LA LECCIÓN DEL PRINCIPITO Y LOS BIENES PÚBLICOS

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

“¡Ah -exclamó el rey al divisar al principito- aquí tenemos un súbdito! El principito se preguntó ¿Cómo es posible que me reconozca si nunca me ha visto? Ignoraba que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos.”

 

Este pensamiento que estampa Antoine de Saint-Exupery hace a la esencia de buena parte de los gobernantes en funciones de nuestra época. No se trata de seres humanos que hay que garantizar sus derechos sino de súbitos que deben obedecer a rajatabla las ocurrencias de  sujetos arrogantes que en lugar de actuar como mandatarios proceden como mandantes iluminados que imponen sus caprichos a quienes están supuestos de proteger.

 

El fenómeno resulta en un juego macabro en el que candidatos a ocupar puestos políticos también anuncian sus esperpentos para manejar a los demás ni bien accedan al poder, incluso los que se las dan de profesionales y técnicos economistas que se suelen disputar la escena para exhibir sus planes para los demás, hasta con decimales en cuanto a los resultados de sus engendros.

 

Parece que pasó aquella fórmula de que “el mejor gobierno es el que menos gobierna” de los Padres Fundadores estadounidenses o de políticos argentinos como Leandro Alem que insistía en sostener aquello de “gobernad lo menos posible, porque mientras menos gobierno extraño tenga el hombre, más avanza la libertad.”

 

Ahora los políticos en funciones machacan con que introducen nuevas y más extensas legislaciones porque “se preocupan por la gente” y demás sandeces superlativas, sin percatarse que cada intromisión fuera de la protección a la vida, la libertad y la propiedad de las personas se está perjudicando grandemente el progreso de cada cual.

 

Los planificadores de vidas y haciendas ajenas no conciben la armonía de intereses que opera en libertad, donde cada uno para satisfacer su interés debe satisfacer los intereses del prójimo. En lugar de esto se estampan regulaciones que traban cuando no eliminan  la posibilidad de acuerdos libres y voluntarios entre las partes.

 

Con el argumento de abusos que no ocurren si los marcos institucionales son congruentes con el respeto recíproco, entronizan los peores abusos y tropelías al tiempo que generan conflictos irreparables de intereses.

 

Ilustro este problema con lo que se han dado en llamar “bienes públicos” que justificarían el comienzo de las irrupciones de los aparatos estatales en la vida de los ciudadanos. He escrito antes sobre este tema que ahora reproduzco parcialmente y de modo muy simplificado (a riesgo que el asunto quede trunco en una nota periodística por lo que, si se desea profundizar el tema, sugiero mi ensayo “Bienes públicos, externalidades y los free-riders: el argumento reconsiderado” publicado en Santiago de Chile, Estudios Públicos, No. 71, invierno de 1998).

 

Se dice que un bien público es aquel que produce efectos sobre quienes no han participado en la transacción. Es decir, aquellos que producen efectos para terceros o externalidades que no son susceptibles de internalizarse. En otros términos, aquellos bienes que se producen para todos o no se producen puesto que no se puede excluir a otros.

 

Por ejemplo, un bien público sería un perfume agradable que usa una persona y que otros disfrutan, mientras que un bien privado sería el uso del teléfono que sólo beneficia al usuario. Asimismo, los bienes públicos tienen la característica de la no-rivalidad, lo cual significa que el bien no disminuye por el hecho de que lo consuma un número mayor de personas.

 

En nuestro ejemplo, no se consume el perfume por el hecho de que un número mayor de personas aproveche el aroma. En consecuencia, los principios de no-exclusión y no-rivalidad caracterizan al bien público, lo cual, a su turno, significa que tienen lugar externalidades, es decir, como queda dicho, que gente se beneficia del bien sin haber contribuido a su financiación (free-riders) o también, en otros casos, gente que se perjudica (externalidades negativas o costos externos) situación ésta última en la que los free-riders son los emisores de externalidades.

 

Es importante distinguir una externalidad negativa de una lesión al derecho. Si una persona planta y cosecha determinado bien que requiere sombra la cual es proporcionada por un vecino como una externalidad positiva, el día que ese vecino decide talar parte de su bosque y, por tanto, le retira la sombra al referido productor, esto último significará una externalidad negativa pero no una lesión al derecho puesto que el agricultor de marras no tiene un derecho adquirido sobre la sombra que originalmente le proporcionaba su vecino. Si, en cambio, el agricultor fuese asaltado por su vecino, estaríamos frente a una lesión al derecho (lo mismo ocurriría con los decibeles o emisiones excesivas de monóxido de carbono, para citar los ejemplos clásicos).

