El problema de los inmigrantes convulsiona a Europa

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 28/6/18 en: https://www.lanacion.com.ar/2148190-el-problema-de-los-inmigrantes-convulsiona-a-europa

 

La ola de inmigrantes africanos y de Medio Oriente que desde hace rato apunta a Europa está generando problemas de magnitud. La Unión Europea está considerando un plan que consiste en enviar a los migrantes rescatados en alta mar, a lo que se ha denominado “plataformas de desembarque”, emplazadas fuera del Viejo Continente. Una vez ubicados en dichas plataformas, se determinará cuáles migrantes necesitan protección internacional y cuáles, en cambio, migran por razones económicas, fundamentalmente y carecen de ella.

La preocupación está ahora empujada vigorosamente por el nuevo ministro del interior italiano, Matteo Salvini, un decidido opositor a la política de puertas abiertas, que acaba de impedir que un buque con 600 migrantes a bordo recalara, para desembarcarlos, en puertos italianos. La propuesta genera temores en el sentido de que de pronto esas plataformas se llenen de personas que no están en condiciones de seguir en dirección a Europa, pero que tampoco pueden volver a la que fuera su residencia.

 

Algunos, en cambio, postulan la necesidad de establecer un sistema de cuotas entre todos los miembros de la Unión Europea, así como definir con precisión cuáles serán las obligaciones de los Estados a los que los migrantes ingresan, respecto de ellos.

Aparentemente se está estudiando la posibilidad de establecer esas plataformas tanto en Túnez como en Albania.

Mientras tanto, el mencionado Matteo Salvini, ministro del interior de Italia, avanza con una propuesta de censar a todos quienes residen en Roma, para determinar así quiénes, por su situación de ilegalidad, enfrentan el riesgo real de ser deportados. Salvini fue responsable de haber tomado la decisión que impidió que el buque “Aquarius” desembarcara refugiados en Italia, los que finalmente desembarcaron en España. El 58% de los italianos está de acuerdo con esa decisión, evidentemente cansados de la ola de inmigración norafricana que -creen- amenaza con lastimar su identidad.

Otro de los países “duros” en materia de inmigración es Hungría, cuyo Parlamento acaba de considerar un paquete de normas en virtud de las cuales cualquier ayuda a los refugiados puede transformarse en un acto criminal, penado con prisión de hasta un año. Ello parece claramente excesivo y, más aún, inhumano.

Recordemos que el gobierno húngaro tiene un conflicto abierto con el millonario George Soros, al que acusa de querer “inundar” Europa de inmigrantes. Soros responde que esa acusación es simplemente fantasiosa.

Recordemos que el gobierno populista húngaro ha estado, desde hace meses, siendo observado de cerca por las autoridades comunitarias europeas, que no ocultan su preocupación por el debilitamiento de las instituciones democráticas en Hungría. Ahora la posición irreductible del italiano Matteo Salvini se agrega a la desconfianza que genera en Bruselas el gobierno húngaro.

Transformar conductas como la de suministrar alimentos o ropas a los refugiados u ofrecerles de pronto techo, no deben ser criminalizadas. Pero lo cierto es que la extrema derecha ha hecho de la oposición a la inmigración una de sus banderas centrales que, por lo demás, recibe apoyo más allá de aquellos que militan en ese rincón intemperante de la política europea.

Queda visto que el tema de la inmigración es una de las preocupaciones centrales europeas y uno que, por sus distintos impactos, está todavía muy lejos de haber sido resuelto.

En paralelo, el gobierno de Donald Trump acaba de corregir la decisión deplorable de separar a los niños refugiados de sus padres, concentrándolos en puntos distintos, con frecuencia emplazados en lugares alejados el uno del otro. Esta decisión debe ser aplaudida, pero no permite olvidar el trasfondo inhumano sobre la que previamente se edificó la política de separar a padres e hijos.

