Pensemos juntos en el concepto de la deuda pública externa

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 14/3/20 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/03/14/pensemos-juntos-en-el-concepto-de-la-deuda-publica-externa/

 

Adelanto que en el texto que sigue no estoy pensando en determinada circunstancia o en determinado país sino en la formulación de reflexiones que pueden aplicar a todos como un principio general de finanzas públicas circunscriptas al sector externo. Mucho menos estoy pensando en gobernantes que usan como pretexto la dificultad del repago de deudas para al poco tiempo volver a las andadas, siempre para financiar un aparato estatal gigantesco y creciente.

Cuando Thomas Jefferson estaba a cargo de la embajada estadounidense en Francia recibió la flamante Constitución de su país y dijo que si hubiera podido introducir un agregado hubiera sido la prohibición del gobierno de contraer deuda externa, pues eso afecta los patrimonios de futuras generaciones que no han participado en la elección del gobernante que contrajo la deuda.

En épocas contemporáneas el premio Nobel en economía James M. Buchanan ha consignado lo mismo vía sus sugerencias de reforma constitucional para imponer presupuestos equilibrados. Su énfasis sigue la misma línea argumental que Knut Wicksell sobre la inmoralidad de la deuda pública externa, principal aunque no exclusivamente en sus textos Public Principles on Public Debt y, con Robert Wagner, en Democracy in Deficit.

Sobre los privados que contraen deuda adquiriendo títulos públicos de los diferentes estados nada hay que objetar, dadas las alternativas disponibles eligen proceder de esta manera en vista de los intereses y los reembolsos del capital que se prometen y asumen los riesgos correspondientes, especialmente respecto a insolvencias gubernamentales.

El análisis referido a organismos internacionales de carácter estatal tiene sus bemoles en el sentido de que son financiados coactivamente con recursos provenientes de los contribuyentes de diversos países. Es pertinente detenernos un minuto en el caso del Fondo Monetario Internacional al efecto de ilustrar el punto.

Antes he escrito sobre el FMI pero es del caso reiterar lo dicho en este contexto. Esta entidad fue una creación en Breton Woods inspirada por John Dexter White y John Maynard Keynes, primero como banquero de banqueros centrales y luego como prestamista.

Entre otros, al decir de economistas de la talla de Peter Bauer, Doug Bandow, Robert Barro, Karl Brunner, Ronald Vauvel y Raymond Mickesell, esa institución sirve para financiar a gobernantes ineptos que cuando están por renunciar o, empujados por la realidad a revertir sus fracasadas políticas estatistas reciben cuantiosos recursos a bajas tasas de interés con períodos de gracia al efecto de continuar con aparatos estatales sobredimensionados a los que generalmente aconsejan incrementar aun más las cargas impositivas y otras medidas al efecto de equilibrar sus presupuestos, pero no reducir el tamaño del Leviatán.

Sostienen estos profesionales que ese ha sido el caso repetidamente en Argentina, México, Bolivia, Republica Dominicana, Haití, Indonesia, Irak, Pakistán, Tanzania, la ex Camboya, Filipinas, Ghana, Nigeria, Sri Lanka, Zambia, Uganda, El Salvador, Egipto y Etiopía. En este contexto Harry Johnson ha consignado que “el llamado nuevo orden internacional no es nuevo, ni orden ni internacional sino que es una copia del mercantilismo del siglo XVI”.

En su visita a Buenos Aires, Yuri Yarim Agaev, enviado por Vladimir Bukouvsky -uno de los más destacados disidentes de la ex Unión Soviética junto con Alexander Solzhenistin- informó que luego del derrumbe del Muro de la Vergüenza liberales rusos estuvieron a punto de acceder al gobierno “si no fuera por la apresurada irrupción del FMI que dotó de millones de dólares a miembros de la nomenclatura de donde finalmente surgió el actual gobierno”.

Fue muy difundido el caso del general Mobutu Sese Seko, quien usurpó el poder en Zaire, el mayor receptor de ayuda por parte del FMI en relación a su población. El poder de Mobutu fue absoluto condenando a la gente a los suplicios más horripilantes en un contexto de saqueo permanente que permitió que ese sátrapa acumulara una fortuna de ocho mil millones de dólares de esa época.

Entonces, debido a su antes referida trayectoria y a la fuente de recursos de la que echa mano es que autores como los mencionados al comienzo de esta nota sugieren la liquidación de esa entidad, a los que debe agregarse el jugoso ensayo de Anna Schwartz titulado “Es tiempo de terminar con el FMI y el Departamento de Estabilización del Tesoro” y los suculentos libros, por una parte, de Melvyn Krauss titulado Development Without Aid y, por otra, el de Dambisa Moyo titulado Cuando la ayuda es el problema en los que se detallan innumerables casos patéticos de países que reciben cuantiosos recursos en medio de corrupciones alarmantes y dislates económicos fomentados por la ayuda que, como queda dicho, proviene coercitivamente de bolsillos ajenos.

En esta secuencia que presentamos es importante subrayar que no resulta apropiado establecer un correlato de la deuda pública con la privada en cuanto al retorno sobre la inversión en el sentido de evaluar las ventajas de abstenerse de consumir en el presente para la obtención de beneficios en el futuro. En primer término porque no hay tal cosa como “inversión pública”, ya que la naturaleza de la inversión es necesariamente voluntaria al estimar ventajas futuras en relación al presente por lo que se procede a ahorrar y a colocar esos recursos. El uso de la fuerza en la exacción de fondos nunca puede traducirse en inversión; “inversión forzosa” constituye una contradicción en los términos. De lo que se trata en el ámbito gubernamental es del gasto corriente o el gasto en activos fijos pero, como decimos, no tiene sentido ni rigor alguno la parla de “inversión pública”. Si se le arrancara la billetera al lector y el asaltante dijera que le invertirá el fruto del asalto para beneficio del asaltado, quedaría clara la incoherencia puesto que el titular le hubiera dado otro destino al fruto de su trabajo y aun en el supuesto que le hubiera dado el mismo queda el perjuicio del atropello (por otra parte, la única manera de definir preferencias es dejar que el dueño de los recursos las manifieste).

Viene ahora otro asunto también de gran trascendencia y es que todo compromiso efectuado libre y voluntariamente debe ser honrado por quien lo contrajo. En nuestro caso, todas las promesas de repago por préstamos concedidos deben cumplirse, de lo contrario los incumplidores deben sufrir las sanciones correspondientes sin atenuantes.

Pero el asunto adquiere características diferentes si se compromete por la fuerza el patrimonio de personas que no han dado su consentimiento. La conclusión de marras queda clara en las relaciones particulares pero es pastosa cuando es el gobierno el que asume compromiso en nombre de los gobernados.

A esta altura es pertinente detenerse en lo que se conoce en la ciencia política como “el contrato social”, esto es un acuerdo tácito o implícito por el que los gobernantes proceden en concordancia con el resto de los miembros de la sociedad.

También en otra oportunidad he escrito sobre este tema, pero también se hace necesario reiterar parte de lo dicho. Desde Hobbes en adelante, hay una larga tradición que acepta la existencia de un así llamado “contrato original” para la constitución del monopolio de la fuerza, lo cual ha sido refutado enfáticamente por autores como James Burckhard quien llega a la conclusión que “La hipótesis contractual para explicar la fundación de un Estado es absurda” (en Reflexiones sobre la historia universal), en el mismo sentido John Stuart Mill escribió que “la sociedad no está fundada en un contrato” (en On Liberty) y, por otra parte, Joseph Schumpeter afirma que “La teoría que asimila los impuestos a un club o la adquisición de servicios, por ejemplo, de un médico, solamente prueba lo alejada que está esta parte de las ciencias sociales de la aplicación de métodos científicos” (en Capitalismo, socialismo y democracia).

Como explica David Hume, se trata de una ficción por la que nada obliga a los miembros de la comunidad a atender un andamiaje inventado que pretende justificar cierta estructura institucional, así dice: “Es evidente que ningún contrato o acuerdo fue expresamente establecido […este supuesto] no está justificado por la historia ni por la experiencia de ningún país del mundo […] Se dice que al vivir bajo el dominio de un príncipe, todos los individuos han dado un consentimiento tácito a su autoridad por el que prometen obediencia” (en su ensayo titulado “On the Social Contract”). Y en otra obra, el mismo autor concluye: “Si se preguntara a la mayor parte de la gente de una nación si han consentido a la autoridad de sus gobernantes o si han prometido obedecerles, estarán inclinados a pensar de un modo extraño de quien formula la pregunta” (en A Treatise on Human Nature).

En una dirección similar y con mayor extensión, R. E. Barnett apunta que “aquellos que justifican el deber de obedecer la ley en base al ´consentimiento de los gobernados´ deben explicar exactamente como y donde we the people -usted y yo y todos los demás- consentimos en obedecer las leyes [de la jurisdicción en la que vivimos]” (en The Righs Retained by the People) y a continuación en la misma obra afirma que no puede argumentarse seriamente que uno está representado cuando es derrotado el candidato que hemos votado ya que no estamos representados por los actos del gobierno del oponente, justamente el candidato que votamos en contra. Y continúa diciendo que incluso si ganara el candidato que hemos votado, no quiere decir que adhiramos al sistema puesto que eventualmente podemos solo intentar la minimización del mal, para no decir nada de los que no votan o votan en blanco, precisamente como señal de protesta o simplemente porque la legislación hace obligatorio el voto.

