¿PONER ORDEN PROVOCA DESEMPLEO?

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Muchas veces se dice que cuando un gobierno asume y encuentra un aparato estatal sobredimensionado compuesto por funciones incompatibles con un sistema republicano, el despido de burócratas inútiles traerá aparejada una dosis de desocupación. Entonces, otra vez más tratamos el tema crucial del desempleo pero antes traigo a colación una frase célebre de Winston Churchill que tal como destacó Eduardo J. Padilla habitualmente se le amputa la expresión toil (esfuerzo,  laboriosidad): “I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat”. Esto para que tomen nota políticos que irresponsablemente prometen paraísos en lugar arremangarse para solucionar problemas.

 

Vale la pena escudriñar más en cuanto a poner orden cuando un gobierno asume en medio de aparatos estatales elefantiásicos y organigramas sobrecargados. A veces este intento de poner orden se lo denomina “ajuste”. Reitero que debe considerarse una expresión inadecuada puesto que el verdadero ajuste se sufre con el desorden, no con el orden (si no fuera así no sería conducente el orden ya que bastantes “ajustes” hay en la vida diaria para que se imponga otro). Ajustarse el cinturón es lo que impone el estatismo, esto es, el aumento de la pobreza y el sacrificio. El orden permite liberar recursos esterilizados en áreas gubernamentales a los efectos de engrosar los bolsillos de la gente.

 

También es de interés puntualizar que las medidas que conducen al orden deben ser aplicadas lo antes posible para adelantar las buenas noticias fruto del orden y no aplicar medidas gradualistas puesto que ese goteo desgaste enormemente y mucho más si las medidas resultan fluctuantes, vacilantes y con marchas y contramarchas, en lugar de liberar el mercado laboral de legislación fascista y eliminar los impuestos directos al efecto de dar efectiva protección a los más pobres.

 

No hay magias en estos menesteres, no es posible contar con la torta y comérsela al mismo tiempo. Sin duda que los funcionarios de los que hablamos pueden estar sobrevaluados en el sector público y, por tanto, al pasar al sector privado sus salarios serán menores. Esto no debe corregirse puesto que la corrección significa que se arrancará el fruto del trabajo del vecino para continuar son la sobrevaluación de marras.

 

Vamos entonces una vez más al asunto clave de la desocupación. Bajo ninguna circunstancia hay desempleo involuntario (el voluntario no presenta problema alguno), siempre que los salarios surjan de arreglos contractuales libres y voluntarios. Las necesidades son ilimitadas y los recursos para atenderlas son escasos y el factor clave de esos recursos es precisamente el trabajo manual e intelectual. No se concibe la producción de bienes ni la prestación de servicios sin el concurso del trabajo. Si las necesidades estuvieran cubiertas y hubiera de todo para todos todo el tiempo, no habría necesidad de trabajar puesto que estaríamos en Jauja. Pero la realidad es otra. Cuando se obtiene un bien se desea otro y así sucesivamente. Esa es la historia del progreso desde las necesidades básicas a las culturales y de recreación.

 

Sin embargo, si los salarios se imponen por decreto o por el uso de la violencia, el desempleo es seguro. Los salarios son consecuencia inexorable de las tasas de capitalización, es decir, de maquinarias, instalaciones, equipos y conocimientos relevantes que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Como hemos dicho tantas veces, no  es lo mismo pescar a cascotazos que hacerlo con una red de pescar, no es lo mismo arar con las uñas que hacerlo con un tractor. En otros términos, los equipos de capital resultan  esenciales para incrementar el rendimiento. Los salarios podrán ser altos o bajos según la inversión per capita pero no hay tal cosa como desempleo, a saber, nunca sobre aquel factor que es escaso en relación a las siempre ilimitadas necesidades (al pasar decimos que, por ejemplo, no estará empleado quien se encuentra en estado vegetativo ni aquel que sistemáticamente incendia su puesto de trabajo, pero esto no  hace a la regla del empleo a la que nos estamos refiriendo).

