Meditaciones sobre el control de armas

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 2/3/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/03/02/meditaciones-sobre-el-control-de-armas/

 

Una vez más surge el debate sobre el control de armas a raíz de las tragedias ocurridas principalmente en Estados Unidos en colegios, debido a que allí se impone la zona donde no se permiten armas (gun-free zones), por lo que los asesinos seriales se sienten seguros para cometer sus horrendos crímenes, en lugar de permitir que los adultos encargados de custodiar los colegios estén debidamente entrenados en el uso de armas, además de la policía regular del área. Como se ha dicho, es absurdo custodiar las joyerías y no los colegios como si lo primero fuera más importante que lo segundo. Proponer insistentemente, como en el primer momento lo hizo Donald Trump, a raíz de la masacre en el colegio Marjory Stoneman Douglas High School de Parkland, en Florida, que se armen y entrenen los maestros en los colegios me parece otra de sus conocidas irresponsabilidades y exabruptos.

Desde luego que un tiroteo en un colegio resulta un espanto, pero muchísimo peor es la masacre sin posibilidad de defensa a la espera del arribo de la policía cuando ya se ha consumado el crimen serial.

Todo comienza con la idea que se tenga de lo que es un gobierno. La visión original en Estados Unidos plasmada en la Constitución defiende la portación y la tenencia de armas, porque considera sumamente peligroso desarmarse frente a los aparatos estatales, de igual manera que sería riesgoso entregar todas las armas a guardianes contratados para defender viviendas. Incluso, como apunta Leonard Read: “Hay razones para lamentar que nosotros en Norteamérica hayamos adoptado la palabra gobierno. Hemos recurrido a una palabra antigua con todas las connotaciones que tiene ‘el gobernar’, ‘el mandar’ en su sentido amplio. El gobierno con la intención de dirigir, controlar y guiar no es lo que realmente pretendimos. No pretendimos que nuestra agencia de defensa común nos debiera gobernar, del mismo modo que no se pretende que el guardián de una fábrica actúe como el gerente general de la empresa” (Government: An Ideal Concept).

No es de extrañar que las primeras medidas de los Stalin, Mao, Hitler, Castro y los Kim Jong-un del planeta sea el desarme de la población civil al efecto de someterlos con mayor facilidad. En esta línea argumental es de interés recordar que Suiza tiene una mayor proporción sobre los habitantes de personas armadas que en Estados Unidos, razón por la cual capitostes del ejército alemán han reconocido que no se atrevieron a invadir aquel país en ninguna de las dos guerras. Como es sabido, Suiza además no cuenta con ejército regular, son los ciudadanos que se constituyen en milicia armada y, dicho sea de paso, conviene destacar que ese país cuenta con el índice más bajo de criminalidad del mundo.

Es de suma importancia recordar también que, según ponen de manifiesto los documentos originales, en Estados Unidos, luego de los sucesos revolucionarios, se enfatizó y reiteró el peligro de mantener ejércitos regulares (standing army), lo cual fue luego modificado. Y es del caso traer a colación que, en el discurso de despedida de la presidencia de Estados Unidos, el general Dwight Eisenhower destacó: “El mayor peligro para las libertades del pueblo es el complejo militar-industrial”.

A diferencia del norte, donde los colonos escapaban de la intolerancia y los atropellos a sus derechos, en Sudamérica prevalecieron los conquistadores y las “guerras santas” que, salvo personalidades como Fray Bartolomé de las Casas, eran posiciones generalizadas en el contexto de denominaciones al aparato de la fuerza como “excelentísimos”, “reverendísimos” y dislates serviles de esa naturaleza desconocidos en Estados Unidos. Es por eso que en general la mentalidad latina estima que la portación y la tenencia de armas hará que todos estén a los tiros.

Por supuesto que igual que con el registro automotor o el consumo de alcohol, la entrega de armas se hace con los permisos correspondientes. Pero siempre hay que tener presente que cuando se exhibe un póster con la ingenua idea de prohibir el uso de armas con la cara de un monstruo y se consigna al pie una leyenda que dice: “¿Usted le entregaría un arma a este sujeto?”, debe tenerse siempre presente que precisamente ese sujeto es el que tendrá el arma al efecto de victimizar a personas desarmadas e inocentes.

