La lotería de la vida y el modo de atenuar la desdicha

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 18/1/20 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/01/18/la-loteria-de-la-vida-y-el-modo-de-atenuar-la-desdicha/

 

Durante mucho tiempo me he torturado pensando en la suerte que he tenido de haber nacido en las condiciones en que me ha tocado vivir. Podía haber resultado con deficiencias físicas de importancia, podía haber nacido en un remoto y miserable pueblo africano, podía haber nacido en una familia de padres malvados o de progenitores que no contaban con los recursos para enviarme a estudiar, podría haber sufrido accidentes irreversibles, me podrían haber sucedido tantas cosas desagradables que es fácil comprobar que a otros les ocurrieron sin que hayan hecho nada para merecerlo. Por supuesto que como todos he tenido problemas, pero no de la envergadura de otros realmente desdichados.

¿Por qué esta lotería de la vida? ¿A que se debe esta disparidad, estas ventajas o desventajas? En primer lugar debemos concluir que estrictamente la suerte no existe. Incluso cuando se arrojan dados, el resultado es debido al roce con el paño, a la velocidad y ángulo con que fueron arrojados, al peso de los dados, en otros términos se deben a una cadena de nexos causales, no casuales. Más aun solemos decir, por ejemplo, que tuvimos suerte de encontrarnos con fulano o mengana pero en verdad se deben a relaciones causales que no previmos y los motivos que desconocíamos y por eso le endilgamos el rótulo de “suerte” pero no hay tal.

Esto para nada contradice el libre albedrío como característica medular de lo humano. Son dos planos distintos. No estamos determinados. El premio Nobel en física Max Planck y los filósofos John Hospers y Antony Flew explican que debemos distinguir entre causas en el mundo material y motivos en la mente humana, de lo contrario, como también subrayan el filósofo de la ciencia Karl Popper y el premio Nobel en neurofisiología John Eccles, no habría tal cosa como argumentación, ideas autogeneradas, proposiciones verdaderas y falsas, responsabilidad y moral.

Una vez despejado lo anterior nos percatamos de que solo hemos cambiado la formulación de la pregunta pero no modificamos nada esencial. En otros términos nos debemos entonces preguntar y repreguntar por qué se dieron las concatenaciones causales que se dieron y no otras. En resumen, estamos en las mismas.

No vamos a poder contestar a este interrogante porque no somos omniscientes, somos ignorantes y limitados. Nos esforzamos en la incorporación de nuevos conocimientos pero no podemos tener la arrogancia de prender ser más que humanos pues la soberbia no nos llevará a buen puerto.

Entonces dadas las cosas como son en la naturaleza la pregunta relevante consiste en interrogarnos acerca de cuál es la manera de sacar el mejor provecho posible de lo que es, no lo que nos imaginamos que debiera ser. Pero antes de pasar a las dos vertientes que se presentan en las relaciones sociales, es menester que resulte claro que una parte sustancial de lo que nos ocurre se debe a nuestra responsabilidad, es como me dijo en una oportunidad mi entrañable amigo José Ignacio García Hamilton: “Lo importante en la vida no es lo que a uno le sucede sino como uno administra lo que le sucede”.

Entonces se abren aquí dos líneas posibles en el contexto social. Veamos la primera sugerida que analicé hace mucho tiempo en mi libro Socialismo de mercado. Ensayo sobre un paradigma posmoderno a la que ahora menciono muy parcial y telegráficamente y solo referida a dos de los once autores que analizo en ese libro. Se trata de Ronald Dworkin y John Rawls quienes son los autores que con mayor énfasis y difusión académica han tenido con la intención de remediar vía el gobierno los efectos de las desdichas de otros. La segunda línea argumental que exploramos queda patente a medida que glosamos y comentamos las tesis de los dos profesores mencionados y que sintetizo en la reflexión final.

En A Matter of Principle Dworkin modifica radicalmente el principio universal de la igualdad ante la ley por el “principio de igual preocupación” de los gobernados por parte de los aparatos estatales basado en una errada noción de las externalidades positivas, por ejemplo, cuando se financia coactivamente la música sin percatarse de los resultados negativos de quienes se ven privados del fruto de su trabajo por la fuerza. Escribe este autor que las entregas de recursos a los más débiles puede aparecer como perjudicial pero “ese daño será solo temporario puesto que una economía más dinámica producirá mayor prosperidad” con lo que Dworkin descarta los problemas que se suscitan debido a la mal asignación de los siempre escasos recursos que en definitiva perjudican a los que se ha querido favorecer debido al consecuente consumo de capital que es el único elemento que permite incrementar salarios. Más aun agrega: “Aunque las predicciones negativas fueran correctas, simplemente debemos ajustar las ambiciones para el futuro puesto que la obligación de la sociedad es en primer término hacia los ciudadanos que hoy viven en ella”.

