La ley de los Rendimientos decrecientes

Por Gabriel Boragina. Publicado el 10/1/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/01/la-ley-de-los-rendimientos-decrecientes.html

Una de las más importantes leyes de la economía es la de los rendimientos decrecientes o -simplemente como se la conoce en forma abreviada- de los rendimientos. Curiosamente, y a pesar de su relevancia, no se trata de una de las leyes que se tengan a menudo presentes en los análisis económicos. Esta omisión lleva a frecuentes malentendidos, de allí que será de interés dedicarle algunos párrafos, tanto a su concepto como a sus aplicaciones. Veamos rápidamente su noción.

“rendimientos decrecientes. Los rendimientos decrecientes se presentan cuando, al añadir más cantidad de un factor productivo, se obtienen crecimientos menos que proporcionales en la cantidad producida. Las economías de escala hacen que los rendimientos crezcan a medida que se aumenta la escala de la producción; pero, más allá de cierto punto, comienza a operar la llamada ley de los rendimientos decrecientes. Esta expresa que, cuando se añade más de un factor productivo, manteniendo fija la cantidad de los restantes, comenzará a decaer primero el rendimiento marginal y luego el rendimiento medio.”[1]

Tal como puede de inmediato advertirse, la ley de rendimientos decrecientes es uno de los factores limitativos de los monopolios. La idea común -incluso entre conocidos economistas- es que los monopolios tienen la capacidad de expandir su producción (o sus ventas) en cantidades ilimitadas, sujetas solamente a los deseos de los monopolistas. Pero, en realidad, esto no representa más que uno de los tantos mitos que existen en la ciencia económica (y en una extensión mucho mayor a nivel popular). Siguiendo este mito tan amplio es que se ha advertido sobre la necesidad del control de los monopolios por parte de los gobiernos y su necesaria restricción. No obstante, estas medidas que han sido ensayadas una y otra vez en el curso de la historia económica siempre han estado destinadas al fracaso.

Alguien podría estar tentado a pensar que “la solución” para sortear la ley de los rendimientos decrecientes es aumentar la cantidad de todos los factores productivos sin excepción. Pero ello representa un hipotético ilusorio:

“En realidad, el supuesto de que alguna empresa pueda aumentar sin límites todos los factores productivos en la misma proporción es imposible pues siempre habrá algún factor, fuera del alcance de la empresa, que no pueda cambiarse. Por ejemplo, el tamaño de los caminos de acceso a la fábrica o de los puertos donde embarca sus productos (en términos generales se dice que la empresa no puede cambiar el tamaño del mundo).Todo ese cúmulo de factores fuera del alcance directo de la empresa hace que, aún en los casos de rendimientos crecientes de escala, en algún momento entre a jugar la ley de rendimientos decrecientes y que la curva de costos promedios comience a subir. En la medida en que esos factores fijos fuera del alcance de la empresa no operen se pueden observar economías de escala y costos decrecientes, pero siempre habrá un más allá del cual dichos factores fijos comiencen a operar y la empresa deje de obtener economías de escala.”[2]

Es decir, es irrealizable que exista algo así como una expansión infinita de una empresa o producción. Podrá aumentar todos los factores productivos, pero jamás en la misma proporción, en tanto que algunos son inmodificables para la empresa. Esta es una de las razones por las cuales se verifica que los llamados “monopolios” no pueden crecer más allá del punto que indica esta ley para cada una de sus respectivas producciones. Por supuesto que, esto es siempre válido, tanto en el caso que estemos considerando monopolios naturales, esto es aquellos que pueden llegar a conformarse excepcionalmente en economías de mercado, como en los ejemplos más frecuentes en el mundo real: de monopolios artificiales (aquellos que son constituidos o protegidos por leyes estatales). Nótese que este autor maneja como sinónimos las expresiones rendimientos y economía de escala.

