Ninguna causa justifica la tortura

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 23/7/07 en: https://www.lanacion.com.ar/opinion/ninguna-causa-justifica-la-tortura-nid928080

 

Se debate en diversos foros la posición de Estados Unidos sobre los llamados “interrogatorios coercitivos”, al tiempo que existe el agujero negro de Guantánamo y agentes gubernamentales subcontratan torturadores en terceros países, como quedó documentado en un meduloso libro de Stephen Grey. Asimismo, la lucha antiterrorista que ha tenido lugar en buena parte de América latina sigue dando lugar a discusiones.

César Beccaria, el precursor del derecho penal, escribe: “¿Qué derecho sino el de la fuerza será el que da potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es o no inocente? No es nuevo este dilema: o el delito es cierto o es incierto; si es cierto, no le conviene otra pena que la establecida por las leyes y son inútiles los tormentos, porque es inútil la confesión del reo; si es incierto, no se debe atormentar a un inocente”. Concluye Beccaria: “No vale la confesión dictada durante la tortura”.

No se justifica la tortura en ninguna circunstancia, incluso si se conjetura que determinada persona sabe quién hará detonar una bomba, y aunque se sospeche de que es cómplice del hecho. No resulta aceptable argumentar que hacer sufrir a una persona queda compensado por las muchas vidas salvadas. Cada persona tiene valor en sí misma. La vida de una persona no se debe a otros. No cabe la pretensión de hacer balances, como si se tratara de carne en la balanza de la carnicería. El fin es inescindible de los medios. Los pasos en dirección a la meta impregnan ese objetivo. La conducta civilizada no autoriza a abusar de una persona, independientemente de lo que ocurra con otras (llevados al extremo, estos “balances sociales” conducirían a justificar dislates como el sacrificio de jubilados para que los jóvenes puedan vivir mejor). La legitimación del abuso pone en riesgo la supervivencia de la sociedad abierta, puesto que ésta descansa en pilares éticos.

Además, el ejemplo de la bomba supone más de lo que es posible suponer. Parte de la base de que el torturado posee la información, de que la bomba existe y funciona, de que el sospechoso trasmitirá la información correcta, de que la tortura se limitará a ese hecho, etcétera.

A veces se formulan interrogantes de este tipo: ¿usted no autorizaría la tortura de un sospechoso si eso pudiera salvar la vida de su hijo secuestrado? En realidad, son preguntas tramposas, como las que aparecen en las life boat situations : en caso de encontrarse en un naufragio, ¿usted acataría la decisión del dueño del bote disponible o forzaría el abordaje de toda su familia en lugar de permitir el embarque de otras personas preferidas por el titular? No es posible el establecimiento de normas de conducta civilizada extrapolando situaciones de conmoción excepcional y ofuscamiento que en ciertas circunstancias abren compuertas a procedimientos reñidos con la moral, puesto que eso significaría el naufragio de la sociedad civilizada.

En el caso del debate sobre la tortura (y en infinidad de otros casos) es útil colocarse en la posición de la minoría. Si detienen injustamente a un hijo y lo torturan, no hay forma de probar la inocencia si no se admite el debido proceso. Antiguamente, los godos, vándalos, hunos y germanos (cimbros y teutones) condujeron las “invasiones bárbaras” sobre el Imperio Romano. Se practicaba todo tipo de suplicios y finalmente se degollaba a los adultos vencidos, se sacrificaban niños a los dioses, se construían cercos con los huesos de las víctimas y las mujeres profetizaban con las entrañas de los derrotados.

En un proceso evolutivo, los conquistadores tomaban después a los conquistados como esclavos (“herramientas parlantes”, según la horripilante denominación de entonces). En la guerra moderna, se establecieron normas para el trato de los vencidos. Pero en lugar de profundizar la senda civilizada y responsabilizar a quienes producen lo que livianamente se ha dado en llamar “daños colaterales”, en lugar de eliminar la bajeza de la embrutecedora y castrante “obediencia debida”, nos retrotraemos a la barbarie de la tortura.