Esto último adolece de una visión sumamente limitada ya que, por un lado, el sacrificar el futuro al presente hará que otras personas sufran los daños más adelante y, por otra, según sea la magnitud del despilfarro se afectará también las condiciones de vida en el presente.

Finalmente, a los efecto de centrar la atención en los ejes centrales del análisis dworkiniano, consigna que el gobierno no debiera permitir “salarios más bajos que cualquier línea de la pobreza realista o los que tienen desventajas diversas […] Las personas no deben tener diferentes cantidades de riqueza simplemente porque tienen diferentes capacidades innatas para producir aquello que otros reclaman o aquellos cuyas diferencias aparecen como consecuencia de la suerte”.

Esta conclusión no toma en cuenta que los salarios e ingresos en términos reales no dependen del voluntarismo sino de las tasas de capitalización. Por tanto, cuando se establecen por ley las entradas de la gente se los está condenando al desempleo y por ende a incrementar sus angustias a través de lo que Dowrkin propone en cuanto a la necesidad de “corregir el mercado” a través de políticas “redistribucionistas”. Esta receta contradice abiertamente las distribuciones que ha realizado al gente vía sus compras y abstenciones de comprar en el supermercado y afines, lo cual, como queda dicho, atenta contra el debido aprovechamiento de los recursos existentes que, a su turno, se traducen en mayor empobrecimiento. Por esto es que Thomas Sowell sostiene que “los economistas no deberíamos hablar de distribución de recursos, puesto que los ingresos no se redistribuyen se ganan”.

De modo similar Rawls en su Teoría de la justicia se basa en dos principios: el “principio de la diferencia” y el “principio de la compensación”. El primero estaría sustentado en los resultados que producen los “talentos naturales” (excluye los adquiridos pero no son susceptibles de escindirse puesto que dependen de los naturales) ya que agrega que “nadie merece una mayor capacidad natural ni tampoco un lugar inicial más favorable en la sociedad” por lo que “las desigualdades inmerecidas requieren una compensación.”

Pero es que precisamente la llamada “compensación” al distorsionar la asignación de los factores de producción empeora la situación de los que se pretende mejorar y, por otro lado, la clasificación de talentos naturales y adquiridos es pastosa por lo que dejamos dicho. Por otra parte, no resulta posible conocer la magnitud de los talentos de cualquier tipo que sean para ningún planificador, incluso no es posible para el propio titular ya que los talentos se ponen de manifiesto cuando se presentan las oportunidades lo cual no ocurrirá en la medida en que el proceso sea bloqueado por la intervención estatal. Además, es relevante señalar que no resultan posibles las comparaciones intersubjetivas de talentos en diferentes personas en diferentes actividades. Por último, las aludidas compensaciones darían lugar a diversos usos de esas compensaciones justamente debido a los diversos talentos para utilizarlos, con lo que habría que compensar la compensación y así sucesivamente.

En otros términos, a través de los comentarios a los dos autores mencionados se concluye que por más buenas intenciones en las que estarían inspiradas las políticas compensatorias, los resultados son negativos muy especialmente para las personas que se desea proteger.

Estas conclusiones en nada se oponen a la muy bienvenida solidaridad y ayuda a los más necesitados, pero debe destacarse que la caridad y la benevolencia por definición es realizada con recursos propios y de modo voluntario. La compulsión es absolutamente incompatible con la filantropía y, como apunta Tibor Machan en Generosity. Virtue in Civil Society, eso es solo posible con propiedad privada y en un libro que escribí en coautoría con Martín Krause titulado En defensa de los más necesitados mostramos las extraordinarias y múltiples obras de beneficencia (en su caso, asociaciones de inmigrantes, montepíos, cofradías, socorros mutuos, fondos comunes de ayuda, escuelas, hospitales, asistencia a discapacitados) en Estados Unidos, Inglaterra y Argentina antes de la irrupción de aquella contradicción en los términos conocida como “Estado Benefactor”. En este contexto es necesario enfatizar que la atmósfera para la ayuda debe llevarse a cabo haciendo uso de la primera persona del singular asumiendo propias responsabilidades y no echar mano a micrófonos endosando a otros la obligación de entregas recurriendo a la tercera persona del plural (y generalmente sugiriendo el uso de la fuerza).

