No son errores de decisiones, es la falta de un plan

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 1/2/17 en: http://economiaparatodos.net/no-son-errores-de-decisiones-es-la-falta-de-un-plan/

 

El error es la falta de un plan económico de corto y largo plazo que le permita ir tomando decisiones en forma ordenada y estableciendo prioridades

Muchas personas, creo que de buena fe, suelen afirmar que si bien el gobierno no está haciendo reformas estructurales, es porque hay que ir de a poco para que no vuelvan los k. Aclaro que esta afirmación no me la han formulado funcionarios del gobierno. Si bien conozco a varios de ellos desde hace muchos años, no mantengo contacto con ningún funcionario del gobierno. Dejo en claro este punto para que nadie piense que esa frase me la ha dicho algún funcionario del PRO. Esa gente es, en realidad, víctima del pánico que tienen a que vuelvan los k. El argumento sería algo así como una autoextorsión. Se extorsionan a ellos mismos y al resto diciendo que o nos bancamos lo que hace el gobierno lentamente o vuelve la noche k.

Salvando las distancias, recuerdo que producido el golpe de 1976, los militares no querían hacer grandes reformas estructurales en el sector público porque argumentaban que con el terrorismo acechando, hacer cambios estructurales como por ejemplo reformar el sector público podía generar conflictividad social que alimentara las filas terroristas. El resultado es que la política económica de esos años fue horrorosa, los capitostes terroristas se mantuvieron vivos y, con el tiempo, tuvieron el poder.

Hoy se considera que no hacer reformas estructurales es la mejor forma de evitar el regreso k, con lo cual mantenemos la larga decadencia económica argentina. Y, por favor, no me corran con que se avanzó mucho eliminando el cepo cambiario y los controles de precios. En todo caso en la época de De la Rúa tampoco había cepo cambiario, había total libertad para comprar divisas, no había derechos de exportación para los granos y se podían exportar libremente y no por eso vamos a decir que tenía en orden la economía. Por el contrario, el descontrol del gasto público con déficit fiscal llevó a un creciente endeudamiento externo que, cuando se cortó, condujo a la crisis de 2001/2002 y la llegada de los k en 2003. Así que no tener cepo cambiario, ni controles de precios, ni prohibiciones de exportaciones o derechos de exportación no garantiza nada sobre el futuro político argentino.

El gran error de De la Rúa fue poner a un equipo económico progre al frente del ministerio de Economía como eran Machinea, Bein y Gerchunoff que luego de aplicar un impuestazo a la clase media y tomar deuda externa dejaron la economía peor de lo que la habían recibido. Lamentablemente, ante una situación económica más grave como la que heredó Macri, también puso al frente de la economía a un progre como Prat Gay y otros intervencionistas en diferentes áreas del gobierno, algo que no cambió con Dujovne ni el resto de los integrantes del área económica.

El punto a considerar no es solamente si las no reformas estructurales y el gradualismo en el cambio de precios relativos llevarán a buen puerto económico, sino si son la mejor forma de evitar que vuelva el corrupto y autoritario kirchnerismo.

Francamente no estoy tan seguro que el kirchnerismo esté definitivamente muerto. Las constantes malas noticias que significan el gradualismo (hoy suben la luz, mañana los combustibles, pasado el agua potable, etc.) pueden desgastar al gobierno y, dado que no hay gran oposición política, revivir o quitar de la agonía al corrupto kirchnerimo, salvo que la gente opte por Massa. Tal vez me equivoque y el kirchnerismo termine siendo cosa del pasado a pesar el gradualismo de Cambiemos. En ese caso, sin reformas estructurales, pasará otro período más de esta larga historia de decadencia económica argentina. Cambiemos habrá sido una frase más de campaña pero en la realidad tendría que haber sido continuemos.

Combatir el populismo autoritario del kirchnerismo con un “populismo democrático” no va a conducir a buen puerto porque todo populismo requiere de dosis crecientes de autoritarismo para sostenerse.

El gobierno no tiene que ver el proceso de toma de decisiones como el error. El error es la falta de un plan económico de corto y largo plazo que le permita ir tomando decisiones en forma ordenada y estableciendo prioridades. Cuando trabajamos en dos oportunidades con un grupo de economistas para establecer los lineamientos de un plan económico, al analizar dónde bajar el gasto público nos quedaba claro que el único rubro que no podía tocarse era el de los jubilados. Y el gobierno fue y se metió justo con ese tema.

Tanta importancia que le dan a las señales y el marketing político que les ordena Durán Barba, debería haberles dejado en claro que si bien no era un problema económico grosero que cada jubilado en promedio cobrara $ 20 menos, lo importante son las señales, la forma de comunicar las cosas según el marketinero político. Hasta en el marketing político cometen errores por falta de un plan.

En definitiva, me parece que revisar este desorden de tener fragmentado el área económica, el rechazo a tener un plan económico claro y con buena comunicación, la explicitación de la terrible herencia recibida y la decisión de abandonar el largo camino de la decadencia y comunicar un plan de largo plazo para entrar en una senda de crecimiento son los elementos que siguen faltando y los que le dan de comer a peronismo y al peronismo kirchnerista para criticar a Cambiemos. Si esto fuera un partido de tenis, el gobierno comete demasiados errores no forzados y pierde el set por errores propios, no por winners del adversario.

La mejor forma de espantar el fantasma del kirchenerismo no es asustar a la gente con su vuelta, sino pulverizándolo mostrando lo que dejó y encarando una política económica de cambio en serio. Una política económica que le permita a la gente ver una luz al final del túnel que entusiasme. Que se vea que el esfuerzo de hoy será la recuperación y el bienestar de mañana.

Obvio que para lograr cambiar la Argentina va a ser necesario terminar con muchísimos negocios “sociales” como el empleo público y los que viven de planes “sociales”. Justamente de eso se trata cambiar.

La gente está harta de pagar impuestos para financiar planes sociales, ñoquis y un estado que no presta el más mínimo servicio. Que el gobierno capte este mensaje, haga un plan y lo comunique. Tendrá un gran apoyo de la población y Cambiemos será un gobierno de cambio en serio.

El gobierno debe recapacitar y aceptar que ese humo que alguien les vendió diciéndoles que porque Macri se sentaba en el sillón de Rivadavia iban a llover las inversiones, fue puro humo. Las inversiones van a llover con Macri sentado en el sillón de Rivadavia pero con otra política económica totalmente diferente y dejar de hacer política como si estuvieran vendiendo un detergente y empezar a comunicar con claridad el nuevo rumbo económico.

