Limitaciones al poder. Algunos economistas también han hecho propuestas “constitucionales” o más bien “sistémicas”

Por Martín Krause. Publicado el 9/7/18 en: http://bazar.ufm.edu/limitaciones-al-poder-economistas-tambien-hecho-propuestas-constitucionales-mas-bien-sistemicas/

 

Con los alumnos de Economía e Instituciones vemos algunas propuestas para limitar el poder, y al final de ese capítulo, las limitaciones “constitucionales” o sistémicas que hicieron algunos economistas. Luego de ver algunas propuestas específicas.

No obstante, algunas de estas fundamentales contribuciones no fueron suficientes para prevenirse contra el crecimiento del Estado y el avasallamiento de las libertades individuales; otras no fueron ni siquiera aplicadas. Algunos economistas han desarrollado modelos más generales y completos —si se quiere “utopías”— sobre cómo organizar una sociedad. En este sentido, analizaremos solo algunas, entre las que destacaremos las contribuciones de Hayek, Buchanan, Frey, Rothbard y David Friedman.

Hayek

Para Hayek, la separación de poderes y las otras medidas mencionadas solamente serán efectivas cuando los valores y la cultura predominantes en una sociedad así lo demanden. Ningún tipo de diseño constitucional podrá reemplazar estos valores sobre el poder gubernamental. Argentina es un ejemplo de esto: con la misma Constitución —aprobada en 1853—[1], el país recorrió setenta años en una dirección y los siguientes setenta en la dirección opuesta.

La evolución cultural es lo que en última instancia determina las limitaciones existentes al poder. En Suiza, aunque también ha habido cambios en el último par de siglos y el Estado benefactor ha crecido como en todos los demás países, ciertos principios básicos de limitación del poder siguen siendo parte importante de los valores y la cultura de sus habitantes[2].

No obstante, no descarta Hayek todo tipo de diseño constitucional, aunque dando prioridad a los procesos evolutivos, y presenta un modelo de organización que permitiría un predominio de las normas que son el resultado de esos procesos, a diferencia de las que son el resultado de decisiones políticas formales. Como las reglas formales que favorecen los procesos evolutivos son normas de carácter “general” que se aplican a todos los ciudadanos por igual, imagina un proceso legislativo que pueda aislar la elaboración de ese tipo de normas de las presiones de los grupos de interés que buscan un beneficio particular. Esta preocupación proviene de entender que las legislaturas modernas están sujetas a estos intereses desde que se han ocupado del diseño de políticas específicas. Una legislatura que tenga a su cargo ambas tareas —diseño de políticas y reglas generales— terminará dominada por las primeras. Para ello imagina un poder legislativo constituido por dos asambleas, que se acomode a la diferencia entre “leyes” y “comandos”. La primera, —la Asamblea Legislativa— se ocupa de las reglas generales y de la extensión del poder gubernamental, mientras la segunda, —Asamblea Gubernamental— se ocupa de las políticas públicas, teniendo primacía la primera sobre la segunda.

La Asamblea Legislativa debería estar constituida de tal forma que garantice el cumplimiento de esa función. Para ello Hayek considera un mecanismo de elección que evite la llegada de políticos profesionales, por lo que aquellos electos a la Asamblea Gubernamental no podrían acceder a la Legislativa. Sugiere que los miembros de esta deberían ser elegidos a una cierta “edad madura” y por periodos relativamente largos, como de quince años, debido a lo cual no estarían preocupados por su reelección. En cierta forma, como sucede con los miembros de una Corte Suprema de Justicia. También sugiere que los votantes que los elegirían sean mayores en edad que los que participan en la elección de las demás posiciones en el Ejecutivo o en la Asamblea Gubernamental. La experiencia y la sabiduría adquiridas con los años, más su independencia respecto a una “carrera política”, tenderían a centrar su atención en las reglas generales y en los beneficios a largo plazo.

Es decir: la Asamblea Gubernamental estaría formada por políticos profesionales que buscarían su reelección y estarían interesados en atender a los intereses inmediatos o puntuales de los votantes o de distintos grupos de interés, mientras que los de la Asamblea Legislativa constituirían algo así como un grupo de sabios y prudentes, que se ocuparían de velar por las normas que protegen los derechos de todos.