 

En cualquier caso, en este contexto, se mantiene que los bienes públicos deben ser provistos por el gobierno, ya que de ese modo, se continúa diciendo, los beneficiarios de externalidades positivas financiarían el producto en cuestión vía los impuestos. Y, por tanto, no habría free-riders y, por ende, desaparecería esa “falla del mercado” (la producción de externalidades no internalizables).

 

En este mismo hilo argumental se sostiene que si el gobierno no provee ese bien, el mercado no lo produciría o, si lo hiciera, sería a niveles sub-óptimos, puesto que los productores particulares tenderán a sacar partida de la externalidad especulando con la posibilidad de constituirse en un free-rider (es decir, a la espera de que otro sea quien lo produzca y, por tanto, cargue con los gastos correspondientes). Del mismo modo, se ha sostenido que en caso de una externalidad negativa el gobierno debe compensar la acción del responsable (free-rider).

 

En otros términos, el bien público constituye el argumento central del intervencionismo estatal que resulta en el  contexto de la lección de “El Principito” con que abrimos esta nota, ya que en esta línea argumental, el gobierno produciría la cantidad óptima del bien en cuestión que sería financiado por todos a través de impuestos con lo cual se internalizaría la externalidad y no habría free-riders ni costos ni beneficios externos sin internalizar. Tal vez el resumen más claro de esta posición esté expresada por Marcun Olson quien sostiene que “Un estado es, ante todo, una organización que provee de bienes públicos a sus miembros, los ciudadanos”.

 

Una primera mirada a la producción de bienes y servicios obliga a concluir que muchos de los provistos por los gobiernos tienen las características de bienes privados (en nuestro ejemplo anterior, el servicio telefónico, también el correo, la aeronavegación, etc.) así como también muchos de los que producen externalidades no internalizables son provistos por el sector privado (nuestro ejemplo del perfume, los edificios elegantes, etc.).

 

En verdad la mayor parte de los bienes y servicios producen free-riders, desde educación hasta el diseño de las corbatas. David Friedman considera que sus libros han hecho mucho por la sociedad abierta, incluso para aquellos que no los han adquirido (free-riders) de lo cual no se desprende que el gobierno debe intervenir la industria editorial. El mismo autor muestra que en el caso de la protección privada, las agencias que quieren diferenciar a sus clientes colocan letreros en las casas de quienes pagan el servicio.

 

Robert Nozick explica que las externalidades positivas derivadas de, por ejemplo, el lenguaje y las instituciones no autoriza a que se nos obligue a pagar sumas de dinero por ello. Por su  parte, Murray N. Rothbard señala la contradicción que se suscita en torno al tema del free-rider: “Vamos ahora al problema de los beneficios externos, la justificación que exponen los economistas para la intervención gubernamental. Muchos escritores conceden que el mercado libre puede dejarse funcionar en aquellos casos en donde los individuos se benefician a sí mismos por sus acciones. Pero los actos humanos pueden frecuentemente, aun inadvertidamente, beneficiar a terceros. Uno pensaría que este es un motivo de regocijo, sin embargo los críticos sostienen que esto produce males en abundancia”. A continuación el mismo autor señala las posiciones contradictorias por parte de quienes sostienen que el gobierno debería intervenir: por un lado se sostiene que el mercado produce egoístas y, por ende, el estado debería mitigar el efecto correspondiente, por otro, se sostiene que el gobierno debe actuar allí donde hay beneficios para terceros.

 

Es que en realidad somos free-riders en muchos sentidos. Nuestras propias remuneraciones se deben  a la acumulación de capital que realizan otros. Más aún, hay casos en los cuales se desea expresamente que no se internalice la externalidad como puede ser el caso de una mujer atractiva, lo cual, de más está decir, tampoco justifica la intromisión gubernamental.

