El posmodernismo feminista contra la mujer.

Por Bertie Benegas Lynch. Publicado el 4/4/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/04/04/el-posmodernismo-feminista-contra-la-mujer/

 

En nuestro contexto, han tomado fuerza varios temas cuyas derivaciones y enfoques periodísticos, en la mayoría de los casos, causa preocupación. Los cimientos más elementales de una sociedad civilizada deben ser, el principio de igualdad ante la ley y el respeto irrestricto a los derechos que toda persona tiene sobre su vida, su propiedad y su libertad. Sin embargo, es alarmante notar cómo el concepto de “derecho” se tergiversa y se corrompe sistemáticamente de forma creciente. A diario somos testigos de innumerables reclamos quiméricos vestidos de justos que, en realidad, no son más que pseudo derechos promovidos por quienes apuntan al poder para así disponer de la vida, la propiedad y la libertad de otros.

Aquella conocida expresión de Eva Perón que dice “donde existe una necesidad, nace un derecho”, fue -y lamentablemente sigue siendo- un efectivo discurso para la caza de votos y la arenga populista. Sin embargo, es la piedra angular de la debacle de la civilización y el respeto por el prójimo. A cada derecho corresponde una obligación. Si tengo derecho a una casa, el resto de mis semejantes tienen la obligación de respetármela. Pero, si se sostiene que tengo derecho a una casa que no poseo, implicaría que el resto de los ciudadanos tiene la obligación de trabajar para proveérmela. Esto, ni más ni menos es el espíritu del artículo 14 bis incorporado a la Constitución por el llamado constitucionalismo social; un buen ejemplo de la diferencia entre lo legal y lo legítimo, la diferencia entre la ley y la corrupción de ley. Dicho sea de paso y a propósito de la expresión “constitucionalismo social”, vale recordar al Premio Nobel y economista de la escuela austríaca, Friedrich Hayek, que sostenía con razón que, todo sustantivo seguido del adjetivo “social”, se convierte en su antónimo.

Esta corriente del feminismo posmoderno que presenciamos estos días, solo propone el odio y la destrucción del derecho y todos los buenos valores del feminismo original, aquel que ha luchado en una adversidad insultante para afirmar los derechos compatibles con todo ser humano.

Muy desafortunados son los conceptos de la igualdad remuneratoria por igual tarea (otro punto del injerto socialista que conforma el artículo 14 bis) y la reciente arremetida para igualar remuneraciones entre hombres y mujeres. Además de afectar libertades civiles por medio de lamentables intromisiones estatales en los contratos privados, se está dejando con ello, los incentivos más elementales al esfuerzo y los resultados. ¿Qué pasaría si pretendiéramos que el tenista alemán profesional, Cedrik Marcel-Stebe, tuviera la misma bolsa de premios a fin de año y los mismos términos contractuales por publicidades que Roger Federer? Al fin y al cabo, se dedican a lo mismo.

La consigna de igualar remuneraciones para la misma tarea, sea entre mujeres, entre hombres o, entre hombres y mujeres, resulta una forma de salario mínimo aplicado al trabajo brindado por los menos eficientes. Si se cumple a rajatabla la imposición oficial, aquella persona cuya productividad se corresponda a un salario de mercado inferior al mínimo impuesto, quedará desempleada, sea hombre o mujer. Solo gracias a la creatividad de las áreas de compensaciones en Recursos Humanos para establecer categorías o conceptos que justifiquen ante el estado un trabajo distinto entre dos empleados, posibilitará que el menos productivo, mantenga su trabajo con un salario acorde a sus capacidades y competencias.

También se ha instalado el término “violencia de género”, expresión para referirse a actos de violencia de un hombre hacia una mujer. La existencia de estos hechos aberrantes y cobardes, deben ser castigados de forma ejemplar, pero resulta absurdo tener categorías de violencia conforme a quien sea el perpetrador del hecho o quien resulte su víctima. ¿Acaso no condenamos la violencia en todas sus formas?

En el plano laboral, en algunos países, se impone por ley el cupo femenino de las mujeres en las empresas. Estas políticas, además de restringir la libertad de los dueños de empresas para seleccionar los recursos humanos de la forma que crean conveniente, a mi modo de ver, resultan sumamente ofensivas para la mujer. Su invalorable talento, agudeza, ingenio, creatividad e inteligencia, no necesita de cupos.

Los propietarios de una empresa deberían tener el legítimo derecho de contratar solo a hombres para sus puestos de trabajo si eso es lo que ellos deciden, aun cuando esos puestos pudieran ser también ocupados por mujeres. Valen, claro está, las mismas reflexiones para el caso de una empresa cuyos accionistas acepten solo mujeres como empleadas. Cabe destacar que, si en las contrataciones laborales ha privado la consideración del sexo por sobre el talento, la capacidad y otras ponderaciones productivas, se verá reflejado es el cuadro de resultados de las empresas del ejemplo.

