LA LECCIÓN DEL PRINCIPITO Y LOS BIENES PÚBLICOS

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

“¡Ah -exclamó el rey al divisar al principito- aquí tenemos un súbdito! El principito se preguntó ¿Cómo es posible que me reconozca si nunca me ha visto? Ignoraba que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos.”

 

Este pensamiento que estampa Antoine de Saint-Exupery hace a la esencia de buena parte de los gobernantes en funciones de nuestra época. No se trata de seres humanos que hay que garantizar sus derechos sino de súbitos que deben obedecer a rajatabla las ocurrencias de  sujetos arrogantes que en lugar de actuar como mandatarios proceden como mandantes iluminados que imponen sus caprichos a quienes están supuestos de proteger.

 

El fenómeno resulta en un juego macabro en el que candidatos a ocupar puestos políticos también anuncian sus esperpentos para manejar a los demás ni bien accedan al poder, incluso los que se las dan de profesionales y técnicos economistas que se suelen disputar la escena para exhibir sus planes para los demás, hasta con decimales en cuanto a los resultados de sus engendros.

 

Parece que pasó aquella fórmula de que “el mejor gobierno es el que menos gobierna” de los Padres Fundadores estadounidenses o de políticos argentinos como Leandro Alem que insistía en sostener aquello de “gobernad lo menos posible, porque mientras menos gobierno extraño tenga el hombre, más avanza la libertad.”

 

Ahora los políticos en funciones machacan con que introducen nuevas y más extensas legislaciones porque “se preocupan por la gente” y demás sandeces superlativas, sin percatarse que cada intromisión fuera de la protección a la vida, la libertad y la propiedad de las personas se está perjudicando grandemente el progreso de cada cual.

 

Los planificadores de vidas y haciendas ajenas no conciben la armonía de intereses que opera en libertad, donde cada uno para satisfacer su interés debe satisfacer los intereses del prójimo. En lugar de esto se estampan regulaciones que traban cuando no eliminan  la posibilidad de acuerdos libres y voluntarios entre las partes.

 

Con el argumento de abusos que no ocurren si los marcos institucionales son congruentes con el respeto recíproco, entronizan los peores abusos y tropelías al tiempo que generan conflictos irreparables de intereses.

 

Ilustro este problema con lo que se han dado en llamar “bienes públicos” que justificarían el comienzo de las irrupciones de los aparatos estatales en la vida de los ciudadanos. He escrito antes sobre este tema que ahora reproduzco parcialmente y de modo muy simplificado (a riesgo que el asunto quede trunco en una nota periodística por lo que, si se desea profundizar el tema, sugiero mi ensayo “Bienes públicos, externalidades y los free-riders: el argumento reconsiderado” publicado en Santiago de Chile, Estudios Públicos, No. 71, invierno de 1998).

 

Se dice que un bien público es aquel que produce efectos sobre quienes no han participado en la transacción. Es decir, aquellos que producen efectos para terceros o externalidades que no son susceptibles de internalizarse. En otros términos, aquellos bienes que se producen para todos o no se producen puesto que no se puede excluir a otros.

 

Por ejemplo, un bien público sería un perfume agradable que usa una persona y que otros disfrutan, mientras que un bien privado sería el uso del teléfono que sólo beneficia al usuario. Asimismo, los bienes públicos tienen la característica de la no-rivalidad, lo cual significa que el bien no disminuye por el hecho de que lo consuma un número mayor de personas.

 

En nuestro ejemplo, no se consume el perfume por el hecho de que un número mayor de personas aproveche el aroma. En consecuencia, los principios de no-exclusión y no-rivalidad caracterizan al bien público, lo cual, a su turno, significa que tienen lugar externalidades, es decir, como queda dicho, que gente se beneficia del bien sin haber contribuido a su financiación (free-riders) o también, en otros casos, gente que se perjudica (externalidades negativas o costos externos) situación ésta última en la que los free-riders son los emisores de externalidades.

 

Es importante distinguir una externalidad negativa de una lesión al derecho. Si una persona planta y cosecha determinado bien que requiere sombra la cual es proporcionada por un vecino como una externalidad positiva, el día que ese vecino decide talar parte de su bosque y, por tanto, le retira la sombra al referido productor, esto último significará una externalidad negativa pero no una lesión al derecho puesto que el agricultor de marras no tiene un derecho adquirido sobre la sombra que originalmente le proporcionaba su vecino. Si, en cambio, el agricultor fuese asaltado por su vecino, estaríamos frente a una lesión al derecho (lo mismo ocurriría con los decibeles o emisiones excesivas de monóxido de carbono, para citar los ejemplos clásicos).