De manera que a no confundirse, aquí no hay un error en la toma de decisiones. Aquí hay un error en la concepción misma del plan del gobierno.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Cambio de guardia en las Naciones Unidas

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 5/1/17 en:  http://www.lanacion.com.ar/1973165-cambio-de-guardia-en-las-naciones-unidas

 

El 31 de diciembre de 2016 venció el mandato de Ban Ki-moon. El diplomático surcoreano ya no es Secretario General de las Naciones Unidas. Ha sido remplazado, desde el 1° de enero de 2017, por el experimentado portugués, Antonio Guterres.

Es hora de evaluar someramente los diez años durante los cuales Ban Ki-moon tuvo el timón de las Naciones Unidas en sus manos. La respuesta corta es, en mi opinión, bastante clara. El surcoreano no será recordado como uno de los grandes Secretarios Generales de la organización.

Su desempeño fue, más bien, mediocre. Más aún, bastante deslucido. Y, de alguna manera, frustrante. Fue un burócrata más. Como se ha dicho, Ban Ki-moon nunca pudo ser una suerte de “Papa diplomático” del mundo. No tenía los requisitos para ello. Ni tampoco fue capaz de liberar a las Naciones Unidas de los permanentes bloqueos y desaires a los que la someten abiertamente algunos de sus Estados Miembros, maniatándola con alguna frecuencia realmente a cara descubierta. El secretario saliente deja a su sucesor una organización desacreditada por sus ausencias e irrelevancia en la dura guerra civil siria.

Lo cierto es que Ban Ki-moon es pasado. Aunque ahora tenga su mira personal puesta en la posibilidad de ser de pronto el próximo presidente de Corea del Sur, cuyo extraño universo político está empantanado en la incompetencia y en la corrupción. Una etapa desteñida se ha cerrado entonces para las Naciones Unidas.

En Siria, Ban Ki-moon no pudo liderar. Ni tampoco rescatar al Consejo de Seguridad, maniatado por los reiterados vetos de Rusia, acompañados a veces por China. Quedó realmente a un costado. Flotando en una lamentable ausencia. Peor aún, ninguno de sus experimentados “representantes especiales” para ese conflicto pudo realmente hacer pie. Menos aún, ser eficaz. Ni Kofi Annan, ni Lakhdar Brahimi, ni Steffan de Mistura. Ellos se transformaron rápidamente en una suerte de incoloro relleno.

Ban Ki-moon, es cierto, denunció los aberrantes crímenes de guerra cometidos en ese conflicto, incluyendo el grotesco uso reiterado de armas químicas. Pero la verdad es que no hizo mucho más. Todo con gusto a poco y a tarde.

En materia de paz y seguridad, su legado es también bastante pobre. Lo sucedido con el Consejo de Seguridad en relación con la crisis de Sudán del Sur y con el embargo de armas que ante ella se requería, es un buen ejemplo de su estancamiento en la impotencia. Su marcha atrás ante las amenazas de Arabia Saudita en la crisis de Yemen, cuando los bombardeos a las escuelas y a los hospitales, es otro testimonio triste de su falta de decisión.

Su atribulado desmantelamiento de la misión de paz de las Naciones Unidas en el Sahara Occidental, presionado -en tándem- por Francia y Marruecos, es otro error, tan torpe como significativo.

Deja tras de sí, queda visto, un inventario de problemas. Compuesto además por su indefinición ante el fenómeno creciente del terrorismo, frente al cual las Naciones Unidas carecen de un rol principal; por sus vacilaciones e indecisiones ante la crisis de los refugiados que azota a la Vieja Europa, las que terminaron por hacer fracasar su buena iniciativa sobre un nuevo -y más equilibrado- pacto mundial sobre cómo enfrentar, entre todos, los acuciantes problemas de los refugiados; por su inexplicable silencio ante las violaciones de derechos humanos en China; y por los casos de abusos sexuales ocurridos en las misiones de paz de las Naciones Unidas, especialmente en las de la República Centroafricana y de la República Democrática del Congo, que evidenciaron la falta de protección adecuada a los civiles inocentes en relación con esas delicadas misiones.

En su haber, en cambio, aparece una ponderable, insistente y ciertamente efectiva promoción de los derechos de las mujeres y de su rol en la organización, que hoy es mucho más prominente, especialmente en los más altos cargos, donde Ban Ki-moon supo incluir acertadamente a un conjunto de mujeres talentosas, destacadas y respetadas. Esto, pese a que aún las mujeres no son el 50% del total del personal de las Naciones Unidas como debieran ser conforme al objetivo fijado hace ya más de veinte años.

Además, debe también resaltarse su notable éxito en materia de “cambio climático”, plasmado en el “Acuerdo de Paris” de la COP21, que entrara en vigor el pasado 21 de septiembre. Gracias a Ban Ki-moon el mundo entero está hoy mucho más consciente del enorme peligro que supone eludir sus responsabilidades en este amenazante capítulo. Y cabe aplaudir asimismo su notable lista de los 17 objetivos a alcanzar para asegurar un desarrollo sostenible.

Hasta allí la síntesis de un legado caracterizado por un andar poco eficaz, algunos fracasos notables, así como de propuestas que han quedado en la mesa del mundo, de cara al futuro, cuyos contenidos son muy trascendentes.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Kicillof: convergiendo a la tablita cambiaria de Martínez de Hoz

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 4/5/15 en: http://economiaparatodos.net/kicillof-convergiendo-a-la-tablita-cambiaria-de-martinez-de-hoz/

 

En el fondo el kichnerismo implementó algo similar a lo que hizo Martínez de Hoz en diciembre de 1978

Es curioso como los k, que son acérrimos enemigos de Martínez de Hoz, en los hechos terminan imitando su política cambiaria. Si bien con ciertos detalles de diferencia, en el fondo hoy el kichnerismo implementó algo similar a lo que hizo Martínez de Hoz en diciembre de 1978 cuando implementó la famosa tablita cambiaria.

Cuando el Proceso toma el poder, la inflación estaba en el 567% anual tomando el IPC de marzo 1976 versus marzo de 1975. Si bien Martínez de Hoz logra reducir esa inflación, estuvo muy lejos de lograr tasas de inflación cercanas a algo similar a lo que podemos llamar estabilidad. La inflación seguía siendo un serio problema en diciembre de 1978. Además de tener déficit fiscal que se monetizaba, hasta ese momento había intentado desactivar las expectativas inflacionarias con una tasa de devaluación cada vez menor. El 20 de diciembre de 1978 se implementa la famosa tablita cambiaria que consistía en hacer lo mismo que se había hecho hasta ese momento pero anunciándolo. Es decir, se anunció cuál iba a ser el tipo de cambio nominal diariamente hacia adelante, con una tasa de devaluación mensual que iba disminuyendo en el tiempo.