El reclamo en favor del aborto, que también se esgrime en esta embestida feminista, es el más aberrante y vergonzante de todos sus postulados. Todos somos dueños de nuestro cuerpo. Es cierto. También es dueño del suyo un ser indefenso que vive en el seno materno esperando el afecto natural de la madre y no a su propio asesino. Causa estupor cuando se pide legalizar el crimen del aborto para evitar las muertes de madres que practican abortos clandestinos y “poco higiénicos.” Es lo mismo que un criminal reclame protección para contar con una menor resistencia de su víctima y tener una escena del crimen prolija y saludable.

No caen fuera de éste análisis aquellos hombres timoratos, de serios problemas de inseguridad y complejos de inferioridad cuyo patético recurso se reduce a denostar a las mujeres porque se ven amenazados en distintos aspectos de la vida cotidiana por mujeres seguras, inteligentes y de personalidad avasallante. Lo que aquí se quiere poner de relieve es lo nocivo que resulta para la vida y los intercambios pacíficos, que otros financien nuestras necesidades o imponerles nuestros gustos y preferencias.

 

Bertie Benegas Lynch. Licenciado en Comercialización en UADE, Posgrado en Negociación en UP y Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE.

La excusa de la discriminación

Por Bertie Benegas Lynch. Publicado el 21/9/16 en: http://www.infobae.com/opinion/2016/09/21/la-excusa-de-la-discriminacion/

 

Con el tiempo, la palabra ‘discriminación’ ha tomado más corrientemente la acepción negativa del término. Sin embargo, debemos considerar que la discriminación está presente en toda acción y propósito deliberado. Estas facultades exclusivamente humanas implican elecciones, manifestaciones de preferencias o cursos de acción cuya realización, necesaria e ineludiblemente, excluye otras opciones.

El lector no dejará de apuntar que no es lo mismo elegir entre jugar al tenis y pasear el perro que cuando dichas elecciones involucran personas. Pero tengamos en cuenta también que, cuando elegimos un amigo, un proveedor de tomates, un empleado para trabajar en nuestra empresa, un dentista o una línea aérea, estamos discriminando personas. Discriminamos personas por su experiencia, sus valores y otras características que creemos que se ajustan al perfil que pretendemos encontrar en un amigo, un jardinero o un asesor de inversiones.

A nuestro juicio, la discriminación condenable es aquella que no considera a la igualdad ante la ley como un valor esencial e inherente a la naturaleza del hombre. El principio fundamental para que una sociedad se considere civilizada es reconocerle a cada individuo, y a todos por igual, el respeto irrestricto a su vida, a su libertad y su propiedad.

Sin embargo —y este es un punto central—, de este principio no se desprende que el individuo tenga derecho a la vida, la libertad y la propiedad de otros. Cuando, por ejemplo, un gobierno obliga a una universidad a mantener cupos mínimos de ingreso para latinos, no le está otorgando derechos a los latinos, sino afectando el derecho a los titulares de la universidad de disponer de su propiedad. En el mismo sentido, creo igualmente criticable cuando el monopolio de la fuerza presiona a un club exclusivo de hombres a aceptar mujeres como socias, o que obliguen a un club de mujeres a aceptar hombres como asociados. Aquellos fines que se propongan las asociaciones libres entre individuos, mientras no tengan por objeto lesionar derechos de otros, deben ser respetados a ultranza.

La empresa que se autoimpone un aumento en la proporción de mujeres en su plantilla de empleados supone que la dirección considera que la empresa está desatendiendo el talento y los valores que las mujeres pueden aportar a la institución para mejorar su cuadro de resultados. Esto es legítimo, pero, si la práctica fuera originada por una imposición legislativa, sería impropio, inadmisible y una clara corrosión institucional en donde la ley se convierte en un canal válido para disponer de la propiedad de otros y hacer prevalecer nuestros gustos y necesidades.

Fue muy comentado en los medios un episodio que protagonizaron dos chicas en un conocido bar de la zona de la Recoleta, cuyo comportamiento no fue acode a la conducta que pretenden los dueños del lugar. A veces se confunde el espacio público con un espacio privado que, por fines comerciales, está abierto al público. Un restaurant, un teatro, un parque de diversiones o un local de ropa no pierden el carácter privado por ser abiertos al público. En consecuencia, son los dueños los que deberían tener la supremacía y la potestad sobre su propiedad y las normas o las pautas de orden que ellos crean convenientes para atender a los clientes que quieran convocar. Esto incluye la decisión acerca de si los hombres deben vestir con saco y corbata para su ingreso, si se puede fumar o no, si se determinará una edad mínima de ingreso, si aceptarán mascotas. En aquellos que son locales gastronómicos, si habrá menú light o no, si pondrán o no sal en la mesa, el tamaño del vaso en que se sirven bebidas colas, etcétera.

En el caso del restaurant de Buenos Aires que comentamos, días después del episodio se organizó un “besazo”, que consistió en convocar a homosexuales en la puerta del local para hacer las mismas demostraciones que habían originado el episodio. Algunos fueron más allá con la provocación e ingresaron al local para besarse. El absurdo más acabado de toda esta prepotencia fue la intervención de la autoridad porteña para informar que el Gobierno decidió someter a los empelados del restaurant a un curso sobre la convivencia en la diversidad.

