Archivos por Etiqueta: v

“Ser liberal de izquierda es una flagrante contradicción”

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 7/8/17 en http://www.visionliberal.com.ar/nota/4089-ser-liberal-de-izquierda-es-una-flagrante-contradiccion/

 

Es de interés reflexionar sobre el contraste que en general se observa entre la perseverancia y el entusiasmo que suscita el ideal autoritario y totalitario correspondiente a las variantes comunistas-socialistas-nacionalistas que aunque no se reconocen como autoritarios y totalitarios producen llamaradas interiores que empujan a trabajar cotidianamente en pos de esos objetivos (al pasar recordemos la definición de George Bernard Shaw en cuanto a que “los comunistas son socialistas con el coraje de sus convicciones”).

Friedrich Hayek y tantos otros intelectuales liberales enfatizan el ejemplo de constancia y eficacia en las faenas permanentes de los antedichos socialismos, mientras que los liberales habitualmente toman sus tareas, no digamos con desgano, pero ni remotamente con el empuje, la preocupación y ocupación de su contraparte.

Es del caso preguntarnos porqué sucede esto y se nos ocurre que la respuesta debe verse en que no es lo mismo apuntar a cambiar la naturaleza humana (fabricar “el hombre nuevo”) y modificar el mundo, que simplemente dirigirse al apuntalamiento de un sistema en el que a través del respeto a los derechos de propiedad, es decir, al propio cuerpo, a la libre expresión del pensamiento y al uso y disposición de lo adquirido de manera lícita.

Se ha dicho que la quimera de ajustarse a los cuadros de resultado en la contabilidad para dar rienda suelta a los ascensos y descensos en la pirámide patrimonial según se sepa atender o no las necesidades del prójimo, se traduce en una cosa muy menor frente a la batalla gigantesca que emprenden los socialismos.

Este esquema no solo atrae a la gente joven en ámbitos universitarios, sino a políticos a quienes se les permite desplegar su imaginación para una ingeniería social mayúscula, sino también a no pocos predicadores y sacerdotes que se suman a los esfuerzos de modificar la naturaleza de los asuntos terrenos.

Ahora bien, esta presentación adolece de aspectos que son cruciales en defensa de la sociedad abierta. Se trata ante todo de un asunto moral: el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros que permite desplegar el máximo de la energía creadora al implementar marcos institucionales que protejan los derechos de todos que son anteriores y superiores a la existencia del monopolio de la fuerza que denominamos gobierno.

El que cada uno siga su camino sin lesionar iguales derechos de terceros, abre incentivos colosales para usar y disponer del mejor modo posible lo propio para lo cual inexorablemente debe atenderse las necesidades del prójimo. En otros términos, el sistema de la libertad no solo incentiva a hacer el bien sino que permite que cada uno siga su camino en un contexto de responsabilidad individual y, en el campo crematístico, la asignación de los siempre escasos recursos maximiza las tasas de capitalización que es el único factor que permite elevar salarios e ingresos en términos reales.

Hay quienes desprecian lo crematístico (“el dinero es el estiércol del diablo” y similares) y alaban la pobreza material al tiempo que la condenan con lo que resulta difícil adentrarse en lo que verdaderamente se quiere lograr. Si en realidad se alaba la pobreza material como un virtud, habría que condenar con vehemencia la caridad puesto que mejora la condición material de receptor.

Algunos dicen aceptar el sistema de la libertad pero sostienen que los aparatos estatales deben “redistribuir ingresos” con lo que están de hecho contradiciendo su premisa de la libertad y la dignidad del ser humano puesto que operan en una dirección opuesta de lo que las personas decidieron sus preferencias con sus compras y abstenciones de comprar para reasignar recursos en direcciones que la burocracia política considera mejor. En la visión redistribucionista se trata a la riqueza como si estuviera ubicada en el contexto de la suma cero (lo que tiene uno es porque otro no lo tiene), es decir, una visión estática como si el valor de la riqueza no fuera cambiante y dinámica. Según Lavoisier todo se transforma, nada se consume pero de lo que se trata no es de la expansión de la materia sino de su valor (el teléfono antiguo tenía mayor cantidad de materia que el moderno pero el valor de éste resulta mucho mayor).

En la sociedad abierta o liberal solo cabe el uso de la fuerza de carácter defensivo, nunca ofensivo. Sin embargo en los estatismos, por definición, se torna imperioso el uso de la violencia a los efectos de torcer aquello que la gente deseaba hacer, de lo contrario no sería estatismo.

En el contexto de la sociedad abierta, como consecuencia de resguardar los derechos de propiedad se estimula la cooperación social, esto es, los intercambios libres y voluntarios entre sus participantes lo cual necesariamente mejora la situación de las partes en un contexto de división del trabajo ya que en libertad se maximiza la posibilidad de detectar talentos y las vocaciones diversas (todo lo contrario de la guillotina horizontal que sugieren los socialismos igualitaristas). Y en este estado de cosas se incentiva también la competencia, esto es, la innovación y la emulación para brindar el mejor servicio y la mejor calidad y precio a los consumidores.

Como hemos apuntado en otras ocasiones, la libertad es indivisible, no es susceptible de cortarse en tajos, es un todo para ser efectiva en cuanto a los derechos de la gente. Los marcos institucionales que aseguran el antedicho respeto resultan indispensables para proteger el uso y la disposición diaria de lo que pertenece a cada cual. Los marcos institucionales constituyen el continente y las acciones cotidianas son el contenido, carece de sentido proclamarse liberal en el continente y no en el contenido puesto que lo uno es para lo otro.

Entonces, ser “liberal de izquierda” constituye una flagrante contradicción en los términos, lo cual para nada significa que la posición contraria sea “de derechas” ya que esta posición remite al fascismo y al conservadurismo, la posición contraria es el liberalismo (y no el “neoliberalismo” que es una etiqueta con la que ningún intelectual serio se identifica puesto que es un invento inexistente).

Incluso para ser riguroso la expresión “ideal” que hemos colocado de modo un tanto benévolo en el título de esta nota, estrictamente no le cabe a los estatismos puesto que esa palabra alude a la excelencia, a lo mejor, a lo más elevado en la escala de valores, por lo que la compulsión y la agresión a los derechos no puede considerarse “un ideal” sino más bien un contraideal. Es un insulto torpe a la inteligencia cuando se califica a terroristas que achuran a sus semejantes a mansalva como “jóvenes idealistas”.

Lo dicho sobre la empresa arrogante, soberbia y contraproducente de intentar la modificación de la naturaleza humana, frente a los esfuerzos por el respeto recíproco no justifican en modo alguno la desidia de muchos que se dicen partidarios de la sociedad libre pero se abstienen de contribuir día a día en la faena para que se comprenda la necesidad de estudiar y difundir los valores de la sociedad abierta e incluso las muestras de complejos inaceptables que conducen al abandono de esa defensa renunciando a principios básicos del mencionado respeto que permite que cada uno al proteger sus intereses legítimos mejora la condición del prójimo.

La sociedad abierta hace posible que las personas dejen de preocuparse solamente por cubrir sus necesidades puramente animales y puedan satisfacer sus deseos de recreación, artísticos y en general culturales. De más está decir que esto no excluye posibles votos de pobreza, lo que enfatizamos es que la libertad otorga la oportunidad de contar con medicinas, comunicaciones, transportes, educación e innumerables bienes y servicios que no pueden lograrse en el contexto de la miseria a que conducen los sistemas envueltos en aparatos estatales opresivos.