La comunidad empresaria norteamericana no vaciló en calificar a la política del presidente Trump, antes de que fuera corregida, de una falta de sentimientos, cruel e inmoral.

La decisión final de Donald Trump coincide con la cuota de generosidad que, por décadas, ha caracterizado a la política exterior norteamericana, pese a que por la larga frontera que separa a los Estados Unidos de México, siguen llegando incesantemente miles de centroamericanos, desde países como El Salvador, Honduras o Nicaragua, huyendo de la violencia doméstica sembrada por las “maras” y otros grupos violentos.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Sobre el empleo en negro y la economía sumergida

Por Iván Carrino. Publicado el 19/11/16 en: http://www.ivancarrino.com/la-solucion-al-empleo-en-negro-y-la-economia-sumergida/

 

La economía sumergida*

*Extracto del capítulo 5 de mi libro “Estrangulados: cómo el estado asfixia tu economía”

Mohamed Bouazizi era un joven de 26 años que se dedicaba a la venta minorista de frutas y vegetales en las calles de Sidi Bouzid, en Túnez.

Todos los días, Mohamed pasaba por el mercado a comprar frutas y verduras que luego vendía en un espacio específicamente seleccionado frente a la oficina municipal. A temprana edad, este joven tunecino tenía que alimentar a su familia, compuesta por su madre, su tío y sus hermanos.

Como muchos otros pequeños empresarios de la región, Bouazizi era parte de lo que llamamos la economía informal, ya que no estaba legalmente registrado, ni pagaba impuestos por sus ventas ni aportaba a algún régimen jubilatorio estatal.

En este mundo, el joven comerciante sobrevivía con 73 dólares mensuales, pero además tenía que cargar con el acoso permanente de las autoridades locales, quienes aprovechándose de su situación de “ilegal”, solían confiscarle sus bienes o bien tomarlos sin permiso como si fueran suyos sin entregarle nada a cambio. Obviamente, también le exigían coimas que detestaba pagar.

El 17 de diciembre de 2010, Bouazizi fue acusado de cometer una infracción, motivo por el cual entró en una disputa con los inspectores locales, quienes decidieron confiscarle toda su propiedad: unas bananas, unas manzanas y una balanza electrónica, todo valuado en 225 dólares. Para colmo de males, una policía le propinó un golpe en el rostro. Finalmente, y luego de reclamar por una hora la devolución de su propiedad, la desesperación de Mohamed lo llevó a rociarse con Thinner y prenderse fuego.

Durante los siguientes sesenta días, al menos 63 hombres y mujeres en condiciones similares a las de Bouazizi procedieron de la misma forma en Algeria, Egipto, Marruecos, Arabia Saudita y Siria. Solamente 26 lograron sobrevivir. Mohamed Bouazizi no fue uno de ellos.

Los hechos que siguieron a estas acciones desesperadas se conocieron como La Primavera Árabe, un movimiento masivo a favor de una mayor democracia y libertad en los países ubicados, principalmente, en el norte de África y en la península arábiga.

La historia del origen de la Primavera Árabe es contada por el investigador peruano Hernando de Soto[1], quien considera que lo que sucedió en Túnez es el resultado de un sistema legal que, sobrecargado de regulaciones y trabas, margina y humilla a los pobres que tienen voluntad de emprender. Así, las barreras de entrada a la economía formal terminan generando que la única alternativa para amplios sectores de la población sea la economía sumergida, donde darle la espalda al sistema legal vigente tiene beneficios, pero también costos, como la falta de protección efectiva a los derechos de propiedad, algo de lo que fue víctima el joven comerciante tunecino.

Respecto de la economía sumergida, a menudo se mencionan como problemas que ésta no paga impuestos y que eso reduce la recaudación tributaria. Además, también se argumenta que, dado que algunos comerciantes operan en ese marco de ilegalidad, representan una competencia desleal frente a quienes pagan todos sus impuestos en tiempo y forma y cumplen con todas las reglamentaciones.

