Meditaciones sobre el control de armas

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 2/3/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/03/02/meditaciones-sobre-el-control-de-armas/

 

Una vez más surge el debate sobre el control de armas a raíz de las tragedias ocurridas principalmente en Estados Unidos en colegios, debido a que allí se impone la zona donde no se permiten armas (gun-free zones), por lo que los asesinos seriales se sienten seguros para cometer sus horrendos crímenes, en lugar de permitir que los adultos encargados de custodiar los colegios estén debidamente entrenados en el uso de armas, además de la policía regular del área. Como se ha dicho, es absurdo custodiar las joyerías y no los colegios como si lo primero fuera más importante que lo segundo. Proponer insistentemente, como en el primer momento lo hizo Donald Trump, a raíz de la masacre en el colegio Marjory Stoneman Douglas High School de Parkland, en Florida, que se armen y entrenen los maestros en los colegios me parece otra de sus conocidas irresponsabilidades y exabruptos.

Desde luego que un tiroteo en un colegio resulta un espanto, pero muchísimo peor es la masacre sin posibilidad de defensa a la espera del arribo de la policía cuando ya se ha consumado el crimen serial.

Todo comienza con la idea que se tenga de lo que es un gobierno. La visión original en Estados Unidos plasmada en la Constitución defiende la portación y la tenencia de armas, porque considera sumamente peligroso desarmarse frente a los aparatos estatales, de igual manera que sería riesgoso entregar todas las armas a guardianes contratados para defender viviendas. Incluso, como apunta Leonard Read: “Hay razones para lamentar que nosotros en Norteamérica hayamos adoptado la palabra gobierno. Hemos recurrido a una palabra antigua con todas las connotaciones que tiene ‘el gobernar’, ‘el mandar’ en su sentido amplio. El gobierno con la intención de dirigir, controlar y guiar no es lo que realmente pretendimos. No pretendimos que nuestra agencia de defensa común nos debiera gobernar, del mismo modo que no se pretende que el guardián de una fábrica actúe como el gerente general de la empresa” (Government: An Ideal Concept).

No es de extrañar que las primeras medidas de los Stalin, Mao, Hitler, Castro y los Kim Jong-un del planeta sea el desarme de la población civil al efecto de someterlos con mayor facilidad. En esta línea argumental es de interés recordar que Suiza tiene una mayor proporción sobre los habitantes de personas armadas que en Estados Unidos, razón por la cual capitostes del ejército alemán han reconocido que no se atrevieron a invadir aquel país en ninguna de las dos guerras. Como es sabido, Suiza además no cuenta con ejército regular, son los ciudadanos que se constituyen en milicia armada y, dicho sea de paso, conviene destacar que ese país cuenta con el índice más bajo de criminalidad del mundo.

Es de suma importancia recordar también que, según ponen de manifiesto los documentos originales, en Estados Unidos, luego de los sucesos revolucionarios, se enfatizó y reiteró el peligro de mantener ejércitos regulares (standing army), lo cual fue luego modificado. Y es del caso traer a colación que, en el discurso de despedida de la presidencia de Estados Unidos, el general Dwight Eisenhower destacó: “El mayor peligro para las libertades del pueblo es el complejo militar-industrial”.

A diferencia del norte, donde los colonos escapaban de la intolerancia y los atropellos a sus derechos, en Sudamérica prevalecieron los conquistadores y las “guerras santas” que, salvo personalidades como Fray Bartolomé de las Casas, eran posiciones generalizadas en el contexto de denominaciones al aparato de la fuerza como “excelentísimos”, “reverendísimos” y dislates serviles de esa naturaleza desconocidos en Estados Unidos. Es por eso que en general la mentalidad latina estima que la portación y la tenencia de armas hará que todos estén a los tiros.