Lo dicho en absoluto significa que deban acallarse las posiciones estatistas por más extremas que parezcan. Todas las ideas desde todos los rincones deben ser sometidas al debate abierto sin ninguna restricción al efecto de despejar dudas en un proceso de prueba y error que no tiene término. En eso estamos. Lo peor son las ideologías, no en el sentido inocente del diccionario, ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino como algo terminado, cerrado e inexpugnable que es lo contrario al conocimiento que es siempre provisional y abierto a posibles refutaciones. De lo que se trata es de pisar firme en los islotes de lo que al momento estimamos son verdades, en medio del mar de ignorancia que nos envuelve. Y esto no suscribe en nada la contradictoria postura del relativismo epistemológico que además de ser relativa esa misma posición, abriría la posibilidad de que una cosa al tiempo pueda ser y no ser lo que es y derribaría toda posibilidad de investigación científica puesto que no habría nada objetivo que investigar.

El concepto mismo de Justicia es inseparable de la libertad y de la propiedad. Según la definición clásica se trata de “dar a cada uno lo suyo” y lo suyo remite a la propiedad. El aludir a la denominada “justicia social” se traduce en una grosera redundancia puesto que la justicia no es mineral, vegetal o animal o, de lo contrario, apunta a sacarles por la fuerza sus pertenencias para entregarlas a quienes no les pertenece, lo cual constituye una flagrante injusticia.

Los socialismos proclaman que sus defendidos son los trabajadores (y los limitan a los manuales) pero precisamente son los más perjudicados con sus sistemas ya que el desperdicio de capital por políticas desacertadas recae principalmente sobre sus bolsillos. El liberalismo en cambio, cuida especialmente a los más débiles económicamente al atribuir prioritaria importancia que a cada trabajador debe respetársele el fruto de su trabajo sin descuentos o retenciones de ninguna naturaleza y en un ámbito donde se maximizan las tasas de capitalización y, consecuentemente, los salarios. El nivel de vida no se incrementa por medio del decreto sino a través del ahorro y la inversión, lo cual solo puede florecer en un clima de respeto recíproco y no someterse a megalómanos que imponen sus caprichos sobre las vidas y haciendas ajenas.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Anuncios

La mentira del “costo social”

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado  el 3/7/17 en: https://alejandrotagliavini.com/2017/07/03/la-mentira-del-costo-social/

 

Cuando un gobierno quiere hacer creer que es “market friendly” con el fin de atraer votos y, eventualmente, algún inversor despistado, utiliza la típica muletilla: “quisiera hacer ajustes, pero, dado el elevado costo social, es mejor postergarlas”. Postergación que, obviamente, nunca llega porque el gobierno está mintiendo.

Porque mantener al Estado grande le permite poner a los amigos a manejar empresas al estilo de YPF, dar empleo a millones de votantes, enormes ganancias a los empresarios amigos y, por cierto, seguir disfrutando de aviones privados, costosísimos viajes y demás. Porque lo cierto es que no existe tal “costo social”. Por el contrario, si las reformas no se realizan es inmediato el empobrecimiento y frustración de la gente.

La primera falacia es la de la desocupación. Naturalmente existe muchísimo trabajo para hacer, solamente el déficit habitacional llega a 12,2 millones de viviendas, y hay que sumar hospitales, escuelas, rutas, etc. No son los capitales -como se cree vulgarmente, como creen los economistas en este país de formación tan pobre- los que producen trabajo: el trabajo está allí, el capital solo aumenta la demanda de mano de obra -no el trabajo- provocando una suba en los salarios siendo el único modo de aumentarlos realmente, nunca por ley.

Las leyes que pretenden aumentar el salario provocan la desocupación porque, por ejemplo, prohíben que trabaje el que ganaría menos que el salario mínimo. O sea que, si el mercado no estuviera interferido por el poder de policía estatal (en base a su monopolio de la violencia, la violencia), el empleo sería naturalmente pleno y podrían despedirse todos los empleados estatales ya que serían inmediatamente absorbidos por el mercado.

La segunda de las grandes falacias es que no podría anularse el “asistencialismo” que realiza el Estado so pena de dejar desamparados a millones. Lo cierto es que este asistencialismo es pagado el gobierno que recauda por vía impositiva, inflacionaria y endeudándose. En cualquier caso, esta carga fiscal -por la ley de marginalidad- necesariamente es derivada hacia los extremos más pobres: o sea, el gobierno empobrece a los pobres para luego devolverles lo poco que queda tras pasar por una burocracia voraz.

Del 17% de presión tributaria que Argentina tenía hace 30 años, hoy llegaría a 32,6% del PIB. Según el World Economic Forum, los impuestos representan el 137,4% de las ganancias obtenidas por las empresas, o sea que el Estado gana 37,4% más que la misma empresa. Pero a esto hay que sumarle la inflación (lo que emite el Estado para sus gastos) y el endeudamiento que provoca un aumento en la tasa de interés que es pagado por el sector privado. Por caso, al menos el 38% del precio del pan son impuestos directos, a lo que hay que sumarle que la mano de obra y los insumos ya vienen inflados con impuestos. Así, no de otro modo, se llega a que en Argentina existan 5,6 millones de chicos pobres, según Unicef.

Para ver lo ridículo de las intervenciones coactivas -toda violencia destruye- del Estado miremos lo que ocurre con la vivienda. Gracias a los créditos hipotecarios apalancados desde el gobierno, aunque ya estaban caras, en un año las viviendas usadas aumentaron 7% y 12% las nuevas. Y se ha producido una burbuja: hoy conviene vender la casa propia, poner el dinero a plazo fijo y, con la renta, alquilar una propiedad más cara. Así, para “facilitar” el acceso a la vivienda, por vía impositiva -para financiar este sistema hipotecario- empobrecen a los más pobres y, encima, provocan un aumento artificial en el precio de las propiedades.

Por cierto, corresponde a la astucia política el ver cómo realizar estos ajustes. Por ejemplo, si bien hay que desregular completamente el mercado laboral antes de despedir empleados estatales, es muy probable que los gremios se opongan. Habrá que empezar, entonces, por liberar la actividad sindical, como hizo Reagan en EE.UU. provocando que el poder sindical se diluya en la competencia.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

¿Se puede controlar a la bestia indomable del gasto público? Dos ideas, entre otras, límites al déficit fiscal y al gasto

Por Martín Krause. Publicada el 26/6/17 en: http://bazar.ufm.edu/se-puede-controlar-la-bestia-indomable-del-gasto-publico-dos-ideas-otras-limites-al-deficit-fiscal-al-gasto/

 

Con los alumnos de la materia Economía e Instituciones vemos algunas de las conclusiones normativas del Public Choice, en particular propuesta para limitar el oportunismo político. Aquí van solamente dos:

1.            Límites al déficit fiscal

Se impone una prohibición o límite al déficit fiscal. En el primer caso no puede gastarse más de lo que ingresa, pero el Estado, como cualquier empresa, se maneja con un presupuesto anual que se espera cumplirá. Si el dinero recaudado no alcanzara a cubrir el gasto presupuestado, el Estado terminaría sin cumplir algunos contratos y paralizando ciertos servicios. Para evitar esto, se impone la necesidad que el presupuesto presentado para su aprobación no tenga déficit, luego puede haber algún desvío si durante el transcurso del ejercicio fiscal los ingresos o los gastos difieren de lo presupuestado.  Para que la prohibición de déficit tenga alguna credibilidad ese límite al desvío debe ser pequeño y también considerarse un mecanismo para que sea compensado. Es decir, si el ejercicio termina con déficit podría pensarse en que ese exceso se cubrirá en el ejercicio siguiente, o que si termina con superávit, pasa a formar una reserva que sirva para cubrir desvíos negativos en el futuro.

