LA LECCIÓN DEL PRINCIPITO Y LOS BIENES PÚBLICOS

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

“¡Ah -exclamó el rey al divisar al principito- aquí tenemos un súbdito! El principito se preguntó ¿Cómo es posible que me reconozca si nunca me ha visto? Ignoraba que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos.”

 

Este pensamiento que estampa Antoine de Saint-Exupery hace a la esencia de buena parte de los gobernantes en funciones de nuestra época. No se trata de seres humanos que hay que garantizar sus derechos sino de súbitos que deben obedecer a rajatabla las ocurrencias de  sujetos arrogantes que en lugar de actuar como mandatarios proceden como mandantes iluminados que imponen sus caprichos a quienes están supuestos de proteger.

 

El fenómeno resulta en un juego macabro en el que candidatos a ocupar puestos políticos también anuncian sus esperpentos para manejar a los demás ni bien accedan al poder, incluso los que se las dan de profesionales y técnicos economistas que se suelen disputar la escena para exhibir sus planes para los demás, hasta con decimales en cuanto a los resultados de sus engendros.

 

Parece que pasó aquella fórmula de que “el mejor gobierno es el que menos gobierna” de los Padres Fundadores estadounidenses o de políticos argentinos como Leandro Alem que insistía en sostener aquello de “gobernad lo menos posible, porque mientras menos gobierno extraño tenga el hombre, más avanza la libertad.”

 

Ahora los políticos en funciones machacan con que introducen nuevas y más extensas legislaciones porque “se preocupan por la gente” y demás sandeces superlativas, sin percatarse que cada intromisión fuera de la protección a la vida, la libertad y la propiedad de las personas se está perjudicando grandemente el progreso de cada cual.

 

Los planificadores de vidas y haciendas ajenas no conciben la armonía de intereses que opera en libertad, donde cada uno para satisfacer su interés debe satisfacer los intereses del prójimo. En lugar de esto se estampan regulaciones que traban cuando no eliminan  la posibilidad de acuerdos libres y voluntarios entre las partes.

 

Con el argumento de abusos que no ocurren si los marcos institucionales son congruentes con el respeto recíproco, entronizan los peores abusos y tropelías al tiempo que generan conflictos irreparables de intereses.

 

Ilustro este problema con lo que se han dado en llamar “bienes públicos” que justificarían el comienzo de las irrupciones de los aparatos estatales en la vida de los ciudadanos. He escrito antes sobre este tema que ahora reproduzco parcialmente y de modo muy simplificado (a riesgo que el asunto quede trunco en una nota periodística por lo que, si se desea profundizar el tema, sugiero mi ensayo “Bienes públicos, externalidades y los free-riders: el argumento reconsiderado” publicado en Santiago de Chile, Estudios Públicos, No. 71, invierno de 1998).

 

Se dice que un bien público es aquel que produce efectos sobre quienes no han participado en la transacción. Es decir, aquellos que producen efectos para terceros o externalidades que no son susceptibles de internalizarse. En otros términos, aquellos bienes que se producen para todos o no se producen puesto que no se puede excluir a otros.

 

Por ejemplo, un bien público sería un perfume agradable que usa una persona y que otros disfrutan, mientras que un bien privado sería el uso del teléfono que sólo beneficia al usuario. Asimismo, los bienes públicos tienen la característica de la no-rivalidad, lo cual significa que el bien no disminuye por el hecho de que lo consuma un número mayor de personas.

 

En nuestro ejemplo, no se consume el perfume por el hecho de que un número mayor de personas aproveche el aroma. En consecuencia, los principios de no-exclusión y no-rivalidad caracterizan al bien público, lo cual, a su turno, significa que tienen lugar externalidades, es decir, como queda dicho, que gente se beneficia del bien sin haber contribuido a su financiación (free-riders) o también, en otros casos, gente que se perjudica (externalidades negativas o costos externos) situación ésta última en la que los free-riders son los emisores de externalidades.

 

Es importante distinguir una externalidad negativa de una lesión al derecho. Si una persona planta y cosecha determinado bien que requiere sombra la cual es proporcionada por un vecino como una externalidad positiva, el día que ese vecino decide talar parte de su bosque y, por tanto, le retira la sombra al referido productor, esto último significará una externalidad negativa pero no una lesión al derecho puesto que el agricultor de marras no tiene un derecho adquirido sobre la sombra que originalmente le proporcionaba su vecino. Si, en cambio, el agricultor fuese asaltado por su vecino, estaríamos frente a una lesión al derecho (lo mismo ocurriría con los decibeles o emisiones excesivas de monóxido de carbono, para citar los ejemplos clásicos).

 

En cualquier caso, en este contexto, se mantiene que los bienes públicos deben ser provistos por el gobierno, ya que de ese modo, se continúa diciendo, los beneficiarios de externalidades positivas financiarían el producto en cuestión vía los impuestos. Y, por tanto, no habría free-riders y, por ende, desaparecería esa “falla del mercado” (la producción de externalidades no internalizables).

 

En este mismo hilo argumental se sostiene que si el gobierno no provee ese bien, el mercado no lo produciría o, si lo hiciera, sería a niveles sub-óptimos, puesto que los productores particulares tenderán a sacar partida de la externalidad especulando con la posibilidad de constituirse en un free-rider (es decir, a la espera de que otro sea quien lo produzca y, por tanto, cargue con los gastos correspondientes). Del mismo modo, se ha sostenido que en caso de una externalidad negativa el gobierno debe compensar la acción del responsable (free-rider).

 

En otros términos, el bien público constituye el argumento central del intervencionismo estatal que resulta en el  contexto de la lección de “El Principito” con que abrimos esta nota, ya que en esta línea argumental, el gobierno produciría la cantidad óptima del bien en cuestión que sería financiado por todos a través de impuestos con lo cual se internalizaría la externalidad y no habría free-riders ni costos ni beneficios externos sin internalizar. Tal vez el resumen más claro de esta posición esté expresada por Marcun Olson quien sostiene que “Un estado es, ante todo, una organización que provee de bienes públicos a sus miembros, los ciudadanos”.

 

Una primera mirada a la producción de bienes y servicios obliga a concluir que muchos de los provistos por los gobiernos tienen las características de bienes privados (en nuestro ejemplo anterior, el servicio telefónico, también el correo, la aeronavegación, etc.) así como también muchos de los que producen externalidades no internalizables son provistos por el sector privado (nuestro ejemplo del perfume, los edificios elegantes, etc.).

 

En verdad la mayor parte de los bienes y servicios producen free-riders, desde educación hasta el diseño de las corbatas. David Friedman considera que sus libros han hecho mucho por la sociedad abierta, incluso para aquellos que no los han adquirido (free-riders) de lo cual no se desprende que el gobierno debe intervenir la industria editorial. El mismo autor muestra que en el caso de la protección privada, las agencias que quieren diferenciar a sus clientes colocan letreros en las casas de quienes pagan el servicio.

 

Robert Nozick explica que las externalidades positivas derivadas de, por ejemplo, el lenguaje y las instituciones no autoriza a que se nos obligue a pagar sumas de dinero por ello. Por su  parte, Murray N. Rothbard señala la contradicción que se suscita en torno al tema del free-rider: “Vamos ahora al problema de los beneficios externos, la justificación que exponen los economistas para la intervención gubernamental. Muchos escritores conceden que el mercado libre puede dejarse funcionar en aquellos casos en donde los individuos se benefician a sí mismos por sus acciones. Pero los actos humanos pueden frecuentemente, aun inadvertidamente, beneficiar a terceros. Uno pensaría que este es un motivo de regocijo, sin embargo los críticos sostienen que esto produce males en abundancia”. A continuación el mismo autor señala las posiciones contradictorias por parte de quienes sostienen que el gobierno debería intervenir: por un lado se sostiene que el mercado produce egoístas y, por ende, el estado debería mitigar el efecto correspondiente, por otro, se sostiene que el gobierno debe actuar allí donde hay beneficios para terceros.