Cesare Beccaria, el pionero en el derecho penal, en su célebre texto On Crimes and Punishments, escribe que prohibir la portación de armas “sería lo mismo que prohibir el uso del fuego porque quema o del agua porque ahoga […] Las leyes que prohíben el uso de armas son de la misma naturaleza: desarman a quienes no están inclinados a cometer crímenes […] Leyes de ese tipo hacen las cosas mas difíciles para los asaltados y más fáciles para los asaltantes, sirven para estimular el homicidio en lugar de prevenirlo, ya que un hombre desarmado puede ser asaltado con más seguridad por el asaltante”.

Es de gran importancia tener presente algunos personajes que a través de la historia fundamentaron extensamente sobre el derecho irrenunciable a la tenencia y la portación de armas de los ciudadanos: Cicerón, Ulpiano, Hugo Grotius, Algernon Sidney, Locke, Montesquieu, Edward Coke, Blakstone, George Washington, George Mason, Adams, Patrik Henry, Thomas Jefferson, Jellinek, Thomas Paine y tantos otros en la actualidad.

Obras como That Every Man be Armed: The Evolution of a Constitutional Right, de S. P. Halbrook y Gun Control, de R. J. Kukla, muestran estadísticas y cuadros donde se pone de manifiesto cómo los asaltos se incrementan en proporción a las prohibiciones en diversos estados y condados, puesto que los blancos resultan más atractivos para los delincuentes allí donde tiene lugar la prohibición.

En El federalista, nº 46, James Madison, el autor principal de la Segunda Enmienda, escribe con orgullo: “Los americanos [norteamericanos] tienen el derecho y la ventaja de estar armados […] a diferencia de los ciudadanos de otros países cuyos gobiernos tienen temor que la gente esté armada”.

Desde luego que, en aquellos lugares donde se permite la tenencia y la portación de armas, quienes amenacen o insinúen la utilización indebida son castigados severamente.

En otro orden de cosas, se han mostrado las abultadas estadísticas sobre la mortandad vinculadas a los automotores, sea por accidentes en la vía pública o en reiterados asaltos, por lo que, salvando las distancias, sería desatinado prohibir los autos, del mismo modo que fue desatinado prohibir el alcohol con los resultados nefastos por todos conocidos.

Por su parte, en The Writings of Thomas Paine, este autor escribe: “Indudablemente sería bueno que nadie usara armas contra su vecino y que todo conflicto se arreglara a través de negociaciones […] pero en nuestro mundo el desarme haría que la gente de bien fuera constantemente sobrepasada por los asaltantes si se les niega la posibilidad de usar los medios para la defensa propia”.

Entonces, en un campo más amplio, la tenencia y la portación de armas cumple con un doble propósito siempre unido a la defensa propia contra asaltantes, ya sean delincuentes comunes o delincuentes legales, contra los cuales en una situación extrema la población debe ejercer el derecho a la resistencia frente a gobiernos que recurren a la fuerza para avasallar derechos en lugar de protegerlos (tal como sucede hoy, por ejemplo, en el caso venezolano, que, dado el golpe de Estado de Nicolás Maduro a las instituciones, se hace imperioso el contragolpe).

El tres veces candidato a la presidencia de Estados Unidos y congresista, Ron Paul, declara, en el The Boston Globe: “Muchos políticos, jueces y burócratas consideran que tienen el poder de desconocer nuestro derecho a poseer armas, a pesar de que la Segunda Enmienda explícitamente garantiza el derecho de la gente. Como los padres fundadores, creo que el derecho a tener armas es consustancial a la sociedad libre”.

El juez Andrew Napolitano, en Constitutional Chaos, sostiene con énfasis: “El cumplimiento de la Segunda Enmienda no solo permite la defensa propia contra asaltantes comunes, sino que evita genocidios que en todas partes y siempre se han llevado a cabo contra poblaciones desarmadas”. Y en otro libro de este mismo juez que lleva el título de una frase de Voltaire, It is Dangerous to be Right when the Government is Wrong, subraya: “Sin el derecho a la defensa propia, los individuos no podrían protegerse de los ladrones vulgares ni de los gobiernos tiránicos, [… esto último] porque como ha dicho Mao el poder político sale del cañón de un arma”.

