Brasil y Argentina en polos opuestos

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 16/12/16 en: http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/brasil-argentina-polos-opuestos_631357

 

No fluye el dinero fácil hacia América Latina, de hecho, el total de exportaciones en 2016 rondará los US$ 850.000 millones, 50.000 millones (6%) menos que en 2015 cuando la caída respecto al año anterior ya había sido del 15%, según el BID. Esto refleja principalmente la baja en las exportaciones hacia EEUU (-5 %) y la propia región (-11 %); a las que se suman los descensos en los envíos a China (-5 %), el resto de Asia y la Unión Europea (-4 %).

Pero, esto en realidad es solo ilustrativo porque los países, las sociedades, no son ricos por lo que exportan, sino por la productividad de su sistema. Un país podría exportar poco y, sin embargo, ser rico si su economía es eficiente. Ahora, ¿qué es la eficiencia? Dice la metafísica aristotélica, que la causa eficiente o motriz es el estímulo que desencadena el proceso de desarrollo natural, al tiempo que define a la violencia, precisamente, como aquello que pretende desviar el desarrollo natural, espontáneo, de las cosas reprimiendo al estímulo eficiente.

De aquí que el Estado, cuando utiliza su monopolio de la violencia -su poder de policía- para imponer “orden” provoca ineficiencia. Hablando en términos económicos, podemos decir que la mayor eficiencia se da cuando las personas son menos reprimidas por la coacción estatal ya que esto les permite expresar al máximo su naturaleza creativa y su potencial de trabajo.

Así, lo importante es que la sociedad pueda desarrollarse naturalmente, espontáneamente, sin que la coacción -violencia- del Estado, o de quien sea, la coarte. De modo que, a pesar de la insistencia de los ortodoxos, no es realmente el “excesivo gasto estatal” lo que retrasa a un país, sino la represión que se ejerza. Pero los ortodoxos tienen razón indirectamente y es que el gasto estatal suele solventarse coaccionando a los ciudadanos para que paguen impuestos. Si este gasto fuera financiado sin reprimir a las personas, por ejemplo, con la venta de propiedades estatales, no conllevaría un retraso social.

Y así es cómo, mientras que la dirigencia argentina insiste en reprimir cada vez más a la sociedad con una presión fiscal brutal -impuestos, inflación, etc.- que en algunos casos supera el 70% de sus ingresos, llevando al país hacia el precipicio, el gobierno brasilero intenta zafar, precisamente, de este estatismo parasitario.

Con un decreto de “solo” 440 páginas se agregaron $122.327 millones (US$7.500 millones) al presupuesto del gobierno argentino que inicialmente era de $1,4 billones (US$ 875 mil millones) para 2016. Así, el déficit que ya era de un brutal 4,9% -la Unión Europea considera excesivo a un déficit que supere el 3%- superaría el 6% del PIB.

Por el contrario, el gobierno brasileño logró -a pesar de la oposición del 60% de la población- que el Senado aprobara, definitivamente, una enmienda constitucional que mantendrá en mínimos el gasto público durante los próximos 20 años, ordenando que el aumento anual quede limitado a la tasa de inflación del ejercicio anterior. Entre 1997 y 2015, el gasto público había crecido al 6% por encima de la inflación del año anterior.

Dicen los críticos que esta medida impondrá severos recortes del gasto destinado a los más pobres. Pero son los débiles, precisamente, los más perjudicados por la violencia estatal, ya que los impuestos son derivados hacia abajo por los más fuertes, los empresarios por caso, suelen pagarlos subiendo precios o bajando salarios.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

La mentira del milenio

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 15/1/14 en: 

La mayor mentira de milenio es la de los políticos: que el gobierno sirve para defender a los débiles. Por el contrario, los ha empobrecido y debilitado. El principio filosófico, lo he dicho infinidad de veces, es que al ser el Estado el monopolio de la violencia, con la que “ordena” coactivamente a la sociedad, el criterio de organización es la fuerza favoreciéndose los más fuertes. En los países comunistas los gobernantes viven como príncipes y en los “capitalistas” el Estado privilegia a los empresarios amigos, por caso, con fondos para los bancos con la excusa de “salvar al sistema financiero” y, por cierto, crean costosísimos ejércitos y fuerzas para defender “la patria”, léase estos privilegios.