Son irrelevantes las apreciaciones que personas ajenas a la propiedad de un comercio determinado puedan hacer sobre sus normas. Así como nadie nos debe obligar a concurrir a locales que no son de nuestro agrado o cuyas normas de inclusión nos resulten antipáticas, no tenemos el derecho de imponer nuestras preferencias a sus dueños como si se tratara de nuestra propiedad.

Bertie Benegas Lynch. Licenciado en Comercialización en UADE, Posgrado en Negociación en UP y Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE.

Los “derechos sociales”

Por Gabriel Boragina. Publicado el 10/1/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/01/los-derechos-sociales.html

 

Es frecuente que se diga que los “derechos sociales” han de prevalecer sobre los derechos individuales. De allí que resulte de vital importancia establecer -con la mayor claridad y precisión posible- qué es lo que se entiende por unos y otros “derechos” y –fundamentalmente- si existen en esencia “derechos” que pueden ser diferentes en el modo apuntado. Comencemos entonces desde una visión dada por el iusnaturalismo que resulta enriquecedora a este respecto:

“Contemporáneamente también han distorsionado el significado del iusnaturalismo los patrocinadores de los llamados “derechos sociales”, los cuales se traducen en seudoderechos. Esto último es así debido a que para otorgar a alguien los aludidos “derechos sociales”, necesariamente, se lesiona el derecho de otra persona, lo cual vulnera, el aspecto medular del iusnaturalismo, cual es el reconocimiento de derechos a todas las personas. A todo derecho corresponde una obligación; la propiedad de alguien implica la obligación universal de respetársela; en cambio sí, por ejemplo, se pretendiera otorgar a alguien el “derecho a la vivienda” esto implicaría que un tercero tendría la obligación de proporcionársela sin que éste haya contraído deuda con el supuesto “sujeto de derecho”.[1]

Bajo este concepto se advierte claramente que los designados “derechos sociales” implican, en contexto, un despojo o la petición de tal, habida cuenta que imponen una carga a uno o más sujetos en favor de otro o más sujetos, sin que ninguno de los involucrados hubiera entablado relaciones contractuales entre sí como para crear vínculos de débito o crédito entre las partes. Se nos dice aquí que el iusnaturalismo importa “el reconocimiento de derechos a todas las personas”, por lo que debemos entender que lo hace en la medida que acepta en cada persona un especifico individuo, lo que -en suma- equivale a expresar que, desde la óptica iusnaturalista, lo que se impone es la afirmación de los derechos individuales, esto es, el de cada persona en particular que, en conjunto, configura ese aludido “reconocimiento de derechos a todas las personas”. Veamos a continuación otra forma o manera de enfocar el tema:

“Tan importantes son los derechos individuales que merecen una fundación filosófica sólida. Si un liberal clásico mantiene que la libertad o los derechos individuales son valores últimos, un colectivista puede siempre parlotear que las libertades o derechos sociales son más nobles que aquellos sólo egoístas de los individuos. Pero no hay felicidad social distinta de la felicidad de los individuos. Es más sólido relacionar las libertades y derechos al criterio de felicidad que intuirlos directamente.”[2]

Evidentemente, se hace hincapié sobre la falacia tan difundida por el pensamiento colectivista por la cual “lo social” vendría a ser algo por completo diferente a “lo individual”, como si se trataran de entidades distintas y separadas, y no sólo eso sino que sabemos que la demanda colectivista es que tal etérea forma denominada “social” tendría “objetividad propia”, con independencia y por encima de la realidad “individual”. En verdad, la falsedad se devela con mucha facilidad: “lo social” no es otra manera más que de simplificar lo que representan las acciones, intereses o pensamientos de un número de individuos, cantidad que puede ser más grande o más pequeña, pero cuyo tamaño no importa ningún cambio de naturaleza, ni de sustancia que permita inferir ni concluir que habría independencia y, menos aún, supremacía entre “lo social” y “lo individual”.

La cuestión se agrava cuando esta categoría -inexistente objetivamente- nombrada “derechos sociales” procuró -y finalmente obtuvo- rango constitucional:

“En el Perú y América latina, liberales fueron las Constituciones del siglo XIX. Tenían dos partes: La primera y más importante declaraba los derechos de las personas a la vida, propiedad y libertad. Incluían las garantías de la ley previa al delito y el debido proceso, el no impuesto sin representación, y los derechos de expresión, y libertades de culto, imprenta, etc. Prohibían a los Gobiernos recortar o reglamentar estos derechos humanos individuales, considerados básicos y naturales, propios y consustanciales de todos los individuos libres. La siguiente declaraba las potestades de los órganos de Gobierno. Establecía la forma como eran elegidos y constituidos, sus poderes y atribuciones. Y sus límites. Después de varias décadas aparecieron los “derechos sociales”, muchos de ellos contrarios a los individuales, al igual que los presentes supuestos derechos humanos llamados de “tercera y cuarta generación”. Se inscribieron “derechos” a la educación, vivienda, salud, etc., confundiendo derechos con aspiraciones. Y se aumentaron los poderes y atribuciones de los Gobiernos y sus órganos, pensando que de este modo ellos lograrían cumplir estas aspiraciones.”[3]