 

Es que en realidad somos free-riders en muchos sentidos. Nuestras propias remuneraciones se deben  a la acumulación de capital que realizan otros. Más aún, hay casos en los cuales se desea expresamente que no se internalice la externalidad como puede ser el caso de una mujer atractiva, lo cual, de más está decir, tampoco justifica la intromisión gubernamental.

 

Por otra parte, si se desea la internalización de la externalidad, ésta se llevará a cabo según sea el progreso tecnológico y en un contexto evolutivo tal cual ha ocurrido en los casos de la codificación de la televisión satelital y los censores en las ballenas. Respecto de la argumentación en cuanto a que los llamados bienes públicos deberían ser producidos por los gobiernos, como hemos mencionado, se sostiene que si éstos se fabricaran en el mercado estarían, en el mejor de los casos, sub-producidos. Pero debe tenerse en cuenta que para aludir a la “sub-producción” debe hacerse referencia a un parámetro y a un punto de comparación. En este sentido, es de gran importancia recordar la precisión que realiza el premio Nobel en economía James M. Buchanan respecto del concepto de eficiencia: “Si no hay criterio objetivo para el uso de los recursos que puedan asignarse para la producción como un medio de verificar indirectamente la eficiencia del proceso, entonces, mientras el intercambio sea abierto y mientras se excluya la fuerza y el fraude, el acuerdo logrado, por definición, será calificado como eficiente”.

 

Es que el proceso de mercado es la manifestación de millones de arreglos contractuales libres y voluntarios. Lo que desean las personas es lo que ponen de manifiesto a través de los pesos relativos que revelan en sus compras y abstenciones de comprar, por esto es que lo que desean hacer las personas con sus propiedades es, por definición, óptimo y lo sub-óptimo aparece en la medida en que las decisiones se apartan de esos requerimientos. Entonces, si existe coerción, la cantidad producida será necesariamente distinta de lo que hubiera elegido la gente si no se hubiera entrometido el gobierno.

 

La producción de determinados bienes y servicios podrá tener en cuenta, por un lado, el fastidio eventual que produce la existencia de free-riders y, por otro, el beneficio que reporta el bien o el servicio en cuestión y decidir en consecuencia. David Schmidtz explica que para realizar la producción de determinado bien puede llevarse a cabo un contrato en el que se garantiza que cada cuota-parte servirá para ese propósito siempre y cuando se llegue a la suma total requerida para el proyecto: “El propósito del contrato es garantizar a cada parte contratante que su contribución no será desperdiciada en un proyecto de bienes públicos que no cuenta con los recursos suficientes para llevarse a cabo”.

 

Es interesante hacer notar que cuando aludíamos al principio de la no-exclusión decíamos que, según Samuelson, una de las características del bien público es que se produce para todos o no se produce para ninguno: en esto, como dijimos, consiste el principio de no-exclusión. Pero como nos muestra Kenneth D. Goldin debemos analizar cuidadosamente qué significa en este contexto la palabra “todos” ya que “muy pocos bienes públicos están disponibles para todos los miembros del planeta”.

 

En última instancia, no parece haber un criterio para determinar en casos específicos qué bienes son públicos y cuáles son privados puesto que muchos de los considerados bienes públicos pueden ser “males” para ciertas personas dada la valorización subjetiva (lo que es un buen perfume para unos puede ser malo para otros e indiferente para quienes no tienen olfato).

 

En resumen, la lección de El Principito en el contexto de los llamados “bienes públicos” debe tomarse en cuenta para mitigar el desmedido avance del Leviatán.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba.

El supuesto “fracaso” de un mercado incompleto y el evidente fracaso del estado según Bruno Frey

Por Martín Krause. Publicado el 20/11/18 en: http://bazar.ufm.edu/supuesto-fracaso-mercado-incompleto-evidente-fracaso-del-estado-segun-bruno-frey/

 

Con los alumnos de Public Choice vemos a Bruno Frey en “La relación entre eficiencia y la organización política”, donde compara el fracaso del estado y el del mercado. En verdad, en el caso de este último, se trata más bien de su ausencia, por la ausencia de derechos de propiedad. También, por la comparación con una situación ideal que no existe ni podría existir :

“A. El fracaso del mercado

Los mercados privados competitivos no logran un óptimo de Pareto o un resultado eficiente cuando existen externalidades o bienes públicos o cuando las economías de escala llevan a los proveedores a una posición monopolista. Éste fue el mensaje de la teoría económica de posguerra, que gozó de general aceptación. En consecuencia, el gobierno (que, según se da por sentado, tiene que elevar al máximo el bienestar social) debe intervenir para obtener un resultado más eficiente. Después de haber llegado a esta conclusión, considerándola satisfactoria, los políticos obran en consecuencia, tanto en el nivel microestructural (e. g., nacionalizando empresas o llevando a cabo políticas estructurales) como en el macroestructural (adoptando una política fiscal y monetaria de neto corte keynesiano).

Esta concepción, que dominó la escena económica hasta fines de la década del sesenta y parte de la del setenta, todavía existe en la actualidad. Si bien no es sorprendente que muchos políticos continúen aprovechando esta invitación a aumentar las actividades gubernamentales, también comparten este punto de vista destacados representantes de la teoría económica. Por ejemplo, en el enfoque neoclásico de la economía pública, los impuestos y los precios públicos se determinan sobre la base del supuesto de que el gobierno eleva al máximo el bienestar social.

  1. El fracaso del gobierno

El advenimiento de la moderna economía política (que incluye la elección pública, el nuevo institucionalismo y el análisis de los derechos de propiedad y de los costos de transacción), en la que se da por sentado en todos los aspectos que el gobierno es un actor endógeno dentro del sistema político-económico, afectó notablemente la ortodoxia respecto del fracaso del mercado (por ejemplo, véanse los trabajos de Mueller, 1989; Eggertsson, 1990, y Frey, 1983). En este enfoque se analizan cuidadosamente las propiedades de los sistemas de toma de decisiones políticas.

El “Teorema de imposibilidad general” (Arrow, 1951, cuyo antecedente es Condorcet, 1795), que establece la conclusión fundamental de que bajo supuestos “razonables” no existe un equilibrio político entre opciones siempre que se tomen en cuenta las preferencias individuales, despertó gran interés entre los eruditos. Los resultados electorales revelan una inestabilidad cíclica; en el caso de los asuntos multidimensionales, pueden abarcar todo el espacio político, incluyendo los resultados ineficientes (McKelvey, 1976).

Otros fracasos políticos también han sido objeto de un profundo análisis: debido al problema de los bienes públicos involucrado, los votantes no tienen demasiados incentivos para informarse acerca de la política y para participar en los procesos electorales; el resultado medio de una elección resultante de una competencia perfecta entre dos partidos en general no es eficiente; no todos los intereses en juego tienen la misma capacidad de establecer grupos de presión política (Olson, 1965); y las burocracias y la búsqueda de rentas constituyen un elemento adicional para desnaturalizar las asignaciones destinadas a lograr eficiencia.

