LA LECCIÓN DEL PRINCIPITO Y LOS BIENES PÚBLICOS

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

“¡Ah -exclamó el rey al divisar al principito- aquí tenemos un súbdito! El principito se preguntó ¿Cómo es posible que me reconozca si nunca me ha visto? Ignoraba que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos.”

 

Este pensamiento que estampa Antoine de Saint-Exupery hace a la esencia de buena parte de los gobernantes en funciones de nuestra época. No se trata de seres humanos que hay que garantizar sus derechos sino de súbitos que deben obedecer a rajatabla las ocurrencias de  sujetos arrogantes que en lugar de actuar como mandatarios proceden como mandantes iluminados que imponen sus caprichos a quienes están supuestos de proteger.

 

El fenómeno resulta en un juego macabro en el que candidatos a ocupar puestos políticos también anuncian sus esperpentos para manejar a los demás ni bien accedan al poder, incluso los que se las dan de profesionales y técnicos economistas que se suelen disputar la escena para exhibir sus planes para los demás, hasta con decimales en cuanto a los resultados de sus engendros.

 

Parece que pasó aquella fórmula de que “el mejor gobierno es el que menos gobierna” de los Padres Fundadores estadounidenses o de políticos argentinos como Leandro Alem que insistía en sostener aquello de “gobernad lo menos posible, porque mientras menos gobierno extraño tenga el hombre, más avanza la libertad.”

 

Ahora los políticos en funciones machacan con que introducen nuevas y más extensas legislaciones porque “se preocupan por la gente” y demás sandeces superlativas, sin percatarse que cada intromisión fuera de la protección a la vida, la libertad y la propiedad de las personas se está perjudicando grandemente el progreso de cada cual.

 

Los planificadores de vidas y haciendas ajenas no conciben la armonía de intereses que opera en libertad, donde cada uno para satisfacer su interés debe satisfacer los intereses del prójimo. En lugar de esto se estampan regulaciones que traban cuando no eliminan  la posibilidad de acuerdos libres y voluntarios entre las partes.

 

Con el argumento de abusos que no ocurren si los marcos institucionales son congruentes con el respeto recíproco, entronizan los peores abusos y tropelías al tiempo que generan conflictos irreparables de intereses.

 

Ilustro este problema con lo que se han dado en llamar “bienes públicos” que justificarían el comienzo de las irrupciones de los aparatos estatales en la vida de los ciudadanos. He escrito antes sobre este tema que ahora reproduzco parcialmente y de modo muy simplificado (a riesgo que el asunto quede trunco en una nota periodística por lo que, si se desea profundizar el tema, sugiero mi ensayo “Bienes públicos, externalidades y los free-riders: el argumento reconsiderado” publicado en Santiago de Chile, Estudios Públicos, No. 71, invierno de 1998).

 

Se dice que un bien público es aquel que produce efectos sobre quienes no han participado en la transacción. Es decir, aquellos que producen efectos para terceros o externalidades que no son susceptibles de internalizarse. En otros términos, aquellos bienes que se producen para todos o no se producen puesto que no se puede excluir a otros.

 

Por ejemplo, un bien público sería un perfume agradable que usa una persona y que otros disfrutan, mientras que un bien privado sería el uso del teléfono que sólo beneficia al usuario. Asimismo, los bienes públicos tienen la característica de la no-rivalidad, lo cual significa que el bien no disminuye por el hecho de que lo consuma un número mayor de personas.

 

En nuestro ejemplo, no se consume el perfume por el hecho de que un número mayor de personas aproveche el aroma. En consecuencia, los principios de no-exclusión y no-rivalidad caracterizan al bien público, lo cual, a su turno, significa que tienen lugar externalidades, es decir, como queda dicho, que gente se beneficia del bien sin haber contribuido a su financiación (free-riders) o también, en otros casos, gente que se perjudica (externalidades negativas o costos externos) situación ésta última en la que los free-riders son los emisores de externalidades.

 

Es importante distinguir una externalidad negativa de una lesión al derecho. Si una persona planta y cosecha determinado bien que requiere sombra la cual es proporcionada por un vecino como una externalidad positiva, el día que ese vecino decide talar parte de su bosque y, por tanto, le retira la sombra al referido productor, esto último significará una externalidad negativa pero no una lesión al derecho puesto que el agricultor de marras no tiene un derecho adquirido sobre la sombra que originalmente le proporcionaba su vecino. Si, en cambio, el agricultor fuese asaltado por su vecino, estaríamos frente a una lesión al derecho (lo mismo ocurriría con los decibeles o emisiones excesivas de monóxido de carbono, para citar los ejemplos clásicos).

