Category Archives: Políticas Públicas

Liberalismo no es Ajuste

Por Iván Carrino. Publicado el 10/2/18 en: http://www.ivancarrino.com/liberalismo-no-es-ajuste/

 

La libertad económica es, por definición, expansiva de la creatividad y el emprendimiento humano.

A menudo, en los debates sobre economía y política, se acusa a los liberales de querer “ajustar a la gente”.

Hay que reconocerlo.  Tal vez algo de responsabilidad tenemos, puesto que si estamos analizando las cuentas públicas y, por ejemplo, éstas tienen un agujero, decimos que hay un “desajuste” que debe ser “ajustado”.

En este sentido, igualmente, la palabra ajuste no tiene nada de malo. Es que, simplemente, si venís por un camino que te va a hacer terminar mal, tenés que corregir, ajustar.

Ajustar una tuerca no es malo en sí mismo. De hecho, puede prevenir accidentes fatales: ¿cuál sería el problema?

Pero lo que los supuestos campeones de los pobres y abanderados de los trabajadores quieren decir cuando asocian liberalismo (o, peor aún, “neoliberalismo”) con ajuste, es que nosotros queremos “ajustar a los trabajadores”, que caiga el salario, que suba el desempleo, que “quede la gente afuera, pero con los números bien cerrados”.

Dentro de esta retórica, el neoliberalismo es el enemigo del pueblo, mientras que el populismo, el socialismo y el estado de bienestar son los verdaderos héroes de la sensibilidad social.

Contradicción en términos

Hecho el mea culpa sobre el uso de la palabra ajuste por parte de los economistas, queda claro que hay dos sentidos del término. Uno referido a corregir desequilibrios,  y otro referido a empeorar la calidad de vida de la gente.

En este último sentido, liberalismo y ajuste son claramente antónimos. Es decir, lo exactamente opuesto, por definición.

Piénsese en lo que quiere decir liberalismo. Liberalismo viene de libertad, así que implica que la gente es libre de perseguir sus sueños, sin ser coaccionada por terceros. En el ámbito de la economía, esa libertad es la que genera los incentivos para emprender, producir más y aumentar la riqueza.

La libertad está íntimamente relacionada con la propiedad privada. Y cuando la propiedad privada se respeta, los empresarios se lanzan a invertir, crear negocios y empresas que ofrecen bienes y servicios. Si éstos satisfacen las necesidades de los consumidores, los empresarios están creando riqueza.

Por si esto fuera poco, como efecto colateral, aumenta la demanda de trabajadores. Finalmente, mayor producción y mayor demanda de empleo suben los salarios en términos reales.

Lo que digo no es un cuento de hadas o una mera gimnasia mental. De acuerdo con la última publicación del Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage, los países más libres del mundo tienen un PBI per cápita 7,5 veces mayor al de los países considerados “reprimidos”, categoría en la que Argentina estuvo hasta hace poco.

Gráfico 1. PBI per cápita y Libertad Económica

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Fuente: 2018 Index of Economic Freedom – The Heritage Foundation

Uno podría argumentar que el PBI per cápita es una medida no del todo indicativa del bienestar de una sociedad y que, por tanto, la relación no es tan asombrosa.

Sin embargo, la libertad económica no solo está correlacionada con el PBI per cápita, sino también con el Índice de Desarrollo Humano, de la ONU (los países más libres tienen un promedio de 0,93 puntos vs. Un 0,57 de los países reprimidos).

Además, los países que más medidas toman para incrementar la libertad de crear y emprender de sus ciudadanos, bajando impuestos, trabas y distorsiones, son los que terminan creciendo más rápido, algo que se relaciona directamente con la caída de la pobreza.

Gráfico 2. Mejoras en libertad económica y tasa de crecimiento per cápita.

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Fuente: 2018 Index of Economic Freedom – The Heritage Foundation

Vistos estos datos: ¿cómo se puede hablar de liberalismo como sinónimo de ajuste? La libertad económica es todo lo contrario a ajustar a los trabajadores.

Es el ingrediente necesario para aumentar la iniciativa empresarial, fomentar el crecimiento económico, y así aumentar los salarios y reducir la pobreza.

Ajuste es el populismo

Habiendo dejado claro que liberalismo no tiene nada que ver con “ajuste”, en el sentido de reducir el salario de los trabajadores, veamos qué es lo que verdaderamente causa eso.

Es acá donde nos encontramos con otra cosa muy distinta: el populismo.

A fines del a década del ’80, dos académicos de prestigio internacional recopilaron numerosas experiencias de países latinoamericanos, para un estudio que llamaron “El Populismo Macroeconómico en América Latina”.

Para Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards, el populismo macroeconómico, mediante el uso de “políticas fiscales y crediticias expansivas (…) destaca el crecimiento y la redistribución del ingreso” al tiempo que “menosprecia los riesgos de la inflación y el financiamiento deficitario, las restricciones externas y la reacción de los agentes económicos ante las políticas agresivas ajenas al mercado”.

Léase, políticas insostenibles que, a mediano o largo plazo, generan distorsiones tales que alejan la inversión y eliminan los incentivos para emprender, producir y crecer.

Los datos recopilados por los autores y el equipo que comandaron son contundentes.

Gráfico 3. Salario Real en Chile (1967-1977).

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Fuente: Fuente: Macroeconomic Populism in Latin America. NBER Working Paper No. 2986

Gráfico 4. Salario Real en Perú (1980-1989)

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Fuente: Macroeconomic Populism in Latin America. NBER Working Paper No. 2986

El populismo destaca el corto plazo por encima del largo. Así, lleva adelante políticas totalmente desaconsejadas, como el déficit fiscal, la inflación, el control de precios,  el aumento de las regulaciones… Todo eso puede generar una ilusión de bienestar en un primer momento, como se observa en los gráficos anteriores, pero el final es cantado.

Para Edwards y Dornbusch, una fase inevitable del populismo macroeconómico es la de la estabilización ortodoxa, donde la realidad sale a la luz, el salario real cae, la inflación salta y la economía entra en recesión.

Obviamente, si la estabilización es exitosa, y el populismo se abandona, el país vuelve a crecer.

La Argentina de los últimos años es un caso claro de populismo. Es que si bien hubo  años de “crecimiento a tasas chinas”, dado que éstos estuvieron impulsados por expansionismo fiscal y monetario, llegó un día que la nafta se acabó y hubo que reconocer la realidad.

Tras años de alta inflación, déficit fiscal creciente, controles precios, de tarifas y del tipo de cambio, la inviabilidad de “el modelo” quedó expuesta. Obviamente, los salarios cayeron y los trabajadores se vieron ajustados.