Hay un estrecho correlato entre libertad y ayuda al prójimo, lo cual no aparece en lugares como Cuba o en otros lares que se asimilan más a campos de concentración que a países. También es oportuno apuntar que, como ha consignado Michael Novak en El espíritu del capitalismo democrático, debe comprenderse que la sociedad libre se alimenta del proceso de mercado abierto y competitivo puesto que sucumbe si se pretende vivir de la caridad sin la necesaria producción con lo que es posible el soporte voluntario a terceros.

Entonces, dadas las características de la naturaleza, el mejor modo de ayudar a que mejoren los más desfavorecidos y desdichados consiste en abrir de par en par la energía creadora al efecto de minimizar la pobreza y los problemas de los más carenciados. El mundo revela esta verdad puesto que en la medida en que hay libertad en esa media se genera prosperidad, especialmente para los más necesitados que en todas partes se convierten en agraciados cuando se muta de un régimen estatista a un clima liberal.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

La “propiedad” en el peronismo (2° parte)

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2020/01/la-propiedad-en-el-peronismo-2-parte.html

 

Continúa diciendo la “constitución” peronista el 49:

“Art. 39. El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino”.[1]

Se trata, como en el caso del artículo anterior, del modelo fascista que bien explicita L. v. Mises, y que persigue llegar al socialismo por una vía que, nominalmente, aparenta mantener la propiedad en cabeza de particulares, pero que deja de ser privada por cuanto quien substantivamente figura en los registros públicos como “propietario” no es libre de usar y disponer de lo “propio” que, por tal motivo, deja -en los hechos- de ser propio. Como en el caso anterior, no se define qué debe entenderse por “economía nacional” y cómo se cumple ese “bienestar social” y “común”. Queda implícito que tales contenidos el estado-nación se reserva el derecho a precisarlos a su entero arbitrio y decisión. La fórmula es lo suficientemente amplia como para dejar abierta la puerta a cualquier arbitrariedad.

Si el “estado” se reserva concretar que debe admitirse por “servicio” a “la economía nacional” va de suyo que es aquel quien determina cómo debe el teórico “dueño” del capital arbitrar sobre él. En la realidad, es el que manipula ese capital quien delimita en qué consiste ese “servicio a la economía nacional”, es decir, el gobierno peronista o -más precisamente- su líder, J. D. Perón, quien realmente decretaba dichos contenidos y los cambiaba a su gusto.

“Art. 40. La organización de la riqueza y «u explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la Justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá Intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los Intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la Importación y exportación, que estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre Iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios.”[2]

Este párrafo del artículo da cumplimiento al punto 7 del Manifiesto Comunista pese a que habla vagamente de “límites” los cuales no se explicitan. El gobierno se reserva (como en los casos anteriores) definir qué ha de interpretarse por “bienestar del pueblo”, “principios de la justicia social”, “intereses generales”, todas fórmulas deliberadamente nebulosas y vacías destinadas a que J. D. Perón las especificara a su exclusivo antojo y preferencia.

La norma decreta la estatización del comercio exterior y condiciona el interior a la directa intervención de la economía y su monopolización. La mención final -como al pasar- de la “libre iniciativa privada” luce risueña comparada con los textos de los arts. 38, 39 y este primer párrafo del 40, que instituyen por vía indirecta los arts. 1, 7 y 9 del Manifiesto Comunista. Los párrafos siguientes de este extenso art. 40 van demostrando como se acaba de aniquilar toda la hipotética “libre iniciativa privada” que concluye siendo derogada sin decirlo expresamente o -peor aún- negando dicha anulación. Sigamos:

“Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades Imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias.”[3]

Se destruye la propiedad provincial y se reserva a los privados la de los vegetales. Es decir, el suelo (excepto los vegetales) también pertenecía a la nación según este artículo. Conforme el ya visto art. 38 “Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e Intervenir con el objeto de desarrollar e Incrementar su rendimiento”, en tanto el art. 40 -en su primer párrafo- aclaraba que “podrá Intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad”. Es claro que no se deja margen alguno a la propiedad privada y -por ende- a la declamada “libre iniciativa individual”.

“Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado; y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado mediante compra o expropiación v con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine.”[4]

Como se observa, esta norma cumple con el art. 6 del Manifiesto Comunista y va más allá, porque incluye a todos los servicios públicos. El articulo decreta la estatización de jure de todos los servicios públicos, es más, se reserva el derecho a definir qué ha de considerarse un “servicio público” y qué no. Es decir, los servicios dejan de ser verdaderamente “públicos” para pasar a ser estatales. Nótese que la indemnización previa se condiciona a que una ley lo determine, lo que significa que hasta que esa ley no se dictara el gobierno podía expropiar sin indemnización alguna.

