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Argentina: obra pública y política fiscal

Por Gabriel Boragina Publicado  el 16/7/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/07/argentina-obra-publica-y-politica-fiscal.html

 

En declaraciones recientes, el presidente Macri ha expresado que “los impuestos nos están matando”.

Sin duda que la afirmación es acertada. Lo que es llamativo que sea un presidente desarrollista el que la formule. Repasemos la definición de desarrollismo según el diccionario de economía:

“desarrollismo. Término poco preciso que estuvo en boga en los años sesenta y que se refería a la ideología que postula como meta de la sociedad y de la acción estatal la obtención de un acelerado crecimiento económico. El desarrollismo latinoamericano hacía énfasis en la transformación de las economías atrasadas de la región, concentrando los esfuerzos en la creación de una base industrial y la superación de la condición de países exportadores de materias primas. En la mayoría de los casos este desarrollismo asumió como modelo de crecimiento la llamada sustitución de importaciones, la que se intentó lograr mediante un elevado nivel de proteccionismo. (V. DESARROLLO; PROTECCIONISMO; SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES).”[1]

Si ninguna vacilación –al menos para mí- se trata esta de la política económica encarada por el gobierno de Cambiemos que, sin ser demasiado explicito en cuanto a precisiones ideológicas, se encamina en la dirección dada por la definición. Su distinción con el liberalismo –como ya lo indicáramos en ocasiones anteriores- consiste en que ese “acelerado crecimiento económico” se persigue a través de la acción estatal, en tanto que en el liberalismo el mismo objetivo se busca a través de la iniciativa y empresa privada.

También en forma coincidente con la definición que adoptamos, Cambiemos esta “concentrando los esfuerzos en la creación de una base industrial”. En este sentido, destaca la promoción de la industria de infraestructura emprendida. Veamos seguidamente que se entiende por tal en economía:

infraestructura. Término poco riguroso teóricamente que engloba los servicios considerados como esenciales para el desarrollo de una economía moderna: transportes, energía, comunicaciones, obras públicas, etc. La infraestructura de un país está constituida por todo el capital fijo, o capital público fijo, que permite el amplio intercambio de bienes y servicios así como la movilidad de los factores de producción. Se considera que la creación de infraestructura es básica en el proceso de desarrollo económico, pues en ausencia de ésta se limitan seriamente los incrementos en la productividad y no es posible, tampoco, atraer capitales. Muchos bienes de capital que integran la infraestructura son bienes públicos más o menos puros, como las carreteras, puentes y otras obras, en tanto que muchos otros son claramente privados. Ello ha llevado a una discusión con respecto al papel del Estado en la creación y desarrollo de una infraestructura adecuada: se entiende que éste puede hacerse cargo de construirla cuando no hay suficientes capitales privados para emprender determinados proyectos, y que puede proveer aquellos servicios y bienes que son públicos. Pero, en general, la experiencia histórica indica que, para el resto de los casos, resulta más eficiente la presencia de empresas privadas que compitan entre sí cuando ello es posible.”[2]

A nuestro juicio, no cabe incertidumbre en cuanto a que este es el espíritu que anima al gobierno de Cambiemos. Lo que resulta difícil conciliar, es la expresión del presidente Macri, señalada al principio, con el financiamiento de toda esa obra de infraestructura que se está realizando. Y ello, porque va de suyo que el gobierno solamente podrá costear estos emprendimientos mediante impuestos, esos mismos impuestos que el mismo gobierno estima elevados y asfixiantes. Si el Ejecutivo fuera sincero en su deseo de bajar la carga fiscal ¿cómo se sufragarán todos los proyectos de obra pública y habitacional que se están realizando más los que se han prometido para el futuro inmediato? Esto no aparece claramente explicado.

Por la teoría económica básica sabemos que los gobiernos carecen de recursos propios. Todos los fondos de los que disponen provienen indefectiblemente del sector privado, y en última instancia del contribuyente. De allí, es lógico derivar que, si los impuestos se reducen esto implicará infaliblemente menores recursos para destinar a la obra pública ya iniciada y la venidera. Cabria entonces pensar que el plan del gobierno podría consistir en una reducción de impuestos acompañada por un incremento de la deuda púbica, que reemplazaría en una proporción similar aquella reducción, y permitiría continuar con el plan de obras de infraestructura.

Si este fuera el propósito, surgirían a primera vista dos escollos inmediatos, uno de tipo político y otro económico.

Desde el punto de vista político, una reforma impositiva como la propuesta o sugerida por el poder ejecutivo, sólo podría ser legalmente materializada por el Congreso. Esto, porque así lo dispone la Constitución de la Nación Argentina (a tal respecto, véanse los incisos 1º y 2º del art. 75 de la Carta Magna, Capítulo IV, titulado “Atribuciones del Congreso”). En lo inmediato, parece bastante remota esta posibilidad, al menos durante el curso del presente año, dado que el oficialismo necesita de mayoría parlamentaria –que no tiene- como para aspirar a conseguir la aprobación de una reforma impositiva, que el mismo gobierno admite como necesaria y prioritaria. En el ínterin ¿qué podría hacer el Ejecutivo? Podría contraer deuda, pero aquí brota la segunda dificultad:

Desde lo económico, el obstáculo surge en cuanto se repara que todo incremento de deuda estatal significará que se están trasladando hacia el futuro los efectos financieros de la misma. Llegado el vencimiento del empréstito -o de los empréstitos que se contraen- habrá que cancelar el principal con más sus intereses, y para ello no habrá más remedio que subir impuestos, con lo cual cualquier rebaja que se haga hoy será transitoria, e implicará una nueva escalada en lo futuro.

Finalmente, el gobierno podría cubrir su proyecto desarrollista mediante inflación, mecanismo que siempre termina tentando a todos los poderes constituidos. No obstante, también figura entre las metas del oficialismo reducirla. En suma, es bastante difícil de explicar –hoy por hoy- cómo piensa Cambiemos llevar adelante su proyecto desarrollista.

[1] Carlos SABINO; Diccionario de Economía y Finanzas. Contiene léxico inglés-español y traducción de los términos al inglés. Consultores: Emeterio Gómez; Fernando Salas Falcón; Ramón V. Melinkoff. CEDICE. Editorial Panapo. Caracas. Venezuela. Voz respectiva.

[2] Carlos Sabino, Diccionario de Economía y Finanzas, Ed. Panapo, Caracas. Venezuela, 1991. Voz pertinente.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Flexibilización Laboral y Desempleo de Largo Plazo

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 14/7/17 en: https://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2017/07/14/flexibilizacion-laboral-y-desempleo-de-largo-plazo/

 

Mientras revisaba material del curso de principio de economía, encontré un gráfico que muestra la relación entre rigidez laboral y desempleo de largo plazo. Dados los conflictos en una de las centrales de PepsiCO y la reciente discusión sobre los costos laborales (el “negocio del litigio laboral”) me pareció oportuno twittear el gráfico sugiriendo que Argentina debía tener una mayor flexibilización laboral. Difícilmente un enunciado controversial en economía. El motivo es que una barrera a la salida (aumentar costos de despido) es también un costo de entrada (nuevas contrataciones). Nadie entra a donde no le dejan salir…

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A mayor flexibilidad laboral, menor desempleo de largo plazo.