Sin embargo, aquí no radica la problemática de la economía en negro.

De hecho, la informalidad es un punto de llegada, y no uno de partida. Hernando de Soto afirma en sus dos libros al respecto que la informalidad es la consecuencia de un sistema legal que se vuelve demasiado oneroso para que los sectores menos favorecidos de la población puedan integrarse.

En “El Otro Sendero”, una investigación sobre “los informales” de Perú, publicado en el año 1986, muestra que para registrar un taller textil se necesitaban 289 días y un gasto total de USD 1.231, lo que representaba, en su momento, 32 veces el sueldo mínimo de ese país[2].

En “El Misterio del Capital”, del año 2001, muestra que los pobres son altamente capaces de generar riqueza, pero que una mala asignación de derechos de propiedad hace que no puedan transformar sus bienes (como viviendas o pequeños negocios), en un capital formal que les permita crecer tomando créditos y mejorando su capacidad de inversión, tal como sucede en el mundo desarrollado[3].

En nuestro país, y según las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo, un 33,1% del empleo no está legalmente registrado. Por otro lado, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa afirma que el comercio en negro generó más de $ 50.000 millones de facturación en 2015, representando el 10,2% de las ventas registradas en el sector formal.

Como respuesta a esta situación, hace un tiempo se presentó una extraña propuesta. Federico Sturzenneger, ahora presidente del Banco Central, propuso que, frente al elevado contexto inflacionario que vivimos, no solo no deberían emitirse billetes de mayor denominación que el de $ 100, sino que incluso estos deberían ser eliminados.

El argumento era el siguiente:

“…el efectivo facilita enormemente las transacciones de la economía informal. Obviamente, muchas operaciones formales se hacen con efectivo, pero las informales sólo pueden hacerse con efectivo. Entonces, ¿cual sería el motivo por el cual querríamos mejorarle la eficiencia a la informalidad? Es claro que los billetes de mayor denominación harían justamente eso.”

Lo primero que uno piensa cuando lee esto es en la historia de Mohamed Bouazizi. Es decir, no estamos hablando de complicarles la vida a delincuentes peligrosos, secuestradores o terroristas cuando hablamos de no “mejorar la eficiencia de la informalidad”, sino de complicarles la vida a quienes no tienen otra mejor alternativa que acudir a la economía informal para conseguir aunque sea una forma digna de vivir.

Como explica Mario Vargas Llosa:

“La informalidad es una réplica de las mayorías contra ese sistema que las ha hecho tradicionalmente víctimas de una suerte de apartheid económico y legal. En ese sistema, las leyes parecían pensadas para cerrarles el acceso a cosas tan elementales como tener un trabajo y disponer de un techo. ¿Iban a renunciar a estas aspiraciones básicas de supervivencia en nombre de una legalidad en muchos sentidos irreal e injusta? Renunciaron, más bien, a la legalidad”

En Argentina se pagan 96 impuestos diferentes, la presión tributaria es asfixiante, y constituir una empresa legalmente toma 25 días, 14 procedimientos burocráticos y cuesta el 9,7% del PBI per cápita. En Nueva Zelandia, la presión tributaria es menor, abrir una empresa toma medio día, un procedimiento burocrático y cuesta el 0,3% del PBI per cápita[4].

Es evidente que si se busca una mayor formalización de la economía, la receta no es dificultarle la vida a los informales, sino facilitárselas, reduciendo las barreras de entrada a la formalidad como lo hace Nueva Zelanda.


[1] Véase al respecto: De Soto, Hernando: “The Real Mohamed Bouazizi”. Foreign Policy, 16 de diciembre de 2011 y De Soto, Hernando: “The Secret to Reviving the Arab Spring’s Promise: Property Rights”. Wall Street Journal, 26 de febrero de 2013.

[2] De Soto, Hernando: “El Otro Sendero”. Editorial El Barranco, Perú, 1986.