 

En cualquier caso, en este contexto, se mantiene que los bienes públicos deben ser provistos por el gobierno, ya que de ese modo, se continúa diciendo, los beneficiarios de externalidades positivas financiarían el producto en cuestión vía los impuestos. Y, por tanto, no habría free-riders y, por ende, desaparecería esa “falla del mercado” (la producción de externalidades no internalizables).

 

En este mismo hilo argumental se sostiene que si el gobierno no provee ese bien, el mercado no lo produciría o, si lo hiciera, sería a niveles sub-óptimos, puesto que los productores particulares tenderán a sacar partida de la externalidad especulando con la posibilidad de constituirse en un free-rider (es decir, a la espera de que otro sea quien lo produzca y, por tanto, cargue con los gastos correspondientes). Del mismo modo, se ha sostenido que en caso de una externalidad negativa el gobierno debe compensar la acción del responsable (free-rider).

 

En otros términos, el bien público constituye el argumento central del intervencionismo estatal que resulta en el  contexto de la lección de “El Principito” con que abrimos esta nota, ya que en esta línea argumental, el gobierno produciría la cantidad óptima del bien en cuestión que sería financiado por todos a través de impuestos con lo cual se internalizaría la externalidad y no habría free-riders ni costos ni beneficios externos sin internalizar. Tal vez el resumen más claro de esta posición esté expresada por Marcun Olson quien sostiene que “Un estado es, ante todo, una organización que provee de bienes públicos a sus miembros, los ciudadanos”.

 

Una primera mirada a la producción de bienes y servicios obliga a concluir que muchos de los provistos por los gobiernos tienen las características de bienes privados (en nuestro ejemplo anterior, el servicio telefónico, también el correo, la aeronavegación, etc.) así como también muchos de los que producen externalidades no internalizables son provistos por el sector privado (nuestro ejemplo del perfume, los edificios elegantes, etc.).

 

En verdad la mayor parte de los bienes y servicios producen free-riders, desde educación hasta el diseño de las corbatas. David Friedman considera que sus libros han hecho mucho por la sociedad abierta, incluso para aquellos que no los han adquirido (free-riders) de lo cual no se desprende que el gobierno debe intervenir la industria editorial. El mismo autor muestra que en el caso de la protección privada, las agencias que quieren diferenciar a sus clientes colocan letreros en las casas de quienes pagan el servicio.

 

Robert Nozick explica que las externalidades positivas derivadas de, por ejemplo, el lenguaje y las instituciones no autoriza a que se nos obligue a pagar sumas de dinero por ello. Por su  parte, Murray N. Rothbard señala la contradicción que se suscita en torno al tema del free-rider: “Vamos ahora al problema de los beneficios externos, la justificación que exponen los economistas para la intervención gubernamental. Muchos escritores conceden que el mercado libre puede dejarse funcionar en aquellos casos en donde los individuos se benefician a sí mismos por sus acciones. Pero los actos humanos pueden frecuentemente, aun inadvertidamente, beneficiar a terceros. Uno pensaría que este es un motivo de regocijo, sin embargo los críticos sostienen que esto produce males en abundancia”. A continuación el mismo autor señala las posiciones contradictorias por parte de quienes sostienen que el gobierno debería intervenir: por un lado se sostiene que el mercado produce egoístas y, por ende, el estado debería mitigar el efecto correspondiente, por otro, se sostiene que el gobierno debe actuar allí donde hay beneficios para terceros.

 

Es que en realidad somos free-riders en muchos sentidos. Nuestras propias remuneraciones se deben  a la acumulación de capital que realizan otros. Más aún, hay casos en los cuales se desea expresamente que no se internalice la externalidad como puede ser el caso de una mujer atractiva, lo cual, de más está decir, tampoco justifica la intromisión gubernamental.

