reconocer que buena parte de la oposición tampoco se diferencia tanto de las propuestas kirchneristas. Puesto en otros términos, ofrece una especie de kirchnerismo bueno. Basta con ver cómo van a votar por la estatización de YPF y sus discursos en los medios para advertir que tampoco es que ofrecen una propuesta tan diferente. El gran interrogante es si existe demanda para una propuesta totalmente diferente. Me pregunto si prendería en el electorado un discurso que hable de la cultura del trabajo, de lo denigrante que son los llamados planes sociales, de las ventajas de participar del comercio internacional e integrarse al mundo, de los beneficios de la competencia, de la seguridad jurídica para atraer inversiones y generar más puestos de trabajo, en fin ¿prenderá en el electorado un discurso sobre la libertad que debe imperar en un país para que pueda desarrollarse la capacidad de innovación de la gente y de esta forma progresar? Francamente no tengo una respuesta categórica al respecto. Por ahora me inclino a pensar que esos 10 millones de votantes están más cómodos recibiendo una asignación universal por hijo, un subsidio, el empresario PYME feliz de no tener que competir con productos del exterior y grandes empresarios haciendo suculentos negocios con el Estado…hasta que se convierten en enemigos.
Lo cierto es que la base de apoyo de Cristina Fernández, que le permite arremeter contra la propiedad privada y atemorizar a la gente con el aparato de compulsión del Estado, es mantener relativamente tranquilos a esos 10 millones de votos que le otorgan la mayoría dada lo impresentable de la oposición y sus divisiones y vedetismos.
Si se acepta la tesis de los 10 millones de votantes conformes, entonces, lo que cabe esperar es que, ante la creciente escases de recursos para mantener contento a esos 10 millones de electores, en el futuro veamos nuevas confiscaciones y avances sobre los derechos de propiedad. Los que producimos todos los días en base a nuestro esfuerzo sin privilegios ni subsidios, tendremos que redoblar nuestro trabajo para sostener a esos 10 millones de personas. Y creo que la tarea va a ser agotadora porque al esfuerzo diario se le agregará las trabas que impone el Estado con su intervencionismo y creciente apriete fiscal.
El único límite que le veo al poder absoluto que ostenta el kirchnerismo, es la economía. En la medida que no se generan los recursos necesarios para mantener contento a los 10 millones que viven a costa de los que producen, el escenario político y social puede complicarse seriamente para el gobierno. Ellos saben que solo pueden seguir con este atropello institucional solo si redoblan continuamente la apuesta expoliando a los que producen y confiscan flujos e ingresos en nombre de la solidaridad social y la soberanía nacional.
El gran interrogante es el siguiente: ¿cómo reaccionaría el kirchnerismo ante un escenario de descontento social si cada vez hay menos recursos para repartir? ¿Utilizará la fuerza pública para disciplinar a los descontentos acentuando al autoritarismo o buscará alguna salida decorosa denunciando conspiraciones que no los deja gobernar?
Francamente no tengo la respuesta al interrogante del párrafo anterior, pero lo que sí me queda claro es que, por ahora, el único límite que le veo a esta destrucción de la república es la economía. Si la economía no les financia la fiesta de consumo, se acaba el apoyo de los 10 millones para los que gobierna el kirchnerismo.
Seamos sinceros, si bien es necesario insistir en el valor de las instituciones y los beneficios de un gobierno limitado, a la inmensa mayoría de la población poco le interesa ese tema. El bolsillo manda a la hora de votar. Por lo tanto, reconozcamos que el kirchnerismo leyó muy bien el comportamiento de la mayoría de los argentinos y actuó en consecuencia para construir su poder en detrimento de la democracia republicana.     
En definitiva, como el límite está en la economía, me parece que antes de perder el apoyo de los 10 millones de votantes veremos nuevos avances sobre los derechos de propiedad y las libertades individuales. Salvo que obre un milagro, se vienen tiempos difíciles.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA)y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Borrachera de patrioterismo nacionalista:

Por Mario Vargas Llosa: Publicado el 19/4/2012 en: http://pda.elpais.com/index.php?module=elp_pdapsp&page=elp_pda_noticia&idNoticia=20120419elpnepopi_13.Tes&seccion=opi

La expropiación del 51% del capital de YPF, propiedad del grupo Repsol, decidida por el gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner, no va a devolver a la Argentina “la soberanía energética”, como alega la mandataria. Va, simplemente, a distraer por un corto período a la opinión pública de los graves problemas sociales y económicos que la afectan con una pasajera borrachera de patrioterismo nacionalista, hasta que, una vez que llegue la hora de la resaca, descubra que aquella medida ha traído al país muchos más perjuicios que beneficios y ha agravado la crisis provocada por una política populista y demagógica que va acercándolo al abismo.