 

Entonces, frente a la situación que dejamos planteada al comienzo de esta nota, si hay que eliminar funciones incompatibles con un sistema republicano y consecuentemente hay que prescindir de los respectivos funcionarios, aparecen dos posibilidades siempre en vista de lo dicho sobre el desempleo. La primera variante es que los burócratas que se dejan cesantes en la administración pública sean absorbidos por el mercado laboral al salario que permita la tasa de capitalización. La segunda posibilidad es que ese mercado se encuentre bloqueado por disposiciones legales como el salario mínimo, descuentos compulsivos que significan impuestos al trabajo y equivalentes. En ese caso, no encontrarán empleo ya que si la tasa de capitalización marca 100 y la legislación laboral impone 200 se barre la posibilidad de trabajar, lo cual naturalmente perjudica muy especialmente a los que más necesitan  el trabajo ya que solo se producirán problemas de desempleo en las escalas más altas si las mal llamadas “conquistas sociales” las alcanzan.

 

En esta segunda variante solo queda que el mercado informal absorba a todos los que desean trabajar. Esto es, por ejemplo, lo que ocurre con los inmigrantes ilegales principalmente en el Oeste de Estados Unidos, donde se trabaja a salario de mercado, mientras que muchos de sus colegas en el Este se encuentran desempleados debido a las antedichas “conquistas sociales”.

 

Aunque no hace al objeto de esta nota referida a la necesidad de poner coto a la sobredimensión del Leviatán, es del caso apuntar que, por otro lado, la tecnología libera recursos humanos y materiales para emplearlos en áreas que hasta el momento no podía concebirse su producción. La respectiva capacitación está también en el interés de los emprendedores que ven las ventajas del nuevo negocio.

 

Otro tema de interés en este contexto es que los gobiernos que trabajan para poner orden faciliten el contar con entidades en las que se consignen los nombres de las personas que donan de su peculio para ayudar a quienes dicen hay que ayudar y que la nómina aparezca con los respectivos montos entregados. De este modo, se evitarían los discursos vacíos de quienes alardean de que “debemos ayudar” a tales o cuales personas, siempre recurriendo a la tercera persona del plural y nunca a la primera del singular asumiendo la propia responsabilidad en lugar de endosarla por la fuerza al vecino indefenso.

 

Por supuesto que el esfuerzo de la base cero y similares en el presupuesto nacional no se queda en la reducción del gasto sino que apunta a disminuir impuestos y simplificar sus características, al tiempo que debe reconsiderarse la posibilidad de prohibir la deuda pública tal como la sugirió en su momento Thomas Jefferson respecto a la Constitución estadounidense, con el argumento de que comprometía patrimonios de futuras generaciones que no han participado en el proceso electoral para elegir al gobierno que contrajo la deuda, sin dejarse convencer por las falacias de las supuestas  “ventajas intergeneracionales” ni de la mal llamada “inversión pública”.

 

Tanto la evaluación de las ventajas intergeneracionales como la inversión surgen de las apreciaciones subjetivas de la gente. Carece de sentido comprometer en el presente el fruto del trabajo futuro a través del endeudamiento  público con el argumento que en su momento lo sabrán apreciar o el arrancar recursos a unos con el argumento que esa compulsión se debe a que “le invirtieron” sus fondos.  En el primer caso se está extrapolando lo que ocurre en el sector privado -por definición actos voluntarios- para ilegítimamente trasladarlo al sector público y en el segundo se pasa por alto el significado preciso del proceso de abstención de consumo, ahorro e inversión. En los presupuestos públicos debiera consignarse, además del rubro de gastos corrientes, el rubro de gastos en activos fijos pero de ningún modo “inversión pública”.

