UNA CONVERSACIÓN PECULIAR

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Me refiero al libro titulado El diálogo. El encuentro que cambió nuestra vida sobre la visión de la década del 70, editado en Buenos Aires por Sudamericana en el año que corre de 2015 donde se consignan las conversaciones entre Graciela Fernández Meijide y Héctor Ricardo Leis con la coordinación de Pablo Avelluto. Como es sabido, los contertulios son una madre a la que el gobierno militar de entonces secuestró y mató a uno de sus hijos y un ex miembro de la banda Montoneros.

 

Personalmente he escrito en varias ocasiones sobre los procedimientos militares en la guerra antiterrorista a través del secuestro, la tortura, la exterminación y el robo de hijos de los capturados, todo inadmisible para cualquier persona con un mínimo de decencia, por un lado, y la responsabilidad que le cabe a los guerrilleros que iniciaron las matanzas y masacres a diestra y siniestra de civiles indefensos y blancos variados y en muy diversos frentes, al tiempo que se aplicó y se aplica una grave hemiplegia moral y una justicia tuerta al condenar a los primeros y eximir a los segundos de lo que les cabe en esta tragedia superlativa.  Leis explica que “Los intelectuales de izquierda siempre estaban en contra de la violencia del Estado contra los guerrilleros. Pero de la violencia de los guerrilleros contra el Estado no decían nada […] A nadie le interesaban las leyes de la guerra ni a nosotros ni a los militares. Cuando tenías secuestrado a alguien, si te pedía que aplicaras la Convención de Ginebra te morías de risa”, tema sobre lo que Fernández Meijide recuerda que “en la época de las Brigadas Rojas a Dalla Chiesa [general italiano] le habían propuesto torturar detenidos como un modo de obtener información sobre el secuestro de Aldo Moro y declaró que Italia podía sobrevivir a la pérdida de Aldo Moro pero que no iba a sobrevivir a la introducción de la tortura”.

 

De entrada subrayo una vez más la actitud criminal de la tortura sobre lo que escribí la última vez en “La Nación” de Buenos Aires en un largo artículo titulado “Ninguna causa justifica la tortura”, el 23 de julio de 2007 donde aludí al abuso monstruoso que significa y destacaba el valor de cada persona que, como se ha dicho, nunca puede utilizarse como medio para los fines de otros con la pretensión de sonsacar la información que fuere (que, además, como escribe César Beccaria, no es confiable) al tiempo que reflexionaba sobre lo improcedente de pretender el establecimiento de normas compatibles con el derecho en base a life boat situations  y citaba la opinión de Michael Ignatieff en cuanto a que para evitar todo debate sobre si se recurre o no a la tortura, los respectivos procedimientos e interrogatorios deben ser filmados y archivados en organismos de auditoría.

 

Fernández Meijide, refiriéndose a los militares,  concluye que “Podrían haber hecho un juicio y nos hubieran puesto en un gran problema a los organismos de derechos humanos. Hubiéramos tenido que poner abogados para defender el derecho de un grupo de personas a ingresar al país con armas para llevar adelante acciones subversivas. ¿Como hubiéramos hecho? Nos hubieran deshecho políticamente. Y en lugar de hacer eso, los liquidaron prácticamente a todos”; así es, el juicio y el proceder a cara descubierta no hubiera generado las tremendas consecuencias morales que tuvieron lugar. Si no fue posible con la Cámara Federal en lo Penal debido al ataque a mansalva a sus miembros y al bloqueo del gobierno peronista, por lo menos había que haber establecido juicios en la jurisdicción militar en base al debido proceso y consecuentemente con las necesarias garantías procesales. En una línea argumental equivalente, dejando de lado otros aspectos reprobables, es pertinente citar la muy oportuna advertencia del general Lanusse dirigida a sus camaradas de armas el 29 de diciembre de 1970: “En la lucha contra el enemigo subversivo debe evitarse la fácil tentación de emplear los mismos métodos que los terroristas, ya que ello deterioraría gravemente la eticidad de nuestra posición y destruiría el fundamento de nuestra lucha”.