Michael Ignatieff escribe: “La democracia liberal se opone a la tortura porque se opone a cualquier uso ilimitado de la autoridad pública contra seres humanos, y la tortura es la más ilimitada, la forma más desenfrenada de poder que una persona puede ejercer contra otra”.

Recientemente se ha sugerido la “regulación de la tortura”, como consecuencia de la antes mencionada subcontratación de torturadores en terceros países por parte del gobierno de Estados Unidos y debido a la existencia de Guantánamo. En este sentido, se mantiene que esta regulación sería para evitar la hipocresía de la política norteamericana, que, mientras declama el Estado de Derecho, abre las puertas al abismo. Se sigue diciendo que esta regulación “mitigaría y encauzaría la tortura por carriles adecuados a las circunstancias”. Pero esto significaría la legalización del crimen. El crimen regulado no es menos criminal. No tiene gollete que se considere una aberración la tortura a ciudadanos norteamericanos mientras se estima aceptable someter a suplicios a no estadounidenses. Este modo de ver las cosas, entre otros aspectos, quita toda autoridad moral a los que pelean contra el terrorismo, puesto que adoptar procedimientos de la canallada convierte en canallas a quienes se supone que están defendiendo el derecho.

No es admisible que algunos se escuden en afirmaciones cobardes como que la guerra es siempre terrible y otras de similar calaña para justificar procedimientos aberrantes y eludir el debate. El debido proceso, en su caso el juicio sumario con todas las garantías, no puede reemplazarse por la carta blanca para torturar y matar. De este modo, eventualmente, se podrán ganar batallas en el terreno militar, pero indefectiblemente se pierden en el campo moral.

Claro que la hipocresía no sólo se encuentra en algunos de los que combaten al terrorismo, sino, como repetidamente se ha visto en distintos lares, está incrustada en ciertos personajes que alardean de proteger derechos humanos (lo que, como hemos dicho en estas columnas, constituye un grosero pleonasmo, puesto que las rosas y las piedras no son sujetos de derecho), cuando en verdad es mera pirotecnia verbal que nada tiene que ver con la justicia, al desconocer los crímenes atroces y execrables cometidos por las bandas terroristas.

Por último, el controvertido tema de la suspensión de las libertades individuales con la supuesta idea de preservar el orden jurídico. Paradójico en verdad es dejar sin efecto el derecho para salvaguardar el derecho. Otorgar visos de juricidad a aquello que es por naturaleza extrajurídico se asemeja a una ficción. No es novedosa la idea de la interrupción del derecho: viene de Roma. Se ha escrito muchísimo sobre esta delicada cuestión, pero, en todo caso, esta concepción se ha traducido reiteradamente en abusos de poder, incluyendo la tortura.

En este sentido, Ira Glasser pasa detallada revista a algunos episodios ocurridos en Estados Unidos como consecuencia de estos llamados estados de excepción. Muestra cómo la legislación sobre sedición y sobre extranjeros de 1789, la de espionaje de 1917, otra vez la de sedición de 1918 y la orden ejecutiva de F. D. Roosevelt en 1942 condujeron a grandes injusticias y severas restricciones de las libertades individuales, sin que ofrecieran mayor seguridad.

Recuerda Glasser, por ejemplo, que Ronald Reagan llamó a esta última disposición “una histeria de guerra racista”, debido a que condenó a 112.000 personas de descendencia japonesa a campos de concentración en Estados Unidos, y “ni uno de los 112.000 fue imputado de un crimen ni acusado de espionaje o sabotaje. Ninguna evidencia fue jamás alegada y no hubo audiencias”.