Se recurrió a este mecanismo porque el gobierno militar no quería enfrentar reformas de fondo para no generar conflictos sociales mayores. Recordemos que todavía en 1978 continuaba el tema del terrorismo y los militares no querían enfrentar reformas del estado y bajas del gasto que, consideraban, iban a crear conflictos sociales sobre los cuales podía montarse el terrorismo. Es decir, pusieron una restricción política para que hicieran magia para bajar la inflación. Nada diferente a los gobiernos civiles en este tema. Historia repetida: es políticamente incorrecto bajar el gasto público así que inventen algo que disimule la inflación por un tiempo.

La cuestión es que Martínez de Hoz implementó la famosa tablita cambiaria con el objeto de bajar la inflación por disminución de las expectativas inflacionarias, anunciando una tasa de devaluación cada vez menor. Suponían que disminuyendo la tasa de devaluación se desinflarían las expectativas inflacionarias y con ella la indexación de los precios.

Gráfico 1

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Como puede verse en el gráfico 1, con la crisis del rodrigazo y el descontrol económico y político de 1975 principios de 1976, se produce un overshooting en el tipo de cambio y llega hasta los $ 43 actuales en marzo de 1976. Primero baja por mejores expectativas y luego claramente el tipo de cambio nominal comienza a subir por debajo de la tasa de inflación. En gran medida se sostenía con endeudamiento externo y otro tanto con deuda interna. El tipo de cambio real cae, entre marzo de 1976 y enero de 1980 casi el 80%. Claro que tomo desde el punto más alto que es el de marzo de 1976 cuando impactaba el overshooting de un desgobierno total como era el de Isabel Perón.

Sin corregir el problema del déficit fiscal, era obvio que la monetización del déficit iba a generar una tasa de inflación que, si no era acompañada por un incremento del tipo de cambio nominal, la caída del tipo de cambio real iba a ser inevitable. Y así fue y por eso luego terminó en un desborde cambiario en 1981 cuando asumió Viola.

Ahora, lo curioso es que el gobierno kirchnerista también ha utilizado el mismo mecanismo que Martínez de Hoz para intentar frenar la inflación. Creyeron que reduciendo la tasa de devaluación podían seguir teniendo déficit fiscal financiado con emisión monetaria sin impacto inflacionario.

Es más, recuerdo que Martínez de Hoz recurrió al Índice de Precios al Consumidor descarnado, es decir sin incluir el rubro carne, porque decía que distorsionaba el IPC. El kirchnerismo directamente destruyó el IPC para esconder la inflación. Fueron más duros que Martínez de Hoz en materia de desdibujar el tema inflacionario.

Cabe aclara que en 1981, Sigaut además de informar un IPC sin carne, también incluyó indumentaria en un momento porque argumentaba que en ese rubro también había distorsiones. Como puede verse el kirchnerismo no está haciendo nada tan diferente al Proceso en materia económica. En todo caso la diferencia es que acentuó las medidas erradas de aquellos años recurriendo a guarangadas como destruir las estadísticas económicas. En el Proceso osaron quitar la carne y la indumentaria. Esta gente directamente destrozó el INDEC.

Veamos ahora el tipo de cambio real. En marzo de este año el tipo de cambio real estuvo en $ 8,79. En mayo del 2002, el tipo de cambio promedio nominal llegó a $ 5, valor que a precios actuales se transforma en un tipo de cambio real de $ 25,20 a pesos de marzo 2015, es decir que desde el overshooting de la devaluación de Duhalde hasta ahora el tipo de cambio real cayó el 65% contra la caída del tipo de cambio real del 80% en los 4 años de Martínez de Hoz. Dos casos de grandes caídas del tipo de cambio real para “frenar” la inflación.

Pero en los 2 años y monedas que duró la tablita cambiara, la caída del tipo de cambio real fue del 26% y durante el kirchnerismo, es decir, desde mayo de 2003 hasta marzo de 2015 la caída es del 48%.

En el gráfico 2 puede verse la evolución del tipo de cambio real durante el kirchnerismo.

Gráfico 2

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La pregunta que puede surgirle al lector a esta altura de la nota es la siguiente: ¿por qué comparar contra el período de Martínez de Hoz si, en la historia económica argentina contemporánea, muchas veces se utilizó, con nefastos resultados, esto de anclar el tipo de cambio como forma de frenar la inflación?

La respuesta se puede ver en el gráfico 3, el tipo de cambio de enero de 1981, última mes de la tablita cambiaria de Martínez de Hoz, es igual al de marzo de 2015. En el gráfico puede verse que hay tres puntos que son los más bajos de la serie histórica mensual que llevo del tipo de cambio real abarcando un período de 44 años. Vea el lector dónde estaba, a valores actuales, el tipo de cambio de enero de 1981 y el actual y quedará sorprendido. El kirchnerismo, que tanto despotrica contra Martínez de Hoz, tiene hoy el mismo tipo de cambio que cuando explotó la tablita cambiaria.

Gráfico 3

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Como decía un amigo y economista que falleció: la vida es dura, y por más que el kirchnerismo tenga su relato, en materia cambiaria llegaron al mismo punto que Martínez de Hoz y no es, justamente, por confianza en el peso. Simplemente retrasaron el tipo de cambio real para desactivar las expectativas inflacionarias. Al igual que Martínez de Hoz usaron el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria a costa de hacer artificialmente cara la economía argentina.

Tal vez hasta tengan el mismo final que Martínez de Hoz. El estallido cambiario se le produjo a Sigaut, así que, posiblemente Kicillof, si sigue rifando las reservas del Central para frenar el blue, también logre transferirle el estallido cambiario al próximo gobierno, siempre y cuando el próximo gobierno no se maneje con inteligencia y cometa los mismos errores que se cometieron a partir de marzo de 1981.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

¿QUE SERVICIOS PRESTAN LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA?

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Nuevamente escribo sobre los contraproducentes y calamitosos servicios que prestan los “servicios” de inteligencia que reiteradamente se han usado para lesionar derechos, espiando y accionando con fines inconfensables, hoy bajo el pretexto del terrorismo, el secuestro y el narcotráfico, todos rubros en los que habitualmente están complicadas buena parte de las estructuras políticas. Por las razones que desarrollamos más abajo, la eventual eliminación de los así llamados “servicios” del aparato estatal dependientes directamente del Poder Ejecutivo no excluyen la posibilidad de que existan faenas que puedan averiguar y anticipar delitos de diversa envergadura pero fuera de jurisdicciones en las que se politizan asuntos tan delicados.

