Pensamientos sobre la maldición de la guerra

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 6/03/21 en: https://www.infobae.com/opinion/2021/03/06/pensamientos-sobre-la-maldicion-de-la-guerra/

El ansia de poder político, los nacionalismos y la intolerancia religiosa han sido y son las causas principales de los enfrentamientos armados entre naciones

Juan Bautista Alberdi

Los humanos necesitamos de vez en cuando hacer un alto en el camino y repensar lo que se está haciendo en nombre de la humanidad. Es el caso de la guerra que viene de tiempos inmemoriales. He escrito antes sobre este asunto pero estimo es el momento de volver a hacerlo e intentar un balance a raíz del actual bombardeo a Siria ordenado por Biden y de las injustificadas guerras anteriores y las que vendrán. En la antigüedad, los vencidos eran masacrados por las fuerzas victoriosas en la contienda. Los adultos eran degollados, las mujeres profetizaban con las entrañas de los muertos, se construían cercos con los huesos de los derrotados y los niños eran sacrificados para rendir culto a los dioses. Luego, en un proceso evolutivo, los ejércitos vencedores tomaban como esclavos a sus prisioneros (“herramientas parlantes” como se los denominaba, haciendo uso de una terminología que revelaba la barbarie del procedimiento)

Mucho más adelante, se fueron estableciendo normas para el trato de prisioneros de guerra que finalmente fueron plasmadas en las Convenciones de Ginebra y, asimismo, fueron suscitándose debates aún no resueltos sobre temas tales como la “obediencia debida” y los “daños colaterales”. En el primer caso, algunos sostienen con razón que si bien en la cadena de mando no tiene sentido permitir la deliberación y la discusión de las órdenes emanadas de la jerarquía militar y menos en plena trifulca pero hay un límite que no puede sobrepasarse. Es decir, tratándose de órdenes aberrantes no puede alegarse la “obediencia debida” como excusa para cometer actos inaceptables para cualquier conducta decente, aun en la guerra.

El segundo caso alude a la matanza, la mutilación o el daño a personas que nada tienen que ver en la contienda y la destrucción de bienes que pertenecen a inocentes. Esto se ha dado en llamar “daños colaterales” por los que se argumenta deben responder penalmente los agresores. Porque solo se justifica la defensa propia, esto es, el repeler un ataque pero nunca se justifica una acción ofensiva y tras la máscara de los daños colaterales se esconde no simplemente la mera acción defensiva, sino el uso de la fuerza para propósitos de agresión. En este sentido, el cuadro de situación es el mismo que cuando se asalta un domicilio: los dueños del lugar tienen el derecho a la defensa propia pero si llegaran a matar o herir a vecinos que nada tienen que ver con el atraco, se convierten de defensores en agresores por lo que naturalmente deben hacerse responsables.

Resulta que en medio de estos debates para limitar y, si fuera posible, eliminar las acciones extremas que ocurren en lo que de por sí ya es la maldición de una guerra, aparece la justificación de la tortura por parte de gobiernos considerados baluartes del mundo libre, ya sea estableciendo zonas fuera de sus territorios para tales propósitos o expresamente delegando la tortura en terceros países, con lo que se retrocede al salvajismo mas cavernario.

Cesare Beccaria (1764), el pionero del derecho penal, afirmaba en De los delitos y de las penas que “Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez […] ¿Qué derecho sino el de la fuerza será el que de potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es reo o inocente? No es nuevo este dilema: o el delito es cierto o es incierto; si es cierto, no le conviene otra pena que la establecida por las leyes y son inútiles los tormentos porque es inútil la confesión del reo; si es incierto, no se debe atormentar a un inocente, porque tal es, según las leyes, un hombre cuyos delitos no están probados […] Este abuso no se debería tolerar”.

Descender al nivel de la canallada para combatir a la canallada terrorista, convierte también en canallas a quienes proclaman la lucha contra el terror. Por este camino se pierde autoridad moral y la consecuente legitimidad. Michael Ignatieff nos dice en “Evil Under Interrogation” (2004) que “La democracia liberal se opone a la tortura porque se opone a cualquier uso ilimitado de la autoridad pública contra seres humanos y la tortura es la mas ilimitada, la forma mas desenfrenada de poder que una persona puede ejercer contra otra”. Explica que en situaciones límite es perfectamente legítima la defensa propia pero la tortura no solo ofende al torturado sino que degrada al torturador. Ignatieff sugiere que para evitar discusiones inconducentes sobre lo que es y lo que no es una tortura, deberían filmarse los interrogatorios y archivarse en los correspondientes departamentos de auditoria gubernamentales.

También en la actualidad se recurre a las figuras de “testigo material” y de “enemigo combatiente” para obviar las disposiciones de la antes mencionada Convención de Ginebra. Según el juez estadounidense Andrew Napolitano en Constitutional Chaos (2004) el primer caso se traduce en una vil táctica gubernamental para encarcelar a personas a quienes no se les ha probado nada pero que son detenidas según el criterio de algún funcionario del poder ejecutivo y, en el segundo caso, nos explica que al efecto de despojar a personas de sus derechos constitucionales se recurre a un subterfugio también ilegal que elude de manera burda las expresas resoluciones de la Convención de Ginebra que se aplican tanto para los prisioneros de ejércitos regulares como a combatientes que no pertenecen a una nación.

En diferentes lares se ha recurrido a procedimientos terroristas para combatir a las bandas terroristas. En lugar de la implementación de juicios sumarios, con la firma de actas y responsables, se optó por el asesinato y la inadmisible figura del “desaparecido” y la apropiación de bebes falsificando identidades. A través de estas formas tremebundas, eventualmente se podrá ganar una guerra en el terreno militar pero indefectiblemente se pierde en el terreno moral.

De mas está decir que lo dicho no justifica la bochornosa actitud de ocultar y apañar la acción criminal del terrorismo que no solo tiene la iniciativa sino que pretende imponer el totalitarismo cruel y despiadado que aniquila todo vestigio de respeto recíproco. No solo esto, sino que estos felones tampoco reconocen ciertos terrorismos de estado, por ejemplo el impuesto a rajatabla en la isla-cárcel cubana durante más de seis décadas. Esta grotesca hemiplejia moral está basada en el desconocimiento más palmario del derecho y en una burla truculenta a la convivencia civilizada.

Curiosamente, en algunos casos, para combatir al terrorismo que, como queda dicho, apunta a la liquidación de las libertades individuales, se opta por aniquilar anticipadamente dichas libertades a través de la detención sin juicio previo, el desconocimiento del debido proceso, se vulnera el secreto bancario, se permiten escuchas telefónicas y la invasión al domicilio sin orden de juez competente. Incluso se pretenden disminuir riesgos imponiendo documentos gubernamentales de identidad únicos, sin percibir que es el mejor método para acentuar la inseguridad ya que con solo falsificar esa documentación quedan franqueadas todas las puertas en lugar de aceptar registros cruzados y de múltiples procedencias. Tal como explica James Harper en Identity Crisis (2006), posiblemente se perciba este error si se sugiere que el gobierno establezca obligatoriamente una llave única para abrir la puerta de nuestro domicilio, la caja fuerte, la oficina, el automóvil y, además, provisto por una cerrajería estatal.

En el contexto de la defensa propia, puede presentarse el caso extremo y horripilante que el agresor recurra a escudos humanos para perpetrar su ataque. El derecho a la vida supone el de preservarla a través de los derechos de propiedad y de defenderla vía la antedicha defensa propia. En el caso que ahora nos ocupa, si no fuera aceptable moralmente contrarrestar el ataque debido a los escudos humanos, desaparecería la posibilidad de la defensa propia con lo que desaparece el derecho a la vida, lo cual, a su vez, torna imposible la existencia de todo derecho. Sin duda que árbitros y jueces imparciales analizarán el caso y se resultaba posible ejercer el derecho a la defensa propia sin afectar a los escudos humanos, pero el recurrir a semejante medio para agredir responsabiliza al agresor por las consecuencias de la acción doblemente criminal puesto que está agrediendo a las víctimas del asalto y a los escudos humanos.

En algunas oportunidades se suele hacer referencia a las sociedades primitivas con cierto dejo peyorativo, sin embargo, algunas de ellas ofrecen ejemplos de civilidad como es el caso de los aborígenes australianos que circunscribían los conflictos armados a las luchas entre los jefes, o los esquimales que los resolvían recitando frente a la asamblea popular según la resistencia de cada bando en pugna, tal como relata Martin van Creveld en Rise and Fall of the State (1999). Es para atender con cuidado lo de los aborígenes australianos porque si hoy se aplicara esa tesitura las guerras serían prácticamente inexistentes ya que a los comandantes en jefe por lo general les gusta estar bien pertrechados y a buen resguardo mientras alardean sobre las bienaventuranzas del arrojo y el espíritu de lucha. No es novedoso este proceder, ya Kant había consignado en La paz perpetua (1795) que, habitualmente, en la práctica “El jefe del Estado no es un conciudadano, sino un amo y la guerra no perturba en lo mas mínimo su vida regalada.”

Las guerras aparecen hoy entre naciones, no sabemos si en el futuro tendrán cabida estas concepciones políticas ya que la aventura humana es un proceso en constante estado de ebullición y abierto a posibles refutaciones. Solo podemos conjeturar que las divisiones y fraccionamiento del planeta en jurisdicciones territoriales, por el momento, a pesar de las extralimitaciones observadas (lo relevante es imaginarse los contrafácticos), hacen de reaseguro para los fenomenales riesgos de concentración de poder que habría en caso de un gobierno universal. Desde luego que de este hecho para nada se desprende la absurda xenofobia por la que las fronteras se toman como culturas alambradas e infranqueables para el tránsito de personas y el comercio de bienes.

En 1869 la Ligue Internationale et Permanénté de la Paix de Francia, organizó un concurso para premiar al mejor libro sobre la guerra. Juan Bautista Alberdi preparó El crimen de la guerra para tal fin pero no llegó a completar la obra y, a su muerte, en París, el escrito fue encontrado entre sus papeles personales y fue publicado en sus escritos póstumos en 1895. En ese trabajo, entre otras cosas, leemos que “el derecho de la guerra, es decir el derecho del homicidio, del robo, del incendio, de la devastación en la más grande escala posible; porque esto es la guerra, y si no es esto la guerra no es guerra […] un sarcasmo contra la civilización […] La guerra es el crimen de los soberanos”. Respecto de la defensa propia, Alberdi escribe en la misma obra que “La guerra no puede tener más que un fundamento legítimo, y es el derecho de defender la propia existencia. En este sentido del derecho de matar, se funda en el derecho de vivir, y solo en defensa de la vida se pude quitar la vida”.