 

Por otra parte, si se desea la internalización de la externalidad, ésta se llevará a cabo según sea el progreso tecnológico y en un contexto evolutivo tal cual ha ocurrido en los casos de la codificación de la televisión satelital y los censores en las ballenas. Respecto de la argumentación en cuanto a que los llamados bienes públicos deberían ser producidos por los gobiernos, como hemos mencionado, se sostiene que si éstos se fabricaran en el mercado estarían, en el mejor de los casos, sub-producidos. Pero debe tenerse en cuenta que para aludir a la “sub-producción” debe hacerse referencia a un parámetro y a un punto de comparación. En este sentido, es de gran importancia recordar la precisión que realiza el premio Nobel en economía James M. Buchanan respecto del concepto de eficiencia: “Si no hay criterio objetivo para el uso de los recursos que puedan asignarse para la producción como un medio de verificar indirectamente la eficiencia del proceso, entonces, mientras el intercambio sea abierto y mientras se excluya la fuerza y el fraude, el acuerdo logrado, por definición, será calificado como eficiente”.

 

Es que el proceso de mercado es la manifestación de millones de arreglos contractuales libres y voluntarios. Lo que desean las personas es lo que ponen de manifiesto a través de los pesos relativos que revelan en sus compras y abstenciones de comprar, por esto es que lo que desean hacer las personas con sus propiedades es, por definición, óptimo y lo sub-óptimo aparece en la medida en que las decisiones se apartan de esos requerimientos. Entonces, si existe coerción, la cantidad producida será necesariamente distinta de lo que hubiera elegido la gente si no se hubiera entrometido el gobierno.

 

La producción de determinados bienes y servicios podrá tener en cuenta, por un lado, el fastidio eventual que produce la existencia de free-riders y, por otro, el beneficio que reporta el bien o el servicio en cuestión y decidir en consecuencia. David Schmidtz explica que para realizar la producción de determinado bien puede llevarse a cabo un contrato en el que se garantiza que cada cuota-parte servirá para ese propósito siempre y cuando se llegue a la suma total requerida para el proyecto: “El propósito del contrato es garantizar a cada parte contratante que su contribución no será desperdiciada en un proyecto de bienes públicos que no cuenta con los recursos suficientes para llevarse a cabo”.

 

Es interesante hacer notar que cuando aludíamos al principio de la no-exclusión decíamos que, según Samuelson, una de las características del bien público es que se produce para todos o no se produce para ninguno: en esto, como dijimos, consiste el principio de no-exclusión. Pero como nos muestra Kenneth D. Goldin debemos analizar cuidadosamente qué significa en este contexto la palabra “todos” ya que “muy pocos bienes públicos están disponibles para todos los miembros del planeta”.

 

En última instancia, no parece haber un criterio para determinar en casos específicos qué bienes son públicos y cuáles son privados puesto que muchos de los considerados bienes públicos pueden ser “males” para ciertas personas dada la valorización subjetiva (lo que es un buen perfume para unos puede ser malo para otros e indiferente para quienes no tienen olfato).

 

En resumen, la lección de El Principito en el contexto de los llamados “bienes públicos” debe tomarse en cuenta para mitigar el desmedido avance del Leviatán.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba.

VENEZUELA EN LA MIRA

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Recién me acabo de comunicar en Caracas con Rocío Guijarro,  la directora ejecutiva de CEDICE (Centro de Divulgación del Conocimiento Económico), amiga de la libertad cuya institución viene haciendo mucho por la formación de mentes liberales con el invalorable apoyo de otros amigos de gran calado. En 2013 esa entidad publicó un libro de mi autoría titulado El liberal es paciente, en el que, entre otras cosas, intentaba mostrar el valor de la perseverancia para derrotar a megalómanos como el que hoy está instalado en el poder en Venezuela que sigue la línea socialista del comandante fallecido quien comenzó con toda la debacle que es de público conocimiento.

 

Y no es que antes de eso las cosas eran color de rosa, al contrario los partidos tradicionales fueron un tremendo fracaso y con sonados casos de alarmante corrupción. Pero, claro está, el modo de resolver los problemas no consiste en acentuarlos sino en cambiar de rumbo. El record mundial de inflación, los controles de aspectos cruciales de la vida y las haciendas de la gente, los presos políticos, los despilfarros, la ausencia hasta de papel higiénico, las larguísimas filas para poder acceder a algunos alimentos, los cortes de agua corriente y electricidad, la completa sumisión de la prensa y los medios de comunicación, la caída drástica en las inversiones y en general el sufrimiento de los más necesitados ha sido la regla en estos años de opresión salvaje.