 

Para este análisis tomo parte de lo consignado en una columna de mi autoría publicada en “La Nación” de Buenos Aires en agosto 4 de 2006. Dice el adagio que si a uno lo engañan una vez, la vergüenza corresponde a quien engaña, pero si nos vuelven a engañar con lo mismo, la vergüenza es para uno. Resulta de interés preguntarse y repreguntarse que grado de compatibilidad o incompatibilidad existe entre los llamados servicios de inteligencia y el sistema republicano de gobierno. Como es sabido, uno de los ejes centrales de ésta forma de concebir el aparato político consiste en la transparencia de sus actos.

 

Conviene a esta altura llevar a cabo el ejercicio de una mirada crítica sobre estas reparticiones tan peculiares. Prácticamente todos los gobiernos cuentan con servicios de inteligencia, lo cual no invalida el interrogante de marras. Cuando menos, llama la atención que una sociedad libre se desplace simultáneamente por dos andariveles tan opuestos. Por una parte, se insiste en la necesidad de que los funcionarios gubernamentales sean responsables de sus actos y que estos estén en conocimiento de los gobernados y, por otro, se procede de modo clandestino echando mano a fondos reservados por parte de agentes con nombres supuestos y para propósitos de espionaje y otros menesteres non santos que se mantienen en las sombras. Parecería que hay aquí un doble discurso y se entroniza una hipocresía digna de mejor causa.

 

Agentes dobles, contrainteligencia, secretos de Estado, escuchas y detenciones sin orden de juez, violaciones de domicilio, asesinatos, suicidios inducidos, sabotajes y, frecuentemente, seguimiento de los movimientos de los dirigentes de partidos políticos de oposición, a personas que poseen informaciones que no agradan a los gobernantes, embates encubiertos contra instituciones republicanas y pretendidos recortes a la libertad de expresión, son solo algunos de los hechos que producen los aludidos “servicios”. Esto es en lo que denominamos el mundo libre ya que en los totalitarios se destaca la implacable persecución a quienes no adhieren al poder de turno por medio de la policía política y otros mecanismos perversos.

 

En los Estados Unidos actualmente existen veinticuatro oficinas de inteligencia entre las que se destaca la CIA creada a fines de la década de los cuarenta. En Inglaterra el M 15 y M 16, en Canadá la CSIS, la BND en Alemania, el Mossad en Israel y la FSB en Rusia (sucesora de la KGB) son solo algunas de las caras visibles de este entramado de espionaje, contraespionaje y guerra subterránea.

 

El periodista de la BBC de Londres Paul Reynolds pone en tela de juicio la eficiencia de los servicios de inteligencia mas destacados del mundo y ejemplifica con la patraña tejida en torno a “la invasión preventiva” a Irak. Por su parte, Harry Browne señala en detalle los fiascos de los servicios de inteligencia estadounidenses en  Vietnam, Corea, Somalía, Haití e incluso tiende un manto de sospechas sobre los que operaron durante la Segunda Guerra Mundial en la que se terminó entregando a Stalin aproximadamente las tres cuartas partes de Europa. Es que siempre los burócratas están tentados a utilizar estos departamentos para fines políticos y cuando no hay claros límites al poder y se permite recurrir a la clandestinidad , los abusos, traiciones, datos falsos, delaciones internas y  bochornos como por ejemplo las ex amistades de la CIA como son las de Saddam Hussein y Bin Laden.

 

Por esto es que León Hadar del Cato Institute de Washington DC sugestivamente titula su ensayo “Los servicios de inteligencia no son inteligentes” en el que muestra con profusión de datos como la alegada seguridad nacional está en riesgo con estos procedimientos oscuros en los que, por definición, no hay control de gestión propiamente dicho. Hadar se refiere a los Estados Unidos -tradicionalmente el mayor defensor de la libertad-  pero imaginemos que le cabe, por ejemplo, a la “inteligencia” del Estado argentino inaugurada por Perón en su primera presidencia a través del decreto 337/46 y, después de varios escándalos, continuada ahora bajo el proyecto de la Agencia Federal de Inteligencia la que, entre otras cosas, se ocupará de “delitos económicos y financieros” lo cual torna aun más grave la situación dado el contexto en que vivimos los argentinos de estatismo rampante, casi a la venezolana. Agencia de inteligencia ésta que constituye una tomada de pelo a la inteligencia de los ciudadanos debido a la camuflada extensión de sus funciones  y en medio de los acontecimientos vinculados a la masacre de la AMIA.

 

Por otro lado, David Canon del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Indiana, en su trabajo titulado “Inteligencia y ética”, alude a las declaraciones de un agente de la CIA que explica que lo importante es lograr los objetivos sin detenerse en los medios “los temas legales, morales y éticos no me los planteo igual que no lo hacen los otros [integrantes de la CIA]” y documenta la cantidad de “sobornos a funcionarios, derrocamiento de gobiernos, difusión deliberada de mentiras, experimentos con drogas que alteran la mente, utilización de sustancias venenosas, contaminación de alimentos, entrega de armas para operar contra líderes de otros países y, sobre todo, complotar para asesinar a otros gobernantes”. En esta dirección ofrece ejemplos de operaciones de la CIA en Costa Rica, Corea, Colombia, Laos, Guatemala, Irán (fueron los que organizaron la policía secreta del Shah), China e Indonesia. Asimismo, reproduce las declaraciones del ex Presidente Truman quince años después de que estableciera la oficina de inteligencia central, en el sentido de que  “cuando establecí la CIA, nunca pensé que se entrometería en actividades de espionaje y operaciones de asesinato”.

 

Pero como bien destaca Norman Cousins, el establecimiento de entidades de estas características “necesariamente tiene que terminar en un Frankenstein”. Idéntica preocupación revela Drexel Godfrey en la revista Foreign Affairs en un artículo titulado “Ethics and Intelligence” en el que añade las encrucijadas del célebre Embajador Joseph Wilson quien contradijo los informes de inteligencia ingleses y norteamericanos respecto al colosal engaño de las armas de destrucción masiva.