Argentina necesita mayor flexibilización laboral, no más regulaciones.

Algunos comentarios sobre el gráfico, que lo tomé del manual de principios de macroeconomía de Tyler Cowen y Alex Tabarrok.

En primer lugar, el gráfico muestra que a menor flexibilidad en el mercado laboral mayor el desempleo de largo plazo. El gráfico no muestra la relación con el desempleo. Un motivo es que la tasa de desempleo es independiente de la regulación laboral, pero el ingreso real no lo es (el ingreso per cápita es mayor en economías más libres.) Otro motivo es que las estadísticas pueden esconder desempleados en trabajo improductivo (por ejemplo empleo público que no agrega valor económico.)

El desempleo de largo plazo es la proporción de desempleados que se encuentran sin empleo por lo menos 12 meses (o un plazo definido) sobre el total de desempleados, no sobre el total de la fuerza laboral. Según el gráfico, por ejemplo, el 40% de los desempleados en Francia lo han estado por lo menos por 12 meses. El desempleo de largo plazo es un indicador de la estructura del desempleo. A mayor tiempo en en situación de desempleado, más difícil es re-insertarse en el mercado laboral.

En segundo lugar, no todos los países proveen información de desempleo de largo plazo, de allí que la muestra sea “limitada.” De hecho, agregar más países puede ser problemático si sus estadísticas no son confiables y agregan más ruido que información. El gráfico no está buscando sesgar los resultados.

En tercer lugar, vi varias objeciones del estilo “correlación no es causalidad.” Por supuesto, es una de las primeras lecciones en cualquier curso de estadística. Pero eso no quiere decir que correlación es no causalidad. El gráfico en sí no es el motivo por el cual se habla de correlación, simplemente muestra la relación entre dos variables. De dónde viene la causalidad? De principios básicos de economía (por ejemplo, que un costo de salida es en sí un costo de entrada.) La causalidad vienen informada por la economía, no por la estadística. Como decía al principio, esto es material de un curso introductorio de economía, no te una tesis doctoral sobre economía laboral.

Si en lugar de ver un gráfico de flexibilización laboral con desempleo de largo plazo vemos un gráfico de correlación entre altura de una persona y su peso diríamos que no hay causalidad dado que “correlación no es causalidad”?

Por último, los problemas de empleo en Argentina y la crisis del 2001 no se debieron en sí a la “flexibilización laboral de los 90”, sino a salir de una economía crónicamente cerrada e improductiva y a un déficit fiscal insostenible. La correlación es un análisis básico, no controla otras variables que también tengan efectos. Para hacer este análisis es necesario un análisis econométrico y no meramente visual de dos variables.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE). Fué profesor de Finanzas Públicas en UCA y es Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

Las propuestas de Cristina nos llevarán a la ruina

Por Iván Carrino. Publicado el 13/7/17 en: http://contraeconomia.com/2017/07/13/las-propuestas-de-cristina-nos-llevaran-a-la-ruina/

 

A través de Unidad Ciudadana, la ex presidente presenta sus propuestas para el país. Son las mismas recetas fracasadas del pasado.

Argentina se metió de lleno en la campaña electoral para las PASO. Si bien la fecha oficial de inicio es el viernes 14, lo cierto es que los candidatos están desfilando hace rato por los medios de comunicación más importantes.

Las PASO, que no serán unas “Primarias” propiamente dichas, funcionarán como antesala para la elección legislativa de octubre. Así que es oportuno comenzar a analizar qué propuestas económicas tiene cada uno de los candidatos.

Para ello, qué mejor que empezar con lo que Unidad Ciudadana (el partido por el que se presentan Cristina Fernández de Kirchner y la economista Fernanda Vallejos) tiene para ofrecer.

Así no se puede seguir

El eslogan principal de la campaña de la ex presidenta es que “así no se puede seguir”. Esto lleva a la necesidad de “ponerle un freno a las políticas de ajuste que se están llevando adelante en nuestro país”.

A los ojos del kirchnerismo más radical, la economía se desploma, el aumento de los precios está “descontrolado”, el salario se derrite y la industria nacional se va fundir en cualquier momento. Por ello sugieren que estamos en una situación de urgencia y emergencia.

Tal vez esto sea lo primero que llame la atención del equipo de Unidad Ciudadana. Cristina Fernández fue presidenta por 8 años, en 4 de los cuales la economía se mantuvo estancada pero los precios se multiplicaron por tres.

O sea, cuatro años de estancamiento con inflación, ¿pero la urgencia llega recién en 2017? Curioso como mínimo.

Inflación: pasaje a Caracas

Yendo a las propuestas concretas de la plataforma cristinista, lo primero que aparece es su remedio para curar el aumento descontrolado de precios.

Para Unidad Ciudadana, la inflación “pulverizó el poder de compra del salario, de las jubilaciones, de los ingresos de los profesionales y de las clases medias”. Siendo esto así: ¿por qué Cristina, cuando fue presidenta, multiplicó el déficit fiscal y la emisión monetaria? ¿No sabía que éste era el final inevitable de dichas políticas?

Lo sabe, pero elige otra estrategia. Para frenar la inflación, pide “volver a aplicar seriamente programas como Precios Cuidados, Ahora 12 y profundizar la intervención del Estado a través de acciones que regulen la formación de precios”.

En resumidas cuentas, lo que propone Unidad Ciudadana es aplicar todavía más controles de precios. Es decir, una receta que viene fracasando hace 4.000 años y que volvió a hacerlo durante la “década K”.

Desde la presidencia de Néstor Kirchner que se controlan precios. Sin embargo, la inflación se multiplicó por 8 (de 3,7% en 2003 a 27,8% en 2015).

Los controles de precios no bajan la inflación pero destruyen los incentivos a producir. Unidad Ciudadana, desde el congreso, buscará emular el modelo venezolano. Una pésima idea.

Remedios que enferman

El diagnóstico que hace el partido de Cristina Fernández es aterrador. La economía colapsa y “medio millón de personas han perdido su trabajo”. Es por eso que no hay mejor solución que “declarar la emergencia laboral, prohibir los despidos por un año e impulsar un aumento de emergencia del salario mínimo vital y móvil”.

Esta propuesta no solo mágicamente frenaría los despidos y aumentaría el ingreso, sino que, además, redundaría en el “fortalecimiento de la demanda, el mercado interno y la reactivación de la economía”.

Obviamente, todos estos supuestos son falsos.

En primer lugar, si se presentara un proyecto de ley que prohibiera los despidos y éste tuviera altas probabilidades de resultar votado, entonces automáticamente los empresarios que estuvieran analizando tomar dicha decisión, acelerarían el paso.