“El precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será, el de; costo de origen de los bienes afectados a la explotación menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido”.[5]

No sólo se ponía fin a la concesión, sino que -por encima de ello- se expropiaba a la empresa concesionaria también. Se obligaba la expropiación de las empresas de servicios públicos, con lo que prácticamente no había actividad privada alguna que pudiera escapar a la estatización de casi todos los bienes, posesiones y servicios privados. La fórmula indemnizatoria no preveía el ajuste por inflación que ya en esa época era una de las más altas de la región, ni los valores de mercado. Los registros históricos, no obstante, demuestran que las empresas se confiscaban, pese a la letra de la “constitución”,

[1] Dr. Carlos Sánchez Viamonte “DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS” EN LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA. Valoración y análisis. Su práctica. Enciclopedia Jurídica OMEBA-Tomo 5 Letra D Grupo 5.

[2] Sánchez Viamonte, C. ibidem.

[3] Sánchez Viamonte, C. ibidem.

[4] Sánchez Viamonte, C. ibidem.

[5] Sánchez Viamonte, C. ibidem.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

¿Quién daña más al mercado, Warren Buffet o Marx?

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 15/1/20 en: https://elnuevodiario.com.do/quien-dana-mas-al-mercado-warren-buffet-o-marx/?fbclid=IwAR0xRtPM20T06v6xEx7WHCvkkNdqtAqcUvK5hrDCLILPANHOZCISfL2SYyI

 

Según la derecha -por llamarlos de algún modo- personajes como Warren Buffet, son modelos. Hay que competir -pisando la cabeza de otros- para ganar y ser como el “bondadoso abuelo”, paradigma del capitalismo. Pero, en realidad, logró su fortuna gracias a irritantes privilegios estatales -en contra del mercado- literalmente, “explotando” a los pobres logrando una fortuna que no es natural.

El socialismo no es igualitario, ya que empobrece al pueblo y enriquece a los gobernantes. Pero en cambio, sí es igualitario el mercado ya que, por la curva de oferta y demanda, cuando un empresario gana mucho, inmediatamente -si el Estado no lo impide- surgen competidores que logran un equilibrio igualando la fortuna de todos.

Y sí que hay competencia, pero no es la del vale todo como vivir de privilegios del Estado -usar el monopolio estatal de la violencia- a costa de empobrecer al resto, sino la sana y libre donde cada jugador es un colega que incentiva al otro a esforzarse y ganar.

A Marx lo conocemos por sus fábulas que no resisten ningún análisis científico, y la ciencia existe y no tiene ideología. Y no creo que este poeta haya hecho mucho daño. Sí lo hicieron quienes, en nombre de su “ideología”, armaron revueltas violentas con el fin de esclavizar -imponerse por la fuerza desde un poder central- a millones de personas.

Warren Buffet sí ha hace mucho daño, porque hace negocios, y da una imagen del “capitalismo”, indigeribles. En dos artículos -uno del Wall Street Journal y otro reciente del Financial Times (FT)- muestra su desprecio por el mercado, y su elitismo: los ricos serían “más valiosos”.

“El abuelo capitalista”, por caso, ganó un referendo popular tras invertir fortunas promocionando que el Gobierno sostenga el monopolio eléctrico de su empresa, NV Energy, contra la liberalización que abarataría las tarifas dada la competencia. Así realiza su fortuna: ganado dinero con un monopolio “explotando” al pueblo, que tiene que pagar tarifas exageradas.

En otro de sus “brillantes negocios”, invirtió US$ 30 mil millones en aerogeneradores y, sin tapujos, le confesó al FT que “no lo haríamos sin el crédito fiscal a la producción que obtenemos”. O sea, que es “financiado” por el Estado, que cubre eso con impuestos que pagan los pobres dado que los ricos, necesariamente, los derivan subiendo precios o bajando salarios.

Según Buffet, los ricos se lo merecen porque han “contribuido con innovaciones brillantes”. Seguramente incluirá a su amigo Bill Gates, que hizo su patrimonio gracias al monopolio que le otorga el Estado con las leyes de “copyright”, o a “genios” como Thomas Edison que era un “patentador serial”: patentó unos mil inventos y no es creíble que fuera tan creativo.

De hecho, a la lámpara incandescente sólo la perfeccionó. Antes, Joseph Swan, obtuvo una patente en Gran Bretaña, en 1878, y llevó a su plagiador, Edison, a las cortes británicas, que le dieron la razón. Al teléfono móvil, por contra caso, no lo “inventó” nadie, es el resultado de miles de cerebros trabajando anónimamente, y es así como se hacen realmente los inventos.