 

No se avanza mucho si se establecen estrictos contralores republicanos, división horizontal de poderes y, en general, los indispensables límites  al poder político si éste puede deslizarse por la puerta trasera con todo tipo de abusos sin rendir cuenta al público, por mas que se tejan subterfugios mas o menos elaborados a través de comisiones parlamentarias.

 

Los servicios de inteligencia son compatibles con regímenes totalitarios de factura diversa, pero aparecen del todo inadecuados en el seno de una sociedad libre. No en vano  en los Estados Unidos se extiende la utilización de la expresión rusa “zar” para el máximo capitoste del espionaje estatal, en lugar incluso de tercerizar y contratar servicios de averiguaciones privados al efecto de prevenir y castigar delitos con mayor eficiencia. Nuevamente reiteramos que si lo dicho ocurre en países llamados del primer mundo, pensemos que queda para el resto.

 

Es útil cuestionar y someter al análisis temas que habitualmente se dan por sentados. En este sentido, menciono dos áreas a vuelapluma. En primer término, la misma seguridad en la que, paradójicamente, para protegerla se la conculca vía los “servicios” que venimos comentando. Esto tiene lugar hoy, en gran medida en la lucha antiterrorista. En última instancia, el terrorismo apunta a desmantelar y liquidar las libertades individuales. Pues lo curioso del asunto es que, en la práctica, se otorga una victoria anticipada a los criminales del terror, precisamente conculcando las libertades individuales a través de espionajes, escuchas y procedimientos abiertamente reñidos con el debido proceso.

 

En segundo término, las epidemias de nacionalismos, xenofobias y racismos que toman los lugares de nacimiento como un valor y un desvalor al extranjero, como si las fronteras tuvieran algún sentido fuera de la descentralización del poder y como si las razas no fueran un estereotipo carente de significado entre hermanos que provenimos todos de África.

 

Entonces, no solo debemos concentrar la atención en la naturaleza y en los alegados servicios que prestan las estructuras de inteligencia, sino también atender debidamente a las causas que dan lugar al necesario debate en que ahora nos involucramos, al efecto de seguir indagando los graves inconvenientes de este tipo de inauditas e insólitas dependencias directas del Poder Ejecutivo el cual está supuesto de limitarse a ejecutar lo que promulga el Poder Legislativo con  el contralor del Poder Judicial. Mientras ganen la partida los genuflexos del monopolio de la fuerza que replican que esos aparatos de inteligencia (con cualquier nombre que sea) deben estar en las manos directas del Ejecutivo “pero bien manejados”, si me permiten la expresión, solo se me ocurre decir: a joderse.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.

OTRA VEZ, SOBRE LA TORTURA:

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Varias veces he escrito sobre este tema horrendo, ahora repito algo de lo dicho, en esta caso, en “La Nación” de Buenos Aires (julio 23, 2007)  en vista de la inadmisible política que en este sentido mantiene el otrora baluarte del mundo libre: Estados Unidos, en Guantánamo (fuera de su territorio para no chocar con la elemental decencia de la legislación estadounidense).

 

César Beccaría, el precursor del derecho penal, escribe que “Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez […] ¿Qué derecho sino el de la fuerza será el que da potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es o no inocente? No es nuevo este dilema: o el delito es cierto o incierto; si es cierto, no le conviene otra pena que la establecida por las leyes y son inútiles los tormentos porque es inútil la confesión del reo; si es incierto, no se debe atormentar a un inocente, porque tal es, según las leyes, un hombre cuyos delitos no están probados […] Este es el medio seguro de absolver al los robustos malvados y condenar a los flacos inocentes”.

 

Concluye Beccaría con una crítica enfática a quienes señalan las contradicciones en que incurren los torturados como prueba de culpabilidad, como si “las contradicciones comunes en los hombres cuando están tranquilos no deban multiplicarse en la turbación de ánimo todo embebido con el pensamiento de salvarse del inminente peligro […], es superfluo duplicar la luz de esta verdad citando los innumerables ejemplos de inocentes que se confesaron reos por los dolores de la tortura; no hay nación, no hay edad que no presente los suyos […] No vale la confesión dictada durante la tortura”.

 

No se justifica la tortura en ninguna circunstancia, incluso en el caso que se conjeture que determinada persona tiene la información de quien es el que hará detonar una bomba y aunque se sospeche que aquél es cómplice del hecho. Las razones que se acaban de apuntar convalidan el aserto. No resulta aceptable esquivar aquellas argumentaciones esgrimiendo la posibilidad de que el hacer sufrir a una persona queda mas que compensado con las muchas vidas que se salvarían.

 

Cada persona tiene valor en si misma, la vida de una persona no se debe a otros. No cabe la pretensión de hacer balances como si se tratara de carne sopesada en balanzas de carnicería. El fin es inescindible de los medios. Los pasos en dirección a la meta impregnan ese objetivo. La conducta civilizada no autoriza  a abusar de una persona, independientemente de lo que ocurra con otras (llevados al extremo, estos “balances sociales” eventualmente conducirían a justificar dislates como el sacrificio de jubilados para que generaciones jóvenes puedan vivir mejor). La legitimación del abuso pone en riesgo la supervivencia de la sociedad abierta, puesto que ésta descansa en pilares éticos.

 

Además, el ejemplo de la bomba supone mas de lo que es posible suponer. Parte de la base que el torturado posee en verdad la información, que la bomba existe y que funciona, que puede remediarse la situación, que el sospechoso trasmitirá la información correcta, que la tortura se limitará a ese hecho etc.

 

A veces se formulan interrogantes del tipo de ¿usted no autorizaría la tortura de un sospechoso si eso pudiera salvar la vida de su hijo secuestrado?. En realidad son preguntas tramposas de la misma naturaleza que las que aparecen en life boat situations en sentido literal, por ejemplo ¿en caso de encontrarse en un naufragio, usted acataría la decisión del dueño del bote disponible o forzaría el abordaje de toda su familia en lugar de permitir el embarque de otras personas que prefiere el titular?. No es posible el establecimiento de normas de conducta civilizada extrapolando situaciones de conmoción excepcional y ofuscamiento que en ciertas circunstancias abren compuertas a procedimientos reñidos con la moral, puesto que eso significaría el naufragio de la sociedad civilizada.