No ayuda para nada al clima de pacificación que a los niños cotidianamente se los haga cantar a voz en cuello himnos guerreros en los colegios y que sus padres suelan regalarles soldaditos, ametralladoras de juguete y granadas para divertirse con sus amiguitos, quienes, en sus ratos de esparcimiento, y después de las tareas escolares -que no es infrecuente que consistan en memorizar la enumeración de armamentos con que contaban distintos ejércitos en conflicto- muchas veces se encierran a jugar videojuegos donde se desatan competencias desenfrenadas para ver quien extermina a más gente.

En el magnífico segundo epílogo de La guerra y la paz (1869), Tolstoy se queja por la costumbre de historiadores que se limitan a “describir la actividad de individuos que gobiernan a la gente y consideran que la actividad de esos hombres representan la actividad de toda la nación […] La historia moderna no debería estudiar la manifestación del poder sino las causas que lo engendran”.

El ansia de poder político, los nacionalismos y la intolerancia religiosa han sido y son las causas principales de las guerras. Las delimitaciones territoriales de aquel concepto dieciochesco de nación fueron y son establecidas por las acciones bélicas, cuando no los meros accidentes de la geografía. Aldous Huxley apunta en La situación humana (1959) que “No podemos decir que un país es una población que ocupa un área geográfica determinada, porque se dan casos de países que ocupan áreas vastamente separadas […] No podemos decir que un país está necesariamente relacionado con una sola lengua, porque hay muchos países que la gente habla muchas lenguas […] Tenemos la definición de un país como algo compuesto de una sola estirpe racial, pero es harto evidente que esto resulta inadecuado, aun si pasamos por alto el hecho que nadie conoce exactamente que es una raza […] Por último, la única definición que la antigua Liga de Naciones pudo encontrar para una nación era que es una sociedad que posee los medios para hacer la guerra”. Es por ello que Arthur Koestler concluye (1983) que, a pesar de que se vocifera que las guerras se hacen “para que no hayan más guerras, […] no se puede jugar indefinidamente a la ruleta rusa”. Tengamos muy en cuenta que, como bien dice el actor en Lord of War, “nada hay más costoso para un traficante de armas de guerra que la paz” y en la vereda de enfrente Antoine de Saint-Exupéry ha consignado que “el amor tiene la característica que crece cuando se reparte”.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

La compleja encrucijada de Edward Snowden

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 14/11/19 en:  https://www.lanacion.com.ar/opinion/columnistas/la-compleja-encrucijada-de-edward-snowden-nid2306298

 

Como es sabido, Jefferson ha consignado: «Entre un gobierno sin libertad de expresión y libertad de prensa sin gobierno, prefiero esto último». A esta altura es de conocimiento público que Edward Snowden trabajaba para los servicios de inteligencia estadounidenses, ámbito en el que se percató de que se estaba incurriendo en el grave delito de contradecir preceptos básicos de la Constitución de ese país al espiar sistemáticamente a ciudadanos inocentes y pacíficos.

En su libro Vigilancia permanente declara que, luego de batallar con su conciencia en el Ejército y en las oficinas de inteligencia en el contexto de una muy cómoda y remunerativa posición a la que había escalado en una notable carrera a lo largo de siete años en destinos como Japón, Suiza, Austria y en territorio estadounidense, que se extendió a Hawai como su último puesto, finalmente decidió romper con el sistema «de mentir, ocultar, encubrir y disimular» y denunciarlo: en palabras del autor, «una crasa violación no solo de la Constitución de Estados Unidos, sino también de los valores básicos de cualquier sociedad libre».

Los contratos de confidencialidad son valederos siempre y cuando no impliquen lesionar derechos de terceros. Las primeras líneas de la obra mencionada son: «Me llamo Edward Joseph Snowden. Antes trabajaba para el gobierno, pero ahora trabajo para el pueblo» (escribo «gobierno» con minúscula como fue escrito significativamente en el original en inglés, lo cual mutó por mayúscula en la edición española). Dice el autor: «Recopilé documentos de la IC que demostraban la actividad ilegal del gobierno estadounidense y se los entregué a algunos periodistas». Snowden explica que no solo se trataba de espionajes, sino que también se seguían procedimientos incompatibles con el debido proceso, se torturaba bajo diversas fachadas y se encaraban matanzas secretas con fines inconfesables.

En las últimas décadas se han agravado los procedimientos ilegítimos por parte de las agencias de inteligencia, pero en este mismo medio publiqué hace tiempo una columna donde destacaba que el expresidente Harry Truman, quince años después del establecimiento de la oficina más conocida en estos delicados asuntos, declaró: «Cuando establecí la CIA, nunca pensé que se entrometería en estas actividades de espionaje y operaciones de asesinato».

Ron Paul, el dirigente político estadounidense más liberal en el sentido clásico del término y tres veces candidato a la presidencia, señaló en Fox Business: «Snowden es un héroe», y el juez Andrew Napolitano, en el programa de TV Studio B, también de Fox, afirmó: «Edward Snowden es un héroe que pone al descubierto la trama infame de espionajes que vulneran nuestros valores y los principios de la Constitución», y concluyó: «Los gobernantes que permiten semejantes políticas no merecen el cargo».

La encrucijada en la que se encuentra Snowden es el resultado de la cobardía moral de gobiernos del llamado «mundo libre» a los que solicitó asilo desde su reducto en Hong Kong, requerimiento que fue denegado una y otra vez por temor a represalias de EE.UU. por haber denunciado la intromisión en las comunicaciones telefónicas privadas y en los correos electrónicos también privados sin la expresa orden del juez de la causa. Como última opción pidió asilo a Ecuador, muy paradójicamente al efecto de evitar el riesgo de ser detenido en otras naciones, pero en plena travesía el gobierno estadounidense le canceló el pasaporte, por lo que quedó anclado en Rusia.

En este contexto es de interés destacar que Snowden trabaja dando conferencias y dictando cursos a través de aulas virtuales y preside la Freedom of the Press Foundation; en su última entrevista televisada por Msnbc en el programa The 11 Hour Exclusive -al efecto de dejar sentada su independencia- dijo que el actual gobierno ruso es de raíz autoritaria.

Glenn Beck, en su programa de TV The Blaze, también sostuvo que Edward Snowden «es un héroe» al que hay que proteger contra las acciones criminales de energúmenos enquistados en Washington que traicionan los valores expuestos por los Padres Fundadores y que, por este camino, afirma el conductor, «ciertos megalómanos con rostros demócratas terminarán con las libertades individuales».

En su libro Constitutional Chaos el juez Napolitano concluye que «es gravísimo lo que viene ocurriendo en Estados Unidos, donde el gobierno puede confiscar y encarcelar sin el debido proceso y espiar la correspondencia privada y escuchar conversaciones de inocentes sin intervención del debido proceso». Es por eso que Osama ben Laden había manifestado que el triunfo de su ideología «inexorablemente tendrá lugar merced a la guerra antiterrorista por las restricciones a lo que en Occidente se denomina libertad» (citado por el politólogo Michael Tanner).

Mike Stein entrevistó en KWAM 900 al profesor Mark Thornston sobre el tema que nos ocupa, quien manifestó: «Snowden es un patriota que hizo lo correcto frente a la inmoralidad del espionaje», y «esto es un balde de agua fría para la economía ya que la consiguiente inseguridad hará que muchas empresas, especialmente las tecnológicas, se muden a países más seguros».

Nick Gillespie, de Reason TV, entrevistó vía teleconferencia a Snowden, quien resaltó su espíritu antiautoritario y subrayó que siempre estará «del lado de la libertad», por lo que criticó a quienes consideran que «le deben lealtad al Estado» y aludió a la nula «dimensión moral» de sus circunstanciales contratantes gubernamentales.

La encrucijada que presento en esta nota es sobre un prófugo que difundió para bien de la humanidad más de doscientos documentos reservados que ponen al descubierto las tropelías de un Leviatán desbocado. Estamos advertidos, no vaya a ser que lo escrito en 1952 por Taylor Caldwell como ficción en su The Devil’s Advocate se convierta en realidad respecto a que el gobierno estadounidense mute en un Estado totalitario.

Tal como escribe Glenn Greenwald en su libro Snowden. Sin un lugar donde esconderse, se trata de «los peligros de los secretos gubernamentales y la vulneración de las libertades civiles en nombre de la guerra contra el terrorismo», en cuyo contexto cita al propio Snowden: «Fue entonces cuando comencé a ver realmente lo fácil que es separar el poder de la rendición de cuentas, y que cuanto más altos son los niveles de poder, menor es la supervisión y la obligación de asumir responsabilidades».

Como bien ha declarado Snowden en un célebre reportaje para The New York Magazine: «Mi vida cambió para bien puesto que puedo ahora decir no lo que voy a hacer en el futuro, sino lo que con orgullo hice en el pasado.»

El autor concluye su libro recordando: «En un Estado autoritario, los derechos emanan del Estado y se conceden al pueblo. En un Estado libre, los derechos emanan del pueblo y se conceden al Estado».

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Meditaciones sobre el control de armas

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 2/3/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/03/02/meditaciones-sobre-el-control-de-armas/

 

Una vez más surge el debate sobre el control de armas a raíz de las tragedias ocurridas principalmente en Estados Unidos en colegios, debido a que allí se impone la zona donde no se permiten armas (gun-free zones), por lo que los asesinos seriales se sienten seguros para cometer sus horrendos crímenes, en lugar de permitir que los adultos encargados de custodiar los colegios estén debidamente entrenados en el uso de armas, además de la policía regular del área. Como se ha dicho, es absurdo custodiar las joyerías y no los colegios como si lo primero fuera más importante que lo segundo. Proponer insistentemente, como en el primer momento lo hizo Donald Trump, a raíz de la masacre en el colegio Marjory Stoneman Douglas High School de Parkland, en Florida, que se armen y entrenen los maestros en los colegios me parece otra de sus conocidas irresponsabilidades y exabruptos.

Desde luego que un tiroteo en un colegio resulta un espanto, pero muchísimo peor es la masacre sin posibilidad de defensa a la espera del arribo de la policía cuando ya se ha consumado el crimen serial.

Todo comienza con la idea que se tenga de lo que es un gobierno. La visión original en Estados Unidos plasmada en la Constitución defiende la portación y la tenencia de armas, porque considera sumamente peligroso desarmarse frente a los aparatos estatales, de igual manera que sería riesgoso entregar todas las armas a guardianes contratados para defender viviendas. Incluso, como apunta Leonard Read: «Hay razones para lamentar que nosotros en Norteamérica hayamos adoptado la palabra gobierno. Hemos recurrido a una palabra antigua con todas las connotaciones que tiene ‘el gobernar’, ‘el mandar’ en su sentido amplio. El gobierno con la intención de dirigir, controlar y guiar no es lo que realmente pretendimos. No pretendimos que nuestra agencia de defensa común nos debiera gobernar, del mismo modo que no se pretende que el guardián de una fábrica actúe como el gerente general de la empresa» (Government: An Ideal Concept).