 

En cualquier caso, en este contexto, se mantiene que los bienes públicos deben ser provistos por el gobierno, ya que de ese modo, se continúa diciendo, los beneficiarios de externalidades positivas financiarían el producto en cuestión vía los impuestos. Y, por tanto, no habría free-riders y, por ende, desaparecería esa “falla del mercado” (la producción de externalidades no internalizables).

 

En este mismo hilo argumental se sostiene que si el gobierno no provee ese bien, el mercado no lo produciría o, si lo hiciera, sería a niveles sub-óptimos, puesto que los productores particulares tenderán a sacar partida de la externalidad especulando con la posibilidad de constituirse en un free-rider (es decir, a la espera de que otro sea quien lo produzca y, por tanto, cargue con los gastos correspondientes). Del mismo modo, se ha sostenido que en caso de una externalidad negativa el gobierno debe compensar la acción del responsable (free-rider).

 

En otros términos, el bien público constituye el argumento central del intervencionismo estatal que resulta en el  contexto de la lección de “El Principito” con que abrimos esta nota, ya que en esta línea argumental, el gobierno produciría la cantidad óptima del bien en cuestión que sería financiado por todos a través de impuestos con lo cual se internalizaría la externalidad y no habría free-riders ni costos ni beneficios externos sin internalizar. Tal vez el resumen más claro de esta posición esté expresada por Marcun Olson quien sostiene que “Un estado es, ante todo, una organización que provee de bienes públicos a sus miembros, los ciudadanos”.

 

Una primera mirada a la producción de bienes y servicios obliga a concluir que muchos de los provistos por los gobiernos tienen las características de bienes privados (en nuestro ejemplo anterior, el servicio telefónico, también el correo, la aeronavegación, etc.) así como también muchos de los que producen externalidades no internalizables son provistos por el sector privado (nuestro ejemplo del perfume, los edificios elegantes, etc.).

 

En verdad la mayor parte de los bienes y servicios producen free-riders, desde educación hasta el diseño de las corbatas. David Friedman considera que sus libros han hecho mucho por la sociedad abierta, incluso para aquellos que no los han adquirido (free-riders) de lo cual no se desprende que el gobierno debe intervenir la industria editorial. El mismo autor muestra que en el caso de la protección privada, las agencias que quieren diferenciar a sus clientes colocan letreros en las casas de quienes pagan el servicio.

 

Robert Nozick explica que las externalidades positivas derivadas de, por ejemplo, el lenguaje y las instituciones no autoriza a que se nos obligue a pagar sumas de dinero por ello. Por su  parte, Murray N. Rothbard señala la contradicción que se suscita en torno al tema del free-rider: “Vamos ahora al problema de los beneficios externos, la justificación que exponen los economistas para la intervención gubernamental. Muchos escritores conceden que el mercado libre puede dejarse funcionar en aquellos casos en donde los individuos se benefician a sí mismos por sus acciones. Pero los actos humanos pueden frecuentemente, aun inadvertidamente, beneficiar a terceros. Uno pensaría que este es un motivo de regocijo, sin embargo los críticos sostienen que esto produce males en abundancia”. A continuación el mismo autor señala las posiciones contradictorias por parte de quienes sostienen que el gobierno debería intervenir: por un lado se sostiene que el mercado produce egoístas y, por ende, el estado debería mitigar el efecto correspondiente, por otro, se sostiene que el gobierno debe actuar allí donde hay beneficios para terceros.

 

Es que en realidad somos free-riders en muchos sentidos. Nuestras propias remuneraciones se deben  a la acumulación de capital que realizan otros. Más aún, hay casos en los cuales se desea expresamente que no se internalice la externalidad como puede ser el caso de una mujer atractiva, lo cual, de más está decir, tampoco justifica la intromisión gubernamental.

 

Por otra parte, si se desea la internalización de la externalidad, ésta se llevará a cabo según sea el progreso tecnológico y en un contexto evolutivo tal cual ha ocurrido en los casos de la codificación de la televisión satelital y los censores en las ballenas. Respecto de la argumentación en cuanto a que los llamados bienes públicos deberían ser producidos por los gobiernos, como hemos mencionado, se sostiene que si éstos se fabricaran en el mercado estarían, en el mejor de los casos, sub-producidos. Pero debe tenerse en cuenta que para aludir a la “sub-producción” debe hacerse referencia a un parámetro y a un punto de comparación. En este sentido, es de gran importancia recordar la precisión que realiza el premio Nobel en economía James M. Buchanan respecto del concepto de eficiencia: “Si no hay criterio objetivo para el uso de los recursos que puedan asignarse para la producción como un medio de verificar indirectamente la eficiencia del proceso, entonces, mientras el intercambio sea abierto y mientras se excluya la fuerza y el fraude, el acuerdo logrado, por definición, será calificado como eficiente”.