En cuanto a establecer un límite al déficit fiscal, se lo suele hacer en relación al PIB. Así, por ejemplo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, parte del  Tratado de Maastricht, establece un límite del 3% del PIB para los países miembros de la Unión Europea, un nivel superior impone la obligación de medidas correctivas. Argentina, promulgó una ley de “déficit cero” el 30 de Julio de 2001, pocos meses antes de que se desatara la peor crisis de su historia.

En este último caso la norma fue aprobada cuando ya era demasiado tarde. Pretendía ser más una señal que generara confianza en los mercados para que éstos siguieran financiado la renovación de la deuda argentina. En el primero, su incumplimiento por los países más importantes de Europa no generó suficiente credibilidad para las sanciones y no extraña que luego se desatara en la región una profunda crisis fiscal (2010-11) .

Una diferencia importante entre una y otra que analizaremos en mayor detalle adelante es el nivel constitucional de la norma. En el caso argentino era una ley aprobada por el Congreso, en el de la Unión Europea formaba parte de un tratado internacional. Algunos autores sostienen que cuanto más alto el nivel constitucional, mayor impedimento será para las conductas que se quieren evitar (mejor una ley a un decreto presidencial, mejor una cláusula constitucional a una ley, mejor un tratado internacional a una cláusula constitucional), pero la experiencia europea muestra que esto no es necesariamente así. Todo depende de dónde se encuentra el mayor poder de control sobre el cumplimiento de la norma. En el caso europeo, el tratado imponía un límite relativamente estricto pero con pocas posibilidades de control, generando un incentivo por parte de ciertos países a actuar como free riders de los esfuerzos de los demás. Ellos obtenían los beneficios de las garantías de estabilidad generadas por la UE, pero aplicaban políticas fiscales irresponsables con las que nunca podrían haber generado tal credibilidad por parte de los acreedores que financiaron esos déficits. El control más fuerte puede estar en manos de los votantes, como veremos en el punto 3.

La obligación de no incurrir en un déficit fiscal no necesariamente genera una restricción en el crecimiento del gasto público, ya que se lo puede aumentar al mismo tiempo que se aumenta la presión impositiva e igualmente se cumple con el requisito, y el Estado termina así llevándose una mayor parte de la riqueza producida por los ciudadanos. Para evitarlo se han propuesto límites al crecimiento del gasto y a la creación de nuevos impuestos o el aumento de las tasas de los existentes.

2.            Límites al crecimiento del gasto público

En este caso se establece un límite a su crecimiento, normalmente asociado a la evolución del PIB. Podría establecerse un límite algo por encima del crecimiento del PIB si se quiere que el gasto aumente en relación a ese indicador, igual para que se mantenga o menor para que se reduzca.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados. (Ciima-Eseade). Es profesor de Historia del Pensamiento Económico en UBA. 

Las contradicciones económicas del ex gobernador

Por Iván Carrino. Publicado el 1/6/17 en: http://www.infobae.com/opinion/2017/06/01/las-contradicciones-economicas-del-ex-gobernador/

 

La campaña para las elecciones legislativas ya está lanzada y el peronismo debate su reconstrucción después de dejar una economía al borde del colapso en 2015.

En ese marco, la puja pasa por si se hacen elecciones internas o se lleva a un único candidato. Curiosamente, los supuestos adalides de la democracia como Cristina Fernández y Daniel Scioli preferirían no ir a una elección interna abierta y decidir a dedo un candidato que represente la unidad.

En el ida y vuelta, fue el ex gobernador, ex motonauta y reciente licenciado en comercialización quien solicitó a su contrincante dentro del peronismo, Florencio Randazzo, que deponga sus ambiciones personales y trabaje por la unidad del movimiento.

Esta unidad debería girar en torno a cinco ejes, todos ellos relativos a la economía. De acuerdo con Scioli: “Es necesario que el peronismo, dentro de un gran frente nacional y popular” se reorganice “detrás de un compromiso basado en algunos puntos concretos: mercado interno, un freno al endeudamiento, un aumento a los jubilados, la baja de precios de alimentos y de las tarifas”. Como no podía ser de otra manera, estos cinco puntos son una maraña de contradicciones.

Frenar el endeudamiento implica necesariamente reducir el déficit fiscal. Así como la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario, el endeudamiento interno y externo es en todo momento y en todo lugar un fenómeno fiscal.

Sin déficit no hay deuda. Esto quiere decir que para reducir el endeudamiento Scioli debería proponer o bien subir los impuestos o bien reducir el gasto público. Claramente, esto se da de bruces con la idea del aumento a los jubilados o la baja de las tarifas. Un aumento del gasto previsional implica mayor gasto público. Todo esto en un marco donde el gasto social, que incluye jubilaciones, pasó del 18% al 31% del PBI entre 2004 y 2015. ¿Hay que subirlo más todavía?

Por otro lado, bajar las tarifas implica volver al esquema kirchnerista de congelamiento tarifario, lo que supone gastar más en subsidios para evitar que las empresas proveedoras quiebren. Este esquema, en el pasado, multiplicó por tres el gasto destinado a subsidios económicos; pasó del 2,3% al 6,7% del PBI.

Cuando Scioli lanza sus propuestas demagógicas de mayor gasto previsional o tarifas de servicios públicos más baratas, contradice su propuesta de menor endeudamiento. A menos que esté dispuesto a regresar al esquema “vanolístico” de emisión monetaria descontrolada. Si el gasto excesivo no se financia con deuda, entonces hay que emitir billetes, lo que genera inflación. Esto, por supuesto, entra en contradicción con otro de los puntos defendidos por la unidad peronista de Scioli: la baja del precio de los alimentos.

Una última cuestión que se suma a su propuesta de defender el mercado interno es el comentario de Scioli respecto de la necesidad de que el peronismo priorice lo que “en este momento necesita la gente: que defendamos su salario y su trabajo”.

Es paradójico que un peronista de ley sostenga esto. Es que, cuando dicho partido llegó al poder, el ingreso promedio de un argentino era 71% del de un australiano. En 2015, y tras gobernar nada menos que el 53% del tiempo, pasamos a ingresar sólo 43% del ingreso de un australiano. Es decir, pasamos de país casi rico a país de mitad de tabla.

Por último, entre 1975 y 2014 el salario real cayó 40% en el país (Kornblihtt y Seiffer, 2014). En ese período, cerca del 63% del tiempo transcurrió durante gobiernos peronistas. ¿Qué salario quieren defender si son principales responsables de su destrucción?