“Igual que detrás de la demanda por bienes se encuentra la utilidad (marginal), detrás de la demanda por insumos se encuentran sus productividades (marginales). También, así como la utilidad total es en general creciente y la utilidad marginal es decreciente, con las productividades totales y marginales de los factores productivos sucede lo mismo. Si usted hiciese un experimento aplicando diferentes dosis de fertilizante a un mismo terreno que, por ejemplo, produce papas, y registra las distintas cantidades de papas producidas (donde todo lo demás permanece constante, incluido el clima) observará como la producción total aumenta, pero también notará que aumenta cada vez menos. Por ello decimos que el fertilizante tiene rendimientos marginales decrecientes.”[3]

La demanda de insumos se encuentra determinada por sus respectivas productividades. La ley de los rendimientos decrecientes opera también en el supuesto de las productividades marginales, como bien lo indica el autor citado. En el caso, el factor productivo fijo se halla localizado en el terreno (que siempre es el mismo) y el factor productivo variable viene dado por las diferentes cantidades empleadas de fertilizante, siendo –en el ejemplo- el producto a conseguir “papas”. También se suponen “fijos” el resto de los factores (tales como el clima). El factor limitante aquí consiste en el tamaño fijo del terreno. Por muchas más dosis de fertilizante que apliquemos a la misma extensión de suelo, la producción estará siempre circunscrita al perímetro del área de cultivo. Sólo en el caso que podamos ampliar la extensión del campo podríamos –de momento- sortear el escollo de la ley de rendimientos decrecientes. Pero, nuevamente, ello solamente será una solución temporal, ya que resulta imposible ampliar indefinidamente el tamaño del área cultivable.

En suma, podemos decir que el estudio de la ley de los rendimientos decrecientes requiere del análisis de tres elementos: un factor fijo, otro (u otros) variable, y la producción resultante de la interacción de los dos primeros. Las consecuencias son derivables del juego de los tres.

[1] Carlos Sabino, Diccionario de Economía y Finanzas, Ed. Panapo, Caracas. Venezuela, 1991. voz respectiva

[2] Valeriano F. García. Para entender la economía política (y la política económica). Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos México, D. F. 2000. pág. 37

[3] García, Valeriano F. Para entender…Ob. cit. Pág. 47.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Control de precios, inflación y traslación fiscal

Por Gabriel Boragina. Publicado el 20/12/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/12/control-de-precios-inflacion-y.html

 

En estos días en que vuelve a hablarse de “acuerdos de precios” entre los empresarios y el gobierno, conviene recordar los efectos nocivos que los controles de precios han tenido históricamente en la economía. Dicha experiencia ha demostrado -una y otra vez- su fracaso en cualquier época y lugar donde se los hubiera implantado:

“Es resabido que los controles de precios restringen la oferta, causan escasez y carestía artificiales, y comercio clandestino (“mercados negros”), pero aún se dictan a veces. O leyes “Proconsumidor”, de similares efectos y defectos. Porque ¿quiénes deciden si son “justas” las condiciones en que se exhibe, se oferta, se vende y se compra algo en un comercio? ¿si los precios están “a la vista”, o si la atención y el servicio posventa son “apropiados” o no? Los todopoderosos inspectores, fiscales y funcionarios. ¿La competencia abierta no brinda la mejor protección al consumidor: la opción de elegir? Si no le gusta a Ud. una tienda, los artículos, o la atención, pues se va a la de enfrente. Y si la tintorería le causó a Ud. un daño o perjuicio cierto y comprobable, antes estaban los jueces y tribunales ordinarios, que aplicaban el Derecho de los viejos Códigos. Estas leyes y las anteriores son abortivas de inversiones y empresas, y anticonceptivas de puestos de trabajo. Como tantas, perjudican a los mismos que declaran defender, consumidores y usuarios en este caso, pues les restringen el abanico de ofertas y las oportunidades. Y al disminuir las fuentes de empleo, también dañan a los trabajadores y demás proveedores.”[1]

Parte de la ignorancia que existe sobre las consecuencias de los controles de precios reside en confundir los aumentos de precios con inflación, porque se enredan efectos con causas, tomándose los acrecentamientos de precios como un sinónimo de inflación. La economía sana define la inflación como la emisión exógena de dinero, uno de cuyos resultados (no el único) es la distorsión de los precios relativos. Cosa diferente al concepto común que se tiene de inflación. Esta distorsión de los precios relativos no es necesariamente similar a decir que se trata de un crecimiento generalizado de los precios, porque aquella involucra una deformación de los precios, producto no de los precios en sí mismos considerados, sino de otra secuela letal de la inflación que es la caída del poder adquisitivo del dinero, que tiene como indefectible corolario que los precios -en términos de bienes que no son dinero- sean efectivamente superiores al precio del dinero en relación a aquellos.