Las semejanzas de lo ocurrido a Repsol en Buenos Aires con los métodos de que se ha valido el comandante Hugo Chávez en Venezuela para nacionalizar empresas agrícolas e industriales son tan grandes que parecen obedecer a un mismo modelo. Primero, someterlas a un hostigamiento sistemático que les impida operar con normalidad y las vaya empobreciendo y arruinando y, luego, cuando las tenga ya con la soga al cuello, “quedarse con ellas a precio de saldo”, como ha explicado Antonio Brufau , el presidente de Repsol, en la conferencia de prensa en la que valoró en unos ocho mil millones de euros el precio de los activos de la empresa víctima del expolio. Durante algunos años, la opinión pública venezolana se dejó engañar con estas “recuperaciones patrióticas” y “golpes al capitalismo” mediante los cuales se iba construyendo el socialismo del siglo XXI, hasta que vino el amargo despertar y descubrió las consecuencias de esos desafueros: un empobrecimiento generalizado, una caída brutal de los niveles de vida, la más alta inflación del continente, una corrupción vertiginosa y una violencia que ha convertido a Caracas en la ciudad con el más alto índice de criminalidad de todo el planeta.

Desde hace algún tiempo el gobierno argentino multiplica estas operaciones de distracción para compensar mediante gestos y desplantes demagógicos la grave crisis social que ha provocado él mismo con su política insensata de subsidios al consumo, de intervencionismo en la vida económica, su conflicto irresuelto con los agricultores y la inseguridad que han generado su falta de transparencia y constantes retoques y mudanzas de las reglas de juego en su política de precios y de reglas para la inversión. No es sorprendente que la inflación crezca, que la fuga de capitales, hacia Brasil y Uruguay principalmente, aumente cada día y que la imagen internacional del país se haya venido deteriorando de manera sistemática.

Primero fue la guerra contra los diarios más prestigiosos del país, LA NACION y Clarín, con acusaciones y amenazas que parecían preceder su secuestro y clausura -espada de Damocles que aún pende sobre ellos, pese a lo cual ambos órganos han mantenido valerosamente su independencia- y, luego, más recientemente, la resurrección del tema de las Malvinas. En la reciente cumbre de Cartagena la presidenta Fernández de Kirchner experimentó una seria decepción al no obtener de sus colegas latinoamericanos el aval beligerante que esperaba, pues éstos se limitaron a ofrecerle un apoyo más retórico que práctico, temerosos de verse arrastrados a un conflicto de muy serias consecuencias económicas en un continente donde las inversiones británicas y europeas son cuantiosas. Inmediatamente luego de ese fracaso ha venido la expropiación de Repsol, el nuevo enemigo que la jefa del Estado argentino lanza a las masas peronistas como ominoso responsable de los males que padece el país (en este caso, el desabastecimiento energético). Mínimas victorias en una guerra perdida sin remedio.

En verdad, los males que padece ese gran país que fue la Argentina -el más próspero y el más culto del continente desde fines del siglo XIX hasta mediados del XX- no se deben a la prensa libre y crítica ni al colonialismo británico ni a las empresas extranjeras que trajeron sus capitales y su tecnología al país creyendo ingenuamente que éste respetaría la legalidad y cumpliría con los contratos que firmaba su gobierno, sino al peronismo, que, con su confusa ideología donde se mezclan las más contradictorias aportaciones, el nacionalismo, el marxismo, el fascismo, el populismo, el caudillismo, y prácticamente todos los ismos que han hecho de América latina el continente pobre y atrasado que es. Hay un misterio, para mí indescifrable, en la lealtad de una porción considerable del pueblo argentino hacia una fuerza política que, a lo largo de todas las veces que ha ocupado el poder, ha ido empobreciendo al país, malgastando sus enormes riquezas con políticas demagógicas, azuzando sus divisiones y enconos, destruyendo los altísimos logros que había alcanzado en los campos de la educación y la cultura, y retrocediéndolo a unos niveles de subdesarrollo que había dejado atrás antes que ningún otro país latinoamericano. No se necesita tener dotes de profeta para saber que la expropiación de Repsol va a acelerar esta lamentable decadencia.