 

Es que el proceso de mercado es la manifestación de millones de arreglos contractuales libres y voluntarios. Lo que desean las personas es lo que ponen de manifiesto a través de los pesos relativos que revelan en sus compras y abstenciones de comprar, por esto es que lo que desean hacer las personas con sus propiedades es, por definición, óptimo y lo sub-óptimo aparece en la medida en que las decisiones se apartan de esos requerimientos. Entonces, si existe coerción, la cantidad producida será necesariamente distinta de lo que hubiera elegido la gente si no se hubiera entrometido el gobierno.

 

La producción de determinados bienes y servicios podrá tener en cuenta, por un lado, el fastidio eventual que produce la existencia de free-riders y, por otro, el beneficio que reporta el bien o el servicio en cuestión y decidir en consecuencia. David Schmidtz explica que para realizar la producción de determinado bien puede llevarse a cabo un contrato en el que se garantiza que cada cuota-parte servirá para ese propósito siempre y cuando se llegue a la suma total requerida para el proyecto: “El propósito del contrato es garantizar a cada parte contratante que su contribución no será desperdiciada en un proyecto de bienes públicos que no cuenta con los recursos suficientes para llevarse a cabo”.

 

Es interesante hacer notar que cuando aludíamos al principio de la no-exclusión decíamos que, según Samuelson, una de las características del bien público es que se produce para todos o no se produce para ninguno: en esto, como dijimos, consiste el principio de no-exclusión. Pero como nos muestra Kenneth D. Goldin debemos analizar cuidadosamente qué significa en este contexto la palabra “todos” ya que “muy pocos bienes públicos están disponibles para todos los miembros del planeta”.

 

En última instancia, no parece haber un criterio para determinar en casos específicos qué bienes son públicos y cuáles son privados puesto que muchos de los considerados bienes públicos pueden ser “males” para ciertas personas dada la valorización subjetiva (lo que es un buen perfume para unos puede ser malo para otros e indiferente para quienes no tienen olfato).

 

En resumen, la lección de El Principito en el contexto de los llamados “bienes públicos” debe tomarse en cuenta para mitigar el desmedido avance del Leviatán.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba.

Limitaciones al poder. Algunos economistas también han hecho propuestas “constitucionales” o más bien “sistémicas”

Por Martín Krause. Publicado el 9/7/18 en: http://bazar.ufm.edu/limitaciones-al-poder-economistas-tambien-hecho-propuestas-constitucionales-mas-bien-sistemicas/

 

Con los alumnos de Economía e Instituciones vemos algunas propuestas para limitar el poder, y al final de ese capítulo, las limitaciones “constitucionales” o sistémicas que hicieron algunos economistas. Luego de ver algunas propuestas específicas.

No obstante, algunas de estas fundamentales contribuciones no fueron suficientes para prevenirse contra el crecimiento del Estado y el avasallamiento de las libertades individuales; otras no fueron ni siquiera aplicadas. Algunos economistas han desarrollado modelos más generales y completos —si se quiere “utopías”— sobre cómo organizar una sociedad. En este sentido, analizaremos solo algunas, entre las que destacaremos las contribuciones de Hayek, Buchanan, Frey, Rothbard y David Friedman.

Hayek

Para Hayek, la separación de poderes y las otras medidas mencionadas solamente serán efectivas cuando los valores y la cultura predominantes en una sociedad así lo demanden. Ningún tipo de diseño constitucional podrá reemplazar estos valores sobre el poder gubernamental. Argentina es un ejemplo de esto: con la misma Constitución —aprobada en 1853—[1], el país recorrió setenta años en una dirección y los siguientes setenta en la dirección opuesta.

La evolución cultural es lo que en última instancia determina las limitaciones existentes al poder. En Suiza, aunque también ha habido cambios en el último par de siglos y el Estado benefactor ha crecido como en todos los demás países, ciertos principios básicos de limitación del poder siguen siendo parte importante de los valores y la cultura de sus habitantes[2].

No obstante, no descarta Hayek todo tipo de diseño constitucional, aunque dando prioridad a los procesos evolutivos, y presenta un modelo de organización que permitiría un predominio de las normas que son el resultado de esos procesos, a diferencia de las que son el resultado de decisiones políticas formales. Como las reglas formales que favorecen los procesos evolutivos son normas de carácter “general” que se aplican a todos los ciudadanos por igual, imagina un proceso legislativo que pueda aislar la elaboración de ese tipo de normas de las presiones de los grupos de interés que buscan un beneficio particular. Esta preocupación proviene de entender que las legislaturas modernas están sujetas a estos intereses desde que se han ocupado del diseño de políticas específicas. Una legislatura que tenga a su cargo ambas tareas —diseño de políticas y reglas generales— terminará dominada por las primeras. Para ello imagina un poder legislativo constituido por dos asambleas, que se acomode a la diferencia entre “leyes” y “comandos”. La primera, —la Asamblea Legislativa— se ocupa de las reglas generales y de la extensión del poder gubernamental, mientras la segunda, —Asamblea Gubernamental— se ocupa de las políticas públicas, teniendo primacía la primera sobre la segunda.