[3] De Soto, Hernando: “El Misterio del Capital”. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2002.

[4] Si se ordena el Índice Doing Business de acuerdo a la facilidad para crear una empresa, Nueza Zelanda se ubica en el primer puesto, mientras que Argentina recién figura en el 157.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

¿Para proteger derechos se necesita un poder central fuerte o uno débil? Estados Unidos y Suiza

Por Martín Krause. Publicada el 23/2/16 en: http://bazar.ufm.edu/para-proteger-derechos-se-necesita-un-poder-central-fuerte-o-uno-debil-estados-unidos-y-suiza/

 

Como vemos se presentan dos opiniones distintas: ¿es necesario un poder central fuerte para evitar el abuso hacia los derechos de los individuos por parte de los gobiernos locales o, por el contrario, es necesario un poder central débil para evitar el abuso de éste sobre los derechos de los estados y, por ende, de  los individuos? ¿Existirá alguna salida para este dilema?

La evidencia empírica no parece brindarnos una respuesta clara al respecto. Entre todos los países del mundo podemos encontrar dos con una estabilidad institucional prolongada que nos permita realizar una comparación: Estados Unidos, como el de una federación y Suiza, como ejemplo de una confederación. No obstante el ejemplo de Suiza como una confederación se remonta desde 1291 con la firma del pacto entre los cantones de Schwyz, Uri y Unterwalden hasta la constitución de 1848, a partir de la cual se convierte en una federación.

La supervivencia de esa confederación durante cinco siglos y medio muestra que dicha configuración es posible. En cuanto al argumento “federalista” de la necesidad de un poder central fuerte para evitar el abuso de los gobiernos locales, la historia de Suiza muestra un ejemplo que refuta esta tesis. Los cantones suizos mantuvieron una profunda convicción y práctica democrática, si bien los de las ciudades fueron centralizados y poco democráticos (Kendall & Louw, 1989, p. 12). Uno de las principales pruebas a las que la libertad individual fue sometida fueron los conflictos religiosos entre católicos y protestantes con motivo de la Reforma.

Estos conflictos fueron similares a los ocurridos en otros países de Europa, pero su solución fue claramente diferente. En 1526 se realizó un debate público en Baden, en el cual se resolvió que los cantones decidirían si permanecían con la Iglesia de Roma o adoptaban la Reforma. Luego de algunos disturbios e intentos de forzar una u otra salida, la Paz de Kappeler fue firmada dando a cada comunidad local, por voto mayoritario, el poder de decidir sobre el asunto. En el cantón de Thurgau, por ejemplo, catorce distritos decidieron ser católicos, 18 protestantes y 30 eligieron la igualdad religiosa, Appenzell se dividió en dos en el año 1595, y en el borde entre uno u otro los propietarios de tierras pudieron elegir a cuál pertenecerían. Por cierto que la religión es un tema de decisión individual y no colectiva, pero el proceso mencionado es un ejemplo en una época donde lo que predominaba no era precisamente la libertad religiosa. En estos años, los poderes centrales no garantizaban libertad sino que la eliminaban. Es decir, para seguir el debate de los federalistas, es cierto que un gobierno local puede someter a una minoría, pero no lo es que un gobierno central sea garante perfecto de la libertad, ya que puede ser todo lo contrario.

En cuanto al grado de centralización/descentralización de los gastos del estado, es necesario tener en cuenta que el tamaño de los mismos fue muy pequeño durante siglos y que cuando se inicia su expansión en el siglo XX ya ambos países contaban con un modelo similar, lo que impide la comparación entre federación y confederación en ese sentido. En la actualidad, ambos se encuentran entre los países más libres y con calificaciones similares en los estudios comparativos de libertad.

