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Cuando no había piqueteros que demandaran ayuda social como un derecho, los argentinos se ayudaban entre sí

Por Martín Krause. Publicado el 30/1/18 en: http://bazar.ufm.edu/cuando-no-habia-piqueteros-demandaran-ayuda-social-derecho-los-argentinos-se-ayudaban/

 

Los pobres de entonces cubrían los riesgos resultantes de problemas de salud y previsión a través de un mecanismo comunitario, de seguro social, conocido como “socorro mutuo”. Estas organizaciones son definidas como: “toda organización formal de entrada y salida libre, producto de una decisión de un grupo inicial de individuos de asociarse de manera duradera para compartir o hacer juntos determinadas actividades, de acuerdo a reglas que ellos mismos se dan o a las que adhieren expresamente” (Di Stefano et al, 2002, p. 16). Nótese la importancia de la libertad asociada a la libre entrada y salida y al nacimiento voluntario de estas organizaciones. En un país de inmigrantes, los recién llegados se asociaron principalmente según sus colectividades nacionales para compartir los riesgos que pueden provenir de la pobreza: la falta de trabajo, salud, educación, vivienda. La legislación, además, libera a este tipo de organizaciones de la formal aprobación estatal, siendo ahora necesario solamente su constitución formal y su registro. Los gobiernos liberales de entonces favorecieron este tipo de asociaciones como un elemento esencial para el desarrollo de la sociedad civil y el fortalecimiento del espíritu republicano. Era el espíritu que transmitiera a la Constitución Nacional de 1853 quien fuera su principal inspirador, Juan Bautista Alberdi[1].

[1] “Observaré entretanto, para acabar de hablar del gasto público que no todo él consiste en el gasto con que la sociedad satisface sus necesidades de orden público por conducto del gobierno, sino también en el que hace ella directa e inmediatamente, por la mano de sus habitantes, en la mejora, comodidad y perfeccionamiento de sus ciudades, en el socorro y alivio de las clases desgraciadas, y en fin en todo ese orden de servicios que la sociedad se hace a sí misma, sin el intermedio de la autoridad, en el sentido de su prosperidad más rápida y completa. A este gasto pertenecen las calles, los empedrados, las calzadas, los caminos, puentes, desagües, mejoras locales, monumentos, socorros públicos y eventuales, que se hacen por suscripciones voluntarias levantadas en el vecindario” (Alberdi, [1854] 1993, p. 355).

Un destacado autor, Emilio Coni, escribe (1918, p. 544):

“La República Argentina, por el hecho de haber desarrollado y arraigado profundamente en sus habitantes el espíritu y la conciencia mutualista y cooperativista, puede ser considerada en éste, como en tantos otros aspectos, una nación grande y moderna. En efecto, están vinculados por la mutualidad y la cooperación 593.172 de sus habitantes”.

“La mutualidad se ocupa especialmente de los seguros contra los enfermos y contra la invalidez por enfermedad crónica o por vejez; de los seguros contra los accidentes de trabajo y sobre la vida. En todos estos casos, el capital que aporta el socio a la institución mediante las cuotas periódicas, no goza de un interés material, en efectivo, porque todas las utilidades líquidas pasan al fondo de reserva de la misma institución”. “En una sociedad mutualista, el capital se forma generalmente mediante cuotas periódicas, o bien los socios no desembolsan cuota alguna, pero se declaran solidaria e ilimitadamente responsables de las obligaciones que contrae la institución”.

El temprano desarrollo de estas organizaciones voluntarias, o de mercado, para reivindicar sus verdaderas características, es evidenciado por el mismo Coni (1918, op. cit., p. 547):

“En la Capital Federal la sociedad de socorros mutuos más antigua existente es ‘L’Union et Secours Mutuels’, fundada el año 1854; siguióle, en 1856, la sociedad ‘San Crispín’, denominada así porque el núcleo principal de sus fundadores pertenecía al gremio de operarios en la industria de calzado cuyo patrono es San Crispín. En 1857 se fundan la ‘Tipográfica Bonaerense’, ‘La Catalana’ y la hoy poderosa ‘Asociación Española de Socorros Mutuos’; en 1858 la ‘Unione e Benevolenza’, la ‘nonna’ de las sociedades italianas; en 1859 la ‘Francaise’; en 1861 la ‘Nazionale Italiana’, etc., etc.”. “Las mutualidades en ejercicio el 31 de diciembre de 1916 eran 1.205. De éstas, 1.202 son suciedades de socorros mutuos, y 3 sociedades de rentas y de seguros sobre la vida”.