La Asamblea Legislativa debería estar constituida de tal forma que garantice el cumplimiento de esa función. Para ello Hayek considera un mecanismo de elección que evite la llegada de políticos profesionales, por lo que aquellos electos a la Asamblea Gubernamental no podrían acceder a la Legislativa. Sugiere que los miembros de esta deberían ser elegidos a una cierta “edad madura” y por periodos relativamente largos, como de quince años, debido a lo cual no estarían preocupados por su reelección. En cierta forma, como sucede con los miembros de una Corte Suprema de Justicia. También sugiere que los votantes que los elegirían sean mayores en edad que los que participan en la elección de las demás posiciones en el Ejecutivo o en la Asamblea Gubernamental. La experiencia y la sabiduría adquiridas con los años, más su independencia respecto a una “carrera política”, tenderían a centrar su atención en las reglas generales y en los beneficios a largo plazo.

Es decir: la Asamblea Gubernamental estaría formada por políticos profesionales que buscarían su reelección y estarían interesados en atender a los intereses inmediatos o puntuales de los votantes o de distintos grupos de interés, mientras que los de la Asamblea Legislativa constituirían algo así como un grupo de sabios y prudentes, que se ocuparían de velar por las normas que protegen los derechos de todos.

Buchanan

James Buchanan, por el contrario, fundamenta su análisis en la filosofía política contractualista, por lo que es más escéptico respecto a las normas de origen evolutivo espontáneo y, con un enfoque más racionalista, concentra su análisis en la forma de modificar los incentivos vigentes en la política, con especial énfasis en los niveles de mayorías necesarias para distinto tipo de normas. Inspirado en el análisis del economista sueco Knut Wicksell (1851-1926), sostiene que el óptimo sería la unanimidad. Ya hemos visto esto en el capítulo 4, cuando analizamos los problemas para la agregación de preferencias expresadas a través del voto. La unanimidad garantizaría que nadie se vería perjudicado por la aprobación de una cierta norma; es decir, ninguna mayoría podría violar los derechos de una minoría, incluso ni la de una sola persona. También vimos allí que la unanimidad generaría el statu quo total; sería prácticamente modificar cualquier norma, dados los altos costos de alcanzar la unanimidad. La respuesta de Buchanan es diferenciar entre normas de rango constitucional, que protegen derechos individuales y limitan las potenciales acciones abusivas de un gobierno, de aquellas que se refieren a cuestiones más coyunturales o de contenido administrativo, relacionadas con la gestión de tal gobierno. Para modificar las primeras, se requerirían mayorías especiales, mientras que para modificar las segundas bastaría con mayorías simples. Qué asuntos requerirían, según Buchanan, mayorías especiales lo veremos más adelante.

Frey

Bruno Frey (2005) presenta una propuesta a la que llama FOCJ, por sus siglas en inglés: jurisdicciones funcionales, superpuestas, en competencia. Desde su perspectiva, el federalismo permite acercar la provisión de bienes públicos a las preferencias específicas de distintos grupos en la sociedad, pero para hacerlo deben cumplirse dos principios básicos: la equivalencia fiscal, es decir que los fondos para pagar el gasto público de una jurisdicción se obtengan de los ciudadanos de esa misma jurisdicción; y equivalencia política, o sea que los funcionarios sean electos nada más por los votantes de la misma jurisdicción.

Las jurisdicciones propuestas tendrían estas características:

Funcionales: se extenderían sobre áreas geográficas definidas por las tareas o funciones que cumplen.

Superpuestas: habría distintas jurisdicciones gubernamentales extendiéndose sobre distintas áreas.

En competencia: los gobiernos locales, y en algunos casos los ciudadanos, podrían elegir a qué jurisdicción pertenecer.

Jurisdicciones: serían jurisdicciones con poder gubernamental para cobrar impuestos.