Esto sucede precisamente cuando –como señalábamos- se intenta superponer los “derechos sociales” a los individuales alegando que se tratan de dos tipos de “derechos diferentes” y que unos (los “sociales”) deben prevalecer sobre los individuales. Es decir, cuando se parte de la presencia de un “conflicto” (en rigor imaginario) entre dos clases de “derechos”. Algo similar sucede con el pleonasmo “derechos humanos” redundancia que denota la contradicción de suponer derechos “no humanos”, como podrían ser un “derecho mineral, vegetal o animal”, cuando el derecho sólo adquiere sentido como creación exclusiva y excluyentemente humana.

Como decíamos, en los hechos, la falsa categoría “derechos sociales” ha servido y sigue sirviendo para desplazar y desconocer derechos intrínsecos y propios de las personas y como instrumento que utilizan los gobiernos y sus amigos -entre los que se cuentan grupos beneficiados por sus políticas-, para acrecentar su dominio sobre otros grupos y otras personas disidentes. Los “derechos sociales” son una expresión que -en definitiva- enumera una lista de deseos de algunos sujetos (o de muchos) que para su concreción necesita del sacrificio de otros prójimos, con lo cual -en realidad- los “derechos sociales” se revelan como derechos grupales o sectoriales, lo que da cuenta de su verdadera naturaleza y finalidad. Los mecanismos para materializar tales “derechos sociales” son múltiples, pero el denominador común de todos ellos siempre es el mismo: la expoliación de unos en su perjuicio para lograr la satisfacción de otros en su beneficio, lo que resulta en lo que se ha dado en llamar un juego de suma cero, en que lo que ganan unos lo es –irremediablemente- porque otros lo han perdido.

[1] Alberto Benegas Lynch (h) “NUEVO EXAMEN DEL IUSNATURALISMO”. Revista Libertas IV: 7 (Octubre 1987) Instituto Universitario ESEADE. Pág. 10

[2] Leland Yeager. “BASES RIVALES DEL LIBERALISMO CLÁSICO”. Revista Libertas XIII: 44 (Mayo 2006) Instituto Universitario ESEADE. Pág. 475.

[3] Alberto Mansueti – Jose Luis Tapia Rocha. LA SALIDA. o la solución a los problemas económicos y políticos del Perú, Venezuela y América Latina– Edición ILE. Perú. Pág. 157

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Argentina: Volver a las Bases

Por Adrián Ravier. Publicado el 26/3/14 en http://www.elcato.org/argentina-volver-las-bases

 

Juan Bautista Alberdi fue un actor fundamental en la conformación del estado argentino. No sólo fue fundamental en influenciar nuestra Constitución Nacional, sino que también dejó las Bases para que Argentina emprendiera un camino de desarrollo sostenido por varias décadas.

Me propongo en este artículo resumir su posición sobre distintos temas al sólo efecto de reintroducir sus “bases” en el debate moderno.

El gobierno debe limitarse a funciones esenciales

Bajo la estatolatría que nos rodea, el estado moderno ha asumido funciones que han distraído a los gobiernos de sus funciones esenciales. Se podrá decir que este es un fenómeno novedoso, que comienza en el siglo XX y se expande hacia comienzos del siglo XXI, pero Alberdi anticipó esta amenaza, como queda claro en las siguientes citas.

“Si los derechos civiles del hombre pudiesen mantenerse por sí mismos al abrigo de todo ataque, es decir, si nadie atentara contra nuestra vida, persona, propiedad, libre acción, etc., el Gobierno del Estado sería inútil, su institución no tendría razón de existir. Luego el Estado y las leyes políticas que lo constituyen, no tienen más objeto final y definitivo que la observancia y ejecución de las leyes civiles, que son el código de la sociedad y de la civilización misma (…) La democracia es la libertad constituida en gobierno, pues el verdadero gobierno no es más ni menos que la libertad organizada” (Juan Bautista Alberdi, Obras Completas, Tomo VII, p. 90/91).

En otras palabras,

“El Estado se hace fabricante, constructor, empresario, banquero, comerciante, editor, y se distrae así de su mandato esencial y único, que es proteger a los individuos de que se compone contra toda agresión interna y externa. En todas las funciones que no son de la esencia del gobierno obra como ignorante y como un concurrente dañino de los particulares, empeorando el servicio del país, lejos de servirlo mejor” (Juan Bautista Alberdi, “La omnipotencia del Estado de la negación de la libertad individual”).

Influenciado por Adam Smith, y anticipando la literatura moderna desarrollada por Friedrich Hayek o James M. Buchanan, Alberdi creía en un gobierno limitado, pues conocía las limitaciones cognitivas de los funcionarios, así como los perversos incentivos bajo los cuales actúan.