 

Por otra parte, si se desea la internalización de la externalidad, ésta se llevará a cabo según sea el progreso tecnológico y en un contexto evolutivo tal cual ha ocurrido en los casos de la codificación de la televisión satelital y los censores en las ballenas. Respecto de la argumentación en cuanto a que los llamados bienes públicos deberían ser producidos por los gobiernos, como hemos mencionado, se sostiene que si éstos se fabricaran en el mercado estarían, en el mejor de los casos, sub-producidos. Pero debe tenerse en cuenta que para aludir a la “sub-producción” debe hacerse referencia a un parámetro y a un punto de comparación. En este sentido, es de gran importancia recordar la precisión que realiza el premio Nobel en economía James M. Buchanan respecto del concepto de eficiencia: “Si no hay criterio objetivo para el uso de los recursos que puedan asignarse para la producción como un medio de verificar indirectamente la eficiencia del proceso, entonces, mientras el intercambio sea abierto y mientras se excluya la fuerza y el fraude, el acuerdo logrado, por definición, será calificado como eficiente”.

 

Es que el proceso de mercado es la manifestación de millones de arreglos contractuales libres y voluntarios. Lo que desean las personas es lo que ponen de manifiesto a través de los pesos relativos que revelan en sus compras y abstenciones de comprar, por esto es que lo que desean hacer las personas con sus propiedades es, por definición, óptimo y lo sub-óptimo aparece en la medida en que las decisiones se apartan de esos requerimientos. Entonces, si existe coerción, la cantidad producida será necesariamente distinta de lo que hubiera elegido la gente si no se hubiera entrometido el gobierno.

 

La producción de determinados bienes y servicios podrá tener en cuenta, por un lado, el fastidio eventual que produce la existencia de free-riders y, por otro, el beneficio que reporta el bien o el servicio en cuestión y decidir en consecuencia. David Schmidtz explica que para realizar la producción de determinado bien puede llevarse a cabo un contrato en el que se garantiza que cada cuota-parte servirá para ese propósito siempre y cuando se llegue a la suma total requerida para el proyecto: “El propósito del contrato es garantizar a cada parte contratante que su contribución no será desperdiciada en un proyecto de bienes públicos que no cuenta con los recursos suficientes para llevarse a cabo”.

 

Es interesante hacer notar que cuando aludíamos al principio de la no-exclusión decíamos que, según Samuelson, una de las características del bien público es que se produce para todos o no se produce para ninguno: en esto, como dijimos, consiste el principio de no-exclusión. Pero como nos muestra Kenneth D. Goldin debemos analizar cuidadosamente qué significa en este contexto la palabra “todos” ya que “muy pocos bienes públicos están disponibles para todos los miembros del planeta”.

 

En última instancia, no parece haber un criterio para determinar en casos específicos qué bienes son públicos y cuáles son privados puesto que muchos de los considerados bienes públicos pueden ser “males” para ciertas personas dada la valorización subjetiva (lo que es un buen perfume para unos puede ser malo para otros e indiferente para quienes no tienen olfato).

 

En resumen, la lección de El Principito en el contexto de los llamados “bienes públicos” debe tomarse en cuenta para mitigar el desmedido avance del Leviatán.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba.

¿De qué se habla cuando se habla del mercado?

Por Carlos Alberto Salguero. Publicado el 8/4/17 en: http://www.rionegro.com.ar/columnistas/de-que-se-habla-cuando-se-habla-del-mercado-XA2561770

 

Por lo habitual, cuando se habla del mercado inmediatamente surge una postura defensiva, un ceño fruncido y la actitud desafiante y hostil hacia el grupo más indolente y vil de la humanidad toda: los especuladores. Según se dice y cree, los que especulan pertenecen al nefasto núcleo de aquellos quienes, de modo turbio y obscuro, trazan maquiavélicas alianzas con el fin de quitar, someter y pervertir el orden establecido de las cosas, ya que procuran provecho o ganancia fuera del tráfico mercantil.

Sin embargo especular, según la Real Academia Española, como verbo intransitivo, significa hacer conjeturas sobre algo sin conocimiento suficiente, efectuar operaciones comerciales o financieras con la esperanza de obtener beneficios aprovechando las variaciones de los precios o de los cambios. Contrario al sentido peyorativo del término, como ha sido brillantemente expuesto por Alberto Benegas Lynch (h), especular en la jerga de los economistas, “ex ante”, significa pensar.

