Enrique VIII: El líder despótico

Por Luis del Prado:

 

El 2 de julio de 1613 (fecha en la que se incendió accidentalmente el Globe Theater de Londres) se estaba representando en su escenario “La famosa historia de la vida del Rey Enrique VIII”, de William Shakespeare, una de sus últimas creaciones. El drama narra todo un entramado político, social y religioso, por el que desfilan un sinfín de personajes, mostrando los acontecimientos de un período de la vida del rey Enrique VIII. La obra comienza en el momento de la destitución del Duque de Buckingham y se cierra con el nacimiento de Isabel, fruto de la relación del Rey con su segunda esposa, Ana Bolena. A lo largo del texto se describen las caídas en desgracia de la Reina Catalina de Aragón y del Cardenal Wolsey y se pinta el fuerte cambio político y sobre todo religioso que se produce en Inglaterra partir de la ruptura con el Vaticano. Shakespeare detiene la descripción de la vida de Enrique VIII en el momento del nacimiento de su hija Isabel, probablemente para evitar mencionar la decadencia del Rey y la inestabilidad política que volvió a aparecer en Inglaterra, derivada del divorcio del Rey y el casamiento con Ana Bolena. Al no mencionar los hechos posteriores, la obra concluye con la gran esperanza que supone el nacimiento de la princesa Isabel. Si bien la ruptura con la Iglesia de Roma generó conflictos importantes, el poder del Rey se reafirmó frente a su pueblo. Por otra parte, no puede dejar de mencionarse que el público de las obras de Shakespeare era testigo que Isabel I se había convertido en una gran reina, que produjo el desarrollo industrial y el crecimiento económico del país, y cuyo mito se agigantó con la victoria sobre la Armada Invencible española, hecho que convirtió a Inglaterra en la principal potencia marítima europea. Seguramente influido por una cuestión patriótica y religiosa, Shakespeare culmina la obra sin menciones elogiosas a María Tudor, primogénita del Rey, católica y con su lealtad dividida entre Inglaterra y España, la patria de su madre Isabel la Católica. A lo largo de esta obra, Shakespeare suaviza de manera evidente la oscuridad de este período de la historia inglesa (la reforma religiosa, las persecuciones, las ejecuciones de dos de sus esposas, etc.), seguramente motivado por no desagradar a su principal empleadora, la Reina Isabel I. Enrique VIII nació en 1547 y fue el segundo hijo de Enrique VII e Isabel de York. Se convirtió en el heredero de la corona debido a la prematura muerte de su hermano mayor, Arturo. Como era común en los príncipes del Renacimiento, había recibido una excelente formación humanista, hablaba francés, latín y español, componía poesía y pequeñas obras musicales y era un destacado deportista, aficionado a la caza y a las justas caballerescas.
Fue mecenas de varios artistas y pensadores europeos que acudieron a su corte. Entre los logros políticos de su reinado, se destacan la anexión a Inglaterra del País de Gales y de Irlanda. Enrique sucedió a su padre en 1509 y fue coronado a los 18 años de edad. Ese mismo año se casó con la viuda de su hermano Arturo, Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos (Isabel y Fernando). Para poder celebrar ese casamiento, en esa época era necesaria una dispensa del Papa para revocar el “impedimento de afinidad”.1 El permiso del Papa fue concedido porque se afirmó que el matrimonio de Catalina con Arturo no había sido consumado, debido a la muerte de este último con solo quince años de edad. La relación entre Catalina y Enrique era de profundo entendimiento, tanto a nivel personal como político, hasta que surgió el problema de la sucesión. Catalina tuvo numerosos embarazos, pero la única sobreviviente fue su hija María. No existía impedimento legal alguno para que las mujeres accedieran al poder cuando no había varones en la línea de sucesión, pero la ausencia de un heredero varón era considerada un peligro para la continuidad de la dinastía. En el interín, Enrique fue seducido por una de las damas de la reina, Ana Bolena. Tomás Bolena quería mejorar la posición social de su familia, y no encontró mejor manera que alentar a su hija mayor María a tener un romance con el Rey. Enrique se cansaba pronto de sus amantes, por lo que Tomás Bolena tuvo que recurrir a su otra hija, Ana, quien estaba residiendo en la corte francesa. Ana logró el objetivo de seducir al Rey y quedó embarazada. En ese momento, Enrique VIII le planteó al Cardenal Wolsey la necesidad de divorciarse de Catalina y casarse con Ana para evitar que su futuro hijo fuera un bastardo. Wolsey fue el encargado de tramitar la anulación del matrimonio frente al Papa Clemente VII. El dilema que enfrentaba el Rey consistía en que los medios que tenía que utilizar para asegurar la continuidad de la dinastía eran contrarios a las leyes del Dios que lo había ungido en el trono. Enrique, determinado a conseguir su objetivo, utilizó el mismo argumento que esgrimió para poder casarse veinte años atrás con la viuda de su hermano, pero exactamente al revés. Un formidable ejemplo de “relato” para acomodar los hechos a su conveniencia. Enrique somete la cuestión a un tribunal canónico (obviamente manipulado por Wolsey) para determinar que había “vivido en pecado” durante todo su matrimonio con Catalina, ya que la unión no era legítima por la consumación del matrimonio previo con Arturo. La anulación del matrimonio lo dejaría en libertad para poder casarse con Ana.