Sería conveniente para ellos despedir “ahora” que pueden, que intentar hacerlo cuando sea ilegal. Finalmente, la propuesta terminaría aumentando el desempleo en lugar de reducirlo. Un remedio peor que la enfermedad.

Otro desatino es la propuesta de subir el salario mínimo vital y móvil. Si los bajos ingresos se resolvieran con la ley del salario mínimo, bastaría escribir que éste debe ser de USD 10.000 al mes y listo. No obstante, con dicha ley no solo no se “fortalecería la demanda”, sino que el sector productivo colapsaría y el desempleo y la informalidad se dispararían.

Por último, el “estímulo a la demanda” Cristina Fernández ya lo probó cuando fue presidente. Durante su segundo mandato, el déficit fiscal se multiplicó por 7 en términos nominales y por 2 en términos del PBI. Es decir, se llevó adelante un mega-estímulo keynesiano a la demanda. Sin embargo, la economía no solo no creció, sino que en términos per cápita, cayó 3 puntos porcentuales.

Más gasto y déficit no estimularán la economía, sino todo lo contrario.

Cazadores de zoológico

Una de las últimas propuestas económicas del espacio kirchnerista es la de volver a “proteger la industria nacional”. Como si esta no siguiera protegida con aranceles, licencias no automáticas y acuerdos comerciales casi inexistentes, el cristinismo plantea que debe haber una “administración efectiva del comercio exterior”.

Es decir, seguir y profundizar un proteccionismo que defiende a algunos empresarios pero a costa de las grandes masas consumidoras.

¿Cómo concilia Unidad Ciudadana su “defensa de los trabajadores” con el proteccionismo, que obliga a esos mismos trabajadores a pagar entre 2 y 5 veces más por electrónica y textiles?

No hay respuesta posible.

El programa económico de Unidad Ciudadana no se diferencia casi nada de los lineamientos generales que gobernaron al país durante los años previos a diciembre de 2015. Es por eso que no pueden ofrecer nada nuevo. Es que los problemas a los que la economía se enfrenta hoy, como la inflación, el estancamiento económico y el alto déficit fiscal fueron todos creados por el kirchnerismo.

Profundizar el modelo “K” es agravar todos los problemas que ellos generaron. Por lejos, se trata de una de las peores alternativas de estas elecciones legislativas.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

Ideales contrapuestos

Por Alberto Benegas Lynch (h).

 

Es de interés reflexionar sobre el contraste que en general se observa entre la perseverancia y el entusiasmo que suscita el ideal autoritario y totalitario correspondiente a las variantes comunistas-socialistas-nacionalistas que aunque no se reconocen  como autoritarios y totalitarios producen llamaradas interiores que empujan a trabajar cotidianamente en pos de esos objetivos (al pasar recordemos la definición de George Bernard Shaw en cuanto a que “los comunistas son socialistas con el coraje de sus convicciones”).

Friedrich Hayek y tantos otros intelectuales liberales enfatizan el ejemplo de constancia y eficacia en las faenas permanentes de los antedichos socialismos, mientras que los liberales habitualmente toman  sus tareas, no digamos con desgano, pero ni remotamente con el empuje, la preocupación y ocupación de su contraparte.

Es del caso preguntarnos porqué sucede esto y se nos ocurre que la respuesta debe verse en que no es lo mismo apuntar a cambiar la naturaleza humana (fabricar “el hombre nuevo”) y modificar el mundo, que simplemente dirigirse al apuntalamiento de un sistema en el que a través del respeto a los derechos de propiedad, es decir, al propio cuerpo, a la libre expresión del pensamiento y al uso y disposición de lo adquirido de manera lícita. Esto último puede aparecer como algo frívolo si se lo compara con el emprendimiento que creen majestuoso de cambiar y reinventar todo. Se ha dicho que  la quimera de ajustarse a los cuadros de resultado en la contabilidad para dar rienda suelta a los ascensos y descensos en la pirámide patrimonial según se sepa atender o no las necesidades del prójimo, se traduce un una cosa muy menor frente a la batalla gigantesca que emprenden los socialismos.

Este esquema no solo atrae a la gente joven en ámbitos universitarios, sino a políticos a quienes se les permite desplegar su imaginación para una ingeniería social mayúscula, sino también a no pocos predicadores y sacerdotes que se suman a los esfuerzos de modificar la naturaleza de los asuntos terrenos.

Ahora bien, esta presentación adolece de aspectos que son cruciales en defensa de la sociedad abierta. Se trata ante todo de un asunto moral: el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros que permite desplegar el máximo de la energía creadora al implementar marcos institucionales que protejan los derechos de todos que son anteriores y superiores a la existencia del monopolio de la fuerza que denominamos gobierno. El que cada uno siga su camino sin lesionar iguales derechos de terceros, abre incentivos colosales para usar y disponer del mejor modo posible lo propio para lo cual inexorablemente debe atenderse las necesidades del prójimo. En otros términos, el sistema de la libertad no solo incentiva a hacer el bien sino que permite que cada uno siga su camino en un contexto de responsabilidad individual y, en el campo crematístico, la asignación de los siempre escasos recursos maximiza las tasas de capitalización que es el único factor que permite elevar salarios e ingresos en términos reales.

Hay quienes desprecian lo crematístico (“el dinero es el estiércol del diablo” y similares) y alaban la pobreza material al tiempo que la condenan con lo que resulta difícil adentrarse en lo que verdaderamente se quiere lograr. Si en realidad se alaba la pobreza material como un virtud, habría que condenar con vehemencia la caridad puesto que mejora la condición  material de receptor.

Algunos dicen aceptar el  sistema de la libertad pero sostienen que los aparatos estatales deben “redistribuir ingresos” con lo que están de hecho contradiciendo su premisa de la libertad y la dignidad del ser humano puesto que operan en una dirección opuesta de lo que las personas decidieron sus preferencias con sus compras y abstenciones de comprar para reasignar recursos en direcciones que la burocracia política considera mejor. En la visión redistribucionista se trata a la riqueza como si estuviera ubicada en el contexto de la suma cero (lo que tiene uno es porque otro no lo tiene), es decir, una visión estática como si el valor de la riqueza no fuera cambiante y dinámica. Según Lavoisier todo se transforma, nada se consume pero de lo que se trata no es de la expansión de la materia sino de su valor (el teléfono antiguo tenía mayor cantidad de materia que el moderno pero el valor de éste resulta mucho mayor).

Lo primero para evaluar la moralidad de un sistema es resaltar que no puede existir siquiera idea de moral si no hay libertad de acción puesto que, por un lado, a punta de pistola no hay posibilidad de considerar un acto moral y, por otro, la compulsión para hacer o no hacer lo que no lesiona derechos de terceros es siempre inmoral. En la sociedad abierta  o liberal solo cabe el uso de la fuerza de carácter defensivo, nunca ofensivo. Sin embargo en los estatismos, por definición, se torna imperioso el uso de la violencia a los efectos de torcer aquello que la gente deseaba hacer, de lo contrario  no sería estatismo.