Lo peor de todo es que el daño que esta injustificada medida significa no afecta sólo a la Argentina, sino a América latina en general, sembrando la desconfianza de los inversores sobre una región del mundo que, desde hace algunos años, ha emprendido en general, con pocas excepciones, el camino de la sensatez política, optando por la democracia, y del realismo económico, abriendo sus economías, integrándose a los mercados del mundo, estimulando la inversión extranjera y respetando sus compromisos internacionales. Y con resultados magníficos como los que pueden exhibir en los últimos años países como Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, buena parte de América Central y México, en creación de empleo, disminución de la pobreza, desarrollo de las clases medias y consolidación institucional. En vez de seguir este modelo exitoso, la señora Fernández de Kirchner ha preferido enrolarse en el catastrófico paradigma del comandante Hugo Chávez y sus discípulos (Nicaragua, Bolivia y Ecuador).

Por fortuna, no toda la Argentina vive hechizada por los cantos de sirena populistas del peronismo. Dentro del propio partido de gobierno hay sectores, por desgracia minoritarios, conscientes del giro antimoderno y antihistórico que ha venido adoptando el gobierno de la señora Fernández de Kirchner y de las consecuencias trágicas que tendrá ello a la corta o a la larga para el conjunto de la sociedad. En la dividida oposición ha habido en estos días, por fortuna, algunas voces lúcidas para oponerse a la euforia nacionalista con que fue recibida la noticia de la expropiación de Repsol, como la del alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien declaró: “La expropiación nos endeuda y nos aleja del mundo. En un año estaremos peor que hoy”.

Es un augurio muy exacto. Los problemas energéticos de la Argentina no son la falta de recursos, sino de tecnología y, sobre todo, de capitales. Como el país carece de ellos, debe traerlos de afuera. Y, con este precedente, no será fácil convencer a las empresas grandes y eficientes de que vuelquen sus esfuerzos en un país que acaba de dar un ejemplo tan poco serio y responsable frente a sus compromisos adquiridos. A la Argentina le van a llover las demandas de reparación ante todas las cortes e instituciones de comercio internacional y sus relaciones no sólo con España sino con la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, se han vuelto ahora conflictivas. Todo este riesgo ¿para qué? Para gozar por unos días de la grita frenética de las bandas de piqueteros eufóricos y de las loas encendidas de una prensa servil. ¿Valía la pena?

Dentro de la América latina de nuestros días, lo ocurrido con Repsol tiene un curioso sabor anacrónico, de fuera de época, de reminiscencia rancia de un mundo que ya desapareció. Porque la verdad es que, de México a Brasil, aunque haya todavía enormes problemas que enfrentar -entre ellos, los principales, los de la corrupción y el narcotráfico-, parecía ya superada la época nefasta del nacionalismo económico, del desarrollo hacia adentro, del dirigismo estatal de la economía que tanta violencia y miseria nos deparó. Parece mentira que tan horrendo pasado resucite una vez más y nada menos que en el país de un Sarmiento, un Alberdi y un Borges, que fueron, cada uno en su tiempo y en su campo, los adalides de la modernidad.

Mario Vargas Llosa es Premio Nobel de Literatura y Doctor Honoris Causa de ESEADE.

Dios no es fascista:

Por Alejandro Tagliavini: Publicado el 23/4/12 en: http://www.laprensa.com.ni/2012/04/23/voces/98862-dios-no-fascista

Y como no es fascista, claramente, Cristina Kirchner no es dios por mucho que lo intente. La característica del fascismo es que utiliza, de manera extrema, el monopolio de la violencia que se arroga el Estado para “organizar” a la sociedad. Santo Tomás decía que el cosmos fue creado por Dios con un orden (el “natural”) que se ve en la sabiduría con que se desarrolla la naturaleza, y aquello que contrariaba lo natural y lo voluntario era la violencia siempre destructiva y jamás justa, ya que justo es aquello que se “ajusta” a su naturaleza. Peor, va directamente contra Dios, es el mal, el “diablo”.