Por supuesto que igual que con el registro automotor o el consumo de alcohol, la entrega de armas se hace con los permisos correspondientes. Pero siempre hay que tener presente que cuando se exhibe un póster con la ingenua idea de prohibir el uso de armas con la cara de un monstruo y se consigna al pie una leyenda que dice: “¿Usted le entregaría un arma a este sujeto?”, debe tenerse siempre presente que precisamente ese sujeto es el que tendrá el arma al efecto de victimizar a personas desarmadas e inocentes.

Cesare Beccaria, el pionero en el derecho penal, en su célebre texto On Crimes and Punishments, escribe que prohibir la portación de armas “sería lo mismo que prohibir el uso del fuego porque quema o del agua porque ahoga […] Las leyes que prohíben el uso de armas son de la misma naturaleza: desarman a quienes no están inclinados a cometer crímenes […] Leyes de ese tipo hacen las cosas mas difíciles para los asaltados y más fáciles para los asaltantes, sirven para estimular el homicidio en lugar de prevenirlo, ya que un hombre desarmado puede ser asaltado con más seguridad por el asaltante”.

Es de gran importancia tener presente algunos personajes que a través de la historia fundamentaron extensamente sobre el derecho irrenunciable a la tenencia y la portación de armas de los ciudadanos: Cicerón, Ulpiano, Hugo Grotius, Algernon Sidney, Locke, Montesquieu, Edward Coke, Blakstone, George Washington, George Mason, Adams, Patrik Henry, Thomas Jefferson, Jellinek, Thomas Paine y tantos otros en la actualidad.

Obras como That Every Man be Armed: The Evolution of a Constitutional Right, de S. P. Halbrook y Gun Control, de R. J. Kukla, muestran estadísticas y cuadros donde se pone de manifiesto cómo los asaltos se incrementan en proporción a las prohibiciones en diversos estados y condados, puesto que los blancos resultan más atractivos para los delincuentes allí donde tiene lugar la prohibición.

En El federalista, nº 46, James Madison, el autor principal de la Segunda Enmienda, escribe con orgullo: “Los americanos [norteamericanos] tienen el derecho y la ventaja de estar armados […] a diferencia de los ciudadanos de otros países cuyos gobiernos tienen temor que la gente esté armada”.

Desde luego que, en aquellos lugares donde se permite la tenencia y la portación de armas, quienes amenacen o insinúen la utilización indebida son castigados severamente.

En otro orden de cosas, se han mostrado las abultadas estadísticas sobre la mortandad vinculadas a los automotores, sea por accidentes en la vía pública o en reiterados asaltos, por lo que, salvando las distancias, sería desatinado prohibir los autos, del mismo modo que fue desatinado prohibir el alcohol con los resultados nefastos por todos conocidos.

Por su parte, en The Writings of Thomas Paine, este autor escribe: “Indudablemente sería bueno que nadie usara armas contra su vecino y que todo conflicto se arreglara a través de negociaciones […] pero en nuestro mundo el desarme haría que la gente de bien fuera constantemente sobrepasada por los asaltantes si se les niega la posibilidad de usar los medios para la defensa propia”.

Entonces, en un campo más amplio, la tenencia y la portación de armas cumple con un doble propósito siempre unido a la defensa propia contra asaltantes, ya sean delincuentes comunes o delincuentes legales, contra los cuales en una situación extrema la población debe ejercer el derecho a la resistencia frente a gobiernos que recurren a la fuerza para avasallar derechos en lugar de protegerlos (tal como sucede hoy, por ejemplo, en el caso venezolano, que, dado el golpe de Estado de Nicolás Maduro a las instituciones, se hace imperioso el contragolpe).

El tres veces candidato a la presidencia de Estados Unidos y congresista, Ron Paul, declara, en el The Boston Globe: “Muchos políticos, jueces y burócratas consideran que tienen el poder de desconocer nuestro derecho a poseer armas, a pesar de que la Segunda Enmienda explícitamente garantiza el derecho de la gente. Como los padres fundadores, creo que el derecho a tener armas es consustancial a la sociedad libre”.

