Buchanan: 100 años de un pensador cuyas ideas son fundamentales para esta Argentina

Por Adrián Ravier.  Publicado el 26/9/19 en:  https://www.cronista.com/columnistas/Buchanan-100-anos-de-un-pensador-cuyas-ideas-son-fundamentales-para-esta-Argentina-20190926-0040.html

 

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Antes de las dos Guerras Mundiales, la participación del Estado sobre la economía era mínima. En la
segunda mitad del siglo XX alcanzó niveles elevados. En este contexto, James Buchanan se preocupó
esencialmente por entender “cómo funciona la política en la práctica”…
Nacido en EE.UU. el 3 de octubre de 1919, James McGill Buchanan estudió en la Universidad de Tennesse y se
doctoró, en 1948, en la Universidad de Chicago. Luego, emprendió una carrera académica en la George Mason
University y también fue una figura central de la Escuela de Economía Política de Virginia.
Si bien realizó numerosos aportes a la ciencia económica, sus contribuciones quedarán marcadas en la
historia del pensamiento económico y político por sus estudios sobre el “funcionamiento real de los
procesos políticos”, caracterizado por la aplicación de las herramientas del análisis económico a la política.

Las inquietudes acerca de este campo de investigación surgieron en relación con el notable incremento de la
intervención del Estado en la economía tras la Segunda Guerra Mundial y la incapacidad de los economistas
para comprender este fenómeno.
Más allá de algunas excepciones como Arthur Bentley, según Buchanan, “los economistas no estaban
dedicando mucha atención a cómo funcionaba el gobierno porque estaban preocupados por cómo
funcionan los mercados y cómo las personas se comportaban en relaciones de mercado”.
En este marco, ejerció gran influencia sobre su pensamiento una obra de Knut Wicksell titulada “A New
Principle of Just Taxation” (Un nuevo principio de imposición justa). En palabras del propio Buchanan:
“Wicksell decía a los economistas: dejen de actuar como si estuviesen aconsejando a un déspota benévolo. No
los van a escuchar de todos modos, así que deténganse, desperdician su tiempo y gastan sus fuerzas. Y dijo: si
quieren mejorar los resultados políticos, entonces tienen que cambiar las reglas. Nunca van a lograr que
los políticos hagan otra cosa que representar los intereses de los votantes a quienes representan. Así que
si tienen una cámara legislativa, deberán esperar que el congreso genere resultados que gozarán del apoyo de la
mayoría de los grupos representados por esta legislatura. Puede o no surgir un resultado eficiente de esto,
pueden o no surgir buenos proyectos que valgan su costo. ¿Cómo cambiar esto? Cambiando las reglas,
avanzando de la regla de la mayoría hacia la regla de unanimidad, hacia un consenso”.
Buchanan definió a este programa de investigación, sobre el que trabajó durante más de medio siglo, como la
“política sin romance”. Quitándonos las “gafas rosadas” —según sus propias palabras— con las que percibimos
a la política, podremos verla como lo que realmente es.
Así, ¿cuál es el terreno de juego de la política? ¿Cómo se comportan los políticos y los votantes?
En un artículo titulado “La perspectiva de la elección pública”, Buchanan definió a su teoría de la “elección
pública” como aquella “perspectiva acerca de la política que surge de una extensión y aplicación de las
herramientas y métodos de los economistas a la toma de decisiones públicas o colectivas”.