 

Leis elabora sobre la violencia a la que incitaba Perón que era “un ejemplo de fomento al odio” y “Entonces no veíamos los contenidos fascistas dentro del peronismo” y “Después del asesinato de Aramburu, Perón coqueteaba con la idea de la guerra revolucionaria y lanzó la consigna del Socialismo Nacional. Cualquier parecido con el nacionalsocialismo no lo registramos” puesto que antes que nada “el peronismo es violento”. Leis en su origen  comenzó “en la Juventud Comunista y después, en el Partido Comunista” que “se dio en simultáneo con la Revolución Cubana” y “en la universidad comencé a leer, me pasaron textos y me convertí al marxismo y el deseo de la Revolución, atrapado por una facilidad romántica”. Por su parte, Graciela Fernández Meijide apunta sobre los guerrilleros que “muchos de esos jóvenes de clase media y media alta provenían de familias católicas. Hay que sumar el surgimiento de la Teología de la Liberación. Antes de ese momento, en los 60, existían los curas obreros” a lo que Héctor Leis adhiere al destacar que “Los Montoneros eran católicos conservadores unidos con izquierdistas marxistas”. En todo caso, Leis enfatiza que “Cuando me miro a la distancia no me reconozco. Eso es justamente porque hice cosas que no podía explicar […] cuando pusimos las manos en la masa, en la violencia, la estética y la ética desaparecieron […] Nos fuimos brutalizando […] El ERP se dedicaba a asaltar cuarteles y los montoneros a matar gente, secuestrar y robar dinero”.

 

Fernández Meijide recuerda que a los tres días de asumir Alfonsín dictó dos decretos “uno pidiendo el procesamiento de las cúpulas de las organizaciones guerrilleras y en el otro el de las cúpulas militares” lo cual en parte se descompuso con las leyes de punto final y obediencia debida y, mucho peor, con los indultos del menemato lo cual permitió que muchos miraran para otro lado hasta su abrogación para entrar en la faz de la justicia tuerta a la que nos referimos más arriba.

 

Continúa Graciela Fernández Meijide en referencia a los perseguidos por las Fuerzas Armadas que “Nos está faltando reconocer que la mayoría era militante, que en buena parte eran combatientes y que las consecuencias de todo esto fueron brutales” a lo que responde Leis recordando que “Hubo muchísimos intelectuales que en esa época también incentivaron la lucha armada y no se dieron por aludidos […] Hay un oportunismo y un cinismo terribles en esta cuestión” y que, a su criterio, “Firmenich es igual a Videla. Porque ninguno de los dos se hace cargo de lo que hizo. El problema está en las conducciones que piden que el otro bando se haga cargo de todo. Como si no hubiera habido errores y crímenes contra la humanidad en ambos lados”.

 

Hago un paréntesis o una digresión para decir que hay una frase de Leis que contiene una idea muy cara a nosotros los liberales y es cuando se refiere a la “ilusión según la cual todos somos iguales. Es la mentira populista. Somos iguales desde el punto de vista de la ley pero en el resto de las cosas de la vida no somos todos iguales”. Más claro imposible, con el agregado de que en un mercado abierto los que quieren mejorar patrimonialmente deben servir a sus semejantes: los que aciertan en sus necesidades ganan y los que yerran incurren en quebrantos, a diferencia de los pseudoempresarios que en cópula hedionda con el poder explotan miserablemente a los demás a través de prebendas y canonjías varias con el apoyo logístico de organismos perversos como el FMI y el Banco Mundial que operan con recursos succionados al fruto del trabajo ajeno. Las diferencias de ingresos en una sociedad abierta dependen de los votos diarios de la gente en el supermercado y afines.