Seguidamente escribe Barnett que cuando se hace referencia a un sistema en el que se consiente algo, esto quiere decir que se puede no consentir, de lo contrario pierde por competo el sentido de “consentir o acordar”. Sigue diciendo el mismo autor que en nuestros sistemas políticos resulta muy curioso que se repita que los ciudadanos están “consintiendo” cuando no hay manera de expresar el no consentimiento: “Cara, usted consiente, seca también consiente, no se tira la moneda, ¿adivine qué? Usted también consiente. Esto no es consentir”. Por último Barnett pone de manifiesto el pseudoargumento de que se “consiente” por el mero hecho de haber nacido en tal o cual país, lo cual presupone que el gobierno es el dueño del país en cuestión y del lugar donde uno vive, razonamiento que pretende un correlato del todo improcedente “como si se estuviera viviendo en la casa de otro”. Además, como marcan Michell y Simmons, “los votantes no pueden discriminar entre promesas específicas y deben descansar en promesas generales que no pueden legalmente hacerse cumplir” (en Beyond Politics. Markets, Welfare and the Failure of Buracracy).

Pero a los efectos del argumento supongamos que la ficción del contrato original no fuera tal, ¿el atropello gubernamental no tiene límite? Supongamos que el gobierno decide con apoyo del voto popular decapitar a los rubios. ¿Ellos tiene que ofrecer mansamente sus cabezas? En el caso que nos ocupa en esta nota periodística, cierro con varias preguntas que giran en torno al mismo asunto crucial para que pensemos juntos en posibles respuestas con los lectores: ¿La gente debe aceptar hacerse cargo de cualquier volumen de deuda contraída por su gobierno? ¿No hay límite alguno? ¿Incluso si proyecciones razonables muestran que los pagadores del futuro quedarán literalmente exhaustos sin recursos por ser exprimidos por sus gobiernos para “honrar la deuda”? Siempre hay pensamientos iniciales que pueden eventualmente cambiar paradigmas; esto viene ocurriendo desde el arco y la flecha, que si no se hubiera aceptado estaríamos aun solo con el garrote.

La última vez que lo invité a Buchanan a Buenos Aires se pronunció en los medios por repudiar la deuda pública externa contraída por gobiernos de facto; ahora nos preguntamos si hay limitaciones para el volumen de la deuda gubernamental también en gobiernos considerados de jure. Soy consciente de que estos interrogantes alarmarán al espíritu conservador atado al statu quo. De todos modos, el asunto amerita ser tratado. Es para pensar y también para debatir con colegas. Suele ocurrir que de estos intercambios surgen criterios prudenciales de gran fertilidad.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Buchanan: 100 años de un pensador cuyas ideas son fundamentales para esta Argentina

Por Adrián Ravier.  Publicado el 26/9/19 en:  https://www.cronista.com/columnistas/Buchanan-100-anos-de-un-pensador-cuyas-ideas-son-fundamentales-para-esta-Argentina-20190926-0040.html

 

Resultado de imagen para James M Buchanan

Antes de las dos Guerras Mundiales, la participación del Estado sobre la economía era mínima. En la
segunda mitad del siglo XX alcanzó niveles elevados. En este contexto, James Buchanan se preocupó
esencialmente por entender “cómo funciona la política en la práctica”…
Nacido en EE.UU. el 3 de octubre de 1919, James McGill Buchanan estudió en la Universidad de Tennesse y se
doctoró, en 1948, en la Universidad de Chicago. Luego, emprendió una carrera académica en la George Mason
University y también fue una figura central de la Escuela de Economía Política de Virginia.
Si bien realizó numerosos aportes a la ciencia económica, sus contribuciones quedarán marcadas en la
historia del pensamiento económico y político por sus estudios sobre el “funcionamiento real de los
procesos políticos”, caracterizado por la aplicación de las herramientas del análisis económico a la política.

Las inquietudes acerca de este campo de investigación surgieron en relación con el notable incremento de la
intervención del Estado en la economía tras la Segunda Guerra Mundial y la incapacidad de los economistas
para comprender este fenómeno.
Más allá de algunas excepciones como Arthur Bentley, según Buchanan, “los economistas no estaban
dedicando mucha atención a cómo funcionaba el gobierno porque estaban preocupados por cómo
funcionan los mercados y cómo las personas se comportaban en relaciones de mercado”.
En este marco, ejerció gran influencia sobre su pensamiento una obra de Knut Wicksell titulada “A New
Principle of Just Taxation” (Un nuevo principio de imposición justa). En palabras del propio Buchanan:
“Wicksell decía a los economistas: dejen de actuar como si estuviesen aconsejando a un déspota benévolo. No
los van a escuchar de todos modos, así que deténganse, desperdician su tiempo y gastan sus fuerzas. Y dijo: si
quieren mejorar los resultados políticos, entonces tienen que cambiar las reglas. Nunca van a lograr que
los políticos hagan otra cosa que representar los intereses de los votantes a quienes representan. Así que
si tienen una cámara legislativa, deberán esperar que el congreso genere resultados que gozarán del apoyo de la
mayoría de los grupos representados por esta legislatura. Puede o no surgir un resultado eficiente de esto,
pueden o no surgir buenos proyectos que valgan su costo. ¿Cómo cambiar esto? Cambiando las reglas,
avanzando de la regla de la mayoría hacia la regla de unanimidad, hacia un consenso”.
Buchanan definió a este programa de investigación, sobre el que trabajó durante más de medio siglo, como la
“política sin romance”. Quitándonos las “gafas rosadas” —según sus propias palabras— con las que percibimos
a la política, podremos verla como lo que realmente es.
Así, ¿cuál es el terreno de juego de la política? ¿Cómo se comportan los políticos y los votantes?
En un artículo titulado “La perspectiva de la elección pública”, Buchanan definió a su teoría de la “elección
pública” como aquella “perspectiva acerca de la política que surge de una extensión y aplicación de las
herramientas y métodos de los economistas a la toma de decisiones públicas o colectivas”.

Guiado por su individualismo metodológico, Buchanan entiende que, en última instancia, los que toman las
decisiones de gobierno son los individuos. El “homo politicus” es “homo economicus” y, al igual que un
empresario, el hacedor de políticas públicas actúa fundamentalmente guiado por su propio interés.
De esta forma, Buchanan pone en cuestión uno de los conceptos elementales de la democracia
representativa: la delegación de los asuntos de los ciudadanos en manos de políticos profesionales.
Precisamente, esta delegación hace que las pensiones, la educación, la salud, las relaciones laborales y también
el medio ambiente queden a merced de decisiones burocráticas en manos de políticos que no necesariamente se
guían por el “bien común”.
Pero, ¿cuál es la alternativa a este paradigma?
Siguiendo a Wicksell, propone un cambio de reglas. Imaginemos que se presenta un proyecto público, ¿cómo
estar seguros que amerita el gasto? Buchanan afirma que “el costo lo amerita si los que se benefician pagan lo
suficiente para cubrir los costos del proyecto. Así que debe haber algún tipo de arreglo o esquema tributario por
medio del cual uno puede lograr un acuerdo general unánime. Se puede utilizar la regla de la unanimidad como
una medida contra la cual se calcula el nivel de eficiencia en el sector público”.
De esta forma, la regla de la unanimidad se presenta como la contrapartida “política” del óptimo de Pareto.
Alcanza el óptimo porque implica la adhesión voluntaria a un determinado orden social por parte de “todos” los
participantes, o en términos económicos, elimina la posibilidad de externalidades negativas como resultado
de decisiones colectivas.
Claro que, al mismo tiempo, la unanimidad en la toma de decisiones colectivas eleva considerablemente el
costo del proceso decisorio. Teniendo en cuenta estos costos, que pueden llegar en muchos casos a impedir la
toma de decisiones, Buchanan y Tullock sostienen que el individuo enfrentado a una elección constitucional
podría decidir voluntariamente aceptar alguna regla menos rigurosa para la decisión de cuestiones de menor
importancia.