Los dichos de Scioli están llenos de inconsistencias y promesas incumplibles. Sin embargo, hay algo aún peor: esconden la gran responsabilidad del partido en la larga pero persistente decadencia económica y social argentina.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

MADURO, EL FASCISTA EMPEDERNIDO

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Aunque ya se sabía, acaba de confirmarse el fascismo superlativo del dictador Maduro al proponer el adefesio de una así denominada asamblea constituyente al mejor estilo de Mussolini con sus consabidas corporaciones en reemplazo del Parlamento republicano.

Debe reiterarse que el fascismo significa en su eje central que la propiedad puede estar registrada a nombre de particulares pero usa y dispone el gobierno. Por su parte,  el comunismo significa que directamente usa y dispone el aparato estatal. Este último régimen es más sincero, el primero es más solapado y por ello el de mayor éxito en el denominado mundo libre con la idea de engatusar a los distraídos (al fin y al cabo los fascistas son comunistas cobardes).

El fascismo aplica desde los sistemas educativos donde se habla de “educación privada” pero en gran medida es administrada por los ministerios de educación, hasta los taxis que son regenteados por las municipalidades en cuanto al color con que están pintados, las tarifas y los horarios de trabajo y así sucesivamente con comercios cuyo flujo de fondos son en última instancia dictados en parte importante por el Ejecutivo.

Es tan primitivo Maduro que la emprende contra supuestos fascistas porque no sabe de que se trata y no se miró en el espejo. No puede esperarse otra cosa de una persona que habla con los pajaritos y alude a “las millonas de personas” que piensa lo siguen, cuando, además, en el mejor de los casos se trata de alcahuetes que han dejado atrás la dignidad y esperan migajas del poder.

En momentos de escribir estas líneas han sido detenidos ochenta y cinco oficiales de las Fuerzas Armadas por mostrar su disconformidad con la tragedia que viene ocurriendo en Venezuela, a pesar de las purgas constantes y la suba de salarios a los oficiales por consejo de Cuba con la idea de mantener el control férreo en detrimento de las libertades y derechos de los venezolanos.

Aparentemente, junto con la esperada solidaridad de otros gobiernos al condenar el drama venezolano y no con la muy peligrosa ambigüedad del Vaticano y personajes como Rodriguez Zapatero, la única salida consistiría en ejercer el derecho a la resistencia a la flagrante opresión, primero la desobediencia civil y, luego, si fuera indispensable, el contragolpe de Estado a raíz del golpe manifiesto al Estado propinado por Maduro y su banda que han arrasado con todo vestigio de instituciones republicanas y democráticas que, entre otras muchas cosas, ha desconocido resultados electorales.

En esta nota voy a repetir parcialmente lo escrito en otra ocasión hace un tiempo, esta vez para centrar la atención en el caso venezolano de estos días donde la ciudadanía ha salido masiva y repetidamente a las calles a pesar de las muertes a manos de los sicarios de Maduro quien, como queda consignado, recibe instrucciones de los sátrapas cubanos.

Es de gran relevancia destacar que en la tradición liberal está presente la rebelión contra el abuso insoportable del poder. En la obra más conocida y citada de John Locke puede decirse que comenzó el tratamiento sistemático de esa tradición donde se subraya que “Aquél que ejerciendo autoridad sobrepasa el poder que le fue otorgado […] deja de ser juez y se le puede oponer resistencia, igual que a cualquier persona que atropella el derecho de otra por la fuerza”.

En este contexto, en Venezuela se trata de un contragolpe de Estado puesto que el golpe de Estado original lo dieron quienes avasallaron derechos atropellando instituciones clave de una República que, como es sabido, significa alternancia en el poder, transparencia en los actos de gobierno, responsabilidad de los gobernantes ante los gobernados, igualdad ante la ley anclada en el “dar a cada uno lo suyo” de la Justicia y división e independencia de poderes.

Por supuesto que pude suceder, y de hecho sucede, un golpe de Estado contra un sistema republicano, lo cual es condenable desde toda perspectiva moral, pero aquí nos referimos al contragolpe en el sentido explicado.

La tradición de la libertad se basa en el aspecto epistemológico del no sé socrático como razón para no entrometerse en las vidas y acciones legítimas de otros, además del aspecto ontológico del necesario respeto a las personas. El derecho romano y el common law constituyeron bases institucionales del espíritu liberal junto a las contribuciones de la Escolástica Tardía. Pero con Sidney y Locke, como queda expresado, comenzó la sistematización de los marcos institucionales que posteriormente Montesquieu fortaleció en esa primera etapa, especialmente resumida en su pensamiento en cuanto a que “una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa”.

La revolución estadounidense -un espejo en el que se miraron muchas de las naciones libres del planeta- tomó la idea del derecho de resistencia en su Declaración de la Independencia donde consigna claramente que “cuando cualquier forma de gobierno se torna destructivo para estos fines [los derechos inalienables de los gobernados], es el derecho del pueblo de alterarlo o abolirlo y constituir un nuevo gobierno y establecer su fundación en base a aquellos principios”.

De más está decir que la referida rebelión contra la opresión inaguantable debe hacerse con criterio prudencial para no caer en la misma situación (o peor) solo que con otros gobernantes como en la práctica han sido la mayor parte de las revoluciones, a diferencia de la norteamericana por la que se aplicó una política diametralmente opuesta a la autoritaria de Jorge III. Hasta el momento en los otros ejemplos, en el mejor de los casos se produjo un alivio más o menos transitorio para luego, en mayor o menor medida, recaer en que los aparatos estatales atropellaran los derechos vitales a la libertad y a la propiedad. Es de esperar que esto no suceda en el caso venezolano una vez finiquitado el gobierno (desgobierno) de Maduro.

Incluso en otros casos, la situación después de la revolución fue muchísimo peor, como he señalado antes respecto al ejemplo de la revuelta de Castro contra las tropelías inaceptables de Batista. En otras situaciones, el alivio fue grande como es el ejemplo de Hitler. Salvando las distancias, la revolución popular contra Ferdinand Marcos también permitió un paréntesis en el totalitarismo. Lo mismo va para el caso de la tiranía rosista en Argentina y, con independencia de los graves desbarranques posteriores, similar fenómeno ocurrió con la sublevación como consecuencia del sistema opresivo de Perón contra la libertad de prensa y las libertades básicas de las personas y también de otros dictadores latinoamericanos. Mucho antes que eso los movimientos revolucionarios independentistas (por ejemplo, constituye una sandez oponerse a la Revolución de Mayo en lo que luego fue suelo argentino contra un déspota que había reemplazado a otro en España). Las revueltas que desembocaron en el derrumbe del Muro de la Vergüenza en Berlín despertaron enormes esperanzas en los espíritus libres. Claro que hay cuestiones de grado que hacen diferencias por lo que no puede meterse todo en la misma bolsa.

Pero lo más importante es comprender que las sublevaciones no producen milagros, en casos extremos permiten espacios de mayor respeto que resultan muy efímeros si no hay ideas suficientemente sólidas como para reemplazar lo que venía ocurriendo. Si no es así, en definitiva, se habrán consumido energías y recursos sin resultados que compensen los sacrificios, los desgastes y conflictos que así se convierten en infructuosos.

La educación es la clave para contar con sociedades libres. Un traspié que obligue a sustituir el gobierno y llamar a elecciones en el plazo más rápido posible no hará que nada cambie si previamente no se han entendido y aceptado los fundamentos y la ventajas de la sociedad abierta.