La vía, entonces, para combatir el alza de los precios no es el control de los mismos, sino la eliminación de la inflación, ya que a través de este último camino es como se verán descender los precios de los bienes, derivación –a su turno- de la suba del precio del dinero.

Otro error común que lleva a muchos a defender los controles de precios, es la falacia de que como los impuestos son “trasladados” por los contribuyentes de derecho a los contribuyentes de hecho, entonces los precios “deben” controlarse para que el impacto sobre el consumidor final no sea tan grave. Sin embargo, la “teoría” de la traslación fiscal es en sí misma falsa:

“La traslación de impuestos, que implica la distinción entre contribuyentes de derecho y contribuyentes de hecho mediante un proceso de traspaso de la carga tributaria, en especial de empresarios a consumidores, está fundada en una defectuosa teoría del valor y revela una interpretación errónea acerca de la naturaleza del proceso de mercado. El empresario procura en todo momento maximizar el rendimiento de sus operaciones. Los costos de producción no determinan el valor de los bienes; éstos están determinados por la utilidad marginal. El precio de mercado de específico bien expresa la interacción de las escalas de valores de compradores y vendedores. Al consumidor le resulta del todo irrelevante la estructura de costos del empresario: asignará el valor de acuerdo con sus gustos, deseos y subjetivas preferencias. El empresario, a su turno, no espera que se eleven sus costos para cobrar los precios más altos permitidos por la elasticidad de la demanda. Si los costos (por ejemplo, los impuestos que debe satisfacer como contribuyente de derecho) se elevan, el empresario obtendrá una utilidad menor o, ceteris paribus, si eleva los precios se contraerán sus ventas.”[2]

Hay entonces una relación directa entre el incremento de los gravámenes (o de su alícuota) y el de los precios, pero por circunstancias completamente diferentes al de la mentada traslación. De los dos supuestos mencionados en la cita precedente, a nuestros fines, nos interesa el segundo, ya que es en base a esta situación que se piensa que los precios aumentan y en resulta se aboga por su control. En rigor, vemos que el control debería aplicarse no sobre los precios sino sobre los tributos, ya que son estos los que provocan el acrecentamiento de los precios por ruta de una menor oferta de los bienes y servicios que son afectados por tales gabelas. Ante el primer fruto del trepe de impuestos -y en vista a la reducción de sus utilidades- el empresario o productor intentará, lógicamente, bajar sus costos antes que comprimir su producción con el fin de mantener inalterada -en la medida de lo posible- sus ganancias. Pero si su estructura de costos es inflexible a la rebaja (y el gravamen es uno de sus costos definitivamente rígidos) en esta hipótesis no le quedará ninguna otra opción que constreñir la oferta, que se estrechará en la misma medida que el monto de la imposición.

Los controles o “acuerdos” de precios en modo alguno evitan este escenario, sino todo lo contrario: lo agravan sobremanera, ya que incentivan la mengua de la oferta y la expansión de la demanda, lo que vuelve a levantar los precios por sobre el nivel que estos tendrían de operar en un mercado inadulterado.

[1] Alberto Mansueti. Las leyes malas (y el camino de salida). Guatemala, octubre de 2009. pág. 210-211

[2] Alberto Benegas Lynch (h) – Roberto Dania. “SISTEMAS TRIBUTARIOS”. Un análisis en torno al caso argentino. Trabajo contratado por CIEDLA de la Fundación Adenauer y publicado con autorización de esas instituciones. Págs. 104-105.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Presentes griegos en materia fiscal

Por Alberto Benegas Lynch (h). Pubicado el 24/7/15 en: http://economiaparatodos.net/presentes-griegos-en-materia-fiscal/

Homero en la Odisea y varios siglos más tarde Virgilio en Eneida nos relatan la estratagema de invadir militarmente vía el regalo del Caballo de Troya, de ahí “el presente griego” que no solo puede aplicarse a la situación de Grecia hoy con su colosal endeudamiento presentado como una ayuda que hunde a los griegos, sino que puede aplicarse a toda política que aparentemente beneficia pero que en definitiva arruina como es el caso del estatismo en general. 