Por esa razón, cuestiones tales como el respeto a la vida, la propiedad y otros derechos individuales requerían
del consenso unánime, mientras que otro tipo de decisiones menores podrían ser tomadas con grados de
consenso menores, y por ende, con costos decisorios también menores.
Este principio llevó a Buchanan a trabajar en lo que hoy se conoce como Economía Constitucional: “Mientras
se tenga una constitución con la cual las personas están en consenso básico, se puede procurar ciertos
resultados en términos de las reglas operativas que la constitución permite desarrollar. Desplazamos la norma
wickseliana [de la unanimidad] hacia el nivel constitucional y argumentamos que, de hecho, es más probable
alcanzar un acuerdo a ese nivel por la sencilla razón de que las personas no conocen el impacto que una regla
particular tendrá sobre su interés personal identificable. Es más probable alcanzar un consenso entre más
elevada sea la regla.”
La pregunta que surge entonces es: ¿a qué nivel corresponde una decisión acerca del grado de la
gobernabilidad de la organización social?
Para algunos, sobre todo economistas utilitaristas, se requiere una aproximación caso a caso y un cuidadoso
análisis empírico para medir los pros y contras de la centralización y la descentralización, pese a que admiten
que la heterogeneidad de las preferencias e intereses individuales lleva a que las distintas alternativas
favorezcan o dañen determinados intereses con lo cual resulta difícil alcanzar conclusiones sin el apoyo de
juicios de valor.
Esto es así porque sus modelos llevan implícito un modelo político basado en un déspota benevolente y eficaz
que persigue (y alcanza) el bien común. Esto se articula principalmente en la denominada “función de bienestar
social”, el “bien común” que el déspota ilustrado habrá de perseguir.
Otras escuelas económicas, particularmente la Escuela Austriaca o el Public Choice, abandonan —como se ha
dicho— esa presunción de benevolencia reemplazándola con la indiferencia o incluso con la malevolencia.
Siguiendo con la aplicación de las herramientas del análisis económico a la política, Buchanan, tal como lo
hiciera Tiebout originalmente, también asimiló el consumidor al votante quien, de la misma forma en que elige
en el mercado el que considera mejor bien o servicio según sus necesidades, elige la comunidad “que mejor
satisface sus preferencias por bienes públicos”.
En este sentido, el federalismo y la descentralización servirían para limitar las posibilidades de abuso tanto del
gobierno federal como de los gobiernos locales, del primero porque los recursos se encuentran repartidos entre
distintos niveles de gobierno, de los segundos porque existe la posibilidad de movilizarse.
Galardonado con el Nobel de Economía de 1986 por sus trabajos en el área de Public Choice (elección
pública), Buchanan publicó unos 300 artículos y 23 libros donde trató asuntos de finanzas públicas, tópicos
monetarios y de política económica. Entre éstos, el más influyente ha sido The Calculus of Consent (1962), que
escribió junto a Gordon Tullock, donde presenta un análisis económico de las estructuras constitucionales, la
mirada de un economista sobre los fenómenos políticos.
Buchanan visitó la Argentina en las décadas de 1980 y 1990 como Presidente del Consejo Consultivo
del Instituto Universitario ESEADE, donde ofreció una memorable conferencia en una colación de grados. En
una de sus visitas, recomendó la creación de una Maestría en Economía y Ciencias Políticas que hoy tengo el
honor de dirigir junto a Iván Carrino, donde se enseña no sólo economía, sino también filosofía, historia,
derecho y ciencias políticas.
A 100 años de su nacimiento, las ideas de Buchanan son hoy más importantes que nunca para contener al
Leviatán, especialmente en nuestro país.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín. Es director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE.

La Escuela Austríaca de Economía (2° parte)

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2019/03/la-escuela-austriaca-de-economia.html

 

“Muchas de las ideas de los principales economistas austriacos de mediados del siglo XX, tales como Ludwig von Mises y F.A. Hayek están fundadas en las ideas de economistas clásicos tales como Adam Smith y David Hume, o en las de algunas figuras de principios del siglo XX como Knut Wicksell, además de Menger, Böhm-Bawerk y Friedrich von Wieser.”[1]

Confluyen en las vertientes de la Escuela la de los autores clásicos de los cuales aquí solo se dan algunos pocos nombres. Habría que agregar a Edmund Burke, Adam Ferguson, John Locke, Herbert Spencer y varios otros más que, desde posturas más o menos afines, confluyeron en un núcleo de ideas que daría punto inicial a la Escuela Austríaca de Economía. No obstante, se pueden encontrar algunos denominadores comunes en la diversidad de los nombres citados. Y esos puntos coincidentes son la coincidencia de todos ellos en la necesidad de la libertad y la propiedad privada como basamentos de toda economía sin las cuales ninguna economía podría llegar a merecer ese nombre. De todos ellos, Ludwig von Mises es quizás el más enfático a este último respecto.

“Esta diversidad de tradiciones intelectuales en la ciencia económica es todavía más evidente entre los economistas de la Escuela Austriaca en la actualidad, quienes han recibido la influencia de algunas de las figuras más relevantes de la economía contemporánea. Estos incluyen a Armen Alchian, James Buchanan, Ronald Coase, Harold Demsetz, Axel Leijonhufvud, Douglass North, Mancur Olson, Vernon Smith, Gordon Tullock, Leland Yeager y Oliver Williamson, además de Israel Kirzner y Murray Rothbard. Mientras que algunos pueden afirmar que una única Escuela Austriaca de economía opera dentro de la profesión económica en la actualidad, también se podría argumentar con cierta sensatez que el rótulo “austriaco” ya no posee ningún significado sustantivo.”[2]

Ciertamente el rótulo “austríaco” ha perdido todo su significado como para designar con precisión los postulados de la escuela, pero resulta ser que ha alcanzado su arraigo a través de una tradición que se mantiene en nuestros días y resulta bastante difícil de erradicar. Maxime si se tiene en cuenta -como bien dice el párrafo – la multiplicidad de aportes que han realizado a la escuela intelectuales que -en principio- son ajenos a la misma o empezaron siéndolo y finalmente terminaron adhiriéndose a sus proposiciones. Algunos autores, como el profesor Alberto Mansueti, han preferido -con acierto a nuestro juicio- utilizar las palabras “escuela austriana” y referirse a sus miembros como “austrianos”. De todas maneras, más que de las etiquetas, nos interesa ocuparnos de los contenidos, y en este sentido las contribuciones de todos los mencionados (faltan muchos nombres más, por cierto) son de una importancia y relevancia fundamental.

Veamos seguidamente algunas de las propuestas más relevantes de nuestra escuela:

“Proposición 1: Sólo los individuos eligen.  El hombre, con sus propósitos y planes, es el principio de todo análisis económico. Sólo los individuos eligen; las entidades colectivas no hacen elecciones. La tarea principal del análisis económico es hacer inteligible el fenómeno económico, apoyándolo en los propósitos y planes de los individuos. La tarea secundaria de la economía consiste en indagar las consecuencias no intentadas o no previstas que pueden surgir como consecuencia de las elecciones individuales.”[3]

Toda acción es individual y toda acción es fruto de una decisión, mucho o poco meditada, pero, siempre deliberada que es lo que va a desembocar en una acción, la cual -por definición- solo puede ser individual y humana. No hay actos no deliberados ni automáticos en el campo de la acción humana. Aun las conductas más impulsivas han sido fruto de un cierto grado de deliberación sobre la misma. De tal suerte que, no cabe sino metafóricamente hablar de acciones “colectivas” lo cual no es más que una impropiedad, tal como cuando de ordinario se alude a “decisiones” de países, naciones, gobiernos, sociedades, grupos, etc.”. Sólo pueden concebirse estas últimas expresiones en un sentido puramente figurado, pero nunca literal. La acción siempre es humana y siempre es individual, no colectiva.

“Proposición 2: El estudio del orden del mercado versa fundamentalmente sobre el comportamiento de intercambio y las instituciones dentro de las cuales tiene lugar el intercambio. El sistema de precios y la economía de mercado se entienden mejor bajo el término “catalaxia”, y la ciencia que estudia el orden de mercado cae bajo el dominio de la “cataláctica”. Estos términos se derivan de la palabra griega katalaxia –que significaba la acción de intercambiar y convertir a un extraño en amigo, como consecuencia del intercambio. La cataláctica centra el análisis en las relaciones de intercambio que surgen en el mercado, la negociación que caracteriza el proceso de intercambio, y el contexto institucional en el que estos intercambios tienen lugar.”[4]

En un campo más amplio aún, toda relación social implica acciones de intercambio de todo tipo, pero esos intercambios (que pueden ser, incluso, de ejemplo, afectivo o familiares) adquieren interés para la cataláctica cuando se realizan por un precio, entendido como síntesis del entrecruzamiento de valores dispares que son, en suma, los que motivan a los agentes económicos a intercambiar. Es cuando alcanza sentido entonces esta última locución “agentes económicos”. Para que exista cataláctica, entonces, han de haber relaciones de intercambio dentro de un proceso que se denomina de mercado. Los elementos de este proceso se distinguen como de oferta y demanda. Friedrich A. von Hayek ha caracterizado el sistema de precios como un tablero de señales que ofician de guía pare indicar -tanto a compradores como a vendedores- dónde existen escaseces relativas que son -en definitiva- los renglones a los cuales se orientarán los recursos, dando lugar a un mecanismo más: el de inversión.

Sin precios, sin propiedad privada y sin moneda, sencillamente, no hay mercado, y sin mercado no hay economía. Por eso, se dice que constituyen tres pilares fundamentales para la existencia de un verdadero sistema económico.

[1] Peter J. Boettke. *Hacia una Robusta Antropología de la Economía**La Economía Austriaca en 10 Principios* Instituto Acton Argentina. Trad: Mario Šilar

[2] Peter J. Boettke , Ibidem.

[3]Peter J. Boettke, Ibidem.

[4] Peter J. Boettke, Ibidem.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

La Reserva Federal y la regla de la tasa de interés natural

Por Adrián Ravier. Publicado el 11/12/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/12/11/la-reserva-federal-y-la-regla-de-la-tasa-de-interes-natural/

 

En 2014 ofrecimos, junto a Erwin Rosen, una regla monetaria para que la Reserva Federal (Fed, de aquí en más) evite seguir generando burbujas bursátiles e inmobiliarias de impacto global, como las de 1930, 2001 y 2008, entre otras. El trabajo se publicó en el Quarterly Journal of Austrian Economics, y se puede ver aquí. Lo interesante del caso es que hoy la Fed parece seguir esta regla.