En el contexto de la sociedad abierta, como consecuencia de resguardar los derechos de propiedad se estimula la cooperación social, esto es, los intercambios libres y voluntarios entre sus participantes lo cual necesariamente mejora la situación de las partes en un contexto de división del trabajo ya que en libertad se maximiza la posibilidad de detectar talentos y las vocaciones diversas (todo lo contrario de la guillotina horizontal que sugieren los socialismos igualitaristas). Y en este estado de cosas se incentiva también la competencia, esto es, la innovación y la emulación para brindar el mejor servicio y la mejor calidad y precio a los consumidores.

Como hemos apuntado en otras ocasiones, la libertad es indivisible, no es susceptible de cortarse en tajos, es un todo para ser efectiva en cuanto a los derechos de la gente. Los marcos institucionales que aseguran el antedicho respeto resultan indispensables para proteger el uso y la disposición diaria de lo que pertenece a cada cual. Los marcos institucionales constituyen el continente y las acciones cotidianas son el contenido, carece de sentido proclamarse liberal en el continente y no en el contenido puesto que lo uno es para lo otro. Entonces, ser “liberal de izquierda” constituye una flagrante contradicción en los términos, lo cual para nada significa que la posición contraria sea “de derechas” ya que esta posición remite al fascismo y al conservadurismo, la posición contraria es el liberalismo (y no el “neoliberalismo” que es una etiqueta con la que ningún intelectual serio se identifica puesto que es un invento inexistente).

Incluso para ser riguroso la expresión “ideal” que hemos colocado de modo un tanto benévolo en el título de esta nota, estrictamente no le cabe a los estatismos puesto que esa palabra alude a la excelencia, a lo mejor, a lo más elevado en la escala de valores, por lo que la compulsión y la agresión a los derechos no puede considerarse “un ideal” sino más bien un contraideal. Es un insulto torpe a la inteligencia cuando se califica a terroristas que achuran a sus semejantes a mansalva como “jóvenes idealistas”.

Lo dicho sobre la empresa arrogante, soberbia y contraproducente de intentar la modificación de la naturaleza  humana, frente a los esfuerzos por el respeto recíproco no justifican en modo alguno la desidia de muchos que se dicen partidarios de la sociedad libre pero se abstienen de contribuir día a día en la faena para que se comprenda la necesidad de estudiar y difundir los valores de la sociedad abierta e incluso las muestras de complejos inaceptables que conducen al abandono de esa defensa renunciando a principios básicos del mencionado respeto que permite que cada uno al proteger sus intereses legítimos mejora la condición del prójimo.

La sociedad abierta hace posible que las personas dejen de preocuparse solamente por cubrir sus necesidades puramente animales y puedan satisfacer sus deseos de recreación, artísticos y en general culturales. De más está decir que esto no  excluye posibles votos de pobreza, lo que enfatizamos es que la libertad otorga la oportunidad de contar con medicinas, comunicaciones, transportes, educación e innumerables bienes y servicios que no pueden lograrse en el contexto de la miseria a que conducen los sistemas envueltos en aparatos estatales opresivos.

Lo dicho en absoluto significa que deban acallarse las posiciones estatistas por más extremas que parezcan. Todas las ideas desde todos los rincones deben ser sometidas al debate abierto sin ninguna restricción al efecto de despejar dudas en un proceso de prueba y error que no tiene término. En eso estamos. Lo peor son las ideologías, no en el sentido inocente del diccionario, ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino como algo terminado, cerrado e inexpugnable que es lo contrario al conocimiento que es siempre provisional y abierto a posibles refutaciones. De lo que se trata es de pisar firme en los islotes de lo que al momento estimamos son verdades, en medio del mar de ignorancia que nos envuelve. Y esto no suscribe en nada la contradictoria postura del relativismo epistemológico que además de ser relativa esa misma posición, abriría la posibilidad de que una cosa al tiempo pueda ser y no ser lo que es y derribaría toda posibilidad de investigación científica puesto que no habría nada objetivo que investigar.

El concepto mismo de Justicia es inseparable de la libertad y de la propiedad. Según la definición clásica se trata de “dar a cada uno lo suyo” y lo suyo remite a la propiedad. El aludir a la denominada “justicia social” se traduce en una grosera redundancia puesto que la justicia no es mineral, vegetal o animal o, de lo contrario, apunta a sacarles por la fuerza sus pertenencias para entregarlas a quienes no les pertenece, lo cual constituye una flagrante injusticia.

Los socialismos proclaman que sus defendidos son los trabajadores (y los limitan a los manuales) pero precisamente son los más perjudicados con sus sistemas ya que el desperdicio de capital por políticas desacertadas recae principalmente sobre sus bolsillos. El liberalismo en cambio, cuida especialmente a los más débiles económicamente al atribuir prioritaria importancia que a cada trabajador debe respetársele el fruto de su trabajo sin descuentos o retenciones de ninguna naturaleza y en un ámbito donde se maximizan las tasas de capitalización y, consecuentemente, los salarios. El nivel de vida no se incrementa por medio del decreto sino a través del ahorro y la inversión, lo cual solo puede florecer en un clima de respeto recíproco y no someterse a megalómanos que imponen sus caprichos sobre las vidas y haciendas ajenas.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Gobierno, gasto, pobreza y educación

Por Gabriel Boragina Publicado  el 9/7/17 en: http://www.accionhumana.com/#!/2017/07/gobierno-gasto-pobreza-y-educacion.html

 

¿Cuáles serán los parámetros que deberíamos tener en cuenta para poder calificar a un gobierno de “exitoso” o de “efectivo”?. Ha habido –por supuesto- muchos autores que han intentado contestar esta pregunta:

“En primer lugar, los gobiernos efectivos buscan lograr un consenso entre la población acerca de los objetivos que se persiguen, así como crear un entorno de certidumbre que logre credibilidad en el gobierno y sus programas de desarrollo. En segundo lugar, los gobiernos exitosos han logrado un equilibrio entre la centralización de ingresos y la descentralización del gasto público.”1

Claro que, la opinión anterior admite varias interpretaciones. El juicio del “consenso” resulta aplicable tanto a gobiernos que aspiran a un programa de dirigismo económico como a aquellos que prefieren orientarse hacia el libre mercado. En rigor, todo gobierno, ya sea que coquetee con el totalitarismo o con el liberalismo, siempre trata de lograr “consensos” entre la población y aquellas políticas que anhela emprender. La primer parte de la cita –en tal sentido- es perfectamente adaptable a dirigistas como a librecambistas. Ambos reclamarán para sí el apelativo de “efectivos”. Si un jefe de estado consigue convencer a sus gobernados que su proyecto –sea ya totalitario o liberal- es el mejor y el más conveniente al país en cuestión, podrá decirse -desde el punto de vista de los poderes políticos y subalternos de esa nación- que el gobierno ha sido “efectivo”. Todo dependerá de la perspectiva predominante en ese país.