El juez Andrew Napolitano, en Constitutional Chaos, sostiene con énfasis: “El cumplimiento de la Segunda Enmienda no solo permite la defensa propia contra asaltantes comunes, sino que evita genocidios que en todas partes y siempre se han llevado a cabo contra poblaciones desarmadas”. Y en otro libro de este mismo juez que lleva el título de una frase de Voltaire, It is Dangerous to be Right when the Government is Wrong, subraya: “Sin el derecho a la defensa propia, los individuos no podrían protegerse de los ladrones vulgares ni de los gobiernos tiránicos, [… esto último] porque como ha dicho Mao el poder político sale del cañón de un arma”.

Por último respecto a citas relevantes, David Boaz, en The Libertarian Mind, consigna: “Los ciudadanos respetuosos de la ley tienen un derecho natural y constitucional a poseer y transportar armas, no solo para caza sino como defensa propia y en último término para defender su libertad frente a gobiernos autoritarios”.

Hay distraídos que mantienen que, a diferencia de Suiza y Estados Unidos, no puede permitirse la tenencia de armas en pueblos latinos, lo cual recuerda lo escrito por Friedrich Hayek respecto a la necesaria libertad para todos que sería inconveniente “antes de aprender a ser libres”, que Hayek ilustra: “Es lo mismo que los tilingos que sostienen que no puede permitirse que alguien ingrese a un natatorio antes que aprenda a nadar”.

En otros términos, como queda dicho, las personas pacíficas rechazan toda manifestación de violencia que estiman perversa, solo admiten el uso de la fuerza en defensa propia. Esas personas aceptan toda conducta que no lesione derechos de terceros, aunque no la compartan, pero frente a ataques y amenazas con armas no les queda otro recurso que defenderse. Es ingenuo, contraproducente y sumamente peligroso sostener que deben prohibirse las armas de fuego en manos privadas porque con ello se facilita la tarea de criminales. Hasta los santos más destacados de la historia justifican la defensa propia frente a hechos de violencia manifiesta.

Es sabido que si se pueden establecer medidas disuasivas, las personas pacíficas y de buena voluntad las emplearán, para eso instalan alarma, botón de pánico, cerradura, llamados preventivos a la policía y demás resguardos. De más está decir que resulta esencial que las normas vigentes defiendan en todas sus instancias a la víctima de los ataques del victimario, sea un criminal común o el desborde intolerable de aparatos estatales desbocados e imposibles de tolerar que arrasan con los derechos. Es por eso que en la Declaración de la Independencia estadounidense se lee: “Cuando cualquier forma de gobierno se torna destructiva de esos fines [la protección de derechos], es el derecho de la gente alterarlo o abolirlo e instituir un nuevo gobierno”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

A RAÍZ DE MAQUIAVELO SOBRE EL PODER Y LA GUERRA

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Un personaje difícil de desentrañar. Hay autores que lo consideran un malvado, hipócrita y corrupto, otros imbuido de las mejores intenciones que deseaba el bienestar del pueblo y, por último, los que sostienen que se limitó a describir lo que consideró es la política. Tal vez haya una mezcla de estas visiones tripartitas pero lo que prima es la última interpretación.

 

Maquiavelo considera la política como la búsqueda del poder a cualquier costo con total independencia de toda consideración moral, lo cual es en gran medida ajustado a la realidad. Es la virtú que en el lenguaje del florentino significa precisamente la voluntad de alcanzar el poder. Es por ello que en esta instancia del proceso de evolución cultural los partidarios de la sociedad abierta se afanan por establecer límites adicionales al aparato estatal.

 

Sus tres obras más conocidas se dirigen a aquellos objetivos. Su meta era la unificación de las ciudades-estados como Venecia, Milán, Florencia, Génova, Bolonia y Ferrara y su modelo de príncipe era César Borgia (hijo del Papa Alejandro VI) por su crueldad y ambición, por más que aquí y allá se separa de la monarquía para intercalar loas al sistema republicano. En realidad Hobbes en cierto sentido sistematizó y llevó hasta sus últimas consecuencias la idea del positivismo y el poder absoluto sembrados por Maquiavelo un siglo antes.