¿Qué es la tasa de interés natural y qué ocurre cuando la Fed se aleja de ella?

El economista sueco Knut Wicksell escribió un trabajo en 1898 donde diferenciaba entre la tasa de interés natural que surge por la dinámica del mercado, y la tasa de interés “de mercado”, que es la que se ve influenciada por las políticas monetarias de la Reserva Federal. Explicó con claridad que cuando la tasa de mercado está por debajo de su nivel “natural”, la economía se sobre-expande. Por el contrario, cuando está por encima, se frena.

Fue Ludwig von Mises quien tomó la posta de aquella contribución y elaboró la teoría austriaca del ciclo económico, combinando la distinción de Wicksell sobre la tasa de interés con la política monetaria de David Ricardo y la teoría del capital de su maestro Eugen von Böhm Bawerk. Cabe resaltar que en el marco de esta teoría Mises prefirió hablar de mala inversión en lugar de sobreinversión, evidenciando que la tasa de interés es un precio que transmite información acerca de aquello que ocurre en el mercado de créditos, y que un nivel inferior al natural significaría enviar información falsa a los empresarios, quienes podrían entender que hay más recursos financieros disponibles para la inversión que aquello que los ahorristas están dispuestos a ofrecer. Con una tasa menor a su nivel natural, proyectos de inversión que no eran rentables ahora se vuelven rentables y sobreviene un “auge insostenible” que más tarde se sigue de fases de crisis y depresión. La teoría austriaca del capital logra mostrar “detalles microeconómicos” del impacto de estas políticas dentro de la estructura intemporal de la producción.

En el ya famoso y clásico debate entre Friedrich Hayek y John Maynard Keynes (resumido en estos dos entretenidos videos de rap) se pueden observar dos posturas frente a esta regla. Mientras Hayek sugería seguir la regla para evitar generar ciclos económicos, Keynes advertía que era una posibilidad para estimular la economía de acuerdo con el ciclo político, desconociendo los efectos de largo plazo, hoy ya reconocidos en la literatura.

¿Pero puede medirse la tasa natural? Si bien conceptualmente seguir la tasa de interés natural evitaría seguir generando ciclos económicos, la dificultad de conocer su nivel ha generado dudas sobre la posibilidad concreta de seguir una regla como la de Wicksell. Respondiendo concretamente a la pregunta, no, no se puede medir con precisión su nivel.

Pero si al menos la Fed intentara estimar y seguir esa tasa natural, en lugar de intentar estimular y frenar la economía a discreción para buscar el objetivo del pleno empleo, entonces el aporte ya sería significativo.

Con Erwin Rosen estudiamos aquellas estimaciones hoy disponibles de la tasa natural y encontramos que el trabajo de Laubach y Williams, dos economistas que ya ofrecen estimaciones para la Fed y el Banco Central Europeo, medían esta posible tasa natural de interés. Su nivel surge de tomar en cuenta, entre otros factores, la brecha que existe entre el PBI real y potencial.

En nuestra investigación descubrimos que la medición de la tasa natural en el período 2001 y 2005 estaba en torno al 5%, lo que manifiesta el “too low too long” (o “demasiado bajo por demasiado tiempo”) que hoy es moneda corriente en la explicación de los economistas sobre las causas de la burbuja inmobiliaria que terminó en la gran recesión de 2008.

¿Qué relevancia tiene esta regla después de 2008? La regla de la tasa de interés natural es importante porque deja entrever que, tras la crisis de 2008, la Fed podría estar generando nuevas burbujas con su tasa de interés cero, la que de hecho mantuvo en niveles muy bajos por casi una década.

Lo interesante del caso es que la baja de tasas de 2008 se justificaría de acuerdo con el nivel que adquirió la medición de Laubach y Williams en los años siguientes, justificado quizás por el “saving glut” o acumulación de ahorros que proviene de Asia.

La corrección hacia arriba del nivel de tasas de interés también parece responder a esta regla, subiendo lentamente desde 2016 hasta llegar al 2,25% actual.

Si bien el mercado ya descontaba una nueva suba de un cuarto de punto en diciembre de 2018 y al menos otras dos para 2019, el nuevo presidente de la Reserva Federal Jerome Powell abrió dudas sobre una eventual pausa argumentando precisamente que “están justo por debajo de su nivel de equilibrio”.

Lo cierto es que la tasa de interés actual en 2,25% ya estaría superando el nivel medido por Laubach y Williams, lo que significa que seguir incrementando su nivel impone a la economía un innecesario freno.

¿Qué relevancia tiene esta “eventual pausa” para el futuro? Que cambia el escenario de relativa iliquidez que el mercado ya había descontado, lo cual vuelve más optimista a los inversores para abandonar la idea de buscar una potencial mayor tasa de bonos americanos a 10 años y volver a la economía real. Reduce la posibilidad de una nueva crisis global, al tiempo que las subas previas evitan seguir inflando una posible burbuja bursátil. En otros términos, siguiendo a Wicksell, si la Fed sigue la regla de la tasa de interés natural, ni estimula ni frena a la economía, lo que en definitiva es lo que una medida ortodoxa debería buscar.

Para Argentina, la noticia no puede ser mejor en el año electoral. Un escenario de menor iliquidez, sumado a la reciente reunión exitosa del G20 en Buenos Aires, que entre otras conclusiones parece poner pausa también a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, podría significar inversiones reales en el país que formen un motor adicional para la necesaria y esperada recuperación económica.

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín. Es director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE.

James M. Buchanan y la Escuela de la Elección Pública

Por Adrián Ravier.  Publicado el 26/7/18 en: https://www.juandemariana.org/comment/6729#comment-6729

 

Antes de las dos Guerras Mundiales, la participación del Estado sobre la economía era mínima. En la segunda mitad del siglo XX alcanzó niveles elevados. En este contexto, James Buchanan se preocupó esencialmente por entender “cómo funciona la política en la práctica”…

Nacido en EE. UU. el 3 de octubre de 1919, James McGill Buchanan estudió en la Universidad de Tennesse y se doctoró, en 1948, en la Universidad de Chicago. Luego, emprendió una carrera académica en la George Mason University y también fue una figura central de la Escuela de Economía Política de Virginia.

Si bien realizó numerosos aportes a la ciencia económica, sus contribuciones quedarán marcadas en la historia del pensamiento económico y político por sus estudios sobre el “funcionamiento real de los procesos políticos”, caracterizado por la aplicación de las herramientas del análisis económico a la política.

Las inquietudes acerca de este campo de investigación surgieron en relación con el notable incremento de la intervención del Estado en la economía tras la Segunda Guerra Mundial y la incapacidad de los economistas para comprender este fenómeno.

Más allá de algunas excepciones como Arthur Bentley, según Buchanan, “los economistas no estaban dedicando mucha atención a cómo funcionaba el Gobierno porque estaban preocupados por cómo funcionan los mercados y cómo las personas se comportaban en relaciones de mercado”.

En este marco, ejerció gran influencia sobre su pensamiento una obra de Knut Wicksell titulada A New Principle of Just Taxation (Un nuevo principio de imposición justa). En palabras del propio Buchanan:

“Wicksell decía a los economistas: dejen de actuar como si estuviesen aconsejando a un déspota benévolo. No los van a escuchar de todos modos, así que deténganse, desperdician su tiempo y gastan sus fuerzas. Y dijo: si quieren mejorar los resultados políticos, entonces tienen que cambiar las reglas. Nunca van a lograr que los políticos hagan otra cosa que representar los intereses de los votantes a quienes representan. Así que si tienen una cámara legislativa, deberán esperar que el congreso genere resultados que gozarán del apoyo de la mayoría de los grupos representados por esta legislatura. Puede o no surgir un resultado eficiente de esto, pueden o no surgir buenos proyectos que valgan su costo. ¿Cómo cambiar esto? Cambiando las reglas, avanzando de la regla de la mayoría hacia la regla de unanimidad, hacia un consenso”

Buchanan definió a este programa de investigación, sobre el que trabajó durante más de medio siglo, como la “política sin romance”. Quitándonos las “gafas rosadas” —según sus propias palabras— con las que percibimos a la política, podremos verla como lo que realmente es.

Así, ¿cuál es el terreno de juego de la política? ¿Cómo se comportan los políticos y los votantes? 

En un artículo titulado “La perspectiva de la elección pública”, Buchanan definió a su teoría de la “elección pública” como aquella “perspectiva acerca de la política que surge de una extensión y aplicación de las herramientas y métodos de los economistas a la toma de decisiones públicas o colectivas”.

Guiado por su individualismo metodológico, Buchanan entiende que, en última instancia, los que toman las decisiones de gobierno son los individuos. El “homo politicus” es “homo economicus” y, al igual que un empresario, el hacedor de políticas públicas actúa fundamentalmente guiado por su propio interés.

De esta forma, Buchanan pone en cuestión uno de los conceptos elementales de la democracia representativa: la delegación de los asuntos de los ciudadanos en manos de políticos profesionales.