No es de extrañar que las primeras medidas de los Stalin, Mao, Hitler, Castro y los Kim Jong-un del planeta sea el desarme de la población civil al efecto de someterlos con mayor facilidad. En esta línea argumental es de interés recordar que Suiza tiene una mayor proporción sobre los habitantes de personas armadas que en Estados Unidos, razón por la cual capitostes del ejército alemán han reconocido que no se atrevieron a invadir aquel país en ninguna de las dos guerras. Como es sabido, Suiza además no cuenta con ejército regular, son los ciudadanos que se constituyen en milicia armada y, dicho sea de paso, conviene destacar que ese país cuenta con el índice más bajo de criminalidad del mundo.

Es de suma importancia recordar también que, según ponen de manifiesto los documentos originales, en Estados Unidos, luego de los sucesos revolucionarios, se enfatizó y reiteró el peligro de mantener ejércitos regulares (standing army), lo cual fue luego modificado. Y es del caso traer a colación que, en el discurso de despedida de la presidencia de Estados Unidos, el general Dwight Eisenhower destacó: «El mayor peligro para las libertades del pueblo es el complejo militar-industrial».

A diferencia del norte, donde los colonos escapaban de la intolerancia y los atropellos a sus derechos, en Sudamérica prevalecieron los conquistadores y las «guerras santas» que, salvo personalidades como Fray Bartolomé de las Casas, eran posiciones generalizadas en el contexto de denominaciones al aparato de la fuerza como «excelentísimos», «reverendísimos» y dislates serviles de esa naturaleza desconocidos en Estados Unidos. Es por eso que en general la mentalidad latina estima que la portación y la tenencia de armas hará que todos estén a los tiros.

Por supuesto que igual que con el registro automotor o el consumo de alcohol, la entrega de armas se hace con los permisos correspondientes. Pero siempre hay que tener presente que cuando se exhibe un póster con la ingenua idea de prohibir el uso de armas con la cara de un monstruo y se consigna al pie una leyenda que dice: «¿Usted le entregaría un arma a este sujeto?», debe tenerse siempre presente que precisamente ese sujeto es el que tendrá el arma al efecto de victimizar a personas desarmadas e inocentes.

Cesare Beccaria, el pionero en el derecho penal, en su célebre texto On Crimes and Punishments, escribe que prohibir la portación de armas «sería lo mismo que prohibir el uso del fuego porque quema o del agua porque ahoga […] Las leyes que prohíben el uso de armas son de la misma naturaleza: desarman a quienes no están inclinados a cometer crímenes […] Leyes de ese tipo hacen las cosas mas difíciles para los asaltados y más fáciles para los asaltantes, sirven para estimular el homicidio en lugar de prevenirlo, ya que un hombre desarmado puede ser asaltado con más seguridad por el asaltante».

Es de gran importancia tener presente algunos personajes que a través de la historia fundamentaron extensamente sobre el derecho irrenunciable a la tenencia y la portación de armas de los ciudadanos: Cicerón, Ulpiano, Hugo Grotius, Algernon Sidney, Locke, Montesquieu, Edward Coke, Blakstone, George Washington, George Mason, Adams, Patrik Henry, Thomas Jefferson, Jellinek, Thomas Paine y tantos otros en la actualidad.

Obras como That Every Man be Armed: The Evolution of a Constitutional Right, de S. P. Halbrook y Gun Control, de R. J. Kukla, muestran estadísticas y cuadros donde se pone de manifiesto cómo los asaltos se incrementan en proporción a las prohibiciones en diversos estados y condados, puesto que los blancos resultan más atractivos para los delincuentes allí donde tiene lugar la prohibición.

En El federalista, nº 46, James Madison, el autor principal de la Segunda Enmienda, escribe con orgullo: «Los americanos [norteamericanos] tienen el derecho y la ventaja de estar armados […] a diferencia de los ciudadanos de otros países cuyos gobiernos tienen temor que la gente esté armada».

Desde luego que, en aquellos lugares donde se permite la tenencia y la portación de armas, quienes amenacen o insinúen la utilización indebida son castigados severamente.

En otro orden de cosas, se han mostrado las abultadas estadísticas sobre la mortandad vinculadas a los automotores, sea por accidentes en la vía pública o en reiterados asaltos, por lo que, salvando las distancias, sería desatinado prohibir los autos, del mismo modo que fue desatinado prohibir el alcohol con los resultados nefastos por todos conocidos.

Por su parte, en The Writings of Thomas Paine, este autor escribe: «Indudablemente sería bueno que nadie usara armas contra su vecino y que todo conflicto se arreglara a través de negociaciones […] pero en nuestro mundo el desarme haría que la gente de bien fuera constantemente sobrepasada por los asaltantes si se les niega la posibilidad de usar los medios para la defensa propia».

Entonces, en un campo más amplio, la tenencia y la portación de armas cumple con un doble propósito siempre unido a la defensa propia contra asaltantes, ya sean delincuentes comunes o delincuentes legales, contra los cuales en una situación extrema la población debe ejercer el derecho a la resistencia frente a gobiernos que recurren a la fuerza para avasallar derechos en lugar de protegerlos (tal como sucede hoy, por ejemplo, en el caso venezolano, que, dado el golpe de Estado de Nicolás Maduro a las instituciones, se hace imperioso el contragolpe).

El tres veces candidato a la presidencia de Estados Unidos y congresista, Ron Paul, declara, en el The Boston Globe: «Muchos políticos, jueces y burócratas consideran que tienen el poder de desconocer nuestro derecho a poseer armas, a pesar de que la Segunda Enmienda explícitamente garantiza el derecho de la gente. Como los padres fundadores, creo que el derecho a tener armas es consustancial a la sociedad libre».

El juez Andrew Napolitano, en Constitutional Chaos, sostiene con énfasis: «El cumplimiento de la Segunda Enmienda no solo permite la defensa propia contra asaltantes comunes, sino que evita genocidios que en todas partes y siempre se han llevado a cabo contra poblaciones desarmadas». Y en otro libro de este mismo juez que lleva el título de una frase de Voltaire, It is Dangerous to be Right when the Government is Wrong, subraya: «Sin el derecho a la defensa propia, los individuos no podrían protegerse de los ladrones vulgares ni de los gobiernos tiránicos, [… esto último] porque como ha dicho Mao el poder político sale del cañón de un arma».

Por último respecto a citas relevantes, David Boaz, en The Libertarian Mind, consigna: «Los ciudadanos respetuosos de la ley tienen un derecho natural y constitucional a poseer y transportar armas, no solo para caza sino como defensa propia y en último término para defender su libertad frente a gobiernos autoritarios».

Hay distraídos que mantienen que, a diferencia de Suiza y Estados Unidos, no puede permitirse la tenencia de armas en pueblos latinos, lo cual recuerda lo escrito por Friedrich Hayek respecto a la necesaria libertad para todos que sería inconveniente «antes de aprender a ser libres», que Hayek ilustra: «Es lo mismo que los tilingos que sostienen que no puede permitirse que alguien ingrese a un natatorio antes que aprenda a nadar».

En otros términos, como queda dicho, las personas pacíficas rechazan toda manifestación de violencia que estiman perversa, solo admiten el uso de la fuerza en defensa propia. Esas personas aceptan toda conducta que no lesione derechos de terceros, aunque no la compartan, pero frente a ataques y amenazas con armas no les queda otro recurso que defenderse. Es ingenuo, contraproducente y sumamente peligroso sostener que deben prohibirse las armas de fuego en manos privadas porque con ello se facilita la tarea de criminales. Hasta los santos más destacados de la historia justifican la defensa propia frente a hechos de violencia manifiesta.

Es sabido que si se pueden establecer medidas disuasivas, las personas pacíficas y de buena voluntad las emplearán, para eso instalan alarma, botón de pánico, cerradura, llamados preventivos a la policía y demás resguardos. De más está decir que resulta esencial que las normas vigentes defiendan en todas sus instancias a la víctima de los ataques del victimario, sea un criminal común o el desborde intolerable de aparatos estatales desbocados e imposibles de tolerar que arrasan con los derechos. Es por eso que en la Declaración de la Independencia estadounidense se lee: «Cuando cualquier forma de gobierno se torna destructiva de esos fines [la protección de derechos], es el derecho de la gente alterarlo o abolirlo e instituir un nuevo gobierno».

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

A RAÍZ DE MAQUIAVELO SOBRE EL PODER Y LA GUERRA

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Un personaje difícil de desentrañar. Hay autores que lo consideran un malvado, hipócrita y corrupto, otros imbuido de las mejores intenciones que deseaba el bienestar del pueblo y, por último, los que sostienen que se limitó a describir lo que consideró es la política. Tal vez haya una mezcla de estas visiones tripartitas pero lo que prima es la última interpretación.

 

Maquiavelo considera la política como la búsqueda del poder a cualquier costo con total independencia de toda consideración moral, lo cual es en gran medida ajustado a la realidad. Es la virtú que en el lenguaje del florentino significa precisamente la voluntad de alcanzar el poder. Es por ello que en esta instancia del proceso de evolución cultural los partidarios de la sociedad abierta se afanan por establecer límites adicionales al aparato estatal.

 

Sus tres obras más conocidas se dirigen a aquellos objetivos. Su meta era la unificación de las ciudades-estados como Venecia, Milán, Florencia, Génova, Bolonia y Ferrara y su modelo de príncipe era César Borgia (hijo del Papa Alejandro VI) por su crueldad y ambición, por más que aquí y allá se separa de la monarquía para intercalar loas al sistema republicano. En realidad Hobbes en cierto sentido sistematizó y llevó hasta sus últimas consecuencias la idea del positivismo y el poder absoluto sembrados por Maquiavelo un siglo antes.

Dado que una de las preocupaciones centrales de Maquiavelo para mantener el poder fueron los ejércitos y la guerra, reitero aquí parte de lo que he consignado en otra oportunidad sobre la materia bélica, que no solo viene al caso por lo escrito por el autor florentino sino debido a lo que en gran medida ocurre de un largo tiempo a esta parte en nuestro mundo. Es del caso entonces abrir este tema y descomponerlo en sus partes sobresalientes al efecto de calibrar adecuadamente su significado.