Guiado por su individualismo metodológico, Buchanan entiende que, en última instancia, los que toman las
decisiones de gobierno son los individuos. El “homo politicus” es “homo economicus” y, al igual que un
empresario, el hacedor de políticas públicas actúa fundamentalmente guiado por su propio interés.
De esta forma, Buchanan pone en cuestión uno de los conceptos elementales de la democracia
representativa: la delegación de los asuntos de los ciudadanos en manos de políticos profesionales.
Precisamente, esta delegación hace que las pensiones, la educación, la salud, las relaciones laborales y también
el medio ambiente queden a merced de decisiones burocráticas en manos de políticos que no necesariamente se
guían por el “bien común”.
Pero, ¿cuál es la alternativa a este paradigma?
Siguiendo a Wicksell, propone un cambio de reglas. Imaginemos que se presenta un proyecto público, ¿cómo
estar seguros que amerita el gasto? Buchanan afirma que “el costo lo amerita si los que se benefician pagan lo
suficiente para cubrir los costos del proyecto. Así que debe haber algún tipo de arreglo o esquema tributario por
medio del cual uno puede lograr un acuerdo general unánime. Se puede utilizar la regla de la unanimidad como
una medida contra la cual se calcula el nivel de eficiencia en el sector público”.
De esta forma, la regla de la unanimidad se presenta como la contrapartida “política” del óptimo de Pareto.
Alcanza el óptimo porque implica la adhesión voluntaria a un determinado orden social por parte de “todos” los
participantes, o en términos económicos, elimina la posibilidad de externalidades negativas como resultado
de decisiones colectivas.
Claro que, al mismo tiempo, la unanimidad en la toma de decisiones colectivas eleva considerablemente el
costo del proceso decisorio. Teniendo en cuenta estos costos, que pueden llegar en muchos casos a impedir la
toma de decisiones, Buchanan y Tullock sostienen que el individuo enfrentado a una elección constitucional
podría decidir voluntariamente aceptar alguna regla menos rigurosa para la decisión de cuestiones de menor
importancia.

Por esa razón, cuestiones tales como el respeto a la vida, la propiedad y otros derechos individuales requerían
del consenso unánime, mientras que otro tipo de decisiones menores podrían ser tomadas con grados de
consenso menores, y por ende, con costos decisorios también menores.
Este principio llevó a Buchanan a trabajar en lo que hoy se conoce como Economía Constitucional: “Mientras
se tenga una constitución con la cual las personas están en consenso básico, se puede procurar ciertos
resultados en términos de las reglas operativas que la constitución permite desarrollar. Desplazamos la norma
wickseliana [de la unanimidad] hacia el nivel constitucional y argumentamos que, de hecho, es más probable
alcanzar un acuerdo a ese nivel por la sencilla razón de que las personas no conocen el impacto que una regla
particular tendrá sobre su interés personal identificable. Es más probable alcanzar un consenso entre más
elevada sea la regla.”
La pregunta que surge entonces es: ¿a qué nivel corresponde una decisión acerca del grado de la
gobernabilidad de la organización social?
Para algunos, sobre todo economistas utilitaristas, se requiere una aproximación caso a caso y un cuidadoso
análisis empírico para medir los pros y contras de la centralización y la descentralización, pese a que admiten
que la heterogeneidad de las preferencias e intereses individuales lleva a que las distintas alternativas
favorezcan o dañen determinados intereses con lo cual resulta difícil alcanzar conclusiones sin el apoyo de
juicios de valor.
Esto es así porque sus modelos llevan implícito un modelo político basado en un déspota benevolente y eficaz
que persigue (y alcanza) el bien común. Esto se articula principalmente en la denominada “función de bienestar
social”, el “bien común” que el déspota ilustrado habrá de perseguir.
Otras escuelas económicas, particularmente la Escuela Austriaca o el Public Choice, abandonan —como se ha
dicho— esa presunción de benevolencia reemplazándola con la indiferencia o incluso con la malevolencia.
Siguiendo con la aplicación de las herramientas del análisis económico a la política, Buchanan, tal como lo
hiciera Tiebout originalmente, también asimiló el consumidor al votante quien, de la misma forma en que elige
en el mercado el que considera mejor bien o servicio según sus necesidades, elige la comunidad “que mejor
satisface sus preferencias por bienes públicos”.
En este sentido, el federalismo y la descentralización servirían para limitar las posibilidades de abuso tanto del
gobierno federal como de los gobiernos locales, del primero porque los recursos se encuentran repartidos entre
distintos niveles de gobierno, de los segundos porque existe la posibilidad de movilizarse.
Galardonado con el Nobel de Economía de 1986 por sus trabajos en el área de Public Choice (elección
pública), Buchanan publicó unos 300 artículos y 23 libros donde trató asuntos de finanzas públicas, tópicos
monetarios y de política económica. Entre éstos, el más influyente ha sido The Calculus of Consent (1962), que
escribió junto a Gordon Tullock, donde presenta un análisis económico de las estructuras constitucionales, la
mirada de un economista sobre los fenómenos políticos.
Buchanan visitó la Argentina en las décadas de 1980 y 1990 como Presidente del Consejo Consultivo
del Instituto Universitario ESEADE, donde ofreció una memorable conferencia en una colación de grados. En
una de sus visitas, recomendó la creación de una Maestría en Economía y Ciencias Políticas que hoy tengo el
honor de dirigir junto a Iván Carrino, donde se enseña no sólo economía, sino también filosofía, historia,
derecho y ciencias políticas.
A 100 años de su nacimiento, las ideas de Buchanan son hoy más importantes que nunca para contener al
Leviatán, especialmente en nuestro país.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín. Es director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE.