Hannah Arendt escribió sobre las patrañas políticas en el fiasco de Vietnam y ahora hemos visto las graves violaciones a los derechos de las personas por la aplicación de la vergonzosa ley denominada “patriota” en Estados Unidos, a raíz de las agresiones criminales del 11 de septiembre de 2001 y la invasión a Irak. Benjamin Franklin advertía: “Aquel país que renuncia a algunas libertades en nombre de la seguridad no merece ni la libertad ni la seguridad”. Curiosa es, en verdad, la estrategia de liquidar anticipadamente las libertades como defensa contra el ataque terrorista que, precisamente, pretende aniquilar las libertades.

“Para novedades, los clásicos”, reza el conocido aforismo. En nuestro caso, es pertinente recordar un pensamiento de Dante: “Todo el que pretende el fin del derecho, procede conforme a derecho. (…) Es imposible buscar el derecho sin el derecho. Formalmente, nunca lo verdadero sigue a lo falso”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

A RAÍZ DE MAQUIAVELO SOBRE EL PODER Y LA GUERRA

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Un personaje difícil de desentrañar. Hay autores que lo consideran un malvado, hipócrita y corrupto, otros imbuido de las mejores intenciones que deseaba el bienestar del pueblo y, por último, los que sostienen que se limitó a describir lo que consideró es la política. Tal vez haya una mezcla de estas visiones tripartitas pero lo que prima es la última interpretación.

 

Maquiavelo considera la política como la búsqueda del poder a cualquier costo con total independencia de toda consideración moral, lo cual es en gran medida ajustado a la realidad. Es la virtú que en el lenguaje del florentino significa precisamente la voluntad de alcanzar el poder. Es por ello que en esta instancia del proceso de evolución cultural los partidarios de la sociedad abierta se afanan por establecer límites adicionales al aparato estatal.

 

Sus tres obras más conocidas se dirigen a aquellos objetivos. Su meta era la unificación de las ciudades-estados como Venecia, Milán, Florencia, Génova, Bolonia y Ferrara y su modelo de príncipe era César Borgia (hijo del Papa Alejandro VI) por su crueldad y ambición, por más que aquí y allá se separa de la monarquía para intercalar loas al sistema republicano. En realidad Hobbes en cierto sentido sistematizó y llevó hasta sus últimas consecuencias la idea del positivismo y el poder absoluto sembrados por Maquiavelo un siglo antes.

Dado que una de las preocupaciones centrales de Maquiavelo para mantener el poder fueron los ejércitos y la guerra, reitero aquí parte de lo que he consignado en otra oportunidad sobre la materia bélica, que no solo viene al caso por lo escrito por el autor florentino sino debido a lo que en gran medida ocurre de un largo tiempo a esta parte en nuestro mundo. Es del caso entonces abrir este tema y descomponerlo en sus partes sobresalientes al efecto de calibrar adecuadamente su significado.

En la antigüedad, los vencidos eran masacrados por las fuerzas victoriosas en la contienda. Los adultos eran degollados, las mujeres profetizaban con las entrañas de los muertos, se construían cercos con los huesos de los derrotados y los niños eran sacrificados para rendir culto a los dioses. Luego, en un proceso evolutivo, los ejércitos vencedores tomaban como esclavos a sus prisioneros (“herramientas parlantes” como se los denominaba, haciendo uso de una terminología que revelaba la barbarie del procedimiento).

Mucho mas adelante, se fueron estableciendo normas para el trato de prisioneros de guerra que finalmente fueron plasmadas en las Convenciones de Ginebra y, asimismo, fueron suscitándose debates aun no resueltos sobre temas tales como la “obediencia debida” y los “daños colaterales”. En el primer caso, algunos sostienen con razón que si bien en la cadena de mando no tiene sentido permitir la deliberación y la discusión de las órdenes emanadas de la jerarquía militar y menos en plena trifulca, hay un límite que no puede sobrepasarse. Es decir, tratándose de órdenes aberrantes no puede alegarse la “obediencia debida” como excusa para cometer actos inaceptables para cualquier conducta decente, aun en la guerra.