1 En el Levítico del Antiguo Testamento, se afirma que “quien se case con la mujer de su hermano, será castigado y no podrá tener hijos”
Catalina no se doblegó, ya que, además de muy inteligente era una mujer sumamente determinada y estaba segura de su legitimidad como esposa y como madre. Por ello no aceptó la propuesta del Cardenal Wolsey que implicaba la reclusión de por vida en un monasterio. El reclamo de justicia de Catalina se ubica en el contexto de un sistema misógino, en el cual una mujer infértil podía ser condenada a muerte. Esta negativa colocó al Papa en una situación delicada, ya que estaba siendo presionado por Inglaterra para anular el matrimonio y por España para no hacerlo. Cabe mencionar que el Rey de España, Carlos V, era sobrino de Catalina y, además, Emperador del Sacro Imperio Romano. Ante la demora de los trámites y al comprobar que el Vaticano no accedería a su pedido, Enrique, ante la inminencia del nacimiento de su hijo, decidió romper con la Iglesia Católica Romana, repudiar a Catalina y casarse con Ana Bolena. Para no ofender a la Reina Isabel I, Shakespeare describe a Ana Bolena como una joven humilde, sin pretensión alguna de poder y gran admiradora de la Reina Catalina. Otros autores, como por ejemplo Calderón de la Barca (autor de “La Cisma de Inglaterra”), la muestran como un ser ambicioso, altivo y sin escrúpulos cuya vanidad y arrogancia la llevan a seducir al rey y ponerlo en contra de Wolsey y de Catalina. El Papa excomulgó a Enrique y este respondió con el Acta de Supremacía, por la que se declaraba la independencia de la Iglesia Anglicana, bajo la soberanía del rey, que se convertía en “Jefe Supremo de la Iglesia de Inglaterra”. Enrique dictó una serie de decretos en los que se acusaba de alta traición y castigaba con la muerte a todos aquellos que no reconocieran este hecho. Enrique en realidad no deseaba la ruptura con Roma, ya que había buscado por todos los medios encontrar otra solución, pero lo traicionó su temperamento, sumado a la pasión que sentía por Ana y a la necesidad política de un heredero varón. Antes del cisma, Enrique había apoyado fuertemente al Vaticano en contra de Lutero, e incluso el Papa le había otorgado el título de “Defensor de la Fe” por un escrito realizado por el rey, en contra del credo luterano. Este hecho es un punto de inflexión que marca el inicio de la transformación de Enrique de un Rey brillante, culto y carismático a un soberano arbitrario, despótico y gobernado por sus pasiones.

Enrique VIII tuvo tres hombres de confianza a lo largo de su reinado: el Cardenal Wolsey, Thomas Cromwell y Tomás Moro. En el caso de los dos primeros, Enrique se dio cuenta muy tarde que se trataba de personas manipuladoras, astutas, intrigantes, ambiciosas y vengativas. Tomás Moro, por el contrario fue un ejemplo de servidor honesto y virtuoso.
Con el caso del Cardenal Wolsey, Shakespeare muestra que la ambición es una tentación de la condición humana que, llevada a un extremo, convierte en víctimas a los demás y termina destruyendo al ambicioso. Wolsey fue abusivo en el cobro de impuestos, arrastró al Rey al deshonor por incumplir pactos políticos, se enriqueció indebidamente y eliminó a sus enemigos con calumnias. Todo ello lo condujo a su propia ruina. Hay muchos ejemplos en la obra que ponen de manifiesto la fragilidad del poder, que nunca es eterno, aunque los personajes no son conscientes mientras están en la cima de la gloria. Existen innumerables ejemplos de personas que ocupan cargos muy importantes y se consideran insustituibles, de un día para el otro pierden su posición y su poder. Rolf Breintenstein2 llama a esto “el síndrome del Cardenal Wolsey”. El Cardenal fue el hombre de confianza del Rey Enrique VIII durante un largo período. Hacía y deshacía a voluntad. Promovía a sus favoritos y castigaba duramente a sus enemigos. Además, era un administrador muy eficiente y talentoso, lo que reforzaba el favor del Rey. Pero en algún momento, Wolsey se olvidó que el poder efectivo lo tenía el Rey y perdió de vista que, a pesar de su enorme poder, seguía siendo solo un empleado. Wolsey pensaba en realidad que él no dependía del Rey, sino el Rey de él, ya que nadie sabía dirigir los asuntos del reino tan bien como el Cardenal. En ese contexto, las personas suelen excederse y descuidarse. Sus numerosos enemigos le tendieron una trampa y le hicieron llegar al Rey dos documentos muy peligrosos: un informe sobre la fortuna personal de Wolsey y su correspondencia privada con el Papa, el gran adversario del monarca. Este leyó los documentos y le retiró la confianza a Wolsey en cuestión de segundos. Para el Cardenal supuso el despido y la incautación de sus bienes y escapó de milagro al castigo usual en esa época: la decapitación en la Torre de Londres. Un momento de revelación dio por tierra con años de confianza. La imposibilidad de conseguir la anulación del matrimonio del Rey, contribuyó de manera decisiva a la caída en desgracia del Cardenal, quien fue sustituido en su cargo por un querido amigo del Rey: Tomás Moro. Moro era un humanista de refinada cultura, amigo personal de Erasmo de Rotterdam, uno de los padres de la historiografía inglesa y autor de la célebre Utopía, uno de los textos fundamentales de la filosofía política. A partir de esta obra, la palabra “utopía” se incorporó a todas las lenguas europeas.