No hay iluminados que deban imponer sus ideas a otros. No hay la contraproducente fantasía del “filósofo rey” sino la necesidad de establecer instituciones que dificulten el abuso del poder. Se trata de fortalecer las democracias entendidas como el respeto a los derechos de todos. No dictaduras electas ni cleptocracias basadas en la tiranía del número como fue el caso del chavismo con su adefesio del socialismo del siglo xxi y hoy la imposición de una férrea oligarquía, sino en la entronización del derecho de cada cual sin que energúmenos instalados en el gobierno se arroguen la facultad de manejar a su arbitrio las vidas y haciendas de los demás.

En esta instancia del proceso de evolución cultural, solo hay dos posibilidades de formas de gobierno: la democracia y el gobierno de facto. Esta última forma constituye una irregularidad puesto que se sale de la elección de la gente para sustentarse solamente en la fuerza. Todos los gobiernos de cualquier color o formato son de fuerza (de eso se trata), pero el que asume de facto lo es en mayor medida por la razón apuntada, situación que debe modificarse cuanto antes para volver a la normalidad democrática, no entendida como otra ruleta rusa: como queda dicho, la mayoría ilimitada que generaron los Chávez ahora convertida en una exigua minoría que todo lo pretende atropellar.

Por lo dicho es que con urgencia debe trabajarse en la educación a los efectos de la defensa propia, es decir, la imperiosa necesidad de entender que significa vivir en libertad y no simplemente declamar acerca de una democracia falsificada que de contrabando se transforma en otra forma de absolutismo.

Como muchas veces se ha señalado, no es conducente poner el carro delante de los caballos y dedicarse a los políticos del momento ya que naturalmente no aceptarán otro discurso que el que es capaz de digerir la opinión pública y si no se hace nada para modificarla en la dirección de una sociedad libre no puede esperarse un discurso distinto que el que conduce al abuso del poder. Si no hay los suficientes esfuerzos educativos se estará en una encerrona imposible de sortear.

En general hay pereza para dedicarse a las faenas de explicar y difundir los fundamentos éticos, económicos y jurídicos de vivir en libertad porque se piensa que es más rápido y eventualmente más lucido desempeñarse en la arena política. Esto no es cierto, si nos encontramos en un ámbito estatista es completamente inútil tratar de influir en los políticos del momento con ideas contrarias ya que inexorablemente serán rechazadas si es que los políticos pretenden seguir en ese oficio.

Se dice que es una tarea a largo plazo la educativa, pero si ese es el diagnóstico y la receta adecuada para revertir los problemas, cuanto antes se comience se acortarán los plazos. Es curioso pero en muchos casos desde hace décadas se viene recitando la misma cantinela sin percatarse que si se hubieran puesto manos a la obra ya estaríamos en el instante eureka, “el largo plazo”. No es mi autor favorito, pero Mao Tse Tung decía con razón que “la marcha más larga comienza con el primer paso”.

En resumen, la mejor manera de evitar los contragolpes de estado (generalmente fallidos en el sentido de la reincidencia o incluso el engrosamiento del estatismo) consiste en ocuparse de las tareas educativas mencionadas al efecto de despejar telarañas mentales, lo cual beneficia a toda la comunidad pero muy especialmente a los más necesitados.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

¿Otra vez regulación de los alquileres?

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 30/11/16 en http://www.cronista.com/columnistas/Otra-vez-regulacion-de-los-alquileres-20161130-0013.html

 

No se puede creer que, por unanimidad –es decir, macristas y oposición–, el Senado le haya dado media sanción a un proyecto para regular alquileres. Es como si se viviera en otro planeta. ¿No alcanzan las catástrofes que indefectiblemente han producido todas las legislaciones que han regulado alquileres en todas partes del mundo?

Las regulaciones compulsivas sobre alquileres naturalmente reducen sus valores artificialmente respecto a lo que hubieran sido si se respetaran los arreglos contractuales entre las partes.

Este aplanamiento forzoso de los alquileres por voluntad del Congreso estimula también artificialmente la demanda para alquilar, pero, por otra parte, indefectiblemente se reducirá la oferta con lo cual se producirá escasez en el mercado inmobiliario que, a su turno, afectará la construcción.

¿No es suficiente lo que ocurrió con las leyes peronistas de alquileres y desalojos que, de hecho, esquilmó a cientos de miles de familias de inmigrantes de sus ahorros que habían destinado para invertir en departamentos para alquilar de lo que dependía sus futuros?

Es que la grave enfermedad del voluntarismo está extendida en las cabezas de muchos burócratas: con solo desear un resultado lo legislan como si por arte de magia se produjera el desenlace que se pretende. Como se ha dicho, para esto es mejor no andar con rodeos e ir al grano y legislar la felicidad de toda la población.

Es de desear que este proyecto no pase la prueba de la Cámara de Diputados y es de suponer que a esta altura del partido la gente no coma vidrio con toda la experiencia vivida en tantos terrenos donde las demagogias han demostrado sus reiterados y estrepitosos fracasos.

Entre otros, el premio Nobel en Economía Friedrich Hayek ha explicado una y otra vez la arrogancia, la soberbia y la petulancia de gobernantes que pretenden coordinar el proceso de mercado por la fuerza, sin percatarse el orden espontáneo que subyace en el que el conocimiento está siempre disperso y fraccionado entre millones de operadores.

Precisamente Hayek en sus tres tomos de una de sus obras se dedica a diferenciar el derecho de la simple normativa y cómo, en este contexto, se destroza la idea de la Ley y el Orden para sustituirse por legislación y desorden.

Esta visión se complementa con una parte sustancial de la corriente de pensamiento conocida en su versión original como Law and Economics en la que resulta patente la íntima conexión entre dos campos tradicionalmente estudiados como independientes.

Esta separación altamente inconveniente ha hecho que el abogado considerara que su especialidad nada tiene que ver con los procesos de mercado y, a su vez, el economista estimara que su jurisdicción no tenía relación alguna con los marcos institucionales.

Las dos áreas son inseparables por lo que el que legisla tiene la responsabilidad de haber estudiado y entendido el estrecho correlato entre los mencionados campos de investigación.

En pleno siglo XXI no hay excusa para proponer leyes que en el mejor de los casos son ridículas y en el peor arruinan vidas y haciendas de aquellos que están obligados a representar.

El alarmante voluntarismo que pone de manifiesto el proyecto es digno del más escabroso escenario orwelliano.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

 

 

Grandes éxitos capitalistas de Fidel Castro

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 30/11/16 en: http://www.carlosrodriguezbraun.com/articulos/la-razon/grandes-exitos-capitalistas-de-fidel-castro/

 

Nos puede doler mucho a los amigos de la libertad, pero Fidel Castro fue un político de éxito en el mundo capitalista.

Dentro de los países en los que gobernaron, los comunistas dieron rienda suelta a una de sus dos características fundamentales: la violencia. Ningún sistema político asesinó a tantos trabajadores. Los comunistas acabaron con ellos a tiros, los sepultaron en terribles campos de concentración, y los mataron de hambre: las más mortíferas hambrunas padecidas nunca por el hombre fueron producidas por los comunistas, y fueron consecuencia de sus políticas anticapitalistas, a partir de las que aplicó Lenin hace casi un siglo.