El socorro mutuo floreció sobre todo en las comunidades de inmigrantes. No es de extrañar, el traslado a un país lejano había quebrado los lazos familiares con los que se contara durante siglos. Por mucho tiempo, en sociedades básicamente agrícolas, la relación familiar proveía un cierto seguro: los padres cuidaban de sus hijos cuando éstos no podían mantenerse por sí mismos y luego éstos hacían lo propio con sus padres. La emigración, tanto a las ciudades como al extranjero aunque mucho más en este caso,  rompe este vínculo y surge entonces una solución voluntaria para cubrir ese vacío. Evidentemente, la forma más sencilla de agruparse es alrededor de aquellos elementos que el grupo tenga en común, y en este caso era principalmente el origen nacional, también el lugar de trabajo o la profesión.

Resulta sumamente ilustrador mencionar las mutuales fundadas en los primeros años de este siglo en Buenos Aires: Club Sindical de Empleados, Sanatorio Mutualista para Empleados de Correos y Telégrafos, Sociedad Mutua de Obreros de la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad, Asociación Mutualista Argentina, Sociedad Mutual de Funcionarios y Empleados Judiciales, Ordenanzas Unidos, Sociedad de Socorros Mutuos entre Empleados de Ferrocarriles, Unione Alessandrina, Asociación Mutual de Empleados Públicos, Asociación Mariano Moreno, Banco de Seguros Mutualistas, Cantinas Maternales, Asociación Escolar Mutualista, Fédération des Mutualités Francaises en Argentine, Federazione delle Associazioni Italiane, Associazione Italiana di Mutualitá ed Istruzione, fusión de las siguientes sociedades de socorros mutuos: Camilo Benso, C. di Cavour, Fratellanza Militare, Giuseppe Garibaldi, La Patriottica, Le Italiane al Plata, Margherita di Savoia, Trionfo Ligure, Unione e Benevolenza, Unione Italiana al Plata.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

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A mayor gasto “social” más pobreza

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 19/3/17 en: http://economiaparatodos.net/a-mayor-gasto-social-mas-pobreza/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

 

Lejos estamos de ser una economía que podríamos llamar capitalista o liberal. Claramente estamos en presencia de un estado progre populista que gasta cada vez más en planes sociales

Ya es una discurso común de los políticos afirmar que no se puede quitar la ayuda social a los más humildes porque no podrían transitar el período hasta que lleguen las inversiones, se creen nuevos puestos de trabajo y esa gente pueda cobrar un sueldo. En rigor los que no podemos aguantar más somos los contribuyentes que venimos siendo exprimidos desde 2003 sin ninguna piedad para sostener un monto cada vez mayor de gastos sociales. El cuadro 1 muestra la evolución del gasto social, incluye jubilaciones, en pesos corrientes desde 2001 hasta 2016. Como puede verse en el gráfico, el gasto en pesos corrientes aumentó 42,5 veces. Como referencia, el dólar paso de $ 1 a $ 16, es decir, creció 16 veces, así que en dólares se disparó.

Gráfico 1

Los gastos sociales que muestra el gráfico 1 solo hacen referencia a los gastos de la nación, no incluye las provincias ni los municipios. Como puede verse aumentó 42,5 veces desde 2001 hasta 2016.

Gráfico 2

El gráfico 2 nos muestra la evolución del gasto social en pesos constantes de 2016 utilizando inflación Congreso desde el 2007 en adelante para hacer el ajuste. En este caso aumentó 2,58 veces en términos reales, o se casi se triplicó. En otras palabras, cada vez se destina más dinero en pesos constantes a pagar jubilaciones, subsidios, educación, vivienda, etc. y la gente es cada vez más pobre, los jubilados están que trinan y los piqueteros siguen extorsionando con sus cortes de calles.