Precisamente, esta delegación hace que las pensiones, la educación, la salud, las relaciones laborales y también el medio ambiente queden a merced de decisiones burocráticas en manos de políticos que no necesariamente se guían por el “bien común”.

Pero, ¿cuál es la alternativa a este paradigma? 

Siguiendo a Wicksell, propone un cambio de reglas. Imaginemos que se presenta un proyecto público, ¿cómo estar seguros que amerita el gasto? Buchanan afirma que “el costo lo amerita si los que se benefician pagan lo suficiente para cubrir los costos del proyecto. Así que debe haber algún tipo de arreglo o esquema tributario por medio del cual uno puede lograr un acuerdo general unánime. Se puede utilizar la regla de la unanimidad como una medida contra la cual se calcula el nivel de eficiencia en el sector público”.

De esta forma, la regla de la unanimidad se presenta como la contrapartida “política” del óptimo de Pareto. Alcanza el óptimo porque implica la adhesión voluntaria a un determinado orden social por parte de “todos” los participantes, o en términos económicos, elimina la posibilidad de externalidades negativas como resultado de decisiones colectivas.

Claro que, al mismo tiempo, la unanimidad en la toma de decisiones colectivas eleva considerablemente el costo del proceso decisorio. Teniendo en cuenta estos costos, que pueden llegar en muchos casos a impedir la toma de decisiones, Buchanan y Tullock sostienen que el individuo enfrentado a una elección constitucional podría decidir voluntariamente aceptar alguna regla menos rigurosa para la decisión de cuestiones de menor importancia.

Por esa razón, cuestiones tales como el respeto a la vida, la propiedad y otros derechos individuales requerían del consenso unánime, mientras que otro tipo de decisiones menores podrían ser tomadas con grados de consenso menores, y por ende, con costos decisorios también menores.

Este principio llevó a Buchanan a trabajar en lo que hoy se conoce como Economía Constitucional: “Mientras se tenga una constitución con la cual las personas están en consenso básico, se puede procurar ciertos resultados en términos de las reglas operativas que la constitución permite desarrollar. Desplazamos la norma wickseliana [de la unanimidad] hacia el nivel constitucional y argumentamos que, de hecho, es más probable alcanzar un acuerdo a ese nivel por la sencilla razón de que las personas no conocen el impacto que una regla particular tendrá sobre su interés personal identificable. Es más probable alcanzar un consenso entre más elevada sea la regla”.

La pregunta que surge entonces es: ¿a qué nivel corresponde una decisión acerca del grado de la gobernabilidad de la organización social? 

Para algunos, sobre todo economistas utilitaristas, se requiere una aproximación caso a caso y un cuidadoso análisis empírico para medir los pros y contras de la centralización y la descentralización, pese a que admiten que la heterogeneidad de las preferencias e intereses individuales lleva a que las distintas alternativas favorezcan o dañen determinados intereses con lo cual resulta difícil alcanzar conclusiones sin el apoyo de juicios de valor.

Esto es así porque sus modelos llevan implícito un modelo político basado en un déspota benevolente y eficaz que persigue (y alcanza) el bien común. Esto se articula principalmente en la denominada “función de bienestar social”, el “bien común” que el déspota ilustrado habrá de perseguir.

Otras escuelas económicas, particularmente la Escuela Austriaca o lal Public Choice, abandonan —como se ha dicho— esa presunción de benevolencia reemplazándola con la indiferencia o incluso con la malevolencia.

Siguiendo con la aplicación de las herramientas del análisis económico a la política, Buchanan, tal como lo hiciera Tiebout originalmente, también asimiló el consumidor al votante quien, de la misma forma en que elige en el mercado el que considera mejor bien o servicio según sus necesidades, elige la comunidad “que mejor satisface sus preferencias por bienes públicos”.

En este sentido, el federalismo y la descentralización servirían para limitar las posibilidades de abuso tanto del Gobierno federal como de los Gobiernos locales, del primero porque los recursos se encuentran repartidos entre distintos niveles de gobierno, de los segundos porque existe la posibilidad de movilizarse.

Galardonado con el Nobel de Economía de 1986 por sus trabajos en el área de Public Choice (elección pública), Buchanan publicó unos 300 artículos y 23 libros donde trató asuntos de finanzas públicas, tópicos monetarios y de política económica. Entre éstos, el más influyente ha sido The Calculus of Consent (1962), que escribió junto a Gordon Tullock, donde presenta un análisis económico de las estructuras constitucionales, la mirada de un economista sobre los fenómenos políticos.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Limitaciones al poder. Algunos economistas también han hecho propuestas “constitucionales” o más bien “sistémicas”

Por Martín Krause. Publicado el 9/7/18 en: http://bazar.ufm.edu/limitaciones-al-poder-economistas-tambien-hecho-propuestas-constitucionales-mas-bien-sistemicas/

 

Con los alumnos de Economía e Instituciones vemos algunas propuestas para limitar el poder, y al final de ese capítulo, las limitaciones “constitucionales” o sistémicas que hicieron algunos economistas. Luego de ver algunas propuestas específicas.

No obstante, algunas de estas fundamentales contribuciones no fueron suficientes para prevenirse contra el crecimiento del Estado y el avasallamiento de las libertades individuales; otras no fueron ni siquiera aplicadas. Algunos economistas han desarrollado modelos más generales y completos —si se quiere “utopías”— sobre cómo organizar una sociedad. En este sentido, analizaremos solo algunas, entre las que destacaremos las contribuciones de Hayek, Buchanan, Frey, Rothbard y David Friedman.

Hayek

Para Hayek, la separación de poderes y las otras medidas mencionadas solamente serán efectivas cuando los valores y la cultura predominantes en una sociedad así lo demanden. Ningún tipo de diseño constitucional podrá reemplazar estos valores sobre el poder gubernamental. Argentina es un ejemplo de esto: con la misma Constitución —aprobada en 1853—[1], el país recorrió setenta años en una dirección y los siguientes setenta en la dirección opuesta.

La evolución cultural es lo que en última instancia determina las limitaciones existentes al poder. En Suiza, aunque también ha habido cambios en el último par de siglos y el Estado benefactor ha crecido como en todos los demás países, ciertos principios básicos de limitación del poder siguen siendo parte importante de los valores y la cultura de sus habitantes[2].

No obstante, no descarta Hayek todo tipo de diseño constitucional, aunque dando prioridad a los procesos evolutivos, y presenta un modelo de organización que permitiría un predominio de las normas que son el resultado de esos procesos, a diferencia de las que son el resultado de decisiones políticas formales. Como las reglas formales que favorecen los procesos evolutivos son normas de carácter “general” que se aplican a todos los ciudadanos por igual, imagina un proceso legislativo que pueda aislar la elaboración de ese tipo de normas de las presiones de los grupos de interés que buscan un beneficio particular. Esta preocupación proviene de entender que las legislaturas modernas están sujetas a estos intereses desde que se han ocupado del diseño de políticas específicas. Una legislatura que tenga a su cargo ambas tareas —diseño de políticas y reglas generales— terminará dominada por las primeras. Para ello imagina un poder legislativo constituido por dos asambleas, que se acomode a la diferencia entre “leyes” y “comandos”. La primera, —la Asamblea Legislativa— se ocupa de las reglas generales y de la extensión del poder gubernamental, mientras la segunda, —Asamblea Gubernamental— se ocupa de las políticas públicas, teniendo primacía la primera sobre la segunda.

La Asamblea Legislativa debería estar constituida de tal forma que garantice el cumplimiento de esa función. Para ello Hayek considera un mecanismo de elección que evite la llegada de políticos profesionales, por lo que aquellos electos a la Asamblea Gubernamental no podrían acceder a la Legislativa. Sugiere que los miembros de esta deberían ser elegidos a una cierta “edad madura” y por periodos relativamente largos, como de quince años, debido a lo cual no estarían preocupados por su reelección. En cierta forma, como sucede con los miembros de una Corte Suprema de Justicia. También sugiere que los votantes que los elegirían sean mayores en edad que los que participan en la elección de las demás posiciones en el Ejecutivo o en la Asamblea Gubernamental. La experiencia y la sabiduría adquiridas con los años, más su independencia respecto a una “carrera política”, tenderían a centrar su atención en las reglas generales y en los beneficios a largo plazo.

Es decir: la Asamblea Gubernamental estaría formada por políticos profesionales que buscarían su reelección y estarían interesados en atender a los intereses inmediatos o puntuales de los votantes o de distintos grupos de interés, mientras que los de la Asamblea Legislativa constituirían algo así como un grupo de sabios y prudentes, que se ocuparían de velar por las normas que protegen los derechos de todos.