Buchanan

James Buchanan, por el contrario, fundamenta su análisis en la filosofía política contractualista, por lo que es más escéptico respecto a las normas de origen evolutivo espontáneo y, con un enfoque más racionalista, concentra su análisis en la forma de modificar los incentivos vigentes en la política, con especial énfasis en los niveles de mayorías necesarias para distinto tipo de normas. Inspirado en el análisis del economista sueco Knut Wicksell (1851-1926), sostiene que el óptimo sería la unanimidad. Ya hemos visto esto en el capítulo 4, cuando analizamos los problemas para la agregación de preferencias expresadas a través del voto. La unanimidad garantizaría que nadie se vería perjudicado por la aprobación de una cierta norma; es decir, ninguna mayoría podría violar los derechos de una minoría, incluso ni la de una sola persona. También vimos allí que la unanimidad generaría el statu quo total; sería prácticamente modificar cualquier norma, dados los altos costos de alcanzar la unanimidad. La respuesta de Buchanan es diferenciar entre normas de rango constitucional, que protegen derechos individuales y limitan las potenciales acciones abusivas de un gobierno, de aquellas que se refieren a cuestiones más coyunturales o de contenido administrativo, relacionadas con la gestión de tal gobierno. Para modificar las primeras, se requerirían mayorías especiales, mientras que para modificar las segundas bastaría con mayorías simples. Qué asuntos requerirían, según Buchanan, mayorías especiales lo veremos más adelante.

Frey

Bruno Frey (2005) presenta una propuesta a la que llama FOCJ, por sus siglas en inglés: jurisdicciones funcionales, superpuestas, en competencia. Desde su perspectiva, el federalismo permite acercar la provisión de bienes públicos a las preferencias específicas de distintos grupos en la sociedad, pero para hacerlo deben cumplirse dos principios básicos: la equivalencia fiscal, es decir que los fondos para pagar el gasto público de una jurisdicción se obtengan de los ciudadanos de esa misma jurisdicción; y equivalencia política, o sea que los funcionarios sean electos nada más por los votantes de la misma jurisdicción.

Las jurisdicciones propuestas tendrían estas características:

Funcionales: se extenderían sobre áreas geográficas definidas por las tareas o funciones que cumplen.

Superpuestas: habría distintas jurisdicciones gubernamentales extendiéndose sobre distintas áreas.

En competencia: los gobiernos locales, y en algunos casos los ciudadanos, podrían elegir a qué jurisdicción pertenecer.

Jurisdicciones: serían jurisdicciones con poder gubernamental para cobrar impuestos.

El argumento básico es que las jurisdicciones geográficas no necesariamente coinciden con la extensión geográfica que propone la economía de escala de un cierto servicio. Por ejemplo: una red de electricidad puede abarcar una cierta zona, pero el servicio de defensa que brinda un regimiento puede abarcar otra, con lo cual cada una tendría un área geográfica diferente. Los servicios de un hospital podrían abarcar a ciudadanos de más de una jurisdicción política actual, creando problemas de usuarios gratuitos; la jurisdicción en este caso se extendería sobre la división política, para abarcar a todos los usuarios. Obviamente, distintas jurisdicciones se superpondrían, incluso brindando algunas de ellas el mismo tipo de servicios. Los ciudadanos podrían elegir entre las mismas, aunque “deberían” elegir, ya que se trata de jurisdicciones gubernamentales. La competencia sería fomentada por la acción de “salida”, aunque no tendría que ser geográfica: las personas o los gobiernos locales podrían cambiar de afiliación a esas diferentes jurisdicciones, sin tener que mudarse a otra jurisdicción geográfica para hacerlo.

El autor menciona como ejemplo a la Liga Hanseática, un grupo funcional que brindaba normas comerciales comunes, aunque no tenía ningún tipo de vinculación geográfica. Eran miembros de la liga ciudades como Lübeck, Bremen y Colonia (hoy Alemania), Stettin y Danzig (hoy Polonia), Kaliningrado (hoy Rusia), Riga (Letonia), Reval (hoy Tallinn, Estonia) y Dorpat (hoy Tartu, Estonia), Groningen y Deventer (hoy Holanda). Londres (Inglaterra), Brujas y Amberes (Bélgica) y Novgorod (Rusia) eran miembros asociados. En los Estados Unidos hay “distritos especiales”. En Suiza hay 26 cantones y unas 8,000 comunas de distinto tipo, de las cuales 2,940 definen la ciudadanía política (los ciudadanos lo son de las comunas, no de “Suiza”). Hay comunas educativas que ofrecen servicios a más de un gobierno local.

Esta profunda descentralización y división de poderes actuaría como un límite al abuso de poder y permitiría la participación ciudadana en la toma de decisiones, sobre todo asociado al uso de mecanismos de democracia directa.

