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No fumo, pero los que fuman tienen derecho a hacer con sus pulmones lo que les parezca. Sin externalidades, claro

Por Martín Krause. Publicada el 7/8/17 en: http://bazar.ufm.edu/no-fumo-los-fuman-tienen-derecho-pulmones-lo-les-parezca-sin-externalidades-claro/

 

La revista Regulation, del Cato Institute, cumple 40 años y trae algunos artículos que analizan la evolución de las regulaciones en ese período. Pero antes de verlos, es interesante este artículo de Pierre Lemieux, que se refiere a las regulaciones sobre las advertencias gráficas en los cigarrillos, pero que considera la cuestión de la economía del bienestar, el excedente del consumidor y el análisis de beneficios y costos. Van algunos párrafos: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-4.pdf

FUMAR Y 1776

Los gobiernos y sus asesores económicos han mirado muy duro por razones de ignorar el excedente del consumidor. No es sorprendente que los encontraran. Si parecían tan difíciles de entender por qué las políticas antitabáquicas reducen el excedente del consumidor y la utilidad en general, podrían encontrarlas también, así como otros problemas. Aquí hay algunas ideas para ellos.

¿Quién sabe qué envoltorio feo, impuesto por el gobierno puede hacer para el sentido de la estética de las personas a largo plazo? ¿Y quién sabe cómo se ha dañado la sociabilidad desterrando a los fumadores de lugares privados etiquetados como “lugares públicos”, y cuáles son las consecuencias a largo plazo de este apartheid de estilo de vida? (Tenga en cuenta que es ilegal abrir restaurantes o bares “sólo para fumadores y tolerantes al humo de segunda mano”).

Pero hay algo peor, incluso si eso nos lleva a tener ideas que no son muy utilizadas desde la Declaración de Independencia y la Declaración de Derechos. La intromisión oficial con el excedente del consumidor aumenta la probabilidad de tiranía y la expectativa matemática de su costo. Si la curva de demanda de un individuo no tiene un significado normativo, si un individuo no puede determinar lo que es bueno para sí mismo, ¿quién lo hará? Mayorías incoherentes, hombres políticos fuertes, burócratas sin rostro o reyes filósofos en sus torres de marfil académicas? ¿Cuántos otros bienes y servicios aparte del tabaco se declararán espejismos utilitarios sin beneficio real? ¿Dónde está el excedente del consumidor para vehículos utilitarios deportivos, caza, piscinas, libros D.H. Lawrence, vino, coches eléctricos o revistas académicas?

El costo de aplicar la guerra al excedente del consumidor también puede ser mayor de lo previsto por los prohibicionistas del tabaco, los reguladores y los nueve “economistas prominentes”. El asesinato de Eric Garner por policías de la ciudad de Nueva York mientras son arrestados por vender cigarrillos de contrabando debe recordarnos que La guerra contra el tabaquismo también destruye vidas.

“Fumar literalmente vuelve a conectar el cerebro”, afirman los “economistas prominentes”, citando un artículo en un diario neuropsiquiátrico. Pero la tiranía es sin duda una adicción peor que fumar. ¿Acaso el hábito de pedir soluciones autoritarias a los problemas percibidos también cambia el cerebro -incluyendo los cerebros de los expertos en salud pública que pasan toda su vida en medios donde son constantemente bombardeados con tales ideas? En el Estado (Liberty Fund, 1985, 1998), Anthony de Jasay escribe sobre la posibilidad de una adicción a largo plazo al gobierno.

¿Qué concluir de esta breve reseña de la guerra sobre el excedente del consumidor? La intromisión con el excedente del consumidor y la redefinición de la metodología del análisis costo-beneficio para ajustarse a las preferencias del analista o de sus amos políticos es peligrosa. Es un beneficio, no un costo, que las limitaciones constitucionales se opongan a esa ingeniería social.

En el caso del tabaquismo y otras actividades, podemos esperar que la Primera Enmienda sea más firmemente reconocida como dando protección a la expresión comercial como lo hace, por ejemplo, la libertad de expresión de los economistas prominentes en el Control del Tabaco. Con un poco de ilusión, también podríamos esperar que la Cuarta Enmienda proteja los derechos de propiedad de los productores en sus propios envases “.

LECTURAS

■ “A Theory of Rational Addiction,” by Gary S. Becker and Kevin M. Murphy. Journal of Political Economy 96:4 (1988), 675–700.

■ “An Evaluation of the FDA’s Analysis of the Costs  and Benefits of the Graphic Warning Label Regulation,”by Frank J. Chaloupka et al.TobaccoControl 24:2 (2015), 112–119.

■ Cost-Benefit Analysis: An Informal Introduction, by E.J. Mishan. Unwin-Hyman, 1988.

■ “Risk Beliefs and Preferences for E-cigarettes,” by W. Kip Viscusi. American Journal of Health Economics 2:2 (2016), 213–240.

■ “The Social Costs of Tobacco Smoking,” by A. Markandya and D.W. Pearce. British Journal of Addiction 84:10 (1989), 1139–1150.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados. (Ciima-Eseade). Es profesor de Historia del Pensamiento Económico en UBA.

Patentes y descubrimientos: una nota

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

En la ciencia y en el conocimiento en general no hay tal cosa como verificación sino corroboraciones provisionales sujetas a posibles refutaciones tal como enseñan entre otros Morris Cohen en su Introducción a la lógica y Karl Popper en su Conjeturas y refutaciones. El progreso científico está basado en esta premisa pero lamentablemente la ignorancia hace posible descansar en certezas que son las que bloquean el progreso porque no permiten acercarse a las verdades, no permiten incorporar tierra fértil en el mar de ignorancia en el que nos desenvolvemos. Ese es el sentido de lo dicho por Emmanuel Carrére. “lo contrario a la verdad no son las mentiras sino las certezas”. Nada humano alcanza la perfección, por tanto se trata de un tránsito sin término en el afán de descubrir nuevos aspectos. El lastre más pesado para el conocimiento son los aferrados al statu quo, son los conservadores a raja tabla, las telarañas mentales que no dan lugar a la aventura del pensamiento. El arraigo al pasado, al inmovilismo y a la superlativa escasez de imaginación para concebir lo mejor constituye el reflejo más potente del atraso.