En esta nota quiero centrar brevemente la atención en un aspecto del antedicho estatismo. Me refiero a las falacias tejidas en torno a la política fiscal que tratamos en los siguientes diez puntos (el decálogo tiene buena prensa), todos de una u otra manera disfrazados de “presentes griegos”: la inexistencia de la traslación fiscal, la idea equivocada de los llamados impuestos al consumo, la relevancia de la curva Laffer, lo destructivo de la progresividad impositiva, una mirada más atenta a los principios de nacionalidad y territorialidad, la variante del valor agregado, el verdadero federalismo fiscal, la noción contradictoria de la “inversión pública”, los ineludibles desajustes de la exención fiscal y el equilibrio de la caja concebido como un fin en si mismo.

1. Los costos de producción no determinan el valor que el consumidor le atribuye al bien o al servicio a través de los precios que paga. El valor procede de la utilidad marginal. Si los costos determinaran los precios no habría quebrantos. El empresario cobra los precios más altos que le permite la elasticidad de la demanda. Si cualquiera de sus costos se elevaran, el empresario obtendrá menores ganancias o incurrirá en pérdidas pero, ceteris paribus, no puede trasladarlos a los precios. Por ello es falso afirmar que en verdad el incremento de impuestos (o para el caso cualquier costo adicional) sencillamente los traslada a los precios sin que cambie la estructura de la demanda (que en el límite puede ser cero). Si, por otra parte, por ejemplo, se triplicaran los impuestos en una comunidad, los precios se elevarán, no porque hubo traslación fiscal sino por la consecuente caída abrupta en la productividad y, por ende, al haber menor oferta los precios suben. Cuando esto ocurre y en la medida en que sucede no debe confundirse con el espejismo de “la traslación”.

2. En finanzas públicas clásicas se clasifican los gravámenes en directos e indirectos. Los primeros gravan la manifestación directa de la capacidad contributiva (por ejemplo, a las ganancias), mientras que los segundos gravan la manifestación indirecta de la capacidad contributiva (por ejemplo, los gastos). Pues bien, de ello se suele concluir equivocadamente que estos últimos impuestos son “al consumo” sin percibir que todos los impuestos son al patrimonio (no hay forma que se abonen con otra cosa). Si se grava una empresa de chocolates -un bien considerado de consumo- se concluye que ese impuesto es “al consumo” sin tener en cuenta que la referida empresa se hará cargo del tributo con su patrimonio si es que hemos entendido el punto anterior respecto a la supuesta traslación.

Más aun, el contribuyente de jure al ver reducido su patrimonio y la consecuente capacidad de inversión hace que los salarios e ingresos en términos reales disminuyan con lo que aparecen los contribuyentes de facto, es decir, en última instancia todos se hacen cargo de los gravámenes, muy especialmente los más débiles económicamente puesto que por la antedicha utilidad marginal sabemos que un peso para un pobre no es lo mismo que uno para un rico (aunque no sean posibles las comparaciones intersubjetivas ni factible referir esto en números cardinales).

Además, si bien conceptualmente es del todo pertinente aludir a bienes de consumo y bienes de inversión o de capital, ni siquiera resulta posible clasificarlos en abstracto de la acción concreta ya que las valorizaciones son subjetivas (una botella de vino será un bien de consumo si se bebe su contenido y de inversión si se la almacena). Por último en este punto, se da la paradoja que cuando se elevan los impuestos a los bienes de consumo con la idea de preservar la inversión, se produce un cambio en la preferencia temporal al reducirse el patrimonio para hacer frente al denominado “impuesto al consumo” y, por tanto, ¡se reduce aun más la inversión!