La riqueza no debe re-distribuirse

En el viejo debate entre la economía de mercado y el socialismo, entre la propiedad privada o pública de los medios de producción, tanto teórica como empíricamente ha surgido victoriosa la primera posición. El nuevo socialismo ya no pide privatizar los medios de producción ante su evidente fracaso global, sino re-distribuir la riqueza producida por el sector privado.

Al respecto, Alberdi también ofreció sus reflexiones:

“Para proteger mejor el fin social de la riqueza, ha preferido la distribución libre a la distribución reglamentaria y artificial. La distribución de las riquezas se opera por sí sola, tanto más equivalentemente cuanto menos se ingiere el Estado en imponerle reglas” (Juan Bautista Alberdi T. IV P. 253).

Y es que la intervención del estado no es gratuita. Como ejemplificó Joseph Stiglitz en su libro sobre la economía del sector público, si una persona tiene 10 manzanas, y otras cuatro ninguna, el estado puede dividir las 10 manzanas en partes iguales, pero no llegarán a manos de los cinco destinatarios las dos manzanas, sino que el estado se consumirá en el proceso burocrático la mitad de ellas, quedando al final una manzana para cada uno de los cinco miembros de la sociedad.

No sólo ello. Qué incentivos tendrá el contribuyente para seguir produciendo manzanas, si luego de sufrir los riesgos y costos asociados a la tarea, termina compartiendo forzosamente su esfuerzo con la sociedad. La consecuencia lógica de este proceso de re-distribución de riqueza, es reducir la propia riqueza e incrementar la pobreza.

El estado no produce riqueza, la extrae de los particulares

Se exige al estado que asuma cada vez más funciones, que reparta cada vez más riqueza, pero se olvida muchas veces que el estado no crea su propia riqueza sino que debe costear cada proyecto con recursos privados que extrae a otros particulares.

“¿Qué es la renta pública? Una parte de la renta privada de los habitantes del país, y mejor para la doctrina que vamos a exponer, si es una parte del capital o haber cualquiera de los particulares. Es la unión de las porciones de rentas que los particulares satisfacen al cuerpo social en que viven, para asegurar el orden, que les protege el resto de su renta, el capital, la vida, la persona y su bienestar. Luego hay renta pública donde quiera que hay rentas y capitales particulares” (Juan Bautista Alberdi, T. IV. P. 339).

Esto no implica que el estado no pueda en la Argentina, por mandato constitucional, cobrar impuestos para cumplir sus funciones esenciales, pero debería haber un límite que Alberdi se preocupó por establecer en la Constitución Nacional:

“Es verdad que la tendencia natural de la renta pública es a ser grande y copiosa; pero en la doctrina económica de la Constitución argentina, la abundancia de la renta pública depende del respeto asegurado a los derechos naturales del hombre, en el empleo de sus facultades destinadas a producir los medios de satisfacer las necesidades de su ser. Esos derechos, en que reposa el sistema rentístico, el plan de hacienda o de finanzas, que es parte accesoria del sistema económico del país, son la propiedad, la libertad, la igualdad, la seguridad en sus relaciones prácticas con la producción, distribución y consumo de las riquezas.

La Constitución quiere que la ley fiscal o rentística respete y proteja esos derechos, lejos de atacarlos” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, P. 382).

Y entonces qué podemos decir respecto de los fines de la recaudación:

“Según el art. 4 de la Constitución argentina, la contribución es para formar el Tesoro nacional; el Tesoro, como medio de ejecución, es para gobernar; el gobierno es para hacer cumplir la Constitución; la Constitución, como dice el preámbulo, es para afirmar la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz, servir a la defensa común, promover el bienestar y asegurar los beneficios de la libertad. La contribución es, según esto, el precio con que se obtiene el goce de estas cosas; luego su erogación forma el gasto más precioso del hombre en sociedad. Pero la experiencia prueba que esos fines pueden ser atacados por la misma contribución establecida para servirlos” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, p. 411).

Y luego aclara un poco más:

“Todo dinero público gastado en otros objetos que no sean los que la Constitución señala como objetos de la asociación política argentina, es dinero malgastado, y malversado” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, p. 460/461).

El estado no debería administrar el dinero, ni la política monetaria

Al contrario de sus países vecinos, la Argentina hoy sufre niveles de inflación elevados. Se cree, sin embargo, que el propio estado puede corregir la situación. Se han sincerado en los últimos días las estadísticas oficiales, pero el problema de la inflación está lejos de corregirse. Alberdi tenía muy en claro el problema de la banca pública.

“La reforma de un Banco del Estado es imposible. No hay más que un remedio de reformarlo: es suprimirlo” (Juan Bautista Alberdi, Estudios Económicos, Buenos Aires, Talleres Gráficos L. J. Rosso, 1934, p. 236).