¿Pero quién tuvo la culpa? ¿El que “prendió la luz y levantó la alfombra”, o el que venía intentando fracasadamente ocultar la realidad?

Gráfico 5. Salario Real Privado en Argentina (2013-2017)

liber5 Fuente: Ministerio de Trabajo e IPCBA.

En 2014, cuando aún gobernaba el kirchnerismo, el salario real llegó a caer 8,9% anual. En 2016, con el nuevo gobierno en funciones, éste volvió a caer, hasta 10,8%.

El ajuste contra los trabajadores no es responsabilidad del liberalismo, sino del populismo. Allí donde los países son más libres, la economía crece más y el ingreso de las personas es el más elevado de todos.

Pero donde rige el populismo, los salarios crecen a corto plazo, pero a costa de desplomarse a mediano-largo, producto de la inflación, el consumo de capital y la fuga de la inversión.

Por una vez, pongamos las cosas en su lugar. Liberalismo no es ajuste, ajuste es el populismo.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

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El costo del empleo “público”

Por Gabriel Boragina Publicado  el 11/2/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/02/v-behaviorurldefaultvmlo.html

 

“El gobierno nacional emitió un decreto prohibiendo que los familiares hasta el segundo grado de los funcionarios con cargos de ministro o superior puedan ser designados como empleados de planta en el sector público nacional.”[1]

Lo primero que hay que aclarar es una cuestión terminológica. En el tema, hay que hablar estrictamente -y en buen lenguaje- de empleo estatal y de empleados estatales o del estado, porque, en rigor, todo empleo (privado o estatal) es siempre público, porque se trabaja para satisfacer una necesidad, tanto propia (como la del empleado y su empleador) como del resto de la gente (el público), dado que el objeto de todo empleo es remediar una carencia, no solamente laboral sino -fundamentalmente- de consumo. Se trabaja para obtener un ingreso que permita consumir; y se venden bienes y servicios para que otros puedan consumirlos. Por lo que, con el trabajo se satisfacen necesidades públicas. No obstante, en el caso del empleo estatal, solo una de las partes se satisface: la del empleado.

“La medida tiene alta carga simbólica debido a que en la cultura política argentina usar el empleo público como mecanismo para distribuir favores personales, familiares y políticos es una práctica muy arraigada.”[2]

Concordamos con el criterio expuesto en el informe que estamos citando y comentando. La incidencia de la medida en el presupuesto nacional es ínfima. y -por lo demás- es absolutamente cierto que el empleo estatal es la perfecta excusa que han tenido y seguirán, sin duda, teniendo todos los políticos de todos los partidos. El empleo estatal es uno de los principales ámbitos que sirve de caldo de cultivo a actos de corrupción. Cabe recordar que el empleo estatal no es propiamente un empleo, sino que en rigurosos términos económicos no es más que un subsidio encubierto al desempleo. Porque el empleo genuino es el que se genera en el sector privado de la economía. En tal sentido cada nuevo “puesto” de trabajo creado en sector publico implicará inexorablemente cierta cantidad de empleo que se pierden en el sector privado de la economía. La diferencia entre unos y otros será el equivalente al subsidio.

“La norma no resuelve los problemas ligados a la sobredotación y baja profesionalidad del empleo público. En el mejor de los casos, puede ser planteado como un gesto tendiente a romper con las malas prácticas enquistadas. Pero existe el riesgo de que se convierta en un mero acto de oportunismo que desvíe la atención respecto a un tema extremadamente importante.”[3]

Es que ninguna norma va a resolverlo, porque no se trata de una cuestión que se solucione con leyes, reglamentaciones, decretos, etc. es decir, con más burocracia, sino que es un problema de incentivos económicos. El estado-nación (y por ende sus agentes-empleados) carecen de incentivos y de parámetros para producir. De hecho, el “estado” como tal no produce nada, los únicos productores son los contribuyentes, que son los que aplican su esfuerzo (mental y/o físico) a la elaboración de bienes y servicios con el objeto de obtener ganancias. Todo lo demás que pueda decirse al respecto es anecdótico.

“¿Cuál es el compromiso que asume el Estado cuando ingresa un nuevo empleado?Tomando como ejemplo un empleado público provincial (66% del empleo público total) que ingresa con una categoría inicial a los 25 años de edad y asumiendo que son bajas las probabilidades de renuncia y casi imposible el despido, el costo estimado es el siguiente:

  • ·         Durante su vida activa habrá que pagarle $23 millones a precios actuales en concepto de salarios, cargas sociales y gratificaciones.
  • ·         Cuando se jubile habrá que pagarle $17 millones más a precios actuales en concepto de jubilación y la pensión derivada a su cónyuge cuando fallezca.
  • ·         Así, designar un empleado público implica comprometer unos $40 millones.”[4]

Costo de nombrar un empleado público con estabilidad


          

            Esto nos da la pauta del descomunal gasto público que representa mantener un ejército de burócratas en todos los niveles, cuya única función es vivir del erario público. Esta vez el vocablo “público” si viene a propósito, por cuanto toda esta inmensa masa de empleados vive del resto del público que somos los que en definitiva solventamos sus vidas y pasares. Si se multiplica esta fenomenal cifra por la cantidad de empleados públicos existentes al día de la fecha se puede tener una noción del nivel de despropósito que existe en materia de empleo estatal y -proyectándonos- en el del resto de los rubros del presupuesto nacional, además del impacto negativo severo que estos guarismos producen en el gasto público total. Fundamentalmente, lo más grave es lo que apuntamos anteriormente, y que es que toda esta gente no produce absolutamente nada, sino que -por el contrario- se dedican a hacernos cumplir tramites administrativos inacabables y costosísimos que hacen pesar sobre las espaldas del sector privado de la economía. 

“Estos datos son aproximados pero muy ilustrativos de la magnitud de recursos públicos que quedan comprometidos cuando ingresa un nuevo empleado al Estado. El principal determinante es la rígida aplicación de la estabilidad del empleo público. Aunque en la enorme mayoría de los casos el ingreso es bajo modalidades que no contemplan la estabilidad (pasantías, monotributo, contrato a plazo, etc.), una vez incorporado, prevalece la presión por la permanencia. Lo que inicia como un ingreso transitorio y precario, en los hechos deviene en un empleo de por vida.”