 La soberbia del hombre, que se rebela contra la naturaleza, tiene su manifestación filosófica en el racionalismo que cree que la razón humana es dios y puede diseñar un “orden” social que, al no darse naturalmente, espontáneamente, tiene que imponerlo violentamente, con el poder de policía. Ahora, cuando este “orden” empieza a fracasar (ya que la violencia destruye), como la soberbia impide una corrección, suele aumentar la violencia para someter lo que naturalmente se les va rebelando. El caso de la expropiación de YPF es un buen ejemplo.

 El fascismo peronista, que cree que puede crear un “orden” superior al mercado natural, impuso al sector energético muchas regulaciones (coacciones en base al poder de policía) como, por caso, un “precio máximo” de US$$42 el barril cuando el precio internacional es de 108. Irónicamente, dicho sea, el precio al público era alto (20 por ciento superior al de EE. UU.), debido a los impuestos que, recordemos, se recaudan coactivamente.

 El resultado obvio fue que las empresas dejaron de invertir, por falta de rentabilidad, dadas estas regulaciones y Argentina, que era exportadora de energía, pasó a importar. En 2003 todavía conservaba una balanza comercial energética favorable de US$$4,864 millones, desde entonces las importaciones aumentaron 1,600 por ciento provocando un déficit, en 2011, de US$$2,931 millones. Y es verdad que YPF casi no invertía. Entre 1999 y 2011 sus utilidades netas sumaron US$$16,450 millones, de los cuales se repartieron, entre los accionistas, 13,246 millones. Pero, ¿quién invertiría frente a tan baja rentabilidad?

 Pero la soberbia, lejos de reconocer su fracaso, insiste en imponerse aplicando aun más violencia, entrando con la Policía a la sede de YPF, expropiando y echando a sus directores, lo que empeorará las cosas. Además del conflicto, interior y exterior al país, y de la ineficiencia (debido a que se manejan con criterios políticos, coactivos, y no en el mercado voluntario) de las empresas de los políticos (“empresas estatales”), esto endeudará a un gobierno con escaso crédito. Solo la inversión necesaria en YPF sería de unos US$$12,000 millones en tres años, cifra astronómica para Argentina, además de otros 12,000 millones en 2012 para importaciones hasta completar el supuesto autoabastecimiento y los US$$13,000 millones que exige Repsol como compensación por la expropiación.

 Como es imposible que sean dioses, los violentos terminarán autodestruyéndose, de modo que es cuestión de paciencia y responderles con paz, porque si se le hace con violencia (coacción, ergo, con menos libertad) se les justificará. El gobierno español cometería error si contesta al neofascismo con medidas coactivas, por el contrario, debería bajar impuestos y dar más libertad a sus empresas, de modo que puedan soportar mejor la violencia.  

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Un escenario en el fondo previsible:

Por Enrique Zuleta Puceiro: Publicado el 23/4/12 en:  http://www.cronista.com/contenidos/2012/04/23/noticia_0068.html