Fuera de los países a los que sometieron dictatorialmente, los comunistas aplicaron sobre todo su otra característica fundamental: la mentira. Y con éxito. Hablando de campos de concentración, pruebe usted a recordar alguna película que haya visto sobre los campos de concentración comunistas, sobre las matanzas comunistas, sobre el hambre que provocaron los comunistas. Casi ninguna ¿verdad? Pues si eso no es un éxito, que venga Marx y lo vea.

El ex juez Baltasar Garzón es un héroe de los derechos humanos, es decir, del camelo conforme al cual se llama defender los derechos humanos a perseguir a Pinochet y a no haberle tosido jamás a Fidel Castro. Las dos cosas juntas definen los derechos humanos, y expresan el espectacular éxito de los comunistas en sus mentiras. Si le gusta a usted la literatura, le bastará con recordar que a Borges le negaron el Premio Nobel porque apoyó a Pinochet. Pero después se lo dieron a García Márquez, que respaldó la dictadura cubana hasta su muerte. A casi todo el mundo le pareció lógico y normal. Y así siguiendo…

O empezando, porque el éxito de Fidel Castro empezó antes de su entrada en La Habana el 1 de enero de 1959. Recuerdo de niño haber visto elogiosos reportajes en la revista Life sobre unos barbudos cubanos. En efecto, nadie hizo más por los criminales comunistas de Cuba que la prensa del país capitalista por excelencia, Estados Unidos, desde que Herbert Lionel Matthews, reportero y editorialista del New York Times, entrevistó a Castro en Sierra Maestra en 1957. El periodista, que fue crucial para convertir a Castro en un atractivo rebelde, insistió siempre que Castro no era comunista, y que lo único que en realidad quería era derrocar a Fulgencio Batista para celebrar…unas elecciones libres. En el lugar donde lo entrevistó, hay un monumento erigido por la dictadura en su recuerdo. Son comunistas, pero saben reconocer a sus amigos.

Dirá usted: es una excepción, porque la prensa siempre apoya el pensamiento crítico y la libertad. Piénselo mejor. Recuerde el tratamiento relativamente dulce que el comunismo suele recibir en los medios capitalistas. Y recuerde a Walter Duranty, que, junto con otros periodistas más famosos, en particular John Reed, brindaron un retrato idílico de los salvajes comunistas rusos de 1917. A ver: ¿en qué periódico trabajaba Duranty? ¿En qué periódico escribió unos reportajes repugnantes donde negó la hambruna generalizada que habían provocado los comunistas, siendo galardonado nada menos que con el Premio Pulitzer? Pues sí, claro que sí: en el New York Times.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.

EL MAGISTERIO PONTIFICIO Y SU DIFÍCIL EVOLUCIÓN HACIA LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA.

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 14/8/16 en: http://gzanotti.blogspot.com.ar/2016/08/el-magisterio-pontificio-y-su-dificil.html

 

ESE debería ser el título del libro Iglesia y Democracia del P. Gustavo Irrazábal (https://www.amazon.com/democracia-magisterio-universal-latinoamericano-Biblioteca-ebook/dp/B00WRPRAVI).

Porque a nadie llama la atención un título como “Iglesia y democracia”. ¿Cuál es el problema? Democracia, sí, claro.

Sí claro de ningún modo. Es increíble cuán rápido se olvida el pasado,  cuán fácil es carecer de conciencia histórica.

Hacia mediados del s. XIX, cuando el problema político de la Iglesia eran los estados pontificios versus el imperio napoleónico, cuando la línea moderada del liberalismo francés (Constant, Tocqueville, Montesquieu) había casi desaparecido bajo la influencia de Rousseau, cuando la evolución del liberalismo inglés era invisible tras el problema de “los malos anglicanos”, la reacción de la Iglesia contra “la democracia” fue frontal, casi inevitable. Ni qué hablar cuando Garibaldi derrotó al ejército del Papa (si: hace nada más que 146 años, los Papas tenían ejércitos). El “liberalismo” era entonces el pecado más horrible del mundo. Pío IX se atrincheró en San Pedro como prisionero del laico estado italiano y documentos como Quanta cura y el Syllabus parecían terminar para siempre cualquier diálogo posterior con el mundo moderno. La situación fue tan extrema que a los católicos italianos se les prohibió participar en la política italiana, prohibición que recién se levanta con el pontificado de Benedicto XV.

Las encíclicas de León XIII, que hoy serían vistas como muy autoritarias sin el lente de la conciencia histórica, fueron un progreso. Al menos reconocieron que la democracia como tal era una forma de gobierno “en sí misma” no condenable, y que los regímenes políticos democráticos debían ser distinguidos de las legislaciones anti-religiosas que en general los acompañaban en Europa. Hasta escribió una carta a los obispos norteamericanos, Longincua oceani, elogiando la situación de la Iglesia en los EEUU, al revés que en Europa. Se notaba allí la influencia de Mons. Dupanloup, tema casi desconocido en la actualidad.

Con San Pío X y con Benedicto XV la situación quedó en un impasse: ni mejoró ni retrocedió. Los católicos que quisieran seguir escupiendo a la democracia en nombre del magisterio pontificio lo siguieron haciendo tranquilamente, aunque los que abrevaban en los liberales católicos del s. XIX, una minoría insignificante en número (pero de plumas gloriosas como Lacordaire, Rosmini, Lord Acton, Ozanam, Montalerbert, Dupanloup), también encontraron algún apoyo en una interpretación más suave de algunos textos de León XIII.

Pío XI no ayudó demasiado, precisamente. Jamás desmintió las interpretaciones mussolinianas de su “orden corporativo profesional”, en su Quadragesimo anno, y su Quas primas no dejaba mucho lugar para la legítima autonomía de lo temporal.

Fue Pío XII el que dio un giro clave a la cuestión. Sumi pontificatus, Con sempre, Benignitas et humanitas, La constitución, ley fundamental del estado, Prensa católica y opinión pública, Comunidad internacional y tolerancia, fueron documentos que ya comenzaron a acompañar a las democracias cristianas de la post-guerra, a hablar de la sana laicidad del estado, a elogiar el constitucionalismo moderno, a hablar de la dignidad humana y derechos de la persona, y a acompañar a las libertades de culto proclamadas en constituciones modernas como opciones prudenciales de los estados en tanto una admisible tolerancia religiosa. Fue el único pontífice que nombró a los escolásticos de la Escuela de Salamanca. Incluso defendió a Jacques Maritain, el gran escritor de la democracia cristiana, ya en 1936, de una acusación de herejía que salió, cuándo no, de Argentina. No fue nada obvio. Tuvieron que pasar dos guerras mundiales, y tuvieron que clarificarse muchas cosas para que Pío XII pudiera comenzar a hablar de todo ello sin que Pío IX se levantara de su tumba y lo excomulgara.

Ya con Juan XXIII, cuya Pacem in terris parece un pequeño tratado de derecho constitucional, con el Vaticano II y con las posteriores intervenciones de Juan Pablo II, la legitimidad de la democracia constitucional, la sana laicidad del estado, la justa autonomía de lo temporal, el derecho a la libertad religiosa, y el reconocimiento a los procedimientos de la democracia deliberativa, comenzaron a ser temas casi no conflictivos. Excepto para el coherente Mons. Lefevbre, cuyo rechazo frontal a todo ello tuvo como motivo a una fiel interpretación de los aspectos más visibles de documentos del magisterio anterior,nudo gordiano que intentó solucionar Benedicto XVI en su impresionante documento sobre la hermenéutica de la continuidad y la reforma del Vaticano II, un documento crucial para toda la Iglesia, hoy olvidado y sumergido en el tsunami Francisco.