El principio de la estabilidad del empleado público es un agravante al cuadro de situación ya descripto antes. No tiene razón de ser, porque no rigen las mismas reglas que se deben enfrentar en el sector privado donde la competencia implacable hace que debamos mejorar cada vez más nuestro desempeño ofreciendo más y mejores bienes y servicios al menor precio posible. El sector estatal no está sujeto a estas reglas ¿cabe premiarlos además con estabilidad en sus asientos de oficina? En realidad, la presión existe en una doble dirección, porque el contratado por el gobierno presiona para quedar efectivo, y que el a fin lograr conseguir la efectividad en su puesto comenzará a presionar para no perderla. Se trata de un circulo vicioso porque ya sea en un sentido o en el otro la presión existirá.

[1] IDESA: “CADA NUEVO EMPLEADO PÚBLICO COMPROMETE $40 MILLONES”. 4 de febrero de 2018 – Número 742

[2] IDESA, Ibidem.

[3] IDESA, Ibidem.

[4] IDESA, Ibidem.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

La legislación laboral nazi argentina

Por Gabriel Boragina Publicado  el 4/2/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/02/la-legislacion-laboral-nazi-argentina.html

 

Son notables las semejanzas entre la legislación laboral del partido de Hitler y las vigentes a hoy día en la República Argentina. Dos expertos nos cuentan como eran las leyes laborales de los nazis:

“El hecho curioso fue que los sindicatos organizados se mantuvieran tan fuertes a pesar de la depresión. Tal acontecimiento fue el resultado de 10 años de legislación, comenzando en 1918, cuyo objetivo apuntaba a “ampliar el alcance, la fuerza y la autoridad de los sindicatos”. Estas leyes incluían un sistema de mediación y arbitraje mediante el cual las discusiones paritarias tenían lugar entre los sindicatos y los empleadores y organizaciones de empleadores; este sistema de relaciones laborales se consagró como el sistema más deseado y apropiado que regulara las relaciones laborales.”[1]

Lo que implica a decir que los sindicatos se mantienen, en realidad, artificialmente. No estaban sostenidos en el respaldo de una enorme masa de afiliados, sino que su único sostén era todo un entramado de leyes que se crearon específicamente para apuntalarlos como instrumentos del poder de turno. Sorprendería la similitud de la organización sindical nazi con la de la Argentina de nuestros días si no se supiera -como ya se sabe- que fue el régimen de Juan Domingo Perón quien copió la ordenación laboral nazi y la adaptó a la Argentina. Lo que si sorprende es que esta se hubiera mantenido casi sin tocar desde los años 1940 hasta el día de la fecha. Sigue vigente en este país la ley N° 14250 de asociaciones profesionales y la ley 20744 de Contrato de Trabajo (LCT) que, básicamente, responden a las mismas directrices que se señalan en la cita de arriba.

“El corolario de esta práctica fue que la ley no reconocía a los sindicatos de una empresa o a las asociaciones gremiales independientes que actuaban como delegadas de los trabajadores. Más aún, los trabajadores no estaban autorizados a celebrar acuerdos individuales con los empleadores y no se les permitía permanecer en sus empleos en caso de perder la afiliación a sus sindicatos.”[2]

Esta figura, que en Argentina la ley mencionada (N° 14250) designa con el nombre de personería gremial, esta, en realidad, tomada de la Carta dil Lavoro de Benito Mussolini de 1922. En los hechos, implica que el gobierno otorga un monopolio artificial a un sindicato por encima de cualesquiera otros, para “negociar” (en rigor, imponer) las “condiciones de trabajo” que el sindicato (con el beneplácito del gobierno, obviamente) desea al resto de los empleadores del país. El efecto económico de este tipo de organizaciones es sumamente claro: elevación de los salarios nominales por medio de leyes o acuerdos de salarios mínimos y su consecuencia ineluctable: altas tasas de desocupación.

“Existían comisiones oficiales de arbitraje cuya función consistía en resolver las discrepancias entre los empleadores y los sindicatos, cuando fracasaban los acuerdos entre dichas partes. Poco tiempo después, la participación del gobierno se incrementó.”[3]

Nuevamente, aparecen las similitudes con la legislación laboral actual en Argentina. La función de las comisiones oficiales de arbitraje nazis es exactamente la misma que cumplen los ministerios de trabajo en Argentina, los que -entre otras regulaciones- tiene la facultad de homologar (o no hacerlo) esos supuestos “acuerdos colectivos” a los que llegan las partes. Y en caso de no llegar a ningún entendimiento, imponer el propio a criterio del ministro del ramo de turno. En rigor, no se “resuelven” las discrepancias (las que quedan latentes) sino que se impone la decisión última de un tercero ajeno al conflicto (el gobierno mediante el ministerio de trabajo). Sigamos con los nazis:

“El gobierno se otorgó la facultad para extender mediante un decreto la obligatoriedad de un acuerdo celebrado con una empresa en un determinado distrito a todas aquellas empresas de la misma rama de la industria ubicadas en ese distrito. Esta atribución aumentó considerablemente el poder de los sindicatos que seleccionarían a la empresa más poderosa del distrito desde el punto de vista financiero para establecer los términos que los empleadores más pobres estaban obligados a aceptar.”[4]

Continúan aquí las notables analogías entre la legislación nazi y la Argentina de nuestros días. La misma facultad otorga la legislación argentina al ministerio de trabajo cuando decreta la homologación de lo que la ley denomina “convenciones colectivas de trabajo” y que no son otra cosa más que esos pseudo-acuerdos que se dicen “lograr” en las también llamadas “negociaciones paritarias”. La homologación predicha no es más que una resolución del ministerio de trabajo que extiende los alcances y efectos del “acuerdo” homologado a todas las empresas de la misma rama o del sector por actividad con alcance nacional (en el caso nazi parece que era más limitado y solo abarcaba y se limitaba al distrito).

“A pesar de ello, aún existían ciertas instancias en las que el acuerdo fracasaba y la solución se dilataba. Para resolver esta situación, el gobierno anunció que un mediador podía proponer una posible solución que definiría el monto del jornal a percibir en caso de que una de las partes en desacuerdo diera su consentimiento. Esta medida se utilizaba sólo excepcionalmente en el comienzo, pero pronto se generalizó.”[5]

Por supuesto, y esto es lo importante, no se aceptaba o se desconocía el mecanismo de fijación de salarios del propio mercado libre que es el único que determina realmente los salarios justos. Los nazis tenían como propósito desmantelar todo vestigio de libre mercado en todas las áreas que dominaban. Y procedieron al principio en forma gradual, si bien en el corto y mediano plazo extendieron sus tentáculos hacia toda forma de manifestación (sea económica o no económica). En suma, era el gobierno que, al final del camino, termina imponiendo el salario que -a juicio del burócrata de turno- “correspondía” o era el “justo”. Nuevamente, son notables los paralelismos con lo que hoy en día sucede en la legislación laboral argentina, donde hay mediadores en instancias previas y en casos colectivos el mediador es el propio ministerio de trabajo. Igualito que los nazis.