Lo que el autor señala como “En segundo lugar”, es algo bastante diferente, en cuanto no es ajustable por igual –indistintamente- a políticos amigos o enemigos del libre mercado. Los gobiernos estatistas tenderán siempre a centralizar, tanto los ingresos como los egresos estatales. Y para este tipo de “estados” un gobierno será “exitoso” únicamente en el caso que tal objetivo sea vea cumplido, o se lo perciba así en un porcentaje bastante importante. Por su contrario, para un poder político que elija inclinarse hacia estrategias de libre mercado, la clave del éxito será una descentralización, tanto de entradas como de salidas.

“El problema de la pobreza y falta de equidad es multidimensional, por lo que va a requerir soluciones privadas y públicas, mecanismos de protección a los perdedores (por ejemplo, a los desempleados) más que a las empresas que entran en problemas, subsidios, gasto público e incentivos.”2

Este enfoque es típico de la socialdemocracia, también conocida con el nombre de progresismo. Tal corriente de pensamiento -amiga de un lenguaje alambicado y ampuloso, con frecuencia carente de un significado preciso- se presenta como enemiga de los procesos de mercado, y tiende a contemplar el problema de la pobreza como causado -ya sea de manera directa o indirecta- por parte de estos procesos. Cuando, en realidad, son los mecanismos de libre mercado los únicos que posibilitarán la solución al problema de la pobreza y la falta de equidad. No se trata, pues, de una problemática “multidimensional”, y menos aun cuando no se describen ni detallan los elementos componentes de esa supuesta “multidimensión”. La pobreza se muestra en todo lugar donde se impongan estructuras burocráticas y se cercenen los mecanismos de libre competencia. Allí adonde se combate el libre mercado es donde aparecen indefectiblemente los perdedores, ya que en contextos de mercados regulados todos, a larga, pierden, reguladores y regulados. Aun cuando los reguladores sean los únicos que -en la etapa inicial- comiencen cosechando los beneficios netos de sus regulaciones.

Lo que en términos claros y sencillos propone el párrafo citado es subsidiar a quienes -en forma arbitraria y completamente discrecional- el gobierno decide rotular con el nombre de “perdedores”, los que, después de la ayuda estatal, resultarán mas perdedores que antes de la llegada de la misma. Cabe hacer notar que, el fenómeno del desempleo es generado -en casi su totalidad- por causa de las regulaciones estatales que interfieren con la armónica dinámica del libre mercado laboral.

“En Chile, la alteración de los patrones de gasto en la educación y, sobre todo, su sujeción a criterios de mérito académico, medidos a través de un examen anual a nivel nacional, llevó a un cambio radical en el desempeño de las escuelas y, con ello, de los grupos de interés que operan alrededor de éstas. En la medida en que el cambio en la estructura de gasto público para la educación generó nuevos ganadores “los maestros y las escuelas exitosas” los viejos intereses creados se vieron divididos y, con ello, incapacitados para impedir el avance de las reformas.”3

Entendemos que este párrafo alude a la educación estatal (mal llamada “pública”). En el mismo, se nos da cuenta de la experiencia chilena por la cual –según se dice- existió un cambio en la asignación del gasto público, el que aparentemente fue direccionado hacia “los maestros y las escuelas exitosas”, los que parecen haber sido optados a los efectos de la asignación de partidas presupuestarias por sobre los que no fueron elegidos como tales.

El gasto en educación estatal es siempre distorsivo, pese a todos los argumentos pseudo-económicos y hasta extra-económicos con los cuales se lo pretende justificar. Implica -en términos claros- detraer recursos de los contribuyentes que hubieran escogido destinar a costear una educación desemejante, para que el gobierno los utilice en educar a su manera y con razones disímiles a sus hijos. En última instancia -y dado que el gobierno que dirige la educación a través del gasto público está compuesto por individuos- en los hechos no representa otra cosa que los burócratas son los que resuelven dónde, cuándo, en qué y con qué contenidos se deberán “educar” los hijos del contribuyente. La única medida válida de evaluación, en torno al mérito académico de determinados establecimientos educativos, es aquella que tiene en cuenta la estimación de los padres del alumno; y en el caso universitario, el de aquellos o –eventualmente- el de los propios estudiantes del instituto. La apreciación que haga el burócrata de turno en el asunto para nada cuenta.

1 Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC pág. 12
2 Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía ….ob. cit, pág. 21
3 Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía ….ob. cit, pág. 23

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Gasto público, Estado y Poder

Por Gabriel Boragina Publicado  el 2/7/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/07/gasto-publico-estado-y-poder.html

 