 

El jugoso diálogo inserto en este libro da para muchas otras reflexiones pero no hay espacio en una nota periodística. Termino con una anécdota que he relatado en otras ocasiones. Como rector de ESEADE, uno de mis invitados fue Henri Lepage que cuando recibió la invitación me respondió que no la aceptaba en vista de las torturas que tenían lugar en la Argentina. Enfrascado en mis críticas a la política económica del gobierno militar que se consignaron en los medios de la época y concentrado en mis faenas docentes, daba por sentado que el combate al terrorismo se llevaba a cabo por canales normales, en ese entonces no me percaté de lo que venía sucediendo y le contesté de inmediato al profesor francés que lo que decía era infundado. Lo convencí y finalmente dictó sus conferencias entre nosotros y manifestó que por lo que pudo ver e informarse estaba “completamente equivocado”. Al tiempo de su regreso a París -por aquello de noblesse oblige– le escribí nuevamente pidiendo perdón puesto que él tuvo razón en su opinión original.

 

Ganar batallas en el terreno militar y perderlas en el terreno moral conducen a resultados muy perjudiciales a los ojos de la civilización, por más que como ha escrito Jorge Masetti en El furor y el delirio “si hubiéramos ganado, el continente se hubiera convertido en un río de sangre” debido a “la gran barbarie que significó el comunismo cubano”.  Cuando me informé de los procedimientos criminales de los militares en el combate a los terroristas tuve una crisis feroz que me revolvió las tripas y, como dije en otra ocasión, me produjeron náuseas en sentido literal, porque una cosa es discutir acaloradamente sobre las equivocaciones gruesas en materia de política económica (incluso la irresponsabilidad canallesca del gobierno militar de entonces por la guerra de las Malvinas) y otra es recibir un cachetazo en pleno rostro por haberse abandonado las bases más elementales de la conducta moral.

 

Cierro finalmente al dejar nuevamente constancia de mi plena coincidencia con el tres veces candidato presidencial estadounidense Ron Paul y el Juez Andrew Napolitano del mismo país, en cuanto a que Edward Snowden es un héroe al poner al descubierto las inmundicias de los aparatos de inteligencia del llamado mundo libre con el pretexto de combatir el terrorismo.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.

OTRA VEZ, SOBRE LA TORTURA:

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Varias veces he escrito sobre este tema horrendo, ahora repito algo de lo dicho, en esta caso, en “La Nación” de Buenos Aires (julio 23, 2007)  en vista de la inadmisible política que en este sentido mantiene el otrora baluarte del mundo libre: Estados Unidos, en Guantánamo (fuera de su territorio para no chocar con la elemental decencia de la legislación estadounidense).

 

César Beccaría, el precursor del derecho penal, escribe que “Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez […] ¿Qué derecho sino el de la fuerza será el que da potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es o no inocente? No es nuevo este dilema: o el delito es cierto o incierto; si es cierto, no le conviene otra pena que la establecida por las leyes y son inútiles los tormentos porque es inútil la confesión del reo; si es incierto, no se debe atormentar a un inocente, porque tal es, según las leyes, un hombre cuyos delitos no están probados […] Este es el medio seguro de absolver al los robustos malvados y condenar a los flacos inocentes”.

 

Concluye Beccaría con una crítica enfática a quienes señalan las contradicciones en que incurren los torturados como prueba de culpabilidad, como si “las contradicciones comunes en los hombres cuando están tranquilos no deban multiplicarse en la turbación de ánimo todo embebido con el pensamiento de salvarse del inminente peligro […], es superfluo duplicar la luz de esta verdad citando los innumerables ejemplos de inocentes que se confesaron reos por los dolores de la tortura; no hay nación, no hay edad que no presente los suyos […] No vale la confesión dictada durante la tortura”.

 

No se justifica la tortura en ninguna circunstancia, incluso en el caso que se conjeture que determinada persona tiene la información de quien es el que hará detonar una bomba y aunque se sospeche que aquél es cómplice del hecho. Las razones que se acaban de apuntar convalidan el aserto. No resulta aceptable esquivar aquellas argumentaciones esgrimiendo la posibilidad de que el hacer sufrir a una persona queda mas que compensado con las muchas vidas que se salvarían.