2 Breintenstein, Rolf. (2000). Shakespeare para managers. Plaza y Janés Editores. Barcelona, España.

También fue uno de los mejores abogados nacidos en Inglaterra, cuyos conocimientos jurídicos y sentencias despertaron la admiración de los colegas de su época e incluso hasta nuestros días, al punto de ser el santo patrono de los abogados, gobernantes y políticos. Hombre de fuertes convicciones religiosas, Moro también fue fiel a sus compromisos terrenales: como humanista, diputado, abogado especialista en derecho marítimo y comercial, juez, embajador, consejero real, esposo y padre de cuatro hijos. En menos de 25 años, de 1504 a 1529, pasó de miembro del Parlamento a Lord Canciller del Reino de Enrique VIII. Fue el primer laico que ocupó la más alta dignidad pública de Inglaterra. Dimitió al día siguiente de que el clero inglés se sometiera definitivamente a la supremacía del rey sobre la Iglesia, alegando motivos de salud. Pero la razón más profunda pasaba por el hecho de no estar dispuesto a que el poder temporal usurpara la primacía de la verdad. Consciente de que su decisión le acarrearía un sin fin de dificultades personales y familiares, Moro reunió a su mujer, hijos y yernos para adelantarles el incierto panorama que les aguardaba y las penurias económicas en las que vivirían en el futuro cercano. Moro intuyó lo que se le venía encima. Pero no estaba dispuesto a permitir que nada ni nadie rompiera la unidad y la paz de su familia. Todas las personalidades más influyentes y las instituciones acabaron doblegándose a la voluntad de Enrique VIII. Aceptaron su divorcio de Catalina, las segundas nupcias del rey y la escisión de la Iglesia inglesa de Roma. Todos, salvo el Obispo Fisher y Tomás Moro. Conociendo el temperamento impulsivo del rey, nadie dudaba de que el rechazo al juramento podía costarle una larga prisión o la vida. No sería la primera vez. Pero Moro fue coherente con su habitual forma de proceder. Todos le pidieron que firmara el Acta, incluso su familia. Moro amaba la vida, como la ama cualquier ser humano. Pero amaba a Dios por encima de todo. Thomas Cromwell (quien sería su sucesor) le exigió que jurara el Acta de Sucesión. Moro la examinó con atención y por dos veces rechazó el juramento. “Si lo hago”, dijo Moro, “expongo mi alma a la condenación eterna”. Enrique no admitió el rechazo de su ex-consejero, porque creía que una sola excepción estaría dando “ocasión para que todo hombre rehúse la integridad del texto o su contenido”. Ningún súbdito inglés podía cuestionar el segundo matrimonio del rey. Moro pasó cuatro días custodiado y rechazó una vez más el juramento. Finalmente, fue encarcelado en la Torre de Londres. Moro padeció mucho en prisión por las incomodidades y las restricciones que tuvo que soportar, pero su espíritu permaneció alegre, lo que le permitió bromear con su familia y amigos cuando le permitían verlos. Moro negó los cargos de la acusación y denunció al procurador general por perjurio. Sabía que iba a morir, pero no quería darles ningún pretexto. Al ser interrogado si
reconocía, aceptaba y consideraba al rey como cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, se negó a dar una respuesta directa, declarando: “No quiero tener nada que ver con esto, porque he tomado la firme decisión de dedicarme a las cosas de Dios y meditar sobre su Pasión y sobre mi paso por esta tierra”. El jurado lo declaró culpable y lo condenó a ser colgado en las horcas de Tyburn. Sólo entonces, con toda la agudeza jurídica de la que era capaz, Moro declaró públicamente la ilegitimidad del Acta de Supremacía. Después de algunos días, Enrique cambió la sentencia, decretando que muera decapitado en Tower Hill. El martes 6 de julio de 1535 tiene lugar la ejecución. El hacha sólo pudo cortarle la cabeza, expuesta luego en una picota en lo alto del Puente de Londres durante un mes. Fue el único modo que tuvo Enrique VIII de apoderarse de ella. Sin embargo, el rey no pudo apropiarse de la conciencia del que había sido su colaborador más cercano y su representante directo. Enterrado su cuerpo en la capilla de San Pedro ad Vincula, su espíritu permanece vivo entre los hombres, porque eligió ser fiel a Dios y a su conciencia. La hoja afilada del verdugo le arrancó la cabeza de un solo tajo, le cercenó el pulso, interrumpió los latidos de su corazón. Pero en el mismo momento que rodaba por el suelo del patíbulo la cabeza del “gran traidor”, se alzaba la vida eterna de su espíritu. Tras su muerte, comenzó en Inglaterra la destrucción más despiadada de cualquier vestigio de su existencia. Enrique VIII y Cromwell estuvieron a punto de conseguirlo. Pero no contaban con la profunda huella que Moro había dejado entre la gente del siglo XVI. Chapuys, el embajador español en Londres, escribió a Carlos V llamando a Moro “santo mártir”. El pueblo londinense tejió pronto la leyenda de su Lord Canciller, que culminó en el teatro en tiempos de Isabel I, la hija de aquella mujer por la que Enrique le cortó la cabeza. La onda expansiva trascendió la isla británica y se desbordó por todo el mundo, hasta nuestros días. En 1886, el Papa León XIII lo beatificó y en 1935, Pío XI proclamó santo “al laico Tomás Moro”.