Por último respecto a citas relevantes, David Boaz, en The Libertarian Mind, consigna: “Los ciudadanos respetuosos de la ley tienen un derecho natural y constitucional a poseer y transportar armas, no solo para caza sino como defensa propia y en último término para defender su libertad frente a gobiernos autoritarios”.

Hay distraídos que mantienen que, a diferencia de Suiza y Estados Unidos, no puede permitirse la tenencia de armas en pueblos latinos, lo cual recuerda lo escrito por Friedrich Hayek respecto a la necesaria libertad para todos que sería inconveniente “antes de aprender a ser libres”, que Hayek ilustra: “Es lo mismo que los tilingos que sostienen que no puede permitirse que alguien ingrese a un natatorio antes que aprenda a nadar”.

En otros términos, como queda dicho, las personas pacíficas rechazan toda manifestación de violencia que estiman perversa, solo admiten el uso de la fuerza en defensa propia. Esas personas aceptan toda conducta que no lesione derechos de terceros, aunque no la compartan, pero frente a ataques y amenazas con armas no les queda otro recurso que defenderse. Es ingenuo, contraproducente y sumamente peligroso sostener que deben prohibirse las armas de fuego en manos privadas porque con ello se facilita la tarea de criminales. Hasta los santos más destacados de la historia justifican la defensa propia frente a hechos de violencia manifiesta.

Es sabido que si se pueden establecer medidas disuasivas, las personas pacíficas y de buena voluntad las emplearán, para eso instalan alarma, botón de pánico, cerradura, llamados preventivos a la policía y demás resguardos. De más está decir que resulta esencial que las normas vigentes defiendan en todas sus instancias a la víctima de los ataques del victimario, sea un criminal común o el desborde intolerable de aparatos estatales desbocados e imposibles de tolerar que arrasan con los derechos. Es por eso que en la Declaración de la Independencia estadounidense se lee: “Cuando cualquier forma de gobierno se torna destructiva de esos fines [la protección de derechos], es el derecho de la gente alterarlo o abolirlo e instituir un nuevo gobierno”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

EEUU: Colegio Electoral y portación de armas

Por Alberto Benegas Lynch (h).

 

A raíz del debate suscitado por el triunfo de la fórmula Trump-Pence como consecuencia de los votos del Colegio Electoral, en contraste con la fórmula Clinton-Kane que obtuvo la mayoría de los votos populares, es oportuno e interesante destacar el sentido de aquella institución.

 

Como la decadencia en el país del Norte es mayúscula, entre otras cosas, se ha perdido de vista el sentido del Colegio Electoral. Los Padres Fundadores lo establecieron con mucho cuidado. Como Estados Unidos se constituyó como una confederación de estados soberanos, en el voto para presidente y vice-presidente del gobierno nacional se decidió el procedimiento indirecto a través del mencionado Colegio al efecto de equilibrar el peso de los diversos integrantes de la Unión, de lo contrario, debido a lo populoso de estados como California y Texas, éstos arrasarían con los votos. Una de las fuentes que explican  el fundamento del Colegio Electoral se encuentra en el Papel 39 de Los Papeles Federalistas escrito por James Madison, el principal inspirador de la Constitución estadounidense.

 

Además de lo dicho quienes suscribieron la aludida Constitución pretendieron ponerle límites al peligro de la llamada democracia ilimitada, es decir, aquella en la que las mayorías circunstanciales lesionan los derechos de las minorías, por lo que la expresión “democracia” no figura en ninguna parte de dicha Carta Magna, sino República. Esta forma de gobierno contiene cinco ingredientes fundamentales: la alternancia en el poder, la responsabilidad de los gobernantes ante los gobernados por sus actos, la publicidad  y transparencia de las acciones gubernamental, la división de poderes y la igualdad ante la ley (entendida esta última anclada a la Justicia, en otras palabras el “dar a cada uno lo suyo” lo cual ata la idea a la institución de la propiedad, de lo contrario podría entenderse “igualdad ante la ley” como que todos deben ir al cadalso).