[1] ROBERT L. SCHUETTINGER – EAMONN F. BUTLER. 4000 Años de Control de Precios y Salarios. Cómo no combatir la inflación. Prólogo por David L. Meiselman. Primera Edición. The Heritage Foundation. Editorial Atlántida – Buenos Aires. Pag. 97-98

[2] Ibidem, p. 97-98

[3] Ibidem, p. 97-98

[4] Ibidem, p. 97-98

[5] Ibidem, p. 97-98

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

“Hay que cambiar las leyes que permiten la corrupción sindical”

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 6/2/18 en: http://www.visionliberal.com.ar/nota/4882-hay-que-cambiar-las-leyes-que-permiten-la-corrupcion-sindical/

El problema son las leyes que sustentan el sistema fascista de los sindicatos

Una sociedad libre, aquella en donde se respetan las libertades y los derechos, donde la responsabilidad individual prima; promueve el derecho a asociarse o no, el derecho reunirse en torno a clubes, asociaciones y sindicatos es uno de sus postulados básicos. Los individuos podrán formar diversas asociaciones para cualquier fin que estimen conveniente, siempre y cuando no se vulneren los derechos de terceros.

Sin embargo, esta premisa no se cumple siempre y, lejos parece haber quedado esta expresión social, dando lugar a sistemas de coerción y corrupción, que con procedimientos violentos e intimidatorios pretenden marcar el rumbo del gobierno, sacando el mayor provecho a unos beneficios no ganados, perjudicando severamente a sus asociados.

Argentina dista mucho de tener un modelo sindical liberal. En un país donde los sindicatos parecen tomar más fuerza con el cambio de gobierno, existe un perverso proteccionismo hacia dichos grupos violentistas, quizá por miedo a enfrentarse a ellos o quizá porque los gobiernos necesitan de los sindicatos para continuar realizando reformas cómodamente.

Visión Liberal conversó con Benegas Lynch, para quien “todos los gobiernos civiles de distintos partidos y militares apuntaron a usar el movimiento obrero en provecho propio. Por eso es por lo que no abrogan la ley de asociaciones profesionales y convenios colectivos y la figura de la “personería gremial” que otorga el monopolio de la representación que introdujo Perón, junto al curro de las obras sociales que implantó Onganía y los ya tradicionales agentes de retención para manipular el fruto del trabajo ajeno. En otros términos, se necesitan sindicatos libres y voluntarios que por ahora no tenemos”.

Por otro lado, gracias a la manipulación de los sindicatos, a sus huelgas y piquetes constantes reclamando derechos que no les corresponden, que según una encuesta de la consultora Giacobbe y Asociados el sindicalismo argentino tiene un 81,6% de imagen negativa (marzo 2017). Pero, además, un 14,1% tiene una percepción “regular” de dicho sector. Tan solo un 3,4% ve con buenos ojos la gestión sindical en el país. La investigación revela que “corruptos” es la palabra con la que la mayoría de los encuestados asocia a los dirigentes gremiales.

Para Benegas Lynch (h) “las huelgas deben ser entendidas como el derecho a no trabajar en cualquier momento siempre y cuando se cumplan los preavisos estipulados si los hubiere. Pero el derecho a huelga no es la intimidación y la violencia que no permitan que otros ocupen puestos de trabajo. Una cosa es el derecho a no trabajar y otra bien distinta es imponer situaciones a otros contra la voluntad de los destinatarios. En el caso de procedimientos intimidatorios y violentos cuando se confunden con la huelga está implícita la equivocada idea de que constituye un procedimiento para elevar salarios”.

En el caso argentino, el sindicalismo argentino se sustenta en un sistema coactivo a través de la figura de la personería legal. Los dos pilares del sindicalismo recaen en: la personería gremial que reconoce un solo gremio por actividad y las obras sociales que da a los sindicatos el manejo de la salud de los afiliados. Esto, para Alberto Benegas Lynch es un régimen “de tanto en tanto se detienen a sindicalistas corruptos, pero hasta el momento no se han modificado las leyes que dan sustento a este sistema fascista de representación coactiva. Limitarse a arremeter contra la corrupción sindical fascista concentra la atención en los efectos, pero si no se abroga la legislación autoritaria, quedan sin tocar las causas del fenómeno”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Asesor del Institute of Economic Affairs de Londres

El ajuste “salvaje” anunciado es 0,47% de la masa salarial del sector público

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 31/1/18 en: http://economiaparatodos.net/el-ajuste-salvaje-anunciado-es-047-de-la-masa-salarial-del-sector-publico/

 

¿En cuánto contribuye a bajar el déficit fiscal las medidas anunciadas por el presidente Macri?

Sin duda los anuncios de reducción de gasto público que realizó el presidente Macri el lunes, apuntan en la dirección correcta. Si bien da para el debate el hecho de que parientes de funcionarios públicos no puedan ocupar puestos en el estado, lo cierto es que con el kirchnerismo el nepotismo era un escándalo y Cambiemos estaba copiando parte de esa mala costumbre. Digamos que la medida es una discriminación, ya que si yo fuera funcionario y un sobrino mío consiguiera un puesto por su capacidad y sin mi influencia, quedaría marginado solo por ser pariente. La medida se entiende solo como señal de frenar el nepotismo de los últimos años, pero no sé si debiera ser algo permanente. Hoy es una señal de comportamiento ético del gobierno de turno con esta medida. Se compromete a que no haya nepotismo, al menos a nivel nacional.

Respecto a los números veamos el impacto en cuanto al nivel de baja del gasto público. Si la reducción del gasto en salarios de funcionarios políticos es de $ 1.500 millones, como lo indicó el presidente, esto significa una reducción del 0,47% de la masa salarial de la Administración Pública Nacional que, según el presupuesto 2018, tiene previsto pagar sueldos entre la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de la Seguridad Social, por $ 319.128 millones. El ahorro sobre el gasto público total de la Administración Pública Nacional, que es de $ 2,9 billones, es del 0,052% del gasto total.

¿En cuánto contribuye a bajar el déficit fiscal las medidas anunciadas por el presidente Macri? El déficit fiscal, incluyendo los intereses de la deuda, como corresponde medirlo, fue del 5,9% de PBI en 2016 y del 6,1% del PBI en 2017. Los $ 1.500 millones de ahorro en sueldos de funcionarios políticos son equivalentes al 0,012% del PBI proyectado por el gobierno para 2018 y del 0,015% del PBI del PBI de 2017, tomando los datos del presupuesto 2018. Es decir, lejos se está de una reducción mínimamente significativa del déficit fiscal salvo que esto que se anunció hoy continúe en el tiempo. Es decir, que estas reducciones de gasto público, no solo en salarios, se vayan extendiendo en otros rubros del gasto público a lo largo de los años.