Emparentado con el tema que ahora abordamos  brevemente -el de las patentes- la Academia Nacional de Ciencias me publicó hace casi treinta años un ensayo (por si fuera de interés, está en Internet reproducido en la revista académica chilena Estudios Públicos) titulado “Apuntes sobre el concepto de copyright” de cuarenta páginas con palabras introductorias de Julio G. H. Olivera, donde intentaba demostrar los inconvenientes de las leyes de copyright, en este caso apunto a lo mismo pero referido a las patentes. Muchos son los autores que han señalado con anterioridad las mismas conclusiones pero esta línea argumental partió de dos trabajos pioneros de Arnold Plant en la London School of Economics, respectivamente titulados “The Economic Theory Concerning Patents for Inventions” (Economica, febrero de 1934) y “The Economic Aspects of Copyrights for Books” (Economica, mayo de 1934).

Antes que nada debe subrayarse que la patente se diferencia de la marca, es decir, constituye un fraude operar bajo la marca (el nombre) de otra empresa o persona. En segundo lugar, es necesario precisar que la patente otorga un privilegio que permite cobrar un precio más alto del que hubiera sido de no mediar la prerrogativa.

En tercer término es de interés destacar que, dados los siempre escasos recursos, la patente desvía factores de producción hacia lo patentable en investigación y desarrollo en dosis mayores de lo que hubiera sucedido de no haber mediado el mencionado privilegio y como las necesidades son ilimitadas se producirá un faltante artificial en otros reglones como, por ejemplo, el pan, la leche, las verduras y las represas. Por otra parte, las universidades de prestigio cuentan con departamentos de investigaciones de gran fertilidad sin privilegios otorgados por los aparatos estatales.

En cuarto lugar, la patente se otorga por cierto número de años lo cual pone de manifiesto que el producto o proceso en cuestión no pertenece estrictamente al patentado sino al gobierno. Si fuera un derecho de propiedad no debiera limitarse en el tiempo sino hasta que el supuesto titular venda o regale.

Quinto, el régimen de las patentes entra en un galimatías al intentar definir lo patentable de lo no patentable. En este último caso, no se autoriza patentar que dos más dos son cuatro o que la Tierra es redonda, solo lo que se dice son invenciones que en verdad son descubrimientos de leyes de la naturaleza preexistentes por lo que no corresponde cobrar y por lo que es permisible copiar, ya sea un procedimiento de ejercicios para el dolor de espalda, el proceso por el cual tiene lugar la electricidad o un nuevo estilo de construcción arquitectónica, situación que no quita la posibilidad cordial de dar crédito a quien descubrió lo dicho, a diferencia de la genuina creación, por ejemplo, la literaria en cuyo caso puede un tercero también comercializar la obra una vez hecha pública (publicada) pero nunca cometer el robo, es decir, el plagio, de usar el texto como si fuera propio (tema sobre el que me explayé en el antes referido ensayo sobre copyrights).

Sexto, en este contexto el prestigio de la marca atrae debido a lo confianza que inspira aunque la fórmula del medicamento, la bebida o lo que fuera sea copiada si es que la competencia real o potencial pudiera acceder a la misma, puesto que en un mercado libre nadie está obligado a hacer pública la fórmula o el proceso que descubrió.

Séptimo, hay un correlato de lo que estamos apuntando con la llamada “teoría de la industria incipiente”. Se dice que los aparatos estatales deben establecer aranceles aduaneros “al efecto de proteger emprendimientos locales hasta que adquieran la experiencia necesaria frente a empresas extranjeras que cuentan con mayor entrenamiento”. Pues esto está mal razonado, en una sociedad abierta el emprendimiento que arroja pérdidas en los primeros períodos (como lo son la mayor parte de la evaluación de proyectos nuevos) con la conjetura de que las ganancias futuras más que compensen los referidos quebrantos iniciales, debe ser financiado por las empresas que pretenden ejecutar el proyecto. Y si los fondos no alcanzaran deberían financiarse con la venta de parte del emprendimiento sea con recursos locales o internacionales. Si nadie en el orbe se interesa por la idea, es por un de dos motivos: o es un cuento chino (lo cual es muy común en estos avatares “proteccionistas” que desprotegen a los consumidores) o, siendo un proyecto rentable hay otros que lo son más y, como queda dicho, siendo los recursos limitados deben establecerse prioridades puesto que todo no puede hacerse al mismo tiempo.

Octavo,  en el contexto de las patentes debe subrayarse el eje central del fundamento de la propiedad privada deriva de la naturaleza de las cosas: pone en evidencia que los bienes son escasos en relación a las ilimitadas necesidades. En conexión con lo que apuntamos en el  tercer punto, como hemos enfatizado recientemente en otro contexto, si hubiera de todo para todos todo el tiempo no habría necesidad de asignar y resguardar derechos de propiedad (tal como viene ocurriendo con el oxígeno en este planeta). Como esto no es así, el proceso de asignación de derechos de propiedad se debe a que el uso y la disposición estará en las mejores manos en una sociedad abierta al efecto de proteger el fruto de la propia labor y simultáneamente servir de la mejor manera al prójimo. Quienes administran mejor lo bienes estarán compensados con ganancias y quienes yerran en la operación de sus bienes incurrirán en quebrantos con lo que los patrimonios cambiarán de manos según la eficiencia para atender las demandas de los demás. Sin embargo, en el caso de las patentes el privilegio produce escasez artificialmente.

Noveno, el colmo de la injusticia y lo contraproductivo en el sistema prevalente de patentes es cuando otra persona o empresa descubren por una vía independiente lo mismo que descubrió el patentado tiene que resignarse a no producir puesto que el primero detenta el monopolio.

Cuando en economía se habla de monopolio debe aclararse que hay dos tipos: el que surge en el mercado como consecuencia del apoyo voluntario de los consumidores o el que es impuesto por la fuerza por el gobierno. El primero es consubstancial con el proceso de mercado puesto que no puede existir la segunda empresa en cualquier ramo antes que exista la primera. Es el caso del arco y la flecha en épocas del garrote, es el caso de la computación, de los productos farmacéuticos, de las comunicaciones y de todo lo que inicialmente tiene lugar en el planeta. Lo importante en estas cuestiones es que el mercado esté abierto para que cualquiera en cualquier punto del mundo pueda entrar a competir, lo cual no quiere decir que necesariamente habrá varios oferentes,  esto dependerá de los reclamos de la gente y de los recursos disponibles. Cuantos operarán en cierto rubro será consecuencia de las circunstancias del caso, pero, repetimos, es fundamental que el mercado se encuentre abierto de par en par para cualquiera que se considere en condiciones para competir.