 

Frente a esta situación solo caben dos caminos: ejercer el derecho a la resistencia frente a gobiernos que estrangulan todo vestigio de libertad (lo cual proviene de una larga tradición plasmada en la Declaración de la Independencia estadounidense) o, lo que afortunadamente pudo hacer el pueblo venezolano, que es la derrota a los impostores de la democracia a través de las urnas. Esta es la paciencia que se sugirió frente a un Leviatán invasivo, lo cual dio sus frutos con unas elecciones legislativas que habrían otorgado la mayoría calificada de los dos tercios requerida, entre otras muchos propósitos, para rectificar los poderes especiales otorgados al sátrapa del momento, convocar a una Asamblea Constituyente para dejar sin efecto los dislates del chavismo e incluso la opción de llamar a un referéndum revocatorio contra el presidente en ejercicio.

 

Todo lo cual no quiere decir que no deba estarse muy atento porque el actual gobierno es capaz de cualquier zancadilla en cualquier momento con el soporte del aparato cubano que ya ha declarado su incondicional apoyo a los perdedores en esta contienda electoral. El presidente de la Asamblea Nacional que ahora cesa en sus funciones, en reunión de gabinete, al conocerse los resultados del escrutinio, propuso convocar a los secuaces del partido gobernante y salir con armas a la calle, lo cual afortunadamente no prosperó debido a la decidida oposición de un camarada del ejército con mando de tropa.

 

Es de desear que los partidos heterogéneos reunidos en la oposición sepan calar hondo en dirección a una sociedad abierta y en su momento no se les ocurra implantar un “socialismo moderado” lo cual conducirá a otro fracaso estrepitoso en lugar de adoptar el atractivo de la libertad y el respeto recíproco.

 

El tema de fondo es educativo, por ello es que celebramos la faena que viene realizando sistemáticamente el antes mencionado CEDICE, especialmente en recintos universitarios y con la publicación de numerosos trabajos y seminarios varios. También es de destacar la palabra de tantos venezolanos que a pesar de las trabas y amenazas se expresan con franqueza y abren caminos fértiles. Incluso hay medios como “El Diario de Caracas” y otros que dan la pelea cotidianamente y que incorporan columnistas que apuntan a poner de manifiesto los valores éticos, económicos y jurídicos de la sociedad libre.

 

Mientras ocurre lo que ocurre en el plano político, es menester que se afine el lápiz para establecer nuevos límites institucionales al poder puesto que está visto que una mal entendida democracia ha interpretado que una vez obtenida la mayoría pueden hacer tabla rasa con todos los derechos individuales, al tiempo que asaltan la Justicia y todos los organismos de contralor, incluyendo a los tribunales electorales.

 

Por otra parte, es indispensable entender cabalmente el significado del derecho al efecto de precisar la idea en el contexto del continente que son los marcos institucionales y el contenido que también comprende a los procesos de mercado. En ésta línea argumental, tengamos en cuenta que el derecho es inseparable de la Justicia y ésta significa “dar a cada uno lo suyo” lo cual remite a la propiedad privada que, a su vez, constituye el eje central del mercado.

 

Con las más diversas pantallas se han sido incorporando en la legislación venezolana políticas que ponen en jaque a marcos institucionales civilizados y también se desconocieron de modo flagrante los principios de la garantía de la cosa juzgada, la irretroactividad y la incorporación de los mal llamados  “derechos sociales” que significan pseudoderechos ya que, al concederlos, necesariamente dañan los derechos de terceros al no tener en cuenta que a todo derecho corresponde una obligación y si estas resultan contrarias al derecho de otros, inexorablemente se perjudica seriamente el andamiaje jurídico con lo que, además, se afecta a quienes se pretende mejorar en su condición.

 

En Venezuela,  los comisarios del momento ni siquiera alegan fundamentos para sus desvaríos sino que proceden al atropello a los derechos de las personas sin dar explicación alguna como no sea escudado en “la soberanía” de los aparatos estatales sin percatarse que la soberanía reside en los gobernados. Cualquier imitador de los Hitler de este mundo que asume el poder con suficiente apoyo electoral convierte su legislación pervertida en “normas de justicia”, y esto es lo que se ha repetido en el caso venezolano.

 

Reiteramos aquí algo de lo dicho antes sobre el rol del gobierno y colaterales. En realidad, el rol y las funciones del monopolio de la fuerza que llamamos gobierno se instituyó luego de que buena parte de la humanidad pudo sacarse de encima los faraones, emperadores y similares, para en su lugar ofrecer seguridad y justicia, es decir, para proteger los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, tal como rezan todos los documentos fundamentales de las sociedades abiertas.