Rothbard y Friedman

Finalmente, Murray Rothbard (2002) y David Friedman (1989) presentan un modelo también con jurisdicciones funcionales, en competencia y superpuestas, pero, a diferencia de Frey, se trata solamente de agencias privadas. Según esta visión “libertaria”, todos los bienes y servicios serían provistos por el mercado, ya que este puede hacerlo, si bien no en forma perfecta, superior a la provisión estatal. Así, ambos autores analizan cada uno de los servicios que actualmente proveen los Estados y cómo los podría proveer el mercado. Las propuestas de uno y otro son similares en cuanto a la provisión de todos los bienes y servicios por el mercado, con algunas diferencias, sobre todo relacionadas con los fundamentos filosóficos —una filosofía moral iusnaturalista, en el caso de Rothbard, y consecuencialista, en el de Friedman— y a una hipótesis sobre el posible nacimiento de una sociedad anarcocapitalista, como la que proponen —un contrato social, donde las partes consentirían un código legal, en el caso de Rothbard, y un enfoque incremental, en el caso de Friedman—.

En el caso tal vez más complejo de todos —la seguridad personal y la defensa—, critica la visión predominante de que el Estado debe proveer protección policial, como si fuera una entidad única y absoluta, consistente en una cantidad fija que se brinda a todos por igual. Ese tipo de bien general no existiría, de la misma forma que no existe un bien “comida” o “vivienda”[3]. Por lo tanto, el Estado debería asignar un recurso escaso, sujeto a las ineficiencias de la política y la burocracia. Para Rothbard, los individuos deberían contratar este servicio, como los demás, en el mercado, y lo harían según sus preferencias específicas: desde la patrulla de un policía cuando sea necesaria, hasta protección personal durante las veinticuatro horas. Se argumentará que, en tal caso, los consumidores deberían pagar algo que ahora reciben gratis, pero es necesario tener en cuenta que en el modelo libertario no habría impuestos, así que los recursos que la población destina, en un determinado momento, con ese fin, estarían disponibles directa o indirectamente para contratar ese tipo de servicios.

El modelo no considera que cada persona tendría que salir a contratar un agente privado, en caso de haber sido robada o atacada, sino que, como ocurre actualmente en muchos barrios abiertos o cerrados, contrataría una compañía que le brindaría ese servicio. Es bastante probable, además, que los servicios fueran ofrecidos por empresas de seguros, ya que, si se ha asegurado, por ejemplo, una casa contra robo, la protección podría ser parte del servicio del seguro[4]. La competencia se transformaría en eficiencia y control por parte de los consumidores, ya que podrían cambiar de agencia en caso de no estar contentos con el servicio que reciben, algo que no pueden hacer ahora por tratarse de un servicio monopólico, del cual se recibe simplemente lo que toque.

[1]. Dice Alberdi ([1854] 1993): “Al legislador, al hombre de Estado, al publicista, al escritor, sólo toca estudiar los principios económicos adoptados por la Constitución, para tomarlos por guía obligatoria y reglamentaria. Ellos no pueden seguir otros principios, ni otra doctrina económica que los adoptados ya en la Constitución, si han de poner en planta esa Constitución, y no otra que no existe. Ensayar nuevos sistemas, lanzarse en el terreno de las novedades, es desviarse de la Constitución en el punto en que debe ser mejor observada, falsear el sentido hermoso de sus disposiciones, y echar el país en desorden y en el atraso, entorpeciendo los intereses materiales, que son los llamados a sacarlos de la posición oscura y subalterna en que se encuentra” (p. 2).

 

[2]. Dice Willy Linder, editora económica del Neue Züricher Zeitung: “Los suizos siguen siendo suficientemente generosos y sensibles para votar a veces a favor de cuestiones que parecen ir en contra de su propio interés. Sin embargo, en el largo plazo, estas actitudes han contribuido a la estabilidad política y económica de Suiza. Durante los tres últimos años, por ejemplo, los suizos, por márgenes excediendo generalmente 3 a 1, han decidido en referéndums no cobrar impuestos especiales a los ricos y los que ganan altos sueldos, no otorgar a los trabajadores suizos participación en la administración de las empresas, no reducir la edad mínima para ingresar en el generoso sistema de pensiones, no permitir al gobierno central que recaude fondos para compensar tendencias locales recesivas, y finalmente no permitir al gobierno central que tenga déficit”. Fortune, diciembre 18 de 1978; citado en “President’s Essay”, Washington DC: The Heritage Foundation, 2011.

