Sobre rentas y beneficios

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2021/04/sobre-rentas-y-beneficios.html

Los tributaristas dicen que el impuesto a la renta debe ser nacional. Sin embargo:

«Ello no fue óbice, lamentablemente, para que las provincias disputaran esta facultad de la Nación y que se haya escrito mucha literatura al respecto. Restituido el país a su normalidad constitucional, el 20 de febrero de 1932, se abocó al estudio de la ley que el gobierno del general Uriburu había sancionado en forma de decreto-ley dos años antes y en fecha 30 de diciembre de 1932, bajo el número 11.632 se sancionó la ley sobre el impuesto a la renta que nos rige. Si bien con numerosas reformas en punto a las cuotas imponibles y a las eximiciones.»[1]

Ya pusimos de relieve nuestra posición al respecto: si ha de haber impuestos -y se sostiene el principio federalista- ha de reconocerse a las provincias plena autonomía para crearlos. Esto es plenamente compatible con el principio republicano de delegación. La nación existe en función del poder delegado por las provincias a ella, y conservan aquellas todo el poder no delegado.

Pero, sin necesidad de una reforma constitucional (siempre peligrosas por la constante tentación de los políticos de aumentar su poder a través de ellas) se podría reglamentar el art. 75 inc. 2° de la Constitución de la Nación Argentina (que ha reemplazado al antiguo art. 67, inc. 2°) definiendo con criterio sumamente restrictivo qué ha de entenderse y qué no por «la defensa, seguridad común y bienestar general» a fin de que no sea discrecional del poder de turno y mayorías circunstanciales incluir en dichas categorías cualquier cosa que a los nuevos gobiernos se les ocurra para poder gravar con impuestos al pueblo en nombre de esos conceptos ampliamente ambiguos y vagos. Es necesario delimitarlos por ley, aunque podemos imaginar la resistencia de los legisladores para restringir algo que, con la redacción actual del texto constitucional, pueden interpretar amplia y libremente en cualquier sentido que, obviamente, siempre será favorable a sus propios intereses.

«Originariamente se dictó hasta el año 1934. Se gravan las rentas derivadas de fuente argentina, a favor de nacionales o de extranjeros residentes en el territorio argentino. Se opta por el sistema de la renta neta. Ella admite excepciones a favor de las rentas de títulos de deuda pública, aunque no con carácter absoluto; de rentas que obtengan la Nación, las provincias y municipalidades; de los diplomáticos; de las sociedades cooperativas; de las donaciones con fines de interés público; primas e indemnizaciones de compañías de seguros e indemnización por accidentes del trabajo.»[2]

La renta neta es la que resulta luego de deducidos los costos de la actividad que la produjo. Pero he aquí que, el impuesto es un costo desde el punto de vista económico, ergo, la renta no es neta hasta que se le hayan deducido todos los costos. No existe ningún argumento económico ni tampoco jurídico (excepto incurrirse en flagrante injusticia por ignorancia) por el cual se pueda negar el carácter de costo del impuesto. Siendo esto así, la renta que se grava no es neta sino bruta. Y como el costo del impuesto no se deduce por parte del fisco, la única renta neta propiamente dicha seria la que se percibe en un sistema libre de impuestos (deducidos todos los demás costos que la afectan).

¿En qué sentido usa este autor la palabra renta? Para descubrirlo veamos el concepto económico de renta:

renta. En la economía política clásica la renta era una de las tres fuentes de ingresos que distinguía a las tres grandes clases de individuos existentes en una sociedad: así como los capitalistas recibían beneficios y los trabajadores salarios los propietarios de tierra y de bienes inmuebles recibían rentas, que eran los ingresos correspondientes a la propiedad de ese factor de producción. De allí surgió el término rentista para designar a la clase de personas que obtienen sus medios de vida arrendando propiedades o recibiendo intereses por capitales puestos a interés.

En el sentido moderno renta designa los cobros de los individuos, de las sociedades o del gobierno que derivan del trabajo de las personas o de la propiedad de los factores de producción. La renta implica frecuentemente un cobro monetario, pero en sentido estricto existe una diferencia conceptual de importancia: los cobros monetarios representan la forma en que se liquida la renta, intercambiándola por el dinero, que es un título general de valor.

Pero la renta en sí puede consistir en una utilidad específica, como la que obtiene la persona que vive en la casa de la cual es propietaria, o en un ingreso que se suma al que proviene de otros factores productivos, como en el caso de un propietario rural que vende sus productos obteniendo a la vez beneficios y rentas.