Sobre la base de estos y otros fracasos políticos se ha llegado a la conclusión de que el gobierno no puede superar las deficiencias del mercado. Lo que ocurre en la realidad es más bien que la intervención política impide aun más la eficiencia. Un ejemplo de esto es el incentivo gubernamental en favor de la creación de un ciclo de negocios (Nordhaus, 1989) que incremente sus posibilidades de reelección.

  1. El fracaso del gobierno es más significativo que el fracaso del mercado

La moderna economía política ha alcanzado resultados tan convincentes que en este momento los eruditos ortodoxos piensan que los fracasos del mercado tienen menos importancia que los fracasos políticos. Esta creencia se afianza aun más por el redescubrimiento de la proposición de Coase (1960) de que si los derechos de propiedad están bien definidos y los costos de transacción son bajos, las externalidades no impiden el funcionamiento de un mercado eficiente. Además, se considera cada vez más que las ganancias de las empresas monopolistas son un indicador de eficiencia en la producción. De estos resultados se desprende que los mercados funcionan bien y la política funciona mal (véase un análisis de este tema en Wintrobe, 1987, pp. 435-6, o en Wittman, 1989, pp. 1.395-6), y en consecuencia habría que reducir generalmente la intervención gubernamental o eliminarla por completo, reservando la asignación de recursos a los mercados privados.”

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

El derecho de propiedad y su violación

Por Gabriel Boragina Publicado el 23/9/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/09/el-derecho-de-propiedad-y-su-violacion.html

 

Desde todos los ángulos imaginables se reclaman con urgencia “políticas públicas” como supuesta y única panacea a los males sociales. En rigor, las “políticas públicas” se encaminan más a la violación de la propiedad que a su defensa, y por eso bien se ha dicho al respecto que:

“La propiedad puede violarse tomando el producto que cualquier propietario debe a sus tierras, a sus capitales, o a su trabajo. La propiedad se viola poniendo frenos al libre uso de las propiedades, pues las leyes establecen que la propiedad implica el derecho de uso. “[1]

Este derecho de uso debe entenderse en sentido amplio, que incluya lo que jurídicamente se distingue como uso por un lado y disposición por el otro. La propiedad, considerada desde el punto de vista económico, comprende ambos, es decir, tanto el uso como la disposición. Jurídicamente, en cambio, la disposición implica desprenderse de la propiedad del bien en cuestión mediante cualquier acto legalmente idóneo para tal fin, como pueden ser la venta, comodato, permuta, darlo en usufructo, etc.

“Igualmente, la propiedad es violada cuando se obliga a un propietario a cultivar algo, o a impedirle hacer cierto cultivo. Cuando se fuerza cierto modo de cultivo, o se prohíbe.”[2]

Hay muchos instrumentos sutiles mediante los cuales los derechos de propiedad pueden ser vulnerados. La manera en que la propiedad puede ser menoscabada encuentra diferentes graduaciones, que van desde un mínimo a un máximo total o absoluto, que es cuando se afirma que la propiedad ha sido por completo abolida.

Pero también lo puede ser en parte. Esta parte puede ser mayor o menor, y fuerza es reconocer que -hoy en día- la propiedad no es absoluta en ninguna parte.

Si solamente consideramos la mera existencia de impuestos en todos los países del orbe, tenemos que llegar a la forzosa conclusión que cualquier impuesto (por mínimo que sea) implica detraer en forma compulsiva todo o parte del fruto del trabajo de un particular. En esa misma proporción se puede decir que el derecho de propiedad del sujeto afectado se encuentra violado. Y esto es así porque el elemento compulsivo es inseparable del concepto de impuesto.

La propiedad implica que, todo propietario tiene el derecho a desprenderse de todo o parte de su propiedad de manera voluntaria. Este elemento (el de la volición) está ausente si en su lugar se incorpora su antítesis (la compulsión)- y esta última es de la esencia más pura del impuesto, cuyo mismo nombre resulta significativo en cuanto a denotar la privación del componente de voluntariedad.  Donde hay un impuesto hay un ataque al derecho de propiedad. Cuestión distinta es que algunos consideren ese ataque necesario. Resulta bastante difícil, hoy en día, encontrar personas que apoyen o sostengan que los impuestos han de ser suprimidos.

La gran mayoría de nuestros congéneres (como postura extrema) se limita a postular su moderación en lugar de su más completa derogación. Resulta a la mayoría inimaginable siquiera sustituir el régimen impositivo y reemplazarlo por contribuciones voluntarias al sostén de los gastos que se derivan por la provisión de los llamados bienes públicos (concepto en sí mismo también objetable). Creen que, en falta de compulsión, nadie proveería de tales “bienes públicos” ignorando que la misma categoría de “bienes públicos” es utópica, porque -en definitiva- tales supuestos “bienes públicos” no son gratuitos, ni se generan espontáneamente, sino que son fruto de la producción de algún ente privado, sea unipersonal o societario. Pero, en definitiva, ningún bien económico se produce “colectivamente”, sino privadamente, y sólo entendiendo el término “colectivo” como la suma de esfuerzos privados resulta aceptable el vocablo.

Cuando un productor o comerciante está vendiendo su elaboración, está haciendo público lo que antes era privado. Toda producción tiene como destino final el consumo, es decir, el uso público. Lo que no implica necesariamente que sea el “estado” el que deba dirigir el proceso económico, tal como hoy en día se lo concibe ampliamente.

Se pierde de vista, en definitiva, que es el mercado libre el único proveedor de bienes públicos, y que cuando la actividad de dicho mercado se busca limitar a través de diferentes imposiciones legales, o sea, cuando se procura que sea menos libre de lo que debería ser, estas “políticas públicas”, en realidad, están en los hechos atentando en última consecuencia contra la provisión de bienes públicos en cantidad diferente a la que el mercado considera satisfactoria, y también se omite que el mercado está formado por dos grandes grupos de personas : compradores y vendedores, ambos englobados -a su vez- en la categoría de productores.

Los bienes públicos no son más que bienes de producción privada que se ponen a disposición del público voluntariamente por el propio mercado. El gobierno sólo puede entorpecer esta función típica e inherente del y al mercado.

“También se viola la propiedad cuando se niegan ciertos usos del capital o maneras de invertir. Cuando se prohíbe la construcción sobre sus tierras, o se le impone una manera de construcción.”[3]

Ejemplo de lo primero es cuando se restringen o -directamente- se impiden ciertas actividades financieras o productivas en desmedro de otras. La prohibición puede adoptar diferentes formas. Por modelo, puede ser mediante una imposición legal que cercene ciertas inversiones, o bien a través de impuestos, como los tristemente célebres tributos al capital, o a sus distintas manifestaciones.

 Las reglamentaciones a las actividades financieras, por caso, restricciones para operar como bancos a personas o instituciones son otras de las múltiples maneras de violar la propiedad.

El supuesto siguiente alude a la industria de la construcción, que incluye construir o no hacerlo en determinados lugares o zonas que quizás no sean rentables para el constructor (muestra común son los denominados “polos de desarrollo” que no son de mercado, sino que obedecen solamente a criterios burocráticos). So pretexto de ordenamiento urbanístico los gobiernos vulneran a menudo este derecho de propiedad, reduciéndolo a su mínima expresión.