 

[3]. “A cualquier persona o negocio, la policía puede proveerle desde un oficial que haga una ronda una vez por noche, dos policías que patrullen constantemente cada cuadra, otros que lleven a cabo la vigilancia en un móvil, hasta uno o incluso varios guardaespaldas personales permanentes. Además, debe tomar muchas otras decisiones cuya complejidad se hace evidente tan pronto como levantamos el velo del mito de la “protección” absoluta. ¿Cómo podría la policía asignar adecuadamente sus fondos, que por supuesto son siempre limitados, como lo son los de todos los individuos, organizaciones y agencias? ¿Cuánto debería invertir en equipamiento electrónico? ¿En equipos para tomar huellas dactilares? ¿En detectives o en policías uniformados? ¿En patrulleros o en agentes que prestan servicio a pie, etcétera?”. (Rothbard 2002, p. 268).

 

[4]. “Esta debería ser la primera respuesta simple a la pregunta típica que expresa el temor de la gente a la que se le habla por primera vez de una policía totalmente privada: “Bueno, eso significa que si a uno lo atacan o le roban, tiene que apresurarse a encontrar un policía y comenzar a negociar acerca de cuánto le costará que lo defienda”. Bastaría un momento de reflexión para darse cuenta de que ningún servicio se suministra de esa manera en el libre mercado. Es obvio que la persona que quiere estar protegida por la Agencia A o la Compañía Aseguradora B pagará primas regulares en lugar de esperar a ser atacada antes de comprar la protección. “Pero supongamos que se produce una emergencia y el policía de la Compañía A ve que alguien es asaltado; ¿se detendría a preguntar si la víctima adquirió el seguro de la Compañía A?” En primer lugar, este tipo de asalto callejero estaría, como ya lo hemos señalado, dentro de la jurisdicción de la policía contratada por el dueño de la calle en cuestión. Pero ¿qué ocurriría en la situación, poco probable, de que un barrio no tuviera servicio policial, y que un policía de la Compañía A viera casualmente que alguien es atacado? ¿Saldría en defensa de la víctima? Eso, por supuesto, dependería de la Compañía A, pero es casi inconcebible que las compañías de policía privada no cultivaran la buena voluntad estableciendo, como política, la ayuda gratuita a las víctimas en situaciones de emergencia y, quizá, pidiendo luego a la persona rescatada un aporte voluntario. En el caso de un propietario que sufriera un asalto o un ataque, por supuesto recurriría a la compañía policial que hubiera contratado. Llamaría a la Compañía Policial A en lugar de a “la policía”, como lo hace ahora”. (Rothbard 2002, p. 270).

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Gasto público, Estado y Poder

Por Gabriel Boragina Publicado  el 2/7/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/07/gasto-publico-estado-y-poder.html

 