Dado que una de las preocupaciones centrales de Maquiavelo para mantener el poder fueron los ejércitos y la guerra, reitero aquí parte de lo que he consignado en otra oportunidad sobre la materia bélica, que no solo viene al caso por lo escrito por el autor florentino sino debido a lo que en gran medida ocurre de un largo tiempo a esta parte en nuestro mundo. Es del caso entonces abrir este tema y descomponerlo en sus partes sobresalientes al efecto de calibrar adecuadamente su significado.

En la antigüedad, los vencidos eran masacrados por las fuerzas victoriosas en la contienda. Los adultos eran degollados, las mujeres profetizaban con las entrañas de los muertos, se construían cercos con los huesos de los derrotados y los niños eran sacrificados para rendir culto a los dioses. Luego, en un proceso evolutivo, los ejércitos vencedores tomaban como esclavos a sus prisioneros (“herramientas parlantes” como se los denominaba, haciendo uso de una terminología que revelaba la barbarie del procedimiento).

Mucho mas adelante, se fueron estableciendo normas para el trato de prisioneros de guerra que finalmente fueron plasmadas en las Convenciones de Ginebra y, asimismo, fueron suscitándose debates aun no resueltos sobre temas tales como la “obediencia debida” y los “daños colaterales”. En el primer caso, algunos sostienen con razón que si bien en la cadena de mando no tiene sentido permitir la deliberación y la discusión de las órdenes emanadas de la jerarquía militar y menos en plena trifulca, hay un límite que no puede sobrepasarse. Es decir, tratándose de órdenes aberrantes no puede alegarse la “obediencia debida” como excusa para cometer actos inaceptables para cualquier conducta decente, aun en la guerra.

El segundo caso alude a la matanza, la mutilación o el daño a personas que nada tienen que ver en la contienda y la destrucción de bienes que pertenecen a inocentes. Esto se ha dado en llamar “daños colaterales” por los que se argumenta deben responder penalmente los agresores. Porque solo se justifica la defensa propia, esto es, el repeler un ataque pero nunca se justifica una acción ofensiva y tras la máscara de los daños colaterales se esconde no simplemente la mera acción defensiva, sino el uso de la fuerza para propósitos de agresión. En este sentido, el cuadro de situación es el mismo que cuando se asalta un domicilio: los dueños del lugar tienen el derecho a la defensa propia pero si llegaran a matar o herir a vecinos que nada tienen que ver con el atraco, se convierten de defensores en agresores por lo que naturalmente deben hacerse responsables.

Resulta que en medio de estos debates para limitar y, si fuera posible, eliminar las acciones extremas que ocurren en lo que de por sí ya es la maldición de una guerra, aparece la justificación de la tortura por parte de gobiernos considerados baluartes del mundo libre, ya sea estableciendo zonas fuera de sus territorios para tales propósitos o expresamente delegando la tortura en terceros países, con lo que se retrocede al salvajismo mas cavernario.

Cesare Beccaria, el pionero del derecho penal, afirmaba en De los delitos y de las penas que “Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez […] ¿Qué derecho sino el de la fuerza será el que otorgue potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es reo o inocente? […] Este abuso no se debería tolerar”.

Los fines no justifican los medios. En el fin están presentes los medios. No es posible escindir fines y medios. Descender al nivel de la canallada para combatir a la canallada en el caso terrorista (y en cualquier otro), convierte también en canallas a quienes proclaman la lucha contra el terror. Por este camino se pierde autoridad moral y la consecuente legitimidad. Incluso si se conjeturara que una persona posee la información sobre la colocación de una bomba que hará estallar el planeta no es justificable abusar de una persona. No caben análisis utilitarios sopesando unas vidas frente a otras. Nadie puede ser usado como medio para los fines de otros. Toda persona tiene un valor en si misma. No pueden sacrificarse algunos para salvar a muchos otros. Una vez que se acepta colocar a seres humanos en balanzas como si se tratara de una carnicería, se habrá perdido el sentido de humanidad y los valores éticos sobre los que descansa la sociedad abierta.