En la antigüedad, los vencidos eran masacrados por las fuerzas victoriosas en la contienda. Los adultos eran degollados, las mujeres profetizaban con las entrañas de los muertos, se construían cercos con los huesos de los derrotados y los niños eran sacrificados para rendir culto a los dioses. Luego, en un proceso evolutivo, los ejércitos vencedores tomaban como esclavos a sus prisioneros (“herramientas parlantes” como se los denominaba, haciendo uso de una terminología que revelaba la barbarie del procedimiento).

Mucho mas adelante, se fueron estableciendo normas para el trato de prisioneros de guerra que finalmente fueron plasmadas en las Convenciones de Ginebra y, asimismo, fueron suscitándose debates aun no resueltos sobre temas tales como la “obediencia debida” y los “daños colaterales”. En el primer caso, algunos sostienen con razón que si bien en la cadena de mando no tiene sentido permitir la deliberación y la discusión de las órdenes emanadas de la jerarquía militar y menos en plena trifulca, hay un límite que no puede sobrepasarse. Es decir, tratándose de órdenes aberrantes no puede alegarse la “obediencia debida” como excusa para cometer actos inaceptables para cualquier conducta decente, aun en la guerra.

El segundo caso alude a la matanza, la mutilación o el daño a personas que nada tienen que ver en la contienda y la destrucción de bienes que pertenecen a inocentes. Esto se ha dado en llamar “daños colaterales” por los que se argumenta deben responder penalmente los agresores. Porque solo se justifica la defensa propia, esto es, el repeler un ataque pero nunca se justifica una acción ofensiva y tras la máscara de los daños colaterales se esconde no simplemente la mera acción defensiva, sino el uso de la fuerza para propósitos de agresión. En este sentido, el cuadro de situación es el mismo que cuando se asalta un domicilio: los dueños del lugar tienen el derecho a la defensa propia pero si llegaran a matar o herir a vecinos que nada tienen que ver con el atraco, se convierten de defensores en agresores por lo que naturalmente deben hacerse responsables.

Resulta que en medio de estos debates para limitar y, si fuera posible, eliminar las acciones extremas que ocurren en lo que de por sí ya es la maldición de una guerra, aparece la justificación de la tortura por parte de gobiernos considerados baluartes del mundo libre, ya sea estableciendo zonas fuera de sus territorios para tales propósitos o expresamente delegando la tortura en terceros países, con lo que se retrocede al salvajismo mas cavernario.

Cesare Beccaria, el pionero del derecho penal, afirmaba en De los delitos y de las penas que “Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez […] ¿Qué derecho sino el de la fuerza será el que otorgue potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es reo o inocente? […] Este abuso no se debería tolerar”.

Los fines no justifican los medios. En el fin están presentes los medios. No es posible escindir fines y medios. Descender al nivel de la canallada para combatir a la canallada en el caso terrorista (y en cualquier otro), convierte también en canallas a quienes proclaman la lucha contra el terror. Por este camino se pierde autoridad moral y la consecuente legitimidad. Incluso si se conjeturara que una persona posee la información sobre la colocación de una bomba que hará estallar el planeta no es justificable abusar de una persona. No caben análisis utilitarios sopesando unas vidas frente a otras. Nadie puede ser usado como medio para los fines de otros. Toda persona tiene un valor en si misma. No pueden sacrificarse algunos para salvar a muchos otros. Una vez que se acepta colocar a seres humanos en balanzas como si se tratara de una carnicería, se habrá perdido el sentido de humanidad y los valores éticos sobre los que descansa la sociedad abierta.

El caso hipotético de la bomba que hará estallar el planeta supone más de lo permisible. Supone que el torturado en verdad posee la información, que la bomba realmente existe, que no es una falsa alarma, que se puede remediar la situación, que el torturado trasmitirá la información correcta (la información recabada durante la tortura no es confiable, lo cual es confirmado por quienes manejan detectores de mentiras).

Michael Ignatieff explica que la tortura no solo ofende al torturado sino que degrada al torturador y sugiere que para evitar discusiones inconducentes sobre lo que es y lo que no es una tortura, deberían filmarse los interrogatorios y archivarse en los correspondientes departamentos de auditoria gubernamentales.

También en la actualidad se recurre a las figuras de “testigo material” y de “enemigo combatiente” para obviar las disposiciones de la antes mencionada Convención de Ginebra. Según el juez estadounidense Andrew Napolitano el primer caso se traduce en una vil táctica gubernamental para encarcelar a personas a quienes no se les ha probado nada pero que son detenidas según el criterio de algún funcionario del poder ejecutivo y, en el segundo caso, nos explica que al efecto de despojar a personas de sus derechos constitucionales se recurre a un subterfugio también ilegal que elude de manera burda las expresas resoluciones de la Convención de Ginebra que se aplican tanto para los prisioneros de ejércitos regulares como a combatientes que no pertenecen a una nación.

En diferentes lares se ha recurrido a procedimientos terroristas para combatir a las bandas terroristas. En lugar de la implementación de juicios sumarios, con la firma de actas y responsables, se optó por el asesinato y la inadmisible figura del “desaparecido” y la apropiación de bebes falsificando identidades. A través de estas formas tremebundas, eventualmente se podrá ganar una guerra en el terreno militar pero indefectiblemente se pierde en el terreno moral. El procedimiento de los encapuchados y la clandestinidad no solo conduce a que los supuestos defensores del derecho se equiparen a los terroristas sino que desaparece toda posibilidad de control una vez que se da carta blanca a la impunidad, con lo que los abusos se extienden en grado exponencial en todas direcciones.

De mas está decir que lo dicho no justifica la bochornosa actitud de ocultar y apañar la acción criminal del terrorismo que no solo tiene la iniciativa sino que pretende imponer el totalitarismo cruel y despiadado que aniquila todo vestigio de respeto recíproco. No solo esto, sino que estos felones tampoco reconocen ciertos terrorismos de estado, por ejemplo el impuesto a rajatabla en la isla-cárcel cubana durante el último medio siglo. Esta grotesca hemiplegia moral está basada en el desconocimiento más palmario del derecho y en una burla truculenta a la convivencia civilizada.

Curiosamente, en algunos casos, para combatir al terrorismo se opta por aniquilar anticipadamente las libertades a través de la detención sin juicio previo, el desconocimiento del debido proceso, se vulnera el secreto bancario, se permiten escuchas telefónicas y la invasión al domicilio sin orden de juez competente. Incluso se pretenden disminuir riesgos imponiendo documentos gubernamentales de identidad únicos, sin percibir que es el mejor método para acentuar la inseguridad ya que con solo falsificar esa documentación quedan franqueadas todas las puertas en lugar de aceptar registros cruzados y de múltiples procedencias. Tal como explica James Harper, posiblemente se perciba este error si se sugiere que el gobierno establezca obligatoriamente una llave única para abrir la puerta de nuestro domicilio, la caja fuerte, la oficina, el automóvil y, además, provisto por una cerrajería estatal.

En algunas oportunidades se suele hacer referencia a las sociedades primitivas con cierto dejo peyorativo, sin embargo, algunas de ellas ofrecen ejemplos de civilidad como es el caso de los aborígenes australianos que circunscribían los conflictos armados a las luchas entre los jefes, o los esquimales que los resolvían recitando frente a la asamblea popular según la resistencia de cada bando en pugna, tal como relata Martin van Creveld.

Las guerras aparecen hoy entre naciones, no sabemos si en el futuro tendrán cabida estas concepciones políticas ya que la aventura humana es un proceso en constante estado de ebullición y abierto a posibles refutaciones. Solo podemos conjeturar que las divisiones y fraccionamiento del planeta en jurisdicciones territoriales, por el momento, a pesar de las extralimitaciones observadas (lo relevante es imaginarse los contrafácticos), hacen de reaseguro para los fenomenales riesgos de concentración de poder que habría en caso de un gobierno universal. Desde luego que de este hecho para nada se desprende la absurda xenofobia por la que las fronteras se toman como culturas alambradas e infranqueables para el tránsito de personas y el comercio de bienes.

En 1869, en París, se organizó un concurso sobre la guerra. Juan Bautista Alberdi preparó El crimen de la guerra. En ese trabajo, entre otras cosas, leemos que  “La guerra no puede tener mas que un fundamento legítimo, y es el derecho de defender la propia existencia. Así, el derecho de matar, se funda en el derecho de vivir, y solo en defensa de la vida se pude quitar la vida”, pero advierte que fuera de ello “la defensa se convierte en agresión, el derecho en un crimen”.

El ansia de poder político, los nacionalismos y la intolerancia religiosa han sido y son las causas principales de las guerras. Finalmente tengamos muy en cuenta que, como bien dice el actor principal de Lord of War, “nada hay mas costoso para un traficante de armas de guerra que la paz”.

En resumen, la forma en que se expresa Maquiavelo sobre la guerra y el  poder conducen en definitiva a la liquidación de las autonomías individuales, pero no quiero terminar sin mencionar el excelente título del capítulo 23 de El príncipe: “Como huir de los aduladores” (“los más sumisos, serviles, estúpidos y abyectos de los hombres” escribe Erasmo).

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

El héroe de nuestra época: Edward Snowden

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 3/1/18 en:

 

Como tantas veces he consignado, no me gusta la expresión “héroe” porque está manchada de patrioterismo y atribuida generalmente a personas que en realidad han puesto palos en la rueda en las vidas de su prójimo. Por otra parte, Juan Bautista Alberdi escribió en su autobiografía que “la patria es una palabra de guerra, no de libertad” puesto que hay otras formas de expresarse menos pastosas para referirse al terruño de los padres. Fernando Savater también aclara el tema en su libro Contra las patrias.

El manoseo creciente de las palabras héroe y patria ha hecho que se desfiguren y trastoquen. La mayor parte de la gente relaciona esas expresiones con políticos y militares que en general han manipulado vidas y haciendas ajenas. La corrección a esta última interpretación proviene de una larga tradición que descubrí comienza de manera sistemática con el decimonónico Herbert Spencer en su libro titulado El exceso de legislación.

Los usos reiterados del héroe y la patria afloran en obras que encierran el germen de la destrucción de las libertades individuales como el “superhombre” y “la voluntad de poder” de Nietzsche o la noción totalitaria del “héroe” en Thomas Carlyle tan bien descripta por Jorge Luis Borges.

Difícil resulta concebir una visión más cavernaria, de más baja estofa, de mayor renunciamiento a la condición humana y de mayor énfasis y vehemencia para que se aniquile y disuelva la propia personalidad en manos de forajidos, energúmenos y megalómanos que, azuzados por poderes omnímodos, se arrogan la facultad de manejar lo ajeno, siempre en el contexto de cánticos sobre patriotas y héroes.