El argumento básico es que las jurisdicciones geográficas no necesariamente coinciden con la extensión geográfica que propone la economía de escala de un cierto servicio. Por ejemplo: una red de electricidad puede abarcar una cierta zona, pero el servicio de defensa que brinda un regimiento puede abarcar otra, con lo cual cada una tendría un área geográfica diferente. Los servicios de un hospital podrían abarcar a ciudadanos de más de una jurisdicción política actual, creando problemas de usuarios gratuitos; la jurisdicción en este caso se extendería sobre la división política, para abarcar a todos los usuarios. Obviamente, distintas jurisdicciones se superpondrían, incluso brindando algunas de ellas el mismo tipo de servicios. Los ciudadanos podrían elegir entre las mismas, aunque “deberían” elegir, ya que se trata de jurisdicciones gubernamentales. La competencia sería fomentada por la acción de “salida”, aunque no tendría que ser geográfica: las personas o los gobiernos locales podrían cambiar de afiliación a esas diferentes jurisdicciones, sin tener que mudarse a otra jurisdicción geográfica para hacerlo.

El autor menciona como ejemplo a la Liga Hanseática, un grupo funcional que brindaba normas comerciales comunes, aunque no tenía ningún tipo de vinculación geográfica. Eran miembros de la liga ciudades como Lübeck, Bremen y Colonia (hoy Alemania), Stettin y Danzig (hoy Polonia), Kaliningrado (hoy Rusia), Riga (Letonia), Reval (hoy Tallinn, Estonia) y Dorpat (hoy Tartu, Estonia), Groningen y Deventer (hoy Holanda). Londres (Inglaterra), Brujas y Amberes (Bélgica) y Novgorod (Rusia) eran miembros asociados. En los Estados Unidos hay “distritos especiales”. En Suiza hay 26 cantones y unas 8,000 comunas de distinto tipo, de las cuales 2,940 definen la ciudadanía política (los ciudadanos lo son de las comunas, no de “Suiza”). Hay comunas educativas que ofrecen servicios a más de un gobierno local.

Esta profunda descentralización y división de poderes actuaría como un límite al abuso de poder y permitiría la participación ciudadana en la toma de decisiones, sobre todo asociado al uso de mecanismos de democracia directa.

Rothbard y Friedman

Finalmente, Murray Rothbard (2002) y David Friedman (1989) presentan un modelo también con jurisdicciones funcionales, en competencia y superpuestas, pero, a diferencia de Frey, se trata solamente de agencias privadas. Según esta visión “libertaria”, todos los bienes y servicios serían provistos por el mercado, ya que este puede hacerlo, si bien no en forma perfecta, superior a la provisión estatal. Así, ambos autores analizan cada uno de los servicios que actualmente proveen los Estados y cómo los podría proveer el mercado. Las propuestas de uno y otro son similares en cuanto a la provisión de todos los bienes y servicios por el mercado, con algunas diferencias, sobre todo relacionadas con los fundamentos filosóficos —una filosofía moral iusnaturalista, en el caso de Rothbard, y consecuencialista, en el de Friedman— y a una hipótesis sobre el posible nacimiento de una sociedad anarcocapitalista, como la que proponen —un contrato social, donde las partes consentirían un código legal, en el caso de Rothbard, y un enfoque incremental, en el caso de Friedman—.

En el caso tal vez más complejo de todos —la seguridad personal y la defensa—, critica la visión predominante de que el Estado debe proveer protección policial, como si fuera una entidad única y absoluta, consistente en una cantidad fija que se brinda a todos por igual. Ese tipo de bien general no existiría, de la misma forma que no existe un bien “comida” o “vivienda”[3]. Por lo tanto, el Estado debería asignar un recurso escaso, sujeto a las ineficiencias de la política y la burocracia. Para Rothbard, los individuos deberían contratar este servicio, como los demás, en el mercado, y lo harían según sus preferencias específicas: desde la patrulla de un policía cuando sea necesaria, hasta protección personal durante las veinticuatro horas. Se argumentará que, en tal caso, los consumidores deberían pagar algo que ahora reciben gratis, pero es necesario tener en cuenta que en el modelo libertario no habría impuestos, así que los recursos que la población destina, en un determinado momento, con ese fin, estarían disponibles directa o indirectamente para contratar ese tipo de servicios.

El modelo no considera que cada persona tendría que salir a contratar un agente privado, en caso de haber sido robada o atacada, sino que, como ocurre actualmente en muchos barrios abiertos o cerrados, contrataría una compañía que le brindaría ese servicio. Es bastante probable, además, que los servicios fueran ofrecidos por empresas de seguros, ya que, si se ha asegurado, por ejemplo, una casa contra robo, la protección podría ser parte del servicio del seguro[4]. La competencia se transformaría en eficiencia y control por parte de los consumidores, ya que podrían cambiar de agencia en caso de no estar contentos con el servicio que reciben, algo que no pueden hacer ahora por tratarse de un servicio monopólico, del cual se recibe simplemente lo que toque.

