Falacias fiscales

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2020/05/falacias-fiscales.html

 

«Pero, ya nos alegremos o nos indignemos, el hecho es que el Estado moderno sigue esa vía. Las leyes llamadas de solidaridad social recientemente votadas, en Alemania, en Francia, en Inglaterra —por ejemplo en Francia las leyes sobre la asistencia facultativa gratuita y sobre la asistencia a los ancianos e inválidos y la ley sobre seguros sociales, que gravaran el presupuesto en algunos miles de millones—el autor escribe en la postguerra consecuente a la primera conflagración mundial-, ¿qué hacen sino repartir a ciertas categorías de ciudadanos desheredados recursos que serán tomados, por medio del impuesto proporcional o hasta progresivo, del bolsillo de una minoría de ciudadanos más afortunados? Lo mismo ocurre con las subvenciones, más o menos numerosas, concedidas a las asociaciones agrícolas, a las sociedades de socorros mutuos, etcétera. Aquí sobre todo es donde se ve lo ilógico de la idea de: servicio prestado al contribuyente como base del impuesto, pues se trata, al contrario, de un servicio prestado, de agrado o por fuerza, por el contribuyente a otra persona… Además aunque ese papel repartidor del Estado se ha desarrollado principalmente en los últimos tiempos, no hay que creer que no siempre ha existido, y aún en condiciones mucho peores que hoy; pues, en otros tiempos ocurría al revés: el impuesto sacaba a los pobres con que dotar a los ricos» «[1]

La falacia contenida en el párrafo transcripto es conocida desde antaño como la falacia ad populum que -en términos sencillos- equivale a decir que algo es verdadero simplemente porque es apoyado por una mayoría de personas. Es lo que trata de decirnos el autor: si «todo el mundo» lo hace, entonces, es porque debe ser «bueno». Ahora bien, desde el comienzo de la humanidad hasta prácticamente el siglo XVIII había muy poca gente que estaba en desacuerdo -por ejemplo- con la esclavitud. Hasta autores considerados santos por la Iglesia la apoyaban, como fue el caso del doctor angélico Santo Tomas de Aquino. Era bastante difícil encontrar voces disidentes con la esclavitud, la más horrorosa de las perversiones sociales según los cánones de nuestros días. Pero -siguiendo el «razonamiento» del autor citado- deberíamos considerarla aceptable simplemente porque durante la mayor parte de la historia de la humanidad fue casi unánimemente admitida por una mayoría. Pueden citarse infinidad de ejemplos por los cuales se muestra el absurdo del «argumento» esgrimido («si todos lo hacen nosotros también debemos que hacerlo»). Un célebre dicho popular lo patentiza cuando dice «Ingiera excrementos, millones de moscas no pueden estar equivocadas».

El autor emplea la misma falacia. Vendría a decir: «Si la mayoría de los países cobran impuestos por cualquier motivo que parezca solidarioentonces eso es lo que deberían hacer todos los demás». En este caso, parece decirnos «Si países importantes lo han hecho ¿Por qué no el resto?». Esta es una variante de la falacia ad populum que se denomina falacia ad verecundiam o falacia de autoridad que, parafraseada, viene a significar que, si alguien «importante» lo ha dicho o lo ha hecho, entonces, es «verdadero». Pero pasa por alto que -a menudo- las autoridades en ciertos temas o disciplinas no suelen concordar en sus teorías o puntos de vista, con lo cual el criterio de verdad absoluta por el sólo hecho de que una autoridad en cierta disciplina lo dice, no sirve de «argumento», ni mucho menos de regla.

Por ejemplo, en épocas de la alquimia, la química era ciencia ficción. Cuando la química desbancó a la alquimia del universo de la ciencia la «verdad» pasó a ser otra. Lo mismo ocurrió cuando la física clásica dejó lugar a la física relativista, y está a la cuántica.