“Hay violación del derecho de la propiedad cuando después de invertir en una cierta industria la autoridad prohíbe esa misma industria, o se le imponen impuestos tan grandes que son iguales a los de una prohibición.”[4]

Estos patrones dan cuenta de lo que -en palabras lisas y llanas- no se trata más que de una confiscación de bienes. Ya que, en el primer caso, se induce a pérdida al inversor en la actividad que a posteriori se veda, y en el segundo se produce una consecuencia análoga, sólo que por medio de otra vía. Pero, en suma, ambas son confiscaciones.

“Es violación de la propiedad el prohibir el uso de las facultades humanas y la aplicación de sus habilidades y talentos, a excepción de cuando ellos son usados en contra de los derechos de terceros. Viola a la propiedad el hacer que un hombre se dedique a ciertas actividades cuando él considera de más provecho dedicarse a otras labores, por ejemplo, obligándole a realizar un servicio militar.”[5]

En estos supuestos, lo que el gobierno confisca es el talento y la voluntad humana. Y se nota, con suma claridad, que lo que se violenta es -en resumidas cuentas- la libertad individual. El vínculo entre libertad y propiedad es indisoluble, al punto tal que, si se desconoce una se está automáticamente excluyendo también la restante. No puede haber propiedad sin libertad ni esta sin aquella. Anulando una desaparece la otra. El hombre que no es libre no puede ser propietario de nada, ya que no lo es siquiera de su propia libertad.

[1] Eduardo García Gaspar. Ideas en Economía, Política, Cultura-Parte I: Economía. Contrapeso.info 2007. pág. 66

[2] García Gaspar, E. ibidem

[3] García Gaspar, E. ibidem

[4] García Gaspar, E. ibidem

[5] García Gaspar, E. ibidem

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

SE HA QUEBRADO EL PACTO POLÍTICO

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 12/8/18 en: http://gzanotti.blogspot.com/2018/08/se-ha-quebrado-el-pacto-politico.html

 

El pacto político no tiene nada que ver con las teorías contractualistas, que por lo demás no sé si alguna vez existieron como las presentan sus críticos. Esto es, no creo que nadie haya pretendido decir alguna vez que la sociedad humana es un conjunto de individuos que estaban lo más bien solos, hicieron un curso de Public Choice y luego decidieran unirse para defenderse mejor de algún atacante externo y-o porque decidieran que era la mejor manera de administrar ciertos bienes públicos.

El pacto político tiene que ver con un momento constitucional decisivo, que implica un consenso tácito sobre las obligaciones políticas, la limitación del poder y los derechos individuales que esa constitución va a proteger.

Me parece que el único pacto político realmente tal fue la Constitución de los EEUU. Los demás fueron intentos de imitación, muy buenos, algunos.

El pacto político garantiza la convivencia pacífica entre todos los ciudadanos, precisamente porque ese pacto presupone un horizonte cultural que los hace pre-suponer ciertos derechos en común.

Lo peculiar y extraordinario de los EEUU fue que su gran diversidad cultural pre-suponía que los individuos se reconocían los unos a los otros la libertad religiosa, de asociación y de expresión, que les garantizaba mutuamente su derecho a vivir según su propia conciencia, sin que nadie pudiera imponer sus convicciones a los demás.

Por ello, “……………Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances”.

Ahora bien, los “colectivos” de las ideologías totalitarias impiden el pacto político. Si un grupo de personas se cree representante de “la clase explotada”, o “la nación”, “el pueblo”, “la raza” (versiones diversas de la clase explotada) entonces obviamente NO admitirá en los otros, en los opresores, en los traidores a la patria, en los traidores a la raza o al pueblo, ningún tipo de libertad de expresión. Son los enemigos de un esquema intrínsecamente revolucionario.

Cuando Lenin lleva todo ello a su cruel revolución, al menos es coherente. No pretende imitar a los EEUU por fuera y ser totalitario por dentro.

Pero cuando en una democracia constitucional, gobierno u oposición se creen representantes de esos colectivos, surge una “grieta”, como aquí decimos, inevitable, esto es, se corta la gobernabilidad del sistema, y obviamente desaparecen los derechos individuales a la libertad de expresión y religiosa. Los otros ya no son ciudadanos que piensan diferente bajo el consenso de un mismo pacto político, sino que son los enemigos que hay que destruir. Y ello pasa al lenguaje: las disputas son violentas, son ellos o nosotros, se da el insulto, la manifestación violenta callejera, y el perseguirse mutuamente con un sistema judicial que ha degenerado hacia nuevos “derechos del explotado”: a no ser discriminado, a no ser ofendido, a no padecer el discurso del odio del otro, etc.

Por eso la Argentina no logró nunca un pacto político estable, y especialmente a partir de Perón, donde el antiperonista es el explotador que se opone a los derechos del pueblo. Perdón sabía perfectamente que lo suyo era incompatible con cualquier tipo de república constitucional. Por eso los peronistas más coherentes, por izquierda y por derecha, ven en la Constituciòn de 1853 (un fallido intento de imitar a EEUU, mal por fallido, bien por intento) una estructura “burguesa”, digna de las oligarquías locales adheridas al imperialismo yanqui.

Con esto se entiende bien, espero, que los nuevos colectivos explotados, esto es, las feministas radicales, los gays, los trans y los pueblos originarios contra el hetero-patriarcado capitalista explotador, quiebran el pacto político. Ellos no se consideran a sí mismos (como si lo hizo Martin Luther King) ciudadanos de una república liberal que plantean su derecho a la libertad de expresión, su derecho a la intimidad, su derecho de propiedad y de asociación, como cualquier otro ciudadano. Si esa fuera su lucha, son sencillamente parte del liberalismo clásico. Pero no: ellos creen que los que los demás somos miembros del hetero-patriarcado blanco capitalista explotador. Por ende, ¿por qué reconocernos libertad de expresión? No, debemos ser callados y prohibidos, porque nosotros, con nuestra sola presencia, odiamos y discriminamos violando estos nuevos y singulares “derechos”.

Se ha quebrado el pacto político. Tengamos conciencia de ello. Está pasando en EEUU, cosa especialmente terrible, porque es su origen, pero allí aún hay resistencias para “volver”. Los demás, que nunca “comenzamos”, ¿cómo vamos a explicar lo que sucede? Y los católicos, que aman, en público o en secreto, a Fidel Castro, Franco o Mussolini, ¿qué libertades van a defender cuando estos auto-considerados explotados intenten quitárselas? ¿Por qué van a defender libertades individuales que les son extrañas a su discurso, excepto se conviertan en los herejes del Instituto Acton?

Se ha quebrado el pacto político y por ello vamos muy mal. Lo terrible de la ley del aborto que estuvo a punto de sancionarse no era tanto el tema de la despenalización, sino el avance de una práctica obligatoria para los institutos privados. Lo mismo rige para la educación sexual, y lo mismo se viene ya para el uso de pronombres neutros. Lo que estos nuevos explotados quieren es que respetemos sus supuestos derechos so pena de ir presos. Y que aún demos gracias que no vamos directo hacia nuevas guillotinas.