El principal beneficiario de la caída de Tomás Moro fue Thomas Cromwell, un abogado sumamente ambicioso de origen humilde que supo servir con fidelidad al Cardenal Wolsey y ubicarse cada vez más cerca del círculo de confianza del Rey Enrique. Cromwell fue un ejemplo del hombre de confianza que no tenía escrúpulos y que estaba dispuesto a hacer el trabajo sucio para poder trepar en la escala social. Cromwell ejecutó la orden de disolución de los monasterios (para hacerse de sus bienes) y llevó a cabo el proceso de Tomás Moro y de la familia Bolena, cuando cayeron en desgracia. También fue responsable de las gestiones que colocaron a la familia Seymour en un lugar privilegiado de la corte, a partir del casamiento del Rey con Jane, su tercera esposa. Su caída se inició por la prisa con la que había impulsado a Enrique VIII para que se volviera a casar con Ana de Cleves después de la muerte prematura de Jane Seymour. La boda tenía como indisimulado objetivo hermanar a las dos ramas de la Reforma protestante: la anglicana y la luterana. Pero resultó que a Enrique le repelía físicamente su nueva esposa hasta el extremo de no poder consumar el matrimonio. Tras seis meses de casados, el enlace fue anulado y la furia real cayó sobre Cromwell. Thomas Cromwell había hecho numerosos (y poderosos) enemigos en sus años al servicio de la corona. En primer lugar, por su ferviente apoyo a la Reforma y la disolución de monasterios católicos, que lo había enfrentado a los sectores más tradicionalistas. Y, sobre todo, por lo que los nobles consideraban un imperdonable arribismo: hijo de un modestísimo herrero, tras graduarse en Derecho había ido ascendiendo por la escala social gracias a su inteligencia y, también, a sus acciones corruptas, siendo sucesivamente parlamentario, abogado de la corte, consejero real y finalmente secretario de Estado. Así las cosas, cuando sus oponentes vieron la oportunidad de derrocarlo merced al “asunto Ana de Cleves” la aprovecharon y fabricaron una serie de acusaciones contra él: traición, herejía y corrupción. Cromwell fue arrestado, encerrado en la Torre de Londres y condenado a muerte, y Enrique VIII, cegado por la ira, dio el visto bueno a los cargos y no atendió su petición de una audiencia. Más tarde, Enrique se lamentó de su decisión (tal como ocurrió con Wolsey y Moro) con esta frase: “Con el pretexto de algunas ofensas insignificantes, dejé que mataran al sirviente más fiel que tuvo el rey”.

La grandeza de Shakespeare radica, además de la belleza de su lenguaje, en su capacidad de transmitir que los seres humanos somos muy complejos, y detrás de las apariencias, hay razones que ocultamos a los demás y a nosotros mismos. Así, el lector de Enrique VIII, encontrará que existen muchos motivos entrecruzados que subyacen “por debajo” del discurso “aparente” de los personajes. Uno de estos asuntos es el temor a la usurpación del trono y el deber de asegurar la continuidad de la dinastía. En el siglo XVI aún no había desaparecido el temor a un posible usurpador. Los padres de Enrique, (Enrique VII de Lancaster e Isabel de York) habían logrado pacificar al país al unir sus linajes, que durante muchos años se habían disputado el trono durante sangrientas guerras civiles, siendo la Guerra de las Dos Rosas la última de ellas. La unión dio origen a una nueva dinastía: los Tudor. Enrique VIII hereda un reino en relativa tranquilidad, pero tenía el mandato de asegurar la continuidad de la dinastía por medio de un heredero varón. Tal como mencionamos anteriormente, este hecho desencadena la trama y el proceso de transformación del protagonista. Al escribir sobre Enrique VIII, Shakespeare no hace hincapié en sus comportamientos negativos ni en sus excesos, hechos que puntualiza en la vida de los reyes anteriores. Quizás la causa sea que el contexto histórico era distinto. Enrique VIII no era un rey medieval, sino renacentista y, en esta época, el poder absoluto de la monarquía se había impuesto en todo el continente europeo.
Los reyes renacentistas perdieron parte del simbolismo religioso de los reyes medievales, pero, por el contrario, aumentaron su poder terrenal y sus decisiones no podían ser discutidas. Harold Bloom3 afirma que: Shakespeare tuvo más libertad para hablar del pasado que de un rey más cercano en el tiempo. Además, de esta forma, logra proyectar en la mente de sus contemporáneos una reflexión sobre los errores del pasado que no deberían repetirse en el presente