Habiendo dicho lo anterior, en esta nota con que abro el 2018 resalto la figura de un verdadero héroe alejado del sentido habitual para, en cambio, referirse al logro de hazañas extraordinarias en pos de la libertad y el respeto a los derechos del hombre. Se trata de Edward Snowden. Ron Paul, el dirigente político estadounidense más liberal en el sentido clásico del término y tres veces candidato a la presidencia señaló en Fox Business que “Snowden es un héroe” y el Juez Andrew Napolitano en el programa televisivo Studio B también de Fox afirmó enfáticamente que “Edward Snowden es un héroe que pone al descubierto la trama infame de espionajes que vulneran nuestros valores y los principios de la Constitución” y concluyó que “los gobernantes que permiten semejantes políticas no merecen el cargo”.

He escrito antes sobre este tema a raíz del caso Assange pero hay otros aspectos a considerar en este nuevo episodio de espionaje puesto al descubierto por Snowden que fue realizado sin orden de juez competente y sin sustento en lugar de ajustarse a las advertencias de la cuarta enmienda de la Carta Magna estadounidense. En primer lugar, lo público no es privado especialmente en sociedades que se precian de contar con sistemas transparentes y que los actos de gobierno deben estar en conocimiento de los gobernados quienes se dice son los mandantes. Lo dicho no significa que en muy específicas circunstancias y de modo transitorio y provisional los gobiernos pueden mantener reserva sobre ciertos acontecimientos (como, por ejemplo, un plan de defensa que no debería divulgarse antes de su ejecución). En todo caso, la reserva mencionada es responsabilidad de quienes estiman debe mantenerse reservada la información correspondiente. En ningún caso puede imputarse a la función periodística la difusión de datos e informaciones una vez que estas llegan a las redacciones y, en el caso Snowden, tampoco puede imputársele delito cuando la fechoría fue llevada a cabo por el propio gobierno.

Viene a continuación otro asunto directamente vinculado con lo que analizamos y es el contrato de confidencialidad sea en el área privada o pública. Si un empleado de una empresa comercial asume el compromiso de no divulgar cierta información, no lo puede hacer. Lo contrario implica lesionar los derechos de la otra parte en el referido convenio. Idéntico razonamiento es del todo aplicable para el sector gubernamental. Cuando en los años cincuenta funcionarios gubernamentales estadounidenses (dicho sea de paso, pertenecientes al Departamento de Estado) se comprometían a ser leales con su país y, simultáneamente, le pasaban información confidencial a los rusos, incumplían con sus deberes elementales.

Pero, el contrato de confidencialidad ¿tendría vigencia si uno se entera que la están por asesinar a su madre? ¿Son válidos los contratos contrarios al derecho? En el caso de Snowden, se trató de divulgar información sobre el ataque sistemático a la privacidad de ciudadanos pacíficos puesto que el Gran Hermano trasmite inseguridad además de arrancar la libertad y la protección elemental a los derechos individuales.

Cuando Snowden se comprometió a guardar secreto al ser contratado no tenía idea de los atropellos brutales a la privacidad de ciudadanos pacíficos que sus jefes perpetrarían en forma sistemática. La Constitución está por encima de toda norma, no puede alegarse derecho contra el derecho. Finalmente privó en la conciencia de Snowden, principios en gran medida influidos por algunas lecturas como autodidacta, por ejemplo, por La rebelión de Atlas de Ayn Rand tal como se pone en evidencia en la producción cinematográfica de Oliver Stone al tiempo que allí se expresa que todo el espionaje se debe al ansia de control gubernamental ya que “el terrorismo es solo la excusa”.

En todo caso, la denuncia de la invasión a la privacidad y la difusión de los documentos expuestos hace más clara aun la sentencia de Hannah Arendt en el sentido de que “Nadie ha puesto en duda que la verdad y la política están más bien en malos términos y nadie, que yo sepa, ha contado la veracidad entre las virtudes políticas”. Los llamados “secretos de estado” (y escribo estado con minúscula porque de lo contrario debería escribir individuo con mayúscula que es más apropiado), en la inmensa mayoría de los casos son para ocultar las fechorías de gobernantes inescrupulosos, lo cual viene ocurriendo desde Richelieu, Metternich, Talleyrand y Bismarck, prácticas que revirtió categóricamente Estados Unidos pero que, de un tiempo a esta parte, ha retomado costumbres insalubres de otras latitudes.

La encrucijada en la que se encuentra Edward Snowden es el resultado de la cobardía moral de todos los gobiernos a los que solicitó asilo desde su reducto en Hong Kong, requerimiento que fue denegado una y otra vez por temor a represalias de Estados Unidos o por convencimiento de que es lícito interferir en las comunicaciones telefónicas privadas y en los correos electrónicos también privados sin la expresa orden del juez de la causa. Lo último en lo que insistió antes de su actual paradero fue la posibilidad de exiliarse en Islandia para lo que un empresario privado había puesto a su disposición su avión para el traslado correspondiente en caso de accederse al pedido de asilo, lo cual, como queda dicho, no ocurrió. Paradójicamente y por la ojeriza del gobierno gangsteril de Putin para con Estados Unidos, Rusia finalmente le concedió cobijo.

Glenn Beck en su programa de televisión The Blaze también sostuvo que Edward Snowden “es un héroe” que hay que proteger contra las acciones criminales de energúmenos enquistados en Washington que traicionan los valores expuestos por los Padres Fundadores y que, por este camino, afirma el conductor, ciertos megalómanos con rostros demócratas terminarán con las libertades individuales.

En su libro Constitutional Chaos el antes mencionado Juez Napolitano concluye que es gravísimo lo que viene ocurriendo en Estados Unidos, donde el gobierno puede confiscar y encarcelar sin el debido proceso y espiar la correspondencia privada y escuchar conversaciones de inocentes sin intervención de la Justicia. Es por esto que Osama Bin Laden ha consignado que el triunfo de su ideología “inexorablemente tendrá lugar merced a la guerra antiterrorista por las restricciones a lo que en Occidente se denomina libertad” (citado por Michael Tanner).

Algunos trogloditas del Partido Republicano de la línea G.W. Bush siempre se mostraron indignados con Snowden, del mismo modo que defienden la emboscada inaceptable y repugnante de Guantánamo y suscriben la “preventiva” invasión militar por doquier. Es de esperar que finalmente prime la cordura y la mejor tradición del american way of life que hizo a esa nación el refugio de la libertad y el respeto recíproco y se abandonen procedimientos dignos del atropello terrorista.

Mike Stein lo entrevistó en KWAM 900 al profesor Mark Thornston sobre el tema que nos ocupa quien manifestó que “Snowden es un patriota que hizo lo correcto frente a la inmoralidad del espionaje” y que “esto es un balde de agua fría para la economía ya que la consiguiente inseguridad hará que muchas empresas, especialmente las tecnológicas, se muden a países más seguros”.

Nick Gillespie, de Reason TV, lo entrevistó vía teleconferencia a Snowden quien resaltó su espíritu antiautoritario y subrayó que siempre estará “del lado de la libertad” por lo que criticó a quienes consideran que “le deben lealtad al Estado” y aludió a la nula “dimensión moral” de sus circunstanciales contratantes gubernamentales.

La encrucijada que presento en esta nota es sobre un prófugo que difundió para bien de la humanidad más de doscientos documentos reservados que ponen al descubierto las tropelías de un Leviatán desbocado, una persona convertida en un paria puesto que la administración de Obama le canceló el pasaporte a Snowden. Estamos advertidos, no vaya a ser que lo escrito en 1952 por Taylor Caldwell como ficción en su The Devil´s Advocate se convierta en realidad respecto a que el gobierno estadounidense mute en un estado totalitario.

Tal como escribe Glenn Greenwald en su libro Snowden. Sin un lugar donde esconderse se trata de “los peligros de los secretos gubernamentales y la vulneración de las libertades civiles en nombre de la guerra contra el terrorismo” en cuyo contexto lo cita al propio Snowden: “fue entonces cuando comencé a ver realmente lo fácil que es separar el poder de la rendición de cuentas, y que cuanto más altos son los niveles de poder, menor es la supervisión y la obligación de asumir responsabilidades”.

Como bien ha declarado Snowden en un célebre reportaje para The New York Magazine habitualmente reproducido al cierre de la mencionada producción cinematográfica del controvertido Oliver Stone: “mi vida cambió para bien puesto que puedo ahora decir no lo que voy a hacer en el futuro sino lo que con orgullo hice en el pasado”…y somos muchos los que adherimos a esta conclusión con la frente alta por haberse denunciado al gobierno más poderoso del planeta por atropellar valores muy caros a la civilización.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Asesor del Institute of Economic Affairs de Londres

DETROIT: ¿LA PUNTA DEL ICEBERG?

Por Alberto Benegas Lynch (h)

Hace tiempo que economistas de la talla de Peter Schiff, juristas de la envergadura de Andrew Napolitano, políticos del calado de Ron Paul y periodistas con la cobertura de  John Stossel, Glenn Beck y el especializado en economía Stuart Varney vienen advirtiendo de los astronómicos gastos, la deuda fenomenal, la elevadísima presión tributaria, los mayúsculos déficit fiscales y las insoportables y absurdas reglamentaciones paridas en algunos estados y ciudades de Estados Unidos, a lo que se agrega la política estatista y monetariamente expansiva del gobierno central en un contexto del peligroso sistema bancario de reserva fraccional, en última instancia manipulado por la Reserva Federal.

 

Medios periodísticos orales y escritos estadounidenses han recogido estas severas advertencias, a veces con sorna y descreimiento y a veces con alarma sin que muchas de las opiniones profesionales del ámbito financiero la hayan tomado seriamente en sus denodados esfuerzos por seguir generando arbitrajes y no espantar a inversionistas pertenecientes a las carteras bajo sus administraciones. Unas de las destacadas excepciones internacionales a esto último han sido el antes referido Peter Schiff (Euro Pacific Capital), Jim Rogers (Rogers Holdings) y Fernando Tessore (Inversor Global) que le otorgan el debido peso al problema con reflexiones y asesoramientos sumamente atinados.

 

Ahora, en la ciudad de Detroit, tradicionalmente una de las más populosas de Estados Unidos, el gobernador de Michigan Rick Snyder junto al administrador de emergencia Kevyn Orr y al intendente Dave Bing pretenden acogerse al capítulo 9 sección 11 de la US Bankrupcy Code para evitar que se sigan apilando juicios frente a la imposibilidad de hacerse cargo de los abrumadores compromisos que el gobierno local debería afrontar. La jueza Rosemarie Aquilina ha fallado sosteniendo que la Constitución de Michigan no autoriza la bancarrota de la ciudad, mientras que el Procurador General ha declarado que apelará esa decisión judicial.