 

Las líneas centrales del gobierno original de Estados Unidos estaban asentadas en ocho principios básicos: la preservación de los derechos individuales garantizados por una sólida arquitectura de contralores y votaciones en períodos distintos para distintos cargos, segundo, el concepto restrictivo de la guerra y el rol de las Fuerzas Armadas, en tercer lugar la libertad irrestricta para la expresión del pensamiento, cuarto, la inexorable  instauración del debido proceso, quinto, la tajante separación entre las denominaciones religiosas y el poder político y también la libertad de cultos, sexto, el resguardo de la intimidad, séptimo, la tenencia y portación de armas y, octavo, el federalismo.

 

Como he escrito mucho sobre algunos de estos principios, me limito a comentar en esta ocasión sobre los dos últimos puntos: la portación de armas que figura en la segunda enmienda de la Constitución norteamericana cuyo significado es muy mal interpretado en otros lares y, brevemente, sobre la nota central del federalismo. De lo que se trata es de escribir sobre temas controvertidos, porque para repetir lo que todo el mundo sabe, dice y escribe, es mejor ahorrar teclado y tiempo.

 

La portación de armas es un tema especialmente incomprendido por el público latino tan afecto a tratar a sus gobernantes como “su excelencia” y otras sandeces y siempre desconfiar de la libertad y la responsabilidad individual y depositar su confianza en el caudillo de turno que termina por expoliar de la forma más brutal a los incrédulos.

 

Como ha escrito el pionero del derecho penal Cesare Beccaria en De los delitos y de las penas  referido a la prohibición de portar armas: “Sería lo mismo que prohibir el uso del fuego porque quema o del agua porque ahoga […] Las leyes que prohíben el uso de armas son de la misma naturaleza, desarma a quienes no están inclinados a cometer crímenes […] Leyes de ese tipo hacen las cosas más difíciles para los asaltados y más fáciles para los asaltantes, sirven para estimular el homicidio en lugar de prevenirlo ya que un hombre desarmado puede ser asaltado con más seguridad por el asaltante” .

 

Si uno no es un obseso y tiene un mínimo de apertura mental, debe tener en cuenta la talla de quienes se oponen a la prohibición de la portación y tenencia de armas, algunos de los cuales son a través de la historia: Cicerón, Ulpiano, Hugo Grotius, Algernon Sidney, Montesquieu, Edward Coke, Blackstone, George Washington, George Mason, Patrick Henry, Samuel Adams, Jefferson y Jellinek.

 

Más aun, con gran razón Leonard Read en Government: An Ideal Concept escribe que “fue un gran error de la Revolución estadounidense el recurrir a la expresión ´gobierno´  que significa mandar y dirigir, del mismo modo que no tiene sentido denominar ´gerente general´ de la empresa al guardián de la misma”. El enfoque del aparato estatal en el Norte fue radicalmente distinto al de las ex colonias españolas ya que aprendieron con las persecuciones y la intolerancia europea y apuntaron a ser libres y realmente independientes, y no como decía Juan Bautista Alberdi “independientes como colonia española para ser colonos de nuestro propios gobiernos”. Consecuentemente, en Estados Unidos miraban con gran desconfianza el desarmarse y el entregar todas las armas al monopolio de la fuerza (es decir, el peligro superlativo de entregarle todo el poder al mero “guardián”, tal como sostiene Read).

 

El servilismo latinoamericana machaca que si hay portación y tenencia de armas todos andarán a los tiros y creen que su seguridad estará mejor resguardada si las armas las tienen exclusivamente los gobiernos (no ven lo que suele ocurrir en las calles ni las bajas producidas de seres inocentes e indefensos en sus propios domicilios). De más está decir la enorme responsabilidad que implica el poseer armas de fuego. En Estados Unidos la pena es sumamente severa aunque haya habido un atisbo de amenaza de usar un arma que no fuera en defensa propia. Como se ha reiterado en valiosas documentaciones, los tiroteos a mansalva ocurridos en los episodios más relevantes en Estados Unidos son todos casos en los que los asesinos no tenían permiso de portación o tenencia. Desde luego que, igual que con el registro automotor, el alcohol o los lugares de pornografía, las restricciones a menores y equivalentes son estrictas.