Sin embargo, el segundo tipo de monopolio, el legal, el privilegio otorgado por el gobierno, siempre y en toda circunstancia es dañino sea un monopolio estatal o privado, el precio será superior, la calidad inferior o las dos cosas al mismo tiempo. Este es el caso de las patentes y, como he analizado en mi ensayo que mencioné antes en base a la nutrida bibliografía disponible, esta conclusión también se aplica a las leyes de copyrights.

Arnold Plant y tantos otros intelectuales (destaco especialmente a Fritz Machlup, Lionel Robbins y el premio Nobel en economía Friedrich Hayek) han demostrado en detalle en sus respectivos trabajos los graves inconvenientes de imponer el sistema de patentes, incluso para la calidad de las inversiones en investigación de la propia área en cuestión. Como ha escrito una y otra vez Fredéric Bastiat,  un buen analista no se limita a estudiar las consecuencias visibles y a corto plazo de una política sino que debe interesarse por las consecuencias que a primera vista no se detectan y las que tienen lugar en el largo plazo, es decir, las que se producen en definitiva y en el balance neto.

Cada vez con más frecuencia la política se desvía de lo que en esta instancia del proceso de evolución cultural es su misión de proteger derechos para, en su lugar, atropellarlos. Constituye una regresión al absolutismo. Hoy, en un plano más amplio, Anthony de Jasay ha consignado que “Es bien sabido que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, pero no es bien sabido que el camino a la pobreza está pavimentado de la política”, a lo que podríamos agregar lo que decía Ronald Reagan: “Los dos primeros oficios de la humanidad fueron la prostitución y la política, lamentablemente cada vez más el segundo se está pareciendo al primero”. Y esto es urgente revertirlo si queremos sobrevivir. En todo caso, estimamos que este introito al tema de las patentes es suficiente para un artículo periodístico.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Un populismo que no cede

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 9/5/16 en http://www.lanacion.com.ar/1896768-un-populismo-que-no-cede

 

Muchos de los que se dicen opositores al kirchnerismo y condenan la corrupción hoy defienden sus políticas estatistas, sin advertir que la intervención del gobierno en la economía genera la oportunidad de vaciar las arcas públicas.

 

Hay quienes se pronuncian en contra de los populismos pero en los hechos los patrocinan, al suscribir con medidas francamente estatistas. Entre muchos argentinos se observa con alarma la semilla del gobierno anterior, aunque se dicen opositores al kirchnerismo. Es paradójico: critican los 12 años de gestión gubernamental y se fascinan ante la posibilidad de que se procese y condene a la ex presidenta y sus colaboradores, pero al mismo tiempo alaban sus políticas. No parecen percatarse de que lo que en realidad reclaman es kirchnerismo de buenos modales y sin corrupción.

Tampoco advierten que, más allá de tal o cual gobernante, lo relevante es el sistema que hace posible y estimula la corrupción, es decir, una estructura estatista que permite el uso discrecional del poder. Recordemos el dictum de Lord Acton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Por un lado, entonces, detestan la corrupción, y por el otro la alientan, al apoyar el intervencionismo estatal que inexorablemente la genera.

El argumento es más o menos siempre el mismo: yo manejo bien mi patrimonio, pero el resto es incapaz y requiere un “experto” gubernamental que maneje bien el fruto de su trabajo; de lo contrario, lo invertirá mal. Olvidan que uno de los ejes centrales de la sociedad abierta consiste en el proceso del mercado libre y competitivo, donde los que aciertan en la satisfacción de las necesidades ajenas obtienen ganancias y los que yerran incurren en quebrantos. Así, el sistema hace que los siempre escasos recursos estén en las mejores manos. Este mejor aprovechamiento permite aumentar las tasas de capitalización, que es lo que hace que los salarios e ingresos aumenten.

Esto está bien ilustrado en el título de uno de los libros del premio Nobel de economía Friedrich Hayek, La fatal arrogancia. Los errores del socialismo. Es así: se trata de la soberbia de megalómanos que pretenden manejar por la fuerza vidas y haciendas de terceros. No es que el liberalismo sea perfecto -la perfección no está al alcance de los mortales-, pero se trata de minimizar costos y convertir en políticamente posible lo que al momento no lo es. Sostener que en política se hace lo que se puede es una perogrullada, el asunto es empujar en la buena dirección “desde el llano”; en el caso argentino, esto apunta a suscribir con el paradigma alberdiano.

El conocimiento está disperso y fraccionado entre millones de personas, las señales de los precios coordinan el proceso para la mejor asignación de recursos. La intención de los burócratas-planificadores resulta irrelevante, pues la decisión política necesariamente será distinta de lo que decida la gente en libertad (si fuera igual, no habría necesidad de consumir fondos para pagar emolumentos innecesarios; además, para saber qué requiere la gente hay que dejar que se exprese).

En el actual contexto argentino, temas monetarios, fiscales, laborales, de comercio exterior, de protección de derechos, de ética pública, aparecen en algunos debates en los que implícitamente se da por sentada la razón kirchnerista, es decir, la razón del populismo exacerbado. Se plantean reformas que son pura cosmética, ya que quedan intactas funciones incompatibles con la forma republicana de gobierno. Se termina “haciendo la plancha”, sólo que con funcionarios de mejores modales.

Es ridículo pensar que puede cambiarse a un sistema libre si se dejan inalterados los organismos con funciones creadas y administradas por los populismos y sus respectivas disposiciones y reglamentaciones. La libertad de que se dispone puede ser ancha como un campo abierto o puede convertirse en un sendero estrecho, angosto y oscuro en el que apenas se pasa de perfil. Lo uno o lo otro depende de que no se restrinja la libertad del prójimo por la fuerza. No dejamos de ser libres porque no podemos volar por nuestros propios medios, ni porque no podemos dejar de sufrir las consecuencias de nuestros actos inconvenientes, ni somos menos libres debido a que no podemos desafiar las leyes de gravedad ni las leyes biológicas. Sólo tiene sentido la libertad en el contexto de las relaciones sociales y, como queda dicho, ésta disminuye cuando se la bloquea recurriendo a la violencia.