 

Cada persona tiene valor en si misma, la vida de una persona no se debe a otros. No cabe la pretensión de hacer balances como si se tratara de carne sopesada en balanzas de carnicería. El fin es inescindible de los medios. Los pasos en dirección a la meta impregnan ese objetivo. La conducta civilizada no autoriza  a abusar de una persona, independientemente de lo que ocurra con otras (llevados al extremo, estos “balances sociales” eventualmente conducirían a justificar dislates como el sacrificio de jubilados para que generaciones jóvenes puedan vivir mejor). La legitimación del abuso pone en riesgo la supervivencia de la sociedad abierta, puesto que ésta descansa en pilares éticos.

 

Además, el ejemplo de la bomba supone mas de lo que es posible suponer. Parte de la base que el torturado posee en verdad la información, que la bomba existe y que funciona, que puede remediarse la situación, que el sospechoso trasmitirá la información correcta, que la tortura se limitará a ese hecho etc.

 

A veces se formulan interrogantes del tipo de ¿usted no autorizaría la tortura de un sospechoso si eso pudiera salvar la vida de su hijo secuestrado?. En realidad son preguntas tramposas de la misma naturaleza que las que aparecen en life boat situations en sentido literal, por ejemplo ¿en caso de encontrarse en un naufragio, usted acataría la decisión del dueño del bote disponible o forzaría el abordaje de toda su familia en lugar de permitir el embarque de otras personas que prefiere el titular?. No es posible el establecimiento de normas de conducta civilizada extrapolando situaciones de conmoción excepcional y ofuscamiento que en ciertas circunstancias abren compuertas a procedimientos reñidos con la moral, puesto que eso significaría el naufragio de la sociedad civilizada.

 

En el caso del debate sobre la tortura (y en infinidad de otros casos) es útil colocarse en la posición de la minoría. Si detienen injustamente a un hijo y lo torturan, no hay forma de probar la inocencia si no se admite el debido proceso. Antiguamente tribus como la de  los godos, vándalos, hunos y germanos (cimbros y teutones) condujeron las “invasiones bárbaras” sobre el Imperio Romano, en la que se establecía todo tipo de suplicios y finalmente se degollaba a los adultos vencidos, se sacrificaba niños a sus dioses, se construían cercos con los huesos de las víctimas y las mujeres profetizaban con las entrañas de los derrotados. En un proceso evolutivo, los conquistadores luego tomaban a los conquistados como esclavos (“herramientas parlantes” según la horripilante denominación de entonces) y, en la guerra moderna, se establecieron normas para el trato de los ejércitos vencidos. Pero, en lugar de profundizar la senda civilizada y responsabilizar penalmente a quienes producen lo que livianamente se ha dado en llamar “daños colaterales” con vidas de civiles inocentes y eliminar la bajeza de la embrutecedora y castrante “obediencia debida”, resulta que nos retrotraemos a la barbarie de la tortura.

 

Michael Ignatieff escribe que “La democracia liberal se opone a la tortura porque se opone a cualquier uso ilimitado de la autoridad pública contra seres humanos y la tortura es la mas ilimitada, la forma mas desenfrenada de poder que una persona puede ejercer contra otra”. Sugiere este autor que, para evitar discusiones sobre que es tortura y que son interrogatorios coercitivos, deben filmarse estos procedimientos y archivarse en los departamentos de auditoría gubernamental que correspondan.

 

Recientemente se ha sugerido la “regulación de la tortura” como consecuencia de la antes mencionada sub-contratación de torturadores en terceros países por parte del gobierno de Estados Unidos y debido a la antes mencionada cárcel de Guantánamo, como queda dicho, para escapar de la elemental disposición del debido proceso en jurisdicción estadounidense. En este sentido, se mantiene que esta regulación sería para evitar la hipocresía de la política norteamericana que, mientras declama el estado de derecho, abre las puertas al abismo. Se sigue diciendo que esta regulación “mitigaría y encauzaría la tortura por carriles adecuados a las circunstancias”. Pero esto significaría la legalización del crimen. El crimen regulado no es menos criminal. No tiene gollete que se considere una aberración la tortura a ciudadanos norteamericanos, mientras se estima aceptable someter a suplicios a no-estadounidenses. Este modo de ver las cosas, entre otros aspectos, quita toda autoridad moral a los que pelean contra el terrorismo puesto que el adoptar procedimientos de la canallada convierte en canallas a quienes están supuestos de defender el derecho.