El caso hipotético de la bomba que hará estallar el planeta supone más de lo permisible. Supone que el torturado en verdad posee la información, que la bomba realmente existe, que no es una falsa alarma, que se puede remediar la situación, que el torturado trasmitirá la información correcta (la información recabada durante la tortura no es confiable, lo cual es confirmado por quienes manejan detectores de mentiras).

Michael Ignatieff explica que la tortura no solo ofende al torturado sino que degrada al torturador y sugiere que para evitar discusiones inconducentes sobre lo que es y lo que no es una tortura, deberían filmarse los interrogatorios y archivarse en los correspondientes departamentos de auditoria gubernamentales.

También en la actualidad se recurre a las figuras de “testigo material” y de “enemigo combatiente” para obviar las disposiciones de la antes mencionada Convención de Ginebra. Según el juez estadounidense Andrew Napolitano el primer caso se traduce en una vil táctica gubernamental para encarcelar a personas a quienes no se les ha probado nada pero que son detenidas según el criterio de algún funcionario del poder ejecutivo y, en el segundo caso, nos explica que al efecto de despojar a personas de sus derechos constitucionales se recurre a un subterfugio también ilegal que elude de manera burda las expresas resoluciones de la Convención de Ginebra que se aplican tanto para los prisioneros de ejércitos regulares como a combatientes que no pertenecen a una nación.

En diferentes lares se ha recurrido a procedimientos terroristas para combatir a las bandas terroristas. En lugar de la implementación de juicios sumarios, con la firma de actas y responsables, se optó por el asesinato y la inadmisible figura del “desaparecido” y la apropiación de bebes falsificando identidades. A través de estas formas tremebundas, eventualmente se podrá ganar una guerra en el terreno militar pero indefectiblemente se pierde en el terreno moral. El procedimiento de los encapuchados y la clandestinidad no solo conduce a que los supuestos defensores del derecho se equiparen a los terroristas sino que desaparece toda posibilidad de control una vez que se da carta blanca a la impunidad, con lo que los abusos se extienden en grado exponencial en todas direcciones.

De mas está decir que lo dicho no justifica la bochornosa actitud de ocultar y apañar la acción criminal del terrorismo que no solo tiene la iniciativa sino que pretende imponer el totalitarismo cruel y despiadado que aniquila todo vestigio de respeto recíproco. No solo esto, sino que estos felones tampoco reconocen ciertos terrorismos de estado, por ejemplo el impuesto a rajatabla en la isla-cárcel cubana durante el último medio siglo. Esta grotesca hemiplegia moral está basada en el desconocimiento más palmario del derecho y en una burla truculenta a la convivencia civilizada.

Curiosamente, en algunos casos, para combatir al terrorismo se opta por aniquilar anticipadamente las libertades a través de la detención sin juicio previo, el desconocimiento del debido proceso, se vulnera el secreto bancario, se permiten escuchas telefónicas y la invasión al domicilio sin orden de juez competente. Incluso se pretenden disminuir riesgos imponiendo documentos gubernamentales de identidad únicos, sin percibir que es el mejor método para acentuar la inseguridad ya que con solo falsificar esa documentación quedan franqueadas todas las puertas en lugar de aceptar registros cruzados y de múltiples procedencias. Tal como explica James Harper, posiblemente se perciba este error si se sugiere que el gobierno establezca obligatoriamente una llave única para abrir la puerta de nuestro domicilio, la caja fuerte, la oficina, el automóvil y, además, provisto por una cerrajería estatal.

En algunas oportunidades se suele hacer referencia a las sociedades primitivas con cierto dejo peyorativo, sin embargo, algunas de ellas ofrecen ejemplos de civilidad como es el caso de los aborígenes australianos que circunscribían los conflictos armados a las luchas entre los jefes, o los esquimales que los resolvían recitando frente a la asamblea popular según la resistencia de cada bando en pugna, tal como relata Martin van Creveld.