Para medir nuestras libertades, pensemos en lo que podemos y no podemos hacer. Unas pocas preguntas relativas a la vida diaria aclararán el tema. ¿Están abiertas todas las opciones cuando tomamos un taxi? ¿Ese servicio puede prestarse sin que el aparato estatal decida el otorgamiento de licencias especiales, el color del vehículo, la tarifa y los horarios de trabajo? Cuando elegimos el colegio de nuestros hijos, ¿la educación está libre de las imposiciones de ministerios de educación y equivalentes? ¿Puede quien está en relación de dependencia liberarse de los descuentos compulsivos al fruto de su trabajo? ¿Puede elegirse la afiliación o desafiliación de un sindicato o no pertenecer a ninguno sin sufrir medidas por parte de los dirigentes? ¿Puede exportarse e importarse libremente sin padecer aranceles, tarifas, cuotas y manipulaciones en el tipo de cambio? ¿Pueden elegirse los activos monetarios para realizar transacciones sin las imposiciones del curso forzoso? ¿Hay realmente libertad de contratar servicios en condiciones pactadas por las partes sin que el Gran Hermano imponga sus caprichos? ¿Hay libertad de prensa sin contar con agencias gubernamentales de noticias, pautas oficiales, diarios, radios y estaciones televisivas estatales? ¿Hay mercados libres con pseudoempresarios que hacen negocios con el poder de turno en medio de prebendas y privilegios? ¿Puede cada uno elegir la forma en que preverá su vejez sin que el aparato estatal succione el salario por medio de retenciones? ¿Pueden futuras generaciones liberarse de deudas estatales contraídas por gobiernos que no han elegido y sin que se caiga en la falacia de las “ventajas intergeneracionales”? Quienes apoyan la prepotencia de los aparatos estatales no perciben que lo que financia el gobierno siempre proviene compulsivamente de los bolsillos del vecino, especialmente de los más pobres.

La decadencia de la libertad no aparece de golpe. Se va infiltrando de contrabando en las áreas más pequeñas y se va irrigando de a poco, a fin de producir una anestesia en los ánimos. Pocos son los que dan la voz de alarma cuando el cercenamiento de libertades no le toca directamente el bolsillo.

“Se olvida que en los detalles es donde es más peligroso esclavizar a los hombres -escribió Tocqueville-. Por mi parte, me inclinaría a creer que la libertad es menos necesaria en las grandes cosas que en las pequeñas, sin pensar que se puede asegurar la una sin poseer la otra.” Por su lado, Anthony de Jasay consigna: “Amamos la retórica y la palabrería de la libertad a la que damos rienda suelta más allá de la sobriedad y el buen gusto, pero está abierto a serias dudas si realmente aceptamos el contenido sustantivo de la libertad”.

¿Cuántas personas hay que no hacen nada por la libertad? ¿Cuántos hay que creen que son otros los encargados de asegurarles el respeto a sus derechos? ¿Cuántos son los indiferentes frente al avasallamiento de la libertad de terceros? ¿Cuántos los que incluso aplauden el entrometimiento insolente del Leviatán siempre y cuando no afecte sus intereses de modo directo?

Entonces, ¿por qué ser libres? Por la sencilla razón de que de ese modo confirmamos la categoría de seres humanos y no nos rebajamos y degradamos en la escala zoológica, por motivos de dignidad y autoestima, para honrar el libre albedrío del que estamos dotados, para poder mirarnos al espejo sin que se vea reflejado un esperpento, para liberar energía creadora y así mejorar el nivel de vida y, sobre todo, para poder actualizar nuestras únicas e irrepetibles potencialidades.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

El paternalismo de la “salud pública” termina justificándose en la difusa idea de la “justicia social”

Por Martín Krause. Publicada el 4/3/16 en: http://bazar.ufm.edu/el-paternalismo-de-la-salud-publica-termina-justificandose-en-la-difusa-idea-de-la-justicia-social/

 

En la revista Regulation, del Cato Institute, Pierre Lemieux escribe un muy interesante artículo sobre la “salud pública” y cómo ha cambiado, desde un comienzo en el cual supuestamente proveía solamente ‘bienes públicos’, a una agenda política que busca imponer ciertas preferencias a la gente. El artículo original, aquí: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2015/9/regulation-v38n3-4.pdf

Van algunos párrafos:

Paternalismo

Una línea relacionada de ataque sobre las preferencias y opciones individuales es que algunas personas tienen mejor conocimiento de la salud que otros. Si los consumidores no saben lo que es bueno para ellos, alguien que “sabe mejor” debe decidir en su lugar. Este enfoque es llamado paternalismo y sirve para justificar las intervenciones coercitivas.

Pero, ¿quiénes son estos paternalistas sabios que saben mejor que el individuo cómo maximizar su bienestar? El Historiador británico del siglo XIX Thomas Macaulay describió el problema: “Y decir que la sociedad debería regirse por la opinión de los más sabios y mejores, aunque es cierto, es inútil. ¿Quién decidirá quiénes son los más sabios y mejores?”

En la práctica, activistas y expertos en salud pública se asemejan a los reyes filósofos de Platón. Reinan, subvencionados, en universidades e instituciones de salud del gobierno, aparentemente sabiendo lo que es bueno para la sociedad y dispuestos a imponerlo por la fuerza. Expertos en salud pública niegan esto y afirman que son meramente quienes aplican lo que la sociedad quiere. Turnock habla del valor de actividades de salud pública “en los ojos de la sociedad.” El Instituto de de Medicina define la salud pública como “lo que nosotros, como sociedad, hacemos colectivamente para asegurar las condiciones en las que personas pueden ser saludables.”

Abhay Indrayan, ahora retirado profesor de Bioestadística en la Universidad de ciencias médicas de Delhi, invoca tales preferencias sociales:

“Si tienes recursos para salvar solamente una vida, ¿elegiría a alguien con 25 o con 70 años de edad? Ha sido observado que la mayoría de las sociedades valora la vida entre 15 a 40 años más que la edad más joven o más viejo. Tenga en cuenta que estamos hablando de preferencias sociales y no de opciones individuales.”

Esta mención a la preferencia es un disparate científico, más allá de sus preocupantes implicaciones políticas. Un resultado bien conocido de la teoría de elección social y economía del bienestar es que simplemente las “preferencias sociales” no existen si, por esto, nos referimos a una democrática y coherente agregación de todas las preferencias individuales. El término “sociales”, que no tiene ningún significado científico comprobable, puede ser simplemente un término para evitar la metodología científica utilizada por economistas de bienestar en el debate sobre el bienestar social y las preferencias sociales. Anteriormente en estas páginas (verano 2003), expliqué que las llamadas “preferencias sociales” son incompatibles (como vemos a menudo en los resultados electorales) o dictatoriales en el sentido que algunas personas buscan imponer sus preferencias a los demás.