Si no vemos bien este diagnóstico, los nuevos explotados nos pasarán por encima sin que siquiera sepamos por qué. Que nos pasen por encima, ok. Finalmente, en el mundo de Caín, el que tiene la fuerza es el que avanza. Bajar de un tiro a los que estamos parados sobre la primera enmienda de los EEUU, es morir dignamente como un samurai. Pero que bajen de un tiro a gente parada sobre su odio al liberalismo clásico, es otra cosa. Es matar a quien podría haber sido un aliado, que sólo pide libertad para su propio autoritarismo.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

Caps. 4 y 5: una introducción al análisis económico de la política. Las fallas del Estado pueden ser peores que las supuestas fallas de mercado

Por Martín Krause. Publicado el 24/6/18 en: http://bazar.ufm.edu/caps-4-5-una-introduccion-al-analisis-economico-la-politica-las-fallas-del-estado-pueden-peores-las-supuestas-fallas-mercado/

 

En toda sociedad hacen falta un mecanismo para permitir que se expresen las preferencias de los individuos y señales que guíen a los productores a satisfacerlas. En el caso de los bienes privados, hemos visto cómo el mercado cumple ese papel. También vimos que se presentan problemas para cumplirlo. En el caso de los bienes públicos, es la política: es decir, los ciudadanos expresan sus preferencias por bienes colectivos y hay un mecanismo que las unifica, resuelve sus diferencias (Buchanan 2009) y envía una señal a los oferentes —en este caso las distintas agencias estatales— para satisfacerlas. Como veremos, este también se enfrenta a sus propios problemas.

El siguiente análisis de las fallas de la política se basa en el espíritu de aquellas famosas palabras de Winston Churchill (1874-1965): “Muchas formas de gobierno han sido ensayadas y lo serán en este mundo de vicios e infortunios. Nadie pretende que la democracia sea perfecta u omnisciente. En verdad, se ha dicho que es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras que han sido ensayadas de tiempo en tiempo”.

Churchill nos dice que no hemos ensayado un sistema mejor, por el momento, pero que este no puede ser considerado perfecto. Por ello, cuando se ponen demasiadas esperanzas en él, pueden frustrarse, ya que la democracia no garantiza ningún resultado en particular —mejor salud, educación o nivel de vida—, aunque ciertas democracias lo hacen bastante mejor que las monarquías o las dictaduras.

Durante mucho tiempo, buena parte de los economistas se concentraron en analizar y comprender el funcionamiento de los mercados, y olvidaron el papel que cumplen los marcos institucionales y jurídicos de los Gobiernos. Analizaban los mercados suponiendo que funcionaban bajo un “gobernante benevolente”, definiendo como tal a quien persigue el “bien común”, sin consideración por el beneficio propio, y coincidiendo en esto con buena parte de las ciencias políticas y jurídicas[1]. Tal como define al Estado la ciencia política, tiene aquel el monopolio de la coerción, pero lo ejerce en beneficio de los gobernados.

Por cierto, hubo claras excepciones a este olvido. Inspirados en ellas, autores como Anthony Downs o James Buchanan y Gordon Tullock iniciaron lo que se ha dado en llamar “análisis económico de la política”, en el contexto de gobiernos democráticos, originando una abundante literatura. Su intención era aplicar las herramientas del análisis económico a la política y el funcionamiento del Estado, pues la teoría política predominante no lograba explicar la realidad de manera satisfactoria.

Uno de los primeros pasos fue cuestionar el supuesto del “gobernante benevolente” que persigue el bien común; porque, ¿cómo explicaba esto los numerosos casos en que los Gobiernos implementan medidas que favorecen a unos pocos? O más aún: ¿cómo explicar entonces que los gobernantes apliquen políticas que los favorecen a ellos mismos, en detrimento de los votantes/contribuyentes? Por último, ¿cómo definir el “bien común”[2]? Dadas las diferencias en las preferencias y valores individuales, ¿cómo se podría llegar a una escala común a todos? Esto implicaría estar de acuerdo y compartir dicha escala, pero el acuerdo que pueda alcanzarse tiene que ser necesariamente vago y muy general, y en cuanto alguien quiera traducir eso en propuestas específicas surgirán las diferencias. Por eso vemos interminables discusiones sobre la necesidad de contar con un “perfil de país” o una “estrategia nacional” que nos lleve a alcanzar ese bien común, pero, cuando se consideran los detalles, los “perfiles de país” terminan siendo más relacionados con algún sector específico o difieren claramente entre sí.

Los autores antes mencionados decidieron, entonces, asumir que en la política sucede lo mismo que en el mercado, donde el individuo persigue su propio interés, no el de otros. En el mercado, esa famosa “mano invisible” de Adam Smith conduce a que dicha conducta de los individuos termine beneficiando a todos. ¿Sucede igual en el Estado? Se piensa en particular en el Estado democrático, porque se supone que los Gobiernos tiránicos o autoritarios no le dan prioridad a los intereses de los gobernados.

Algunos economistas intentaron definir ese “bien común” en forma científica, como una “función de bienestar social”, pero sin éxito (Arrow 1951). Además, si hubiese alguna forma de definir específicamente ese bien común o bienestar general como una función objetiva, no importaría si es el resultado de una decisión democrática, de una decisión judicial o simplemente un decreto autoritario que lo imponga.

Como veremos, al cambiar ese supuesto básico, la visión que se tiene de la política es muy distinta: el político persigue, como todos los demás y como él mismo fuera de ese ámbito, su interés personal. No se puede definir algo como un “bien común”, un resultado particular que sea el mejor, pero sí se puede evaluar un proceso, en el que el resultado “bueno” sea aquél que es fruto de las elecciones libres de las personas. ¿Existe entonces un mecanismo similar a la “mano invisible” en el mercado, que guíe las decisiones de los votantes y las acciones de los políticos a conseguir los fines que persiguen los ciudadanos? Este enfoque, llamado en general “Teoría de la Elección Pública” (Public Choice) se centra en los incentivos. De ahí que también se le conozca como “análisis económico de la política”.

[1]. Esta visión, por supuesto, no es sorprendente. Madison (2001), por ejemplo, mostraba una posición clásica aun hoy muy popular, según la cual la búsqueda del “bien común” depende de la delegación del poder a los representantes correctos, no de la información y los incentivos existentes: “… un cuerpo de ciudadanos elegidos, cuya sabiduría pueda discernir mejor el verdadero interés de su país, y cuyo patriotismo y amor por la justicia harán muy poco probable que lo sacrifiquen a consideraciones parciales o temporales. Bajo tal regulación, puede bien suceder que la voz pública, pronunciada por los representantes del pueblo sea más consonante con el bien público que si fuera pronunciada por el pueblo mismo, reunido para tal propósito. Por otro lado, el efecto puede invertirse. Hombres de temperamento faccioso, prejuicios locales, o designios siniestros, pueden por intriga, corrupción u otros medios, primero obtener votos, y luego traicionar los intereses del pueblo”.

[2]. Muchos filósofos políticos han cuestionado este concepto. Entre los economistas, Hayek (1976 [1944]): “El ‘objetivo social’ o el ‘designio común’, para el que ha de organizarse la sociedad, se describe frecuentemente de modo vago, como el ‘bien común’, o el ‘bienestar general’, o el ‘interés general’. No se necesita mucha reflexión para comprender que estas expresiones carecen de un significado suficientemente definido para determinar una vía de acción cierta. El bienestar y la felicidad de millones de gentes no pueden medirse con una  sola escala de menos y más” (p. 89).Cap

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

¿HASTA DÓNDE LLEGA EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD EN EL MERCADO?

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 25/6/17 en: http://gzanotti.blogspot.com.ar/2017/06/hasta-donde-llega-el-principio-de.html

 

Capítulo XI de

ECONOMÍA PARA SACERDOTES, de Gabriel Zanotti y Mario Silar

Como vimos en el capítulo anterior, habría tres cuestiones donde el mercado necesariamente no podría llegar: bienes públicos, externalidades y redistribución de ingresos.