Sobre este punto es preciso ser claro, la información en el mercado se encuentra dispersa, difusa y en muy pequeñas dosis. La única certeza que se tiene del futuro es que el resultado final, de cientos de miles de acuerdos libres y voluntarios que se celebran en todo momento, tiene la siguiente característica: es incierto; sólo si las partes aciertan en la acción de especular ambos lados de la ecuación resultarán beneficiadas. No obstante, no sólo puede resultar perjudicado alguno de los contratantes, sino ambos. Generalmente, bajo el marco de la Teoría de los Juegos, este tipo de estrategias eventualmente exitosas constituyen juegos de suma positiva, la quinta esencia del ejercicio de la libertad económica. Ah, por cierto, me refiero al proceso de mercado, un proceso que no se detiene jamás.

Dicho sea de paso, un ejemplo de reciente factura son los miles de argentinos que cruzan diariamente la frontera de Chile para realizar compras corrientes, en este sentido, ¡simples especuladores! Por supuesto, el lector podrá hacer sus propias especulaciones, pero más allá de los respectivos juicios de valor, en cada caso, es precisamente la acción de especular lo que motiva a los connacionales a realizar acciones especulativas. Y el resultado también será juzgado individuamente.

Ahora, especulaciones aparte, más allá de las asimetrías o enojos que provoquen los desaguisados de la política económica y hagan lugar a los más absurdas conjeturas, el error consiste en suponer, como lo ha hecho el célebre economista Lester Thurow y muchos otros, que “El capitalismo sostiene que es el derecho de los económicamente competentes expulsar a los incompetentes del ámbito comercial y dejarlos librados a la extinción económica. La eficiencia capitalista consiste en la ‘supervivencia del más apto y las desigualdades en el poder adquisitivo’. Para decirlo de forma más dura, el capitalismo es perfectamente compatible con la esclavitud”.

Este razonamiento deja de lado conceptos básicos de la economía. La competencia en el mercado, a través del sistema de precios, envía señales para que los consumidores puedan acceder a bienes de mejor calidad y precio, al tiempo que realimenta la información necesaria para que productores u oferentes puedan enfocarse en satisfacer las necesidades de sus propios demandantes; todo ello sujeto a un único condicionante: la voluntad de las partes.

En virtud de lo expuesto, carece de sentido cualquier connotación que refiera a términos propios de una contienda bélica, pues traslada y confunde con palabras ajenas, que desdibujan la naturaleza del proceso competitivo. La competencia inexorablemente abreva y se sostiene en tres conceptos concomitantes: libertad, propiedad y precio.

Las razones por las que se producen las citadas asimetrías nada tienen que ver con el mercado, sino, por el contrario, con su ausencia. Marcos regulatorios restrictivos e intervencionistas impiden la coordinación social que surge de las acciones de cada uno de los individuos −como expresión del libre albedrío−, quienes crean constantemente nueva y creciente información. Señores, ¡a especular!

 

Carlos Alberto Salguero es Doctor en Economía y Máster en Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Lic. en Economía (UCALP), profesor titular e investigador en la Universidad Católica de La Plata y egresado de la Escuela Naval Militar.

Intervencionismo, educación y globalización

Por Gabriel Boragina. Publicado el 4/6/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/06/intervencionismo-educacion-y.html

 

El intervencionismo (del que nos hemos ocupado extensamente en otras partes) tiene múltiples manifestaciones en la vida social. Su misma designación, denota a las claras su oposición con la idea de acuerdos libres y voluntarios entre dos o más personas. Si entre dos o más personas que tratan de convenir sobre cualquier asunto, aparece un tercero que sobre ese mismo tema posee o se arroga por si facultades para imponer su opinión sobre los contratantes, va de suyo que tal sujeto esta interviniendo en la cuestión de un modo tal que, puede definir un curso de acción al que deben sujetarse los intervenidos, que siempre será diferente al que estos habrían elegido si tal interventor no hubiera hecho prevalecer sus decisiones por la de sobre uno de los pactantes o sobre la ambos a la vez. La intervención de un tercero sólo es legitima cuando es deliberadamente acordada por las mismas partes contratantes de manera voluntaria o cuando, por existir discrepancias en la interpretación del acuerdo, se hace necesaria la injerencia de una tercera persona (el ejemplo típico es el del árbitro o juez). En cualquier otro caso la intervención será ilegitima.