La noción contradictoria que los estúpidos consumidores también son sabios votantes que eligen a los políticos iluminados que contratan filósofos reyes paternalistas para dirigir la sanidad pública puede explicar por qué la justicia social debe venir al rescate. La justicia social determinará lo que sucede en salud pública, cómo deben ser la compensaciones, qué estado  “físico, mental y social bienestar” debe ser favorecido, y quién va a pagar por ello. Pero tenga en cuenta que sólo hemos retrocedido al círculo de los Reyes filósofos, ya que la justicia social es un concepto filosófico (y económico) complejo al que sólo pueden dar contenido los filósofos, que han debatido esto durante siglos.

La justicia social es un espejismo que nunca puede ser alcanzado porque siempre encontrará algunas personas que no obtienen lo suficiente de él, y la solución será más justicia social. (Véase Friedrich Hayek y Anthony de Jasay sobre este tema.) En el campo de la salud pública, los valores o preferencias utilizados serán los de los expertos a cargo o sus amos políticos. (En este contexto, los valores son simplemente preferencias sobre estados de la sociedad recomendados).

 

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

CONCENTRACIÓN DE RIQUEZA

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Antes he escrito a raíz del libro de Thomas Piketty sobre las estructuras de capital en este siglo que corre y también sobre otro de sus libros que alude a las desigualdades. Dejo de lado las enormes y acaloradas controversias estadísticas que suscitaron las expuestas en el primer libro mencionado, principalmente desarrolladas, explicadas y severamente criticadas por Jean-Philipe Delsol, Hunter Lewis, Rachel Black, Anthony de Jasay, Robert T. Murphy, Daniel Bier y Louis Woodhill. En esta nota preriodística circunscribo mi atención en torno a dos aspectos cruciales.

 

En primer lugar, es importante subrayar que en un mercado abierto las desigualdades de ingresos corresponden a las preferencias de los consumidores. Si el oferente da en la tecla respecto a los gustos y necesidades de sus congéneres, obtendrá ganancias y si yerra incurrirá en quebrantos.

 

Por esto es que la llamada redistribución de ingresos se traduce inexorablemente en consumo de capital puesto que la correspondiente asignación de los siempre escasos factores de producción se destinan a campos distintos de los preferidos por la gente. Redistribuir significa volver a distribuir por la fuerza lo que pacíficamente ya habían distribuido los consumidores en el supermercado y afines.

 

Entonces, el delta o el diferencial de ingresos es simplemente lo que el público consumidor decide a través del plebiscito diario del mercado con sus compras y abstenciones de comprar. Es del todo contraproducente que los políticos prefieran la situación donde el diferencial sea menor con ingresos también menores para todos respecto a la situación en la que el delta es más grande pero los ingresos de todos resultan mayores. La envidia y la demagogia empujan a la primera de las situaciones descriptas en perjuicio de todos, especialmente de los más necesitados. Lo importante es que el promedio ponderado se eleve.

 

El segundo punto se refiere a las desigualdades de patrimonios para lo cual cabe el mismo razonamiento con el agregado de que los que se ubican en la cumbre de la escala son los mayores aportantes de la inversión total, lo cual es condición necesaria para que los ubicados en el nivel más bajo vean incrementar sus ingresos puesto que las tasas de capitalización son la única causa de aquellos incrementos.

 

A los efectos de lo que aquí decimos no resultan relevantes las controversias antes mencionadas en cuanto a los errores (y, en algunos caso, horrores) estadísticos. Sin duda que son importantes para ilustrar bien lo ocurrido pero, como queda dicho, no modifican las conclusiones de lo que sucede en un mercado abierto y competitivo. Cualquiera sea el resultado respecto a las desigualdades, es lo que demanda la gente que siempre recibe a cambio de su dinero valores que estima son mayores que lo entregado a cambio (de lo contrario no hubiera llevado a cabo la transacción).

 

Y desde luego que no es que los que están en el pico de la pirámide se llevan la riqueza a Marte, constituyen el motor principal del progreso de los que al momento son marginales. Es del todo incorrecto presentar las correspondientes transacciones como compatibles con la suma cero, es decir, como si lo que tienen unos es debido a que otros son despojados de lo que les pertenece. La riqueza es un concepto dinámico, el valor total está en permanente movimiento. No solo no son los mismos los que están en los diversos niveles de la pirámide, sino que, como decimos, el valor total se incrementa en sociedades libres.

 

Si seguimos el principio de Lavoisier en cuanto a que nada se crea, nada se pierde, todo se transforma, debemos enfatizar que el tema de la riqueza no alude a la cuantía de lo material sino al valor. Como hemos ilustrado en otra ocasión: el teléfono antiguo tenía mucho más materia que el moderno, sin embargo este último ofrece muchísimos más servicios. La materia del globo terráqueo en la antigüedad era la misma que la actual, sin embargo la riqueza hoy es infinitamente superior a la de antaño cuando la expectativa de vida era de corta edad, la medicina no podía enfrentar las dolencias comunes y las hambrunas eran moneda corriente en todos lados.

 

Muchos han sido los cálculos sobre los escasos centavos de aumento que resultarían de dividir entre la población los patrimonios de los más ricos en comparación con la formidable pérdida de ingresos debido a que la usina inversionista desaparece al arrancar recursos de aquellos que la gente consideraba más eficiente para administrarlos.

 

En consecuencia, el Gini Ratio que muestra la dispersión o concentración de ingresos no nos dice nada respecto a la inconveniencia de esa dispersión que la ser decidida por la gente es necesariamente conveniente y de modo que no resulta irrevocable sino que cambia a media que cambian los gustos y la calidad del servicio que se estima proveen los distintos oferentes.

 

Por supuesto que si no tiene lugar el mercado abierto y no se aplican marcos institucionales que respeten los derechos de las personas y, en su lugar, existen alianzas entre supuestos empresarios y el poder político, en ese caso las diferencias de ingresos y patrimonios resultante es consecuencia de la injusticia y la explotación tal como es la situación en gran medida en el denominado mundo libre (en Estados Unidos este proceso inicuo se ha intensificado a través de los bailouts por los que se subsidia a empresarios irresponsables e ineptos con los recursos de los trabajadores que no tienen poder de lobby). Debemos diferenciar claramente lo que son servicios en el ámbito del mercado libre de lo que son robos vía los acuerdos con el poder político que en sus resultados no son distintos de los asaltantes de bancos.