Enrique es un claro ejemplo de alguien que disponía de todos los requisitos para ser un gran gobernante: educación, recursos, buenos consejeros, carisma, alianzas, etc. Y de hecho lo fue durante muchos años pero, a partir de su propia debilidad y de la obsesión por el heredero varón, acabó transformándose en un déspota. El miedo es el elemento esencial de un líder despótico. El miedo induce a desconfiar de todo el mundo y a jugar un perpetuo juego de ocultamientos; se ocultan las propias emociones y los valores creando relatos que justifican los desvíos morales y los actos aberrantes. Entre las personas que forman parte de estos círculos perversos suelen darse tres comportamientos bastante típicos: el resignado, el temeroso y el colaboracionista. El temeroso funciona como un sujeto inmaduro que necesita depender de otro. En un sistema absolutista como era la monarquía, no había espacio para trasgredir ni para disentir. Cuanto más fuerte es la cultura, más incómodo es no sumarse a ella. Como dice Aristóteles: “No existe opinión, por absurda que sea, que los hombres no hayan adoptado rápidamente cuando se les consigue persuadir de que es aceptada por la mayoría”. El resignado sufre en silencio por tener que cometer actos que reprueba. El colaboracionista es, sin duda, el comportamiento más vil y peligroso. Puesto en la necesidad de obedecer, se lleva a cabo la tarea con entusiasmo, delatando a sus pares y tratando de obtener alguna ventaja por el camino. Thomas Cromwell es un perfecto ejemplo de este comportamiento. Como reflexión final, la siguiente: Enrique no era alguien de naturaleza perversa que abusó del poder desde el instante que accedió a su posición. Por el contrario, fue un buen líder hasta el momento en que una situación límite puso de manifiesto que en su “árbol de liderazgo” lo que se veía en la superficie aparecía lozano, pero las raíces bajo tierra estaban podridas.

3 Bloom, Harold (1998). Shakespeare, the invention of the human”. Riverhead Books. New York, USA

 

Luis del Prado es Doctor en Administración. Es profesor y rector de ESEADE. Es consultor y evaluador en temas de educación superior, en el país y en el extranjero.

Gasto, inflación y Keynes

Por Gabriel Boragina Publicado  el 28/5/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/05/gasto-inflacion-y-keynes.html

 

Cada uno de nosotros, cuando se ve enfrentado a la necesidad de incurrir en gastos, debemos observar -como primera medida- cuál es la cuantía de los recursos que disponemos. Es decir, es en función de nuestros ingresos previos que estaremos en condiciones de determinar qué cantidad de dinero podemos destinar al gasto. Sin embargo, los gobiernos no operan en este sentido, sino en el inverso: fijan primero su meta de gastos, y -en función de esta- deciden cuántos recursos deben recaudar de los mal llamados “contribuyentes” para poder cubrir los gastos decretados. La razón por la cual los gobiernos pueden actuar de este modo (y ninguno de nosotros puede hacer lo mismo) radica en que, mientras los particulares hemos de obtener nuestras entradas ofreciendo antes algo a cambio a otra persona que valorice lo que ofertamos, y sólo después, si la contraparte acepta el trato, podremos lograr el tan ansiado ingreso, los gobiernos se ven eximidos de seguir este proceso, por la sencilla razón de que todos ellos (al establecer el imperium de la ley) están facultados -mediante su concurso- a extraer las sumas que necesiten por medio de la fuerza a los inermes e indefensos ciudadanos.

“Pareciera que la economía política de los gobiernos es tal que el gasto público siempre aumenta cuando aumenta la recaudación impositiva y cuando se puede emitir más. Nunca se reduce el déficit fiscal aumentando la recaudación, pues esto supone que los gastos son constantes y la experiencia indica que esto no es así. Por ejemplo en estudios que el autor de este libro hizo para un país cuya recaudación fiscal dependía en 80% del precio del petróleo, se tomaron todos los años en que el precio del petróleo aumentaba y, por otro lado, todos los años en que esos precios bajaban. Observamos que la correlación entre gasto y recaudación impositiva era muy alta en los años de alza en la recaudación. También observamos que la correlación era muy baja (los gastos no bajaban) en los años de baja en la recaudación. Esa asimetría, no se evita con la existencia de la Caja pero se reduce substancialmente pues de otra manera esta conducta fiscal lleva a la larga a la devaluación (como sucedió en el país de referencia). La caja pone más disciplina pues en los años en que la recaudación baja no se puede emitir y no queda más remedio que aumentar el endeudamiento o bajar los gastos.”[1]