Buchanan

James Buchanan, por el contrario, fundamenta su análisis en la filosofía política contractualista, por lo que es más escéptico respecto a las normas de origen evolutivo espontáneo y, con un enfoque más racionalista, concentra su análisis en la forma de modificar los incentivos vigentes en la política, con especial énfasis en los niveles de mayorías necesarias para distinto tipo de normas. Inspirado en el análisis del economista sueco Knut Wicksell (1851-1926), sostiene que el óptimo sería la unanimidad. Ya hemos visto esto en el capítulo 4, cuando analizamos los problemas para la agregación de preferencias expresadas a través del voto. La unanimidad garantizaría que nadie se vería perjudicado por la aprobación de una cierta norma; es decir, ninguna mayoría podría violar los derechos de una minoría, incluso ni la de una sola persona. También vimos allí que la unanimidad generaría el statu quo total; sería prácticamente modificar cualquier norma, dados los altos costos de alcanzar la unanimidad. La respuesta de Buchanan es diferenciar entre normas de rango constitucional, que protegen derechos individuales y limitan las potenciales acciones abusivas de un gobierno, de aquellas que se refieren a cuestiones más coyunturales o de contenido administrativo, relacionadas con la gestión de tal gobierno. Para modificar las primeras, se requerirían mayorías especiales, mientras que para modificar las segundas bastaría con mayorías simples. Qué asuntos requerirían, según Buchanan, mayorías especiales lo veremos más adelante.

Frey

Bruno Frey (2005) presenta una propuesta a la que llama FOCJ, por sus siglas en inglés: jurisdicciones funcionales, superpuestas, en competencia. Desde su perspectiva, el federalismo permite acercar la provisión de bienes públicos a las preferencias específicas de distintos grupos en la sociedad, pero para hacerlo deben cumplirse dos principios básicos: la equivalencia fiscal, es decir que los fondos para pagar el gasto público de una jurisdicción se obtengan de los ciudadanos de esa misma jurisdicción; y equivalencia política, o sea que los funcionarios sean electos nada más por los votantes de la misma jurisdicción.

Las jurisdicciones propuestas tendrían estas características:

Funcionales: se extenderían sobre áreas geográficas definidas por las tareas o funciones que cumplen.

Superpuestas: habría distintas jurisdicciones gubernamentales extendiéndose sobre distintas áreas.

En competencia: los gobiernos locales, y en algunos casos los ciudadanos, podrían elegir a qué jurisdicción pertenecer.

Jurisdicciones: serían jurisdicciones con poder gubernamental para cobrar impuestos.

El argumento básico es que las jurisdicciones geográficas no necesariamente coinciden con la extensión geográfica que propone la economía de escala de un cierto servicio. Por ejemplo: una red de electricidad puede abarcar una cierta zona, pero el servicio de defensa que brinda un regimiento puede abarcar otra, con lo cual cada una tendría un área geográfica diferente. Los servicios de un hospital podrían abarcar a ciudadanos de más de una jurisdicción política actual, creando problemas de usuarios gratuitos; la jurisdicción en este caso se extendería sobre la división política, para abarcar a todos los usuarios. Obviamente, distintas jurisdicciones se superpondrían, incluso brindando algunas de ellas el mismo tipo de servicios. Los ciudadanos podrían elegir entre las mismas, aunque “deberían” elegir, ya que se trata de jurisdicciones gubernamentales. La competencia sería fomentada por la acción de “salida”, aunque no tendría que ser geográfica: las personas o los gobiernos locales podrían cambiar de afiliación a esas diferentes jurisdicciones, sin tener que mudarse a otra jurisdicción geográfica para hacerlo.

El autor menciona como ejemplo a la Liga Hanseática, un grupo funcional que brindaba normas comerciales comunes, aunque no tenía ningún tipo de vinculación geográfica. Eran miembros de la liga ciudades como Lübeck, Bremen y Colonia (hoy Alemania), Stettin y Danzig (hoy Polonia), Kaliningrado (hoy Rusia), Riga (Letonia), Reval (hoy Tallinn, Estonia) y Dorpat (hoy Tartu, Estonia), Groningen y Deventer (hoy Holanda). Londres (Inglaterra), Brujas y Amberes (Bélgica) y Novgorod (Rusia) eran miembros asociados. En los Estados Unidos hay “distritos especiales”. En Suiza hay 26 cantones y unas 8,000 comunas de distinto tipo, de las cuales 2,940 definen la ciudadanía política (los ciudadanos lo son de las comunas, no de “Suiza”). Hay comunas educativas que ofrecen servicios a más de un gobierno local.

Esta profunda descentralización y división de poderes actuaría como un límite al abuso de poder y permitiría la participación ciudadana en la toma de decisiones, sobre todo asociado al uso de mecanismos de democracia directa.

Rothbard y Friedman

Finalmente, Murray Rothbard (2002) y David Friedman (1989) presentan un modelo también con jurisdicciones funcionales, en competencia y superpuestas, pero, a diferencia de Frey, se trata solamente de agencias privadas. Según esta visión “libertaria”, todos los bienes y servicios serían provistos por el mercado, ya que este puede hacerlo, si bien no en forma perfecta, superior a la provisión estatal. Así, ambos autores analizan cada uno de los servicios que actualmente proveen los Estados y cómo los podría proveer el mercado. Las propuestas de uno y otro son similares en cuanto a la provisión de todos los bienes y servicios por el mercado, con algunas diferencias, sobre todo relacionadas con los fundamentos filosóficos —una filosofía moral iusnaturalista, en el caso de Rothbard, y consecuencialista, en el de Friedman— y a una hipótesis sobre el posible nacimiento de una sociedad anarcocapitalista, como la que proponen —un contrato social, donde las partes consentirían un código legal, en el caso de Rothbard, y un enfoque incremental, en el caso de Friedman—.

En el caso tal vez más complejo de todos —la seguridad personal y la defensa—, critica la visión predominante de que el Estado debe proveer protección policial, como si fuera una entidad única y absoluta, consistente en una cantidad fija que se brinda a todos por igual. Ese tipo de bien general no existiría, de la misma forma que no existe un bien “comida” o “vivienda”[3]. Por lo tanto, el Estado debería asignar un recurso escaso, sujeto a las ineficiencias de la política y la burocracia. Para Rothbard, los individuos deberían contratar este servicio, como los demás, en el mercado, y lo harían según sus preferencias específicas: desde la patrulla de un policía cuando sea necesaria, hasta protección personal durante las veinticuatro horas. Se argumentará que, en tal caso, los consumidores deberían pagar algo que ahora reciben gratis, pero es necesario tener en cuenta que en el modelo libertario no habría impuestos, así que los recursos que la población destina, en un determinado momento, con ese fin, estarían disponibles directa o indirectamente para contratar ese tipo de servicios.

El modelo no considera que cada persona tendría que salir a contratar un agente privado, en caso de haber sido robada o atacada, sino que, como ocurre actualmente en muchos barrios abiertos o cerrados, contrataría una compañía que le brindaría ese servicio. Es bastante probable, además, que los servicios fueran ofrecidos por empresas de seguros, ya que, si se ha asegurado, por ejemplo, una casa contra robo, la protección podría ser parte del servicio del seguro[4]. La competencia se transformaría en eficiencia y control por parte de los consumidores, ya que podrían cambiar de agencia en caso de no estar contentos con el servicio que reciben, algo que no pueden hacer ahora por tratarse de un servicio monopólico, del cual se recibe simplemente lo que toque.

[1]. Dice Alberdi ([1854] 1993): “Al legislador, al hombre de Estado, al publicista, al escritor, sólo toca estudiar los principios económicos adoptados por la Constitución, para tomarlos por guía obligatoria y reglamentaria. Ellos no pueden seguir otros principios, ni otra doctrina económica que los adoptados ya en la Constitución, si han de poner en planta esa Constitución, y no otra que no existe. Ensayar nuevos sistemas, lanzarse en el terreno de las novedades, es desviarse de la Constitución en el punto en que debe ser mejor observada, falsear el sentido hermoso de sus disposiciones, y echar el país en desorden y en el atraso, entorpeciendo los intereses materiales, que son los llamados a sacarlos de la posición oscura y subalterna en que se encuentra” (p. 2).

 

[2]. Dice Willy Linder, editora económica del Neue Züricher Zeitung: “Los suizos siguen siendo suficientemente generosos y sensibles para votar a veces a favor de cuestiones que parecen ir en contra de su propio interés. Sin embargo, en el largo plazo, estas actitudes han contribuido a la estabilidad política y económica de Suiza. Durante los tres últimos años, por ejemplo, los suizos, por márgenes excediendo generalmente 3 a 1, han decidido en referéndums no cobrar impuestos especiales a los ricos y los que ganan altos sueldos, no otorgar a los trabajadores suizos participación en la administración de las empresas, no reducir la edad mínima para ingresar en el generoso sistema de pensiones, no permitir al gobierno central que recaude fondos para compensar tendencias locales recesivas, y finalmente no permitir al gobierno central que tenga déficit”. Fortune, diciembre 18 de 1978; citado en “President’s Essay”, Washington DC: The Heritage Foundation, 2011.

 

[3]. “A cualquier persona o negocio, la policía puede proveerle desde un oficial que haga una ronda una vez por noche, dos policías que patrullen constantemente cada cuadra, otros que lleven a cabo la vigilancia en un móvil, hasta uno o incluso varios guardaespaldas personales permanentes. Además, debe tomar muchas otras decisiones cuya complejidad se hace evidente tan pronto como levantamos el velo del mito de la “protección” absoluta. ¿Cómo podría la policía asignar adecuadamente sus fondos, que por supuesto son siempre limitados, como lo son los de todos los individuos, organizaciones y agencias? ¿Cuánto debería invertir en equipamiento electrónico? ¿En equipos para tomar huellas dactilares? ¿En detectives o en policías uniformados? ¿En patrulleros o en agentes que prestan servicio a pie, etcétera?”. (Rothbard 2002, p. 268).