En fin, Buffett mostrando su ignorancia asegura que la brecha entre ricos y pobres es una “consecuencia del mercado” y propone incrementar las ayudas estatales que, por cierto, pagan los pobres por vía impositiva en un círculo vicioso empobrecedor. “El gobierno”, dijo, “tiene que… modificar el sistema de mercado”.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE. Síguelo como @alextagliavini

Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva: otro salvavidas de plomo

Por Pablo Guido. Publicado el 5/1/20 en: https://www.rionegro.com.ar/ley-de-solidaridad-social-y-reactivacion-productiva-otro-salvavidas-de-plomo-1218417/

 

Independientemente de quién asumiera el gobierno nacional lo que requería la economía argentina era una rebaja significativa de la carga tributaria, menores costos laborales, menores niveles de inflación, una mayor apertura de la economía y un paquete de desregulación para todos los sectores productivos.

En las últimas semanas, el Gobierno dispuso varias medidas para intentar reactivar la economía.

No es necesario buscar datos desde mediados del siglo XX para registrar el proceso de decadencia que sufrimos.

Analicemos lo que sucedió en la última década en nuestro país. La economía argentina hace 35 trimestres que está estancada en el mismo nivel de actividad (IV trimestre 2010-III trimestre 2019). En dicho lapso la población creció aproximadamente un 10%, por lo que nuestro PIB per cápita cayó en esa magnitud en los últimos 9 años.

En las dos últimas gestiones presidenciales la inflación acumuló un incremento por encima del 1.000%, promediando un aumento anual del 35%. El empleo privado, en el mismo período, cayó en 65.000 puestos de trabajo y el empleo público aumentó en 650.000 personas). Inclusive los trabajadores autónomos se redujeron en 16.000.

La cantidad total de empleo registrado, público y privado, pasó de 10,9 millones a 12,1 millones (+10,8%). Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA los pobres en el país aumentaron, entre 2010 y 2019 del 28% al 40%.

¿Cuál es una de las explicaciones de este fracaso en términos de crecimiento, creación de empleo genuino y mejores condiciones de vida?

Recordemos que para que los ingresos de las personas se incrementen tiene que haber mayores niveles de producción per cápita, que a su vez son posibles mediante una mayor inversión por persona. En otras palabras, para generar un proceso de crecimiento es necesario que se inviertan más recursos por habitante.

¿Qué sucedió en la última década en nuestro país? Si lo medimos en dólares la inversión total ha disminuido un 21%: en el tercer trimestre del 2010 la “formación bruta de capital fijo”, según el INDEC, fue de U$S 70.000 millones (anualizada) y en el tercer trimestre de este año de U$S 55.000 millones. Dado que la población empleada, tanto en el sector público como privado, aumento casi 11%, podemos concluir que la inversión per cápita se desplomó en los últimos 10 años casi 30%.

Datos clave

1.5%
es el ahorro fiscal (en relación al PBI) que estima el gobierno con la aplicación de la ley de Emergencia.
2.000
son los millones de dólares que prevén recaudar con el aumento de las retenciones.

Conclusión: como cada uno de los trabajadores tenemos dos tercios de equipos y máquinas con los que contábamos hace 10 años entonces nuestros niveles de productividad son significativamente menores. Por lo tanto, los ingresos por trabajador son menores.

Ahora la pregunta clave: ¿por qué los niveles de inversión por trabajador se redujeron casi 30% en los últimos diez años?

Nadie que esté proyectando perder dinero invierte. Invierten los que tienen expectativas de generar una ganancia. Y en la Argentina esas expectativas son cada vez menores: la mayor presión tributaria, los altos costos laborales, las altas tasas de interés que hacen que el costo de financiamiento sea sideral, una economía cerrada que no permite adquirir bienes y servicios a precios internacionales, el entramado regulatorio que hace casi imposible el esfuerzo emprendedor, y niveles inflacionarios desorbitantes, son algunas de los principales factores que provocan la falta de inversiones.

Es en este contexto que el nuevo gobierno que asumió el 10 de diciembre pasado envió al Congreso el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (que ya es Ley), que no hace más que profundizar el problema. Independientemente de quién asumiera el gobierno nacional para los próximos cuatro años lo que requería la economía argentina era una rebaja significativa de la carga tributaria (acompañada en simultáneo con una reducción del gasto público para no aumentar el déficit fiscal), menores costos laborales, menores niveles de inflación, una mayor apertura de la economía y un paquete de desregulación para todos los sectores productivos.

¿Cuáles son los principales puntos de la ley recientemente aprobada el pasado 20 de diciembre en el Congreso?:

1) La declaración de la emergencia en nueve áreas (económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social), permitiéndole al gobierno no tener que recurrir al Congreso para aprobar cambios en dichos sectores.