Las guerras aparecen hoy entre naciones, no sabemos si en el futuro tendrán cabida estas concepciones políticas ya que la aventura humana es un proceso en constante estado de ebullición y abierto a posibles refutaciones. Solo podemos conjeturar que las divisiones y fraccionamiento del planeta en jurisdicciones territoriales, por el momento, a pesar de las extralimitaciones observadas (lo relevante es imaginarse los contrafácticos), hacen de reaseguro para los fenomenales riesgos de concentración de poder que habría en caso de un gobierno universal. Desde luego que de este hecho para nada se desprende la absurda xenofobia por la que las fronteras se toman como culturas alambradas e infranqueables para el tránsito de personas y el comercio de bienes.

En 1869, en París, se organizó un concurso sobre la guerra. Juan Bautista Alberdi preparó El crimen de la guerra. En ese trabajo, entre otras cosas, leemos que  “La guerra no puede tener mas que un fundamento legítimo, y es el derecho de defender la propia existencia. Así, el derecho de matar, se funda en el derecho de vivir, y solo en defensa de la vida se pude quitar la vida”, pero advierte que fuera de ello “la defensa se convierte en agresión, el derecho en un crimen”.

El ansia de poder político, los nacionalismos y la intolerancia religiosa han sido y son las causas principales de las guerras. Finalmente tengamos muy en cuenta que, como bien dice el actor principal de Lord of War, “nada hay mas costoso para un traficante de armas de guerra que la paz”.

En resumen, la forma en que se expresa Maquiavelo sobre la guerra y el  poder conducen en definitiva a la liquidación de las autonomías individuales, pero no quiero terminar sin mencionar el excelente título del capítulo 23 de El príncipe: “Como huir de los aduladores” (“los más sumisos, serviles, estúpidos y abyectos de los hombres” escribe Erasmo).

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

EEUU: Colegio Electoral y portación de armas

Por Alberto Benegas Lynch (h).

 

A raíz del debate suscitado por el triunfo de la fórmula Trump-Pence como consecuencia de los votos del Colegio Electoral, en contraste con la fórmula Clinton-Kane que obtuvo la mayoría de los votos populares, es oportuno e interesante destacar el sentido de aquella institución.

 

Como la decadencia en el país del Norte es mayúscula, entre otras cosas, se ha perdido de vista el sentido del Colegio Electoral. Los Padres Fundadores lo establecieron con mucho cuidado. Como Estados Unidos se constituyó como una confederación de estados soberanos, en el voto para presidente y vice-presidente del gobierno nacional se decidió el procedimiento indirecto a través del mencionado Colegio al efecto de equilibrar el peso de los diversos integrantes de la Unión, de lo contrario, debido a lo populoso de estados como California y Texas, éstos arrasarían con los votos. Una de las fuentes que explican  el fundamento del Colegio Electoral se encuentra en el Papel 39 de Los Papeles Federalistas escrito por James Madison, el principal inspirador de la Constitución estadounidense.

 

Además de lo dicho quienes suscribieron la aludida Constitución pretendieron ponerle límites al peligro de la llamada democracia ilimitada, es decir, aquella en la que las mayorías circunstanciales lesionan los derechos de las minorías, por lo que la expresión “democracia” no figura en ninguna parte de dicha Carta Magna, sino República. Esta forma de gobierno contiene cinco ingredientes fundamentales: la alternancia en el poder, la responsabilidad de los gobernantes ante los gobernados por sus actos, la publicidad  y transparencia de las acciones gubernamental, la división de poderes y la igualdad ante la ley (entendida esta última anclada a la Justicia, en otras palabras el “dar a cada uno lo suyo” lo cual ata la idea a la institución de la propiedad, de lo contrario podría entenderse “igualdad ante la ley” como que todos deben ir al cadalso).