Desde los años cincuenta Detroit perdió prácticamente la mitad de su población que la retrotrae a la que tenía en 1910, drenaje que precisamente se debe al fenomenal peso del Leviatán, gente que, en busca de horizontes más promisorios, huyen del lugar.

 

Ya antes las tres grandes automotrices (General Motors, Chrysler, y Ford) abrieron plantas en otros estados como consecuencia del acoso sindical en Michigan (el desempleo es ahora del dieciocho por ciento) y a las cargas que significaba lo anteriormente mencionado. En medio de esta situación, algunas de las automotrices comenzaron a tener problemas económicos y financieros por lo que el ex candidato presidencial Mitt Romney (su padre fue presidente de American Motors) escribió un célebre artículo señalando que los barquinazos se incrementarían si el gobierno además les otorgaba ayudas monetarias con el fruto del trabajo ajeno, lo cual sostenía disminuiría la competitividad de esas empresas que no se esforzarían en mejorar su eficiencia.

 

Tal vez el gobierno de Obama apunte a tapar el problema con más financiación proveniente del bolsillo de los contribuyentes (aunque esto está en discusión), pero en todo caso esto no es eterno cuando el eje central de la economía está averiado, por más que las perspectivas se encuentren anestesiadas por una performance bursátil que se debe al implacable proceso inflacionario que comienza a ponerse de manifiesto. Hay índices de precios al consumidor construidos con rigor metodológico en la ponderación de diversos bienes que muestran el deterioro en el poder adquisitivo del dólar, especial aunque no exclusivamente en lo relativo a la alimentación y la energía, lo cual convierte en infladas las supuestas ganancias exhibidas y, a veces, las transforman en pérdidas (por otra parte, no es muy difícil para cualquiera comprobar el incremento interanual de productos como las hamburguesas, las entradas al cine y similares). No hay disimulo posible ni alquimia que cubra eventuales quiebras de facto en cadena si no se toman medidas de fondo que reviertan la situación.

 

Hay antecedentes con lo ocurrido en ciudades como Vallejo y Stockton pero ahora los riesgos incluyen a Cincinnati, Minneapolis, Portland, Santa Fe y La Vegas y también situaciones sumamente complicadas de estados enteros como el de California y el de New York (que ya recibió hace tiempo un jugoso bailout para evitar la quiebra) que vienen padeciendo pésimas administraciones. Pero, hasta ahora, ninguna ciudad tan importante como Detroit ha sufrido estos embates gubernamentales (si bien era la cuarta ciudad más importante y hoy es la dieciochava, sigue siendo de peso).

 

No voy a repetir aquí lo que he escrito en diversos medios sobre la situación estadounidense plasmado en el transcurso de quinientas páginas en mi libro Estados Unidos contra Estados Unidos cuya primera edición del Fondo de Cultura Económica se encuentra agotada y acaba de aparecer una segunda por Unión Editorial de Madrid. De todos modos, es del caso destacar que la deuda del gobierno central es hoy del 105% del producto bruto interno y el déficit fiscal alcanza al 14% de ese guarismo, en un contexto en el que el gasto público se duplicó solamente durante la última década con un agravado desajuste financiero especialmente en las áreas de pensiones y salud.

 

La indispensable reducción en el gasto público significa transferir recursos de las manos políticas a los bolsillos de la gente, lo cual, a su turno, permite reasignar los siempre escasos factores de producción, y los empleados públicos en áreas no productivas deberán colocarse en sectores productivos mientras se incrementan empleos y salarios en las áreas a las que la gente le atribuye prioridad.  Es sabido que no hay acción sin costos, de lo que se trata es de no seguir minando el futuro y evitar una debacle generalizada.

 

Para ilustrar gastos improductivos, Ronald Reagan, que siempre insistía que “el gobierno no es la solución sino el problema”, en una de sus visitas a Londres, recordaba que, en Inglaterra, se estableció a principios del siglo diecinueve un cargo para una persona que se apostaba en una colina con un catalejo a los efectos de avisar si se avecinaban tropas napoleónicas “¡y el cargo recién se eliminó en 1945! “, con lo que concluía que “si en Estados Unidos se mantienen esos tipos de empleos, el futuro será verdaderamente negro”.

 

Circulan unas fotografías por Internet verdaderamente patéticas  de muchos de los lugares públicos en Detroit: hospitales, bibliotecas, colegios, reparticiones burocráticas varias que constituyen un calco de los más atrasados países subdesarrollados africanos, al tiempo que también se exhiben espectáculos entristecedores de comercios en pésimo estado en una ciudad, como queda dicho, otrora a la vanguardia de la modernidad. No pocas opiniones se han levantado desde distintos rincones para señalar  la posibilidad de manifestaciones violentas frente a un cuadro de situación desolador (la tasa de criminalidad en Detroit es cinco veces superior a la media de Estados Unidos).

 

Hasta no hace mucho -según revistas especializadas- la arquitectura de Detroit era comparada con las más sofisticadas y elegantes de las ciudades más importantes del mundo, pero hoy hay decenas de miles de edificios abandonados y cerca de la mitad del alumbrado público no está operativo, veredas en estado deplorable y las dos terceras partes de las ambulancias municipales están fuera de servicio. Esta catástrofe se adiciona a que Detroit fue uno de los epicentros de la ruinosa política hipotecaria de G. W. Bush.

 

La formidable energía creadora de Estados Unidos fruto de las garantías a los derechos de propiedad consecuencia de marcos institucionales que siguieron los sabios consejos de los Padres Fundadores, valores que poco a poco se fueron revirtiendo para latinoamericanizarse en el peor sentido de la expresión. Recordemos que al comienzo, los primeros ciento dos inmigrantes que llegaron a las costas norteamericanas en el barco Mayflower, en 1620, establecieron en la colonia Plymouth un sistema comunista de propiedad en común que a poco andar hubo que abandonar abruptamente debido a las hambrunas que producía “la tragedia de los comunes”, reversión cuyos resultados condujeron al extraordinario florecimiento de las cosechas lo cual se viene celebrando desde entonces en el Día de Gracias…no sea cosa que se corra el riesgo de que vuelva a esa dolorosa experiencia anterior, puesto que nada es inexorable en el terreno humano. Reiteramos que esto para nada significa que está todo perdido ni mucho menos, hay personas e instituciones que trabajan cotidianamente para explicar la imperiosa necesidad de retomar los valores tradicionales de ese extraordinario pueblo, en el contexto de una justicia que mantiene su independencia.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.

EDWARD SNOWDEN EN LA ENCRUCIJADA

Por Alberto Benegas Lynch (h)

El dirigente político estadounidense más liberal en el sentido clásico del término y dos veces candidato a la presidencia Ron Paul acaba de señalar en Fox Business el 11 de junio del corriente año que “Vivimos malos tiempos en el que los ciudadanos americanos [norteamericanos] no tienen derechos y pueden ser muertos. El caballero [Edward Snowden] está tratando de decir la verdad de lo que sucede” y más adelante subrayó que “No concibo ni por un minuto que sea un traidor [Edward Snowden]. Todos están preocupados sobre como lo condenarán por traidor y como lo matarán. Pero ¿qué decimos sobre los que destruyen nuestra Constitución? ¿que pensamos sobre las personas que asesinan a ciudadanos americanos [norteamericanos] sin juicio y asumen que esa es la ley de la nación? Es allí donde radica nuestro problema”.

 Y el Juez Andrew Napolitano en el programa televisivo Studio B el mismo día afirmó enfáticamente que “Edward Snowden es un héroe que pone al descubierto la trama infame de espionajes que vulneran nuestros valores y los principios de la Constitución” y concluyó que “los gobernantes que permiten semejantes políticas no merecen el cargo”, lo cual es apoyado también por muchos destacados miembros del Partido Demócrata quienes acaban de generar un feroz abucheo a la líder de la minoría en el Congreso Nancy Pelosi en National Netroots Political Conference en San José (California) el 23 de junio cuando pretendió apoyar las trapisondas de Obama en materia de seguridad.

 He escrito antes sobre este tema a raíz del caso Assange que es del caso reiterar.  En este nuevo episodio de espionaje sin orden de juez competente y sin un sustento claro puesto de manifiesto tal como indica la cuarta enmienda de la Carta Magna estadounidense, hay varios aspectos delicados a considerar. En primer lugar, lo público no es privado especialmente en sociedades que se precian de contar con sistemas transparentes y que los actos de  gobierno deben estar en conocimiento de los gobernados quienes se dice son los mandantes. Lo dicho no significa que en muy específicas circunstancias y de modo transitorio y provisional los gobiernos pueden mantener reserva sobre ciertos acontecimientos (como, por ejemplo, un plan de defensa que no debería divulgarse antes de su ejecución). En todo caso, la reserva mencionada es responsabilidad de quienes estiman debe mantenerse reservada la información correspondiente. En ningún caso puede imputarse a la función periodística la difusión de datos e informaciones una vez que estas llegan a las redacciones.

 Viene a continuación otro asunto directamente vinculado con lo que analizamos y es el contrato de confidencialidad sea en el área privada o pública. Si un empleado de una empresa comercial asume el compromiso de no divulgar cierta información, no lo puede hacer. Lo contrario implica lesionar los derechos de la otra parte en el referido convenio. Idéntico razonamiento es del todo aplicable para el sector gubernamental. Cuando en los años cincuenta funcionarios gubernamentales estadounidenses (dicho sea de paso, pertenecientes al Departamento de Estado) se comprometían a ser leales con su país y, simultáneamente, le pasaban información confidencial a los rusos, incumplían con sus deberes elementales.

Pero, el contrato de confidencialidad ¿tendría vigencia si uno se entera que la están por asesinar a su madre? ¿Son válidos los contratos contrarios al derecho? En el caso de Snowden, se trata de divulgar información sobre el ataque sistemático a la privacidad de ciudadanos pacíficos lo cual es permitido por legislaciones inconstitucionales como la aberrante “Patriot Act” en la que nuevamente se desconoce la célebre sentencia de Benjamin Franklin en cuanto a que “Aquellos que renuncian a libertades esenciales para obtener seguridad temporaria, no merecen ni la libertad ni la seguridad” puesto que el Gran Hermano trasmite inseguridad además de arrancar la libertad y la protección elemental a los derechos individuales.

Supongamos incluso que Snowden sabía de antemano -cuando se comprometió a guardar secreto- que se vulnerarían los derechos de ciudadanos inocentes y luego se arrepintió de haber incurrido en ese traspié, en este supuesto caso tampoco es condenable del hecho si quien juzga comprende que no puede alegarse derecho contra el derecho y, asimismo, adhiere a los valores y principios reiterados por los Padres Fundadores (tema sobre el cual me explayo en mi libro Estados Unidos contra Estados Unidos).