Gráfico 3

El gráfico 3 muestra la evolución del gasto social sin incluir las jubilaciones y las pensiones. Es decir, el gasto en educación, salud, vivienda, etc. que, en valores constantes de 2016, aumentó 2,4 veces en términos reales. Siempre crece el gasto social en términos reales.

Finalmente si la cuenta la hacemos en dólares, vemos que el gasto social total pasó de U$S 27.543 millones en 2001 a U$S 79.325 millones en 2016, o sea que se multiplicó por 2,88 veces. Pero si tomamos desde el 2003, cuando empezó el gobierno de los Kirchner hasta el 2016 el gasto crece 6,6 veces en dólares.

Cualquiera sea la manera que uno haga la cuenta, aquí presento solo 4 opciones, vemos que el llamado gasto social, solo tomando la nación, sin incluir municipios y provincias, crece fenomenalmente.

Gráfico 4

Como último dato, el 64% del gasto público de la nación se destina a los llamados gastos sociales, es decir, jubilaciones, salud, educación, subsidios, etc.

De lo anterior se desprende que lejos estamos de ser una economía que podríamos llamar capitalista o liberal. Claramente estamos en presencia de un estado progre populista que gasta cada vez más en planes sociales y ni siquiera primero cumple con su función primordial que es defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas. La seguridad es desastrosa. Pero también la calidad de vida de la gente viene en decadencia porque la contrapartida de semejante fiesta de gastos sociales es una carga tributaria que espanta la inversión, genera menos puestos de trabajo, aumenta la informalidad, la pobreza y la desocupación.

Es falso que los gastos en programas sociales mejoren la vida de la gente. Claramente la gente vive cada vez peor a pesar de incrementar brutalmente los recursos destinados a los planes sociales. Desde el punto de vista conceptual la gente vive peor porque, como decía antes, espanta las inversiones y cultiva la cultura de la dádiva. La gente no produce y prefiere ser mantenida mientras el estado saquea a los que producen.

Pero además, la política se ha transformado en una actividad política muy rentable en que todos estos fondos se transformaron en fuentes de corrupción y una manera de comprar votos.

En definitiva, no vengan con el verso de que gracias a los planes sociales la gente puede vivir. La gente vive cada vez peor, se degrada como ser humano al ser un vago y se espantan las inversiones que pueden sacar a la gente de pobreza y darles la dignidad del trabajo.

La conclusión es que los gastos sociales son un negocio político y no una manera eficiente de ayudar a la gente. A la gente se la ayuda creando las condiciones para que pueda trabajar y vivir de su salario.

El estado de bienestar es un verso que inventaron los políticos para, con la plata del contribuyente, terminar haciendo su propio negocio político.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Reflexiones sobre la riqueza y la pobreza

Por Gabriel Boragina. Publicado el 28/5/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/05/reflexiones-sobre-la-riqueza-y-la.html

 