 

Cuando se lee un inmenso cartel con la figura de un ser humano monstruoso con la leyenda de “¿Usted permitiría que este sujeto porte armas?” la respuesta es que precisamente ese personaje es el que tendrá un arma en sus manos de quien hay que defenderse en caso de ataque. La policía habitualmente llega al lugar del crimen cuando éste ya se ha perpetrado (si es que no está aliada con los asaltantes). John R. Lott en su The Bias Against Guns exhibe una formidable investigación en la que se demuestra como los asaltantes se ocupan de averiguar los lugares y las personas que están desarmadas que consideran blancos fáciles para sus crímenes. Dichos testimonios están expuestos con lujo de detalles, muchos de los cuales fueron recabados en la cárcel.

 

En otro plano, acontecimientos trágicos como los sucedidos el 11 de septiembre de 2001, probablemente no hubieran ocurrido si no fuera por una irresponsable ley federal que prohibía a la tripulación contar con armas que incluso varios estudios como los de United y American las habían concebido de tal manera que se minimizaran las detonación en vuelo, por lo que las atrocidades se llevaron a cabo básicamente con cuchillitos de plástico.

 

Es de esperar que se despejen los cerrojos mentales y se vea la conexión entre la inseguridad de nuestras familias y la indefensión. La segunda enmienda fue concebida como un complemento de todas las vallas impuestas para evitar la extralimitación al poder político como es el Colegio Electoral que, como queda dicho, constituye un medio para la elección indirecta al tiempo que asegura el federalismo que constituye un potente incentivo para la descentralización y el consecuente fraccionamiento del poder. Cuando un violador entra en un ascensor, lo pensará dos veces si su posible víctima puede llevar una Magnum en su cartera.

 

Stephen Halbrook en That Every Man Be Armed  incluso documenta en detalle los muy interesantes debates entre los inspiradores de la gesta de la libertad en Estados Unidos en el siglo xviii en cuanto a los recaudos que deben adoptarse y los peligros de contar con ejércitos permanentes (standing armies), por ejemplo, Jefferson en carta a Madison del 20 de diciembre de 1787 enfatiza la necesidad de “protección contra los ejércitos permanentes” de su propio país). Al margen recuerdo una vez más lo dicho por el general Eisenhower en su discurso de despedida de la presidencia en cuanto a que “uno de los mayores peligros para la libertad de nuestro pueblo radica en el complejo militar-industrial”. Por su parte, Robert Kukla en Gun Control muestra en base a interesante documentación como la primera medida de todos los dictadores y tiranos del planta consiste en confiscar las armas de sus súbitos (los Castro, Hitler y Stalin de nuestra época).

 

Como decimos, el tema del Colegio Electoral debe ser considerado para fortalecer el régimen federal pero ninguna limitación será efectiva cuando los ciudadanos se encuentran indefensos. Y cuando mencionamos el federalismo originalmente establecido en Estados Unidos nos referimos al “power of the purse”, es decir, a la capacidad real de los estados o las provincias de administrar los recursos en sus jurisdicciones, esquema en el que originalmente la coparticipación fiscal fue de los estados o provincias al gobierno nacional y no al revés, donde cada gobernador tiene el incentivo de reducir impuestos y, por ende, gastos, al efecto de atraer inversiones y para que la población no se mude a otras jurisdicciones. Lamentablemente en el caso de Estados Unidos, el federalismo se ha debilitado en pos de un gobierno nacional que tiende cada vez más a la omnipotencia.

 

La arquitectura gubernamental originariamente concebida en Estados Unidos no debe verse como una de departamentos estancos sino como un todo inseparable, por eso al hablar de un aspecto cual es el Colegio Electoral mostramos en este caso a vuelapluma la estrecha vinculación con la segunda enmienda y con el régimen federal, lo cual también puede hacerse con el resto de los puntos medulares del andamiaje original estadounidense pergeñado por los Padres Fundadores, visionarios de la libertad.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

¿Para qué sirve una Constitución?

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 17/1/13 en http://diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=7634

Desde los Fueros de León de 1020, de Burgos de 1073 y de Toledo de 1083, por una parte, y de la Carta Magna de 1215 por otra, se promulgaron documentos constitucionales al efecto de limitar el poder político, tal como ocurrió, por ejemplo, en el caso de las constituciones de Estados Unidos en 1787, de España en 1812 (las Cortes de Cádiz) y la Argentina de 1853.