 

[4]. “Esta debería ser la primera respuesta simple a la pregunta típica que expresa el temor de la gente a la que se le habla por primera vez de una policía totalmente privada: “Bueno, eso significa que si a uno lo atacan o le roban, tiene que apresurarse a encontrar un policía y comenzar a negociar acerca de cuánto le costará que lo defienda”. Bastaría un momento de reflexión para darse cuenta de que ningún servicio se suministra de esa manera en el libre mercado. Es obvio que la persona que quiere estar protegida por la Agencia A o la Compañía Aseguradora B pagará primas regulares en lugar de esperar a ser atacada antes de comprar la protección. “Pero supongamos que se produce una emergencia y el policía de la Compañía A ve que alguien es asaltado; ¿se detendría a preguntar si la víctima adquirió el seguro de la Compañía A?” En primer lugar, este tipo de asalto callejero estaría, como ya lo hemos señalado, dentro de la jurisdicción de la policía contratada por el dueño de la calle en cuestión. Pero ¿qué ocurriría en la situación, poco probable, de que un barrio no tuviera servicio policial, y que un policía de la Compañía A viera casualmente que alguien es atacado? ¿Saldría en defensa de la víctima? Eso, por supuesto, dependería de la Compañía A, pero es casi inconcebible que las compañías de policía privada no cultivaran la buena voluntad estableciendo, como política, la ayuda gratuita a las víctimas en situaciones de emergencia y, quizá, pidiendo luego a la persona rescatada un aporte voluntario. En el caso de un propietario que sufriera un asalto o un ataque, por supuesto recurriría a la compañía policial que hubiera contratado. Llamaría a la Compañía Policial A en lugar de a “la policía”, como lo hace ahora”. (Rothbard 2002, p. 270).

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

La burrada es afirmar categóricamente que Keynes no influyó en la década del ’30

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 2/7/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/07/02/la-burrada-es-afirmar-categoricamente-que-keynes-no-influyo-en-la-decada-del-30/

 

John Maynard Keynes

Cuando cursé la carrera de economía en la UCA, en la década del 70, uno de mis grandes profesores fue Francisco Valsecchi que era titular de Microeconomía. Su asociado era el gran Luis Palma Cané (espero que Luis no se ofenda por botonearlo con la edad).

Valsecchi tenía una frase que me quedó grabada. Decía: “hay tres clases de profesores, los jóvenes, que enseñan más de lo que saben, los no tan jóvenes, que enseñan lo que saben y los viejos, que enseñan lo que hay que enseñar”.

Tomo esta frase del profesor Valsecchi porque pretender dar cátedra sobre el pensamiento de Keynes es hablar más de lo que uno sabe. Y digo esto porque no solo la Teoría General es confusa, sino que, lo más importante, ni siquiera sabemos si la Teoría General era el verdadero pensamiento de Keynes. El economista inglés, que guste o no revolucionó el pensamiento económico en el siglo XX y hoy sigue influyendo, era muy cambiante en sus opiniones.

Al respecto voy a citar a su mayor opositor en el debate económico y gran amigo de Keynes, nada más y nada menos que Hayek. Ambos, a pesar de pensar diferente, se tenían aprecio mutuo y solían participar en largas charlas sobre teoría económica y de ese gran conocimiento personal es que Hayek sostiene que Keynes no era un hombre con demasiada formación teórica, pero que ya estaba influyendo el pensamiento económico incluso antes de la crisis del 30.

En Nuevos Ensayos, dice Hayek refiriéndose a las políticas inflacionarias de Keynes: “Y pocas son mis dudas de que debamos a la gran influencia de este keynesianismo demasiado simplificado la mayor parte de la inflación de posguerra. Tampoco creo que el mismo Keynes la hubiese aprobado. En realidad, estoy casi seguro de que si hubiese vivido en esa época, habría sido uno de los combatientes más firmes contra la inflación. Una de las últimas veces que lo vi, pocas semanas antes de su muerte, me dijo sencillamente más o menos algo parecido”. Y agrega enseguida Hayek: “Yo le había preguntado si no se sentía alarmado ante el uso que algunos de sus discípulos estaban dando a sus teorías. Su respuesta fue que esas teorías habían sido muy necesarias en la década del ’30, pero que si en algún momento se hubieran hecho perjudiciales, podía estar yo seguro de que él inmediatamente produciría un cambio en la opinión pública“.

Es decir, por lo que cuenta Hayek, que compartió muchas horas de intercambio de ideas con Keynes, ni siquiera podemos decir que La Teoría General fue la última palabra del británico.

Otro párrafo de Hayek que muestra los continuos cambios de opinión de Keynes también lo extraigo de Nuevos Ensayos y hace referencia a fines de la década del 20. Dice Hayek: “Yo me había comprometido a revisar para Económica su Tratado Sobre la Moneda que había aparecido por entonces, y trabajé mucho con dos extensos artículos sobre el mismo libro. Al primero él le respondió con un contrataque a mi obra Precios y Producción. Sentí que en buena parte había demolido su esquema teórico, a pesar de que abrigaba honda admiración por tanto discernimiento profundo pero poco sistemático contenido en el Volumen II de su obra. Grande fue mi desilusión cuando todos mis esfuerzos parecieron vanos, porque tras la aparición de la segunda parte de mi artículo me dijo que en el ínterin había cambiado de opinión y ya no creía en lo que había expresado en su trabajo“.

Lo primero que deseo concluir es que es demasiado vanidoso andar predicando tan categóricamente el pensamiento de Keynes, porque ni los que lo trataron estrechamente y fueron sus adversarios académicos, se animan a decir que sus escritos eran la última palabra del pensamiento de Keynes.

El segundo punto a resaltar es que durante la crisis del 30 ya no regía el patrón oro, como generalmente se cree, si no que regía el patrón de cambio oro. El patrón cambio oro hacía más flexible la oferta monetaria de los países, ya que autorizaba a los bancos centrales a mantener reservas en oro y en monedas convertibles a oro, y también los autorizaba a intervenir en el mercado para “moderar” las grandes fluctuaciones del precio del oro.

En efecto, en la conferencia de Génova de 1922 se reunieron varios expertos en temas monetarios y pusieron fin al patrón oro y dieron lugar al nacimiento del patrón de cambio oro. En esa época los economistas europeos que estaban a favor de políticas de estabilización eran Arthur C. Pigou, Ralph G. Hawtrey, Knut Wicksell, Gustav Cassel y John M. Keynes.

Incluso Keynes escribe en 1923 un Tratado Sobre Reforma Monetaria en 1923 y luego, en 1930 el mencionado Tratado sobre el dinero. Es decir, Keynes ya participaba de los debates económicos y monetarios antes de publicar la Teoría General, participó de las condiciones económicas que los aliados le impusieron a Alemania al terminar la Gran Guerra y se retiró por estar en desacuerdo con las exigencias que le imponían al país vencido.

Entiendo que estos datos muestran que es al menos imprudente afirmar categóricamente que Keynes no influyó en las políticas del New Deal en forma tangencial. Puesto en otras palabras, ningún economista serio podría afirmar categóricamente que no influyó o que influyó en el New Deal, aunque hay indicios históricos que muestran que sus teorías eran conocidas antes de publicar la Teoría General en 1936, e incluso la FED ya aplicaba políticas monetarias expansivas en EE.UU. que fueron las que crearon la burbuja bursátil que derivó en el famoso martes negro de octubre de 1929. Afirmar que porque publicó la Teoría General en 1936 su pensamiento no pudo influir en el New Deal que fue anterior es, como vulgarmente se dice, una verdadera burrada, porque el pensamiento y la influencia de Keynes ya existían antes de la crisis de 1929 aunque es cierto que tienen mayor fuerza luego de la Segunda Guerra.

Pero un punto que vale la pena resaltar es que el New Deal no fue solamente un aumento del gasto público financiando con emisión monetaria. Esa es una caricatura del New Deal, de la misma forma que es una caricatura afirmar que gracias a las políticas keynesianas se salió de la gran depresión.

El New Deal fue una mezcla de gasto público con regulaciones, prohibiciones y controles de todo tipo. Roosevelt ganó las elecciones en 1932 y a los dos días de asumir la presidencia declara un feriado bancario y el 5 de abril de 1932 Rooselvet declara ilegal “temporariamente” poseer monedas de oro en los Estados Unidos (ver La Crisis del 30 de Juan Carlos Cachanosky, en Libertas de mayo 1989). En mayo de 1939 se aprueba la Agricultural Adjustment Act por la cual los agricultores americanos cobraban un subsidio por reducir la producción. El objetivo era aumentar el precio de los granos.

En junio Roosevelt firmó la ley de Recuperación de la Industria Nacional (National Industrial Recovery Act) que da nacimiento al New Deal. Esta ley consistía en una gran cantidad de regulaciones y códigos para la industria. Se acortaban las horas de trabajo, se ponían salarios mínimos y se fijaban precios y condiciones de venta. Una especie de Moreno y Kicillof de 1930.