 

En todos estos asuntos estimo clave la comprensión del nexo causal entre las políticas que engrosan los aparatos estatales y el sufrimiento de los más pobres. Toda política que derrocha recursos necesariamente implica que se contraen las tasas de capitalización, lo cual, como queda dicho, reduce salarios e ingresos en términos reales y, naturalmente, los marginales sufren en mayor medida el impacto puesto que una unidad monetaria para ellos tiene más peso que el que tiene lugar sobre ingresos más elevados.

 

Es bastante ridículo que la gente acepte que la inversión es decisiva para el crecimiento de un país y luego acepta livianamente que se castigue de todas las maneras posibles la inversión, especialmente vía fiscal con la peregrina idea de que eso no afectará los bolsillos de todos. No habrá progreso sostenido mientras no se perciba la relación directa inversión-salarios. Como se ha puntualizado, los ingresos son mayores en Canadá que en Uganda porque la inversión es mayor y, a su vez, la inversión es mayor debido a marcos institucionales respetuosos de la propiedad de cada cual.

 

En el tema que tratamos cuando los gobiernos intentan poner orden, habitualmente aparece montado sobre la pretensión de introducir políticas “de excepción” como si las transiciones no fueran algo cotidiano. Cada persona en su oficina todos los días cuando propone mejorar la situación de su empresa o emprendimiento está de hecho generando cambios, está provocando transiciones de la situación anterior a la nueva. Y, a su vez, estos cambios implican reasignaciones laborales y reasignaciones de recursos materiales. La vida es una transición. Desde luego que hay en el medio capacitaciones y nuevos desafíos que deben contemplarse y está en interés de los inversionistas hacerlo. Pero esto no es exclusivo de lo que ocurre cuando los gobiernos apuntan a poner orden después de un período de despilfarro. Como decimos es un proceso cotidiano.

 

En resumen, si un gobierno enfrenta una situación difícil y se propone corregirla debe tomar las medidas en concordancia puesto que las demoras comprometen la solución de los problemas. Ya se sabe que el tema medular es la educación, los políticos no pueden ir más allá de lo que la opinión pública puede digerir, por eso es que resulta tan importante la faena de los que no son funcionarios públicos a los efectos de correr el eje del debate y abrir plafones para que puedan resolverse los problemas. De nada valen los aplaudidores y los que todo lo justifican, debe dejarse testimonio en la buena dirección en la esperanza de corregir los desvaríos populistas.

 

Cierro con un pasaje del Acto iii, Escena iii de Hamlet respecto a la necesidad de encarar los problemas de fondo con medidas de fondo: “Las enfermedades graves que aparecen se resuelven con medias graves, o no lo hacen de ninguna manera”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Caps 4 y 5: las fallas de la política comienzan a verse al cuestionar el supuesto del dictador benevolente

Por Martín Krause. Publicada el 6/6/16 en: http://bazar.ufm.edu/caps-4-y-5-las-fallas-de-la-politica-comienzan-a-verse-al-cuestionar-el-supuesto-del-dictador-benevolente/

 

En toda sociedad hacen falta un mecanismo para permitir que se expresen las preferencias de los individuos y señales que guíen a los productores a satisfacerlas. En el caso de los bienes privados, hemos visto cómo el mercado cumple ese papel. También vimos que se presentan problemas para cumplirlo. En el caso de los bienes públicos, es la política: es decir, los ciudadanos expresan sus preferencias por bienes colectivos y hay un mecanismo que las unifica, resuelve sus diferencias (Buchanan 2009) y envía una señal a los oferentes —en este caso las distintas agencias estatales— para satisfacerlas. Como veremos, este también se enfrenta a sus propios problemas.

El siguiente análisis de las fallas de la política se basa en el espíritu de aquellas famosas palabras de Winston Churchill (1874-1965): “Muchas formas de gobierno han sido ensayadas y lo serán en este mundo de vicios e infortunios. Nadie pretende que la democracia sea perfecta u omnisciente. En verdad, se ha dicho que es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras que han sido ensayadas de tiempo en tiempo”.