Recordemos también que lo anunciado por el presidente es como volver al 10 de diciembre de 2015 cuando asumió.

Cuadro 1

En efecto, como puede verse en el Cuadro 1, la estructura de la Administración Central aumentó un 18,2% entre 2015 y 2016. Si bien ahora hay un par de ministerios menos, reducir un 25% los cargos, si va acompañado con una reducción de la estructura del estado en el mismo porcentaje es casi como volver al punto de partida. Es decir, al nivel de estructura burocrática que dejó el kirchnerismo, que a su vez, ya había crecido enormemente respecto a 2003, momento en que ya el gasto público era alto. Por ejemplo, en 2003 había 12 ministerios, con el kirchnerismo treparon a 18 y con Cambiemos llegaron a 23  para luego bajar a 21. Siempre de acuerdo a datos de CIPPEC, en 2003 había 67 organismos descentralizados, en 2015 88 organismos y en 2016, 87. En 2003 había 44 empresas públicas, en 2015 habían trepado a 55 y en 2016 a 56. Es decir, el estado fue creciendo sistemáticamente incluso desde la primera Constitución Nacional de 1853/60 que establecía 5 ministerios. Con Roca se hace una reforma Constitucional y los eleva a 8 ministerios y hoy día la Constitución no marca cuántos ministerios puede haber. Quedó a gusto del gobierno de turno, lo cual hace que la estructura estatal no tenga diques de contención institucionales.

El kirchnerismo dejó un descalabro fiscal fenomenal con un déficit fiscal récord. Cambiemos profundizó ese problema en sus primeros 2 años de mandato incrementando el empleo público y la estructura estatal. Ahora vuelve hacia el punto de partida pero, aunque no luzca simpático decirlo, es fenomenal el nivel de esfuerzo fiscal que hay que hacer para tener una reducción del déficit a niveles manejables. Aclaremos que, además, el problema de fondo no es el déficit fiscal sino el nivel de gasto público. No es solo cuestión de cerrar las cuentas fiscales, sino de no ahogar al sector privado con mayor carga tributaria.

De los 4 mecanismos que tiene el estado para financiar el gasto público: 1) impuestos, 2) deuda interna, 3) deuda externa y 4) emisión monetaria, el gobierno está utilizando los 4 y aun así no pueden terminar de controlar el déficit fiscal. En definitiva, sin desmerecer la buena señal que ha dado el gobierno al controlar el gasto en los cargos políticos, de la modesta baja del gasto público que proponen, pero baja al fin, mi único punto es que esto es claramente insuficiente para dominar el fenomenal lío dejado por el kirchnerismo. El desmadre es muy grande y requiere de una audacia fenomenal para controlarla. Ahora, si esta baja del gasto se continúa en el tiempo, es decir, en varios años más, junto con otras medidas adicionales, vamos a estar en el camino adecuado, por más que el kirchnerismo y los progres hablen de ajuste salvaje por una baja del 0,47% de la masa salarial estatal. Entonces, los inversores empezarán a prestarle atención a la Argentina y podemos llegar a empezar a torcer 70 años de lacerante decadencia económica.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

¿Se terminó la inacción fiscal?

Por Adrián Ravier.  Publicado el 31/1/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/01/31/se-termino-la-inaccion-fiscal/

 

Las bajas de subsidios no tienen como fin bajar el gasto consolidado, sino que se destinan a otros incrementos de gastos como ya ha pasado en los dos años anteriores

En sus dos primeros años de gobierno, Mauricio Macri desarrolló avances graduales pero importantes en distintos ámbitos, pero prácticamente todo el arco de analistas destacó su inacción fiscal. Ni los impuestos, ni el gasto público, ni el déficit fiscal han bajado realmente.

Cambiemos se defiende. Después de las elecciones se dieron cuatro noticias relevantes: se sobrecumplieron las metas fiscales; se acordó un pacto fiscal con las provincias; continúa la baja del gasto al quitar subsidios a los servicios públicos, con sus consecuentes tarifazos en electricidad y gas; se recortará uno de cada cuatros cargos políticos del Poder Ejecutivo Nacional y durante 2018 los funcionarios no van a tener aumentos de sueldo para acompañar la inflación.

El mensaje, sin embargo, es bastante engañoso. Si bien las metas fiscales redujeron el déficit fiscal primario en relación con el PIB de 4,3% en 2016 a 3,9% en 2017, esto no contempla los intereses de deuda que se incrementaron en el mismo plazo del 1,6% al 2,2% del PIB. Con esta información el déficit fiscal financiero se incrementó entre 2016 y 2017 de 5,9% al 6,1% del PIB.

A este saldo habría que agregar también el déficit fiscal de las provincias estimado en 0,9% del PIB. Es por ello que el Gobierno enfatiza en la importancia del consenso fiscal en el que nación se compromete a ceder a las provincias 45 y 75 mil millones de pesos en 2018 y 2019, con la provincia de Buenos Aires como principal beneficiaria. Lo que el pacto fiscal nos está diciendo es que el esfuerzo por reducir el déficit de las provincias también proviene de nación con nuevas transferencias, y no de las jurisdicciones locales.

Al respecto, si bien continúan las quitas de subsidios, es precisamente ese dinero el que nación utilizará para ceder a las provincias por el pacto fiscal. En otros términos, las bajas de subsidios no tienen como fin bajar el gasto consolidado, sino que se destinan a otros incrementos de gastos como ya ha pasado en los dos años anteriores. Recordemos que solo en 2017 las quitas de subsidios económicos fueron de 65.500 millones de pesos, pero los subsidios sociales subieron en 82.300 millones de pesos.

La medida de hoy que recorta cargos y congela sueldos de funcionarios públicos de nación desde luego que va en el buen sentido de corregir el rojo fiscal, pero su impacto cuantitativo es marginal. El ahorro estimado en 1500 millones de pesos que comunicó hoy el presidente Mauricio Macri representaría apenas el 0,012% del PBI.

La noticia, sin embargo, debe tomarse como un gesto bien intencionado en el sentido de mostrar que los esfuerzos fiscales comienzan por casa, previo a un año de negociaciones paritarias de las que depende corregir los desequilibrios fiscal y monetario.