3. Como es sabido, la curva Laffer se muestra en un gráfico en donde en la ordenada aparece la presión tributaria y en la abscisa la recaudación fiscal, donde la curva aparece en forma de u acostada con el “vértice” haca la derecha. La curva de marras muestra que al aumentar la presión fiscal se incrementa la recaudación hasta un punto en donde los aumentos adicionales revierten la situación en el sentido de que generan menor recaudación. Esto es debido a las antes mencionadas lesiones en la estructura productiva. El asunto es que se suele sostener que la presión tributaria debe ubicarse en el óptimo fiscal, es decir, donde se obtiene la máxima recaudación con los gravámenes más altos posibles antes de la aludida reversión. Pero esta cuestión no debe ser mirada de esa manera, a saber, con criterio de voracidad fiscal, sino más bien el punto de menor recaudación posible al efecto de garantizar la protección de derechos, es decir, el punto mínimo fiscal.

4. Autores como Pigou han concluido que dada la utilidad marginal que venimos comentando y, como hemos apuntado, un peso para un pobre tiene mayor valor que uno para un rico debe aplicarse la progresividad en el impuesto ya que la pérdida del rico será menor que la ganancia del pobre por lo que habrá una ventaja neta para la comunidad. Esto así considerado no se condice con el sentido mismo de la utilidad marginal que debe aplicarse al consumidor que no le da lo mismo asignar sus siempre escasos recursos en cualquier dirección, por lo que habrá una pérdida neta en la medida que los tributos desfiguren sus preferencias, lo cual, adicionalmente perjudicará a los relativamente más pobres debido al consumo de capital que implica la reasignación compulsiva de factores de producción.

Por otro lado, la progresividad altera las posiciones patrimoniales relativas, lo cual no sucede con los impuestos proporcionales, situación aquella que agrava lo dicho sobre la pérdida neta. También la progresividad se traduce en regresividad ya que, como queda dicho, la contracción en las inversiones en los contribuyentes de jure hace que los salarios se reduzcan con lo que terminan haciéndose cargo en mayor medida los relativamente más débiles (económicamente considerados). En verdad, resulta por lo menos curioso que se mantenga que debe producirse lo más que se pueda y, al mismo tiempo, se castigue progresivamente a los que más producen.

5. Al efecto de evitar la antes referida voracidad fiscal, debe abandonarse el llamado principio de nacionalidad en materia tributaria para aplicar solo el principio de territorialidad puesto que las obligaciones de respetar derechos por parte de los gobiernos procede dentro de su jurisdicción. No es compatible con una sociedad abierta la persecución fiscal fuera de la jurisdicción correspondiente siguiendo los pasos del ciudadano por el orbe para incrementar la recaudación aunque la empresa o la persona se encuentren en otras jurisdicciones nacionales.

6. Todos los impuestos podrían reducirse al de valor agregado y al impuesto territorial, ambos con alícuotas mínimas proporcionales en lugar de contar con farragosas disposiciones fiscales donde la doble imposición es generalmente la norma y donde el denominado contribuyente debe recurrir a “expertos fiscales” para conocer sus obligaciones, en lugar de liberar a esos personajes para que puedan dedicarse a actividades útiles si se simplificara la legislación respectiva. El impuesto al valor agregado tiene la ventaja que es más económico debido al sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor que alivia los controles y puede abarcar a todo el espectro y toda la base fiscal sin discriminaciones ni problemas con los antes aludidos impuestos al consumo y a la inversión. Por su lado, el impuesto territorial se basa en que quienes tienen propiedades en el país en cuestión pero no viven allí se hacen cargo de la parte que les corresponde debido a que el gobierno debe velar por esas propiedades.

7. Las provincias o los estados son los que constituyen la nación en un régimen federal, por ende, son aquellos los que deben coparticipar al gobierno central y no al revés. En ese caso, si se distribuyeran todos los gravámenes entre las provincias o estados, excepto los referidos a las relaciones exteriores y a la defensa, los incentivos operarán en el sentido de que los gobernadores locales tenderán a implantar cargas fiscales razonables a los efectos de que las personas no se muden a la provincia o al estado vecino y, por otra parte, para atraer el mayor volumen de inversiones posible. Estos incentivos a su vez tenderán a reducir el gasto público como consecuencia de una estructura impositiva equitativa (lo cual implica cuidado con el endeudamiento que a la larga o a la corta es financiado con impuestos). Esto es parte fundamental del sentido de evitar los grandes riesgos de contar con un gobierno centralizado y, en el extremo, un gobierno universal. Desde la perspectiva liberal, esta es la única razón que justifica las fronteras: el fraccionamiento del poder.