Churchill nos dice que no hemos ensayado un sistema mejor, por el momento, pero que este no puede ser considerado perfecto. Por ello, cuando se ponen demasiadas esperanzas en él, pueden frustrarse, ya que la democracia no garantiza ningún resultado en particular —mejor salud, educación o nivel de vida—, aunque ciertas democracias lo hacen bastante mejor que las monarquías o las dictaduras.

Durante mucho tiempo, buena parte de los economistas se concentraron en analizar y comprender el funcionamiento de los mercados, y olvidaron el papel que cumplen los marcos institucionales y jurídicos de los Gobiernos. Analizaban los mercados suponiendo que funcionaban bajo un “gobernante benevolente”, definiendo como tal a quien persigue el “bien común”, sin consideración por el beneficio propio, y coincidiendo en esto con buena parte de las ciencias políticas y jurídicas[1]. Tal como define al Estado la ciencia política, tiene aquel el monopolio de la coerción, pero lo ejerce en beneficio de los gobernados.

Por cierto, hubo claras excepciones a este olvido. Inspirados en ellas, autores como Anthony Downs o James Buchanan y Gordon Tullock iniciaron lo que se ha dado en llamar “análisis económico de la política”, en el contexto de gobiernos democráticos, originando una abundante literatura. Su intención era aplicar las herramientas del análisis económico a la política y el funcionamiento del Estado, pues la teoría política predominante no lograba explicar la realidad de manera satisfactoria.

Uno de los primeros pasos fue cuestionar el supuesto del “gobernante benevolente” que persigue el bien común; porque, ¿cómo explicaba esto los numerosos casos en que los Gobiernos implementan medidas que favorecen a unos pocos? O más aún: ¿cómo explicar entonces que los gobernantes apliquen políticas que los favorecen a ellos mismos, en detrimento de los votantes/contribuyentes? Por último, ¿cómo definir el “bien común”[2]? Dadas las diferencias en las preferencias y valores individuales, ¿cómo se podría llegar a una escala común a todos? Esto implicaría estar de acuerdo y compartir dicha escala, pero el acuerdo que pueda alcanzarse tiene que ser necesariamente vago y muy general, y en cuanto alguien quiera traducir eso en propuestas específicas surgirán las diferencias. Por eso vemos interminables discusiones sobre la necesidad de contar con un “perfil de país” o una “estrategia nacional” que nos lleve a alcanzar ese bien común, pero, cuando se consideran los detalles, los “perfiles de país” terminan siendo más relacionados con algún sector específico o difieren claramente entre sí.

Los autores antes mencionados decidieron, entonces, asumir que en la política sucede lo mismo que en el mercado, donde el individuo persigue su propio interés, no el de otros. En el mercado, esa famosa “mano invisible” de Adam Smith conduce a que dicha conducta de los individuos termine beneficiando a todos. ¿Sucede igual en el Estado? Se piensa en particular en el Estado democrático, porque se supone que los Gobiernos tiránicos o autoritarios no le dan prioridad a los intereses de los gobernados.

Algunos economistas intentaron definir ese “bien común” en forma científica, como una “función de bienestar social”, pero sin éxito (Arrow 1951). Además, si hubiese alguna forma de definir específicamente ese bien común o bienestar general como una función objetiva, no importaría si es el resultado de una decisión democrática, de una decisión judicial o simplemente un decreto autoritario que lo imponga.

Como veremos, al cambiar ese supuesto básico, la visión que se tiene de la política es muy distinta: el político persigue, como todos los demás y como él mismo fuera de ese ámbito, su interés personal. No se puede definir algo como un “bien común”, un resultado particular que sea el mejor, pero sí se puede evaluar un proceso, en el que el resultado “bueno” sea aquél que es fruto de las elecciones libres de las personas. ¿Existe entonces un mecanismo similar a la “mano invisible” en el mercado, que guíe las decisiones de los votantes y las acciones de los políticos a conseguir los fines que persiguen los ciudadanos? Este enfoque, llamado en general “Teoría de la Elección Pública” (Public Choice) se centra en los incentivos. De ahí que también se le conozca como “análisis económico de la política”.