El autor citado, partidario de la caja de conversión (a ella alude cuando se refiere simplemente a “la caja”) explica con meridiana claridad cómo operan los gobiernos en materia de gasto público, el que no lo hacen depender -ni exclusiva ni enteramente- de la recaudación fiscal (como en sana política económica debería de ser) sino que lo manejan como una variable autónoma, y cuya “lógica” parecería ser la “necesidad” de ir siempre en aumento, sin importar el medio por el cual se financie ese gasto público. En otras palabras, nos explica que, cuanto mayor era la recaudación también así lo era el gasto, pero el alto nivel de este no se veía en absoluto afectado en los casos donde la recaudación disminuía. En este último supuesto, los gobiernos lo que hacen no es bajar el gasto (como deberían hacerlo) sino buscar otros medios para financiarlo. Y ya hemos visto que los mecanismos a los que echa mano para esto último son la emisión monetaria, más impuestos, o directamente inflación. Pero, sabemos de sobra que estas tres últimas medidas (en realidad podrían resumirse en dos, ya que la inflación no es más un impuesto solapado) no solucionan sino que agravan los efectos del alto gasto público, produciendo fuertes distorsiones en la economía toda.

“Los análisis empíricos se concentraron en poner a prueba la estabilidad de la demanda de dinero aun en situaciones de gran inestabilidad como las grandes inflaciones pues, recordemos que el gran desafío de Keynes era su hipótesis de que la demanda por dinero era inestable. Él proponía como una función más estable la función consumo, diciendo que existía una relación estable entre el consumo nominal y el ingreso nominal. También decía que la propensión marginal a consumir era, en circunstancias como las de Estados Unidos en los años treinta, muy pequeña y por lo tanto el estado tenía que gastar para aumentar la propensión al gasto de la economía en total. Luego de muchas controversias se ha llegado a una mezcla donde las teorías modernas toman en cuenta el dinero y su demanda, pero no ignoran la política fiscal ni la importancia del gasto público. Cuando hay inflación los países se acuerdan de Friedman y cuando hay recesión se acuerdan de Keynes y, cuando la situación es más o menos normal, los economistas juegan en el medio campo.”[2]

Como ya hubiéramos examinado en otra ocasión, Keynes suponía que las recesiones (como la de los años 30 que fue -en gran parte- la que inspiró su teoría) se “solucionaban” recién cuando el gobierno irrumpiera en la economía incrementando el gasto público, para lo cual cualquier medio que este utilizara era “válido”. Su negación de la “Ley de Salidas” de Jean B. Say, y la de los valiosos aportes de los demás economistas clásicos le impido ver su craso error. El aumento del gasto público importa tanto como un alza de la demanda y -a su turno- una consiguiente elevación de los precios, entre otros efectos. Para lograr eso, se combinaban perjudiciales medidas, como altos impuestos, emisión monetaria, endeudamiento, etc. generando una espiral inflacionaria que eclosionaría el sistema económico (como finalmente sucedió) al no encontrarse las manipulaciones artificiales del gobierno respaldadas por un genuino ahorro previo que permitiera un proceso de capitalización con bases en una economía real. Obviamente, que la demanda de dinero cae en picada en épocas inflacionarias, pero son pocos los que advierten la relación entre este último fenómeno y la demanda de moneda. No hay pues fórmulas “mágicas” para escapar a este dilema, excepto la austeridad fiscal y presupuestaria.

[1] Valeriano F. García. Para entender la economía política (y la política económica). Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos México, D. F. 2000. pág. 169

[2] Valeriano F. García. Para entender la economía política…ob. cit. pág. 185/186

 

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Corea: un caso de derechos de propiedad

Por Carlos Alberto Salguero. Publicado el 14/2/17 en: http://www.rionegro.com.ar/portada/opinion/corea-un-caso-de-derechos-de-propiedad-EI2219116

 

Aún en la actualidad persiste una confusión en torno de los derechos de propiedad, confusión que se observa no sólo en el hombre común, sino en algunos economistas profesionales, y alcanza a los siguientes interrogantes: ¿qué son?; ¿para qué sirven?, y ¿qué efectos provocan en la economía los derechos mencionados?

Excede al presente artículo, no obstante, escudriñar en las causas del desconcierto, sólo se trata de señalar que durante gran parte de la historia de la economía moderna se prestó muy poca atención a la importancia de los derechos de propiedad, lo que ha generado costos de enorme cuantía para las personas en los más diversos escenarios.