Acciones voluntarias contra la pobreza y las diferencias de ingresos: ¿la pobreza o la desigualdad?

Por Martín Krause. Publicada el 14/6/16 en: http://bazar.ufm.edu/acciones-voluntarias-contra-la-pobreza-y-las-diferencias-de-ingresos-la-pobreza-o-la-desigualdad/

 

En verdad, pobreza y desigualdad de ingresos son dos cosas muy distintas. La primera se relaciona con la falta de ciertos recursos básicos para la vida; la segunda tiene que ver con un análisis comparativo entre lo que tienen unos y lo que tienen otros. La importancia de esta diferencia no es menor, ya que debemos preguntarnos qué es lo que nos preocupa: si la pobreza o la diferencia de ingresos.

La pobreza se está reduciendo y esta reducción ha sido enorme en los últimos años. La brecha entre ricos y pobres también se ha reducido (Chotikapanich et al 2007; Sala-i-Martin 2002), aunque su medición a nivel global es muy complicada. Asimismo, la medición de los ingresos no refleja el fenómeno en toda su magnitud. Los pobres tienen hoy acceso a bienes que no podían imaginar los ricos de hace doscientos años, pero además la diferencia de calidad entre lo que compran los ricos y lo que compran los pobres se ha reducido. Por ejemplo: los ricos compran más productos alimenticios y de mayor calidad, pero en muchos casos son de la misma calidad de los que compran los pobres, algo que no sucedía entonces.

Otro ejemplo: podría darse el caso de que aumente la diferencia de ingresos, pero la situación de los más pobres también será mejor. Es más: esto es lo que suele ocurrir al inicio de un proceso de crecimiento económico acelerado. En este caso, vamos a suponer dos individuos representativos, de los cuales uno es pobre y el otro rico. Veamos:

SITUACIÓN A (ingreso anual) García: USD50,000 Pérez: USD5,000

SITUACIÓN B (ingreso anual) García: USD250,000 Pérez: USD15,000

La brecha ha aumentado notablemente: García multiplicó sus ingresos por cinco, mientras Pérez lo hizo por tres. Pero lo cierto es que Pérez está mejor. Es más: está mucho mejor. Vamos a suponer aquí que —dado que los individuos somos distintos y tenemos atributos diferentes— la diferencia de ingresos es inevitable y que lo que nos preocupa es la situación de los que están peor. No obstante, en el ámbito de las políticas públicas, se proponen políticas de “redistribución”, más preocupadas por la diferencia de los ingresos, y en algunos casos estas políticas terminan empeorando la situación de los más pobres. Mientras esas políticas terminen frenando el crecimiento económico y desalentando la inversión, perjudicarán a los más pobres: quizá se termine con una sociedad más igualitaria, pero en la que todos son más pobres. Lo ilustraremos con la siguiente situación:

SITUACIÓN C (ingreso anual) García: USD20,000 Pérez: USD4,000

Nos encontramos además con el problema de que, una vez se ha creado el aparato redistribuidor, este redistribuye para cualquier parte. Lo imaginamos como distribuyendo a lo “Robin Hood”, pero también puede redistribuir a lo “Hood Robin”, o en diagonal, dentro de un mismo grupo de unos a otros; en definitiva, en cualquier dirección. En medio de todo este proceso, el Estado no deja de crecer.