[1]. Esta visión, por supuesto, no es sorprendente. Madison (2001), por ejemplo, mostraba una posición clásica aun hoy muy popular, según la cual la búsqueda del “bien común” depende de la delegación del poder a los representantes correctos, no de la información y los incentivos existentes: “… un cuerpo de ciudadanos elegidos, cuya sabiduría pueda discernir mejor el verdadero interés de su país, y cuyo patriotismo y amor por la justicia harán muy poco probable que lo sacrifiquen a consideraciones parciales o temporales. Bajo tal regulación, puede bien suceder que la voz pública, pronunciada por los representantes del pueblo sea más consonante con el bien público que si fuera pronunciada por el pueblo mismo, reunido para tal propósito. Por otro lado, el efecto puede invertirse. Hombres de temperamento faccioso, prejuicios locales, o designios siniestros, pueden por intriga, corrupción u otros medios, primero obtener votos, y luego traicionar los intereses del pueblo”.

 

[2]. Muchos filósofos políticos han cuestionado este concepto. Entre los economistas, Hayek (1976 [1944]): “El ‘objetivo social’ o el ‘designio común’, para el que ha de organizarse la sociedad, se describe frecuentemente de modo vago, como el ‘bien común’, o el ‘bienestar general’, o el ‘interés general’. No se necesita mucha reflexión para comprender que estas expresiones carecen de un significado suficientemente definido para determinar una vía de acción cierta. El bienestar y la felicidad de millones de gentes no pueden medirse con una  sola escala de menos y más” (p. 89).

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Si no se aprende de la historia, se paga: en control de precios en Alemania e Inglaterra (II)

Por Martín Krause. Publicado el 14/9/15 en: http://bazar.ufm.edu/si-no-se-aprende-de-la-historia-se-paga-en-control-de-precios-en-alemania-e-inglaterra-ii/

 

En Junio de 1959, Ludwig von Mises dictó seis conferencias en Buenos Aires. Éstas fueron luego publicadas y las consideramos con los alumnos de la UBA en Derecho. Su tercera conferencia se tituló “Intervencionismo” y trata el control de precios presentando el caso de los precios de la leche. Mises comenta:

Mises1

“En la Alemania de Hitler existía un sistema de socialismo que difería del sistema de Rusia solamente en que todavía se mantenían la terminología y las etiquetas de un sistema de libertad económica. Existían todavía ‘empresas privadas’, tal como se las denominaba. Pero el propietario no era más un empresario, al propietario se le denominaba ‘gerente de negocio’ (Betriebsführer)

Toda Alemania estaba organizada como una jerarquía de führers; estaba el Supremo Führer, Hitler desde ya, y había führers hacia abajo hasta las muchas jerarquías de pequeños führers. Y la cabeza de una empresa era el Betriebsführer. Y los trabajadores de una empresa eran designados por una palabra que, en la Edad Media, se usaba para designar la comitiva de un señor feudal: Gefolgschaft. Y toda esta gente debía obedecer las órdenes emitidas por una entidad que tenía un nombre terriblemente largo: Reichsführerwirtschaftsministerium  a cuya cabeza estaba el bien conocido gordo, llamado Goering, adornado con joyas y medallas.

Y de este cuerpo de ministros con el largo nombre venían todas las órdenes para cada empresa: qué producir, en qué cantidad, dónde obtener las materias primas, cuánto pagar por ellas, a quién vender los productos y a qué precios debían ser vendidos. Los trabajadores recibían órdenes de trabajar en una determinada fábrica y recibían los sueldos que el gobierno decretaba. Todo el sistema económico era ahora regulado en cada detalle por el gobierno.