 

No es admisible que algunos se escuden en afirmaciones cobardes como que “la guerra es siempre terrible” y otras de similar calaña para justificar procedimientos aberrantes y eludir el debate. El debido proceso, en su caso, el juicio sumario con todas las garantías procesales y sustantivas, no puede reemplazarse por la carta blanca para torturar y matar. De este modo, eventualmente, se podrán ganar batallas en el terreno militar pero indefectiblemente se pierden en el campo moral.

 

Claro que la hipocresía no solo se encuentra en algunos de los que combaten al terrorismo sino, como repetidamente se ha visto en distintos lares, está incrustado en ciertos personajes que alardean de proteger “derechos humanos” (que como ya hemos consignado en otras columnas, constituye un grosero pleonasmo puesto que las rosas y las piedras no son sujetos de derecho), cuando en verdad es mera pirotecnia verbal que nada tiene que ver con la justicia al desconocer los crímenes sórdidos, atroces y execrables cometidos por las bandas terroristas.

 

Por último, el controvertido tema de la suspensión de las libertades individuales con la supuesta idea de preservar el orden jurídico. Paradójico en verdad el dejar sin efecto el derecho para salvaguardar el derecho. Otorgar visos de juricidad a aquello que es por naturaleza extrajurídico, se asemeja a una ficción. No es novedosa la idea  de la interrupción del derecho, viene de Roma a través del institium. Se han escrito ríos de tinta sobre esta delicada cuestión, pero, en todo caso, esta concepción se ha traducido reiteradamente en abusos de poder, incluyendo la tortura.

 

En este sentido, Ira Glasser pasa detallada revista de algunos episodios ocurridos en Estados Unidos como consecuencia de estos llamados estados de excepción. Muestra como la legislación sobre sedición y sobre extranjeros en 1789, de espionaje en 1917, otra vez de sedición en 1918 y la orden ejecutiva de F.D. Roosevelt en 1942 condujeron a grandes injusticias y severas restricciones de las libertades individuales sin que ofrecieran mayor seguridad.

 

Recuerda Glasser, por ejemplo, que Ronald Reagan llamó a esta última disposición “una histeria de guerra racista” debido a que condenó a 112.000 personas de descendencia japonesa a campos de concentración en Estados Unidos y “ni uno de los 112.000 fue   imputado de un crimen ni acusado de espionaje o sabotaje. Ninguna evidencia fue jamás alegada y no hubo audiencias.”

 

Hannah Arendt escribió sobre las patrañas políticas en el fiasco de Vietnam y ahora hemos visto las graves violaciones a los derechos de las personas por la aplicación de la vergonzosa ley denominada “patriota” en Estados Unidos a raíz de los agresiones criminales del 11 de septiembre de 2001 y la invasión a Irak. Benjamin Franklin advertía que “aquel país que renuncie a algunas libertades en nombre de la seguridad, no merece ni la libertad ni la seguridad”. Curiosa es en verdad la estrategia de liquidar anticipadamente las libertades como defensa contra el ataque terrorista que, precisamente, pretende aniquilar las libertades.

 

“Para novedades, los clásicos”, reza el conocido aforismo. En nuestro caso, es pertinente recordar un pensamiento de Dante : “Todo el que pretende el fin del derecho, procede conforme a derecho […], es imposible buscar el derecho sin el derecho […] Formalmente nunca lo verdadero sigue a lo falso”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.

GUANTÁNAMO

Por Alberto Benegas Lynch (h).