 

Peor aun si cabe, es el escandaloso robo de bienes públicos perpetrado por muchos gobernantes que marcan diferencias colosales de ingresos y patrimonios respecto a los de los gobernados, todo lo cual también significan deltas que son fruto de reiterados latrocinios que colocan a estos sátrapas en los lugares de las mayores fortunas del orbe y, paradójicamente, son los que más declaman sobre la necesidad de nivelar con lo que la hipocresía resulta superlativa.

 

Básicamente como consecuencia de la difusión de recientes estadísticas -no siempre verídicas como hemos apuntado- sobre porcentajes de riqueza que se estima concentrada en pocas manos se ha vuelto a la carga con la manía de la guillotina horizontal, es decir, con la manía del igualitarismo. Y una de las herramientas que se consideran más efectivas para tal fin (relanzadas por Piketty) es el impuesto progresivo (cuyo máximo difusor es hoy el candidato presidencial en Estados Unidos, Bernie Sanders).

 

Como es sabido, el impuesto proporcional significa que se mantiene la alícuota en todas las escalas de ingresos y patrimonios o en todos los niveles de gastos, lo cual se traduce en que los que ponen de manifiesto capacidades contributivas mayores pagan mayores tributos respecto a los de menor capacidad contributiva. Por su parte el impuesto progresivo,  como su nombre lo indica, significa que la alícuota progresa en la medida en que progresa la capacidad contributiva sea ésta directa o indirecta.

 

Pues los efectos más contundentes de la progresividad fiscal son, primero, que altera las posiciones patrimoniales relativas lo cual implica que las ubicaciones que la gente votó en el mercado de acuerdo a las preferencias de cada cual son contradichas por el referido gravamen lo cual significa derroche de capital. Segundo, el impuesto progresivo atenta contra la necesaria movilidad social ya que introduce vallas en el ascenso en la pirámide patrimonial. Tercero, este tipo de carga fiscal constituye un castigo para los más eficientes situación que contradice la idea de que debe alentarse la mayor eficiencia. Cuarto, el impuesto progresivo es en realidad regresivo ya que afecta los ingresos de los que menos tienen puesto que se compromete la inversión de los más pudientes. Quinto, este impuesto termina siendo un privilegio para los ricos que se colocaron en el vértice de la pirámide patrimonial antes de la implementación del gravamen quienes cuentan con una ventaja respecto a los actores sucesivos.

 

Por tanto, cuando se habla de posiciones porcentuales en cuanto a ingresos o patrimonios debe tenerse en cuenta que lo trascendente son los valores absolutos de estos guarismos a los efectos de percatarnos de las mejoras en todas las escalas cuando se opera en una sociedad abierta.

 

La propiedad es una noción jurídica mientras que el patrimonio es una noción económica que responde a las valorizaciones de la gente. En la medida en que exista libertad y respeto a valores jurídicos elementales tiene lugar menor pobreza relativa y los mejores niveles de vida de los habitantes que se desenvuelven en los países en donde más se dan aquellas condiciones. Incluso, como es sabido, hay países que cuentan con grandiosas reservas de recursos naturales (como en África) y sin embargo sus habitantes son muy pobres, mientras que otros sin recursos naturales ofrecen a sus ciudadanos condiciones de vida de gran confort (como es el caso de Japón que es un cascote donde solo el veinte por ciento es habitable).

 

La institución de la propiedad privada resulta esencial para asignar recursos eficientemente. Como las necesidades son ilimitadas y los recursos para atenderlas son limitados, la asignación de derechos de propiedad es indispensable, puesto que “la tragedia de los comunes” (lo que es de todos no es de nadie) se produce debido a que los incentivos para mantener y producir son nulos.

 

Como una nota a pie de página consigno que Claude Robinson en su libro Understanding Profits muestra que la distribución promedio de las cien empresas estadounidenses de mayor facturación en el año en que ese autor tomó la muestra era de la siguiente manera: del 100% del producto de las ventas, el 43% iban a sufragar costos de producción directos que incluían publicidad, el 2.7% para amortizaciones, el 0.3% para intereses y otras cargas financieras, el 7.1% para impuestos, el 40.5% para sueldos de empleados, el 4% para dividendos y honorarios de directores y el 2.4% para reinversiones.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

¿Qué es el capitalismo “de estado”?

Por Gabriel Boragina. Publicado el 7/4/14 en http://www.accionhumana.com/2014/04/que-es-el-capitalismo-de-estado.html

 

La palabra “capitalismo” se ha prestado, y desde épocas posteriores a K. Marx (quien habría sido el más prolífico divulgador del término) a interpretaciones de las más variadas y contrapuestas en su significado. A continuación, vamos a examinar someramente algunos de los distintos sentidos que se le han dado a la fórmula compuesta por las expresiones “capitalismo”, por un lado, y “estado”, por el opuesto, y que es lo que han pretendido obtener los autores que emplearon este enunciado con la fusión de ambos vocablos.

Comencemos con la visión de un socialista al respecto:

“En los países de capitalismo privado monopolista la clase obrera dispone de un mínimo de libertades democráticas… y que son, aunque limitadas, suficientes no sólo para tomar conciencia de la explotación a que es sometida, sino también para organizarse y luchar contra ella. En cambio, en los países de capitalismo de estado burocrático, mal llamados ‘socialistas’, la clase obrera no dispone de esas posibilidades. No puede hacer huelga. Sólo puede organizarse en sindicatos que son meras correas de transmisión del aparato estatal y del partido único, y comparados con los cuales eran auténticos paraísos democráticos los sindicatos verticales de la dictadura franquista (AFS: 156).”[1]

Estas palabras de Semprún revelan con total claridad el grado de confusión conceptual y terminológica que tienen todos los socialistas (marxistas o no marxistas) sobre el verdadero significado de la palabra capitalismo. El capitalismo, desde luego, es privado si se entiende desde el punto de vista de los derechos de propiedad. Pero es público en tanto y en cuanto se visualizan los extraordinarios y enormes beneficios del sistema para el conjunto de la sociedad donde se aplique. Esto último es lo que descarta por completo la calificación de “monopolista” (que no es más que un mito). Recordemos que los monopolios, si bien escasamente posibles, son extremadamente raros en un sistema capitalista.