Ahora, como todos sabemos, estos bancos públicos operan a través de los redescuentos obtenidos del Banco Central (BCRA). Dichos redescuentos no son otra cosa que emisión monetaria. Nuevamente Alberdi nos enseña:

“Respecto a la manera de emplear el crédito público por la emisión de papel moneda al estilo de Buenos Aires, la Confederación tiene la ventaja inapreciable de no poder ejercer, aunque quiera, ese terrible medio de arruinar la libertad política, la moralidad de la industria y la hacienda del Estado. Es una ventaja positiva para las rentas de la Confederación la impotencia en que se halla de hacer admitir como valor efectivo un papel, sin más valor ni garantía que el producto de contribuciones tan inciertas como la estabilidad del orden, y que jamás alcanzaría para amortizar una deuda que se agranda por su misma facilidad de dilatación para la que no bastarán después todas las rentas del mundo” (Juan Bautista Alberdi, T. IV. P. 377).

Y para ser más claro:

“Mientras el gobierno tenga el poder de fabricar moneda con simples tiras de papel que nada prometen, ni obligan a reembolso alguno, el poder omnímodo vivirá inalterable como gusano roedor en el corazón de la Constitución misma…” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, P. 197).

El gobierno debe responder a sus obligaciones con los acreedores

Acceder al endeudamiento externo es algo que sólo debiera ocurrir en situaciones de emergencia. Así lo mantienen los tratados clásicos de finanzas públicas, y el propio espíritu de nuestra constitución. Pero si se accediera a tomar crédito, entonces es imperioso que se cumpla con las obligaciones asociadas. El bienestar de la población está asociado a la imagen que el mundo tiene del país. El riesgo aleja al capital, y sin él, no hay inversión, ni desarrollo.

“Siendo el crédito del Estado el recurso más positivo de que pueda disponer en esta época anormal y extraordinaria por ser de creación y formación, será preciso que los gobiernos argentinos sean muy ciegos para que desconozcan que faltar a sus deberes en el pago de los intereses de la deuda, es lo mismo que envenenar el único pan de su alimento, y suicidarse; es algo más desastroso que faltar al honor, es condenarse a la bancarrota y al hambre. El gobierno argentino acaba de dar una prueba de que comprende esta verdad en toda su latitud, cambiando la organización que había ensayado por error para su crédito público, por otra que la restablece a sus bases más normales y más firmes” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, P. 374).

El gobierno no debe regular el mercado laboral, ni intentar alcanzar el pleno empleo

Uno de los objetivos que el estado moderno se ha propuesto en la actualidad es alcanzar el pleno empleo por medio de la política económica. Para ello regular el mercado laboral, fija salarios mínimos, desarrolla una compleja y restrictiva legislación laboral, y crea puestos de trabajo. Sin embargo, la situación laboral continúa siendo precaria, cíclica y desafortunada para los trabajadores. Alberdi comprendía muy bien las consecuencias lógica de estas políticas.

“La ley no podrá tener a ese respecto más poder que le que le ha trazado la Constitución. Su intervención en la organización del trabajo no puede ir más allá del deber de garantizar los beneficios de la libertad, de la igualdad, de la propiedad y seguridad, a favor de los provechos del trabajo. He aquí la organización legítima y posible de parte del Estado; cualquiera otra es quimérica o tiránica” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, P. 261″).

Para ser más preciso:

“Garantizar trabajo a cada obrero sería tan impracticable como asegurar a todo vendedor un comprador, a todo abogado un cliente, a todo médico un enfermo, a todo cómico, aunque fuese detestable, un auditorio. La ley no podría tener ese poder, sino a expensas de la libertad y de la propiedad porque sería preciso que para dar a los unos lo quitase a los otros; y semejante ley no podría existir bajo el sistema de una Constitución que consagra a favor de todos los habitantes los principios de libertad y de propiedad, como bases esenciales de la legislación” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, P. 255).

Y respecto del salario:

“El salario es libre por la Constitución como precio del trabajo, su tasa depende de las leyes normales del mercado, y se regla por la voluntad libre de los contratantes. No hay salario legal u obligatorio a los ojos de la Constitución, fuera de aquel que tiene por ley la estipulación expresa de las partes, o la decisión del juez fundada en el precio del corriente del trabajo, cuando ocurre controversia” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, P. 255).

El gobierno no debiera restringir el libre comercio internacional

Las prácticas mercantilistas y proteccionistas fueron aniquiladas por la obra de Adam Smith,La riqueza de las naciones. Sin embargo, es recurrente en el estado moderno imponer fines colectivos arbitrarios por encima de la libertad individual de los consumidores de adquirir productos del exterior.

“¿De dónde saca el pueblo argentino los objetos de su consumo? Una parte la produce él dentro de su suelo; otra adquiere del extranjero en cambio de sus productos nacionales: productos que por necesidad tiene que crear, porque son el precio único con que puede pagar los artefactos extranjeros de que necesita para hacer vida civilizada. Si no siembra trigos ni cría ganados, ni trabaja las minas, no viste seda, ni paños, ni usa muebles de la Europa. Este cambio de productos del país por productos extranjeros, comprensivo de una escala de cambios intermedios y accesorios, deja… utilidades y rentas privadas…” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, p. 349).