En enero de 1934 se sancionó la Gold Reserve Act. Esta ley le expropiaba el oro a los Bancos de la Reserva Federal y pasaba a ser propiedad del Tesoro de los Estados Unidos. Una especie de pesificación asimétrica.

Pero a principios de 1935 llegaron a la Corte Suprema de Justicia cuatro casos solicitando la inconstitucionalidad de la inconvertibilidad del dólar a oro y de las deudas que tanto el gobierno como los particulares tenían que pagar en oro, que Rooselvet había prohibido. La CSJ de EE.UU. decidió que el Estado tenía que pagar sus deudas en oro poniéndole un límite a Rooselvet.

En mayo de 1935, la Corte Suprema declara inconstitucional a la National Recovery Administration (NRA). Este organismo fue creado para controlar que las industrias cumplieran con los códigos y regulaciones de la National Industrial Recovery Act. La burocracia del NRA prácticamente legislaba, ya que podía cambiar las reglas, pero la la Corte consideró que el Congreso había delegado funciones que le correspondían a él, y por lo tanto declararon inconstitucional la NRA. O sea, el Congreso no podía delegar en el Ejecutivo la función de legislar.

En 1936 la CSJ declara inconstitucional la Agricultural Adjustment Act. Los sucesivos frenos que la CSJ le puso a las regulaciones del New Deal llevaron al presidente Rooselvet a enfrentar a la CSJ enviando un proyecto de ley al Congreso para modificar la cantidad de miembros de la Corte, algo que nosotros conocemos muy bien, pero con la diferencia que en EE.UU. causó indignación y Rooselvet no pudo avanzar sobre el poder Judicial. Al caerse parte de las regulaciones del New Deal, la economía americana tuvo más alivio y mostró cierto grado de recuperación.

Esta nota solo trata de mostrar que es de una tremenda superficialidad afirmar que el New Deal de la crisis del 30 estuvo basada en las teorías keynesianas, pero también es de una gran superficialidad afirmar categóricamente que Keynes no tuvo ninguna influencia en el New Deal, en particular en el aumento del gasto público y su financiamiento con emisión monetaria. No hay pruebas categóricas en uno u otro sentido que Keynes haya influido o no haya influido en el New Deal, aunque hay indicios que pudo influir marginalmente por sus trabajos de la década del 20 y su participación como funcionario público. Recordemos que Keynes fue funcionario del gobierno inglés antes de la crisis del 30 y que ya en la década del 20 publicaba ensayos y era editor del  Economics Journal. En 1916 fue  consejero del Ministerio de Hacienda británico y en 1919 fue parte de la delegación de Gran Bretaña en la Conferencia de Paz de París a la cual renunció por no estar de acuerdo con las exigencias que los aliados le imponían a Alemania por reparaciones de guerra. En ese momento Keynes tenía 36 años.

En síntesis, personalmente no comparto la teoría keynesiana, pero no puedo dejar de reconocer que Keynes tuvo una gran influencia en el pensamiento económico del siglo XX. Que si bien su amigo y oponente académico, Hayek, lo considera poco profundo en sus análisis económicos, no deja de reconocer que hizo grandes esfuerzos por su país, aun en el momentos en que estaba muy enfermo y que lo que hoy se conoce como la Teoría General perfectamente pudo no haber sido la última palabra de Keynes. No lo sabemos.

Específicamente, en lo que hace a su influencia en la crisis en el New Deal, no podemos ser categóricos, pero respuestas destempladas sobre este tema demuestran que muchos ni saben en qué consistió el New Deal, que como vimos, fue mucho más que aumentar el gasto público y financiarlo con emisión monetaria.

Recordando a mi profesor Valsecchi, hay algunos economistas que suelen enseñar más de lo que saben. Y si lo saben, con explicar estas líneas se contribuye a despejar mitos sobre Keynes y el New Deal.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Defensa nacional y bienes públicos: una interesante y útil revisión de la literatura más importante en el tema

Por Martín Krause. Publicada el 4/1/17 en: http://bazar.ufm.edu/defensa-nacional-bienes-publicos-una-interesante-util-revision-la-literatura-mas-importante-tema/

 

Jeffrey Hummel, del Independent Institute en San Francisco, publicó un artículo que fue luego traducido por la revista española Proceso Económico con el título “BIENES NACIONALES CONTRA BIENES PÚBLICOS: DEFENSA, DESARME Y FREE RIDERS”. El artículo está muy bueno, pero tal vez sea más útil para los lectores, alguna de las extensas citas que tiene, ya que brindan una excelente y breve revisión de la literatura principal sobre el tema. Aquí va:

“Los dos artículos clásicos de Paul Samuelson, «The Pure Theory of Public Expenditure», Review of Economics and Statistics, 36 (noviembre de 1954): 387-89, y «Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure», ibid. 37 (noviembre de 1955): 50-56, son acreditados generalmente como las primeras afirmaciones formales de la moderna teoría de los bienes públicos. Ellos, al igual que todos los artículos de Samuelson que debo citar, fueron reimpresos en The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson, vol. 2, Joseph E. Stiglitz, ed. (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1966) o el vol. 3, Robert C. Merton, ed. (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1972).

Muchos economistas, sin embargo, se habían anticipado a Samuelson. De hecho, Adam Smith, en An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1976, reimpreso en Nueva Yori: Random House, 1937) [Traducción al castellano: La riqueza de las naciones, Alianza Editorial, Madrid, 2011], bloque 5, passim., particularmente en las páginas 653-56, 681, presenta una breve y cruda afirmación sobre la teoría de los bienes públicos, poniendo la defensa nacional como ejemplo. La más notable contribución a una ampliamente descuidada teoría de los bienes públicos entre los economistas continentales fue finalmente recogida, traducida y reimpresa por Richard A. Musgrave y Alan T. Peacock, editores, Classics in the Theory of Public Finance (Londres, MacMillan, 1958). Véase particularmente Knut Wicksell, «A New Principle of Just Taxation» (1896), pp. 72-118 y Erik Lindahl, «Just Taxation — A Positive Solution» (1919), pp. 168-76. Una presentación inglesa que predice a Samuelson era de Howard R. Bowen, en «The Interpretation of Voting in the Allocation Resources», Quaterly Journal of Economics, 58 (noviembre de 1943): 27-48, y Toward Social Economy (Nueva York: Rinehart, 1948).

Importantes desarrollos posteriores en la teoría de los bienes públicos incluyen Paul A. Samuelson «Aspects of Public Expediture Theories», Review of Economics and Statistics 4 (noviembre, 1958): 332-38; Ricard A. Musgrave, The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy (Nueva York: McGraw-Hill, 1959); y William J. Baumol, Welfare Economics and the Theory of the State, 2ª ed. (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1965).

La presentación inicial de Samuelson se centra sólo sobre un consumo no rival. La distinción entre las dos características de los bienes públicos no fue completamente aclarada hasta John F. Head, «Public Goods and Economic Policy», Public Finance 17 (1962): 197-212, reimpreso con otros ensayos del autor sobre el mismo tema en Head, Public Goods and Public Welfare (Durham, N.C.: Duke University Press, 1974), pp. 164-83. El primer texto completo dedicado a los bienes públicos fue James M. Buchanan, The Demand and Supply of Public Goods (Chicago: Rand McNally, 1968), el cual contiene extensas referencias bibliográficas a la literatura previa. Para un resumen más reciente de los aún confusos conceptos que subyacen a los bienes públicos, véase Ducan Snidal, «Publis Goods, Property Rights, and Political Organizations», International Studies Quaterly 23, (diciembre de 1979): 532-66.

La literatura sobre bienes públicos se encuentra sobredotada. Los «bienes públicos» son también llamados «bienes colectivos» (Samuelson) y «bienes sociales» (Musgrave). «Consumo no rival» es también llamado «consumo conjunto» (Head), «indivisibilidad» (Buchanan), y «no-exhaustivos» (Brubaker). Excepto por el bastante raro «no comercializable», las variaciones para la «no exclusividad» al menos mantienen la misma raíz, y aunque como señalo a continuación, «las economías externas» o «externalidades positivas» están relacionadas, aún existen suficientes distinciones para justificar un término separado.

Harold Demsetz, «The Private Production of Public Goods», Journal of Law and Economics 13 (octubre de 1970): 293-306, hace una distinción entre los términos «bien público» (un bien o servicio que presenta un consumo no rival) y «bien colectivo» (un bien o servicio que presenta tanto un consumo no rival como la no exclusión). Quizás el punto principal en la oscura terminología de los bienes públicos es investigada en Carl S. Shoup, Public Finance (Chicago: Aldine 1969), pp. 66-74, la cual etiqueta bienes con consumo no rival como «bienes de consumo colectivo» y aquellos con no exclusión como «bienes de consumo grupal». Se puede imaginar cómo el lector novel debe pagar el precio con la única diferencia apretada entre «colectivo» y «grupal» para navegar a través de ellas. Pese a ello, el tratamiento de Shoup es ejemplar porque recuerda al único economista, que yo sepa, que no clasifica la defensa nacional como un bien público. Anticipándose en parte a mi argumento, lo pone todo junto en una categoría separada: «preservación del Estado-nación».”

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).