Del mismo modo que Marx y Engels sostuvieron en el Manifiesto comunista que todo su programa se puede resumir en la abolición de la propiedad, Ludwig von Mises en Liberalismo sostiene que todo el programa del liberalismo se concreta en la defensa de la propiedad privada comenzando con nuestro propio cuerpo y nuestro pensamientos hasta lo que hemos adquirido o recibido lícitamente. Aparece la necesidad de la institución de la propiedad debido a que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Como todo no puede utilizarse simultáneamente, la asignación de los derechos de propiedad permite su uso del modo más eficiente al efecto de atender los requerimientos del prójimo. El cuadro de resultados muestra quines aciertan y son premiados con ganancias y quienes yerran y son castigados con pérdidas.

En esta instancia del proceso de evolución cultural, en el contexto de una sociedad abierta, la función del monopolio de la fuerza que denominamos gobierno es velar por “la vida, la libertad y la propiedad” receta inscripta en todos los documentos constitucionales que están el línea con aquel tipo de sociedad. De este modo, se toman como sagrados los contratos, es decir, la transferencia de los derechos de propiedad, a contramano de la sociedad hegemónica en la que los derechos no son intrínsecos a las personas sino que emanan del capricho de los aparatos políticos tal como aconsejaba Hobbes.

Algernon Sidney, John Locke y Montesquieu se ocuparon de articular y desarrollar esos derechos inviolables e inherentes al individuo y así lo han hecho todos los constitucionalistas liberales comenzando por autores como Coke, Blackstone, Bracton, Planiol, Ripert, Beccaria, Story, Corwin, Pound, Leoni y tantos otros gigantes del derecho.

Proteger esos derechos anteriores y superiores a la existencia misma del gobierno es la función de las burocracias estatales para que cada uno pueda seguir su camino sin lesionar derechos de terceros y responda por sus actos y decisiones. Cada vez que se habla del estado (con minúscula como señal de respeto a la soberanía individual) debe tenerse presente que se está aludiendo a la fuerza bruta que respalda cada política, es decir, se trata, del garrote que golpea, por ello es que debe utilizarse exclusivamente como herramienta defensiva y nunca ofensiva invadiendo autonomías individuales. Este es el sentido por el que pensadores como George Mason han escrito que “todo acto de la legislatura contraria al derecho natural y a la justicia es nulo”. Derecho natural no en un sentido misterioso sino concreto que se refiere a la naturaleza o a las propiedades del ser humano en cuanto que necesita ejercitar lo que lo caracteriza como persona: su libre albedrío para poder actuar en el transcurso de su vida.

Respeto a los derechos de las personas en cuanto a que nunca se las debe tratar como medios para satisfacer los fines de otros sino que son fines en si mismos, noción antitética al utilitarismo tal como ha explicado, entre otros, Robert Nozick. Sin embargo, con el tiempo comenzaron los desvíos hacia lo que se ha dado en denominar “constitucionalismo social” que recuerda lo dicho por Hayek en cuanto a que el adjetivo “social” convierte al sustantivo en su antónimo. Esto ha ocurrido debido a la degradación del derecho a manos del positivismo legal que no reconoce puntos de referencia extramuros de la ley positiva junto con el desconocimiento más fragrante de conceptos clave de la economía. Así se piensa que deben abandonarse marcos jurídicos asentados en las tradiciones mencionadas para incursionar en el terreno de los pseudoderechos.

Como es sabido a todo derecho corresponde una obligación. Si una persona obtiene honorarios por mil como contrapartida de sus servicios profesionales, existe la obligación universal de respetar esos ingresos. Ahora bien, si esa persona alegara un derecho a contar con dos mil cuando no es lo que gana y el gobierno le otorga semejante derecho, esto significaría que un tercero se verá forzado a pagar la diferencia de su peculio, lo cual, a su turno, implica que se ha lesionado su derecho y, por tanto, se trata de un pseduoderecho. Este es el “derecho a una remuneración atractiva”, el “derecho a una vivienda adecuada”, el “derecho a contar con hidratos de carbono o vitaminas en ciertas proporciones” el “derecho al esparcimiento” y, para el caso, el “derecho a la felicidad”.

Estos son pseuderechos por las razones apuntadas y, además, su entronización perjudica muy especialmente a los más necesitados puesto que la asignación de recursos es desviada coactivamente de fines productivos y, por ende, el consiguiente desperdicio de capital se traduce en reducciones en los salarios en términos reales.