Hay quienes parecen creer que un gasto público elevado queda “justificado” cuando los recursos de los que dispone el gobierno son mayores a ese gasto, es decir cuando existe un superávit primario. Una situación que se presentó en algún momento en -por ejemplo- el caso brasileño :
“Para un observador externo, podría parecerle que el gobierno brasileño lleva una vida consistente, ganando más de lo que gasta. Cada día el gobierno cuenta con más y más mecanismos técnicos para recolectar impuestos, y la lucha contra la evasión fiscal es cada vez más eficiente.
Sin embargo, todas estas mejoras en la eficiencia tributaria no parecen verse reflejadas en la calidad del gasto público. Las inversiones en educación básica, infraestructura y salud no han corregido un estilo de vida bastante desigual entre los brasileños.”1
El autor citado centra su critica en la “mala calidad” del gasto. Lo que permite inferir que, si -a criterio de él- la calidad del gasto fuera mejor, toda la parafernalia tributaria se encontraría -de alguna manera- “justificada”. De ser esta la interpretación correcta del párrafo anterior, ya hemos expresado de nuestro lado la opinión de que el superávit fiscal -cualquiera sea su causa- podría ser considerado un síntoma de “buena salud fiscal”, lo que significará -en todos los casos- otro en sentido contrario O sea, -por contrapartida- ha de ser visto como otro síntoma equivalente pero de mala salud en el sector privado.
La prensa, muchos académicos y -por supuesto- los políticos suelen presentar como una buena noticia la aparición de cualquier superávit fiscal, cuando -nuevamente- representa una buena noticia para el sector público, y la misma noticia sera muy mala para el sector privado. En cualesquier caso significará que se le están quitando a la gente más recursos de los que esa misma gente estaría dispuesta a entregar al gobierno, suponiendo que puedan tomarse los gastos previstos en el presupuesto como una “expresión” del voto de la ciudadanía (cuestión -a nuestro juicio- bastante alejada de la realidad).
“Si Brasil desea establecer un ejemplo exitoso para sus vecinos, deben seguirse algunos puntos:[…] aprobar instrumentos legales para contener el crecimiento del Estado, al tiempo que se fortalece su papel de guardián de la seguridad pública, proveedor de la educación básica y fuente de políticas para combatir problemas relacionados con la pobreza (por ejemplo, reducción del gasto público y/o disminución de la carga tributaria)”2
Un estado mínimo garantizará -en cualquier caso- una mayor eficiencia económica Pero, bien puede ocurrir que la sociedad y sus dirigentes -no especializados precisamente en materia económica- piensen en conjunto que es “misión” de los gobiernos proveer a todas las necesidades de la gente. Esta errónea concepción económica y legal (porque, asimismo, implica una determinada teoría sobre derechos y obligaciones que incluyen tanto al estado-nación como a sus miembros) es la que tiene -como inexorable consecuencia- los gobiernos elefantiásicos que estamos tan acostumbrados a ver. En nuestra opinión, el tamaño del “estado” no ha de medirse tanto por la cantidad de funciones que este cumple, sino más bien por la cuantía de los recursos que los gobiernos destinan a esas actividades.
Otro caso similar al antes analizado de Brasil se presenta en el Ecuador:
“Para que un país alcance una calificación alta, deberá proveer protección segura de la propiedad privada, asegurar el cumplimiento de los contratos y contar con una moneda estable. También debe mantener bajos impuestos, limitarse en la creación de barreras al comercio doméstico e internacional, y depender completamente en los mercados antes que en los gastos del gobierno y las regulaciones en la asignación de recursos y bienes.”3
Lamentablemente, estas sanas recomendaciones -que son enteramente aplicables, no solamente al Ecuador sino, a todos los países del mundo sin distinción de tiempos- son poco atendidas Por su propia naturaleza, los gobiernos tienden a crecer, y cuando esto ocurre el efecto que aparece indefectiblemente es el de una disminución de la actividad económica privada, presentándose el resultado de un juego de suma cero, es decir, un gobierno grande significará siempre un sector privado pequeño. Quienes más se perjudican de esta consecuencia serán las pequeñas y medianas empresas y los particulares, en especial los asalariados.
“En el Ecuador la función judicial ha estado influenciada por los partidos políticos que continuamente han forcejeado para conseguir una cuota de miembros de la Corte Suprema y otras organizaciones del sistema judicial a nivel regional, así como de los tribunales electorales y organismos de control del gasto público”.4
Algo similar ha ocurrido en la Argentina y -seguramente- lo indicado ha de ser un problema en varios países de la región. Aquí es oportuno recordar que, la esencia de un sistema republicano reside -precisamente- en la división de podres. Su vigencia -entre otros efectos- contribuye a mantener un gasto público en niveles reducidos, ya que, en el punto, un poder deberá hacer de balance y contrapeso de los restantes. Pero, cuando los políticos pujan por predominar en todos los poderes (no solamente el judicial, sino también el ejecutivo y el legislativo) el sistema republicano se resiente y se desvirtúa, toma dimensiones crecientes la corrupción y esto -obviamente- eleva a proporciones importantes el gasto estatal.
De alguna forma, la cita siguiente expresa lo anterior:
“La mayor parte de los gobiernos reconoce los nuevos retos pero enfrenta la realidad cotidiana de cotos de poder, presiones por aumentar el gasto público, llamadas a resolver problemas particulares y a aplicar conceptos que ya no operan, pero que siguen dominando el discurso político y el debate burocrático.”5
Hay una cierta uniformidad en la acción de todos los gobiernos que desdibuja sus posibles o declamadas diferencias ideológicas. Quien aspira a gobernar se ve -de cierta forma- condicionado por el estado cultural de su pueblo y las inclinaciones ideológicas dominantes dentro de la sociedad. Esto hace que los gobernantes (pese a tener conciencia de lo malo que significa encarar políticas de neto corte estatista) se inclinen, por razones de índole electoral y a pesar de sus intimás convicciones, a adoptarlas.
No estamos seguros que -como dice la cita- sea la situación de “La mayor parte de los gobiernos”. Quizás resulte un tanto exagerada la generalización si tenemos en cuenta que, dentro del vocablo “gobierno” englobamos los tres “poderes” del mismo (ejecutivo, legislativo y judicial). Quizás fuera más realista decir que muchos miembros de esos poderes reconocen la predicha problemática.
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1Claudio Djissey Shikida. Instituto Liberdade, Brasil, “Brasil: De la Substitución de Importaciones al siglo XXI: ¿Qué queda por hacer?”. En Libre Comercio en las Américas. Editado por Juan Carlos Hidalgo. ISBN 1-905041-11-X. publicado por International Policy Network, Reino Unido. pag. 23
2Djissey Shikida, C. Ob. Cit. Pág 24.
3Enrique Ampuero Pareja. Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Ecuador.“El Ecuador no puede prosperar con un Estado de Derecho Débil”. En Libre Comercio en las Américas. Editado por Juan Carlos Hidalgo. ISBN 1-905041-11-X. publicado por International Policy Network, Reino Unido. Pág 33
4Ampuero Pareja, E. Op. Cit. Pág 35
5Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC. Pág 3.
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Empobrece este gasto público excesivo

Por Enrique Blasco Garma. Publicado el 23/6/17 en: http://www.libertadyprogresonline.org/2017/06/23/empobrece-este-gasto-publico-excesivo/

 

El trabajo productivo genera riqueza. Que se disfruta con el salario y ganancias percibidos. En bruto contraste, cuando se hacen pagos desvinculados de la creación de bienes y servicios se retacean los ingresos de quienes trabajan productivamente. No es entonces sorpresivo que resulte tan cuesta arriba crecer y encontrar actividades productivas realmente atractivas. Una sociedad que entrega una significativa parte del PBI a quienes no producen, automáticamente castiga a los que trabajan creativamente. En esa sociedad, los salarios son bajos, y los precios elevados, necesariamente. Y las oportunidades de trabajo e inversión escasas.

La Argentina encontró un atajo a esta disyuntiva. Para mantener pagos a quienes no contribuyen produciendo bienes y servicios, y para no castigar demasiado al trabajo efectivo, el Estado se endeuda en el exterior. Y, con esos fondos, les paga a las personas que no engendran los bienes y servicios necesarios para su sustento. Y todos contentos, engañados por un tiempo. Pero ya aprendimos. En algún momento, el pago de los bonos correspondientes nos empobrecerá a todos.

La producción se incentiva realmente favoreciendo que los ingresos los perciban quienes producen, en vez de los que reclaman subsidios. Adam Smith, en “La Riqueza de las Naciones”, obra fundacional de la economía, explica que obtenemos nuestros alimentos, vestimenta y demás bienes no de la buena voluntad de los proveedores si no de su codicia por nuestro pago. No es la misericordia si no la remuneración el propulsor principal de la prosperidad.

El actual elevadísimo nivel de gasto del Estado refleja demasiados pagos para sostener a personas que no contribuyen en la creación y provisión de los bienes y servicios que demanda nuestra gente. Por eso, este gasto exagerado es destructivo de la riqueza. Empobrece al conjunto. Y no constituye un programa solidario. Todo lo contrario. Mientras se mantenga, es un programa político que destruye, reduce, los ingresos conjuntos de los argentinos. No puede sorprender el menguado nivel de consumo e ingreso.