Si concluyó o no la inacción fiscal, es algo que sabremos en los próximos meses. Bien haría a esta Argentina que las provincias y los municipios replicaran el gesto o que la provincia de Buenos Aires aprovechara los nuevos recursos del pacto fiscal para reducir los ingresos brutos que tanto preocupa al oficialismo. Lo cierto es que en materia de impuestos tampoco ha habido avances, considerando que la reforma tributaria tiene impacto nulo de cara al presente y marginal recién después de 2020.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Cuando no había piqueteros que demandaran ayuda social como un derecho, los argentinos se ayudaban entre sí

Por Martín Krause. Publicado el 30/1/18 en: http://bazar.ufm.edu/cuando-no-habia-piqueteros-demandaran-ayuda-social-derecho-los-argentinos-se-ayudaban/

 

Los pobres de entonces cubrían los riesgos resultantes de problemas de salud y previsión a través de un mecanismo comunitario, de seguro social, conocido como “socorro mutuo”. Estas organizaciones son definidas como: “toda organización formal de entrada y salida libre, producto de una decisión de un grupo inicial de individuos de asociarse de manera duradera para compartir o hacer juntos determinadas actividades, de acuerdo a reglas que ellos mismos se dan o a las que adhieren expresamente” (Di Stefano et al, 2002, p. 16). Nótese la importancia de la libertad asociada a la libre entrada y salida y al nacimiento voluntario de estas organizaciones. En un país de inmigrantes, los recién llegados se asociaron principalmente según sus colectividades nacionales para compartir los riesgos que pueden provenir de la pobreza: la falta de trabajo, salud, educación, vivienda. La legislación, además, libera a este tipo de organizaciones de la formal aprobación estatal, siendo ahora necesario solamente su constitución formal y su registro. Los gobiernos liberales de entonces favorecieron este tipo de asociaciones como un elemento esencial para el desarrollo de la sociedad civil y el fortalecimiento del espíritu republicano. Era el espíritu que transmitiera a la Constitución Nacional de 1853 quien fuera su principal inspirador, Juan Bautista Alberdi[1].

[1] “Observaré entretanto, para acabar de hablar del gasto público que no todo él consiste en el gasto con que la sociedad satisface sus necesidades de orden público por conducto del gobierno, sino también en el que hace ella directa e inmediatamente, por la mano de sus habitantes, en la mejora, comodidad y perfeccionamiento de sus ciudades, en el socorro y alivio de las clases desgraciadas, y en fin en todo ese orden de servicios que la sociedad se hace a sí misma, sin el intermedio de la autoridad, en el sentido de su prosperidad más rápida y completa. A este gasto pertenecen las calles, los empedrados, las calzadas, los caminos, puentes, desagües, mejoras locales, monumentos, socorros públicos y eventuales, que se hacen por suscripciones voluntarias levantadas en el vecindario” (Alberdi, [1854] 1993, p. 355).

Un destacado autor, Emilio Coni, escribe (1918, p. 544):

“La República Argentina, por el hecho de haber desarrollado y arraigado profundamente en sus habitantes el espíritu y la conciencia mutualista y cooperativista, puede ser considerada en éste, como en tantos otros aspectos, una nación grande y moderna. En efecto, están vinculados por la mutualidad y la cooperación 593.172 de sus habitantes”.

“La mutualidad se ocupa especialmente de los seguros contra los enfermos y contra la invalidez por enfermedad crónica o por vejez; de los seguros contra los accidentes de trabajo y sobre la vida. En todos estos casos, el capital que aporta el socio a la institución mediante las cuotas periódicas, no goza de un interés material, en efectivo, porque todas las utilidades líquidas pasan al fondo de reserva de la misma institución”. “En una sociedad mutualista, el capital se forma generalmente mediante cuotas periódicas, o bien los socios no desembolsan cuota alguna, pero se declaran solidaria e ilimitadamente responsables de las obligaciones que contrae la institución”.

El temprano desarrollo de estas organizaciones voluntarias, o de mercado, para reivindicar sus verdaderas características, es evidenciado por el mismo Coni (1918, op. cit., p. 547):

“En la Capital Federal la sociedad de socorros mutuos más antigua existente es ‘L’Union et Secours Mutuels’, fundada el año 1854; siguióle, en 1856, la sociedad ‘San Crispín’, denominada así porque el núcleo principal de sus fundadores pertenecía al gremio de operarios en la industria de calzado cuyo patrono es San Crispín. En 1857 se fundan la ‘Tipográfica Bonaerense’, ‘La Catalana’ y la hoy poderosa ‘Asociación Española de Socorros Mutuos’; en 1858 la ‘Unione e Benevolenza’, la ‘nonna’ de las sociedades italianas; en 1859 la ‘Francaise’; en 1861 la ‘Nazionale Italiana’, etc., etc.”. “Las mutualidades en ejercicio el 31 de diciembre de 1916 eran 1.205. De éstas, 1.202 son suciedades de socorros mutuos, y 3 sociedades de rentas y de seguros sobre la vida”.

El socorro mutuo floreció sobre todo en las comunidades de inmigrantes. No es de extrañar, el traslado a un país lejano había quebrado los lazos familiares con los que se contara durante siglos. Por mucho tiempo, en sociedades básicamente agrícolas, la relación familiar proveía un cierto seguro: los padres cuidaban de sus hijos cuando éstos no podían mantenerse por sí mismos y luego éstos hacían lo propio con sus padres. La emigración, tanto a las ciudades como al extranjero aunque mucho más en este caso,  rompe este vínculo y surge entonces una solución voluntaria para cubrir ese vacío. Evidentemente, la forma más sencilla de agruparse es alrededor de aquellos elementos que el grupo tenga en común, y en este caso era principalmente el origen nacional, también el lugar de trabajo o la profesión.

Resulta sumamente ilustrador mencionar las mutuales fundadas en los primeros años de este siglo en Buenos Aires: Club Sindical de Empleados, Sanatorio Mutualista para Empleados de Correos y Telégrafos, Sociedad Mutua de Obreros de la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad, Asociación Mutualista Argentina, Sociedad Mutual de Funcionarios y Empleados Judiciales, Ordenanzas Unidos, Sociedad de Socorros Mutuos entre Empleados de Ferrocarriles, Unione Alessandrina, Asociación Mutual de Empleados Públicos, Asociación Mariano Moreno, Banco de Seguros Mutualistas, Cantinas Maternales, Asociación Escolar Mutualista, Fédération des Mutualités Francaises en Argentine, Federazione delle Associazioni Italiane, Associazione Italiana di Mutualitá ed Istruzione, fusión de las siguientes sociedades de socorros mutuos: Camilo Benso, C. di Cavour, Fratellanza Militare, Giuseppe Garibaldi, La Patriottica, Le Italiane al Plata, Margherita di Savoia, Trionfo Ligure, Unione e Benevolenza, Unione Italiana al Plata.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

La falacia de los derechos sociales

Por Gabriel Boragina Publicado  el 28/1/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/01/la-falacia-de-los-derechos-sociales.html

 

Hemos escrito bastante sobre la gran tergiversación en los términos que significa la populista “derechos sociales” o “estado social”, “organizaciones sociales”, etc. Todas fórmulas y expresiones que ocultan un significado muy diferente al que quieren aparentar y que -en definitiva- esconden como objetivo el logro de porciones de riquezas que deberán ser detraídas a unos para ser entregadas al grupo que se oculta tras el adjetivo “social”.