2) Impuesto del 30% a la compra de pasajes al exterior y de gastos con tarjetas en otros países.

3) Ratificación del cepo cambiario e impuesto para la compra de dólares para atesorar.

4) Suspensión de aumentos tarifarios durante seis meses.

5) Suspensión del mecanismo de actualización de jubilaciones y pensiones por 6 meses, reemplazándose por aumentos trimestrales por decreto.

6) Pago de un bono de suma fija en diciembre y enero para jubilados que cobran el haber mínimo y beneficiarios de la AUH.

7) Aumento de las cargas patronales.

8) Suspensión de la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas.

9) Aumento de las alícuotas en el Impuesto a los Bienes Personales, permitiendo la aplicación de tasas hasta un 100% mayor para bienes registrados en el exterior. Además se congela el valor del mínimo no imponible.

10) Faculta al gobierno a incrementar las retenciones a las exportaciones y a disponer que el sector privado realice un incremento salarial (ya se publicaron los decretos presidenciales aumentando retenciones y obligando a las empresas a incrementar salarios).

11) Disponer la compra por parte al Banco Central de letras en dólares emitidos por la tesorería nacional, por un valor de U$S 4.500 millones.

12) Se incrementa la tasa de estadística para las importaciones.

13) Se aumenta el impuesto sobre los automóviles.

El ministro Guzmán busca equilibrar los indicadores macroeconómicos.

Como podemos observar la ley recientemente aprobada en el Congreso tiene como objetivos aumentar los ingresos y reducir los gastos, para mejorar la posición del resultado fiscal primario. Por el lado de los ingresos vía un aumento de la carga tributaria, continuar con el control de cambios. Por el lado del gasto público:

1) se supone que la suspensión del mecanismo de actualización de las erogaciones previsionales se hizo con el objetivo de reducir dicho gasto (45% del presupuesto nacional), si bien no se conoce cómo será el nuevo criterio de ajuste ni sobre quiénes recaerá el mismo;

2) incremento del gasto vía el pago del bono a jubilados, AUH y empleados públicos;

3) no está claro si la suspensión de aumentos tarifarios de los servicios públicos significará un aumento de subsidios a las empresas o serán estas las que financiaran la medida. Además le impone al sector privado mayores costos a través de un aumento de las cargas patronales y un incremento (vía decreto) de los salarios. Los aspectos positivos de la nueva ley son la supuesta mejora en el resultado primario de las cuentas públicas y la moratoria tributaria para las pymes.

Vale agregar que adicionalmente nos vamos a encontrar con un incremento de la carga tributaria a nivel provincial, dado que se suspendió el cronograma de rebajas de impuestos provinciales que se había acordado en el Consenso Fiscal 2017. Por lo tanto, las legislaturas provinciales estarán habilitadas para realizar aumentos en las alícuotas de los impuestos sobre los Ingresos Brutos y Sellos. En Neuquén dicho incremento en las alícuotas ya fue aprobado por la Legislatura provincial el 20 de diciembre.

Como podemos ver, el paquete de medidas económicas que por ahora lanzó el gobierno nacional no mejora la competitividad de las empresas argentinas, castiga al ahorro y las exportaciones, genera menores incentivos a contratar empleados en blanco, y ajusta los haberes reales de los jubilados que cobran por encima del mínimo (en principio). Así, la salida de este contexto económico de estancamiento y falta de creación de empleo, que ya lleva diez años, sigue siendo un escenario de muy baja probabilidad.

 

Pablo Guido se graduó en la Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Es Doctor en Economía (Universidad Rey Juan Carlos-Madrid), profesor de Economía Superior (ESEADE) y profesor visitante de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Investigador Fundación Nuevas Generaciones (Argentina).Director académico de la Fundación Progreso y Libertad.

 

Corruption, Not Globalization, Is To Blame For Poverty

Por Alejandro Chafuen: Publicado el 7/1/20 en:  https://www.forbes.com/sites/alejandrochafuen/2020/01/07/corruption-not-globalization-is-to-blame-for-poverty/?fbclid=IwAR2OnmE09agthau4qFnO610UQVElohX7nzJMZ1nRo98yFO-ZoQAGQ_1qbGM#66d1fdb02ff5

 

When discussing globalization, advocates of the free economy usually start by stressing the large number of people who have risen out of extreme poverty in the last three decades. This period of poverty reduction showed a parallel growth in globalization. But it has not been even.

Those who try to prove that we are living in the best of times usually use monetary statistics – they count the number and percentage of people who earn less than $1.90 per day. Thanks to progress and some inflation, the threshold for extreme poverty is being revised upward to $3 and even to $5 per day. “Optimistic” economists also provide statistics for factors such as access to clean water, access to electricity, and better and cheaper communications. In most countries human development indices have also improved. Their message is often summarized as “we never had it so good.”