La Argentina fue un país enormemente solidario en su época de gloria, cuando encabezaba los primeros puestos en ingreso por habitante del mundo. En ese tiempo de bonanza los pagos se dirigían concentradamente a quienes creaban riqueza trabajando productivamente. En ese proceso, la Argentina incorporó millones de pobres, ineducados, de Europa y otras regiones, conformando un país de emprendedores motivados que construyeron nuestra nueva y gloriosa Nación. En tiempos más recientes quisimos torcer las enseñanzas bien fundadas, desviando ingresos a quienes no producen, empobreciendo a todos, hasta registrar porcentajes de pobreza vergonzantes.

La redistribución de los pagos, para premiar a quienes crean riqueza trabajando productivamente, y disminuyendo la exigencia de pagar a quienes obstruyen la producción, es la receta para superar la pobreza. No se puede demorar, justificando gastos estatales a quienes impiden producir, circular, aprender.

 

Enrique Blasco Garma es Ph.D (cand) y MA in Economics University of Chicago. Licenciado en Economia, Universidad de Buenos Aires. Es Economista del Centro de Investigaciones Institucionales y de Mercado de Argentina CIIMA/ESEADE. Profesor visitante a cargo del curso Sist. y Org. Financieros Internacionales, en la Maestria de Economia y C. Politicas, ESEADE.

Los valores “individuales” de los presos parecen ser distintos, pero los valores “sociales” no difieren de los del resto (I)

Por Martín Krause. Publicada el 1/7/17 en: http://bazar.ufm.edu/los-valores-individuales-los-presos-parecen-distintos-los-valores-sociales-no-difieren-los-del-resto-i/

 

Según un informe divulgado por el Ministerio de Justicia en Diciembre del año pasado hay en la Argentina 169 detenidos por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que no llega al 0,17% de todos los argentinos. Seguramente hay muchos delincuentes que no están detenidos. No sabemos cuántos son pero es muy probable que aún si los sumáramos el porcentaje sobre el total de la población sería muy bajo. Es decir, la abrumadora mayoría de los argentinos somos honestos. Al menos a ese nivel de delitos, porque si consideramos que los supermercados y los shoppings tienen que poner detectores magnéticos en prendas de vestir o en vinos, y cámaras de todo tipo para ver qué hace la gente recorriendo las góndolas, en fin, el porcentaje es ya mayor. No sumaré a ese grupo a los infractores de normas, porque en ese caso entramos casi todos, ya que la cantidad de normas nos hace imposible conocer cuántas estaremos violando en cada momento del día y muchas normas bien se lo merecen. Sostendré que la gran mayoría de los argentinos no cometemos delitos, mayores o menores. Esto daría a pensar que esa gran mayoría tiene valores individuales diferentes de los delincuentes y seguramente es así: no tomarían la propiedad de otros, no dañarían a esas personas violentamente, etc. Pero en cuanto a valores sociales se refiere, la diferencia no es mucha. Si mal no recuerdo, lo más cerca que me haya tocado estar de las fuerzas de seguridad ha sido entrar en una comisaría para pedir un certificado de domicilio, o para denunciar un choque o un robo. Tal vez por eso me atrajo la invitación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para dictar la materia Análisis Económico y Financiero en el Centro Universitario Devoto (CUD), una sede donde se dictan clases a los detenidos en ese Complejo Penitenciario. Al considerar las instituciones básicas y fundamentales para que la economía funcione tratamos el papel que cumplen los derechos de propiedad. Así, en términos generales, les parecía algo natural y lógico que los precios fueran resultados de intercambios y que éstos sean intercambios de derechos de propiedad por medio de contratos, formales o informales. No podía evitar pensar, sin embargo, que estaban allí precisamente por haberlo violado, ya sea la propiedad que cada uno tiene sobre su propia persona o sobre los bienes que ha producido o adquirido. Pero no parecía que ellos vincularan una cosa con la otra. ¿Qué piensan los detenidos sobre la organización social, sobre las desigualdades, sobre el trabajo y los mercados, sobre las políticas públicas? Sus opiniones sobre temas sociales no son diferentes de los que están afuera de esa cárcel. Ellos, que muchas veces toman en sus manos una “redistribución” forzada y violenta, también creen que es una función indelegable del estado tomar de unos para dar a otros. Y como la mayoría de los que están afuera, creen que al otorgar al estado ese poder, lo va a utilizar para redistribuir de ricos a pobres, para resolver los problemas de la pobreza. Pocos, adentro o afuera, piensan que una vez que se otorga al estado ese poder termina redistribuyendo en toda dirección, también de pobres a ricos, o de la clase media a la clase política. ¿A qué se debe este “instinto” redistributivo? Un grupo de científicos, y entre ellos un par de argentinos, expertos en el nuevo y prometedor campo de la psicología evolutiva plantean una respuesta. Los argentinos son Daniel Sznycer, de la Universidad de California Santa Bárbara y la Universidad de Arizona, y María Florencia López Seal, de la Universidad Nacional de Córdoba. Investigan y escriben con los ‘padres fundadores’ de esta nueva disciplina, Leda Cosmides y John Tooby, creadores del Center for Evolutionary Psychology. Según ellos el apoyo a la redistribución se basa en emociones, en particular la compasión, la envidia y el interés propio, no por alguna convicción general de justicia social. Esas emociones son el resultado de largos procesos evolutivos durante los miles de años que fuimos cazadores-recolectores. No descartan el impacto de las prácticas locales, las ideas y valores compartidos o la historia reciente, pero centran su atención en las primeras.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados. (Ciima-Eseade). Es profesor de Historia del Pensamiento Económico en UBA. 

Candidatos: un conglomerado de progres y populistas

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 26/6/17 en: http://economiaparatodos.net/candidatos-un-conglomerado-de-progres-y-populistas/

 

Es una Argentina que parece haberse quedado sin opciones políticas para salir de esta larga decadencia

Es obvio que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para dictarle la prisión preventiva a Cristina Fernández ni a ninguno de todos los sospechados de corrupción que se presentarán como candidatos a diputados y senadores, pero podría haber tomado una posición más firme a la hora de remover a Gils Carbó mediante un DNU por el cual estaba facultado para hacerlo y lograr que los fiscales investiguen en serio.

Algunos dicen que a Cambiemos le convenía que Cristina Fernández no fuera presa para polarizar la elección y derrotarla en la urnas para que quede totalmente fuera de combate. Si iba presa, al menos por prisión preventiva dados el monto y la causa por la cual está procesada, iba a victimizarse y generar más compasión en la gente. En cambio, si enfrenta las elecciones y es derrotada en las urnas, queda sepultada políticamente y encima tendrá que enfrentar los juicios por corrupción que le esperan.

La estrategia parece tentadora, pero el problema es que usar las urnas como sustituto de la justicia no es, me parece, la forma de encarar los problemas de este tipo. Ignorar el orden jurídico por conveniencia política puede terminar en sistema totalitario o en un país en que la justicia no impera y todo se resuelve con el voto, sin importar si la mayoría circunstancial respeta los derechos de una minoría.

La realidad es que el Congreso parece haberse convertido en una guarida donde los corruptos van a buscar la protección que le ofrecen los fueros que disfrutan los legisladores, que en rigor fueron creados para no ser perseguidos por sus ideas, no para ser un escudo que los ampare de la justicia a la hora de pagar sus fechorías en el gobierno.