Finalmente John McCain, el destacado miembro del Comité de las Fuerzas Armadas en el Senado estadounidense, opina que hay que cerrar la prisión clandestina Guantánamo radicada en Cuba donde está instalada la base naval de los Estados Unidos (Camp Delta). Antes lo había dicho Obama sin que hiciera nada concreto hasta el presente.

 En esa prisión concebida fuera del territorio norteamericano para que no se vea alcanzada por la legislación de ese país que no toleraría la reclusión de personas sin condenas ni siquiera con cargos en su contra, lo cual es una monstruosidad jurídica.

 Entre muchos otros, el Juez Andrew Napolitano considera a Guantánamo como un bochorno y subraya que los prisioneros allí detenidos no se los autoriza a contactar ningún abogado ni aparecer en ninguna Corte de Justicia. Escribe en Consitutional Chaos que “En Camp Delta los detenidos están en pequeñas jaulas de alambre con pisos de concreto. Esas celdas están abiertas a elementos como ratas, víboras y escorpiones que andan por la base” y denuncia torturas de diverso calibre.

 Es que el gobierno estadounidense bajo George W. Bush inventó la inauditas figuras del “enemigo combatiente” y del “testigo material” al efecto de sortear las disposiciones de la Convención de Ginebra que se aplica tanto a prisioneros de guerra como a combatientes que no pertenecen a una nación y así desconocer los derechos de las personas.

 El terrorismo es probablemente la vía más cobarde y repugnante de todas las posibles acciones criminales, pero para enfrentarlo no puede recurrirse a los mismos procedimientos de esos delincuentes monstruosos. El camino del derecho es indispensable si se quieren preservar los valores elementales de la civilización, de lo contrario se podrá ganar una guerra en el terreno militar pero se perderá en el terreno moral. En el extremo se podrán implementar juicios sumarios en tribunales militares pero no se puede tirar por la borda los pasos elementales del debido proceso cuando se pretende inculpar a una persona arrestada. Sin duda que en medio de una balacera no hay posibilidad de labrar actas ni seguir procesos, nos referimos a líneas argumentales aplicadas a detenidos.

 Estados Unidos -el otrora baluarte del mundo libre- ha sucumbido a la tentación de apartarse de las conductas decentes para internarse en legislaciones aberrantes como la denominada “Patriot Act” que autoriza a los aparatos estatales y paraestatales a lesionar derechos de los ciudadanos, todo a contramano de los sabios y extraordinarios consejos y valores de los Padres Fundadores de lo que fue la tierra de la libertad y el respeto recíproco por antonomasia.

 James Bovard en Terrorism and Tyranny. Trampling Freedom, Justice and Peace to rid the World of Evil apunta que la referida Patriot Act “trata a todo ciudadano como sospechoso de actos terroristas y todo agente federal como si fuera un ángel indiscutido. La administración Bush encaró la más grande demolición de la Constitución de la historia de Estados Unidos”. Ya Benjamin Franklin en 1759 puso de manifiesto su célebre sentencia al consignar que “Aquellos que renuncian a libertades esenciales para obtener seguridad temporaria, no merecen la libertad ni la seguridad”, evidentemente la intromisión del Gran Hermano elimina la seguridad junto con la libertad (tal como una vez más se pone de manifiesto a través de las espeluznantes declaraciones de Edward Snowden respecto al programa PRISMA que permite interferencias de correos electrónicos y conversaciones telefónicas sin orden de juez competente).

 Lo de Guantánamo es un caso grotesco y a todas luces inaceptable pero en otro plano y tras este debate hay un aspecto de mayor calado cual es el tema de la suspensión de los derechos individuales en situaciones de enorme peligro generalizado y persistente.

 Se trata de la controvertida idea de suspender el derecho frente a graves conmociones interiores o ataques exteriores con el propósito de restablecerlo después del estado de excepción. Es tal vez paradójico pero hay aquí una semejanza con las dictaduras: en un caso la eliminación es transitoria y en la otra permanente, pero en el momento de la suspensión hay una semejanza.