“[…] los derechos individuales han pasado de ser “negativos”, una esfera protegida de acción, a “positivos” una exigencia de materialización de beneficios concretos que inevitablemente exige quitar a unos para dárselo a otros.”[1]

Antiguamente, la única noción concebible -tanto jurídica como filosófica y económicamente- era la de derechos individuales. Todo el mundo, en épocas ya idas, tenía clara conciencia de qué significaban estas palabras unidas, y nadie cuestionaba la claridad de su sentido, al punto que había un gran consenso en cuanto a que separados estos vocablos perdían total representación. Hoy en día las cosas al respecto han cambiado bastante.

“Las libertades sancionadas por las cartas constitucionales de los siglos XVIII y XIX proporcionaban espacios y garantías para la acción libre del hombre, pero no atribuían ventajas sustantivas a nadie. Eran derechos absolutos (incondicionales) porque no tenían “coste”, porque su satisfacción no exigía la cooperación forzosa de los demás.”[2]

No eran derechos positivos sino negativos, en el concepto de que tales garantías constitucionales aseguraban que nadie pudiera interferir con las acciones, libres, voluntarias y lícitas de toda persona, reconociendo la misma obligación negativa hacia los demás. En algunos casos, los autores se refieren a ellos como derechos naturales, propios e inherentes a la condición humana, y por esto recibían este nombre. Constituían la órbita de conducta donde cada uno -sin lesionar los iguales derechos del prójimo- podía hacer lo que se le viniera en gana.

“Si tengo derecho a trabajar y nadie quiere contratarme, alguien (el gobierno) debe forzar a otro para que lo haga. Así, los derechos iguales para todos del liberalismo clásico se han transmutado en desiguales, en discriminaciones. Los modernos derechos sociales son costosos y además generan expectativas de satisfacción crecientes que inexorablemente se traducen en un deterioro, por no decir, en un creciente quebranto de los primeros.”[3]

Los “derechos sociales” son la más pura expresión de la negación del Derecho mismo, y son la causa de todos los males sociales (aunque resulte paradójico). Se tratan -como han expresado profundos pensadores, como el Dr. Alberto Benegas Lynch (h)- de pseudoderechos. Sin embargo, es la corriente imperante y dominante, no sólo en el campo jurídico sino en el económico que es donde más daño causan, ya que para que se cumplan tales “derechos sociales” se deben violar los derechos naturales de otra persona o de un conjunto de ellas. La misma necesidad de tener que calificar la palabra derecho,que ha perdido su sentido univoco para pasar a adquirir otro equivoco, nos da la pauta del caos legislativo y económico en la materia en el que se vive.

“Los derechos, que resultan significativos, son los derechos naturales, no los que se confieren por una autorización legislativa. Los llamados “derechos sociales” de hoy en día no son “derechos” y, sin dudas, no son “programas de ayuda social” pues nadie tiene la facultad de ayudar a expensas de otro; son más bien demandas que la sociedad puede o no satisfacer.”[4]

Participamos de la utilización de la locución derechos naturales que consideramos auténtica y la adecuada para expresar la naturaleza y esencia de los verdaderos derechos a los que antiguamente no era necesario adjetivar. Como bien expresa el autor que ahora comentamos, los derechos jamás provienen de la ordenanza gubernamental, ni de decreto, ni aun de ley positiva alguna. El poder político ha de reconocer los derechos individuales o naturales, mas no puede crearlos y, por supuesto, mucho menos abolirlos. Así, la Constitución de la Nación Argentina reconoce tales derechos individuales, aunque -lamentablemente- después de la infortunada reforma sufrida en el año 1994 su texto se vio desnaturalizado por completo.

“Y no obstante, en las democracias industriales modernas, a un gran número de ciudadanos se les exige trabajar para mantener a otros: en Suecia, el Estado más retrógrado en este sentido, por cada ciudadano que se gana la vida, 1.8 son mantenidos completa o parcialmente por los impuestos que él debe pagar; en Alemania y Gran Bretaña la proporción es de 1:1, y en los Estados Unidos de 1:0.”[5]

Si este es el panorama de las democracias industriales modernas imagínese el lector cual será el de los populismos latinoamericanos, donde del asistencialismo social se ha hecho más que una cultura, sino un culto mismo, y en los cuales postular la diminución o eliminación de los programas sociales de “ayuda” (en el caso particular de Argentina conocidos como “planes sociales”) es un tema tabú y merecedor de la más severa condena social para quien siquiera lo insinúe.

“Los pensadores comunistas y fascistas insistieron en que las personas somos sólo títeres de los supuestamente inapelables “capitanes de la industria”, un argumento falaz pero atractivo y conveniente para justificar que la política nos recorte o arrebate la libertad. Podemos decir que estamos en manos de leyes históricas inapelables, como diría Marx, o de héroes imprescindibles, como diría Carlyle, o de sombríos poderes económicos, como han sostenido cientos de artistas.”[6]

Para evitar esto, los propios comunistas han propuesto -como lo aclara el mismo autor líneas más abajo- la creación de los denominados “derechos sociales”. Es justamente en esos falsos “males” invocados por socialistas y fascistas (como los nombrados) que se sostiene que estamos “necesitados” de “derechos sociales”. Lo que realidad quieren es suprimir los únicos derechos reales existentes: los individuales o naturales (como lo han hecho y lo continúan haciendo). La idea de fondo es que el gobierno pueda manejar nuestras vidas y recursos como mejor le parezca.

[1] Lorenzo Bernardo de Quirós “Las consecuencias políticas del liberalismo: La declaración de derechos y el debido proceso”. Seminario Internacional sobre la Democracia Liberal. Democracia, Libertad e Imperio de la Ley. Sao Paulo. 15/16 de mayo Pág. 18-19.

[2] Lorenzo Bernardo de Quirós …ibidem.

[3] Lorenzo Bernardo de Quirós …ibidem.