 

Las líneas centrales del gobierno original de Estados Unidos estaban asentadas en ocho principios básicos: la preservación de los derechos individuales garantizados por una sólida arquitectura de contralores y votaciones en períodos distintos para distintos cargos, segundo, el concepto restrictivo de la guerra y el rol de las Fuerzas Armadas, en tercer lugar la libertad irrestricta para la expresión del pensamiento, cuarto, la inexorable  instauración del debido proceso, quinto, la tajante separación entre las denominaciones religiosas y el poder político y también la libertad de cultos, sexto, el resguardo de la intimidad, séptimo, la tenencia y portación de armas y, octavo, el federalismo.

 

Como he escrito mucho sobre algunos de estos principios, me limito a comentar en esta ocasión sobre los dos últimos puntos: la portación de armas que figura en la segunda enmienda de la Constitución norteamericana cuyo significado es muy mal interpretado en otros lares y, brevemente, sobre la nota central del federalismo. De lo que se trata es de escribir sobre temas controvertidos, porque para repetir lo que todo el mundo sabe, dice y escribe, es mejor ahorrar teclado y tiempo.

 

La portación de armas es un tema especialmente incomprendido por el público latino tan afecto a tratar a sus gobernantes como “su excelencia” y otras sandeces y siempre desconfiar de la libertad y la responsabilidad individual y depositar su confianza en el caudillo de turno que termina por expoliar de la forma más brutal a los incrédulos.

 

Como ha escrito el pionero del derecho penal Cesare Beccaria en De los delitos y de las penas  referido a la prohibición de portar armas: “Sería lo mismo que prohibir el uso del fuego porque quema o del agua porque ahoga […] Las leyes que prohíben el uso de armas son de la misma naturaleza, desarma a quienes no están inclinados a cometer crímenes […] Leyes de ese tipo hacen las cosas más difíciles para los asaltados y más fáciles para los asaltantes, sirven para estimular el homicidio en lugar de prevenirlo ya que un hombre desarmado puede ser asaltado con más seguridad por el asaltante” .

 

Si uno no es un obseso y tiene un mínimo de apertura mental, debe tener en cuenta la talla de quienes se oponen a la prohibición de la portación y tenencia de armas, algunos de los cuales son a través de la historia: Cicerón, Ulpiano, Hugo Grotius, Algernon Sidney, Montesquieu, Edward Coke, Blackstone, George Washington, George Mason, Patrick Henry, Samuel Adams, Jefferson y Jellinek.

 

Más aun, con gran razón Leonard Read en Government: An Ideal Concept escribe que “fue un gran error de la Revolución estadounidense el recurrir a la expresión ´gobierno´  que significa mandar y dirigir, del mismo modo que no tiene sentido denominar ´gerente general´ de la empresa al guardián de la misma”. El enfoque del aparato estatal en el Norte fue radicalmente distinto al de las ex colonias españolas ya que aprendieron con las persecuciones y la intolerancia europea y apuntaron a ser libres y realmente independientes, y no como decía Juan Bautista Alberdi “independientes como colonia española para ser colonos de nuestro propios gobiernos”. Consecuentemente, en Estados Unidos miraban con gran desconfianza el desarmarse y el entregar todas las armas al monopolio de la fuerza (es decir, el peligro superlativo de entregarle todo el poder al mero “guardián”, tal como sostiene Read).

 

El servilismo latinoamericana machaca que si hay portación y tenencia de armas todos andarán a los tiros y creen que su seguridad estará mejor resguardada si las armas las tienen exclusivamente los gobiernos (no ven lo que suele ocurrir en las calles ni las bajas producidas de seres inocentes e indefensos en sus propios domicilios). De más está decir la enorme responsabilidad que implica el poseer armas de fuego. En Estados Unidos la pena es sumamente severa aunque haya habido un atisbo de amenaza de usar un arma que no fuera en defensa propia. Como se ha reiterado en valiosas documentaciones, los tiroteos a mansalva ocurridos en los episodios más relevantes en Estados Unidos son todos casos en los que los asesinos no tenían permiso de portación o tenencia. Desde luego que, igual que con el registro automotor, el alcohol o los lugares de pornografía, las restricciones a menores y equivalentes son estrictas.