“Es un principio general: si el Estado se entromete en una actividad privada cualquiera, es para imponer opiniones y reglas a sus protegidos, y a cambio conferirles ventajas frente a sus competidores. Así es en las cuatro actividades vistas hasta aquí –economía, prensa, educación y atención médica–; y la política no es una excepción. El intervencionismo estatal es un atentado contra la libertad: no debe ser.”[1]

Es típico el caso en que el gobierno otorga permisos, concesiones, privilegios a determinados sectores a costa de otros, cosa que ocurre prácticamente en todas partes, y que encuentra sustento en un vasto andamiaje legal, construido precisamente a ese mismo efecto. Necesariamente, donde hay intervencionismo siempre habrá una parte (o más de una) que pierde a costa de otra u otras que ganan. En otras palabras, es la antítesis de lo que sucede en los mercados libres.

No obstante, es forzoso reconocer que el intervencionismo -en sus más variados aspectos- es reclamado por una mayoría de personas. Algunas voces importantes lo atribuyen (y no sin buenas razones) a un problema de des-educación:

“La tercera cuestión está referida a la educación o más bien des-educación puesto que muchos de los que protestan lo hacen para reclamar más de lo mismo, a saber, mayor intervención estatal en los asuntos privados en lugar de permitir arreglos libres y voluntarios y liberar energía creadora. En este plano resulta que se reclaman mayores prebendas por parte del gobierno, es decir, pedido de una más intensa succión al fruto del trabajo ajeno. En este contexto es que suelen aparecer quejas y críticas furibundas contra un capitalismo inexistente, al tiempo que se exige que se acelere el intervencionismo de los aparatos estatales en las vidas y haciendas privadas.”[2]

La cita es reveladora en cuanto a que describe con ejemplar agudeza la errada opinión que existe entre la gente acerca de cuál es el sistema social en el cual la humanidad se encuentra inserta. No son pocos los que creen –sin mayor fundamento- que el sistema social imperante a nivel mundial es el capitalismo, cuando la realidad es bastante diferente a lo que este popular error permite demostrar. Mises decía del capitalismo que este es un sistema de producción en masa para las masas, que se caracteriza porque los medios de producción están en manos privadas, algo que, hasta inclusive Marx compartía. Pero cualquier análisis somero de la realidad económica de cualquier país, nos permite advertir que la gran suma de los medios de producción sólo nominalmente se encuentra en cabeza de particulares. La gran generalidad de ellos son detentados por los gobiernos, ya sea directa o indirectamente. Un indicador clave es la tasa de tributación. Una alta tasa fiscal denota a las claras que el patrimonio particular se encuentra afectado y -de hecho- asociado a lo que mal se llama “patrimonio estatal” (incorrecta denominación, ya que no hay tal cosa como “patrimonio nacional”, ya que toda renta nacional siempre proviene de recursos previamente extraídos vía impuestos -u otros artilugios legales- por parte del estado-nación).

Es muy importante acotar en este punto que, buena parte de la responsabilidad por tan fenomenal proceso de des-educación proviene del hecho de que la educación formal está casi íntegramente en manos del propio estado-nación, lo que implica que, desde los claustros (abarcando todos los niveles de enseñanza) los contenidos que se imparten son sustancialmente inspirados en el estatismo, la exacta contrapartida del capitalismo, lo que hace que la masa estudiantil egresada de los diferentes grados de enseñanza adquiera una visión por completo distorsionada y ajena a la realidad estatista en la que vivimos.

Desde otro ángulo, hay quienes ven en la globalización un remedio contra el intervencionismo:

“Otro resultado de la expansión de la división internacional del trabajo — llamada globalización — es que los estados participantes y sus políticas son controlados cada vez más por la competencia internacional. Debido a esta competencia, pierden parte del poder sobre sus ciudadanos, y el intervencionismo estatal debe ceder.”[3]

Sin embargo, este enfoque -a nuestro juicio- peca de cierto exceso de optimismo, ya que parece omitir un dato de relevancia, y que consiste en la titularidad de las haciendas que van a ser empleadas en tal división del trabajo, dado que si tales pertenencias se encuentran –en todo o en parte- en manos del estado-nación la competencia que se desatará no dejará de ser una competencia entre gobiernos, es decir una competencia entre estados intervencionistas, lo que –obviamente- lejos estará de hacer “ceder” ese mismo intervencionismo. Naturalmente, el autor de la cita da por sentado que la globalizaciónsólo podría ser un fenómeno privado, criterio este último que no compartimos, ya que el término es lo suficientemente vago como para alcanzar la acción e intervención de los estados comerciando entre si con dineros privados. Idea bastante diferente a lo que se suele referir cuando se habla de globalización.