Si uno mira las listas de candidatos a diputados y senadores, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, se va a encontrar con una legión de progresistas y populistas. Es más, todos los primeros candidatos a diputado de la provincia de Buenos Aires, incluyendo a Cambiemos, llevan a un k o ex k en sus listas. Graciela Ocaña estuvo 5 años con el gobierno de los Kirchner. Es más, fue ministra de Salud cuando la crisis de la 125 que casi lleva el país a un enfrentamiento civil. Ya en ese momento se conocían las fechorías del matrimonio (las valijas de Antonini Wilson) y el proyecto chavista del kircherismo. Uno puede equivocarse en el candidato que acompaña, pero 5 años sin darse cuenta del proyecto autoritario no es creíble.

En CABA el progresismo domina la escena política. Carrió por Cambiemos, Lousteau, luego el peronismo con Moreno y toda esa corriente tradicional k y partidos de izquierda.

Si se observa el panorama electoral, no hay propuestas de partidos que hablen de reducir el gasto público, hacer una reforma tributaria que atraiga inversiones, reforma laboral y temas por el estilo. Están todos concentrados en redistribuir ingresos, es decir, en seguir metiéndole la mano en el bolsillo a la gente que trabaja en blanco para continuar financiando el clientelismo político.

En Cambiemos no se observa una convicción de cambio. El solo ejemplo de los subsidios por invalidez muestra la escasa convicción de cambio. Un escándalo de corrupción k que hizo aumentar en 1240% la cantidad de beneficiarios de pensiones por invalidez y Cambiemos estaba correctamente terminando con ese negocio de la invalidez que había armado el kircherismo. Pero hubo cinco gritos de los corruptos que no querían perder su negocio y arrugaron rápidamente. Ni siquiera supieron comunicar qué hacían y por qué lo hacían.

En definitiva, uno mira el horizonte electoral y no ve estadistas que piensen la Argentina 50 años hacia adelante. Solo miran cómo ganar la próxima elección ofreciendo más populismo.

Aquí no se ve una propuesta para recuperar un sistema monetario que no tenemos, un mercado de capitales para que haya crédito de largo plazo para que la gente pueda comprar propiedades, cómo limitar el poder de la AFIP o cómo eliminar regulaciones que obstruyen la producción. Solo hablan de redistribuir riqueza en vez de generarla.

Es una Argentina que parece haberse quedado sin opciones políticas para salir de esta larga decadencia. Esperemos que el tiempo haga cambiar la mentalidad estatista y redistribucionista que hoy impera en las mentes políticas.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

¿Se puede controlar a la bestia indomable del gasto público? Dos ideas, entre otras, límites al déficit fiscal y al gasto

Por Martín Krause. Publicada el 26/6/17 en: http://bazar.ufm.edu/se-puede-controlar-la-bestia-indomable-del-gasto-publico-dos-ideas-otras-limites-al-deficit-fiscal-al-gasto/

 

Con los alumnos de la materia Economía e Instituciones vemos algunas de las conclusiones normativas del Public Choice, en particular propuesta para limitar el oportunismo político. Aquí van solamente dos:

1.            Límites al déficit fiscal

Se impone una prohibición o límite al déficit fiscal. En el primer caso no puede gastarse más de lo que ingresa, pero el Estado, como cualquier empresa, se maneja con un presupuesto anual que se espera cumplirá. Si el dinero recaudado no alcanzara a cubrir el gasto presupuestado, el Estado terminaría sin cumplir algunos contratos y paralizando ciertos servicios. Para evitar esto, se impone la necesidad que el presupuesto presentado para su aprobación no tenga déficit, luego puede haber algún desvío si durante el transcurso del ejercicio fiscal los ingresos o los gastos difieren de lo presupuestado.  Para que la prohibición de déficit tenga alguna credibilidad ese límite al desvío debe ser pequeño y también considerarse un mecanismo para que sea compensado. Es decir, si el ejercicio termina con déficit podría pensarse en que ese exceso se cubrirá en el ejercicio siguiente, o que si termina con superávit, pasa a formar una reserva que sirva para cubrir desvíos negativos en el futuro.

En cuanto a establecer un límite al déficit fiscal, se lo suele hacer en relación al PIB. Así, por ejemplo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, parte del  Tratado de Maastricht, establece un límite del 3% del PIB para los países miembros de la Unión Europea, un nivel superior impone la obligación de medidas correctivas. Argentina, promulgó una ley de “déficit cero” el 30 de Julio de 2001, pocos meses antes de que se desatara la peor crisis de su historia.

En este último caso la norma fue aprobada cuando ya era demasiado tarde. Pretendía ser más una señal que generara confianza en los mercados para que éstos siguieran financiado la renovación de la deuda argentina. En el primero, su incumplimiento por los países más importantes de Europa no generó suficiente credibilidad para las sanciones y no extraña que luego se desatara en la región una profunda crisis fiscal (2010-11) .

Una diferencia importante entre una y otra que analizaremos en mayor detalle adelante es el nivel constitucional de la norma. En el caso argentino era una ley aprobada por el Congreso, en el de la Unión Europea formaba parte de un tratado internacional. Algunos autores sostienen que cuanto más alto el nivel constitucional, mayor impedimento será para las conductas que se quieren evitar (mejor una ley a un decreto presidencial, mejor una cláusula constitucional a una ley, mejor un tratado internacional a una cláusula constitucional), pero la experiencia europea muestra que esto no es necesariamente así. Todo depende de dónde se encuentra el mayor poder de control sobre el cumplimiento de la norma. En el caso europeo, el tratado imponía un límite relativamente estricto pero con pocas posibilidades de control, generando un incentivo por parte de ciertos países a actuar como free riders de los esfuerzos de los demás. Ellos obtenían los beneficios de las garantías de estabilidad generadas por la UE, pero aplicaban políticas fiscales irresponsables con las que nunca podrían haber generado tal credibilidad por parte de los acreedores que financiaron esos déficits. El control más fuerte puede estar en manos de los votantes, como veremos en el punto 3.

La obligación de no incurrir en un déficit fiscal no necesariamente genera una restricción en el crecimiento del gasto público, ya que se lo puede aumentar al mismo tiempo que se aumenta la presión impositiva e igualmente se cumple con el requisito, y el Estado termina así llevándose una mayor parte de la riqueza producida por los ciudadanos. Para evitarlo se han propuesto límites al crecimiento del gasto y a la creación de nuevos impuestos o el aumento de las tasas de los existentes.

2.            Límites al crecimiento del gasto público

En este caso se establece un límite a su crecimiento, normalmente asociado a la evolución del PIB. Podría establecerse un límite algo por encima del crecimiento del PIB si se quiere que el gasto aumente en relación a ese indicador, igual para que se mantenga o menor para que se reduzca.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados. (Ciima-Eseade). Es profesor de Historia del Pensamiento Económico en UBA.