Hoy en día buena parte de los textos constitucionales se han convertido en aspiraciones de deseos en medio de un galimatías conceptual que movería a la risa si no fuera trágico el problema que crean estas recetas mezcla alquimias y voluntarismos como la reciente propuesta en la asamblea constitucional de Ecuador en el sentido de incorporar a la constitución el “derecho a la mujer al orgasmo” o el anterior texto constitucional de Brasil que establecía cual debía ser la tasa de interés, para no decir nada de la florida gramática de la absurda constitución cubana que resulta un chiste de mal gusto para sus habitantes. Si se tiene el estómago y la paciencia deberían consultarse las anti-Constituciones de Bolivia, Venezuela y Nicaragua para comprobar lo que constituye un fraude a la inteligencia, que en no pocos tramos producirá una intensa hilaridad en el lector atento si no fuera por la fenomenal tragedia que produce en los más necesitados.

En realidad los atropellos gubernamentales a las libertades de las personas son consecuencia de la soberbia, de la petulancia y de la arrogancia de quienes se instalan en el poder, puesto que como ha dicho Acton “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. La alfombra colorada marea y hace que los gobernantes se crean infalibles e indispensables y aunque no lo manifiesten explícitamente pretenden ser más que Dios ya que en este caso el libre albedrío permite al hombre ir por mal o por buen camino, sin embargo los megalómanos quieren manejar vidas a su antojo “para bien de los gobernados”.

Deberíamos estar ocupados y preocupados por el célebre interrogante de quis custodiet ipsos custodes en lugar de pervertir la noción clásica del derecho para dar pie al entrometimiento en lo que es privativo de cada cual. El asunto no estriba en discutir acerca de las virtudes o defectos de acciones privadas sino en reconocer marcos institucionales civilizados para que cada uno pueda manejar su propia vida asumiendo la responsabilidad por sus decisiones.

No se trata de pedir permiso al gobernante por lo que hacemos con nuestras vidas y haciendas como si no fuera un mandatario y como si fuera un mandante que usurpa y expropia el rol de los pobladores. La mayor parte de las legislaciones vigentes son un compendio de insolencias a la privacidad de la población en lugar de mantener en brete a los empleados y supuestos guardianes de las libertades individuales.

Es que estas visiones retorcidas y contraproducentes en verdad proceden de la misma gente que en lugar de abolir la cadena pide al amo que se la alargue. Nada peor y más peligroso que los sujetos que piden esclavizarse porque en el proceso arruinan la vida a quienes mantienen su dignidad y su autoestima elemental.

Resulta chocante que llamados constitucionalistas aboguen por el antes aludido “consitucionalismo social” lo cual demuele las barreras al abuso de poder y perjudican gravemente la economía. Parecería que en estos casos se oponen a las formas autoritarias pero suscriben el fondo. Es de desear que la tradición de Law & Economics se vaya esparciendo cada vez más en medios académicos y judiciales para evitar la malsana idea de las separaciones tajantes entre los procesos de mercado y los marcos institucionales por las que profesionales del derecho desconocen lo primero y los economistas desconocen lo segundo, cuando son campos de conocimiento indisolublemente unidos como lo es el contenido del continente. James M. Buchanan quien acaba de morir el 9 de este mes de enero a los 93 años- ha realizado formidables contribuciones para mostrar los estrechos vínculos entre la economía y los marcos institucionales.

De más está decir que no es responsabilidad exclusiva de constitucionalistas el poner coto a los abusos del poder. Es tarea de cada uno si es que pretende respeto, independientemente de la tarea a la que se dedica. Mirar para otro lado y mantenerse anestesiado para dedicarse solo a los negocios personales constituye una peligrosa aberración. Recordemos siempre el soneto del ex profesor de la Universidad de Berlín, Albrecht Haushofer, escrito en la cárcel nazi antes de ser ejecutado a balazos por haberse apartado de su asesoría a Rudolf Hess y haber atentado contra la vida de Hitler: “Me acusa el corazón de negligente/ por haberme dormido la conciencia/y engañar a mí mismo y a la gente/por sentir la avalancha de inclemencia/y no dar la voz de alarma claramente”.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía, Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.