8. También en finanzas públicas clásicas se insiste con la denominación de “inversión pública” cuando en rigor constituye una contradicción en los términos. La inversión es eminentemente de carácter voluntario, no puede ser el resultado de la fuerza. Del mismo modo que carece por completo de sentido hablar de “ahorro forzoso” como efectivamente ha intentado imponer algún gobierno descarriado hace relativamente poco tiempo. La inversión consiste en abstención de consumo que es ahorro cuyo destino es siempre la inversión, y se lleva a cabo porque se estima que el resultado de ese destino derivará en un valor futuro mayor que el presente. En los presupuestos nacionales los rubros debieran ser gastos corrientes y gastos en activos fijos pero no “inversiones” por las razones señaladas.

9. A igualdad en el volumen de recaudación, las exenciones fiscales significan que otros deben hacerse cargo de mayores gravámenes por la diferencia. Y si el gobierno del caso declarara que se reducirá el gasto público en la misma proporción de las exenciones para que otros no vean incrementadas sus alícuotas, debe responderse que, entonces, deberían reducirse todas las alícuotas pero no otorgar perdones fiscales que distorsionan los precios relativos, lo cual, a su turno, hace que algunos reglones y áreas aparezcan con rentabilidades artificiales con lo que se asignan recursos de modo que responden a las inclinaciones políticas imperantes y no a lo que resulta económico.

10. No es infrecuente que se otorgue prioridad a tener un balance fiscal equilibrado, es decir, que no haya déficit en las cuentas públicas sin prestar prácticamente atención al volumen del gasto público que es lo verdaderamente relevante. Como decimos, en algunos casos parecería que se centra la atención en este problema sin atender el nivel del gasto estatal que es la verdadera razón de la quita al fruto del trabajo ajeno. No es en modo alguno que deba subestimarse el desorden fiscal en las cuentas, se trata de enfatizar la importancia del derroche que realizan gobernantes en campos que no le competen (muchas veces financiado también con deuda pública interna y externa, tema que hemos abordado en detalle en otros trabajos, del mismo modo que lo hemos hecho respecto a la política monetaria).

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Economía, teorías e impuestos:

Por Gabriel Boragina. Publicado el 14/3/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/03/economia-teorias-e-impuestos.html

 