Respecto del control a los capitales, Argentina no siempre fue un país cerrado al mundo. Al contrario, se trata de un país que se formó con capitales externos y flujos inmigratorios. La única obligación que esos capitales debían seguir era cumplir con las mismas leyes que las empresas locales. La igualdad ante la ley predominaba:

“No debiendo las leyes orgánicas emplear otros medios de proteger la venida de los capitales que los medios indicados por la Constitución misma, importa tener presente cuáles son esos medios designados por la Constitución, como base fundamental de toda ley que tenga relación con los capitales considerados en su principio de conservación y de aumento, y en sus medios de acción y de aplicación a la producción de sus beneficios.

Esos medios de protección, esos principios de estímulo, no son otros que la libertad, la seguridad, la igualdad, asegurados a todos los que, habitantes o ausentes del país, introduzcan y establezcan en él sus capitales” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, P. 266).

Respecto de la libertad para entrar y salir del territorio, recordemos que Alberdi fue uno de los responsables más directos de la fuerte inmigración recibida por nuestro país:

“¿Podéis concebir una ley que proteja la inmigración por restricciones y prohibiciones? Semejante ley atacaría los medios que señala la Constitución misma para proteger ese fin. En efecto, la Constitución dice por su artículo 25: -El gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar, ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar la industria, e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Este artículo pone en manos del Estado cuanto medio se quiera fomentar la inmigración, excepto el de las restricciones y limitaciones” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, p.180).

¿Qué diría Alberdi entonces de la protección que hoy recibe la industria local?

“En efecto, ¿podría convenir una ley protectora de la industria por medio de restricciones y prohibiciones, cuando el art. 14 de la Constitución concede a todos los habitantes de la Confederación la libertad de trabajar y de ejercer toda industria? Tales restricciones y prohibiciones serían un medio de atacar ese principio de la Constitución por las leyes proteccionistas que las contuviesen; y esto es precisamente lo que ha querido evitar la Constitución cuando ha dicho en su artículo 28: “Los principios, derechos y garantías reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Esta disposición cierra la puerta a la sanción de toda ley proteccionista, en el sentido que ordinariamente se da a esta palabra de prohibitiva o restrictiva” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, p.180).

Y respecto de los privilegios que significa proteger sectores determinados:

“…(L)os medios ordinarios de estímulo que emplea el sistema llamado protector o proteccionista, y que consisten en la prohibición de importar ciertos productos, en los monopolios indefinidos concedidos a determinadas fabricaciones y en la imposición de fuertes derechos de aduanas, como atentatorios de la libertad de los consumos privados, y, sobre todo, como ruinosas de las mismas fabricaciones nacionales que se trata de hacer nacer y progresar. Semejantes medios son la protección dada a la estupidez y a la pereza, el más torpe de los privilegios” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, p.182).

El gobierno debe proteger el Estado de Derecho

Por último, debemos analizar un área de enorme importancia para los puntos que hemos venido desarrollando. Nada puede lograrse en una sociedad libre si no se protege el Estado de Derecho. Como señalamos, es ésta la función esencial del Estado.

Si el Estado logra respetar el Estado de Derecho, proteger las libertades individuales, clarificar las reglas de juego, priorizar la ley o en otras palabras, hacer cumplir las disposiciones enumeradas en la Constitución Nacional, entonces ya nada más se le exigirá:

“¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro: que no le haga sombra” (Juan Bautista Alberdi, Obras Completas, Tomo IV, P. 150).

Y respecto de la propiedad:

“La libertad de usar y disponer de su propiedad es un complemento de la libertad del trabajo y del derecho de propiedad; garantía adicional de grande utilidad contra la tendencia de la economía socialista de esta época, que, con pretexto de organizar esos derechos pretende restringir el uso y disponibilidad de la propiedad (cuando no niega el derecho que ésta tiene de existir), y nivelar el trabajo del imbécil con el trabajo del genio” (Juan Bautista Alberdi, Tomo IV, P. 159).

Y no olvida la seguridad:

“La seguridad es el complemento de la libertad, o más bien es la libertad misma considerada en sus efectos prácticos y en sus resultados positivos. Donde quiera que la seguridad de la persona y de la propiedad existe como un hecho inviolable, la población se desarrolla por sí misma sin más aliciente que ése” (Juan Bautista Alberdi, Tomo IV, P. 306).

Reflexión final

Las reformas constitucionales fueron cambiando el espíritu de la constitución —y con ello se fue olvidando el pensamiento de Alberdi—, pero intento mediante estas citas recordar al lector cuáles fueron las Bases sobre las cuales Argentina se convirtió en un país próspero y rico, que atraía inmigrantes europeos y hace sólo un siglo encabezaba los indicadores de desarrollo.

Si las Bases deben ser olvidadas necesariamente en el siglo XXI para amoldarse a las necesidades de la población argentina o no, es algo que cada lector debe repensar.