La riqueza es una noción abstracta, que para qué cobre sentido necesita ser particularizada, es decir debe convertirse en relativa. Por ejemplo: Si A tiene dos trajes y B tiene uno, se dirá que A es ” más “rico”” que B. Pero si C tiene un gabán, para saber si C es “más o menos rico” que A y que B, necesitaríamos conocer qué valor le dan A, B y C a los trajes y los gabanes, cosa que ningún tercero ajeno a ellos es capaz de determinar a priori, habida cuenta que el valor es subjetivo y no objetivo. La cuestión se complica aún más –y resulta cada vez menos definida- si pasamos del rubro del vestido al de la alimentación, vivienda, recreación, trabajo, etc. En suma, hablar de la “riqueza” y de la “pobreza” en abstracto y como significaciones absolutas es una pérdida de tiempo y siempre lleva a juicios y conclusiones erróneas.
No hay pues “un” concepto de riqueza o pobreza “objetivo”, sino muchas concepciones de naturaleza -todas ellas- “subjetiva”. Esto implica que personas que podemos -desde nuestro propio punto de vista- calificar de “ricas” o “pobres”, podrían no compartir nuestra apreciación.
Muchos son los individuos que no ambicionan posesiones materiales y -sin embargo- se consideran a sí mismos ricos. De análoga manera, gente que -desde la opinión de un tercero- abunda en peculio puede pensarse a sí misma “pobre”. En este sentido, no hay un único criterio, ni menos aun “objetivo” que pueda determinar quien es “rico” o “pobre”.
Esto no quiere decir que cuantitativamente puede calificarse un patrimonio cualquiera como “rico” o “pobre”, pero nada nos dirá sobre la cualificación del mismo. Es decir, cualitativamente los respectivos titulares de esos patrimonios pueden -como señalamos arriba- no coincidir con la etiqueta de “riqueza” o “pobreza” que terceros les asignen. Incluso esos terceros también pueden no estar de acuerdo entre ellos al respecto. Es por eso que autores como Alberto Benegas Lynch (h) afirmen -con acierto- que pobreza y riqueza son términos relativos y que todos somos “ricos” o “pobres” dependiendo de con quienes nos comparemos.
Dado que resulta imposible determinar siquiera aproximadamente quienes son “ricos” o “pobres”, lo mejor que puede hacerse es dejar a la gente en la más completa y absoluta libertad para que ella decida qué quiere o no poseer, cuánto quiere o no ganar, por cuánto tiempo, en qué lugares y en qué condiciones. Nadie mejor que uno mismo (y cada uno) para decidir sobre estas y demás cuestiones. Es por esta razón que la libertad está por encima de cualquier noción de “riqueza” o de “pobreza”, porque sencillamente resulta imposible para nosotros saber qué es “lo mejor” para los demás. Cualquier cosa que pensemos al respecto no será más que nuestra propia apreciación subjetiva acerca de lo que nos parece a nosotros “óptimo” para los demás. Pero esto es en absoluto irrelevante, desde el momento en que no tenemos forma de saber qué es lo que los demás piensan y desean para sí mismos como “lo mejor”.
Ni siquiera podemos tener certeza de que es “lo bueno” para “los demás”, ni aun cuando esos “demás” nos lo manifiesten verbalmente, por la simple razón de que podrían estar mintiéndonos al respecto o, en el mejor de los casos, ser ellos víctimas de un error o confusión en relación a sus objetivos. O, más sencillamente, el sujeto en cuestión carece de la información suficiente como para saber qué es “lo mejor” para él, o -aun teniendo esa información- no posee los medios para lograr el objetivo deseado. En fin, las variables son muchísimas, y lo único cierto respecto de ellas es que no podemos conocerlas todas, ni siquiera para nuestros propios fines y necesidades como individuos.
Sin embargo, muy a menudo, la gente procede como si supiera con absoluta certeza qué es lo que los demás “realmente necesitan”, y la mayoría de las veces supone que “lo mejor para los demás” pueden ser dos de estas cosas: o exactamente lo mismo que para ella, o algo menos que para ella, ya sea en cantidad o en calidad. Raramente encontraremos a alguien que esté convencido que lo que otros “realmente necesitan” sea algo más que lo que esa persona posea, siempre y cuando no se trate de un familiar, como -por ejemplo- un padre o madre respecto de sus hijos, ya que -en estos casos- suele ser habitual que los padres deseen para sus hijos mayor y mejor fortuna que la que ellos lograron (aunque también en este punto frecuenta haber excepciones). Pero -como decíamos- salvo esta última observación, el promedio de la gente quiere para los demás lo mismo o menos de lo mismo que esa gente posee.
En este punto, el discurso de la mayoría acostumbra ser fuertemente declamativo. No hay -prácticamente- quien no diga que quiere que los “pobres” tengan más de lo que tienen, o que posean “lo suficiente para cubrir sus necesidades”, pero muy escasamente quienes así se pronuncian estén dispuestos a darles a esos “pobres” (que generalmente nunca particularizan y sólo se refieren a ellos como una masa o globalidad) algo de sus propios recursos. Y es muy usual que quienes más fuertemente dictan que “se ayude” a los “pobres” sean quienes menos se encuentran personalmente proclives a hacerlo, aun cuando cuenten con los medios suficientes para ello. No es casual, tampoco, que muchas de las personas que así hablan o escriben lo hagan posicionados desde posturas de izquierda, progresistas, socialistas, populistas, en suma, colectivistas. Más allá de cualquier discurso (encendido o no) el análisis revelador de tales ideologías siempre se descubre a través de la observación del actuar de esas personas que, como hemos dejado señalado, reitera orientarse en sentido opuesto al de sus palabras, denotando un rotundo contraste entre su decir y su proceder.
Contrariamente, es mucho más frecuente que las personas que verdaderamente ayudan a los más necesitados, no solamente no se sientan identificadas con tales ideologías, sino que efectúen sus obras benéficas en el más completo anonimato.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Obra pública sin control