Es cierto que el gobierno no presta -de ordinario- los servicios al contribuyente que «debería», ni en la cantidad, ni calidad que la gente necesita, pero es justamente el hecho de que monopoliza tanto estos servicios como el «derecho» a cobrar por ellos impuestos lo que le permite «el lujo» de brindar un servicio deficiente, costoso y gravoso para la ciudadanía. Y eso, cuando el «servicio» existe.

Es verdadero también que los pobres enriquecieron a sus gobiernos gracias a los impuestos que este les obligaba a pagar. Aun hoy es así. Excepto las formas, nada ha cambiado al respecto en lo sustancial. En ninguna época de la historia los gobiernos apuntaron primero a los pobres para llenar sus arcas, lo cual hubiera sido ilógico, sino que dirigieron siempre sus dardos impositivos contra los particulares ricos, comerciantes o mercaderes primero, y después bajando hacia el resto de la población. Solo cuando los ricos privados quedaban completamente esquilmados por obra del impuesto los jerarcas se veían «obligados» a gravar a los menos pudientes. Haber operado en sentido inverso hubiera sido -además de irracional- altamente impopular, y a pesar de lo que pareciera, la mayoría de los gobernantes quisieron (y quieren) ser populares y famosos (sea por amor o temor) y ser recordados de ese modo.

A los ojos de nuestros días, tales métodos lucen violentos e inadmisibles, pero no era así en aquellas lejanas épocas para una mayoría que los consentía con resignación fatalista, ya que no parecía existir otra salida a la situación. Lo que fugazmente describimos en este párrafo fue a lo que nos referimos antes con el rótulo de voracidad fiscal, la que no es nueva, siempre ha existido desde que se constituyó el primer gobierno en el mundo hasta hoy. Y esa voracidad nunca se ha visto satisfecha, salvo contadísimas excepciones.

Y es -justamente- el hecho de que los gobiernos no quieran perder popularidad que se valgan de inventos tales como la «justicia social, solidaridad», etc. para despojar a los que más tienen para darles a los que menos tienen, habida cuenta que es en las bases populares (o los que menos tienen) donde se hallan las masas que, ya sea por medio de los votos en las llamadas «democracias» o por la fuerza bruta en los sistemas totalitarios, dan respaldo y sustento (querido o no) a sus líderes políticos. Por lo tanto, los métodos de explotación de estos hacia sus dominados deben ser sutiles y más «modernos».

[1] Mateo Goldstein. Voz «IMPUESTOS» en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15 letra I Grupo 05

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

La igualdad en la antigua Grecia (2)

Por Gabriel Boragina Publicado  el 12/3/17 en: http://www.accionhumana.com/#!/2017/03/la-igualdad-en-la-antigua-grecia-2.html

 

«En Atenas, los pequeños labradores abrumados de deudas pugnaban por variar su situación y la inminencia del movimiento social se hizo palpable en la época de Solón y favorecida por las divergencias existentes entre las clases privilegiadas. Los derechos políticos fueron graduados según la fortuna, y la elegibilidad para los cargos más elevados se reservó para aquellos poseedores de una importante extensión de tierra que le produjera una renta anual considerable (500 fanegas de grano o su. equivalente en vino y aceite). Concretamente, una serie de medidas hicieron disminuir «la omnipotencia de los eupátridas y permitió a los pobres defenderse con iguales armas, por procedimientos legales. «Eso es lo que se conoce como la Constitución de Solón y fue como la carta fundamental de la democracia ateniense, destinada en virtud de los principios mismos que estableció a determinar nuevos progresos en el sentido democrático»; aunque hay que reconocer que dicha Constitución era en parte plutócrata, porque sólo permitía a los más ricos ocupar los cargos públicos, y en parte aristócrata, porque sólo podían desempeñar funciones ejecutivas judiciales los hombres de reconocida experiencia.»[1]