Por lo demás, el “capitalismo privado” -como lo llama Semprún- (dicho sea de paso, locución más que redundante), es la antítesis de la “explotación” de la “clase obrera”, a la que si, es sometida en los sistemas socialistas. Parece que, a lo que dicho autor quiere referirse bajo el rótulo de “capitalismo de estado burocrático”, no es más que -lisa y llanamente- socialismo y comunismo, sólo que no desea reconocer que el socialismo no es otra cosa diferente a un paso previo al comunismo. Y todo esto, sin entrar a cuestionar lo inexacto de pensar en los obreros como una “clase social”. Lo que indudablemente está mal es llamar a los países socialistas con la rebuscada fórmula “capitalismo de estado burocrático”, que no es más que una contradicción en términos, donde la primer palabra “capitalismo” es la antinomia del estado burocrático. Sirva pues la cita transcripta para revelar el grado de desconcierto y mezcolanza que anida en la mente de un socialista y/o comunista, (pese a que Semprún, posteriormente, modificó en algo su manera de ver el tema).

Los alemanes de posguerra padecían de la misma confusión:

“Los sindicatos alemanes reunidos en la Conferencia de las Cuatro Zonas (Viertel Zonenkonferenz), en mayo de 1947, reclamaban la instauración de “una economía planificada y dirigida”. La propia Democracia Cristiana (CDU) de la zona ocupada por las fuerzas británicas señalaba en su plan de agosto de 1947 que “la planificación y el dirigismo en la economía parece que serán indispensables por un largo período”, aunque también reconocía “los peligros de un capitalismo de estado para la libertad política y económica de los individuos”. En contraposición, el Partido Liberal (FDP) declaraba que “las necesidades de la población serán mejor satisfechas por medio de un sistema que incentive la producción mediante un sistema que dé prioridad a la libre iniciativa y elimine el sistema económico en poder de la burocracia (Wirtschaftsbürokratie)”.”[2]

Parece que los sindicatos y la CDU añoraban el nazismo del cual terminaban de salir (si bien la CDU se mostraba algo más prudente), lo que contrasta con la afirmación de muchos, que dicen que Hitler no contaba con demasiados seguidores hacia el final de su caída (y hasta hay liberales que afirman que fue un “error” combatir a Hitler). Más allá de esto último, la cita denota nuevamente el empleo de la expresión “capitalismo de estado” como sinónimo de comunismo y/o socialismo.

Otros autores, enfatizan la sinonimia de la fórmula en estudio con lo que se llama estado totalitario, en palabras como las siguientes:

“En cualquier caso, si es que las revoluciones modernas son concebibles, hay una presunción de que por las mismas razones que le obligan a ser totalitario, el capitalismo de Estado corre mayo­res riesgos y necesita defensas más poderosas contra la revuelta que los Estados que no poseen, sino que meramente distribuyen lo que otros poseen.”[3]

L. v. Mises, a nuestro juicio con gran acierto, ironiza sobre la alocución:

“En años recientes se descubrió un nuevo término para aquello que quedaba encubierto por la expresión “economía planificada”: Capitalismo de Estado, y no pueden caber dudas que en el futuro todavía surgirán muchas otras proposiciones para el salvataje del socialismo. Aprenderemos muchos nombres nuevos para la misma cosa. Pero lo que importa es la cosa, no sus nombres, y todos los esquemas de este tipo no lograrán alterar la naturaleza del socialismo.”[4]

 

[1]Samuel Amaral. “El largo viaje de un rojo español: del marxismo a la libertad en Jorge Semprún” RIIM Revista de Instituciones, Ideas y Mercados-Nº 51| Octubre 2009 | pp. 147-200 | ISSN 1852-5970. pág. 180-181.

[2]Enrique Cerdá Omiste. “La reforma económica alemana de 1948” – Revista Libertas IV: 6 (Mayo 1987) Instituto Universitario ESEADE pág. 5

[3] Anthony de Jasay. El Estado. La lógica del poder político. Alianza Universidad. Pág. 306.

[4]Ludwig von Mises. “SOCIALISMOS Y PSEUDOSOCIALISMOS” Extractado de Von Mises, Socialism: An Economic and Sociological Analysis, capítulos 14 y 15. La traducción ha tenido como base la versión inglesa publicada por Liberty Classics, Indianápolis, 1981. Traducido y publicado con la debida autorización. Estudios Públicos, 15. Pág. 25 a 28

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. 

La recurrente manía del igualitarismo

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 6/1/13 en  http://www.lanacion.com.ar/1653078-la-recurrente-mania-del-igualitarismo

 

Más allá de las buenas intenciones, en las sociedades abiertas redistribuir ingresos es contraproducente, incluso para los más necesitados, dice el autor. Lo importante es maximizar los incentivos.

Con la mejor de las intenciones, seguramente, se machaca sobre la necesidad de contar con sociedades más igualitarias desde el punto de vista de ingresos y patrimonios. Pero esta visión, tan generalizada, es en verdad del todo contraproducente, y de modo especial para los más débiles y necesitados.

La manía del igualitarismo lleva a los aparatos estatales a ocuparse de “redistribuir ingresos”. Robert Nozick ha escrito que le resulta difícil comprender cómo es que la gente vota diariamente en el supermercado sobre la base de sus preferencias sobre los bienes y servicios que más le agradan y, luego, los políticos se empeñan en redistribuir aquellas votaciones, lo cual significa contradecir las previas decisiones de los consumidores. Esto, a su vez, se traduce en un desperdicio de los siempre escasos factores productivos y, por consiguiente, en una reducción de salarios e ingresos en términos reales.

En una sociedad abierta es absolutamente irrelevante el delta o el diferencial entre los patrimonios de los diversos actores económicos, puesto que, como queda dicho, las diferencias corresponden a las preferencias de la gente puestas de manifiesto en el plebiscito diario con sus compras y abstenciones de comprar. Lo importante es maximizar los incentivos para que todos mejoren, y la forma de hacerlo es, precisamente, respetando los derechos de propiedad de cada cual.