 

Cuando se lee un inmenso cartel con la figura de un ser humano monstruoso con la leyenda de “¿Usted permitiría que este sujeto porte armas?” la respuesta es que precisamente ese personaje es el que tendrá un arma en sus manos de quien hay que defenderse en caso de ataque. La policía habitualmente llega al lugar del crimen cuando éste ya se ha perpetrado (si es que no está aliada con los asaltantes). John R. Lott en su The Bias Against Guns exhibe una formidable investigación en la que se demuestra como los asaltantes se ocupan de averiguar los lugares y las personas que están desarmadas que consideran blancos fáciles para sus crímenes. Dichos testimonios están expuestos con lujo de detalles, muchos de los cuales fueron recabados en la cárcel.

 

En otro plano, acontecimientos trágicos como los sucedidos el 11 de septiembre de 2001, probablemente no hubieran ocurrido si no fuera por una irresponsable ley federal que prohibía a la tripulación contar con armas que incluso varios estudios como los de United y American las habían concebido de tal manera que se minimizaran las detonación en vuelo, por lo que las atrocidades se llevaron a cabo básicamente con cuchillitos de plástico.

 

Es de esperar que se despejen los cerrojos mentales y se vea la conexión entre la inseguridad de nuestras familias y la indefensión. La segunda enmienda fue concebida como un complemento de todas las vallas impuestas para evitar la extralimitación al poder político como es el Colegio Electoral que, como queda dicho, constituye un medio para la elección indirecta al tiempo que asegura el federalismo que constituye un potente incentivo para la descentralización y el consecuente fraccionamiento del poder. Cuando un violador entra en un ascensor, lo pensará dos veces si su posible víctima puede llevar una Magnum en su cartera.

 

Stephen Halbrook en That Every Man Be Armed  incluso documenta en detalle los muy interesantes debates entre los inspiradores de la gesta de la libertad en Estados Unidos en el siglo xviii en cuanto a los recaudos que deben adoptarse y los peligros de contar con ejércitos permanentes (standing armies), por ejemplo, Jefferson en carta a Madison del 20 de diciembre de 1787 enfatiza la necesidad de “protección contra los ejércitos permanentes” de su propio país). Al margen recuerdo una vez más lo dicho por el general Eisenhower en su discurso de despedida de la presidencia en cuanto a que “uno de los mayores peligros para la libertad de nuestro pueblo radica en el complejo militar-industrial”. Por su parte, Robert Kukla en Gun Control muestra en base a interesante documentación como la primera medida de todos los dictadores y tiranos del planta consiste en confiscar las armas de sus súbitos (los Castro, Hitler y Stalin de nuestra época).

 

Como decimos, el tema del Colegio Electoral debe ser considerado para fortalecer el régimen federal pero ninguna limitación será efectiva cuando los ciudadanos se encuentran indefensos. Y cuando mencionamos el federalismo originalmente establecido en Estados Unidos nos referimos al “power of the purse”, es decir, a la capacidad real de los estados o las provincias de administrar los recursos en sus jurisdicciones, esquema en el que originalmente la coparticipación fiscal fue de los estados o provincias al gobierno nacional y no al revés, donde cada gobernador tiene el incentivo de reducir impuestos y, por ende, gastos, al efecto de atraer inversiones y para que la población no se mude a otras jurisdicciones. Lamentablemente en el caso de Estados Unidos, el federalismo se ha debilitado en pos de un gobierno nacional que tiende cada vez más a la omnipotencia.

 

La arquitectura gubernamental originariamente concebida en Estados Unidos no debe verse como una de departamentos estancos sino como un todo inseparable, por eso al hablar de un aspecto cual es el Colegio Electoral mostramos en este caso a vuelapluma la estrecha vinculación con la segunda enmienda y con el régimen federal, lo cual también puede hacerse con el resto de los puntos medulares del andamiaje original estadounidense pergeñado por los Padres Fundadores, visionarios de la libertad.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.