[1] Alberto Mansueti. Las leyes malas (y el camino de salida). Guatemala, octubre de 2009. pág. 310

[2] Alberto Benegas Lynch (h) “Zoom a las protestas masivas” en libertadyprogresonline.org

[3] Hubertus Müller-Groeling-La Dimensión Social de la Política Liberal -Publicado por Fundación Friedrich Naumann (FFN)-Oficina Regional América Latina-pág. 18

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

REFLEXIONES SOBRE EL MERCADO LABORAL

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Seguramente no hay un tema de mayor importancia que lo que ha dado en denominarse “la cuestión social”. La economía es para el hombre, si no sirve para atender el propósito de mejorar las condiciones sociales de la gente no sirve para nada. El tema del desempleo, de los salarios y de los sindicatos constituye un trípode medular.

 

Veamos el asunto por partes. Los recursos son escasos frente la las ilimitadas necesidades. El recurso de mayor trascendencia es el factor trabajo, no solo por tratarse de seres humanos sino porque no se concibe la prestación de ningún servicio ni la producción de bienes sin el concurso del trabajo manual e intelectual. Entonces, por el principio de no contradicción, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo bajo las mismas condiciones. En nuestro caso, el desempleo significa que sobra el factor trabajo pero hemos dicho que se trata de lo indispensable y escaso. O una cosa o la otra.

 

Es entonces pertinente subrayar que allí donde hay acuerdos libres y voluntarios entre las partes no hay tal cosa como sobrante de trabajo no importa la pobreza descomunal o la riqueza más exorbitante. Pongamos como ejemplo la situación de un grupo de náufragos llega a una isla deshabitada. No hay aquí el tema de las llamadas “fuentes de trabajo”, no hay empresas ni nada que se le parezca, sin embargo nadie en su sano juicio podría sostener que no hay nada por hacer. Al contrario, hay todo por hacer, no les alcanzará a los náufragos las horas del día y de la noche para atender todas las urgentes necesidades. Cada uno se dedicará a lo que pueda, pescar, subirse a los árboles para recoger frutos, defenderse de las fieras salvajes etc. y como resultado habrán intercambios entre los náufragos y esto significa que unos se emplean en términos de otros a través de las referidas transacciones. En otros términos no hay desempleo.

 

Sin duda que puede colocarse una nota a pie de página para decir que estará desempleado aquel cuya condición no le permite hacer nada de nada en ninguna dirección, es decir el incapacitado total. En este caso, la benevolencia se ocupará del problema como lo ha hecho en el curso de la historia allí donde hay libertad y donde los aparatos estatales no se entrometan degradando el sistema por el que se arranca el fruto del trabajo ajeno alegando que solo los burócratas tienen corazón mientras todo el resto están imbuidos de maldad y desinterés por el prójimo (para ampliar este tema puede consultarse mi libro en colaboración con Martín Krause En defensa de los más necesitados, Buenos Aires, Editorial Atlántida, 1998).

 

En todo caso, para los casos habituales y no de inválidos absolutos, reiteramos no hay tal cosa como desempleo, mientras se permitan los aludidos arreglos libres y voluntarios. Desafortunadamente los gobiernos interfieren en los salarios y, por tanto, generan desocupación en mayor o menor medida, lo cual constituye una tragedia no solo para los desocupados sino para toda la comunidad puesto que se cuenta con una fuerza laboral menor.

 

La interferencia gubernamental estableciendo demagógicamente salarios superiores a los de mercado directamente o indirectamente a través de sindicatos fascistas expulsa a los que más necesitan trabajar del mercado laboral. Esta expulsión se realiza amparada en lo que ha dado en llamarse “conquistas sociales”, pero lamentablemente no resulta posible enriquecer a la gente por decreto. Si fuera así no habría que decretar incrementos tímidos sino que habría que convertir a todos en millonarios, pero las cosas no son así. No hay magias posibles.