Según Vaubel (1996, p. 79), pese a que Madison en El Federalista Nº 45 (p. 197) afirmaba que el número de empleados del gobierno federal iba a ser mucho más pequeño que el de los empleados por los gobiernos estaduales, doscientos años después, los primeros son más que todos los empleados estaduales juntos y en casi todos los países federales, el gasto del gobierno central (incluyendo la seguridad social) supera la mitad del gasto público total siendo la única excepción Canadá. En los Estados Unidos la participación del gobierno federal en el total del gasto público era del 34% en 1902, creció hasta alcanzar un máximo del 69% en 1952 y luego descender hasta el 58% en 1992 (Oates, 1998, p. xviii)[1].

Según el estudio de Vaubel, realizado con datos del período 1989-91, los países menos centralizados serían las Antillas Holandesas (donde un 44,8% del gasto total está en manos del gobierno central), Canadá (49,4%) y Suiza (53,8%). En promedio, los estados federales serían más descentralizados que los unitarios y los países industriales más que los países en desarrollo. El promedio de gasto del gobierno central sobre gasto total en los países industriales federales en el mencionado período sería de 65,9% y en los industriales unitarios del 84,7%. El mismo promedio en los países federales en desarrollo sería de 78,8% y en los unitarios en desarrollo 98,7%. El promedio de todos los países federales (industriales y en desarrollo) sería de 71,8%. Bird & Vaillancourt (1997, p. 12) comparan ocho países en desarrollo (Argentina, China, Colombia, India, Indonesia, Marruecos, Pakistán y Túnez) con cinco países desarrollados (Australia, Canadá, Alemania, Suiza y Estados Unidos) y constatan que el promedio de gastos locales en el total del gasto público es de 35% para los países en desarrollo y del 47% para los desarrollados siendo la variación mucho más grande en el primer caso que en el segundo (ya que no diferencian entre países federales o unitarios). Para Mochida & Lotz (1998, p. 3) en el caso de Japón el gasto local sería del 30,8% y el del gobierno central del 69,2%.

En definitiva, la evidencia empírica nos muestra que los países federales son más descentralizados que los unitarios, y que los países desarrollados lo son más que los en desarrollo. Pero no es éste un análisis que nos permita arribar a algún tipo de conclusión más allá de la que muestra que un país federal resulta levemente más descentralizado y que esta circunstancia, “ceteris paribus”, permitiría alcanzar un mayor grado de control sobre el poder político y un grado de alineamiento mayor entre las preferencias de los ciudadanos y los bienes  y servicios públicos que reciben.

[1] Stigler [(1957) 1998] afirma que: “En 1900, virtualmente todas las cuestiones relacionadas con la vivienda, salud pública, crimen y transporte local eran tratadas por los estados o los gobiernos locales, y el papel del gobierno federal en la educación, la regulación de prácticas comerciales, el control de los recursos naturales y la redistribución del ingreso era mínima. Hoy, el gobierno federal es muy activo en todas estas áreas, y su grado de participación crece gradualmente.”

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Africa aplica el mejor programa de lucha contra el hambre: facilitar los emprendimientos.

Por Martín Krause. Publicado el 10/8/14 en: http://bazar.ufm.edu/africa-aplica-el-mejor-programa-de-lucha-contra-el-hambre-facilitar-los-emprendimientos/

 

Esperanzas para África. Una reciente encuesta de Gallup muestra algunos resultados que generan esperanzas sobre el futuro de África y, por lo tanto, del hambre y la pobreza en el mundo. África viene creciendo fuerte en los últimos años, elevando sus niveles de ingreso per cápita. Como siempre, se trata de hacer algunas reformas de apertura hacia los mercados, tener cuentas fiscales más sólidas y monedas más estables y los países empiezan a crecer, y ese crecimiento saca a más gente de la pobreza que cualquier plan internacional de ayuda.

La encuesta muestra que África es el continente con un porcentaje más algo de gente que piensa que si se trabaja duro se sale adelante (85%), seguida de América del Norte (84%). América Latina muestra un 79% y el último lugar es para la ex URSS con 56%: http://www.gallup.com/poll/174263/belief-work-ethic-strong-across-africa.aspx

Malawi, Ghana, Túnez, Zambia y Ruanda son los países con más altos porcentajes de todo el continente.