It is only during the last three decades that we have seen think tanks, NGOs, and international bodies introduce indices that measure economic freedom, globalization and respect for the rule of law. Surprising as it might seem, we still do not have reliable international poverty statistics. It seems shocking that the World Bank and its multimillion-dollar bureaucracy – which states that poverty reduction is one of its main goals – can’t come up with up-to-date comparable figures. Most countries use different measures and thresholds and do not report on a yearly basis.

 

Alejandro A. Chafuén es Dr. En Economía por el International College de California. Licenciado en Economía, (UCA), es miembro del comité de consejeros para The Center for Vision & Values, fideicomisario del Grove City College, y presidente de la Atlas Economic Research Foundation. Se ha desempeñado como fideicomisario del Fraser Institute desde 1991. Fue profesor de ESEADE. Síguelo en @Chafuen 

Un repaso de los gobiernos chilenos para entender mejor lo que ocurrió allí

Por Martín Krause. Publicado el 3/1/20 en: https://www.visionliberal.com.ar/nota/6869-un-repaso-de-los-gobiernos-chilenos-para-entender-mejor-lo-que-ocurrio-alli/

 

José Niño escribe en el Mises Wire un interesante análisis sobre los recientes acontecimientos en Chile. Termina haciendo énfasis en la necesidad de descentralización: “Los manifestantes chilenos podrían poner fin a décadas de progreso en Chile”

Desde principios de octubre, los manifestantes han obstruido las calles de Santiago y otras ciudades en contra de las recientes subidas de tarifas del metro, al tiempo que expresan su preocupación por el estancamiento de los salarios y el alto costo de vida. Algunas de estas quejas detrás de estas protestas son válidas. Sin embargo, la pregunta del millón de dólares que rodea a toda protesta política de masas sí lo es: ¿Cómo resolverán los manifestantes estos problemas?

La respuesta por defecto a la que los manifestantes están recurriendo generalmente implica tener una mayor presencia del Estado en la economía. Las recientes protestas en Chile así lo han indicado. En el 2012, los chilenos protestaron contra el modelo económico de la nación al destacar el sistema educativo de Chile y ridiculizar el control privado de la industria del cobre del país. Como era de esperar, recurrieron a los típicos puntos de discusión de la denuncia de la desigualdad y la búsqueda de beneficios. Para resolver las supuestas injusticias de este sistema, reclamaron la «educación gratuita» y la nacionalización de la industria del cobre en el país.

De hecho, el sistema de educación superior de Chile es heterodoxo en términos de universidades públicas y privadas. Gracias a sus características nominales de mercado, se convirtió rápidamente en uno de los principales sistemas universitarios de América Latina. Entre 1992 y 2012, el número de chilenos que pasaron por la educación secundaria creció de 200.000 a 1,2 millones. Sin embargo, los manifestantes insistieron en que el sistema era injusto y presionaron para que el gobierno ejerciera un mayor control. Si Chile se tomara en serio su ética de mercado, el sistema educativo debería haber sido liberalizado para que los chilenos tengan más opciones educativas -ya sean de lujo o de presupuesto- a su conveniencia.

Cuando Sebastián Piñera fue elegido en 2010 -que marcó la primera vez que Chile tenía un gobierno de derecha elegido democráticamente en décadas- la gente tenía grandes expectativas para su gobierno. Había esperanzas de que Piñera llevara a Chile a los estándares del «Primer Mundo». A pesar de la publicidad, la administración de Piñera fue bastante deslucida. Tuvo algunos momentos brillantes cuando el gobierno de Piñera decidió reducir los tiempos de espera para los estudios de impacto ambiental, reducir la burocracia innecesaria, reducir los aranceles de importación y la cantidad de tiempo para establecer un negocio.

Sin embargo, Piñera elevó los impuestos corporativos de 17 a 20 por ciento en 2013 y trató de aplacar a las hordas de manifestantes estudiantiles garantizando becas para el 60 por ciento más pobre de la población y préstamos con una tasa de interés real del 2 por ciento para todos, excepto para el 10 por ciento más rico. No hubo un esfuerzo real por parte de Piñera para continuar liberalizando la economía. A su favor, Piñera aún mantenía un mínimo de moderación que le permitía a Chile seguir adelante y seguir creciendo. Considerando todas las cosas, la primera administración de Piñera fue una decepción para cualquiera que creyera que podría introducir reformas sustanciales de libre mercado.