[1]. Dice Alberdi ([1854] 1993): “Al legislador, al hombre de Estado, al publicista, al escritor, sólo toca estudiar los principios económicos adoptados por la Constitución, para tomarlos por guía obligatoria y reglamentaria. Ellos no pueden seguir otros principios, ni otra doctrina económica que los adoptados ya en la Constitución, si han de poner en planta esa Constitución, y no otra que no existe. Ensayar nuevos sistemas, lanzarse en el terreno de las novedades, es desviarse de la Constitución en el punto en que debe ser mejor observada, falsear el sentido hermoso de sus disposiciones, y echar el país en desorden y en el atraso, entorpeciendo los intereses materiales, que son los llamados a sacarlos de la posición oscura y subalterna en que se encuentra” (p. 2).

 

[2]. Dice Willy Linder, editora económica del Neue Züricher Zeitung: “Los suizos siguen siendo suficientemente generosos y sensibles para votar a veces a favor de cuestiones que parecen ir en contra de su propio interés. Sin embargo, en el largo plazo, estas actitudes han contribuido a la estabilidad política y económica de Suiza. Durante los tres últimos años, por ejemplo, los suizos, por márgenes excediendo generalmente 3 a 1, han decidido en referéndums no cobrar impuestos especiales a los ricos y los que ganan altos sueldos, no otorgar a los trabajadores suizos participación en la administración de las empresas, no reducir la edad mínima para ingresar en el generoso sistema de pensiones, no permitir al gobierno central que recaude fondos para compensar tendencias locales recesivas, y finalmente no permitir al gobierno central que tenga déficit”. Fortune, diciembre 18 de 1978; citado en “President’s Essay”, Washington DC: The Heritage Foundation, 2011.

 

[3]. “A cualquier persona o negocio, la policía puede proveerle desde un oficial que haga una ronda una vez por noche, dos policías que patrullen constantemente cada cuadra, otros que lleven a cabo la vigilancia en un móvil, hasta uno o incluso varios guardaespaldas personales permanentes. Además, debe tomar muchas otras decisiones cuya complejidad se hace evidente tan pronto como levantamos el velo del mito de la “protección” absoluta. ¿Cómo podría la policía asignar adecuadamente sus fondos, que por supuesto son siempre limitados, como lo son los de todos los individuos, organizaciones y agencias? ¿Cuánto debería invertir en equipamiento electrónico? ¿En equipos para tomar huellas dactilares? ¿En detectives o en policías uniformados? ¿En patrulleros o en agentes que prestan servicio a pie, etcétera?”. (Rothbard 2002, p. 268).

 

[4]. “Esta debería ser la primera respuesta simple a la pregunta típica que expresa el temor de la gente a la que se le habla por primera vez de una policía totalmente privada: “Bueno, eso significa que si a uno lo atacan o le roban, tiene que apresurarse a encontrar un policía y comenzar a negociar acerca de cuánto le costará que lo defienda”. Bastaría un momento de reflexión para darse cuenta de que ningún servicio se suministra de esa manera en el libre mercado. Es obvio que la persona que quiere estar protegida por la Agencia A o la Compañía Aseguradora B pagará primas regulares en lugar de esperar a ser atacada antes de comprar la protección. “Pero supongamos que se produce una emergencia y el policía de la Compañía A ve que alguien es asaltado; ¿se detendría a preguntar si la víctima adquirió el seguro de la Compañía A?” En primer lugar, este tipo de asalto callejero estaría, como ya lo hemos señalado, dentro de la jurisdicción de la policía contratada por el dueño de la calle en cuestión. Pero ¿qué ocurriría en la situación, poco probable, de que un barrio no tuviera servicio policial, y que un policía de la Compañía A viera casualmente que alguien es atacado? ¿Saldría en defensa de la víctima? Eso, por supuesto, dependería de la Compañía A, pero es casi inconcebible que las compañías de policía privada no cultivaran la buena voluntad estableciendo, como política, la ayuda gratuita a las víctimas en situaciones de emergencia y, quizá, pidiendo luego a la persona rescatada un aporte voluntario. En el caso de un propietario que sufriera un asalto o un ataque, por supuesto recurriría a la compañía policial que hubiera contratado. Llamaría a la Compañía Policial A en lugar de a “la policía”, como lo hace ahora”. (Rothbard 2002, p. 270).

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Jonestown, suicidios masivos y utopías. ¿Qué dicen los economistas?