Curiosamente, en los países francófonos para tener éxito en la vida lo más importante son los contactos y conexiones (49%), mientras que en los países anglófonos lo más importante es la educación (59%). Es también más alto el porcentaje en estos últimos de gente que cree que trabajando duro se progresa (90%) aunque la brecha se con los francófonos (87%) se ha reducido (antes era de 7 puntos porcentuales).

Dos de cada tres africanos creen que sus países son buenos lugares como para comenzar un emprendimiento: http://www.gallup.com/poll/174314/training-money-barriers-starting-business-africa.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=syndication&utm_content=morelink&utm_term=World

Un 32% que no tiene un negocio dice que está pensando en comenzar uno aunque solamente un 23% dice que tiene acceso a capacitación y un 22% a financiamiento.

No hay mejor ayuda que generar las condiciones para que la gente se ayude a sí misma, y al mismo tiempo a otros.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

El Fondo Monetario Internacional

Por Gabriel Boragina. Publicado el 11/5/14 en: http://www.accionhumana.com/2014/05/el-fondo-monetario-internacional.html

 

“Fondo Monetario Internacional. Agencia especializada de las Naciones Unidas creada en 1945 como parte de los acuerdos de Bretton Woods. Su principal propósito es facilitar la expansión equilibrada del comercio internacional alentando la estabilidad de las tasas de cambio y la cooperación internacional en materia monetaria. El FMI, concretamente, otorga préstamos de corto plazo para equilibrar la balanza de pagos de los países miembros, busca la eliminación de barreras comerciales y auspicia la convertibilidad de las monedas a tasas estables.

`Desde el principio de los años sesenta sus miembros, que llegan al centenar, tienen una cuota expresada en dólares americanos que determina su poder de voto y sus derechos como prestatarios y como prestamistas. El Fondo actúa como banquero entre sus miembros, prestándoles las divisas que necesitan: el prestatario las compra con su propia moneda, comprometiéndose a utilizarlas para reducir sus déficits comerciales. En los últimos años el FMI ha cooperado en la renegociación de la gran deuda externa contraída por muchos países en desarrollo, otorgando préstamos a largo plazo y facilitando fondos para la recompra de la deuda por parte de esos países.”[1]

Este organismo estatal funciona a la manera de un gran banco central. Es decir, su objetivo real (y el que en los hechos ha venido cumpliendo) consiste en monopolizar la moneda. Los “miembros” de este “banco mundial de bancos” como se lo ha llamado, son gobiernos y no empresas ni particulares. Por lo que se opone tanto al liberalismo como al capitalismo, en tanto estos últimos postulan una moneda libre del control estatal y político.

“Las burocracias internacionales como el FMI y el Banco Mundial financian o ayudan a financiar alegremente a los gobiernos más corruptos del planeta. En realidad la deuda pública significa la inmoralidad de comprometer coactivamente los patrimonios de futuras generaciones que ni siquiera han participado en la elección de los gobiernos que contrajeron la deuda.”[2]

Los préstamos que el FMI otorga a los gobiernos del mundo no son, desde luego, financiados con dinero de los burócratas que dirigen y controlan al FMI, y los pagos y cancelaciones que los prestamistas hagan de los mismos tampoco son abonados con dinero proveniente del patrimonio personal de gobernantes y su séquito de burócratas. Todo el movimiento financiero entre el FMI y los gobiernos recipiendarios se hace siempre -y desde 1945- a costa del patrimonio de los habitantes de los países cuyos gobiernos despilfarran sus recursos de esa manera, complicando, como se expresa antes, a varias generaciones posteriores que no intervinieron en las decisiones de terceros ajenos a ellos que, finalmente, los terminarán perjudicando.