Pero no sólo eso: Gustavo Irrazábal se encarga de mostrar, con toda paciencia y calma, la casi imposibilidad de comprensión para las instituciones democráticas y republicanas, por parte de todos los documentos de las conferencias episcopales latinoamericanas, sumergidas en sus mundos de teología marxista de la liberación, primero, y luego en la teología del pueblo. Esta última, a pesar de sus méritos en los temas de religiosidad popular e inculturación cristiana de los pueblos pre-colombinos, no logra comprender la esencial diversidad cultural y religiosa de una república democrática, con su añoranza y firme fe en la unidad de un “pueblo católico” de cuyas entrañas surgirá la solución de los problemas temporales. También están analizados todos los documentos de las conferencias episcopales argentinas y sus dramáticas imposibilidades de comprensión de lo que es una república. Porque la república, gracias a Dios, huele a “liberalismo”, ese liberalismo que odiaron siempre, desde lo más íntimo de sus extrañas, más que al marxismo o al fascismo, con los cuales intentaron dialogar, por izquierda y por derecha, y así les fue, y así les va.

Todo esto es el libro de Gustavo Irrazábal. Su lectura es indispensable para cualquier católico que trate de entender algo del caos actual de la Iglesia, al menos en materia social.

 

Por lo tanto, ¿democracia?, no, nada fácil. Ahora bien, si la democracia ha sido tan difícil luego de la falta de distancia histórica de Gregorio XVI y Pío IX, imagínense el mercado. Desde el comienzo de la cuestión romana (Pío IX) hasta el Vaticano II pasaron 96 dramáticos años. Bastante rápido para los tiempos de la Iglesia. Para el tema del mercado libre aún no hemos pasado de 1931. La Centesimus annus fue enterrada, cremada y sus cenizas esparcidas al infierno. Calma, gente, es una buena noticia. El futuro llega, sobre la base de lo que escribamos HOY. Gracias Padre Irrazábal por escribir hoy.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

Educación estatal: con semejante estructura burocrática es imposible adaptarse a los cambios

Por Martín Krause. Publicada el 10/8/16 en: http://bazar.ufm.edu/educacion-estatal-con-semejante-estructura-burocratica-es-imposible-adaptarse-a-los-cambios/

 

Junto a Irene Giménez y Eloy Fisher, más otros colaboradores de Goethals Consulting en Panamá, hicimos un estudio, y luego un informe, sobre el papel de los emprendedores y de la educación privada en ese país, con el título “La iniciativa emprendedora en la educación: una alternativa menospreciada”. El sistema educativo panameño es muy similar al resto de América Latina, por lo que el análisis sirve también para otros países.

Aquí va parte de su contenido:

Esa estructura tampoco es flexible a la hora de reaccionar ante los acelerados cambios que se producen en la sociedad moderna: “En este sentido, el marco legal e institucional afecta la oferta de servicios de formación. Las reglas para la aprobación de nuevas carreras a nivel universitario hacen que el tiempo que transcurre entre la detección de una nueva necesidad y la graduación del primer egresado sea de aproximadamente 7 años ya que la aprobación de una nueva carrera toma de 2 a 4 años. Esta realidad limita significativamente la respuesta que puede darse a las demandas del mercado” (p. 102).

Este es un rasgo característico de la actividad emprendedora que se desarrolla en el ámbito del mercado: la capacidad que tiene el emprendedor de anticipar las necesidades del mañana y asumir el riesgo de llevarlo adelante. El mercado no está exento de “planificación”, ya que los emprendedores son quienes planifican la oferta futura, pero lo hacen en forma descentralizada, en forma de distintos planes que aprovechan el conocimiento disperso y verifican entonces su viabilidad. A diferencia de la política pública, el mercado no somete a toda la población a un ensayo en particular, llevando a todos al éxito o, la mayor parte de las veces, al fracaso; el mercado genera decenas de experimentos de los cuales se aprende y los consumidores seleccionan aquellos que mejor se adaptan a sus necesidades. Esto es particularmente cierto en el ámbito de la educación actual, cuando la tecnología y los servicios en red están revolucionando las metodologías para la enseñanza.

Un sistema que desde hace décadas hace profesión de fe de su misión en favor de los más pobres y necesitados, no llega a alcanzar esos objetivos después de haber destinado recursos millonarios. Se reconoce, por ejemplo, que estos sectores, particularmente los indígenas, reciben el peor servicio, y no es de extrañar que obtengan los peores resultados. Dice el Plan Estratégico (2014): “Las escuelas indígenas oficiales obtuvieron los resultados más bajos en todas las asignaturas evaluadas”.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

ECONOMÍA Y DERECHO: DOS LADOS DEL MISMO ASUNTO

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Resulta sumamente curioso cuando hay quienes se dicen liberales en cuanto a los marcos institucionales al tiempo que se definen como estatistas en economía. Esto constituye una flagrante contradicción. Los marcos institucionales son el continente, mientras que la economía es parte medular del contendido.

 

¿Qué sentido tiene pronunciarse por la libertad en el continente si será conculcada en el contenido? ¿Qué sentido tiene sostener que se es libre en derecho cuando no se puede disponer de los suyo en las acciones cotidianas? ¿Para que otra cosa es el establecimiento de las garantías del continente si no es precisamente para proteger el contenido?

 

La médula del continente reside en la protección de la propiedad privada que comienza con el propio cuerpo, sigue con la expresión del propio pensamiento y finaliza con el uso y la disposición de lo adquirido legítimamente por cada cual. Declamar sobre las libertades individuales en declaraciones altisonantes, orales y escritas en pomposos documentos de nada valen si no se concretan en la protección de las acciones diarias para que cada uno haga lo que le plazca con lo suyo siempre y cuando no se lesiones iguales derechos de otros.

 

Afortunadamente en muchos de los recintos universitarios del momento en Latinoamérica se ha incorporado la tradición anglosajona conocida como Law and Economics que si bien tiene diversas vertientes apunta a mostrar la íntima relación entre las dos áreas. Antes era común que se trataran como departamentos completamente separados, ahora en cambio se comprende que es indispensable que el abogado debe compenetrarse del proceso de mercado para poder manifestarse con rigor sobre marcos institucionales que comprenden de modo principal sus resoluciones y, asimismo, el economista no puede desconocer el significado vital para su profesión del derecho que rodea y protege la actividad económica.

 

Antes aquella separación tajante perjudicaba grandemente a las dos profesiones en lugar de comprender su estrecha vinculación que, nuevamente reiteramos, se refiere al continente y al contenido respectivamente. Hace años cuando fui el primer  no-abogado que ganó un concurso como profesor titular en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, uno de los miembros del claustro me dijo que no compartía esa designación mía por concurso porque la economía en esa casa de estudios la debía impartir un abogado. Frente a esa manifestación corporativa le pregunté si en el supuesto que hubiera que dictar una cátedra de derecho constitucional en una Facultad de Química la debía dictar un abogado o un químico a lo que sorpresivamente me respondió que “naturalmente” lo debía hacer un químico (!). Este es un caso de extrema insensatez pero era habitual aquella incomunicación (y en no pocos casos lamentablemente lo sigue siendo), pero conviene insistir en la imposibilidad de escindir el derecho y la economía al efecto de minimizar las respectivas incomprensiones que se traducen en daños irreparables en el nivel de vida de la gente que sufre los embates de una economía desquiciada en manos de legisladores que en definitiva destrozan marcos institucionales civilizados.