 Aunque no es la misma situación, es de interés recordar el caso de lo que se ha dado en denominar en la jerga periodística como “los Papeles del Pentágono” cuyos documentos del Departamento de Defensa de Estados Unidos fueron fotocopiados por Daniel Ellsberg con la ayuda de Anthony Russo y entregados primero a The New York Times y luego a The Washington Post que los publicaron en 1971, medios que alegando la Primera Enmienda de la libertad de prensa naturalmente no sufrieron ninguna sanción y los dos fotocopiadores clandestinos mencionados fueron sobreseídos por el Juez Federal William M. Bryne en 1973. Dichos documentos probaron gruesas y reiteradas  mentiras, patrañas y falsificaciones pavorosas de la administración de Lyndon Johnson sobre la guerra de Vietnam.

 En todo caso, considero de utilidad la difusión de los documentos expuestos para que resulte más claro aún lo escrito por  Hannah Arendt en el sentido de que “Nadie ha puesto en duda que la verdad y la política están más bien en malos términos y nadie, que yo sepa, ha contado la veracidad entre las virtudes políticas”. Los llamado “secretos de estado” (y escribo estado con minúscula porque de lo contrario debería escribir individuo con mayúscula que es más apropiado), en la inmensa mayoría de los casos son para ocultar las fechorías de gobernantes inescrupulosos, lo cual viene ocurriendo desde Richelieu, Metternich, Talleyrand y Bismarck, prácticas que revirtió categóricamente Estados Unidos pero que, de un tiempo a esta parte, ha retomado costumbres insalubres de otras latitudes.

 Ahora bien, no conozco la filosofía de Snowden solo sé que como es de dominio público dice defender los derechos de los norteamericanos que están siendo impune y sistemáticamente violados, pero no estimo relevantes las ideas de esta persona, lo crucial es que expuso públicamente un programa para que el Leviatán atropelle derechos de las personas. Incluso aun suponiendo que fuera comunista, la denuncia es cierta y sumamente peligrosa para el futuro de Estados Unidos y el mundo libre.

 La encrucijada en la que se encuentra Edward Snowden es que ha solicitado asilo en diversos países occidentales desde su reducto en Hong Kong, requerimiento que ha sido denegado una y otra vez por temor a represalias de Estados Unidos o por convencimiento de que es lícito interferir en las comunicaciones telefónicas privadas y en los correos electrónicos también privados sin la expresa orden del juez de la causa. Lo último en lo que insistió fue la posibilidad de exiliarse en Islandia para lo que un empresario privado había puesto a su disposición su avión para el traslado correspondiente en caso de accederse al pedido de marras, lo cual, como queda dicho, no ocurrió.

 Como es del conocimiento público el gobierno ruso facilita su eventual traslado desde ese país a Ecuador (situación no definida al cierre de esta columna). Estuvo considerando la posibilidad de viajar a Cuba como escala intermedia, gran paradoja puesto que se trata del Gulag que espía a todos sus habitantes a quienes se encarcela si se descubre que hay desacuerdos con los sátrapas de la isla-cárcel. El posible desembarco en Quito será otra paradoja ya que en ese país el gobierno persigue de modo implacable la poca libertad de prensa que aún queda (se acaba de promulgar la ley mordaza llamada “ley orgánica de comunicación”), además de conculcar otros derechos de la gente tal como ha explicado con tanta lucidez Gabriela Calderón. Funcionarios norteamericanos de alto rango le han trasmitido a Rafael Correa que si concreta el asilo, entre otras cosas, verá bloqueado al mercado estadounidense el ingreso de productos ecuatorianos como fruta, pescado y flores, todo lo cual agravaría la situación después que el enviado de Estados Unidos (Heather Hodges) fuera expulsado de Ecuador en abril de 2011, después de que Wikileaks puso en evidencia denuncias de ese enviado sobre corrupción de autoridades radicadas en Quito. También el patán venezolano que habla con los pajaritos espetó podría ofrecer asilo.

 Por las informaciones que nos llegan, conjeturamos que el ex funcionario norteamericano que ahora filtró alguna información reservada y se propone expandir su oferta al público ha debido recurrir a asesores legales de dudosa reputación pues otros profesionales tienden a excusarse frente a posibles consecuencias de enemistarse con burócratas estadounidenses. Independientemente de su postura intelectual y sus conductas personales, situación parecida sucede con el referido Assange que se encuentra asilado en Londres en la embajada de Ecuador.

 Si Snowden es comunista, filocomunista o un estatista consumado estará cómodo en su nuevo destino, si no es el caso vislumbrará un futuro incierto e incómodo, pero ¿cual sería la salida si alguno de nosotros tuviera el coraje de denunciar públicamente lo dicho? ¿someternos a la cacería monstruosa de los servicios de inteligencia estadounidenses y sus fuerzas parapoliciales con un final trágico o acceder a un refugio transitorio cuyo jefe lo hace como venganza a todo lo bueno que significa Estados Unidos?

 Glenn Beck en su programa de televisión The Blaze también acaba de sostener que Edward Snowden “es un héroe” que hay que proteger contra las acciones criminales de energúmenos enquistados en Washington que traicionan los valores expuestos por los Padres Fundadores y que, por este camino, afirma el conductor, ciertos megalómanos con rostros demócratas terminarán con las libertades individuales.

 En su libro Constitutional Chaos el antes mencionado Juez Andrew Napolitano concluye que es gravísimo lo que viene ocurriendo en Estados Unidos, donde el gobierno puede confiscar y encarcelar sin  el debido proceso y espiar la correspondencia privada y escuchar conversaciones de inocentes sin intervención de la Justicia. Es por esto que Osama Bin Laden ha consignado que el triunfo de su ideología “inexorablemente tendrá lugar merced a la guerra antiterrorista por las restricciones a lo que en Occidente se denomina libertad” (citado por Ivan Eland en The Empire has no Clothes. US Foregin Policy Exposed).

 Algunos trogloditas del Partido Republicano de la línea G.W. Bush están furiosos con Snowden, del mismo modo que defienden la emboscada inaceptable y repugnante de Guantánamo y suscriben la “preventiva” invasión militar por doquier. Es de esperar que prime la cordura y la mejor tradición del american way of life que hizo a esa nación el refugio de la libertad y el respeto recíproco y se abandonen procedimientos dignos del atropello terrorista (en “La Nación” de Buenos Aires me detuve en la crítica a métodos incompatibles con una sociedad abierta: “Para que sirven los servicios de inteligencia”, agosto 4 de 2006, donde distingo información de alarmante entrometimiento).

El 19 del corriente mes de junio Mike Stein lo entrevistó en KWAM 900 AM al profesor Mark Thornston sobre el tema que nos ocupa quien manifestó que “Snowden es un patriota que hizo lo correcto frente a la inmoralidad del espionaje” y que “esto es un balde de agua fría para la economía ya que la consiguiente inseguridad hará que muchas empresas, especialmente las tecnológicas, se muden a países más seguros”.

Con esta situación nos retrotraemos a las cavernas, en el segundo tomo de Historia de la vida privada compilada por Philippe Ariés y Georges Duby se lee que “los Medicis llegan a vigilar la correspondencia privada” también alegando seguridad del Estado. Muchas veces no se otorga el suficiente peso a este espionaje hasta que se pone en evidencia que personeros del aparato estatal concretamente estuvieron escuchando algunas de nuestras personales e íntimas conversaciones telefónicas o interfiriendo en nuestros correos electrónicos privados, en ese momento dejamos de mirar el tema como algo abstracto y lejano y nos invade el temor por las garras del Gran Hermano.

He aquí entonces la encrucijada que presento en esta nota para un prófugo que posee más de doscientos documentos reservados que ponen al descubierto las tropelías de un Leviatán desbocado, una persona convertida en un paria puesto que la administración de Obama acaba de cancelarle el pasaporte, no vaya a ser que lo escrito en 1952 por Taylor Caldwell como ficción en su The Devil´s  Advocate se convierta en realidad: “Siempre había una guerra. Siempre había un enemigo en alguna parte del mundo que había que aplastar […] Denle guerra a un nación y estará contenta de renunciar al sentimiento de libertad […] En los días en que América [del Norte] era una nación libre, sus padres deben haberles enseñado la larga tradición de libertad y orgullo en su país. Sus profesores tienen que haberles enseñado, y sus pastores, sus rabinos y sus sacerdotes. La bandera, en un momento, debe haber significado algo para ellos. La Constitución de los Estados Unidos, la Declaración de la Independencia: seguramente habría entre ellos quienes recordarán. ¿Por qué entonces permitieron que la Constitución se pusiera fuera de la ley? ¿Por qué desviaron sus miradas cuando sus artículos, uno por uno, fueron devorados por las ratas? ¿No hubo una sola hora en la que se sublevaron como hombres en sus corazones y levantaran la voz en protesta? […] Todo empezó tan casualmente, tan fácil y tantas palabras grandilocuentes. Comenzó con el uso odioso de la palabra `seguridad ` […] ¿Por qué han estado tan ansiosos de creer que cualquier gobierno resolvería los problemas por ellos, los cuales habían sido resueltos una y otra vez tan orgullosamente por sus padres?”.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.

GUANTÁNAMO

Por Alberto Benegas Lynch (h).

Finalmente John McCain, el destacado miembro del Comité de las Fuerzas Armadas en el Senado estadounidense, opina que hay que cerrar la prisión clandestina Guantánamo radicada en Cuba donde está instalada la base naval de los Estados Unidos (Camp Delta). Antes lo había dicho Obama sin que hiciera nada concreto hasta el presente.

 En esa prisión concebida fuera del territorio norteamericano para que no se vea alcanzada por la legislación de ese país que no toleraría la reclusión de personas sin condenas ni siquiera con cargos en su contra, lo cual es una monstruosidad jurídica.

 Entre muchos otros, el Juez Andrew Napolitano considera a Guantánamo como un bochorno y subraya que los prisioneros allí detenidos no se los autoriza a contactar ningún abogado ni aparecer en ninguna Corte de Justicia. Escribe en Consitutional Chaos que “En Camp Delta los detenidos están en pequeñas jaulas de alambre con pisos de concreto. Esas celdas están abiertas a elementos como ratas, víboras y escorpiones que andan por la base” y denuncia torturas de diverso calibre.