Tullock (2004) sostiene que en el ámbito de la democracia mayoritaria podríamos encontrar una coalición dominante del 51% de los votantes con menores ingresos, que decidiría redistribuir en su favor los ingresos del 49% restante. Pero, si suponemos que el 10 o 20% de la población son los pobres, esto hace que los pobres sean solo el 20 o el 40% de los miembros de la coalición dominante aproximadamente. Con esos porcentajes no pueden controlar esa coalición, por lo que los miembros de mayores ingresos dentro de ella terminarán recibiendo también ingresos redistribuidos, e incluso hasta puede ocurrir que reciban más. Pensemos, por ejemplo, en el 2% de más altos ingresos en la coalición dominante. Para los miembros del 49% minoritario, que pierden ingresos con la redistribución, resulta conveniente ofrecer a esos miembros mayores beneficios, convencerlos así de que se sumen al 49% y generar una nueva coalición mayoritaria. Esto sería más barato para el 49%. Para que esto no suceda y la coalición del 51% se mantenga, hay que ofrecerle a esos individuos un trato suficientemente atractivo como para que se pasen de lado, con lo que terminan recibiendo un trato tal vez superior al de los más pobres.

Pero los ricos podrían hacer algo que sería incluso menos costoso para ellos, y es no ya tentar al 2% más rico entre la coalición mayoritaria para que cambie de lado, sino a un porcentaje de los más pobres. Según Tullock, esta coalición es difícil de encontrar, porque los pobres creen que sus intereses son claramente incompatibles con los de los más ricos, pero no lo ven así con los que se encuentran entre el 20 y el 51% en términos de la escala de ingresos.

Sin embargo, Tullock sostiene que lo que se observa en la realidad es que las transferencias se realizan entre grupos que no se definen por su nivel de ingresos, sino por su nivel de organización y poder. Así, por ejemplo, agricultores subsidiados en Estados Unidos, Europa o Japón, estudiantes universitarios, intelectuales, artistas, industriales nacionales o sindicalistas están entre los principales receptores de transferencias, pero no son los más pobres. Si esto es así, y siendo que los pobres no se encuentran muchas veces bien organizados, no podemos esperar que la redistribución los termine beneficiando[1].

No obstante esto, ¿por qué la gente sigue prefiriendo la redistribución a través de la política y el Estado? La respuesta sería que no es lo mismo sacar la billetera y aportar $100 que votar por una opción por la que todos reciban un impuesto de $100. El costo de la primera opción es directamente $100, pero el costo de la segunda es también $100, descontada mi estimación de la influencia que pueda tener en el resultado final, como vimos ya en el capítulo 4. Es decir: este segundo acto satisface también mi preocupación respecto a hacer algo por los pobres, pero a un costo mucho menor.

[1]. “Casi todas las discusiones estándar sobre la redistribución asumen que es normalmente de ricos a pobres. Algo de esto hay, pero es un fenómeno trivial comparado con la redistribución que se produce dentro de la clase media”. (Tullock 2004, p. 270).

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

¿La mayoría de los subsidios van para la clase media? ¿Y así todo no sirve políticamente?

Por Martín Krause. Publicado el 2/7/14 en: http://bazar.ufm.edu/la-mayoria-de-los-subsidios-van-para-la-clase-media-y-asi-todo-no-sirve-politicamente/

 

Siguiendo el teorema del votante medio, Gordon Tullock argumenta que la mayoría de los subsidios tienden a ir a la clase media. En términos simples, esto sería así porque cuando los ricos quieren una medida que los favorezca es más probable que obtengan el apoyo de la clase media que de los más pobres. Y, al revés, cuando son los más pobres los que buscan obtener algo de la política, será más fácil obtener el apoyo de los sectores medios que de los más ricos.

Tullock

Si esto es así, buena parte de los subsidios irían a parar a la clase media, no a los pobres. No hay que descartar la capacidad de lobby de los sectores más ricos, pero tal vez algunas noticias de estos días puedan corroborar esas ideas.

Comenta el economista Dante Sica en La Nación: http://www.lanacion.com.ar/1705325-ni-crisis-de-aca-a-2015-ni-soluciones-magicas-en-2016

“La situación energética hace tiempo que dejó de ser un tema exclusivamente sectorial para convertirse en la principal fuente de desbalances de la economía, con efectos negativos tanto en las cuentas fiscales como en las externas. Basta con mencionar que el gasto en subsidios a la energía representa nada menos que 3,5% del PBI: explica casi 80% del rojo fiscal y supera en más de siete veces lo destinado a la Asignación Universal por Hijo.”

El subsidio a la energía va a ricos y clase media, no tanto a los pobres que, o no tienen, o están colgados de los cables como en las villas y no la pagan.