Mi impresión es que la Argentina necesita volver a las Bases, y con ello, a la libertad individual, la economía de mercado, la propiedad privada y el gobierno limitado.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Las armas usuales contra la vida y la libertad

 Por Alejandra Salinas:

 

Para Abel fue una piedra; a Sócrates le tocó beber cicuta; Luther King recibió un impacto de bala. Los tres son íconos históricos sacrificados en su lucha por la justicia, la verdad, la igualdad y la libertad, junto a millones de otras personas más anónimas pero no por eso menos importantes. La historia mundial está plagada de la violencia proveniente de grupos intolerantes, fanáticos, ruines o ladrones (la lista de sus atributos es larga), empuñando sus armas usuales contra personas inocentes y contra quienes se animaron a protestar y actuar públicamente en defensa del respeto incondicional de la vida, libertad y dignidad humana. Primeros entre los grupos responsables por esos crímenes han figurado siempre los gobiernos, operando mediante guerras, persecuciones y asesinatos, cuando no mediante planes quinquenales y reclutamientos forzosos que también terminaban en hambrunas y muertes masivas. En efecto, la muerte a manos de un gobierno ha sido la primera causa de muerte a nivel mundial: antes del siglo XX murieron ca. 133 millones de personas debido al exterminio gubernamental, y entre 1900 y 1999 éste se cobró 262 millones de muertos, según los cálculos del profesor R.J. Rummel en su libro Death by Government (New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 1994, actualizados on line en: http://www.hawaii.edu/powerkills/NOTE1.HTM). Rummel llama “democidio” a la muerte de personas individuales o grupos por el gobierno, incluyendo genocidios, politicidios y matanzas masivas.

Los hallazgos empíricos del prof. Rummel sólo confirman lo que ha constituido el axioma central del liberalismo clásico acerca de los graves riesgos que conlleva la función de gobernar para la vida, la propiedad y la libertad individual, riesgos que se multiplican y agudizan cuando un régimen de gobierno se torna ilimitado e intolerante. Desde la conclusión de Algernon Sidney que de nada vale derrocar a un tirano si no se termina con la tiranía, pasando por la premisa de Acton acerca de que el poder absoluto implica corrupción absoluta, y la invitación de Jefferson a una vigilancia ciudadana eterna, el pensamiento político liberal se ha ocupado incansablemente de revisitar y refrescar estas advertencias. En una variante más contemporánea de análisis político, la filósofa J. Shklar advierte que el miedo a la crueldad gubernamental ha inspirado “el liberalismo del miedo”, dirigido a luchar contra la maldad y la crueldad políticas corporizadas en regímenes opresivos y horrorosos. Nadie puede ignorar ni dejar de denunciar lo que sucede en esos regímenes, afirma Shklar.

Lo que nos trae al análisis del caso de Venezuela. En estos días el mundo es testigo del accionar cruel y violento del gobierno de ese país, que ha perseguido y reprimido a manifestantes que marchaban ejerciendo su derecho a la protesta y de petición para exigir la urgente reforma hacia una política democrática y liberal. La violación del derecho a la protesta y de los otros derechos individuales en Venezuela -así como en Cuba y otros lugares-  debe ser criticada y condenada con urgencia en todo el mundo, y en particular en nuestra región: así nos lo reclama el compromiso moral y cívico con los muertos, heridos y presos, triste pero previsible resultado de la represión oficial de la protesta. En este sentido es de lamentar profundamente que no haya más voces latinoamericanas condenando los sucesos y promoviendo medidas de apoyo a los sufridos pueblos mantenidos en la sujeción al régimen y en el abandono. En particular, es muy preocupante que gobiernos como el argentino sigan defendiendo al régimen dictatorial de Maduro.

¿Qué hacer? Se vislumbran tiempos de agitación, desvelo y crisis en pos de un Estado venezolano más libre y justo. Lo mismo sucede en otros países sujetos también al flagelo de dictaduras, populismos, y a la irresponsabilidad y corrupción política endémica. Desde lo académico, ahora más que nunca cabe redoblar nuestro esfuerzo para seguir enseñando y difundiendo los principios de la libertad y dignidad individual, convocando a la Universidad y a la comunidad toda a ser partícipes de esta tarea.

Concluyo esta reflexión con una cita del ya citado profesor americano que registró las cifras mundiales de democidio:

“Después de ocho años leyendo y grabando a diario sobre decenas de millones de hombres, mujeres y niños torturados o golpeados hasta la muerte, colgados, heridos y enterrados vivos, quemados o muertos de hambre, apuñalados o cortados en pedazos, y asesinados en todas las otras formas creativas e imaginativas que los seres humanos puedan idear, nunca he sido tan feliz de concluir un proyecto. No he encontrado fácil leer una y otra vez sobre los horrores que personas inocentes han sido forzados a sufrir. Lo que me ha mantenido en esto fue la creencia -tal como la investigación preliminar parece indicar-, de que había una solución positiva a toda esta matanza y un curso de acción política claro para ponerle fin. Y los resultados verifican esto. El problema es el Poder. La solución es la democracia. El curso de acción es fomentar la libertad”.

 

Alejandra M. Salinas es Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Doctora en Sociología. Fue Directora del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de ESEADE y de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas. Es Secretaria de Investigación y Profesora de las Asignaturas: Teoría Social, Sociología I y Taller de Tesis de ESEADE.