En un sentido general las rentas personales asumen la forma de salarios, intereses, beneficios, dividendos y pagos por arrendamientos; estos últimos constituían, en el sentido tradicional del término, lo que se denominaba también renta de la tierra. En el caso de una empresa las rentas asumen la forma de reservas o beneficios no distribuidos. En el caso del gobierno existen rentas por el uso de la propiedad pública: tierras, construcciones, etc. Los impuestos no son rentas, pues no derivan de la propiedad estatal sino, estrictamente, transferencias del sector privado al sector público. [rent]. (V. BENEFICIOS; SALARIOS; PROPIEDAD).[3]

Entonces queda claro que -en resumidos cuentas- la renta es un beneficio.

Y de este se define que «De los beneficios brutos obtenidos por una empresa, se procede al pago de impuestos, se efectúan las deducciones correspondientes a la depreciación de los activos y se pagan los dividendos que corresponden a las acciones preferidas; el resto, los beneficios netos, suelen ser subdivididos en dos partes: una de ellas es distribuida entre los poseedores de acciones, bajo la forma de dividendos, y otra parte no se distribuye, empleándose para la formación de reservas y/o para el aumento del capital de la firma.»[4]

Lo mismo aplica a los otros sentidos de renta mencionados arriba (salarios, intereses, beneficios, dividendos y pagos por arrendamientos).


[1] Mateo Goldstein. Voz «IMPUESTOS» en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15, letra I, Grupo 05.

[2] Goldstein, M. ibidem.

[3] Carlos SABINO; Diccionario de Economía y Finanzas. Contiene léxico inglés-español y traducción de los términos al inglés. Consultores: Emeterio Gómez; Fernando Salas Falcón; Ramón V. Melinkoff. CEDICE. Editorial Panapo. Caracas. Venezuela.

[4] Sabino, C. Ibidem.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

El peronismo y el fascismo

Por Gabriel Boragina Publicado  el 2/9/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/09/el-peronismo-y-el-fascismo.html

 

El peronismo es la fuerza política que, desde su fundación en 1945 hasta la fecha, gobernó más veces la República Argentina. Fue la única que tuvo el mérito de captar y usufructuar en su favor una característica que se encuentra presente en la mayor parte de los argentinos. Esto es, una inclinación y tendencia hacia la ideología fascista. El fascismo, surgido en Italia unas décadas antes de la aparición de Juan Domingo Perón en la escena política, prendió rápidamente en tierra argentina, precisamente de la mano de este último, quien fuera un confeso cultor y admirador del Duce Benito Mussolini, de quien se propuso ser su emulador vernáculo, objetivo que, de cierto modo, logró.

Pero, el surgimiento de Perón como importador del fascismo italiano a la Argentina no fue -en modo alguno- un hecho aislado. Militares y políticos, hacia la década del 30 del siglo XX ya simpatizaban con el ideario fascista. Y comenzaron a estructurar y emitir leyes que le daban forma y contenido en muchas áreas y disciplinas, tanto políticas como económicas.

En 1930 comenzaron los golpes de estado en Argentina con el del general Uriburu a la cabeza, un fascista precoz que no llegó (por causas ajenas a su voluntad) a desplegar todo su potencial fascista. De ello se encargó el coronel Perón, quien llega al poder de la mano de otro golpe (1943) dado por otro grupo de militares -encabezado por el general Edelmiro J. Farrel-, integrantes del autodenominado G.O.U. (siglas del Grupo de Oficiales Unidos) con la caída del entonces presidente constitucional Ramón S. Castillo por parte de este grupo militar.

Se continúa y afianza una modalidad de asalto al poder que se consolidará en los decenios posteriores, pero, y esto es para mí lo más importante: se constituye y apuntala -al punto de arraigarse hasta el presente- una forma de pensar y de actuar.

Se legitima un modo de ser que enraizará en la población, y que podemos denominar el «ser fascista». Es en este punto histórico, donde creo que se pierde la democracia o el «ser demócrata» para dar lugar al fascismo o el «ser fascista». Y esta triste transformación perdura hasta nuestros días, incluyendo el momento en que escribo estas líneas.

Y si bien, en las formas y en su Constitución escrita, la Argentina sigue siendo una “democracia”, en su otra constitución, la que yo llamo su constitución interna (en el más literal sentido de la palabra), es decir, su estructura constitucional, el argentino promedio es un fascista no asumido como tal, negador de su condición fascista.