Por Martín Krause. Publicado el 26/9/14 en: http://bazar.ufm.edu/jonestown-suicidios-masivos-y-utopias-que-dicen-los-economistas/

 

Hay temas o eventos que tienen una amplia cobertura pero de los que no se llega a conocer sus causas más profundas. Hace 35 años ocurrió un suicidio masivo en Jonestown, Guyana, orquestado por James ‘Jim’ Warren Jones, líder del culto “El Templo de la Gente”. Murieron así 913 personas, incluyendo 270 niños.JonestownLa historia es por todos conocida, en general como un caso de fanatismo religioso, del tipo del que recibimos noticias últimamente en Medio Oriente. Pero lo que se conoce menos es el contenido ideológico del proyecto de Jones. Ahora, un interesante trabajo del mexicano José Torra Alfaro lo analiza y trae a la luz “Libertad y Religión: Jonestown: Religión y Socialismo”: http://www.libertarios.info/site/wp-content/uploads/2014/01/Libertad_y_religion.pdf

Señala: “Jonestow fue fundado como un ‘paraíso socialista’, y los actos del 18 de noviembre de 1978 no tenían que ver con el ‘fin del mundo’, como ocurriera en el caso de los ejemplos citados [Heaven’s Gate, la Orden del Templo Solar y el Movimiento para la Restauración de los Diez Mandamientos de Dios], sino que fueron considerados por su autor y participantes como un acto revolucionario de protesta contra las condiciones sociales del mundo.”

“Jonestown fue un experimento a escala del ascenso y fracaso del comunismo repitiendo un ciclo que hoy, 35 años después, hemos visto ocurrir en cada lugar donde las ideas de planeación central son puestas en práctica: una idea ‘benevolente’, un líder carismático, un culto a la personalidad del líder, escándalos, violencia, muerte y fracaso.”

Hay un problema con las utopías, y es cuando quienes las tienen pretenden imponerlas a todos los demás por la fuerza. No está mal soñar con una sociedad mejor, todos seguramente tenemos alguna utopía de este tipo, pero es el intento de forzarlas en los demás lo que lleva a tragedias como las de Jonestown.

Peor aún es cuando ese intento se realiza a través del aparato estatal: Stalin, Hitler, Mao o Pol Pot, por ejemplo, ocasionaron la muerte de millones de personas y sobre todo de aquellos que no estaban de acuerdo con sus proyectos. Jones lo hizo también, aunque en otra medida; hubo fuerza para obligar al suicidio a algunos de los participantes en el proyecto y, sobre todo, la hubo con los niños.

¿Qué hacer entonces con las utopías, sobre todo con las propias? Una alternativa es la que planteara el filósofo Robert Nozick en su famoso “Anarquía, Estado y Utopía”: http://es.wikipedia.org/wiki/Anarqu%C3%ADa,_estado_y_utop%C3%ADa

El argumento de Nozick es que deberíamos acordar en una “metautopía”, en la cual simplemente respetaríamos las utopías que cada uno quisiera realizar aceptando el derecho a poder salir en caso de querer hacerlo. Esta idea podría realizarse sobre todo con jurisdicciones de pequeño tamaño donde las personas se agruparían de acuerdo a sus preferencias. Esto incluiría, por supuesto, la posibilidad de que exista un Jonestown, como también de una jurisdicción libertaria sin impuestos, con moneda metálica y derechos de propiedad completos. Tanto una como otra deberían garantizar el derecho a salir, algo que Jones no hizo.

En el capítulo “Límites al oportunismo político” del libro considero las propuestas “utópicas” planteadas por economistas: Friedrich Hayek, James Buchanan, Murray Rothbard, David Friedman y Bruno Frey. Ellos se animaron a ir más allá del análisis económico de las instituciones y realizaron sus propias propuestas. Ninguno de ellos, sin embargo pretendía imponerlas a la fuerza a los demás.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

¿ES PELIGROSO INTERNET?

Por Alberto Benegas Lynch (h)

Lo primero es poner de manifiesto la trascendencia de la intimidad o la privacidad. Antes incluso de apuntar la importancia del derecho de propiedad sobre nuestras cosas, debe señalarse la prioridad que tiene el derecho sobre nuestro cuerpo y de nuestros pensamientos lo cual es parte sustancial del derecho a la vida (que supone el derecho a usar y disponer de lo propio). El manejo de nuestras personas es atributo central de cada uno puesto que no pertenecemos a nadie más que a nosotros mismos.

De esta secuencia argumental deriva la separación de cada uno del resto como personas distintas que merecen respecto, consideración debido a la dignidad de cada cual. La interferencia en la intimidad o privacidad de la persona sin su consentimiento y sin que se haya expuesto públicamente constituye un atropello a su derecho más preciado. Como ha puesto de manifiesto Milan Kundera: “La persona que pierde su intimidad lo pierde todo”.