Corea: un caso de derechos de propiedad

La importancia de que haya derechos de propiedad bien definidos y fuertemente protegidos otorga a los individuos el derecho exclusivo a usar sus recursos como ellos deseen. Como dice O’Driscoll: “El dominio sobre lo propio hace que los usuarios de la propiedad tomen plena conciencia de todos los costos y beneficios de emplear sus recursos de una determinada manera. El proceso de ponderar estos costos y beneficios produce lo que los economistas denominan ‘resultados eficientes’, los cuales luego se manifiestan en estándares de vida más elevados para todos.” La prosperidad y los derechos de propiedad son, según el autor, conceptos absolutamente inescindibles.

Por otra parte, con base en la evidencia se señalan las consecuencias económicas del déficit de derechos de propiedad (o inadecuado sistema de asignación): pobreza y escasez para cubrir las necesidades vitales. Aunque también debe señalarse que a la luz de los ejemplos, en las ciencias de acción del hombre, no son los hechos los que proveen causalidad, sino la cadena de razonamientos que subyacen detrás de la observación empírica.

La historia de los habitantes de la península de Corea es muy rica, muy antigua y de la más cruda actualidad. Las evidencias arqueológicas y lingüísticas sugieren desde el período Neolítico un origen común, sin embargo, hoy se encuentran divididos en dos países con marcos de derechos de propiedad confrontados. Y los resultados, consecuentemente, dan cuenta de la trascendencia de los marcos regulatorios de cada uno. Tras la Segunda Guerra Mundial −y del posterior enfrentamiento político, social y militar denominado la Guerra Fría (entre el llamado bloque Occidental liderado por Estados Unidos y el bloque del Este liderado por la Unión Soviética)− en el año 1948 se produjo la división de Corea. Un hecho histórico que llevó a la fragmentación de la península en dos Estados soberanos, Corea del Norte y Corea del Sur, cuya frontera física se estableció en el paralelo 38º por un acuerdo rubricado entre los respectivos bloques.

Corea del Norte, oficialmente denominada República Popular Democrática de Corea, está sujeta a un férreo control institucional, ya que el Estado controla todo lo relativo a los ciudadanos y ni siquiera para los turistas es fácil visitar la región. El sistema comunista ha provocado hambrunas en sus habitantes e índices de pobreza que se sitúan por debajo del puesto 130 del mundo. Corea del Sur, en cambio, es una República basada en una democracia representativa, con un sistema económico basado en el capitalismo. Su resurgimiento desde la Guerra de Corea la ha encumbrado a la potencia número 13 del mundo, según el Banco Mundial. Similares resultados podrían encontrarse en la Alemania de posguerra y sus diferencias, que fueron derrumbadas junto al muro en el año 1989.

En síntesis, el verdadero desarrollo económico de los países no puede explicarse por la presencia o ausencia de recursos naturales. Los recursos no son ni necesarios ni suficientes para el desarrollo. El desarrollo ha ocurrido en circunstancias inhóspitas, y también ha habido falta de desarrollo en países ricos en recursos naturales. Tampoco es imprescindible un sistema político administrativo. Si lo que en verdad nos preguntásemos fuera ¿por qué prosperan las naciones?, deberíamos evitar recomendar políticas que socaven la propiedad privada. De lo contrario, Corea habrá sido una lección mal aprendida.

 

Carlos Alberto Salguero es Doctor en Economía y Máster en Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Lic. en Economía (UCALP), profesor titular e investigador en la Universidad Católica de La Plata y egresado de la Escuela Naval Militar.

 

 

Sea feliz, ¡es una orden!

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 30/10/13 en: http://www.elnuevoherald.com/2013/10/30/1603272/alejandro-a-tagliavini-sea-feliz.html

Se supone, a partir del cristianismo y los clásicos griegos, que los seres humanos somos iguales y todos de valor infinito… aunque que ni tan iguales ni tan infinitos… en fin, ¡si solo fuéramos coherentes! Algunos de los que rezan todos los días, luego apoyan guerras o conflictos, militares o civiles, que necesariamente implican la muerte… ¿no era que cada persona tiene un valor infinito porque es una criatura de Dios? ¿Cómo es que, si su valor no se acaba nunca puede, de repente, terminarse al punto de suprimirlo?

Sin llegar al homicidio, ¿no somos todos iguales, todos de valor infinito? Parece que no: unos flacos, altos; otros gordos, petisos; unos inteligentes y hasta genios; otros brutos; unos ingenieros, médicos y otros ni saben leer, así parece que unos valen más o están más “preparados”. Entonces, como no son todos iguales y no todas las vidas tienen valor infinito, cabe que los “mejores” se impongan.

A ver, una cosa es que una persona decida que no sabe reparar autos y pague el servicio de un mecánico y otra, muy distinta, es que le impongan impuestos para sostener un estado de cosas que no quiere, aunque esto lo determine la mayoría, aunque así lo estipulen las “leyes” surgidas de una supuesta “constitución” que también le impusieron. ¿Quiénes? La “mayoría democrática”, que no sería igual a cada persona sino mejor, por ello, tiene derecho a ser violenta, a imponerse vía el Estado (el monopolio de la violencia).