Para colmo el dinero estatal sale del mercado por vía impositiva, impuestos que los empresarios derivan hacia abajo subiendo precios, bajando salarios, etc. Y así se crea la pobreza que definitivamente no es algo natural sino creado. Por el contrario, lo natural es que el buen trabajo sobre, si no fuera por esta violencia estatal que, como toda violencia, destruye. Creada esta pobreza, los políticos demagógicamente aseguran que lucharán contra ella, claro que lo harán con el dinero recaudado por vía impositiva, es decir, retirado de los más pobres para devolverles lo que queda después de la corrupción y burocracia.

Uno de estos planes demagógicos es el de los “Objetivos del milenio” de la ONU que propone que para el año que viene, 2015, todos los países del mundo deberían reducir los índices de subdesarrollo a la mitad respecto de 1990. La primera meta consiste en reducir la indigencia, la pobreza de los que no tienen ni para comer lo básico. Lo primero que no se entiende es por qué tiene que tardar tanto tiempo, ya que la pobreza disminuiría rápidamente en la medida en que los Estados dejaran de crearla. Según la CEPAL, los países que no alcanzarían el objetivo son Guatemala, Honduras, El Salvador, Paraguay, Venezuela, Panamá, México y Costa Rica. Falta información de República Dominicana. Los que ya lo lograron serían Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, y Argentina si no fuera que nadie cree las estadísticas oficiales. El resto va camino del cumplimiento.

Ahora, definitivamente la disminución de la pobreza no es consecuencia de la acción violenta (coactiva) de los gobiernos, todo lo contrario, desaparece cuando se retiran y dejan de destruir. Desde que el presidente Johnson inició la “Guerra contra la Pobreza” en EEUU en enero de 1964, el gobierno gastó la friolera de US$20 billones, y actualmente gasta $1 billón anual –unos US$9000 por pobre– en “ayudas” sociales y la desgracia está ganando ya que hoy los pobres llegan al récord del 15% de la población total.

Según una encuesta de la NBC, para los ciudadanos el principal causante de la pobreza es “el exceso de asistencia pública que coarta la iniciativa” y fomentar el trabajo y restablecer el matrimonio “sería la mejor batalla contra la pobreza”. Y los datos les dan la razón. Las reformas impulsadas en China por Deng Xiaoping, en el sentido de “liberar el mercado”, es decir, disminuir la coacción estatal permitiendo que las personas se desarrollen, multiplicaron el PIB por diez mientras que la indigencia bajó del 41% de la población a un 5% entre 1978 y 2001 China pasó de tener en 1981 el 43% de los pobres del mundo al 13% hoy.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

El mayor enemigo de la justicia social

Por: Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 19/5/13 en http://www.lapatriaenlinea.com/?t=el-mayor-enemigo-de-la-justicia-social&nota=144439

Más allá de la conflictividad social creciente (oficialistas y anti, huelgas, delito común, etc.) típico de un sistema que derrama violencia, el estatismo como el chavismo en Venezuela, el peronismo en Argentina, etc., ha empobrecido a la sociedad. Es que la violencia siempre destruye, incluidas la paz y la justicia.

Históricamente la expresión “justicia social” (giustizia sociale) fue acuñada por el jesuita Luigi Taparelli (Turín, 1793 – Roma, 1862) en el libro Saggio teoretico di dritto naturale, appoggiato sul fatto, publicado en 1843, en Livorno, Italia. Décadas después el término (social justice) es vuelto a usar en Inglaterra a fines del siglo XIX, por los socialistas fabianos pasando luego al Partido Laborista inglés, al que la Sociedad Fabiana se integró. En la misma época, en Francia, el Partido Socialista a través de Jean Jaurés, adopta el concepto como parte de su socialismo ético y pacifista. Y a la Argentina llega a través del Partido Socialista, de Alfredo Palacios elegido diputado en 1904.

En 1931, la noción se incorpora a la Doctrina social de la Iglesia Católica, al utilizarla el Papa Pío XI en la Encíclica Quadragésimo anno donde asegura que “A cada cual… debe dársele lo suyo en la distribución de los bienes, siendo necesario que la partición de los bienes creados… se ajuste a las normas del bien común o de la justicia social”. El Catecismo de la Iglesia Católica entiende que la sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a cada uno conseguir lo que le es debido según su naturaleza y su vocación y los derechos de la persona humana “… son anteriores a la sociedad y se imponen a ella… Sin este respeto una autoridad sólo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia…”.