 

En el caso del debate sobre la tortura (y en infinidad de otros casos) es útil colocarse en la posición de la minoría. Si detienen injustamente a un hijo y lo torturan, no hay forma de probar la inocencia si no se admite el debido proceso. Antiguamente tribus como la de  los godos, vándalos, hunos y germanos (cimbros y teutones) condujeron las “invasiones bárbaras” sobre el Imperio Romano, en la que se establecía todo tipo de suplicios y finalmente se degollaba a los adultos vencidos, se sacrificaba niños a sus dioses, se construían cercos con los huesos de las víctimas y las mujeres profetizaban con las entrañas de los derrotados. En un proceso evolutivo, los conquistadores luego tomaban a los conquistados como esclavos (“herramientas parlantes” según la horripilante denominación de entonces) y, en la guerra moderna, se establecieron normas para el trato de los ejércitos vencidos. Pero, en lugar de profundizar la senda civilizada y responsabilizar penalmente a quienes producen lo que livianamente se ha dado en llamar “daños colaterales” con vidas de civiles inocentes y eliminar la bajeza de la embrutecedora y castrante “obediencia debida”, resulta que nos retrotraemos a la barbarie de la tortura.

 

Michael Ignatieff escribe que “La democracia liberal se opone a la tortura porque se opone a cualquier uso ilimitado de la autoridad pública contra seres humanos y la tortura es la mas ilimitada, la forma mas desenfrenada de poder que una persona puede ejercer contra otra”. Sugiere este autor que, para evitar discusiones sobre que es tortura y que son interrogatorios coercitivos, deben filmarse estos procedimientos y archivarse en los departamentos de auditoría gubernamental que correspondan.

 

Recientemente se ha sugerido la “regulación de la tortura” como consecuencia de la antes mencionada sub-contratación de torturadores en terceros países por parte del gobierno de Estados Unidos y debido a la antes mencionada cárcel de Guantánamo, como queda dicho, para escapar de la elemental disposición del debido proceso en jurisdicción estadounidense. En este sentido, se mantiene que esta regulación sería para evitar la hipocresía de la política norteamericana que, mientras declama el estado de derecho, abre las puertas al abismo. Se sigue diciendo que esta regulación “mitigaría y encauzaría la tortura por carriles adecuados a las circunstancias”. Pero esto significaría la legalización del crimen. El crimen regulado no es menos criminal. No tiene gollete que se considere una aberración la tortura a ciudadanos norteamericanos, mientras se estima aceptable someter a suplicios a no-estadounidenses. Este modo de ver las cosas, entre otros aspectos, quita toda autoridad moral a los que pelean contra el terrorismo puesto que el adoptar procedimientos de la canallada convierte en canallas a quienes están supuestos de defender el derecho.

 

No es admisible que algunos se escuden en afirmaciones cobardes como que “la guerra es siempre terrible” y otras de similar calaña para justificar procedimientos aberrantes y eludir el debate. El debido proceso, en su caso, el juicio sumario con todas las garantías procesales y sustantivas, no puede reemplazarse por la carta blanca para torturar y matar. De este modo, eventualmente, se podrán ganar batallas en el terreno militar pero indefectiblemente se pierden en el campo moral.

 

Claro que la hipocresía no solo se encuentra en algunos de los que combaten al terrorismo sino, como repetidamente se ha visto en distintos lares, está incrustado en ciertos personajes que alardean de proteger “derechos humanos” (que como ya hemos consignado en otras columnas, constituye un grosero pleonasmo puesto que las rosas y las piedras no son sujetos de derecho), cuando en verdad es mera pirotecnia verbal que nada tiene que ver con la justicia al desconocer los crímenes sórdidos, atroces y execrables cometidos por las bandas terroristas.

 

Por último, el controvertido tema de la suspensión de las libertades individuales con la supuesta idea de preservar el orden jurídico. Paradójico en verdad el dejar sin efecto el derecho para salvaguardar el derecho. Otorgar visos de juricidad a aquello que es por naturaleza extrajurídico, se asemeja a una ficción. No es novedosa la idea  de la interrupción del derecho, viene de Roma a través del institium. Se han escrito ríos de tinta sobre esta delicada cuestión, pero, en todo caso, esta concepción se ha traducido reiteradamente en abusos de poder, incluyendo la tortura.

 

En este sentido, Ira Glasser pasa detallada revista de algunos episodios ocurridos en Estados Unidos como consecuencia de estos llamados estados de excepción. Muestra como la legislación sobre sedición y sobre extranjeros en 1789, de espionaje en 1917, otra vez de sedición en 1918 y la orden ejecutiva de F.D. Roosevelt en 1942 condujeron a grandes injusticias y severas restricciones de las libertades individuales sin que ofrecieran mayor seguridad.

 

Recuerda Glasser, por ejemplo, que Ronald Reagan llamó a esta última disposición “una histeria de guerra racista” debido a que condenó a 112.000 personas de descendencia japonesa a campos de concentración en Estados Unidos y “ni uno de los 112.000 fue   imputado de un crimen ni acusado de espionaje o sabotaje. Ninguna evidencia fue jamás alegada y no hubo audiencias.”

 

Hannah Arendt escribió sobre las patrañas políticas en el fiasco de Vietnam y ahora hemos visto las graves violaciones a los derechos de las personas por la aplicación de la vergonzosa ley denominada “patriota” en Estados Unidos a raíz de los agresiones criminales del 11 de septiembre de 2001 y la invasión a Irak. Benjamin Franklin advertía que “aquel país que renuncie a algunas libertades en nombre de la seguridad, no merece ni la libertad ni la seguridad”. Curiosa es en verdad la estrategia de liquidar anticipadamente las libertades como defensa contra el ataque terrorista que, precisamente, pretende aniquilar las libertades.

 

“Para novedades, los clásicos”, reza el conocido aforismo. En nuestro caso, es pertinente recordar un pensamiento de Dante : “Todo el que pretende el fin del derecho, procede conforme a derecho […], es imposible buscar el derecho sin el derecho […] Formalmente nunca lo verdadero sigue a lo falso”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.

Moncada y Podemos.

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 18/9/14 en: http://www.carlosrodriguezbraun.com/articulos/la-razon/moncada-y-podemos/

 

Juan Carlos Monedero, una de las figuras intelectuales del partido Podemos, propuso tratar a los que se llevan el dinero fuera de España como si fueran “terroristas”. Santi González, mi compañero matinal en “Herrera en la Onda” en Onda Cero, ya analizó en su blog la retórica de este profesor al hablar del terrorismo (http://goo.gl/Gl7h2r). Hoy sólo me limitaré a una nueva constatación de que los llamados progresistas van de muy modernos pero suelen ser más viejos que la tos.

Esa idea de perseguir a los que sacan del país cosas de valor, por no remontarnos a la Antigua Grecia, aunque podríamos (véase el origen de la palabra “sicofante”), ya era popular entre los antiliberales españoles de hace cuatrocientos años.