La economía es una ciencia social, y como tal se funda en teorías. Pero todas las ciencias (llamémoslas como deseemos llamarlas, sea “exactas”, “humanísticas”, “sociales”, etc.) se basan en teorías y doctrinas. Por lo que recusar a la economía diciendo que los datos que brinda “no son exactos” denota nuevamente la ignorancia más supina. En primer lugar, la economía no proporciona “datos” y “a partir” de estos elabora sus teorías, sino que su tarea consiste en el procedimiento inverso: en analizar los datos de la realidad a la luz de previas teorías ya elaboradas, lo que en praxeología se denomina el método axiomático deductivo.
Pero lo más gracioso o curioso del caso es que, los detractores de la praxeología tampoco nos dan datos, ni comprobables, ni inequívocos, ni irrefutables de sus “afirmaciones” antojadizas y hechas “al aire”. Es más, no nos dan dato alguno. El quid de la cuestión es que la verdad no se encuentra en los datos en sí mismos, sino en las teorías bajo la óptica de las cuales esos hechos vayan a ser analizados y estudiados. Y resulta indudable que no todas las teorías que han existido y existen son verdaderas (lo propio cabe inferir de las teorías futuras). En tanto unas lo son, otras no lo son en absoluto. Si dos teorías opuestas intentan explicar un idéntico fenómeno, ambas no pueden estar en lo cierto al mismo tiempo y en igual sentido, en tanto y en cuanto se contrapongan entre sí. Por ello, es un error garrafal, típico del ignaro más completo, creer que la economía funciona en base a “encuestas, censos, entrevistas”, etc. Esto es “poner el carro delante del caballo”. Ya que “encuestas, censos, entrevistas”, etc. serán diferentemente interpretados a la luz de las disímiles teorías que sustenten las personas que -en definitiva- examinen los datos recopilados. Inclusive la selección de antecedentes estará condicionada enteramente por las teorías de los encuestadores, entrevistadores, etc. cuyas conclusiones contrastarán de acuerdo al distinto criterio de cada uno.
La economía comprende todas las variables observables en el mundo real, porque tiene un enfoque auténticamente totalizador, ya que al partir su análisis de la acción humana, considera todas las conductas que se derivan de este último presupuesto, y que reciben el nombre de implicaciones lógicas de la acción. En este sentido, la economía no es el estudio de “variables escasas” como repiten los incompetentes en la materia (los que abundan). Ni aplica el supuesto ceteris paribus, salvo para explicar teoremas, pero siempre asumiendo que el hipotético ceteris paribus jamás se da en el mundo real.
Estas son las razones por las cuales los estatistas no pueden comprender ciertas cuestiones básicas de la economía, ni tienen las herramientas conceptuales necesarias como para conseguir interpretar los datos de la realidad, lo que les impide intuir como funcionan ciertos mecanismos, como el fiscal en contra de los que menos tienen.
Por tales motivos, es que los anticapitalistas no logran entender que -en términos relativos- el pobre paga más impuestos que el rico en nuestro sistema estatista de hoy. En principio, es cierto que los ricos tributan cuantitativamente más impuestos que los pobres en términos nominales, pero cuando se analiza el tema desde el punto de vista de la economía real la cuestión cambia dando un giro de 180º, y la conclusión a la que se arriba es exactamente la inversa. La explicación a esto último reside en la teoría de la utilidad marginal, cuyo funcionamiento sigue siendo un misterio para los estatistas (y eso, por supuesto, cuando alguno de ellos la oyó nombrar, lo que no es frecuente).
Particularmente, causa cierta ternura la “ingenuidad” de muchos anticapitalistas cuando declaran “convencidos” que “mayores alícuotas impositivas harán que los pobres se capaciten”. Más allá que jamás definen lo que entienden por un “pobre”, uno diría que les faltaría experiencia de vida al no haberse enterado que hay pobres que no desean capacitarse. Otra posibilidad es que, los estatistas que aquello afirman, sean genuinamente hipócritas al desconocer la realidad. Una tercera hipótesis es que deseen que los pobres se capaciten “a punta de bayoneta”. Si este fuera el caso, obligarlos sería hacer lo que hizo Stalin en la URSS…trabajos forzados o…marchar al campo de concentración.
Las mismas reflexiones caben hacer cuando dicen que “mayores impuestos crearán más trabajo para los pobres”. También parecen omitir que hay pobres que no quieren trabajar. Máxime cuando es política de la mayor parte de los gobiernos mundiales otorgar subsidios, ayudas, transferencias directas, subvenciones, auxilios, planes “sociales”, etc. a personas sin empleo, lo que, al tiempo que incentiva el ocio, desincentiva la voluntad de trabajar y, como tercer efecto, estimula la demanda de mas y mayores subsidios y ayudas económicas, con lo cual las filas de las personas que evitarán buscar trabajo o que dejarán de trabajar para recibir el dinero del subsidio serán cada vez más largas y concurridas. Pero ignorantes recalcitrantes en economía, tampoco pueden dilucidar que los impuestos destruyen fuentes de trabajo, jamás las crean.
A lo anterior, corresponde agregar que también prescinden que no todos los trabajos son productivos. Los hay improductivos, y son muchos. El mercado libre de injerencias estatales es la única fuente genuina de trabajo productivo, que lo que necesita para funcionar es que el gobierno no lo estorbe con regulaciones, leyes, y desde luego, tampoco impuestos.
El problema, no es sólo el dato cierto que los impuestos van en su mayor cuantía a los bolsillos de los funcionarios, burócratas y, sobre todo, gobernantes de turno. Ese siempre es su destino entre un 55% a un 95% de los casos, en tanto que entre un 45% a un 5% de los impuestos se distribuye. Aunque la parte de impuestos que efectivamente retienen burócratas y gobernantes fuera inferior a estos porcentajes que indica la diaria experiencia, de todas maneras los impuestos ni “crean” riqueza, ni “generan progreso” y mucho menos “equidad”. En el mejor de los casos, producen estancamiento económico (nunca “progreso”) y en el peor profundizan la pobreza, conforme ya se ha explicado en forma reiterada.
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.