Hay quienes parecen creer que un gasto público elevado queda “justificado” cuando los recursos de los que dispone el gobierno son mayores a ese gasto, es decir cuando existe un superávit primario. Una situación que se presentó en algún momento en -por ejemplo- el caso brasileño :
“Para un observador externo, podría parecerle que el gobierno brasileño lleva una vida consistente, ganando más de lo que gasta. Cada día el gobierno cuenta con más y más mecanismos técnicos para recolectar impuestos, y la lucha contra la evasión fiscal es cada vez más eficiente.
Sin embargo, todas estas mejoras en la eficiencia tributaria no parecen verse reflejadas en la calidad del gasto público. Las inversiones en educación básica, infraestructura y salud no han corregido un estilo de vida bastante desigual entre los brasileños.”1
El autor citado centra su critica en la “mala calidad” del gasto. Lo que permite inferir que, si -a criterio de él- la calidad del gasto fuera mejor, toda la parafernalia tributaria se encontraría -de alguna manera- “justificada”. De ser esta la interpretación correcta del párrafo anterior, ya hemos expresado de nuestro lado la opinión de que el superávit fiscal -cualquiera sea su causa- podría ser considerado un síntoma de “buena salud fiscal”, lo que significará -en todos los casos- otro en sentido contrario O sea, -por contrapartida- ha de ser visto como otro síntoma equivalente pero de mala salud en el sector privado.
La prensa, muchos académicos y -por supuesto- los políticos suelen presentar como una buena noticia la aparición de cualquier superávit fiscal, cuando -nuevamente- representa una buena noticia para el sector público, y la misma noticia sera muy mala para el sector privado. En cualesquier caso significará que se le están quitando a la gente más recursos de los que esa misma gente estaría dispuesta a entregar al gobierno, suponiendo que puedan tomarse los gastos previstos en el presupuesto como una “expresión” del voto de la ciudadanía (cuestión -a nuestro juicio- bastante alejada de la realidad).
“Si Brasil desea establecer un ejemplo exitoso para sus vecinos, deben seguirse algunos puntos:[…] aprobar instrumentos legales para contener el crecimiento del Estado, al tiempo que se fortalece su papel de guardián de la seguridad pública, proveedor de la educación básica y fuente de políticas para combatir problemas relacionados con la pobreza (por ejemplo, reducción del gasto público y/o disminución de la carga tributaria)”2
Un estado mínimo garantizará -en cualquier caso- una mayor eficiencia económica Pero, bien puede ocurrir que la sociedad y sus dirigentes -no especializados precisamente en materia económica- piensen en conjunto que es “misión” de los gobiernos proveer a todas las necesidades de la gente. Esta errónea concepción económica y legal (porque, asimismo, implica una determinada teoría sobre derechos y obligaciones que incluyen tanto al estado-nación como a sus miembros) es la que tiene -como inexorable consecuencia- los gobiernos elefantiásicos que estamos tan acostumbrados a ver. En nuestra opinión, el tamaño del “estado” no ha de medirse tanto por la cantidad de funciones que este cumple, sino más bien por la cuantía de los recursos que los gobiernos destinan a esas actividades.
Otro caso similar al antes analizado de Brasil se presenta en el Ecuador:
“Para que un país alcance una calificación alta, deberá proveer protección segura de la propiedad privada, asegurar el cumplimiento de los contratos y contar con una moneda estable. También debe mantener bajos impuestos, limitarse en la creación de barreras al comercio doméstico e internacional, y depender completamente en los mercados antes que en los gastos del gobierno y las regulaciones en la asignación de recursos y bienes.”3
Lamentablemente, estas sanas recomendaciones -que son enteramente aplicables, no solamente al Ecuador sino, a todos los países del mundo sin distinción de tiempos- son poco atendidas Por su propia naturaleza, los gobiernos tienden a crecer, y cuando esto ocurre el efecto que aparece indefectiblemente es el de una disminución de la actividad económica privada, presentándose el resultado de un juego de suma cero, es decir, un gobierno grande significará siempre un sector privado pequeño. Quienes más se perjudican de esta consecuencia serán las pequeñas y medianas empresas y los particulares, en especial los asalariados.
“En el Ecuador la función judicial ha estado influenciada por los partidos políticos que continuamente han forcejeado para conseguir una cuota de miembros de la Corte Suprema y otras organizaciones del sistema judicial a nivel regional, así como de los tribunales electorales y organismos de control del gasto público”.4
Algo similar ha ocurrido en la Argentina y -seguramente- lo indicado ha de ser un problema en varios países de la región. Aquí es oportuno recordar que, la esencia de un sistema republicano reside -precisamente- en la división de podres. Su vigencia -entre otros efectos- contribuye a mantener un gasto público en niveles reducidos, ya que, en el punto, un poder deberá hacer de balance y contrapeso de los restantes. Pero, cuando los políticos pujan por predominar en todos los poderes (no solamente el judicial, sino también el ejecutivo y el legislativo) el sistema republicano se resiente y se desvirtúa, toma dimensiones crecientes la corrupción y esto -obviamente- eleva a proporciones importantes el gasto estatal.
De alguna forma, la cita siguiente expresa lo anterior:
“La mayor parte de los gobiernos reconoce los nuevos retos pero enfrenta la realidad cotidiana de cotos de poder, presiones por aumentar el gasto público, llamadas a resolver problemas particulares y a aplicar conceptos que ya no operan, pero que siguen dominando el discurso político y el debate burocrático.”5
Hay una cierta uniformidad en la acción de todos los gobiernos que desdibuja sus posibles o declamadas diferencias ideológicas. Quien aspira a gobernar se ve -de cierta forma- condicionado por el estado cultural de su pueblo y las inclinaciones ideológicas dominantes dentro de la sociedad. Esto hace que los gobernantes (pese a tener conciencia de lo malo que significa encarar políticas de neto corte estatista) se inclinen, por razones de índole electoral y a pesar de sus intimás convicciones, a adoptarlas.
No estamos seguros que -como dice la cita- sea la situación de “La mayor parte de los gobiernos”. Quizás resulte un tanto exagerada la generalización si tenemos en cuenta que, dentro del vocablo “gobierno” englobamos los tres “poderes” del mismo (ejecutivo, legislativo y judicial). Quizás fuera más realista decir que muchos miembros de esos poderes reconocen la predicha problemática.
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1Claudio Djissey Shikida. Instituto Liberdade, Brasil, “Brasil: De la Substitución de Importaciones al siglo XXI: ¿Qué queda por hacer?”. En Libre Comercio en las Américas. Editado por Juan Carlos Hidalgo. ISBN 1-905041-11-X. publicado por International Policy Network, Reino Unido. pag. 23
2Djissey Shikida, C. Ob. Cit. Pág 24.
3Enrique Ampuero Pareja. Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Ecuador.“El Ecuador no puede prosperar con un Estado de Derecho Débil”. En Libre Comercio en las Américas. Editado por Juan Carlos Hidalgo. ISBN 1-905041-11-X. publicado por International Policy Network, Reino Unido. Pág 33
4Ampuero Pareja, E. Op. Cit. Pág 35
5Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC. Pág 3.
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Estatismo: ejemplos que cunden en la Argentina