 Es que el gobierno estadounidense bajo George W. Bush inventó la inauditas figuras del “enemigo combatiente” y del “testigo material” al efecto de sortear las disposiciones de la Convención de Ginebra que se aplica tanto a prisioneros de guerra como a combatientes que no pertenecen a una nación y así desconocer los derechos de las personas.

 El terrorismo es probablemente la vía más cobarde y repugnante de todas las posibles acciones criminales, pero para enfrentarlo no puede recurrirse a los mismos procedimientos de esos delincuentes monstruosos. El camino del derecho es indispensable si se quieren preservar los valores elementales de la civilización, de lo contrario se podrá ganar una guerra en el terreno militar pero se perderá en el terreno moral. En el extremo se podrán implementar juicios sumarios en tribunales militares pero no se puede tirar por la borda los pasos elementales del debido proceso cuando se pretende inculpar a una persona arrestada. Sin duda que en medio de una balacera no hay posibilidad de labrar actas ni seguir procesos, nos referimos a líneas argumentales aplicadas a detenidos.

 Estados Unidos -el otrora baluarte del mundo libre- ha sucumbido a la tentación de apartarse de las conductas decentes para internarse en legislaciones aberrantes como la denominada “Patriot Act” que autoriza a los aparatos estatales y paraestatales a lesionar derechos de los ciudadanos, todo a contramano de los sabios y extraordinarios consejos y valores de los Padres Fundadores de lo que fue la tierra de la libertad y el respeto recíproco por antonomasia.

 James Bovard en Terrorism and Tyranny. Trampling Freedom, Justice and Peace to rid the World of Evil apunta que la referida Patriot Act “trata a todo ciudadano como sospechoso de actos terroristas y todo agente federal como si fuera un ángel indiscutido. La administración Bush encaró la más grande demolición de la Constitución de la historia de Estados Unidos”. Ya Benjamin Franklin en 1759 puso de manifiesto su célebre sentencia al consignar que “Aquellos que renuncian a libertades esenciales para obtener seguridad temporaria, no merecen la libertad ni la seguridad”, evidentemente la intromisión del Gran Hermano elimina la seguridad junto con la libertad (tal como una vez más se pone de manifiesto a través de las espeluznantes declaraciones de Edward Snowden respecto al programa PRISMA que permite interferencias de correos electrónicos y conversaciones telefónicas sin orden de juez competente).

 Lo de Guantánamo es un caso grotesco y a todas luces inaceptable pero en otro plano y tras este debate hay un aspecto de mayor calado cual es el tema de la suspensión de los derechos individuales en situaciones de enorme peligro generalizado y persistente.

 Se trata de la controvertida idea de suspender el derecho frente a graves conmociones interiores o ataques exteriores con el propósito de restablecerlo después del estado de excepción. Es tal vez paradójico pero hay aquí una semejanza con las dictaduras: en un caso la eliminación es transitoria y en la otra permanente, pero en el momento de la suspensión hay una semejanza.

 Resulta curioso que se pretendan suspender los derechos individuales para defender los derechos individuales. En realidad parece contradictorio otorgar visos de juricidad a lo que por su naturaleza es extrajurídico y tiene en común los procedimientos a que recurren los criminales que se quieren combatir puesto que se procede extramuros del derecho. Esta modalidad no es novedosa puesto que se la utilizó en Roma bajo el nombre de institium lo cual naturalmente no cambia la argumentación.

 También se han asimilado los estados de excepción al derecho de resistencia contra la autoridad opresiva, lo cual no corresponde puesto que en este caso se apunta a restituir los derechos individuales mientras que en la aludida suspensión el objetivo es dejar sin efecto esos derechos.

 Dante Alighieri en Monarquía escribió que “todo el que pretende el fin del derecho, procede conforme a derecho […], es imposible buscar el fin del derecho sin el derecho […], aparece evidentísima la afirmación de que quien procura el fin del derecho debe procurarlo con el derecho […] Formalmente lo verdadero nunca sigue a lo falso”.

 Para ejemplificar, Ira Glasser muestra en su colaboración para una obra titulada It´s a Free Country. Personal Freedom in America After September 11 que en Estados Unidos, el país que ha sido el más respetuoso de los derechos individuales, cada vez que se suspendieron las garantías para las personas alegando situaciones graves los gobiernos produjeron desmanes mayúsculos. Tales han sido los casos cuando se promulgó la legislación sobre sedición y extranjeros en 1789, de espionaje en 1917, nuevamente de sedición en 1918 y la orden ejecutiva de F. D. Roosvelt en 1942 (en este último caso se condenó a 112 mil personas de descendencia japonesa a campos de concentración en Estados Unidos y concluye Glasser que “ni uno de los 112 mil fue imputado de un crimen, ni imputado de espionaje o sabotaje. Ninguna evidencia fue jamás alegada y no hubo audiencias”, lo mismo ocurrió en los otros casos mencionados).  Si esto ocurrió en Estados Unidos, imaginemos los sucesos en otros lares.

El ganador del Premio Amnesty International Stephen Grey, en su libro The Gost Plane. The True Story of the CIA Torture Program detalla las actividades inauditas de la agencia de inteligencia estadounidense, especialmente sus contratos, entre otros casos, para que sospechosos sean torturados en países como el Egipto de Mubarak.

Debido a las denuncias de tortura en Guantánamo, es pertinente reiterar lo que ya he escrito antes sobre la materia. César Beccaría, el precursor del derecho penal, escribe en De los delitos y de las penas que “Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez […] ¿Qué derecho sino el de la fuerza será el que da potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es o no inocente? No es nuevo este dilema: o el delito es cierto o incierto; si es cierto, no le conviene otra pena que la establecida por las leyes y son inútiles los tormentos porque es inútil la confesión del reo; si es incierto, no se debe atormentar a un inocente, porque tal es, según las leyes, un hombre cuyos delitos no están probados […] Este es el medio seguro de absolver al los robustos malvados y condenar a los flacos inocentes”.

Concluye Beccaría con una crítica enfática a quienes señalan las contradicciones en que incurren los torturados como prueba de culpabilidad, como si “las contradicciones comunes en los hombres cuando están tranquilos no deban multiplicarse en la turbación de ánimo todo embebido con el pensamiento de salvarse del inminente peligro […], es superfluo duplicar la luz de esta verdad citando los innumerables ejemplos de inocentes que se confesaron reos por los dolores de la tortura; no hay nación, no hay edad que no presente los suyos […] No vale la confesión dictada durante la tortura”.

 No se justifica la tortura en ninguna circunstancia, incluso en el caso que se conjeture que determinada persona tiene la información de quien es el que hará detonar una bomba y aunque se sospeche que aquél es cómplice del hecho. Las razones que se acaban de apuntar convalidan el aserto. No resulta aceptable esquivar aquellas argumentaciones esgrimiendo la posibilidad de que el hacer sufrir a una persona queda mas que compensado con las muchas vidas que se salvarían.

 Cada persona tiene valor en si misma, la vida de una persona no se debe a otros. No cabe la pretensión de hacer balances como si se tratara de carne sopesada en balanzas de carnicería. El fin es inescindible de los medios. Los pasos en dirección a la meta impregnan ese objetivo. La conducta civilizada no autoriza  a abusar de una persona, independientemente de lo que ocurra con otras (llevados al extremo, estos “balances sociales” eventualmente conducirían a justificar dislates como el sacrificio de jubilados para que generaciones jóvenes puedan vivir mejor). La legitimación del abuso pone en riesgo la supervivencia de la sociedad abierta, puesto que ésta descansa en pilares éticos.

 Además, el ejemplo de la bomba supone más de lo que es posible suponer. Parte de la base que el torturado posee en verdad la información, que la bomba existe y que funciona, que puede remediarse la situación, que el sospechoso trasmitirá la información correcta, que la tortura se limitará a ese hecho etc.

 A veces se formulan interrogantes del tipo de ¿usted no autorizaría la tortura de un sospechoso si eso pudiera salvar la vida de su hijo secuestrado?. En realidad son preguntas tramposas de la misma naturaleza que las que aparecen en life boat situations en sentido literal, por ejemplo ¿en caso de encontrarse en un naufragio, usted acataría la decisión del dueño del bote disponible o forzaría el abordaje de toda su familia en lugar de permitir el embarque de otras personas que prefiere el titular?. No es posible el establecimiento de normas de conducta civilizada extrapolando situaciones de conmoción excepcional y ofuscamiento que en ciertas circunstancias abren compuertas a procedimientos reñidos con la moral, puesto que eso significaría el naufragio de la sociedad civilizada.

En el caso del debate sobre la tortura (y en infinidad de otros casos) es útil colocarse en la posición de la minoría. Si detienen injustamente a un hijo y lo torturan, no hay forma de probar la inocencia si no se admite el debido proceso. Antiguamente tribus como la de  los godos, vándalos, hunos y germanos (cimbros y teutones) condujeron las “invasiones bárbaras” sobre el Imperio Romano, en la que se establecía todo tipo de suplicios y finalmente se degollaba a los adultos vencidos, se sacrificaba niños a sus dioses, se construían cercos con los huesos de las víctimas y las mujeres profetizaban con las entrañas de los derrotados. En un proceso evolutivo, los conquistadores luego tomaban a los conquistados como esclavos (“herramientas parlantes” según la horripilante denominación de entonces) y, en la guerra moderna, se establecieron normas para el trato de los ejércitos vencidos. Pero, en lugar de profundizar la senda civilizada y responsabilizar penalmente a quienes producen lo que livianamente se ha dado en llamar “daños colaterales” con vidas de civiles inocentes y eliminar la bajeza de la embrutecedora y castrante “obediencia debida”, resulta que nos retrotraemos a la barbarie de la tortura.

 Michael Ignatieff en “Evil Under Interrogation: Is Torture Ever Permissible?” escribe que “La democracia liberal se opone a la tortura porque se opone a cualquier uso ilimitado de la autoridad pública contra seres humanos y la tortura es la mas ilimitada, la forma mas desenfrenada de poder que una persona puede ejercer contra otra”. Sugiere este autor que, para evitar discusiones sobre que es tortura y que son interrogatorios coercitivos, deben filmarse estos procedimientos y archivarse en los departamentos de auditoría gubernamental que correspondan.

 En todo caso, en esta nota periodística señalamos que las controversiales figuras referidas de la ley marcial, estado de sitio, toque de queda y similares constituyen un debate aparte, pero el caso de Guantánamo es una vergüenza para cualquier nación que respete elementales normas civilizadas, no solo por las torturas que menciona el Juez Napolitano sino debido a la concepción misma de esa canallesca prisión. La defensa contra el horror terrorista debe encararse con firmeza en varios frentes, pero lo que no es admisible es recurrir a los mismos procedimientos instaurados por la barbarie.

 Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.