Cuando lo privado se hace público o de otros, naturalmente deja de ser privativo de la persona con lo que lo más íntimo se invade y, por ende, se diluye, es como si se perdiera el núcleo del individuo para integrar una acervo común, en otros términos, el yo deja de tener los atributos de la personalidad propia para ser compartido por todos o de un grupo no querido, ajeno y extraño.

Es por esto que la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense (y de todas las de países civilizados) alude al derecho inalienable de las personas a que sus pertenencias, papeles y efectos no sean violados bajo ningún concepto y que solo pueden invadirse con expresa autorización de juez competente en base a la debida prueba de un probable delito.

Antes he escrito sobre los inconvenientes del mal uso de Internet (“Internet, la mente y el cerebro”) que igual que todo instrumento puede emplearse bien o no, desde el martillo en adelante que puede servir para clavar un clavo o para romperle la nuca al vecino. Ahora, en cambio, conecto esta herramienta tan útil y conveniente para muy diversos propósitos con el avasallamiento de la privacidad.

Hace unos días me regalaron un libro de Juilian Assange en colaboración con Jacob Appelbaum, Jerémie Zimmermann y Andy Müller-Maguhn titulado Criptopunks. La libertad y el futuro de Internet. En otras oportunidades he consignado en mis columnas una defensa de Wikileaks y al episodio de Edward Snowden (“El caso de Wikileaks” y “Edward Snowden en la encrucijada” respectivamente) en donde, independientemente de las características individuales de las personas involucradas, sostuve (y sostengo) lo vital de la libertad de prensa en una sociedad abierta y la obligación de gobiernos republicano a transparentar sus actos ante sus mandantes.

En este caso me detengo a considerar algunos pasajes de lo escrito por los autores del libro de marras sin perjuicio de aclarar que no comparto todas las manifestaciones que el trabajo contiene (el cual, además, incurre en severas contradicciones como su alabanza a algunos regímenes dictatoriales latinoamericanos, aunque, por ejemplo, en su entrevista en “Visión Global” de NTN24, el 21 de octubre del corriente año, fustigó severamente a Cuba por no tener libertad de expresión y, con anterioridad, manifestó pensamientos interesantes en el reportaje que le hiciera Ron Paul, en “Ron Paul Channel”, el 3 de septiembre, también este año). De cualquier modo, el eje central de este texto consiste en sostener que la maravilla de nuestra época (Internet) puede convertirse en la tumba de las libertades individuales si no se frena el espionaje realizado principalmente por los aparatos estatales teóricamente encargados de velar por los derechos de las personas.

Para precisar este peligro del Gran Hermano orwelliano a través del espionaje que a esta altura de los acontecimientos es del dominio público, a continuación cito algunos de los comentarios de Assange en el libro de referencia que entiendo son suficientemente claros como para consumir tiempo en glosas. Recordemos el pensamiento de Benjamin Franklin de 1759 que uso como epígrafe en uno de mis capítulos de mi libro Estados Unidos contra Estados Unidos donde trato en detalle el problema de la seguridad: “Aquellos que renuncian a libertades esenciales para obtener seguridad temporaria, no merecen ni la libertad ni la seguridad”. En este sentido, hay un excelente artículo de Antonella Marty sobre la materia titulado “Los Estados Unidos de Barack Obama: ¿1776 o 1984?”

Paso entonces a las citas anunciadas: “Internet, nuestro mayor instrumento de emancipación, ha sido transformado en la más peligrosa herramienta del totalitarismo que hayamos visto […] De seguir su propio curso, en pocos años, la civilización global pasará a ser una distopía posmoderna de vigilancia”.

“La naturaleza platónica de Internet, los flujos de ideas e información está envilecida […] Sus pilares son cables de fibra óptica que se extienden a lo largo del suelo oceánico, satélites que giran sobre nuestras cabezas, servidores automáticos alojados en edificios de ciudades […] El Estado […] impedirá la independencia que habíamos soñado […] El Estado como sanguijuela en las venas y arterias de nuestra nuevas sociedades devorará toda relación expresada o comunicada […] un poder inimaginable”.

Los autores -igual que lo viene haciendo David Friedman y tantos otros intelectuales de fuste-  como defensa de los derechos de las personas principalmente frente al Leviatán que todo lo engulle a su paso, sugieren el extraordinario mecanismo de la criptografía (móvil) al efecto de convertir los mensajes en inviolables. Es de desear que este procedimiento pueda aplicarse a la brevedad para evitar convertirnos en seres expuestos de una manera total a las garras de las fenomenales estructuras de poder que nos consideran sus subordinados, súbditos sin el derecho elemental de conservar sus rincones privadísimos. Es para meditar con detenimiento.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.