 

En otra oportunidad nos hemos referido al significado del derecho y ahora parcialmente lo reiteramos. Lo primero que debe decirse es que el derecho no es un invento del gobierno sino que es anterior y superior al monopolio de la fuerza que en esta instancia del proceso de evolución cultural es para proteger los derechos de los gobernados.

 

El derecho es consubstancial a la naturaleza del ser humano.  El hombre siempre actúa con la intención de pasar de un estado menos satisfactorio a uno que le proporcione mayor satisfacción. Esos estados de satisfacción son enteramente subjetivos y dependen enteramente de la estructura axiológica de cada cual. En este proceso el hombre busca la mayor incorporación de lo que estima son valores (que en realidad pueden ser desvalores si en definitiva le hacen daño). En una sociedad abierta cada uno asume la responsabilidad por lo que hace o deja de hacer.

 

Hay dos planos de análisis en esto: por un lado las apreciaciones o valorizaciones subjetivas de cada uno y, por otro, la objetividad de las cosas en el sentido de propiedades y relaciones que son independientemente de las opiniones de cada cual. El derecho es simplemente la facultad de las personas para seguir el curso que estime conveniente siempre y cuando no lesione derechos de terceros. Del mismo modo que las flores y los minerales tienen ciertas propiedades y características, el ser humano también las tiene.

 

En una sociedad abierta se da rienda suelta a lo que cada uno considera es su camino para ejecutar sus proyectos de vida siempre y cuando, como queda dicho, que no lesiones derechos de terceros. Y no es que el derecho tenga un límite, la destrucción del derecho ajeno no es un derecho.

 

Todo derecho implica como contrapartida una obligación. Si una persona obtiene un ingreso de mil,  la contratara es la obligación universal de respetar ese ingreso. Pero si esa persona demanda dos mil aun no los gane y el gobierno otorga esa facultad quiere decir que otro estará obligado a entregar la diferencia, lo cual lesiona su derecho, por tanto se trata de un pseudoderecho.

 

Desafortunadamente en la actualidad vivimos rodeados del otorgamiento de pseudoderechos: derecho a la educación no en el sentido de que cada uno puede educarse sino en el sentido que otros vecinos están obligados a financiar los estudios de terceros, y así en idéntico contexto el derecho a la vivienda, a hidratos de carbono o vitaminas, a un salario adecuado etc.

 

No hay posibilidad de contar con una sana economía si no existen normas que garanticen el respeto recíproco. Un ejemplo entre tantos: cuando las instituciones permiten que el aparato estatal estafe a la gente vía la manipulación monetaria, se distorsionan los precios relativos que a su turno engaña a los operadores económicos en su asignación de factores de producción y el consumo de capital correspondiente contrae salarios e ingresos en términos reales. Siempre que se habla de derecho se habla de justicia que significa “dar a cada uno lo suyo”  lo cual remite a la propiedad privada que, a su vez, es el eje central del proceso de mercado como veremos más abajo.

 

Hay cinco canales que son los más frecuentes para demoler el derecho. Telegráficamente considerados, se trata de las teorías del “abuso del derecho”,  “la lesión”, “la imprevisión”, “el enriquecimiento sin causa” y “la penetración” sobre las que han advertido todos los grandes tratados de derecho civil y estaban proscriptas en las normas escritas y no escritas de toda sociedad abierta en la que naturalmente se respeta el haz de contratos diarios e inseparables de la propiedad que se suscriben en las acciones cotidianas del hombre (de compra-venta, de enseñanza, de locación, de transporte, de mutuo, de mandato, de gestión de negocios, de fianza, de donación, societarios, aleatorios, de adhesión y así sucesivamente).

 

En el caso argentino, aquellas figuras fueron incorporadas al Código Civil en el gobierno de facto del general Onganía y sus defectos pueden subsumirse en la primera de ellas. La llamada “teoría del abuso del derecho” ha sido catalogada por autores como Planiol y Ripert como una logomaquía puesto que un mismo acto no puede ser simultáneamente conforme y contrario al derecho. Una nota del codificador argentino al Código Civil de 1869 apunta la irrevocabilidad del contrato al sostener que “dejaríamos de ser responsables de nuestras acciones si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros errores y todas nuestras imprudencias”.

 

Por su parte, la confiscación del poder judicial de las facultades del legislativo (el peligro del “gobierno de los jueces”) constituye un abuso que vulnera la división de poderes. En definitiva, ha escrito Bibiloni que “No hay sociedad posible si no hay el respeto a la palabra empeñada” que constituye el eje central de una sociedad abierta, lo cual implica el asumir todas las consecuencias de lo pactado.

 

Desafortunadamente en la mayor parte de las facultades de derecho, el positivismo jurídico ha hecho estragos y se ha perdido la noción de mojones o puntos de referencia de justicia extramuros de la legislación positiva, situación que conduce indefectiblemente al ensanchamiento de un Leviatán completamente desbocado, en desmedro de los derechos de las personas.

 

Por último, el centro de la actividad económica radica en el mercado que como bien se ha dicho no es un lugar sino un proceso del cual participan todos. Los economistas hemos incurrido en el error de sobresimplificar el concepto al hacerlo aparecer como un antroporfismo: “el mercado dice”, “el mercado prefiere” etc. como si se tratara de un fulano en lugar de puntualizar que se trata de un proceso en el que millones y millones de personas que interactúan entre si todos los días y en todos los lugares (y donde las autoridades no las dejan operar buscan refugio en el mercado negro). En este sentido,  el mercado somos todos.

 

La institución clave del mercado es la propiedad privada por la que se asignan los siempre escasos recursos de acuerdo a las votaciones diarias de la gente al poner de manifiesto sus preferencias y rechazos. No son posiciones irrevocables, se acrecienta o se disminuye la propiedad de cada cual en la medida en que se sepa satisfacer las necesidades del prójimo. El único modo de enriquecerse en una sociedad abierta es sirviendo al prójimo y el peor enemigo del mercado es el llamado empresario que se alía con el poder político para usufructuar de privilegios que siempre perjudican gravemente a la gente.

 

La redistribución de ingresos que realizan gobiernos a través de legislaciones que destruyen los antes mencionados pilares del derecho, inexorablemente consumen capital que, a su vez, disminuyen salarios e ingresos en términos reales puesto que el único factor que permite su elevación son las tasas de capitalización. La redistribución a través de los aparatos estatales necesariamente opera a contramano de la distribución original y voluntaria que llevó a cabo la gente en los supermercados y afines.

 

Al efecto de ilustrar lo puntualizado en esta nota periodística y hablando de antropomorfismos, menciono al pasar que un abogado y destacado representante de uno de los partidos que integran la alianza gobernante hoy en Argentina ha dicho textualmente en público y sin ruborizarse que “el Estado es la inteligencia de la sociedad” (será por eso que estamos como estamos los argentinos).

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.