En este capítulo nos concentraremos en los dos primeros elementos. El problema de la redistribución de ingresos, especialmente delicado, será analizado separadamente en los últimos capítulos. Antes de aclarar de qué tratan estas cuestiones, recordemos a un viejo amigo: el principio de subsidiariedad.

Como se sabe, el principio de subsidiariedad es general, esto es, no se aplica solo a la economía, sino a toda estructura social. Por ejemplo, el episcopado NO debe hacer lo que sí pueden hacer las parroquias (aunque a veces no se cumple del mejor modo… J), y ello demanda saber la naturaleza de cada estructura social en cuestión. En efecto, si yo no sé, por ejemplo, qué es un rectorado, lejos estaré de saber qué es lo que no le corresponde.

Por lo tanto, resulta obvio que el estado no debe hacer lo que los particulares pueden. Pero aquí comienzan los debates: ¿qué es lo que los particulares pueden hacer, qué es lo que el mercado puede hacer?

Nos parece bien que esta sea una cuestión abierta entre los católicos. Esto es, no podemos esperar, obviamente, una proclamación pontificia, cuasi-dogmática, sobre hasta dónde debe llegar el mercado. Para ello necesitamos la legítima autonomía de las ciencias sociales y sus legítimos debates, y está bien que haya católicos que afirmen una cosa y otros, otra, porque su teoría económica es diferente.

Pero esto lleva a una cuestión en la cual sí todos los católicos –y esto es importante para sacerdotes y religiosos– podrían estar de acuerdo: que las diversas teorías económicas no pueden probar necesariamente que el mercado nunca puede llegar o siempre puede llegar a las tres cuestiones arriba referidas.

Intentaré demostrar el punto, al mismo tiempo que trataré de mostrar que el mercado puede estar abierto a todo ello, aunque no necesariamente “siempre”.

Primero, qué es un bien público.

Cuando alguien compra una lata de sardinas, esa lata no puede ser comprada por otro. Ello implica que esa lata es rival en consumo. No puede ser comprada por dos compradores al mismo tiempo.

A su vez si alguien compra una casa, solo el dueño puede entrar en ella. El dueño puede invitar a otros a pasar, pero los otros no pueden reclamar el derecho a entrar. O sea que rige sobre la casa lo que se llama principio de exclusión.

Estas dos características, rival en consumo y principio de exclusión, son típicas de los bienes privados que habitualmente se intercambian en el mercado.

En los bienes públicos, en cambio, no existe “rivalidad en el consumo” (por ejemplo, una puesta de sol, o el aire) ni tampoco rige el principio de exclusión (por ejemplo, el alumbrado de una calle).

Entonces se concluye muchas veces que el gobiernonecesariamente los tiene que proveer.

¿Debe ser realmente así?

No necesariamente, y allí está el punto.

Primero recordemos que hay bienes libres –de los cuales quedan pocos ejemplos– como la luz del sol o el aire, que casi no serían escasos en ciertas condiciones. En ese caso el tema del mercado o no mercado ni se plantea. La luz del sol en una mañana soleada no es provista ni por el estado ni por el mercado. Por ende si por bienes públicos se entiende bienes libres, el debate no se plantea.

El caso es que la mayoría de los bienes públicos son escasos (lo que analizábamos en el capítulo sobre “bienes económicos”), y por ende necesitan recursos escasos para su producción, venta y distribución.

Entonces, ¿cuál es el modo más económico de proveerlos?

Pongamos, por ejemplo, el caso de un puente. Puede ser que el estado lo provea, pero en ese caso deben tenerse en cuenta los impuestos cobrados para ello. Que, en ese caso, son pagados por todos, incluso por quienes no van a utilizar el puente (posteriormente analizaremos los tipos de impuestos existentes).

Si, en cambio, pagamos un peaje por el puente, a una empresa privada que lo administre, a primera vista nos va a parecer más caro, pero no es así: de hecho, ese costo es menor que todo el conjunto de impuestos, más las deudas y la inflación en las que a veces recurren los estados para sostener ese tipo de bienes. Y menos injusto, además, porque pagan el peaje solo los que utilizan el puente. O sea, un bien público siempre se paga. Que el bien público sea estatal y aparentemente “gratis” es una ilusión óptica. Siempre se paga, de un modo (impuestos) u otro (peaje), el asunto es cuál es el modo menos costoso para todos. No hemos mencionado además los problemas vinculados al control de gestión, la presencia de incentivos perversos y la tendencia a situaciones de abuso y arbitrariedad que se potencian cuando hay opacidad respecto de la identificación de responsabilidades. Siguiendo a la literatura económica científica y sin ánimos de caer en un discurso ideologizado, se debe admitir que el sector público es más proclive a padecer estos problemas de gestión.

Los bienes públicos “libres”, por lo demás, si se da el caso de que se vuelven escasos entonces surgirá el tema de su precio. Por ejemplo, el aire es un bien semi-libre en la Tierra (porque ya se paga por el aire NO contaminado), pero en una colonia terrestre en Marte, el aire respirable sería muy escaso y por ende muy caro. Ahora bien, en ese caso, ¿qué sería preferible? ¿Que lo proveyera una sola empresa estatal, con tendencia a la ineficiencia y a los problemas señalados en el párrafo anterior, o varias empresas privadas compitiendo por la provisión de aire? Obviamente la segunda solución es la mejor, aunque lamentablemente la influencia de los sesgos cognitivos nos haga mirar con sospecha la libre competencia entre empresas privadas. En efecto, tendemos a quedarnos solo con los problemas potenciales que ello puede implicar, y tendemos a creer que estos problemas pueden ser más graves –incluso a nivel moral– que los problemas inherentes a la gestión en el sector público…

Otros bienes públicos son super-abundantes circunstancialmente, por ejemplo, la tierra en extensiones no habitadas por el hombre. De acuerdo, pero a medida que crece la población, si no se encuentra un modo de establecer las propiedades (por ejemplo así fue el caso del alambrado y vallado en la Argentina del siglo XIX) la situación terminará siendo un caos. Cuanta mayor la escasez, mayor el precio, y más se necesita el mercado para que los precios, como vimos, señalen la escasez relativa de ese bien, y, si no existe monopolio “legal”, el resultado a lo largo del tiempo será socialmente positivo. Por ejemplo, ¿qué sucederá cuando haya suficiente capital y trabajo para explotar la totalidad del lecho marino? Mejor que esas tierras marinas sean privadas o de lo contrario no se podrá establecer cuál es su real escasez…, los problemas de descoordinación, mayor escasez por sobreexplotación que ello generará amenazará con destruir el lecho marino. En un caso así, todos terminaríamos estando en una situación peor.

Por lo tanto, no necesariamente los bienes públicos tienen que ser estatales. Los bienes públicos pueden ser perfectamente privatizables y ello para beneficio de toda la población. Recordemos lo dicho respecto de que la propiedad privada no es simplemente individual, pueden existir acuerdos institucionales “comunales”, que conservando los elementos positivos de la propiedad privada –control de gestión y responsabilidad– articulen voluntariamente la toma de decisiones de un grupo de personas, que sean las que decidan las reglas de juego sobre el uso, gestión y cuidado de ese bien comunal.