Por Julián Obiglio. Publicado en: http://www.julianobiglio.com.ar

El Presupuesto Nacional para el año en curso tiene previstos gastos por casi novecientos mil millones de pesos ($ 900.000 millones). De ellos, más de ochenta y ocho mil millones de pesos ($ 88.000 millones) corresponden a Obra Pública Nacional. O sea, que el 10% del presupuesto anual de nuestro país está contemplado para obras que realizará el Estado. Dicho número es realmente impresionante ya que representa el equivalente al 3,5% del PBI de nuestro país para 2014.

Frente a estas magnitudes surgen algunas preguntas inevitables: ¿Cuáles serán dichas obras?, ¿quién las realizará?, ¿a quiénes beneficiarán?, ¿cómo se financiarán?, ¿cuánto empleo generarán?, etcétera. Si analizamos el presupuesto encontraremos muy poca información sobre el origen y el uso que se dará a estos fondos, aunque de forma bastante clara surge que el 40% de esos ochenta y ocho mil millones de pesos ($ 88.000 millones) será ejecutado por el Ministerio de Planificación que dirige el arquitecto Julio De Vido.

Respecto de las obras que se realizarán, podremos detectar diversos programas de vivienda, que sumados representan ocho mil doscientos millones de pesos ($ 8.200 millones), aunque lamentablemente será imposible determinar con precisión en qué sitio de nuestro país serán realizadas las viviendas o qué tipo de construcción o desarrollo habitacional representarán.

Si analizamos otros rubros, sumando diversas partidas podremos concluir que se han presupuestado más de dos mil millones de pesos ($ 2.000 millones) para obras en la red de energía, o tres mil millones de pesos ($ 3.000 millones) para obras de infraestructura general en el norte de nuestro país. Podemos continuar indicando rubros globales y montos, pero en ningún caso lograremos precisión o podremos responder las preguntas que nos hacíamos unos párrafos atrás.

Ahora bien, si queremos analizar la obra pública haciendo foco en los organismos estatales que la ejecutan, también tendremos un problema, ya que son muchísimos y salvo raras excepciones no tienen correctamente identificadas las obras y planes a su cargo. Frente a todo esto podremos recurrir a la legislación y verificar si las diversas obras están cumpliendo con los requisitos legales y normativos, pero allí también encontraremos serias dificultades, ya que las normas que legislan en la materia son diversas y no tienen ningún tipo de coordinación.

Analizando este complejo panorama y considerando que los montos involucrados en la obra pública son realmente grandes, la Fundación Nuevas Generaciones presentó hace pocos días una “Guía para el seguimiento de la obra pública” que intenta subsanar las deficiencias descriptas y poner luz sobre una situación extremadamente oscura.

La guía establece un sistema que brinda mayor transparencia y eficiencia a los procesos, y permite realizar un mejor seguimiento de las obras por parte de quienes deben o desean hacerlo. De esta forma, se abren nuevas perspectivas para el control ejercido por los cuerpos legislativos, por las ONGs, las Cámaras Empresarias, los Sindicatos, las universidades, o cualquier ciudadano que desee hacerlo. El documento realizado por Nuevas Generaciones indica los elementos básicos que toda obra pública debería explicitar y brinda los parámetros que correspondería analizar para determinar si aquella cumple adecuadamente con las condiciones de transparencia y eficiencia.

Entre los elementos que se exigen para toda obra pública se encontrarán desde cuestiones tan esenciales como el nombre y descripción del proyecto, número de registro de la obra, ubicación geográfica y organismo ejecutor, hasta cuestiones más complejas como el sistema de realización, presupuesto asignado, fuentes de financiamiento, fecha de firma del contrato, plazo de ejecución de la obra, adjudicatario, redeterminación de precios, ampliaciones de plazos, y fotografías ilustrativas de los avances, entre otros datos de relevancia. La necesidad de contar con una herramienta con las características de la “Guía” queda claramente justificada por la importancia de la inversión pública en el proceso de desarrollo de un país, y por la cuantía de los recursos asignados a ella en el presupuesto nacional. Toda obra pública debe ser planificada, ejecutada y evaluada tomando en cuenta sus aspectos financieros, técnicos y sociales, de manera tal que el proyecto resultante sea el más conveniente desde todos esos puntos de vista. La “Guía para el seguimiento de la obra pública” crea una herramienta que arroja claridad al enmarañado mundo de la obra estatal y la hace susceptible de ser controlada por los ciudadanos y sus representantes, permitiendo verificar el uso racional de los recursos públicos.