El Betriebsführer no tenía derecho a quedarse con las ganancias; recibía lo que ascendía a un salario, y si deseaba obtener más debía, por ejemplo, decir: ‘Estoy muy enfermo, necesito una operación inmediatamente, y la operación costará 500 Marcos’ Entonces debía pedir al Führer del distrito (el Gauführer o Gauleiter) si tenía derecho a retirar más del Ministerio de Economía del Reich, esto es del Imperio que el salario que se le daba. Los precios no eran más precios, los salarios no eran más salarios, todos eran términos cuantitativos en un sistema de socialismo.

Permítanme ahora decirles cómo este sistema se destrozó. Un día, después de años de guerrear, los ejércitos extranjeros llegaron a Alemania. Trataron de preservar este sistema económico dirigido por el gobierno, pero habría sido necesaria la brutalidad de Hitler para preservarlo, y sin ella no funcionaba.

Y mientras esto ocurría en Alemania, Gran Bretaña – durante la Segunda Guerra Mundial – hizo precisamente lo mismo que había hecho Alemania. Comenzando con el control de precios de solamente algunos productos, el gobierno Británico empezó paso a paso (de la misma manera en que Hitler lo había hecho durante el tiempo de paz, aún antes del comienzo de la guerra) a controlar más y más de la economía hasta que, en el momento en que la guerra terminó, habían llegado a algo que era casi puro socialismo.

Gran Bretaña no fue llevada al socialismo por el gobierno Laborista establecido en 1945. Gran Bretaña se convirtió en socialista durante la guerra, por medio del gobierno del cual Sir Winston Churchill era el primer ministro. El gobierno Laborista solamente retuvo el sistema de socialismo que el gobierno de Sir Winston Churchill ya había introducido. Y esto, a pesar de la gran resistencia de la gente.

Las nacionalizaciones en Gran Bretaña no significaron mucho; la nacionalización del Banco de Inglaterra fue meramente nominal ya que el Banco se encontraba ya bajo el total control del gobierno. Y fue lo mismo con la nacionalización de los ferrocarriles de la industria del acero. El ‘socialismo de guerra’, como fue llamado – significando el sistema de intervencionismo que procedía paso a paso – ya había virtualmente nacionalizado el sistema.

La diferencia entre los sistemas de Alemania y de Gran Bretaña no era importante ya que la gente que los operaba había sido designada por el gobierno y en ambos casos debían obedecer las órdenes del gobierno en todos los aspectos. Como he dicho antes, el sistema de los nazis alemanes retuvieron las etiquetas y la terminología de una economía capitalista de libre mercado. Pero significaban algo bastante diferente: ahora eran solamente decretos del gobierno.

Esto era también cierto para el sistema Británico. Cuando el Partido Conservador retornó al poder en Gran Bretaña, algunos de dichos controles fueron eliminados. Tenemos ahora en Gran Bretaña intentos de un lado para retener esos controles, y del otro lado para abolirlos (No debe olvidarse que, en Inglaterra, las condiciones eran muy diferentes de las condiciones en Rusia) Lo mismo es cierto para otros países que dependen de la importación de alimentos y materias primas y por lo tanto deben exportar productos manufacturados. Para países que dependen marcadamente del comercio de exportación, un sistema de control gubernamental simplemente no funciona.

Así, en tanto exista un resto de libertad económica (y hay todavía una substancial libertad económica en algunos países, tal como Noruega, Inglaterra, Suecia), existe por la necesidad de mantener el comercio de exportación. Antes, elegí el ejemplo de la leche, no porque tenga una especial preferencia por ese alimento sino porque prácticamente todos los gobiernos – o un buen número de ellos – en las décadas recientes han regulado el precio de la leche, de los huevos o de la manteca.

 

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).