Sancho de Moncada, profesor de Sagradas Escrituras en Toledo, vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII. En 1619 escribió unos Discursos que sería reeditados en la centuria siguiente con el título deRestauración política de España (véase la clásica edición de Jean Vilar en el Instituto de Estudios Fiscales). Hombre intervencionista y mercantilista como Monedero, Moncada era partidario de un proteccionismo tan severo como el que propugna el profesor de hogaño, y en el capítulo XIX de su libro propone esta receta para evitar que se saquen de España metales precios y otros objetos valiosos: “El medio eficaz es poner en cada partido de puertos, como son San Sebastián, Bilbao, La Coruña, Alicante, Cádiz, Cartagena, y los demás, un tribunal de jueces seglares, que procedan por vía de inquisición, siguiendo el estilo de la Apostólica de España, contra los que sacaren, o entraren cosas prohibidas, afrentando y condenando irremisiblemente a muerte a los culpados”.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.

GUANTÁNAMO

Por Alberto Benegas Lynch (h).

Finalmente John McCain, el destacado miembro del Comité de las Fuerzas Armadas en el Senado estadounidense, opina que hay que cerrar la prisión clandestina Guantánamo radicada en Cuba donde está instalada la base naval de los Estados Unidos (Camp Delta). Antes lo había dicho Obama sin que hiciera nada concreto hasta el presente.

 En esa prisión concebida fuera del territorio norteamericano para que no se vea alcanzada por la legislación de ese país que no toleraría la reclusión de personas sin condenas ni siquiera con cargos en su contra, lo cual es una monstruosidad jurídica.

 Entre muchos otros, el Juez Andrew Napolitano considera a Guantánamo como un bochorno y subraya que los prisioneros allí detenidos no se los autoriza a contactar ningún abogado ni aparecer en ninguna Corte de Justicia. Escribe en Consitutional Chaos que “En Camp Delta los detenidos están en pequeñas jaulas de alambre con pisos de concreto. Esas celdas están abiertas a elementos como ratas, víboras y escorpiones que andan por la base” y denuncia torturas de diverso calibre.

 Es que el gobierno estadounidense bajo George W. Bush inventó la inauditas figuras del “enemigo combatiente” y del “testigo material” al efecto de sortear las disposiciones de la Convención de Ginebra que se aplica tanto a prisioneros de guerra como a combatientes que no pertenecen a una nación y así desconocer los derechos de las personas.

 El terrorismo es probablemente la vía más cobarde y repugnante de todas las posibles acciones criminales, pero para enfrentarlo no puede recurrirse a los mismos procedimientos de esos delincuentes monstruosos. El camino del derecho es indispensable si se quieren preservar los valores elementales de la civilización, de lo contrario se podrá ganar una guerra en el terreno militar pero se perderá en el terreno moral. En el extremo se podrán implementar juicios sumarios en tribunales militares pero no se puede tirar por la borda los pasos elementales del debido proceso cuando se pretende inculpar a una persona arrestada. Sin duda que en medio de una balacera no hay posibilidad de labrar actas ni seguir procesos, nos referimos a líneas argumentales aplicadas a detenidos.

 Estados Unidos -el otrora baluarte del mundo libre- ha sucumbido a la tentación de apartarse de las conductas decentes para internarse en legislaciones aberrantes como la denominada “Patriot Act” que autoriza a los aparatos estatales y paraestatales a lesionar derechos de los ciudadanos, todo a contramano de los sabios y extraordinarios consejos y valores de los Padres Fundadores de lo que fue la tierra de la libertad y el respeto recíproco por antonomasia.

 James Bovard en Terrorism and Tyranny. Trampling Freedom, Justice and Peace to rid the World of Evil apunta que la referida Patriot Act “trata a todo ciudadano como sospechoso de actos terroristas y todo agente federal como si fuera un ángel indiscutido. La administración Bush encaró la más grande demolición de la Constitución de la historia de Estados Unidos”. Ya Benjamin Franklin en 1759 puso de manifiesto su célebre sentencia al consignar que “Aquellos que renuncian a libertades esenciales para obtener seguridad temporaria, no merecen la libertad ni la seguridad”, evidentemente la intromisión del Gran Hermano elimina la seguridad junto con la libertad (tal como una vez más se pone de manifiesto a través de las espeluznantes declaraciones de Edward Snowden respecto al programa PRISMA que permite interferencias de correos electrónicos y conversaciones telefónicas sin orden de juez competente).

 Lo de Guantánamo es un caso grotesco y a todas luces inaceptable pero en otro plano y tras este debate hay un aspecto de mayor calado cual es el tema de la suspensión de los derechos individuales en situaciones de enorme peligro generalizado y persistente.

 Se trata de la controvertida idea de suspender el derecho frente a graves conmociones interiores o ataques exteriores con el propósito de restablecerlo después del estado de excepción. Es tal vez paradójico pero hay aquí una semejanza con las dictaduras: en un caso la eliminación es transitoria y en la otra permanente, pero en el momento de la suspensión hay una semejanza.

 Resulta curioso que se pretendan suspender los derechos individuales para defender los derechos individuales. En realidad parece contradictorio otorgar visos de juricidad a lo que por su naturaleza es extrajurídico y tiene en común los procedimientos a que recurren los criminales que se quieren combatir puesto que se procede extramuros del derecho. Esta modalidad no es novedosa puesto que se la utilizó en Roma bajo el nombre de institium lo cual naturalmente no cambia la argumentación.

 También se han asimilado los estados de excepción al derecho de resistencia contra la autoridad opresiva, lo cual no corresponde puesto que en este caso se apunta a restituir los derechos individuales mientras que en la aludida suspensión el objetivo es dejar sin efecto esos derechos.

 Dante Alighieri en Monarquía escribió que “todo el que pretende el fin del derecho, procede conforme a derecho […], es imposible buscar el fin del derecho sin el derecho […], aparece evidentísima la afirmación de que quien procura el fin del derecho debe procurarlo con el derecho […] Formalmente lo verdadero nunca sigue a lo falso”.