Al parecer, Solón quiso introducir algo parecido a lo que hoy conocemos como la igualdad ante la ley. Con la salvedad que esa igualdad se limitaría a la igualdad política y no a otra, y sería bastante relativa, habida cuenta que -conforme nos explica el autor en comentario- su «Constitución era en parte plutócrata, porque sólo permitía a los más ricos ocupar los cargos públicos, y en parte aristócrata, porque sólo podían desempeñar funciones ejecutivas judiciales los hombres de reconocida experiencia». Se puede inferir que esas deudas que afligían a los labradores eran ocasionadas por abusivos impuestos, lo que demuestra la temprana voracidad fiscal del estado, que -en rigor- fue una constante, no exclusivamente en la antigua Grecia sino en todas partes del mundo desde los tiempos prebíblicos hasta el presente. Este es un rasgo en que la humanidad no ha parecido avanzar demasiado, excepto en el periodo de la revolución liberal entre los siglos XVIII y comienzos del siglo XX. Desde esta última fecha hasta el momento en que escribirnos se ha producido un severo retroceso en materia fiscal. Hoy como ayer, el ciudadano esta posicionado frente al fisco tal como lo estaban aquellos antiguos labradores griegos agobiados de deudas.

«Hay que reconocer, no obstante, que Solón prepara el movimiento democrático ateniense, y es con la obra de Pericles que se llega al apogeo de la evolución, consolidándose el principio del gobierno del pueblo y ejercido por los ciudadanos, pero con la observación de que el pueblo sólo estaba integrado por el conjunto de ciudadanos atenienses cuyos padres también lo fueron y tanto es así que aparte de ellos, existían los metecos y por último los esclavos que eran considerados sin personalidad, como un instrumento animado, una cosa con vida (y tal vez con alma). La esclavitud constituía el motivo principal de las luchas políticas y sociales de la Grecia antigua y dividía a la sociedad en dos partes: ricos y pobres. «Esta polarización antitética —dice Corrado Barbagallo— entre la riqueza, o mejor aún, entre la fortuna, y la indigencia, provocaba efectos políticos igualmente malos, dentro de la nobleza y del bajo pueblo».»[2]

Tenemos que inferir de este texto que los pobres eran los esclavos y los ricos sus dueños. Sin embargo, se menciona a los metecos, que únicamente se diferenciarían de los esclavos en que serían hombres libres, pero sin derechos políticos de ninguna clase dado que no se les consideraba ciudadanos, y sólo estos gozaban de derechos políticos. No es difícil imaginar que estos metecos entrarían también dentro de la categoría de pobres (aunque no esclavos) ya que -conforme venimos viendo- el poder político los ricos se lo reservaban para sí mismos. Del contexto se infiere que, de la igualdad que se sigue tratando es de la igualdad política que aquí el autor identifica con la democracia. Ese «gobierno del pueblo» de Pericles era bastante peculiar, dado que estaba reservado a una parte minoritaria de la sociedad ateniense. La circunstancia que no se les concedieran derechos políticos a los metecos y esclavos es muy fácil de deducir. Estos constituían la base económica de la clase gobernante (ciudadanos), de conferírseles igualdad de derechos políticos a la de estos, cómodamente se convertirían en clase gobernante y terminarían desplazando a los ciudadanos de su condición privilegiada.

«Del concepto de democracia expuesto por los historiadores y políticos griegos surgen principios de una doctrina moral y política, adquiriendo la democracia un significado humano. Tucídices, en su relato de la guerra del Peloponeso, hace decir a Pericles, en su discurso en homenaje a los atenienses muertos, que «nuestro régimen político es la democracia y se llama así porque busca la utilidad del mayor número y no la ventaja de algunos. Todos somos iguales ante la ley, y cuando la república otorga honores lo hace para, recompensar virtudes y no para consagrar el privilegio. Todos somos llamados a exponer nuestras opiniones sobre los asuntos públicos».[3]