Como los bienes y servicios no crecen en los árboles y son escasos, en el proceso de mercado (que es lo mismo que decir en el contexto de los arreglos contractuales entre millones de personas) la propiedad se va asignando y reasignando según sea la calidad de lo que se ofrece: los comerciantes que aciertan en los gustos del prójimo obtienen ganancias y los que yerran incurren en quebrantos. Es obvio que esto no ocurre si los operadores están blindados con privilegios de diversa naturaleza, ya que, de ese modo, se convierten en explotadores de los demás y succionan el fruto de sus trabajos. Estamos hablando de mercados abiertos y competitivos, lo que desafortunadamente es muy poco usual en nuestros días.

La riqueza no es un proceso estático de suma cero, en el sentido que lo que uno gana lo pierde otro. Es un proceso dinámico de creación de valor, puesto que en las transacciones libres ambas partes ganan, lo que explica el motivo de la transacción. La denominada justicia social sólo puede tener dos significados: o se trata de una grosera redundancia, puesto que la justicia no es vegetal, mineral o animal, o significa quitarles a unos lo que les pertenece para entregarlo a quienes no les pertenece, lo cual contradice abiertamente la definición clásica de “dar a cada uno lo suyo”. Es lo que el decimonónico Frédéric Bastiat, ajustadamente, llama “robo legal”.

Para combatir la pobreza se requieren marcos institucionales civilizados que aseguren respeto recíproco en las vidas, libertades y propiedades. Ésa es la diferencia entre Angola y Canadá. Si un pintor de brocha gorda se muda de Bolivia a Alemania, multiplicará varias veces su salario. No es que el alemán sea más generoso que el boliviano, sino que Alemania tiene tasas de capitalización más elevadas, es decir, mayores y mejores equipos, herramientas y conocimientos pertinentes que hacen de apoyo al trabajo para elevar su rendimiento. Y tampoco es que el alemán sea más trabajador y realice esfuerzos mayores que sus congéneres. Al contrario, los esfuerzos son mucho menores y en jornadas más reducidas respecto de colegas de un país pobre, que llevan a cabo faenas agotadoras en jornadas más largas.

Si no somos racistas y si nos damos cuenta de que nada tiene que ver el clima ni los recursos naturales (África es el continente más rico en ellos y Japón es una isla cuyo territorio es habitable sólo en el 20%), debemos percatarnos de la trascendencia de las antedichas tasas de inversión, si es que en verdad nos preocupan las personas que con más peso sufren la pobreza.

Sobre la base de la antedicha “redistribución de ingresos” se agudiza el desmoronamiento del esqueleto jurídico, puesto que la igualdad ante la ley se convierte en la igualdad mediante la ley, con lo que el eje central de la sociedad abierta queda gravemente dañado. Thomas Sowell sugiere que los economistas dejemos de hablar de distribuir y redistribuir ingresos, “puesto que los ingresos no se distribuyen, se ganan”, para lo cual es menester abolir todos los privilegios de los seudoempresarios que se apoderan de recursos, cosa que nada tiene que ver con la adecuada atención a las necesidades del prójimo.

Anthony de Jasay apunta que la metáfora, tomada del deporte, que dice que todos deberían partir de la misma línea de largada en la carrera por la vida, sin ventajas de herencia, es autodestructiva. Esto es así porque el que se esforzó por llegar primero y ganar la carrera percibirá que en la próxima largada habrá que nivelar nuevamente, con lo que el esfuerzo realizado resultó inútil.

Del mismo modo, John Rawls, Ronald Dworkin y Lester Thurow, al insistir en principios de compensación a los menos dotados en cuanto a los talentos naturales, están, en definitiva, perjudicando a los que menos tienen. En primer lugar, los talentos adquiridos son consecuencia de los naturales en la formación de la personalidad, con lo que no resulta posible escindirlos. En segundo término, nadie sabe -ni siquiera el propio titular- cuál es su stock de talentos mientras no se presente la oportunidad de revelarlos, y esas oportunidades serán menores en la medida en que los gobiernos “compensen”, con lo que inexorablemente distorsionan los precios relativos. Por último, cada uno tendrá habilidades diferentes para usar la compensación otorgada por los aparatos estatales; en consecuencia, habría que compensar la compensación y así sucesivamente.

Todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles desde el punto de vista anatómico, bioquímico y, sobre todo, psicológico. El igualitarismo tiende a que se desmorone la división del trabajo y, por ende, la cooperación social. Son indispensables las diferentes tareas. Por otra parte, el tedio sería insoportable en una sociedad igualitaria; la misma conversación con otro sería similar a hablar con el espejo. También es importante destacar que la guillotina horizontal exige un gobierno totalitario, ya que no bien alguien se sale de la marca impuesta hay que recurrir a la fuerza para igualar.

En estos contextos, es de interés subrayar la inconveniencia de la cantinela del impuesto progresivo. Como es sabido, hay básicamente dos tipos de impuestos: el proporcional, en el que, como su nombre lo indica, la alícuota es proporcional al objeto imponible, y el progresivo, en el que la tasa crece cuando aumenta el objeto imponible. El último gravamen constituye un privilegio para los más ricos, ya que su instalación en el vértice de la pirámide patrimonial antes del establecimiento de la progresividad les otorga una gran ventaja respecto a los que dificultosamente vienen ascendiendo en la pirámide, lo cual bloquea la movilidad social. Además, el tributo progresivo altera las posiciones patrimoniales relativas, a diferencia del impuesto proporcional, que las mantiene intactas; es decir, no desfigura los resultados de las mencionadas votaciones de la gente. Además, la progresividad se transforma en regresividad, ya que los contribuyentes de jure con mayores posibilidades de inversión al dejar de invertir afectan los salarios de los de menor poder adquisitivo. Tengamos en cuenta que el 20% de los puntos del célebre decálogo de Marx y Engels se refieren a la conveniencia de la progresividad y que, entre nosotros, Alberdi y, en Estados Unidos, los Padres Fundadores, se oponían férreamente al impuesto progresivo por los motivos antes apuntados.

En estos contextos, se recurre a la expresión desafortunada de “darwinismo social”, mediante la que se lleva a cabo una ilegítima extrapolación del campo biológico al campo de las relaciones sociales. En este último terreno, los más fuertes económicamente, como una consecuencia no buscada, trasmiten su fortaleza a los relativamente más débiles, vía las referidas tasas de capitalización y, en este caso, no se seleccionan especies sino normas. Darwin tomó la idea del evolucionismo de Mandeville, pero con un sentido sustancialmente distinto.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.