Hoy, también en La Nación, se comenta que se aumentó el presupuesto en 7.000 millones de pesos, en su gran mayoría destinados al sector energético: http://www.lanacion.com.ar/1706365-aumentan-subsidios-en-7000-millones

Sin embargo, esta política de subsidiar el consumo energético de la clase media puede no ser políticamente rentable, como parecen demostrar las últimas elecciones y las encuestas. Es que por más que la factura de la electricidad diga que hay un subsidio, el consumidor siente lo que efectivamente paga, y no tanto aquello que supuestamente debería pagar si no hubiera subsidio. En ese sentido, todo lo poco que esta información pueda agregar a la propensión favorable del votante se pierde con esta otra noticia vinculada también con la energía: http://www.lanacion.com.ar/1706364-subieron-4-los-combustibles-y-acumulan-un-aumento-cercano-al-30-en-el-ano

Subieron un 4% los combustibles y acumulan un aumento cercano al 30% en el año, dice el título. Y esto lo siente claramente la clase media cada vez que llena el tanque, no los pobres que no tienen auto.

En definitiva, la política de subsidios no parece ser políticamente exitosa, y bien puede ser una trampa de la cual no es posible salir sin un elevado costo: quitar los subsidios sí sería visible y doloroso para la clase media.

En el capítulo sobre los incentivos de los políticos del libro, se analiza que éstos persiguen sus propios intereses, pero que lo hacen a través del prisma de una cierta visión del mundo, de una cierta “ideología” para llamarlo de alguna forma. Y esto los lleva a veces a implementar políticas que incluso van contra sus propios intereses cuando se las mira desde otro lado.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Venezuela: el triunfo de Hugo Chávez no es suficiente

Por Martín Krause. Publicado el 10/10/12 en http://www.elcato.org/venezuela-el-triunfo-de-chavez-no-es-suficiente

El resultado de la elección presidencial en Venezuela ha sido claro, Hugo Chávez obtuvo una victoria que no fue cuestionada por el candidato opositor ni por los observadores que estuvieron presentes. Claramente es el candidato elegido por los venezolanos para hacerse cargo de la administración del Estado por el período que corresponde. Pero el 54% de los votos no es suficiente como para modificar la estructura constituyente de ese país e imponer lo que denomina como “socialismo del siglo XXI”.

Para cambios estructurales de esa naturaleza hace falta un nivel de consenso mucho mayor, que puede lograrse cuando se recorre un proceso de negociaciones y consensos entre todas las fuerzas, como el Pacto de la Moncloa en España o, como ha sucedido ya en varios países de América Latina, cuando la oposición llega al gobierno y mantiene un mismo rumbo, confirmando así la dirección inicial. El mejor ejemplo que tenemos de esto último es Chile: la dictadura de Pinochet impulsó una serie de profundos cambios económicos que cambiaron el modelo chileno basado en alta participación estatal y pesadas regulaciones por uno basado en la actividad productiva del sector privado y la apertura comercial. Cuando llegó al poder la oposición, representada por la Concertación, mantuvo el rumbo y en muchos aspectos lo profundizó; continuó la apertura comercial, firmó varios tratados más de libre comercio, etc.

Algo similar puede decirse de Perú con el modelo iniciado por Fujimori y continuado por Toledo, no otro que Alan García y ahora Humala. O Brasil con Fernando Henrique Cardoso, Lula y Dilma. O Uruguay, o Colombia. Sin embargo, ninguno de los proyectos más socialistas de la región, como el de Chávez, Ortega, Morales o Correa ha logrado semejante cosa y es poco probable que lo logren. El socialismo del siglo XXI va a tener que esperar una nueva elección para demostrar que incluso la mitad opositora está dispuesta a sostenerlo.

Mayorías y consenso

¿No podría acaso decir Chávez ahora que “vamos por todo”? La justificación del argumento en contra fue desarrollada en un libro fundacional de la Economía Política Constitucional, El cálculo del consenso, de James Buchanan y Gordon Tullock, publicado en 1962. No quiere decir esto que otros autores y disciplinas no hayan tratado estos temas extensamente, pero presentaremos aquí el argumento de estos autores.