El segundo caso alude a la matanza, la mutilación o el daño a personas que nada tienen que ver en la contienda y la destrucción de bienes que pertenecen a inocentes. Esto se ha dado en llamar “daños colaterales” por los que se argumenta deben responder penalmente los agresores. Porque solo se justifica la defensa propia, esto es, el repeler un ataque pero nunca se justifica una acción ofensiva y tras la máscara de los daños colaterales se esconde no simplemente la mera acción defensiva, sino el uso de la fuerza para propósitos de agresión. En este sentido, el cuadro de situación es el mismo que cuando se asalta un domicilio: los dueños del lugar tienen el derecho a la defensa propia pero si llegaran a matar o herir a vecinos que nada tienen que ver con el atraco, se convierten de defensores en agresores por lo que naturalmente deben hacerse responsables.

Resulta que en medio de estos debates para limitar y, si fuera posible, eliminar las acciones extremas que ocurren en lo que de por sí ya es la maldición de una guerra, aparece la justificación de la tortura por parte de gobiernos considerados baluartes del mundo libre, ya sea estableciendo zonas fuera de sus territorios para tales propósitos o expresamente delegando la tortura en terceros países, con lo que se retrocede al salvajismo mas cavernario.

Cesare Beccaria, el pionero del derecho penal, afirmaba en De los delitos y de las penas que “Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez […] ¿Qué derecho sino el de la fuerza será el que otorgue potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es reo o inocente? […] Este abuso no se debería tolerar”.

Los fines no justifican los medios. En el fin están presentes los medios. No es posible escindir fines y medios. Descender al nivel de la canallada para combatir a la canallada en el caso terrorista (y en cualquier otro), convierte también en canallas a quienes proclaman la lucha contra el terror. Por este camino se pierde autoridad moral y la consecuente legitimidad. Incluso si se conjeturara que una persona posee la información sobre la colocación de una bomba que hará estallar el planeta no es justificable abusar de una persona. No caben análisis utilitarios sopesando unas vidas frente a otras. Nadie puede ser usado como medio para los fines de otros. Toda persona tiene un valor en si misma. No pueden sacrificarse algunos para salvar a muchos otros. Una vez que se acepta colocar a seres humanos en balanzas como si se tratara de una carnicería, se habrá perdido el sentido de humanidad y los valores éticos sobre los que descansa la sociedad abierta.

El caso hipotético de la bomba que hará estallar el planeta supone más de lo permisible. Supone que el torturado en verdad posee la información, que la bomba realmente existe, que no es una falsa alarma, que se puede remediar la situación, que el torturado trasmitirá la información correcta (la información recabada durante la tortura no es confiable, lo cual es confirmado por quienes manejan detectores de mentiras).

Michael Ignatieff explica que la tortura no solo ofende al torturado sino que degrada al torturador y sugiere que para evitar discusiones inconducentes sobre lo que es y lo que no es una tortura, deberían filmarse los interrogatorios y archivarse en los correspondientes departamentos de auditoria gubernamentales.

También en la actualidad se recurre a las figuras de “testigo material” y de “enemigo combatiente” para obviar las disposiciones de la antes mencionada Convención de Ginebra. Según el juez estadounidense Andrew Napolitano el primer caso se traduce en una vil táctica gubernamental para encarcelar a personas a quienes no se les ha probado nada pero que son detenidas según el criterio de algún funcionario del poder ejecutivo y, en el segundo caso, nos explica que al efecto de despojar a personas de sus derechos constitucionales se recurre a un subterfugio también ilegal que elude de manera burda las expresas resoluciones de la Convención de Ginebra que se aplican tanto para los prisioneros de ejércitos regulares como a combatientes que no pertenecen a una nación.

En diferentes lares se ha recurrido a procedimientos terroristas para combatir a las bandas terroristas. En lugar de la implementación de juicios sumarios, con la firma de actas y responsables, se optó por el asesinato y la inadmisible figura del “desaparecido” y la apropiación de bebes falsificando identidades. A través de estas formas tremebundas, eventualmente se podrá ganar una guerra en el terreno militar pero indefectiblemente se pierde en el terreno moral. El procedimiento de los encapuchados y la clandestinidad no solo conduce a que los supuestos defensores del derecho se equiparen a los terroristas sino que desaparece toda posibilidad de control una vez que se da carta blanca a la impunidad, con lo que los abusos se extienden en grado exponencial en todas direcciones.