 Resulta curioso que se pretendan suspender los derechos individuales para defender los derechos individuales. En realidad parece contradictorio otorgar visos de juricidad a lo que por su naturaleza es extrajurídico y tiene en común los procedimientos a que recurren los criminales que se quieren combatir puesto que se procede extramuros del derecho. Esta modalidad no es novedosa puesto que se la utilizó en Roma bajo el nombre de institium lo cual naturalmente no cambia la argumentación.

 También se han asimilado los estados de excepción al derecho de resistencia contra la autoridad opresiva, lo cual no corresponde puesto que en este caso se apunta a restituir los derechos individuales mientras que en la aludida suspensión el objetivo es dejar sin efecto esos derechos.

 Dante Alighieri en Monarquía escribió que “todo el que pretende el fin del derecho, procede conforme a derecho […], es imposible buscar el fin del derecho sin el derecho […], aparece evidentísima la afirmación de que quien procura el fin del derecho debe procurarlo con el derecho […] Formalmente lo verdadero nunca sigue a lo falso”.

 Para ejemplificar, Ira Glasser muestra en su colaboración para una obra titulada It´s a Free Country. Personal Freedom in America After September 11 que en Estados Unidos, el país que ha sido el más respetuoso de los derechos individuales, cada vez que se suspendieron las garantías para las personas alegando situaciones graves los gobiernos produjeron desmanes mayúsculos. Tales han sido los casos cuando se promulgó la legislación sobre sedición y extranjeros en 1789, de espionaje en 1917, nuevamente de sedición en 1918 y la orden ejecutiva de F. D. Roosvelt en 1942 (en este último caso se condenó a 112 mil personas de descendencia japonesa a campos de concentración en Estados Unidos y concluye Glasser que “ni uno de los 112 mil fue imputado de un crimen, ni imputado de espionaje o sabotaje. Ninguna evidencia fue jamás alegada y no hubo audiencias”, lo mismo ocurrió en los otros casos mencionados).  Si esto ocurrió en Estados Unidos, imaginemos los sucesos en otros lares.

El ganador del Premio Amnesty International Stephen Grey, en su libro The Gost Plane. The True Story of the CIA Torture Program detalla las actividades inauditas de la agencia de inteligencia estadounidense, especialmente sus contratos, entre otros casos, para que sospechosos sean torturados en países como el Egipto de Mubarak.

Debido a las denuncias de tortura en Guantánamo, es pertinente reiterar lo que ya he escrito antes sobre la materia. César Beccaría, el precursor del derecho penal, escribe en De los delitos y de las penas que “Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez […] ¿Qué derecho sino el de la fuerza será el que da potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es o no inocente? No es nuevo este dilema: o el delito es cierto o incierto; si es cierto, no le conviene otra pena que la establecida por las leyes y son inútiles los tormentos porque es inútil la confesión del reo; si es incierto, no se debe atormentar a un inocente, porque tal es, según las leyes, un hombre cuyos delitos no están probados […] Este es el medio seguro de absolver al los robustos malvados y condenar a los flacos inocentes”.

Concluye Beccaría con una crítica enfática a quienes señalan las contradicciones en que incurren los torturados como prueba de culpabilidad, como si “las contradicciones comunes en los hombres cuando están tranquilos no deban multiplicarse en la turbación de ánimo todo embebido con el pensamiento de salvarse del inminente peligro […], es superfluo duplicar la luz de esta verdad citando los innumerables ejemplos de inocentes que se confesaron reos por los dolores de la tortura; no hay nación, no hay edad que no presente los suyos […] No vale la confesión dictada durante la tortura”.

 No se justifica la tortura en ninguna circunstancia, incluso en el caso que se conjeture que determinada persona tiene la información de quien es el que hará detonar una bomba y aunque se sospeche que aquél es cómplice del hecho. Las razones que se acaban de apuntar convalidan el aserto. No resulta aceptable esquivar aquellas argumentaciones esgrimiendo la posibilidad de que el hacer sufrir a una persona queda mas que compensado con las muchas vidas que se salvarían.