La decisión del gobierno nacional de asumir en todos sus aspectos el control total de la política de autoabastecimiento de hidrocarburos debe ser interpretada en el contexto del nuevo ciclo de políticas de emergencia que vive el país. La intervención de YPF y la ocupación casi por la fuerza de todas sus oficinas, dependencias, archivos, redes de comunicaciones recordaron a algunos observadores interesados procesos similares que, en muchos momentos y lugares del mundo, sirvieron de punto de partida de procesos de redefinición drástica del papel del Estado en la vida social. Tal vez por ello, gran parte de la prensa nacional se sumó a la promoción del clima de confrontación absoluta que procuraron imponer casi todos los protagonistas del proceso.
No ha sido ese, sin embargo, el talante básico con que una amplia mayoría de la sociedad argentina recibió una noticia sorpresiva pero, por muchas razones, deseada y en el fondo previsible. La expropiación cierra un proceso breve y accidentado de gestión privada nunca entendida del todo por la sociedad argentina.
La privatización de YPF jamás contó, en efecto, con dosis de consenso equivalentes a las del resto de los servicios públicos. Una visión retrospectiva de la evolución de los niveles de apoyo de las reformas iniciadas a principios de los años 90 demuestra con claridad que los mayores consensos se produjeron respecto de los servicios públicos domiciliarios de carácter universal, sobre todo teléfonos, distribución de gas y electricidad, agua y saneamientos urbanos. Las infraestructuras y servicios no universales debieron en cambio imponerse en un clima de debate y suspicacias. Tal fue el caso de la construcción y mantenimiento de rutas, los servicios de correos, o los puertos, aeropuertos y concesiones de transportes.
La exploración y explotación privada de petróleo y gas fue siempre resistida y no por una suerte de fundamentalismo mágico nacionalista, sino por el rechazo de la mayor parte de las fuerzas políticas tradicionales, los viejos y nuevos movimientos sociales y la opinión mayoritaria de técnicos y especialistas. Salvo la opinión de un grupo reducido de economistas y empresarios, en general primó una visión defensiva y hostil a los diversos episodios que jalonaron la desnacionalización. La escasa transparencia de los procedimientos y decisiones adoptadas rodearon siempre a YPF de un barniz de sospecha, más que suficiente para explicar el actual clima de opinión.
La presencia universal del Estado en un sector pensado desde siempre como estratégico fue una demostración viva y permanente de la rara e inexplicable singularidad del caso argentino. Los resultados del experimento español convocaron un rechazo poco menos que absoluto. Bastó que el gobierno lo reconociera y encabezara la reacción reparadora para que los indicadores de consenso se dispararan con la contundencia que revelan los datos disponibles.
De acuerdo con los resultados del monitoreo nacional llevado a cabo por la consultora OPSM sobre sucesivas muestras nacionales en los últimos días, un 91% de la población ha venido siguiendo con interés y detalle los avatares del caso YPF. Un 75,6% se manifiesta de acuerdo con la expropiación de la mayoría accionaria de la compañía. La resistencia a la medida se limita a un 18,3%, porcentaje donde el rechazo absoluto llega apenas a un 3,7% de la población. Se trata de una aceptación clara en cuanto al contenido y objetivos del paso del gobierno aunque dividida respecto de los métodos y procedimientos. Un 42,1% hubiera preferido una negociación en buenos términos con Repsol, en tanto que un 51.8 refrenda el método escogido. Un porcentaje importante de la población espera consecuencias negativas en las relaciones con España (65,2%) y con el resto de los países desarrollados (49,4%).
Los porcentajes de expectativas de mejora de la situación de la nueva YPF alcanzan proporciones cercanas o superiores al 70% en temas clave como la capacidad de inversión, desempeño técnico, resultados económicos y sobre todo contribución del nuevo esquema al autoabastecimiento energético. Los puntos que suscitan mayor debate son los referidos a la capacidad de gestión estatal. Una aceptación amplia pero cautelosa. Aun así, un porcentaje de 73,1% se confiesa optimista respecto al futuro de YPF, aun cuando la cifra sea algo menor al evaluar la política energética en general (66,5%). El clima de época -por cierto no exclusivo de la Argentina-, la búsqueda de mayor protección estatal y el fracaso de las recetas privatizadoras explica que un 62% reclame mayor intervención estatal en otros sectores estratégicos. Sin embargo, se reconocen y asumen los riesgos del conflicto y los costos seguros de toda reacción de emergencia.
Para una amplia mayoría, el fin no justifica los métodos. Sin embargo los excusa en una coyuntura que ofrece muy pocas opciones, como la que se reconoce estar viviendo. Toda una carta de navegación compleja y sofisticada para iniciar un trayecto en la que el punto final parece estar bastante más claro que el trayecto elegido. Las dificultades están a la vista y está aún por comprobarse la capacidad de los diversos actores, tanto públicos como privados, para adaptarse a un nuevo mundo, pleno de desafíos y cambios irreversibles.

Enrique Zuleta Puceiro es Profesor de la UBA, Sociologo y miembro del Consejo directivo de ESEADE.