 Para ejemplificar, Ira Glasser muestra en su colaboración para una obra titulada It´s a Free Country. Personal Freedom in America After September 11 que en Estados Unidos, el país que ha sido el más respetuoso de los derechos individuales, cada vez que se suspendieron las garantías para las personas alegando situaciones graves los gobiernos produjeron desmanes mayúsculos. Tales han sido los casos cuando se promulgó la legislación sobre sedición y extranjeros en 1789, de espionaje en 1917, nuevamente de sedición en 1918 y la orden ejecutiva de F. D. Roosvelt en 1942 (en este último caso se condenó a 112 mil personas de descendencia japonesa a campos de concentración en Estados Unidos y concluye Glasser que “ni uno de los 112 mil fue imputado de un crimen, ni imputado de espionaje o sabotaje. Ninguna evidencia fue jamás alegada y no hubo audiencias”, lo mismo ocurrió en los otros casos mencionados).  Si esto ocurrió en Estados Unidos, imaginemos los sucesos en otros lares.

El ganador del Premio Amnesty International Stephen Grey, en su libro The Gost Plane. The True Story of the CIA Torture Program detalla las actividades inauditas de la agencia de inteligencia estadounidense, especialmente sus contratos, entre otros casos, para que sospechosos sean torturados en países como el Egipto de Mubarak.

Debido a las denuncias de tortura en Guantánamo, es pertinente reiterar lo que ya he escrito antes sobre la materia. César Beccaría, el precursor del derecho penal, escribe en De los delitos y de las penas que “Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez […] ¿Qué derecho sino el de la fuerza será el que da potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es o no inocente? No es nuevo este dilema: o el delito es cierto o incierto; si es cierto, no le conviene otra pena que la establecida por las leyes y son inútiles los tormentos porque es inútil la confesión del reo; si es incierto, no se debe atormentar a un inocente, porque tal es, según las leyes, un hombre cuyos delitos no están probados […] Este es el medio seguro de absolver al los robustos malvados y condenar a los flacos inocentes”.

Concluye Beccaría con una crítica enfática a quienes señalan las contradicciones en que incurren los torturados como prueba de culpabilidad, como si “las contradicciones comunes en los hombres cuando están tranquilos no deban multiplicarse en la turbación de ánimo todo embebido con el pensamiento de salvarse del inminente peligro […], es superfluo duplicar la luz de esta verdad citando los innumerables ejemplos de inocentes que se confesaron reos por los dolores de la tortura; no hay nación, no hay edad que no presente los suyos […] No vale la confesión dictada durante la tortura”.

 No se justifica la tortura en ninguna circunstancia, incluso en el caso que se conjeture que determinada persona tiene la información de quien es el que hará detonar una bomba y aunque se sospeche que aquél es cómplice del hecho. Las razones que se acaban de apuntar convalidan el aserto. No resulta aceptable esquivar aquellas argumentaciones esgrimiendo la posibilidad de que el hacer sufrir a una persona queda mas que compensado con las muchas vidas que se salvarían.

 Cada persona tiene valor en si misma, la vida de una persona no se debe a otros. No cabe la pretensión de hacer balances como si se tratara de carne sopesada en balanzas de carnicería. El fin es inescindible de los medios. Los pasos en dirección a la meta impregnan ese objetivo. La conducta civilizada no autoriza  a abusar de una persona, independientemente de lo que ocurra con otras (llevados al extremo, estos “balances sociales” eventualmente conducirían a justificar dislates como el sacrificio de jubilados para que generaciones jóvenes puedan vivir mejor). La legitimación del abuso pone en riesgo la supervivencia de la sociedad abierta, puesto que ésta descansa en pilares éticos.

 Además, el ejemplo de la bomba supone más de lo que es posible suponer. Parte de la base que el torturado posee en verdad la información, que la bomba existe y que funciona, que puede remediarse la situación, que el sospechoso trasmitirá la información correcta, que la tortura se limitará a ese hecho etc.

 A veces se formulan interrogantes del tipo de ¿usted no autorizaría la tortura de un sospechoso si eso pudiera salvar la vida de su hijo secuestrado?. En realidad son preguntas tramposas de la misma naturaleza que las que aparecen en life boat situations en sentido literal, por ejemplo ¿en caso de encontrarse en un naufragio, usted acataría la decisión del dueño del bote disponible o forzaría el abordaje de toda su familia en lugar de permitir el embarque de otras personas que prefiere el titular?. No es posible el establecimiento de normas de conducta civilizada extrapolando situaciones de conmoción excepcional y ofuscamiento que en ciertas circunstancias abren compuertas a procedimientos reñidos con la moral, puesto que eso significaría el naufragio de la sociedad civilizada.

En el caso del debate sobre la tortura (y en infinidad de otros casos) es útil colocarse en la posición de la minoría. Si detienen injustamente a un hijo y lo torturan, no hay forma de probar la inocencia si no se admite el debido proceso. Antiguamente tribus como la de  los godos, vándalos, hunos y germanos (cimbros y teutones) condujeron las “invasiones bárbaras” sobre el Imperio Romano, en la que se establecía todo tipo de suplicios y finalmente se degollaba a los adultos vencidos, se sacrificaba niños a sus dioses, se construían cercos con los huesos de las víctimas y las mujeres profetizaban con las entrañas de los derrotados. En un proceso evolutivo, los conquistadores luego tomaban a los conquistados como esclavos (“herramientas parlantes” según la horripilante denominación de entonces) y, en la guerra moderna, se establecieron normas para el trato de los ejércitos vencidos. Pero, en lugar de profundizar la senda civilizada y responsabilizar penalmente a quienes producen lo que livianamente se ha dado en llamar “daños colaterales” con vidas de civiles inocentes y eliminar la bajeza de la embrutecedora y castrante “obediencia debida”, resulta que nos retrotraemos a la barbarie de la tortura.

 Michael Ignatieff en “Evil Under Interrogation: Is Torture Ever Permissible?” escribe que “La democracia liberal se opone a la tortura porque se opone a cualquier uso ilimitado de la autoridad pública contra seres humanos y la tortura es la mas ilimitada, la forma mas desenfrenada de poder que una persona puede ejercer contra otra”. Sugiere este autor que, para evitar discusiones sobre que es tortura y que son interrogatorios coercitivos, deben filmarse estos procedimientos y archivarse en los departamentos de auditoría gubernamental que correspondan.

 En todo caso, en esta nota periodística señalamos que las controversiales figuras referidas de la ley marcial, estado de sitio, toque de queda y similares constituyen un debate aparte, pero el caso de Guantánamo es una vergüenza para cualquier nación que respete elementales normas civilizadas, no solo por las torturas que menciona el Juez Napolitano sino debido a la concepción misma de esa canallesca prisión. La defensa contra el horror terrorista debe encararse con firmeza en varios frentes, pero lo que no es admisible es recurrir a los mismos procedimientos instaurados por la barbarie.

 Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.