 Cada persona tiene valor en si misma, la vida de una persona no se debe a otros. No cabe la pretensión de hacer balances como si se tratara de carne sopesada en balanzas de carnicería. El fin es inescindible de los medios. Los pasos en dirección a la meta impregnan ese objetivo. La conducta civilizada no autoriza  a abusar de una persona, independientemente de lo que ocurra con otras (llevados al extremo, estos “balances sociales” eventualmente conducirían a justificar dislates como el sacrificio de jubilados para que generaciones jóvenes puedan vivir mejor). La legitimación del abuso pone en riesgo la supervivencia de la sociedad abierta, puesto que ésta descansa en pilares éticos.

 Además, el ejemplo de la bomba supone más de lo que es posible suponer. Parte de la base que el torturado posee en verdad la información, que la bomba existe y que funciona, que puede remediarse la situación, que el sospechoso trasmitirá la información correcta, que la tortura se limitará a ese hecho etc.

 A veces se formulan interrogantes del tipo de ¿usted no autorizaría la tortura de un sospechoso si eso pudiera salvar la vida de su hijo secuestrado?. En realidad son preguntas tramposas de la misma naturaleza que las que aparecen en life boat situations en sentido literal, por ejemplo ¿en caso de encontrarse en un naufragio, usted acataría la decisión del dueño del bote disponible o forzaría el abordaje de toda su familia en lugar de permitir el embarque de otras personas que prefiere el titular?. No es posible el establecimiento de normas de conducta civilizada extrapolando situaciones de conmoción excepcional y ofuscamiento que en ciertas circunstancias abren compuertas a procedimientos reñidos con la moral, puesto que eso significaría el naufragio de la sociedad civilizada.

En el caso del debate sobre la tortura (y en infinidad de otros casos) es útil colocarse en la posición de la minoría. Si detienen injustamente a un hijo y lo torturan, no hay forma de probar la inocencia si no se admite el debido proceso. Antiguamente tribus como la de  los godos, vándalos, hunos y germanos (cimbros y teutones) condujeron las “invasiones bárbaras” sobre el Imperio Romano, en la que se establecía todo tipo de suplicios y finalmente se degollaba a los adultos vencidos, se sacrificaba niños a sus dioses, se construían cercos con los huesos de las víctimas y las mujeres profetizaban con las entrañas de los derrotados. En un proceso evolutivo, los conquistadores luego tomaban a los conquistados como esclavos (“herramientas parlantes” según la horripilante denominación de entonces) y, en la guerra moderna, se establecieron normas para el trato de los ejércitos vencidos. Pero, en lugar de profundizar la senda civilizada y responsabilizar penalmente a quienes producen lo que livianamente se ha dado en llamar “daños colaterales” con vidas de civiles inocentes y eliminar la bajeza de la embrutecedora y castrante “obediencia debida”, resulta que nos retrotraemos a la barbarie de la tortura.

 Michael Ignatieff en “Evil Under Interrogation: Is Torture Ever Permissible?” escribe que “La democracia liberal se opone a la tortura porque se opone a cualquier uso ilimitado de la autoridad pública contra seres humanos y la tortura es la mas ilimitada, la forma mas desenfrenada de poder que una persona puede ejercer contra otra”. Sugiere este autor que, para evitar discusiones sobre que es tortura y que son interrogatorios coercitivos, deben filmarse estos procedimientos y archivarse en los departamentos de auditoría gubernamental que correspondan.

 En todo caso, en esta nota periodística señalamos que las controversiales figuras referidas de la ley marcial, estado de sitio, toque de queda y similares constituyen un debate aparte, pero el caso de Guantánamo es una vergüenza para cualquier nación que respete elementales normas civilizadas, no solo por las torturas que menciona el Juez Napolitano sino debido a la concepción misma de esa canallesca prisión. La defensa contra el horror terrorista debe encararse con firmeza en varios frentes, pero lo que no es admisible es recurrir a los mismos procedimientos instaurados por la barbarie.

 Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.