Cuando Michelle Bachelet entró en escena, las cosas empezaron a tomar un giro negativo. Su gobierno subió las tasas de impuestos corporativos, trató de socavar el sistema de educación superior de Chile y utilizó la administración pública para empoderar a los sindicatos. Lo más importante, sin embargo, fue su uso del púlpito del matón para cambiar la narrativa general que rodea la economía política de Chile. No sólo condenó el modelo por supuestamente producir altos niveles de desigualdad en la riqueza, sino que lo llevó un paso más allá al sugerir un posible cambio en el orden constitucional a través de la Asamblea Constituyente.

Después de que la economía de Chile se arrastrara durante los años de Bachelet, los votantes decidieron volver a tirar de la palanca por Piñera. Lamentablemente, la economía sigue rezagada y Piñera revierte su promesa de campaña de recortar los mismos impuestos corporativos que su predecesor. Además, está tomando caballos de batalla progresistas como la consagración de los derechos de la mujer en la constitución y el uso de fondos estatales para socavar el sistema de pensiones privatizado de Chile. Para entonces, los simpatizantes del libre mercado se dieron cuenta rápidamente de que Piñera estaba orquestando una repetición de su milésimo primer mandato como presidente.

Con los disturbios generalizados que tiene ante sí, la administración se ve obligada a atravesar aguas desconocidas. Piñera ya está vacilando al prometer un nuevo «contrato social» que incluye aumentos del salario mínimo, aumentos de impuestos a los individuos más ricos del país y una mayor participación del Estado en el sistema de pensiones de Chile. Dado lo voraces que se han vuelto los activistas de izquierda en Chile, no estarán satisfechos con las concesiones de Piñera. Con toda probabilidad, Piñera podría ceder a la presión e iniciar una asamblea constituyente, lo que podría traer niveles sin precedentes de inestabilidad institucional a Chile.

 

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade). Síguelo en @martinkrause

Dalrymple y la sanidad pública

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 2/1/20 en: https://www.carlosrodriguezbraun.com/articulos/expansion/dalrymple-y-la-sanidad-publica/

 

El admirable médico, psiquiatra y ensayista inglés que escribe bajo el seudónimo de Theodore Dalrymple es un referente del pensamiento crítico de nuestro tiempo. Ha sido capaz de desafiar dogmas y lugares comunes, y de señalar problemas de fondo de la civilización, que siempre son asuntos éticos, y de poner en solfa la supuesta superioridad moral de nuestro Sentimentalismo tóxico, como se titula el libro que publicó en Alianza Editorial. Su propia experiencia como terapeuta también ha sido materia de reflexión, y acaba de poner el dedo en una llaga que nadie se atreve a tocar: la sanidad pública.

Nigel Lawson, fue ministro de Economía de Margaret Thatcher, dijo en una ocasión que el National Health Service (NHS) es lo más parecido que hay en el Reino Unido a una religión. Y este es el punto de partida de Dalrymple, que constata que, efectivamente, una mayoría de británicos cree firmemente que la sanidad pública es algo que debe ser protegido como un tesoro, y, al mismo tiempo, que cualquier duda acerca de sus virtudes es herejía. “El mito es muy sencillo. Antes de que fuera establecido el NHS en 1948, los pobres ingleses no tenían sanidad. Después, la sanidad fue universal, gratuita y de calidad. Esto constituyó una especie de paraíso igualitario en términos de salud, preferible a cualquier otra cosa que haya en la tierra. El NHS era y sigue siendo la envidia del mundo”.

Los datos, sin embargo, no lo confirman. No se trata de que la sanidad pública sea mala, que no lo es, sino que tampoco es ningún milagro, ni mucho menos gratuito: “Las tasas de supervivencia después de un ataque al corazón son menores en Inglaterra que en los demás países de Europa, y la falta de buenos tratamientos es una de las razones. Lo mismo sucede con las tasas de supervivencia después de un cáncer, que son las más bajas de Europa Occidental”. Para colmo, tampoco la sanidad pública es igualitaria: la diferencia entre la esperanza de vida de los más ricos y los más pobres, que se había mantenido estable durante décadas, empezó a aumentar después de establecido el NHS, y, asimismo, “esa diferencia se amplió cuando el gasto público en sanidad se incrementó considerablemente”.

El doctor recoge el testimonio de organizaciones que defienden la sanidad pública, pero que denuncian su ineficiencia, y se asombra de que un pueblo libre como el inglés no solo la acepte, sino que la aplauda en nombre de la igualdad y la seguridad.

Es verdad que el análisis de Theodore Dalrymple se limita al Reino Unido, pero creo que sus reflexiones podrían ser extendidas con provecho a otros países, incluido el nuestro.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE. Difunde sus ideas como @rodriguezbraun