 

Pero henos aquí que de un largo tiempo a esta parte, las funciones de los aparatos estatales se han ido ensanchando hasta cubrir los espacios más íntimos de las personas, con lo cual, en lugar de proteger derechos, los gobiernos se han convertido en los principales enemigos de los gobernados y estos, siempre encerrados en el dilema del “menos malo”,  sufren los embates de forma reiterada.

 

El tema medular consiste en que se confunde la naturaleza del debate. Se discute si es bueno o malo para las personas tal o cual decisión y de allí irrumpe un salto lógico inaceptable: si se piensa que es bueno se concluye que el monopolio de la fuerza lo debe imponer. Esto es inaceptable para la dignidad y la autoestima de personas cuya característica central es rechazar el entrometimiento de una niñera forzosa que anula la imprescindible libertad de cada uno, lo cual conlleva la responsabilidad individual.

 

En la dieta alimenticia, en las finanzas, en el deporte, en el mundo cibernético, en la educación, en la cinematografía, en el periodismo, en la agricultura, en el comercio y en todo cuanto pueda ocurrirse está presente el Leviatán con sus garras demoledoras y todo “para el bien de la gente”.

 

En una sociedad abierta, este plano de análisis es del todo impropio. El aparato estatal es para proteger a la gente en sus derechos que son anteriores y superiores a la existencia misma del gobierno y no para jugar al papá (además, generalmente golpeador) de la persona de que se trate. Más aun, en la sociedad abierta se respeta de modo irrestricto que cada uno maneje su vida y su hacienda como le parezca mejor, como decimos, asumiendo cada uno su responsabilidad, lo cual incluye las asociaciones caritativas con recursos propios y así hablar en la primera persona del singular y no vociferar en la tercera del plural, es decir, proceder coactivamente con el fruto del trabajo ajeno. Tal como reza el adagio anglosajón: “Put your money where your mouth is”.

 

Con razón el decimonónico Bastiat decía que el aparato estatal “es la ficción por la que todos pretenden vivir a expensas de todos los demás”. Cada vez que se dice que el aparato estatal debe hacer tal o cual cosa hay que preguntarse a quienes de los vecinos hay que arrancarles recursos puesto que ningún gobernante aporta de su peculio para proyecto político alguno (más bien tienen una manifiesta inclinación por quedarse con lo ajeno).

 

Lo dicho para nada desconoce la posibilidad que algunas personas decidan ser manejadas por otros designando tutores o curadores y estableciendo sistemas colectivistas conviviendo dentro de un mismo país, pero nada autoriza a que ese sistema lo impongan a personas que mantienen su autoestima y su sentido de dignidad y quieran vivir como humanos, a saber, haciendo uso de su libertad.

 

Aparecen sujetos en el ámbito político en atriles diversos, casi siempre con el dedo índice en alto declamando que ellos no persiguen intereses electorales ni componendas sino que defienden principios. Pues no saben de que están hablando ya que la política busca votos de lo contrario se esfuman los candidatos y si no se acuerda pierden apoyo y si se mantienen tercos en principios son barridos del escenario. El político de una u otra inclinación es en última instancia un megáfono de lo que ausculta está demandando su clientela. Por eso es tan importante el debate de ideas y la educación: va al fondo de las cosas y determina lo que aplaudirá o rechazará la opinión pública que es la que, a su vez, permitirá que se articule tal o cual discursos desde los estrados políticos.

 

Repasar los documentos originales de todas las sociedades libres nos recuerda la idea de gobierno por la que se establecieron esas sociedades. Con el tiempo, debido a una muy exitosa faena educativa (más bien des-educativa) la idea del monopolio de la fuerza y sus consiguientes funciones ha variado radicalmente desde la idea jeffersoniana de que “el mejor gobierno es el que menos gobierna” a la idea leninista de abarcarlo todo en manos del gobierno.

 

Es que se dejó de lado el principio defensivo básico de que “el costo de la libertad es su eterna vigilancia” pero no meramente por parte de algunos sino de todas las personas independientemente de sus obligaciones y tareas cotidianas. Si se pretende el respeto hay que hacer algo diariamente para lograr y mantener ese objetivo noble. No es como si algunos estuvieran en la platea esperando que actúen otros que deben estar en el escenario. Esta actitud conduce a que se demuela la platea, se caiga el escenario y finalmente se incendie el teatro en manos de hordas anti-civilización. Hacemos votos para que el caso venezolano comience ahora a marcar el rumbo hacia los valores de la libertad.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.