Ahora, para comprender cabalmente lo que esto significa, es necesario un análisis serio, no ideologizado ni prejuicioso, del aristotélico tomismo. Si el orden natural existe (la naturaleza creada por Dios está ordenada), si el hombre es naturalmente sociable y si la justicia existe, de suyo la justicia social existe. Siendo justo lo que le corresponde según su naturaleza, es justo todo lo que hace al orden natural y es justicia que los seres tengan aquello que les corresponde naturalmente, que se da naturalmente. Es justo que una persona pueda ser y desarrollarse como tal.

Pero, dice Aristóteles, y Santo Tomás lo copia, que la violencia es siempre y necesariamente destructiva del orden natural por cuanto supone una fuerza extrínseca que intenta desviar su curso espontáneo (para un análisis exhaustivo, ya que aquí no hay espacio, ver “El Futuro de la Esperanza”, Alejandro A. Tagliavini, Eumed, Universidad de Málaga, Parte I, pág. 11). Así, las leyes estatales coactivas (basadas en el monopolio de la violencia estatal, el poder policial) que, supuestamente, hacen a la “justicia social” son insanablemente injustas socialmente, y destructivas de la economía, porque violan al mercado natural que sí es justo.

Por caso, la ley del salario mínimo, provoca la desocupación de los que ganarían menos, los más humildes, lo que contradice al orden natural social que hace partícipe al hombre de la creación empezando por los que más urgentemente lo necesitan. Por otro caso, los impuestos coactivos son derivados hacia abajo, por vía de aumento de precios o baja de salarios, provocando la miseria de los más humildes.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Recesión en ciernes en la Argentina

Por Alejandro Tagliavini: Publicado el 4/6/12 en http://www.territoriodigital.com/edimpresa.aspx?s=6&f=04%2F06%2F2012

Más allá de aumentos artificiales en pocos rubros, como la venta de autos que terminará mayo 7% arriba, básicamente debido al aprovechamiento coyuntural de corto plazo que hacen muchos ahorristas de la brecha de cerca del 30% del dólar con el oficial, lo cierto es que el país se encamina a una recesión como consecuencia de la mayor injerencia estatal en la economía.
De hecho, en lo que va del año la fuga (verdadera estampida) de divisas ya ronda los US$ 15 mil millones que han salido del país o están en cajas de seguridad o debajo del colchón. Y la brecha podría aumentar si consideramos que “corregido por inflación” real, el dólar de $ 3, después de desarmada la convertibilidad, hoy llegaría a $ 6,60.
Tomemos como indicador económico el clásico de los clásicos, no sólo como instrumento de inversión sino como motor del PBI y, casi nada, la construcción de viviendas en un país donde el déficit habitacional es tremendo, al punto de que en la mismísima plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno Nacional y de la Ciudad, duermen cada noche más personas, llegando hoy a unas 30, incluidos inválidos y niños.
Debido al asfixiante control sobre el dólar impuesto por el Gobierno, la compraventa de inmuebles para esta primera mitad del año arroja la peor cifra desde el 2002, y mayo cerrará con una baja de al menos 30% en el total de transacciones, con una tendencia a caer aún más. Sucede que ante la imposibilidad de comprar dólares, entre los propietarios crece la reticencia a vender y los compradores prefieren conservar los billetes verdes, que prometen seguir subiendo descontroladamente. Así, todo indica que, con el dólar blue disparado, los precios en dólares de las propiedades no bajarán.
Por cierto que esto repercute de manera directa sobre la construcción. Durante el primer cuatrimestre del 2012, los permisos de construcción en la Ciudad de Buenos Aires cayeron 40% en relación al mismo período de 2011. Ahora, además de que el crédito hipotecario ya era insuficiente, se le suma que al que quiere comprar dólares para ir ahorrando y adquirir una propiedad le resulta mucho más complicado. A lo que hay que agregarle el ritmo inflacionario que hace que los valores de la construcción seguirán con fuertes aumentos. Algo similar ocurre con los campos, nadie vende, nadie compra, nadie invierte.
Ahora se habla acerca de la posibilidad de “pesificar” las operaciones y que el Estado designe a una entidad financiera pública como “veedora” que apruebe todas las operaciones inmobiliarias. Aunque esto sería el colmo del disparate y seguramente no ocurrirá, viene bien como introito a la explicación filosófica de por qué estas intervenciones estatales están provocando tanto daño.
 Es que una intervención estatal significa la utilización del poder de policía para imponer (en uso del monopolio de la violencia estatal) las reglamentaciones en cuestión. Y la violencia, ya lo sabemos, siempre destruye. Lamentablemente, la tendencia de este Gobierno es a aumentar la utilización de su poder de policía en lugar de retirarlo, es decir, profundizar la destrucción.

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.