Viene al caso el concepto de eficiencia. ¿Qué es? Los encuestadores y los investigadores del mercado lo saben: es lo que satisface al cliente. Es decir, es el cliente, las personas, el que define la eficiencia. No es caprichoso, surge de que el orden de la naturaleza prevé que el crecimiento personal es un hecho intrínseco –como todo: nadie le dice a un árbol cómo tiene que desarrollarse– y que, por tanto, cada persona tiene la obligación de decidir su devenir. Por eso, dicen los griegos clásicos, la violencia destruye porque es un hecho extrínseco al desarrollo natural.

Así, créalo o no esta sociedad incoherente, la mayor eficiencia en el desarrollo personal y social se da cuando cada persona, igual al resto y de infinito valor, decide su rumbo. Por el contrario, toda imposición coactiva es ineficiente, y las personas intentan evadirla. Ahora, cuantos más recursos (económicos) tiene una persona, mayor capacidad para derivar las cargas fiscales hacia abajo, por ejemplo, un empresario paga impuestos subiendo precios, bajando salarios, etc.

Venezuela es un caso tragicómico. Ni alimentos quedan. En septiembre el índice de escasez llegó al 21.2% según el Banco Central, cuando lo normal sería 5%. Por eso el gobierno importará 400,000 toneladas hasta fin de año. Maduro ha decidido que la felicidad debe decretarse y ha creado el Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo para supervisar los programas sociales, las “Misiones”.

O sea que hará asistencialismo con el dinero de los más pobres (que son quienes terminan pagando las cargas fiscales) pero luego de dejar buena parte en la corrupción y la burocracia. Para que no queden dudas de que “ser feliz” es una orden, Maduro profundiza la militarización. Pretende que las “milicias bolivarianas” tengan un millón de miembros en 2019 a la vez que robustece las fuerzas armadas y amenaza y violenta a sus adversarios.

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

 

Andalucía: Junta ‘social’

Por Carlos Rodríguez Braun. Publicado el 17/9/13 en http://independent.typepad.com/elindependent/2013/09/andaluc%C3%ADa-junta-social.html#more

 

Libre Mercado tituló: “Andalucía recuerda que expropiar a bancos es más social que hacerlo para construir campos de golf”. El periodista Iñigo Aduriz saludó la “iniciativa revolucionaria” del llamado decreto antidesahucios de la Junta, que “pretendía garantizar un techo para todos los ciudadanos arremetiendo para ello contra algunas de las decisiones que hoy están en manos de las entidades financieras”. Todo era presentado como inobjetable: los ciudadanos tienen derecho a la vivienda y por tanto el Estado se lo garantiza más allá de banqueros y demás gente de mal vivir.

El error estriba en que el Estado no puede garantizar el derecho a la vivienda porque no tiene recursos: todo lo que tiene se lo ha quitado antes a los ciudadanos. Por lo tanto, si me da un piso y me permite no pagarlo, es porque ha incrementado los costes que otras personas se verán forzadas a pagar por mí, personas que pueden ser los contribuyentes, o los trabajadores o accionistas de los bancos, o los acreedores de esos bancos cuyos costes financieros pueden verse incrementados por el intervencionismo político. Pero estos matices rara vez son reconocidos, y no solo en los medios de comunicación sino en la política y en la opinión pública en general. No corresponde, por tanto, ningún rasgado de vestiduras porque el señor Aduriz no los reconozca y salude, por tanto, entusiasmado la medida “revolucionaria” de los políticos andaluces ignorando sus posibles consecuencias perjudiciales que pagarán terceros ignotos.

Lo más grave es que la argumentación de su artículo, que recoge fielmente la argumentación de los mandatarios andaluces, se ajusta al pensamiento prevaleciente y a su plasmación jurídica. Primero, el delirio de lo social, magnitud cuantitativa, un absurdo frente al que nadie plantea objeción alguna, como si fuera sinónimo de justicia perfecta, como si fuera obvio que expropiar bancos es más social (más justo, más bueno, etc.) que expropiar para hacer campos de golf. El punto de partida es que nunca es justo quitarle a usted lo que es suyo, señora, por ninguna razón. Y a continuación reconocer que socialen realidad no quiere decir nada definido, y desde luego no quiere decir la sociedad. Más acertado es traducir social por político. Ahí sí que tiene algo de sentido, porque, en la pulverización totalitaria de su significado, social es lo que al poder le convenga en cada momento. Y de ahí que las cosas puedan ser más o menos sociales

El derecho moderno ha quedado subordinado a la interpretación del poder político y, efectivamente, en nuestra Constitución (art. 33) se establece que la propiedad tiene una “función social” (que por supuesto sólo puede determinar el Gobierno), que el poder ha de promover una distribución de la renta “más equitativa” (art. 40), que los españoles tienen “derecho a una vivienda digna” (art. 47), y el más socialista de los muchos artículos socialistas de nuestra Carta Magna, el 28: “Toda (sic, ha leído usted bien: “toda”, es decir: toda) la riqueza del país está sujeta al interés general” (que, para qué tengo que aclarárselo, sólo pueden determinar las autoridades).

 

El Dr. Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.