Cuando se toman decisiones colectivas se corre el peligro de que esas decisiones afecten los derechos de alguien, que generen “externalidades negativas” hacia ciertos individuos o grupos. El óptimo sería la unanimidad: si se requiere la aprobación de cada uno de nosotros entonces no hay medida que pueda perjudicarnos ya que simplemente ejerceríamos nuestro derecho de veto. En el otro extremo, si tan solo una persona tomara una medida, cualquier podría hacerlo, y estaríamos sujetos a altos riesgos de que esas externalidades sean muy importantes.

Está claro, sin embargo, que la unanimidad es tan costosa como probablemente imposible de alcanzar, y que nos condenaría al status quo; ninguna decisión podría tomarse porque siempre habría alguien que se opondría a ella.

Es por esta razón que Buchanan y Tullock imaginan una situación ideal en la que futuros ciudadanos que se encuentran ahora en una situación de incertidumbre respecto a su ubicación futura en la sociedad detrás de un “velo de ignorancia” (puede que sean poderosos o débiles, ricos o pobres, etc.), estarían dispuestos a permitir que ciertas decisiones se tomen por mayoría. Pero estas decisiones serían de tipo administrativo, referidas a la gestión del aparato estatal, nunca relacionadas con derechos humanos básicos. En verdad, podría haber una serie de requisitos de mayorías especiales que van aumentando a medida que más importante es el tema en cuestión y más puede afectar la vida y los derechos de los ciudadanos.

Entonces, para derogar o limitar el derecho a la vida o el derecho a la propiedad, se requerirán mayorías muy cercanas a la unanimidad, pero para aprobar el color con que deberían pintarse las líneas peatonales en las calles bien podría hacerlo una mayoría simple o hasta cualquiera que resultara elegido por un sorteo. El presupuesto anual ya requeriría unas mayorías más abultadas, y más aun cualquier aumento a las cargas impositivas. Ni que hablar entonces del cambio del modelo social existente.

El problema del gobierno de Chávez, y de otros en la región, es que pretenden utilizar mayorías “administrativas” para realizar cambios de modelos fundamentales. Cuando Chávez controla la prensa con un trámite administrativo de no renovar una licencia, en verdad está alterando un derecho a la libertad de prensa, de mucha mayor importancia y que requeriría un grado de consenso mucho más elevado, que no lo tiene.

Lo mismo sucede con las violaciones al derecho de propiedad producidas por las expropiaciones. La Ley de Expropiaciones por Causa de Utilidad Pública de Venezuela fue aprobada en el año 2002, derogando la de 1947. En esa ley se plantea la posibilidad de expropiación una vez declarada la utilidad pública de cualquier objeto que procure usos o mejoras para el beneficio común, establece que debe haber una indemnización justa fruto de la evaluación por parte de peritos una vez agotada la negociación amigable, así como también que debe haber indemnización antes de la ocupación. También dice que la indemnización tomará en consideración “su clase, calidad, situación, dimensiones, su probable producción y todas las otras circunstancias que influyan en las operaciones y cálculos…” así como  el valor fiscal del inmueble, el valor establecido en los actos de transmisión y los precios a los cuales hayan sido vendidos inmuebles similares en los meses cercanos a la expropiación.

Sin embargo, esto no sucede así y el actual gobierno ha expropiado 1.162 empresas, de las cuales 1.147 entre 2007 y 2012, según la Confederación Venezolana de Industrias (Conindustria), y no ha cumplido lo establecido en la ley, las indemnizaciones son escasas y cuando las hay el precio es determinado por el Estado y por debajo del verdadero precio del inmueble.

Mandatos para la gestión, no para ir por todo

Chávez busca cambiar el modelo de la sociedad venezolana de una manera irreversible. Pero esos cambios, que alteran derechos básicos fundamentales como el de la libertad de prensa o la propiedad, demandan niveles de consenso más altos. De no existir, un gobierno opositor futuro dará marcha atrás y reconocerá los derechos que han sido violados.

Un 54% no permite “ir por todo”, permite claramente gestionar y proteger los derechos de los ciudadanos que han sido acordados por mayorías muy superiores a esa, ya sea porque han logrado ese consenso en un proceso constituyente o porque ha ocurrido de facto a través de la sucesión de gobiernos de un signo y de su contrario. Paradójicamente, entonces, y pese a la euforia chavista por el triunfo, su verdadero triunfo se daría cuando la oposición acepte y recorra el mismo camino. Allí solamente podrá gritar: hasta la victoria, siempre. 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).