De mas está decir que lo dicho no justifica la bochornosa actitud de ocultar y apañar la acción criminal del terrorismo que no solo tiene la iniciativa sino que pretende imponer el totalitarismo cruel y despiadado que aniquila todo vestigio de respeto recíproco. No solo esto, sino que estos felones tampoco reconocen ciertos terrorismos de estado, por ejemplo el impuesto a rajatabla en la isla-cárcel cubana durante el último medio siglo. Esta grotesca hemiplegia moral está basada en el desconocimiento más palmario del derecho y en una burla truculenta a la convivencia civilizada.

Curiosamente, en algunos casos, para combatir al terrorismo se opta por aniquilar anticipadamente las libertades a través de la detención sin juicio previo, el desconocimiento del debido proceso, se vulnera el secreto bancario, se permiten escuchas telefónicas y la invasión al domicilio sin orden de juez competente. Incluso se pretenden disminuir riesgos imponiendo documentos gubernamentales de identidad únicos, sin percibir que es el mejor método para acentuar la inseguridad ya que con solo falsificar esa documentación quedan franqueadas todas las puertas en lugar de aceptar registros cruzados y de múltiples procedencias. Tal como explica James Harper, posiblemente se perciba este error si se sugiere que el gobierno establezca obligatoriamente una llave única para abrir la puerta de nuestro domicilio, la caja fuerte, la oficina, el automóvil y, además, provisto por una cerrajería estatal.

En algunas oportunidades se suele hacer referencia a las sociedades primitivas con cierto dejo peyorativo, sin embargo, algunas de ellas ofrecen ejemplos de civilidad como es el caso de los aborígenes australianos que circunscribían los conflictos armados a las luchas entre los jefes, o los esquimales que los resolvían recitando frente a la asamblea popular según la resistencia de cada bando en pugna, tal como relata Martin van Creveld.

Las guerras aparecen hoy entre naciones, no sabemos si en el futuro tendrán cabida estas concepciones políticas ya que la aventura humana es un proceso en constante estado de ebullición y abierto a posibles refutaciones. Solo podemos conjeturar que las divisiones y fraccionamiento del planeta en jurisdicciones territoriales, por el momento, a pesar de las extralimitaciones observadas (lo relevante es imaginarse los contrafácticos), hacen de reaseguro para los fenomenales riesgos de concentración de poder que habría en caso de un gobierno universal. Desde luego que de este hecho para nada se desprende la absurda xenofobia por la que las fronteras se toman como culturas alambradas e infranqueables para el tránsito de personas y el comercio de bienes.

En 1869, en París, se organizó un concurso sobre la guerra. Juan Bautista Alberdi preparó El crimen de la guerra. En ese trabajo, entre otras cosas, leemos que  “La guerra no puede tener mas que un fundamento legítimo, y es el derecho de defender la propia existencia. Así, el derecho de matar, se funda en el derecho de vivir, y solo en defensa de la vida se pude quitar la vida”, pero advierte que fuera de ello “la defensa se convierte en agresión, el derecho en un crimen”.

El ansia de poder político, los nacionalismos y la intolerancia religiosa han sido y son las causas principales de las guerras. Finalmente tengamos muy en cuenta que, como bien dice el actor principal de Lord of War, “nada hay mas costoso para un traficante de armas de guerra que la paz”.

En resumen, la forma en que se expresa Maquiavelo sobre la guerra y el  poder conducen en definitiva a la liquidación de las autonomías individuales, pero no quiero terminar sin mencionar el excelente título del capítulo 23 de El príncipe: “Como huir de los aduladores” (“los más sumisos, serviles, estúpidos y abyectos de los hombres” escribe Erasmo).

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.