Poe Enrique Edmundo Aguilar. Publicado el 27/3/13 en http://www.elimparcial.es/america/estatismo-ejemplos-que-cunden-en-la-argentina-120711.html

 En un ensayo publicado al regreso de su segundo viaje a la Argentina bajo el título “Intimidades” (1929), José Ortega y Gasset aludió al peligro que entrañaba el crecimiento excesivo del Estado y su consecuente ingerencia en los menores problemas de la sociedad. Con sólo tocarlo, decía, ese “gigantesco artefacto” se pone en movimiento “triturando sin esfuerzo mayor toda voluntad indócil que pretenda enfrontársele.” “Si esta tendencia no es vencida pronto (concluía Ortega), el Estado notará que no puede vivir de sí, que no es él mismo vida, sino máquina creada por la vitalidad colectiva; por ello, menesterosa de ésta para conservarse, lubrificarse y funcionar”.

Ciertamente, la historia es pródiga en testimonios de sociedades que han sido víctimas de sus propios Estados una vez convertidos éstos en verdaderas máquinas de triturar. Es más, si bien las prácticas intervencionistas y la apetencia de controlar y regularlo todo (desde el funcionamiento de la economía hasta las opiniones de la población) no alcanzan ya la dimensión a que aspiraron los totalitarismos del siglo veinte, nadie ignora que actualmente son un recurso al que echan mano gobiernos surgidos de las urnas que no reconocen más límites que los que su propia voluntad o, en el mejor de los casos, el termómetro electoral les señala.

En el caso argentino, los ejemplos van en aumento. Semanas atrás aludí a la prohibición que el gobierno impusiera a las cadenas de supermercados y electrodomésticos de publicitar sus ofertas semanales, decisión claramente dirigida a cegar una importante fuente de financiamiento de los medios independientes que, por lo demás, tampoco reciben (o reciben en cuentagotas) publicidad oficial pese a la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia con respecto a la equidad con que debe distribuirse esa publicidad entre los diferentes medios, sean amigos o no del gobierno.
Como la prohibición continúa vigente, al igual que el congelamiento de precios, el “cepo cambiario”, las trabas impuestas a quienes desean viajar al exterior, etc., cabe preguntarse si existirán todavía “voluntades indóciles” capaces de hacer frente a tantos desatinos. Es difícil saberlo. Por lo pronto, como escribió Joaquín Morales Solá el pasado fin de semana, lo más inexplicable del tema “es que empresas que compiten en todo el mundo hayan aceptado aquí que es mejor que el Estado les fije los precios, que les marque los supuestos márgenes de ganancias, que los haya convencido de que el comercio no necesita de publicidad y que, encima, les prohíba acceder a los dólares para repatriar sus ganancias”. Ahora bien, conviene recordar, en cualquier caso, que lo que está en juego entre nosotros no es la permanencia en el país de tal o cual línea de supermercados, ni aun la supervivencia misma del Estado a la que alude la cita de Ortega. Lo que día a día venimos perdiendo es, lisa y llanamente, nuestra libertad.

Enrique Edmundo Aguilar es Doctor en Ciencias Políticas. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la UCA y Director, en esta misma casa de estudios, del Doctorado en Ciencias Políticas. Profesor titular de teoría política en UCA, UCEMA, Universidad Austral y FLACSO,  es profesor de ESEADE y miembro del consejo editorial y de referato de su revista RIIM.