No obstante, ya hemos visto que ese «todos» en realidad era bastante restringido en los hechos. Se limitaba a los ciudadanos, excluyendo a metecos y esclavos que constituían la mayor parte de la población y servían de sustento económico a aquellos. Sin embargo, el concepto -como ideal en sí mismo- resulta brillante, aunque fuera puesto en práctica efectiva muchísimos siglos más tarde con el advenimiento del liberalismo, momento en que el vocablo «todos» adquirió su verdadera significación y se extendió a todos los individuos por igual, y no a los miembros de una determinada casta o clase social. Por lo demás, qué es lo que pretendió decir el autor al expresar «adquiriendo la democracia un significado humano» queda en la más completa de las nebulosas, ya que resulta dificultoso concebir un sentido inhumano de la democracia. Lo cierto es que, en las palabras de Pericles, resulta claro que entendía la democracia como el gobierno de la mayoría («busca la utilidad del mayor número y no la ventaja de algunos») recordando que en la concepción clasista griega (y del mundo antiguo en general) ese «mayor número» incluía a la nobleza, excluyendo todas las otras demás clases.

[1] Dr. Antonio Castagno. Enciclopedia Jurídica OMEBA Tomo 14 letra I Grupo 02. Voz «igualdad»

[2] Castagno, A. Enciclopedia….Ob. cit. Voz «igualdad»

[3] Castagno, A. Enciclopedia….Ob. cit. Voz «igualdad»

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Acerca del federalismo fiscal

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 2/2/16 en http://www.cronista.com/columnistas/Acerca-del-federalismo-fiscal-20160202-0021.html

 

En lugar de seguir con los archiconocidos y reiterados forcejeos entre gobernadores de provincias y el ejecutivo nacional, debería apuntarse a un federalismo institucionalizado y eliminar de una buena vez el caudillaje implícito en el centralismo desde tiempos inmemoriales.

Para lograr un genuino federalismo debieran prorratearse todos los gastos a las provincias excepto los vinculados a relaciones exteriores y defensa junto a la capacidad tributaria. A partir de ese momento cada gobierno provincial estará incentivado a recortar el gasto a los efectos de poder reducir la presión impositiva para que, por una parte, la gente no se mude a una provincia más respetuosa con el fruto de su trabajo y, por otra, para atraer inversiones.

Este proceso de competencia fiscal constituye un eje central del federalismo tal como lo han señalado los Padres Fundadores en el siglo XVIII en Estados Unidos de donde copiaron las naciones libres el esquema federal (hoy lamentablemente en gran medida abandonado en ese país que se ha dejado arrastrar por las fuerzas centrípetas a favor del gobierno nacional).

Originalmente los denominados antifederalistas estadounidenses, quienes paradójicamente eran en esa época más federalistas que sus oponentes circunstanciales, han subrayado la herramienta potente que significa la defensa de las libertades individuales a través de la descentralización del poder político y, en este caso, no solo en materia fiscal sino en temas legislativos / administrativos en general.

Gottfried Dietze en su obra sobre el federalismo considera que la descentralización tributaria y su contrapartida del gasto público constituyen la quintaesencia del sistema republicano y un camino eficiente en la gestión.
En realidad el único sentido de la división del globo terráqueo en naciones y las respectivas fronteras es para evitar los abusos de un gobierno universal. No es para la sandez de vivir con lo nuestro como los trogloditas, sino para preservar el derecho de las personas, lo cual se acentúa en la medida en que dentro de cada nación, el poder, a su vez, se fracciona en provincias y éstas a su vez en municipalidades.

Por otra parte, el concepto de coparticipación argentina está mal parida desde hace mucho tiempo. Son las provincias las que debieran coparticipar al gobierno nacional y no al revés. Son las provincias las que constituyen la nación y no es que el gobierno central da lugar a las estructuras provinciales.

En este contexto de buscar incentivos fuertes para aplacar los atropellos del Leviatán, es pertinente destacar lo impropio que significa aludir al Estado ausente cuando la herencia recibida consiste en un aparato estatal presente hasta en los vericuetos más íntimos en las vidas y haciendas de las personas que deben entregar forzosamente el fruto de sus trabajos desde enero a agosto de cada año para financiar la voracidad fiscal. En todo caso está ausente de su misión específica de garantizar la libertad de cada cual y está muy presente en muchas actividades dignas de la mafia.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.