Vemos los efectos de la actuación real del FMI:

“Cuando Ferdinand Marcos fue derrocado, dejó a Filipinas con una deuda externa de 26.000 millones de dólares, en gran parte con el Banco Mundial. Una investigación posterior descubrió que, por lo menos 10.000 millones de éstos habían sido “desviados” a cuentas bancarias en Suiza, de las cuales prácticamente nada se recuperó. En 1981, el FMI transfirió 22 millones de dólares al Tesoro de Haití. Luego descubrieron que habían sido retirados por el presidente Duvalier para su uso personal.”[3]

Naturalmente, los casos mencionados arriba se multiplican a lo largo y a lo ancho del mundo entero desde la misma creación del FMI, máxima expresión -a mi juicio- del socialismo e izquierdismo monetario más absoluto. Cabe señalar que, en los hechos citados arriba, esos “préstamos” estaban destinados supuestamente a mejorar las condiciones de vida de los filipinos y haitianos. Las únicas vidas que efectivamente mejoraron -como observamos- fueron las de F. Marcos y Duvalier. Pero –insistamos- que estos resultados son los que a diario también se suceden en los demás países desde la misma creación del FMI.

El Fondo Monetario Internacional ocasiona conflictos sociales de gran envergadura, lo que es contrario a un orden liberal/capitalista:

“Si los alimentos se encarecen mensualmente en un 2%, será muy improbable que estalle una rebelión. Significa que en 12 meses el aumento asciende a más del 26%. Pero si el aumento se diera de una sola vez, no se podría imponer sin protestas ni disturbios.

Ejemplo: muchos países, como Túnez, Indonesia y Tailandia, tuvieron experiencias con el aumento radical de los precios de los alimentos básicos por presión del FMI o del Banco Mundial; una estrategia de pequeños pasos hubiera podido evitar los disturbios y las luchas.”[4]

Debe recordarse que en un sistema liberal-capitalista (o capitalista-liberal, que es lo mismo, al fin de cuentas) el precio de los alimentos (o de cualquier otro bien o servicio) no sube, sino que tiende a permanecer en su nivel, e inclusive a bajar, por efecto de la mayor oferta que –a su turno- es el necesario resultado de la libre competencia entre los productores del bien en cuestión.

“No se pueden exagerar los efectos del imperialismo occidental, real o supuesto, en el surgimiento del fundamentalismo. En muchos países del Tercer Mundo, el comercio internacional y el sector secular del intercambio de conocimientos, la transferencia de tecnologías, la industria moderna y la actuación del FMI y del Banco Mundial aparecen como acciones explotadoras, colonialistas de las potencias occidentales.”[5]

El FMI representa, en efecto, un verdadero fundamentalismo de orden monetario, de explotación monetaria y crediticia, que el partidario de una sociedad libre o abierta combate enérgicamente.

El Fondo Monetario Internacional es instrumento de corrupción:

“Aparentemente hay un alto riesgo de corrupción… Tal es el caso, por ejemplo,…cuando aportadores internacionales de fondos (FMI, Banco Mundial, UE, etc.) inician grandes proyectos de desarrollo”[6]

Es por eso que ilustres liberales y excelentes pensadores pro-capitalistas han postulado el cierre definitivo de estos organismos estatales internacionales.

 

 

[1] Carlos Sabino, Diccionario de Economía y Finanzas, Ed. Panapo, Caracas. Venezuela, 1991. Voz respectiva.

[2] Alberto Benegas Lynch (h) EL LLAMADO “PENSAMIENTO ÚNICO” pág. 2

[3] Alberto Benegas Lynch (h) – Martin Krause. En defensa de los más necesitados. Editorial Atlántida. Buenos Aires, pág. 335

[4] Schröder, Peter. Estrategias políticas. ISBN 0-8270-4733-9. pág. 115

[5] Schröder, Peter. Estrategias …ob. cit. pág. 293

[6] Schröder, Peter. Estrategias …ob. cit. Pág. 300

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.