Esto explica -a su turno- también a mi modo de ver, los repetidos éxitos electorales del peronismo, ya sea en su versión fundadora (primero, segundo y tercer gobierno de J. D. Perón) como en sus posteriores derivaciones (Menem y los Kirchner). Estas adaptaciones variaron entre si, pero el vínculo común y constante entre ellas, fue el fascismo que, tanto Perón como Menem y los Kirchner practicaron en distintos grados (el fundador se destacó como un extraordinario fascista, y el matrimonio Kirchner estuvo muy cerca de igualar a su líder. Entre ellos, Menem se mostró como un aprendiz de fascista y -hasta un cierto punto- logró pasar desapercibido como tal.

Para entender algo más de lo que hablamos, será de mucho interés recordar la excelente definición de fascismo que nos brinda el diccionario de economía:

fascismo. Movimiento político de gran importancia entre las dos grandes Guerras Mundiales que surgió en Italia, en 1922, bajo el liderazgo de Benito Mussolini. El fascismo se caracterizó por su oposición a la democracia liberal y al comunismo, por su nacionalismo, su culto a la violencia y su actitud proclive al colonialismo y al racismo. Surgido inicialmente como un movimiento de masas sin una definición ideológica muy precisa, aunque siempre opuesto a la agitación sindical y socialista, el fascismo, en Italia y en otras naciones, fue adquiriendo luego perfiles más claros y más amenazantes.

Para el fascismo la soberanía del Estado-nación era absoluta y se erigía, por tanto, como una crítica a la libertad individual, siempre mencionada despectivamente como «individualismo», ya se manifestase ésta en el campo del pensamiento, las costumbres o la actividad económica. Su lema «Creer, obedecer, combatir» expresaba no sólo esta subordinación del individuo al líder, concebido como encarnación de la voluntad nacional, sino también el espíritu militarista y el apego a la disciplina que tanto contribuyeran al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos fascistas fueron, sin excepción, dictaduras unipersonales absolutas que, en algunos casos, llegaron a convertirse en sistemas abiertamente totalitarios, como ocurrió en la Alemania de Hitler. Aparte de las experiencias italiana y alemana deben mencionarse también los regímenes fascistas o filofascistas que se establecieron en Rumania, España, Argentina, Brasil y otras naciones durante los años treinta, en algunos casos con características sin embargo más próximas al populismo.

El énfasis en lo colectivo en detrimento del individuo hizo que los experimentos fascistas desembocasen normalmente en una u otra forma de corporativismo. Las naciones se organizaron así a través de corporaciones, no personas, que podían ser cámaras de industriales o comerciantes, sindicatos, gremios o cualquier otra institución semejante. Estas corporaciones, representadas en órganos políticos o de dirección económica, eran los auténticos actores sociales, aunque cada una de ellas, en realidad, estaba dirigida férreamente por personeros del partido gobernante que se subordinaban al líder supremo. Ellas decidían la política general a seguir, trazaban planes económicos e intervenían en muchos asuntos cotidianos, convirtiéndose en órganos del Estado de casi ilimitado poder.

La economía se organizaba así mediante consejos generales que dictaban normas de cumplimiento obligatorio para todas las cámaras afiliadas. Estas fijaban precios y cantidades a producir, determinaban los salarios y las normas de trabajo, intervenían sobre las decisiones de inversión, regulaban las ganancias y controlaban toda la actividad productiva, a veces, hasta los mínimos detalles. La propiedad privada de las empresas se mantenía, al menos formalmente, pero quedaba por completo vacía de contenido: no existía ya riesgo empresarial ni posibilidad alguna de competencia, por lo que los dueños de empresas se convertían en una especie de asalariados privilegiados, a veces devengando incluso sueldos, cuyas ganancias se asemejaban más a bonos o compensaciones especiales que a la retribución por el riesgo asociado a la inversión. La política económica general, por otra parte, además de basarse en un extendido intervencionismo estatal, se encaminaba a lograr la autarquía, el desarrollo económico nacional aislado del resto del mundo.

Los fascismos más militaristas, como los de Hitler, Mussolini y la Europa Oriental no sobrevivieron mucho tiempo y fueron devorados por la propia conflagración mundial que tanto contribuyeron a desencadenar. Otras experiencias, como la de Franco en España, fueron evolucionando gradualmente hacia sistemas menos totalitarios, abandonando casi por completo el corporativismo y asemejándose así a otras naciones de economía intervenida y democracia restringida. En América Latina, dentro de este modelo, los experimentos fascistas se convirtieron rápidamente en populismos. [1]

[1] Carlos SABINO; Diccionario de Economía y Finanzas. Contiene léxico inglés-español y traducción de los términos al inglés. Consultores: Emeterio Gómez; Fernando Salas Falcón; Ramón V. Melinkoff. CEDICE. Editorial Panapo. Caracas. Venezuela.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.