Las sumas que hoy administra el Poder Ejecutivo sin control son muy elevadas y las necesidades de infraestructura de nuestro país son amplias y urgentes. Por ello es necesario impulsar y establecer estos mecanismos de transparencia que permiten volver a balancear el equilibrio de poderes. Los resultados se reflejarán en una mejor administración de los recursos públicos, que es equivalente a decir, en una mejor calidad de vida para todos los argentinos.

 

Andalucía: Junta ‘social’

Por Carlos Rodríguez Braun. Publicado el 17/9/13 en http://independent.typepad.com/elindependent/2013/09/andaluc%C3%ADa-junta-social.html#more

 

Libre Mercado tituló: “Andalucía recuerda que expropiar a bancos es más social que hacerlo para construir campos de golf”. El periodista Iñigo Aduriz saludó la “iniciativa revolucionaria” del llamado decreto antidesahucios de la Junta, que “pretendía garantizar un techo para todos los ciudadanos arremetiendo para ello contra algunas de las decisiones que hoy están en manos de las entidades financieras”. Todo era presentado como inobjetable: los ciudadanos tienen derecho a la vivienda y por tanto el Estado se lo garantiza más allá de banqueros y demás gente de mal vivir.

El error estriba en que el Estado no puede garantizar el derecho a la vivienda porque no tiene recursos: todo lo que tiene se lo ha quitado antes a los ciudadanos. Por lo tanto, si me da un piso y me permite no pagarlo, es porque ha incrementado los costes que otras personas se verán forzadas a pagar por mí, personas que pueden ser los contribuyentes, o los trabajadores o accionistas de los bancos, o los acreedores de esos bancos cuyos costes financieros pueden verse incrementados por el intervencionismo político. Pero estos matices rara vez son reconocidos, y no solo en los medios de comunicación sino en la política y en la opinión pública en general. No corresponde, por tanto, ningún rasgado de vestiduras porque el señor Aduriz no los reconozca y salude, por tanto, entusiasmado la medida “revolucionaria” de los políticos andaluces ignorando sus posibles consecuencias perjudiciales que pagarán terceros ignotos.

Lo más grave es que la argumentación de su artículo, que recoge fielmente la argumentación de los mandatarios andaluces, se ajusta al pensamiento prevaleciente y a su plasmación jurídica. Primero, el delirio de lo social, magnitud cuantitativa, un absurdo frente al que nadie plantea objeción alguna, como si fuera sinónimo de justicia perfecta, como si fuera obvio que expropiar bancos es más social (más justo, más bueno, etc.) que expropiar para hacer campos de golf. El punto de partida es que nunca es justo quitarle a usted lo que es suyo, señora, por ninguna razón. Y a continuación reconocer que socialen realidad no quiere decir nada definido, y desde luego no quiere decir la sociedad. Más acertado es traducir social por político. Ahí sí que tiene algo de sentido, porque, en la pulverización totalitaria de su significado, social es lo que al poder le convenga en cada momento. Y de ahí que las cosas puedan ser más o menos sociales

El derecho moderno ha quedado subordinado a la interpretación del poder político y, efectivamente, en nuestra Constitución (art. 33) se establece que la propiedad tiene una “función social” (que por supuesto sólo puede determinar el Gobierno), que el poder ha de promover una distribución de la renta “más equitativa” (art. 40), que los españoles tienen “derecho a una vivienda digna” (art. 47), y el más socialista de los muchos artículos socialistas de nuestra Carta Magna, el 28: “Toda (sic, ha leído usted bien: “toda”, es decir: toda) la riqueza del país está sujeta al interés general” (que, para qué tengo que aclarárselo, sólo pueden determinar las autoridades).

 

El Dr. Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.