 

Los salarios e ingresos en términos reales dependen única y exclusivamente de las tasas de capitalización, es decir, de las inversiones que hacen de apoyo logístico para aumentar su rendimiento. No es lo mismo pescar a cascotazos que con una red de pescar, no es lo mismo arar con un tractor que hacerlo con las uñas. Los equipos de capital elevan los rendimientos que es otro modo de referirse a los ingresos o salarios. Lo que obtienen los trabajadores en Canadá no son lo mismo que lo que obtienen los trabajadores en Uganda y el motivo no reside en el clima o en otras consideraciones como no sea el nivel de inversiones que, a su vez, dependen de la calidad de los marcos institucionales que protegen derechos. Por esto es que, por ejemplo, en lugares donde las tasas de capitalización son elevadas se dificulta encontrar servicio doméstico ya que las personas están ubicadas en tareas de mayor responsabilidad y remuneración.

 

Decíamos que las llamadas conquistas sociales expulsan del mercado laboral a los que más necesitan trabajar. Los gerentes de finanzas, administrativos y demás en las empresas no se enteran del problema a menos que las aludidas conquistas sobrepasaran los ingresos que obtienen, en ese caso ellos no encontrarán empleo por las razones apuntadas.

 

Aludimos a los sindicatos fascistas como elemento negativo en este contexto puesto que operan escudados en la figura calcada de la Carta de Lavoro de la “personería gremial” que no es la simple personería jurídica o legal. Aquella hace que los monopolios sindicales se adjudiquen por la fuerza la representación. Nuevamente, si se imponen salarios superiores a los que permiten las tasas de capitalización el resultado inevitable es el desempleo y si éste se pretende disimular con expansión monetaria se producirá una contracción en los salarios reales aunque se incrementen en términos nominales. Por otra parte imponen exacciones a los salarios de los trabajadores y manipulan reglones como las “obras sociales” en beneficio de la casta dirigente.

 

Las genuinas conquistas son siempre producidas por el volumen de capital disponible fruto de ahorro interno o externo. Las condiciones atractivas en países de altas tasas de capitalización en cuanto a la seguridad, el tipo de iluminación o las características de un posible retiro, no se deben a la generosidad de los empleadores sino a la mencionada inversión creciente.

 

Desde luego que la política impositiva afecta las tasas de capitalización cuando en lugar de establecer sistemas proporcionales a gravámenes indirectos en el contexto de tasas reducidas, se basan en voracidades fiscales para financiar siderales gastos públicos que ni siquiera contemplan brindar servicios esenciales de seguridad y justicia, áreas vitales que son abandonadas para encarar funciones crecientes que no le competen a un gobierno republicano.

 

No se trata entonces de la mala caricatura ilustrada con el ridículo “efecto derrame” como si los salarios se incrementaran luego que rebalsara el vaso de los ricachones para que pudieran comer los menesterosos de la tierra. Esto es no entender nada del proceso económico para burlarse del mercado de un modo bastante torpe. Como decimos, si el mercado laboral es libre todos los que desean trabajar lo hacen y en la medida en que aumenta la inversión se presiona sobre los salarios para incrementarlos en términos reales. Nuevamente esto es lo que explica que cuando un trabajador se muda de Nicaragua a Estados Unidos multiplica varias veces sus ingresos. Esto es lo que explicaba la diferencia en el nivel de vida de Alemania Occidental de la Oriental.

 

Se ha dicho que se debe estar atento a las mejoras tecnológicas porque generan desempleo. He aquí otra de las falacias en esta materia. La mayor productividad libera recursos humanos y materiales para asignarlos a otros campos aun no explotados debido a que estaban esterilizados en las áreas anteriores. Esto explica las mejoras en los niveles de vida cuando apareció las refrigeradoras que sustituyeron a los hombres de las barras de hielo o la sustitución de los fogoneros cuando aparecieron las modernas locomotoras y así sucesivamente en todos los rubros. Y no cabe declamar sobre períodos de transición, la vida es una transición, todos los días en todas las oficinas en el mercado los empleados están pensando en que se puede mejorar lo cual redunda en cambios en la reasignación de recursos humanos y materiales y esto beneficia al conjunto a menos que intervenga el gobierno en el sentido antes apuntado que, como también queda dicho, expulsa a trabajadores del mercado laboral con toda la tragedia que ellos significa.

 

En esta línea argumental cabe reiterar que la llamada redistribución de ingresos por medio de las estructuras gubernamentales significan siempre que éstas vuelven a distribuir por la fuerza lo que pacífica y voluntariamente distribuyó la gente en el supermercado y afines, situación que reduce salarios al significar una nueva asignación de los siempre escasos factores de producción que conlleva la aludida arbitrariedad estatal.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.