Lo mismo sucede con la mayor parte de los problemas medioambientales relacionados con la ecología. La contaminación tiene que ver precisamente con ciertas cosas que, al no ser de nadie excepto de los políticos, nadie cuida como corresponde. En general, por ejemplo, es fácil acusar al mercado de la contaminación de un lago, porque tanto personas como industrias tiran allí sus desechos. Pero claro, ¿quién es el dueño del lago? Nadie, excepto una oficina estatal que raramente se preocupa. El tema de los incentivos aquí es crucial. El tema de la propiedad es básico. Si alguien tira cosas sobre la pila bautismal, inmediatamente el sacerdote o los laicos de la parroquia se encargarán de que ello no ocurra más, porque eso es su propiedad y les preocupa (sin perjuicio de que el sacerdote o religioso interprete que la pila está puesta bajo “su cuidado” y que en ese sentido es “su” propiedad, no en el sentido de que pretendiera llevársela cuando le trasladaran de parroquia o regalársela a familiares cuando dejara de prestar servicios en la parroquia). Pero cuando las cosas no son de nadie, excepto de un estado lejano, la cuestión es al revés. Por lo tanto, en un caso así, que haya propietarios del lago, como por ejemplo algo como una “Sociedad de Amigos del Lago Atitlán”, sería una óptima solución al problema de su contaminación, una solución en la línea de lo que analizamos sobre la noción de propiedad privada comunal.

Con otras cosas el tema puede ser menos visible, pero hay que estar abierto a nuevas soluciones. Las energías sucias tendrían muchos sustitutos potenciales en un mercado abierto. Los empresarios que puedan proveer energía solar y eólica como sustituto de las empresas tradicionales de electricidad, ya estatales, ya privadas, tendrían un proyecto muy rentable en caso de que pudieran competir libremente, como corresponde a un mercado sin monopolios legales o prebendas estatales. Si no prosperan, es porque el estado se protege a sí mismo o protege a los proveedores habituales de electricidad. Igual sucede con todas las energías sustitutas del petróleo. Al mismo tiempo, el problema puede ir en la otra dirección –como de hecho ha ocurrido recientemente en algunos países, como es el caso de España, por ejemplo–: que el sector público subsidie las energías verdes y, como consecuencia no intentada, genere una burbuja que distorsione el mercado de la energía solar o eólica. De nuevo, esto ha terminado por generar graves problemas de sobreinversiones, falsas rentabilidades, burbuja y pinchazo del sector –con las dramáticas consecuencias en términos de desempleo y recursos malgastados. Esto es una muestra de lo complejo que resulta para el sector público “acertar” a ver cuáles serán los proyectos empresarios rentables y sostenibles. Se pueden tener muy buenas intenciones respecto de lo positivo que serían, desde un punto de vista medioambiental, las energías renovables pero simples subsidios y privilegios no constituyen una solución a largo plazo.

Supongamos, por lo demás, que un recurso natural se está agotando. Si sigue habiendo demanda de él –por ejemplo, el referido petróleo– el precio subirá, lo cual incentivará la búsqueda y descubrimiento, como dijimos, de potenciales sustitutos cuya comercialización empezaría a ser elevadamente rentable en este nuevo escenario. Aquí se observa de nuevo la importancia de atender a las consecuencias no intentadas. En efecto, en muchas ocasiones los subsidios a un determinado sector, aunque se implementen con buenas intenciones y con el pretendido objetivo de atender al bien común, terminan impidiendo la transmisión de información fidedigna –no olvidar que el sistema de precios actúa como un sistema de comunicación y señalización–, haciendo que resulten artificialmente rentables industrias que, sin la presencia de subsidios y ayudas, no lo serían; con lo que se terminan desincentivando proyectos de inversión en sectores alternativos.

¿Y el caso del aire? ¿Alguien puede ser el dueño del aire? No, claro, en este planeta, pero si alguien genera humo que invade tu propiedad, legalmente esa persona puede ser demandada. Si el sistema jurídico fuera eficiente, los costos jurídicos de transacción serían muy bajos, y por ende el emisor del humo, ante la amenaza de una sentencia en contra altamente costosa, tendría un incentivo para compensar a la persona damnificada por el humo que él ha emitido. El mismo razonamiento se puede aplicar a otros ámbitos, como la contaminación visual o sonora.

Por supuesto, corresponde al estado proveer un sistema judicial rápido y eficiente, pero también permitir la existencia de mediadores privados que de manera mucho más rápida puedan ayudar a ese tipo de negociaciones, y hallar soluciones a los conflictos.

En economía eso se llama “internalizar una externalidad”. Una externalidad es una consecuencia de una transacción comercial que tiene efectos sobre un tercero independientemente de la voluntad de este último, por eso se llaman efectos “externos”. Por ejemplo, si la parroquia compra una cocina y el humo llega a los departamentos lindantes, los dueños de estos últimos tienen un efecto (en este caso negativo) externo, porque no correspondió a una transacción comercial en la que ellos tuvieran algo que ver.

Ahora bien, llamar a un gobierno para que dicte una legislación sobre las cocinas, el humo, la polución etc., y crear una oficina estatal llena de gente para que se ocupe de su cumplimiento, es muy costoso, y ya hemos visto que el derroche de recursos atenta sobre todo contra los que menos tienen. ¿Por qué no ver, conforme al principio de subsidiariedad, lo que las partes involucradas pueden hacer por sí mismas? Por supuesto, si los vecinos tuvieran todos buena voluntad y espíritu cristiano, evitarían perjudicarse mutuamente. Pero vivimos en reinos que son de este mundo, aunque sean una peregrinación temporal hacia los otros. Supongamos que un vecino se compra una cocina y echa humo sobre los demás. La solución judicial, como dijimos antes, puede ser más rápida y eficiente, y las sentencias acumuladas crearían un incentivo para evitar atentar contra la propiedad de los otros con ese tipo de acciones. Por supuesto, todo esto implica un cambio en la mentalidad existente y en las funciones que presuponemos del gobierno, pero, vuelvo a decir, lo que está en juego es precisamente no derrochar recursos escasos. Además, si bien es cierto que los hombres no son ángeles, tampoco son demonios. Es preciso encarnar el optimismo antropológico y ser capaces de descubrir la potencialidad de creación de orden que anida en la cooperación voluntaria en el seno de la sociedad civil. Además, si bien es cierto que los ciudadanos no son ángeles ni demonios, lo mismo debe predicarse de los agentes gubernamentales. Es obvio que ellos no son demonios, sin embargo a veces impera todavía una visión demasiado angelizada de los agentes públicos. Los agentes gubernamentales, aunque digan con sinceridad preocuparse y velar por el bien común, no son inmunes ante los sesgos, prejuicios, puntos ciegos, problemas cognoscitivos y morales que aquejan a todos los mortales… no hay “expertos” que puedan permanecer a salvo de esto.

Por ello, es preciso advertir y recordar que el cuidado estatal de los problemas ecológicos es altamente costoso, no da resultados y quita los incentivos al cuidado del medio ambiente y a los pactos comerciales que podrían cuidar de nuestro planeta mucho mejor y más rápido que las interminables e inútiles discusiones y disposiciones de la ONU y los diversos organismos gubernamentales a nivel estatal y supraestatal al respecto.

Por supuesto que todo esto podría no suceder y, en una situación extrema, un gobierno podría intervenir si la vida y la propiedad de todos estuvieran en peligro –un terremoto, un incendio forestal de gran magnitud, un Tsunami, etc.,– pero no es esa la situación habitual. El comercio crea incentivos positivos, y hemos visto que esos incentivos, que lo que hacen es minimizar la escasez, tienen TODO que ver con el bien común y el principio de subsidiariedad.