[4] Richard Pipes. “Propiedad y Libertad: La Piedra Angular de la Sociedad Civil”. Fundación Friedrich Naumann. México Business Forum Pág. 23-24

[5] Richard Pipes. …ibidem, Pág. 23-24

[6] Carlos Rodríguez Braun “Cultura y economía”. Revista Libertas 41 (octubre 2004) Instituto Universitario ESEADE Pág. 4

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Reducción de puestos políticos: Gestos vs política económica

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 29/1/18 en: https://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2018/01/29/reduccion-de-puestos-politicos-gestos-vs-politica-economica/

 

El día de hoy Mauricio Macri anunció un recorte del estado, que consiste en recorte de gastos, congelamiento de sueldos, y la prohibición (retroactiva) de contratar a familiares de ministros. En números fiscales, el ahorros fiscal es mínimo (en las redes vi estimaciones en torno al 0.008% del PBI.)

Hay dos críticas parecidas que se la han hecho a cambiemos, pero con una diferencia sutil. La primera consiste en no llevar adelante la baja del gasto necesaria para equilibrar la economía argentina. La segunda es la falta de la política de gestos que muestren que al menos los funcionarios públicos tienen consciencia del problema. Es fácil interpretar como una falta de respeto al contribuyente que mientras el déficit fiscal se encuentra en niveles récord y el contribuyente sufre una presión fiscal asfixiante las clase política despilfarra los recursos que tanto le han costado al ciudadano para el estado.

Podría decirse que congelar sueldos y no contratar familiares era prácticamente una cuestión de sentido común dada la herencia recibida. Tomar esta medida a medio mandato suena más a necesidad política que a verdadera convicción institucional por parte de Cambiemos. Para Cambiemos parece ser que el nivel de gasto es irrelevante, lo único que importa es la eficiencia del gasto público. Me pregunto como funcionaría una economía con 100% del PBI en gasto público.

No obstante, bienvenido es el gesto. Sin embargo, reconocer el gesto no implica que esta medida deba ser confundida con algo que no es. Este tipo de medidas no son (1) ni relevantes en términos de desequilibrio fiscal ni (2) reformas o soluciones. Son lo que son, gestos políticos que deben hacerse pero no deben confundirse con las medidas que el gradualismo nos sigue haciendo esperar. Una analogía que utilcé hace algunos meses era ver a Argentina como el Titanic y a Cambiemos preocupado por limpiar los muebles y ventanas del barco en lugar de tapar el agujero por el que entra agua, como si ese agujero se fuese a solucionar sólo con el paso del tiempo (congelar gasto y esperar a que crezca la economía.)

Sobre el gradualismo, una aclaración. No son pocos los defensores del gradualismo que argumentan que no es (políticamente) posible hacer más. Sin entrar a discutir en este post si ese es el caso, el punto es que no poder hacer más de ninguna manera transforma medidas insuficientes mágicamente en medidas suficientes. A Cambiemos lo veo más preocupado por justificas sus límites políticos que por expandirlos, es decir, trabajar en hacer que lo necesario y políticamente imposible sea políticamente posible.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE). Fué profesor de Finanzas Públicas en UCA y es Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

Más naturaleza y menos soberbia

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 24/1/18 en: https://www.laprensa.com.ni/2018/01/24/opinion/2365428-mas-naturaleza-y-menos-soberbia

 

No siendo experto, no me corresponde emitir una opinión científica al respecto, pero el argumento oficialista suena poco creíble

 

Durante su reciente gira por China, además de abogar por las “nuevas rutas de la seda” el colosal proyecto ferroviario y marítimo entre el Pacífico y Europa, Emmanuel Macron enfatizó la “batalla por el clima”, intentando minimizar el boicot a los acuerdos de París de parte de Trump quien es escéptico y que cree que es una invención de Beijing para atrasar a EE.UU. A raíz de la ola de frío, Donald Trump ironizó diciendo que vendría bien “un poco de ese calentamiento”.

No siendo experto, no me corresponde emitir una opinión científica al respecto, pero el argumento oficialista suena poco creíble: este frío sorprendente se debe a que las cosas se están calentando (¿?), al calentarse el Ártico, el aire frío desciende a latitudes medias, aseguran algunos. Y, según la Organización Meteorológica Mundial, 2017 habría sido el año más cálido desde que se tienen registros.

El oficialista Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) afirmaba que el “calentamiento global” es causado por una sobreproducción humana de dióxido de carbono (CO2). En 2008, un miembro del IPCC, Vincent Gray, denunció que todo era una “estafa”, y son muchos quienes aseguran que la explicación a esta farsa está en la ruta del dinero. Los fondos “recaudados” por los gobiernos son cuantiosos.

Por caso, destinar US$100,000 millones anuales al 2020 es lo que acordaron los países del Fondo Verde para el Clima de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, creado en el 2011.

Ahora, hay otras incoherencias —estas insalvables— en esta posición oficial. Es que la violencia siempre destruye, dice la ciencia, por tanto, esta soberbia gubernamental de creerse dueños de la verdad e imponerla coactivamente, perjudicando al sector privado, es inmoral. Por otro lado, algunas de las industrias más contaminantes —como las petroleras— en buena parte están en manos de los gobiernos, ¿por qué no las cierran? Para una reunión en Davos, en la que se trató el “cambio climático”, los dirigentes llegaron en 1,700 jets privados entre otras cosas, y se calcula que produjeron tanto CO2 como una ciudad de 2,000,000 de personas.

¿Se acuerda de la gripe aviaria y las catástrofes que traería? Nadie la recuerda. ¿Y de la gripe A? Tampoco. Desastres apocalípticos al estilo hollywoodense nunca hubo ni los habrá —solo en la mente de los aprovechados políticos— porque la naturaleza es infinitamente más sabia y no permitirá que la sobrepase un ser mínimo, aunque con una soberbia capaz de creer que puede destruir la obra de Dios.

Por el contrario, resulta coherente y creíble que, sin esta violencia, si dejamos que la naturaleza —y el mercado, espontáneamente— se haga cargo, muy probablemente, si el problema realmente existe, se solucionaría de manera mucho más eficaz.

Por caso, dado que el CO2 es un poderoso fertilizante, según un estudio publicado en Nature Climate Change, la Tierra ha ganado 36 millones de kilómetros cuadrados de superficie verde lo que contribuye a frenar el efecto invernadero, al absorber los gases tóxicos, y a combatir el hambre debido al aumento de las cosechas. Y, por cierto, los verdaderos defensores de la naturaleza siempre fueron las personas, porque son parte de ella.

Cuánto más vale la tierra cuando tiene árboles, agua natural limpia, aire puro y no tiene ruidos molestos, en fin, cuanto más respetada sea la naturaleza.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.