Por lo tanto, cuando se afirma que el estado no debe hacer lo que los privados pueden hacer, hay que tener en cuenta que muchas veces, guiados por un prejuicio negativo, suponemos que los privados pueden hacer muy pocas cosas. La economía nos enseña que las potencialidades del comercio son más positivas de lo que suponemos. Es preciso adoptar una actitud humilde y conservar un genuino asombro ante la multiforme capacidad de creación de órdenes cooperativos que anida en la sociedad civil. Ahora bien, la economía no forma parte de la Revelación, pero por eso mismo, en relación a esta última, es un tema opinable, y si como religiosa, religioso, seminarista, sacerdote u obispo alguien piensa diferente, que tenga en cuenta que un laico puede pensar otra cosa, con toda la legitimidad de su competencia en los ámbitos temporales. El principio de subsidiariedad tiene un sano ámbito de opinabilidad en ese sentido. Creemos que la economía nos enseña que el mercado puede hacer más de lo que se piensa, pero si alguien piensa diferente, que no convierta su pensamiento en un dogma, en un ámbito donde, por definición, no puede haber solución o Palabra Revelada.

Sumario

El problema de los bienes públicos y las externalidades negativas que afectan al medio ambiente, para ser rectamente abordadas, requieren una adecuada comprensión del principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad, rectamente entendido, debe hacer énfasis en su parte positiva, es decir, que las instancias superiores de poder no hagan aquello que pueden –y deben– hacer las instancias inferiores. El principio de subsidiariedad permite entender en qué medida pueden existir soluciones de mercado para enfrentar los problemas que pueden surgir en el ámbito del cuidado de los bienes públicos y el medio ambiente.

 

En efecto, no es correcto pensar que los bienes públicos y el medio ambiente solo puedan ser protegidos a través de medidas coercitivas implementadas por la acción gubernamental. La sociedad civil tiene potencialmente una amplia batería de mecanismos creativos y cooperativos para enfrentar problemas que afloran en el caso de bienes públicos y en temas medioambientales. Estos temas ponen nuevamente de manifiesto una idea central: la necesidad de atender a las consecuencias no intentadas a la hora de analizar los escenarios de interacción humana. Al mismo tiempo, el análisis de las externalidades revela que la interacción humana no está exenta de dificultades. Sin embargo, apelar inmediatamente a la acción gubernamental no necesariamente constituye una solución sostenible a los problemas que pueden surgir en la interacción humana. No se debe olvidar, que la acción gubernamental tiende, por la propia lógica de su modo de ser, a generar una progresiva burocratización y formalización de los procesos involucrados en la cooperación social. Como consecuencia de ello, la acción gubernamental también genera problemas y distorsiones que es preciso tener en cuenta cuando se evalúe la necesidad de intervención gubernamental.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

Bruno Frey: La relación entre eficiencia y la organización política. El fracaso del estado es mayor que el del mercado

Por Martín Krause. Publicada el 7/6/17 en: http://bazar.ufm.edu/bruno-frey-la-relacion-eficiencia-la-organizacion-politica-fracaso-del-estado-mayor-del-mercado/

 

Con los alumnos de Public Choice vemos a Bruno Frey en “La relación entre eficiencia y la organización política”, donde compara el fracaso del estado y el del mercado. En verdad, en el caso de este último, se trata más bien de su ausencia, por la ausencia de derechos de propiedad. También, por la comparación con una situación ideal que no existe ni podría existir :

“A. El fracaso del mercado

Los mercados privados competitivos no logran un óptimo de Pareto o un resultado eficiente cuando existen externalidades o bienes públicos o cuando las economías de escala llevan a los proveedores a una posición monopolista. Éste fue el mensaje de la teoría económica de posguerra, que gozó de general aceptación. En consecuencia, el gobierno (que, según se da por sentado, tiene que elevar al máximo el bienestar social) debe intervenir para obtener un resultado más eficiente. Después de haber llegado a esta conclusión, considerándola satisfactoria, los políticos obran en consecuencia, tanto en el nivel microestructural (e. g., nacionalizando empresas o llevando a cabo políticas estructurales) como en el macroestructural (adoptando una política fiscal y monetaria de neto corte keynesiano).

Esta concepción, que dominó la escena económica hasta fines de la década del sesenta y parte de la del setenta, todavía existe en la actualidad. Si bien no es sorprendente que muchos políticos continúen aprovechando esta invitación a aumentar las actividades gubernamentales, también comparten este punto de vista destacados representantes de la teoría económica. Por ejemplo, en el enfoque neoclásico de la economía pública, los impuestos y los precios públicos se determinan sobre la base del supuesto de que el gobierno eleva al máximo el bienestar social.

  1. El fracaso del gobierno

El advenimiento de la moderna economía política (que incluye la elección pública, el nuevo institucionalismo y el análisis de los derechos de propiedad y de los costos de transacción), en la que se da por sentado en todos los aspectos que el gobierno es un actor endógeno dentro del sistema político-económico, afectó notablemente la ortodoxia respecto del fracaso del mercado (por ejemplo, véanse los trabajos de Mueller, 1989; Eggertsson, 1990, y Frey, 1983). En este enfoque se analizan cuidadosamente las propiedades de los sistemas de toma de decisiones políticas.

El “Teorema de imposibilidad general” (Arrow, 1951, cuyo antecedente es Condorcet, 1795), que establece la conclusión fundamental de que bajo supuestos “razonables” no existe un equilibrio político entre opciones siempre que se tomen en cuenta las preferencias individuales, despertó gran interés entre los eruditos. Los resultados electorales revelan una inestabilidad cíclica; en el caso de los asuntos multidimensionales, pueden abarcar todo el espacio político, incluyendo los resultados ineficientes (McKelvey, 1976).

Otros fracasos políticos también han sido objeto de un profundo análisis: debido al problema de los bienes públicos involucrado, los votantes no tienen demasiados incentivos para informarse acerca de la política y para participar en los procesos electorales; el resultado medio de una elección resultante de una competencia perfecta entre dos partidos en general no es eficiente; no todos los intereses en juego tienen la misma capacidad de establecer grupos de presión política (Olson, 1965); y las burocracias y la búsqueda de rentas constituyen un elemento adicional para desnaturalizar las asignaciones destinadas a lograr eficiencia.

Sobre la base de estos y otros fracasos políticos se ha llegado a la conclusión de que el gobierno no puede superar las deficiencias del mercado. Lo que ocurre en la realidad es más bien que la intervención política impide aun más la eficiencia. Un ejemplo de esto es el incentivo gubernamental en favor de la creación de un ciclo de negocios (Nordhaus, 1989) que incremente sus posibilidades de reelección.

  1. El fracaso del gobierno es más significativo que el fracaso del mercado

La moderna economía política ha alcanzado resultados tan convincentes que en este momento los eruditos ortodoxos piensan que los fracasos del mercado tienen menos importancia que los fracasos políticos. Esta creencia se afianza aun más por el redescubrimiento de la proposición de Coase (1960) de que si los derechos de propiedad están bien definidos y los costos de transacción son bajos, las externalidades no impiden el funcionamiento de un mercado eficiente. Además, se considera cada vez más que las ganancias de las empresas monopolistas son un indicador de eficiencia en la producción. De estos resultados se desprende que los mercados funcionan bien y la política funciona mal (véase un análisis de este tema en Wintrobe, 1987, pp. 435-6, o en Wittman, 1989, pp. 1.395-6), y en consecuencia habría que reducir generalmente la intervención gubernamental o eliminarla por completo, reservando la asignación de recursos a los mercados privados.”

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados. (Ciima-Eseade). Es profesor de Historia del Pensamiento Económico en UBA.